Los afiliados extranjeros han crecido, según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Seguridad Social, un 7% en el último año. En total, estos trabajadores ya sumaban 3.090.000 cotizantes de media en septiembre (últimos datos disponibles) tras sumar más de 200.000 ocupados en doce meses.
Del total de extranjeros afiliados al finalizar el mes, 940.278 procedían de países de la UE (30,5%) y 2.148.064, de terceros países (69,5%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos, Rumanía (337.617), Colombia (253.040), Italia (213.920), Venezuela (207.107) y China (125.989).
Según las cifras publicadas esta mañana por el Ministerio, las comunidades autónomas que lideran el crecimiento son Asturias (20,8%), Galicia (14,8%) y Castilla y León (13%), que fueron a su vez las que tuvieron la edad media más elevada en España en 2024 según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Cabe destacar, no obstante, que en estas comunidades la proporción de ocupados extranjeros se encuentra por debajo de la media (el 14,2%). En concreto, los trabajadores foráneos representaron el 7,3% en Asturias, el 10,4% en Castilla y León y del 7% en Galicia. En consonancia con lo que ocurre con los trabajadores nativos, un 83,9% de los afiliados extranjeros se encuadran en el Régimen General de la Seguridad Social, con 2.591.246 trabajadores
Tienen un peso especialmente relevante en el sector de la hostelería, donde suponen uno de cada tres ocupados (29,7% de los afiliados), pero también en agricultura (26,2%), construcción (22,5%) y tanto en Actividades Administrativas como en Transporte, donde son más del 17% de los trabajadores.
La afiliación de trabajadores por cuenta propia de otros países ha alcanzado en septiembre un nuevo máximo, con 490.717 personas, un 6,8% más que hace un año. Un crecimiento que, en este caso, es más relevante en sectores altamente cualificados como en información y comunicaciones, en suministro de energía y en actividades profesionales, científicas y técnicas.
La Comunidad de Madrid aumentará los recursos destinados a apoyar a los trabajadores autónomos. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que ampliará en un 40% el presupuesto para financiar la Tarifa Cero, un programa que cubre durante un año las cotizaciones a la Seguridad Social de quienes inician una actividad por cuenta propia.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración, Miguel Ángel García Martín, explicó tras la reunión del Consejo de Gobierno que se ha aprobado una dotación adicional de 2 millones de euros, lo que eleva el presupuesto total a 7 millones para 2026. El objetivo, señaló, es seguir impulsando el emprendimiento y facilitar la creación de nuevos negocios en la región.
La medida, impulsada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, asumirá el pago de las cuotas a la Seguridad Social durante los primeros doce meses de actividad y podrá ampliarse un año más para quienes perciban ingresos iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional, tengan una discapacidad reconocida del 33% o pertenezcan a colectivos vulnerables.
Asimismo, la ayuda también se extenderá a las mujeres que retomen su actividad como autónomas tras haber cesado por maternidad o adopción, siempre que lo hagan dentro de los dos años siguientes al fin de su prestación reducida.
Durante 2025, más de 12.000 autónomos se han beneficiado de esta iniciativa, que, según destacó el portavoz del Ejecutivo madrileño, elimina trabas al emprendimiento y contribuye a la creación de empleo.
El número de trabajadores por cuenta propia en la Comunidad ha crecido un 1,4% en el último año, tres décimas por encima del promedio nacional, alcanzando un total de 438.548, la cifra más alta desde que existen registros. Las personas interesadas pueden solicitar ya la Tarifa Cero y consultar los requisitos y procedimientos en la página de Administración Digital de la Comunidad de Madrid.
La directiva europea sobre salarios mínimos continuará adelante. Así lo ha decidido este martes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia que avala la mayor parte de esta norma, cuya validez había sido cuestionada por Dinamarca y Suecia al considerar que interfería en sus sistemas laborales. Aun así, el tribunal ha limitado su alcance al suprimir la parte que obligaba a los Estados con salario mínimo legal a aplicar ciertos criterios en su fijación y actualización. También elimina la disposición que impedía reducir el salario mínimo cuando este estuviera sujeto a mecanismos automáticos de indexación.
Estas orientaciones sobre lo que debía considerarse un salario mínimo adecuado, ahora anuladas, habían sido defendidas por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y su equipo en las negociaciones con sindicatos y empresarios para incorporar la directiva al derecho español.
Los criterios anulados, recogidos en el artículo 5, exigían valorar el poder adquisitivo del salario mínimo teniendo en cuenta el coste de la vida, los salarios brutos generales, su evolución y la productividad laboral a largo plazo. Estas pautas llevaron al Ministerio de Trabajo a plantear ajustes sobre los requisitos ya previstos en el Estatuto de los Trabajadores -IPC, productividad media, aumento de la renta nacional y situación económica del país-, con la intención de añadir la evolución del poder adquisitivo y la productividad a largo plazo. Además, Trabajo proponía dos criterios adicionales: que el salario mínimo garantizara un nivel de vida adecuado, favoreciera la cohesión social y ayudara a combatir la pobreza laboral; y que se tuvieran en cuenta factores distributivos que afectaran especialmente a los salarios más bajos y al impacto según el sexo, según los borradores negociados.
Pese a la anulación parcial, fuentes del Ministerio destacan que el TJUE ha preservado el "núcleo" de la directiva, especialmente la referencia al uso de indicadores para fijar el salario mínimo, como el 60% de la mediana salarial bruta o el 50% del salario medio. Este apartado, ubicado también en el artículo 5, no ha sido invalidado.
De hecho, el Ministerio subraya que, aunque Dinamarca y Suecia buscaban anular por completo la norma, los elementos suprimidos no afectan al propósito central. Asegura además que se mantienen aspectos esenciales como la importancia de la negociación colectiva, la definición de un salario mínimo que garantice un nivel de vida digno, su papel en la reducción de la pobreza y la convergencia social, así como la disminución de desigualdades. El ministerio afirma que la directiva ya ha impulsado incrementos del salario mínimo en varios países europeos.
En la misma línea, la Confederación Europea de Sindicatos ha celebrado que el TJUE haya preservado la parte fundamental de la directiva, especialmente los umbrales del 50% del salario medio y del 60% de la mediana salarial brutos. Tras la sentencia, ha pedido a la Comisión Europea que emita de inmediato una recomendación para facilitar su aplicación por los Estados miembros.
La directiva sobre Salarios Mínimos Adecuados se aprobó a finales de 2022 y poco después Dinamarca presentó un recurso, al que se sumó Suecia. Ambos países defendían que la UE no debía regular aspectos que afectaran a la fijación de remuneraciones, ya que el artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión excluye explícitamente esa competencia. A sabiendas de estas limitaciones, la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo elaboraron un texto más cercano a una recomendación, que proponía orientar los salarios mínimos hacia el 50% del salario medio y el 60% de la mediana salarial de cada país.
Sin embargo, Dinamarca y Suecia llevaron igualmente el asunto al TJUE, encontrando respaldo en el abogado general, que en enero recomendó anular completamente la directiva por considerar que suponía una intromisión directa en la fijación de salarios, un ámbito no atribuido a la UE.
En esta ocasión, el tribunal no ha seguido la opinión del abogado general. El TJUE rechaza que la directiva vulnere la exclusión de competencias en materia de remuneraciones, argumentando que dicha limitación no afecta a todas las cuestiones relacionadas con los salarios, sino únicamente a aquellas que supongan una intervención directa en su determinación. Considera que la directiva no entra en ese nivel de intervención, ya que busca complementar la acción de los Estados en materia de condiciones laborales.
Aun así, el tribunal sí aprecia una injerencia directa en dos puntos: la armonización de los criterios para fijar el salario mínimo y la prohibición de reducirlo en sistemas con indexación automática. Por ello, anula únicamente esas partes.
Dinamarca y Suecia justificaron su recurso recordando que en sus países las relaciones laborales dependen casi por completo de la negociación entre sindicatos y empresas, con muy poca intervención estatal. A pesar de ello, cuentan con altos salarios y buenas condiciones laborales debido a la fuerte afiliación sindical. Precisamente por este modelo, carecen de un salario mínimo legal, temiendo que su introducción pudiera ejercer presión a la baja en los sueldos.
Una cifra muy parecida a la registrada en los mismos meses de 2019 y 2021 refleja que, aunque los empleos estables han aumentado de forma notable, este avance se ha visto compensado por una mayor rotación tanto en los contratos temporales como en los indefinidos, especialmente entre los fijos discontinuos. A punto de cumplirse cuatro años desde la entrada en vigor de la reforma laboral, y a la espera del informe del grupo de expertos nombrado por el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal para evaluar sus efectos, los datos confirman que la medida no ha logrado corregir una de las principales debilidades del mercado laboral español: la elevada rotación en el empleo.
En octubre se registraron 2,34 millones de altas y 2,92 millones de bajas en el Régimen General de la Seguridad Social. Con 23 días laborables, esto equivale a una media diaria de 101.078 altas y 99.656 bajas, según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. En conjunto, suman una rotación diaria del 1,15% del total de afiliados. Aunque el porcentaje pueda parecer pequeño, hay que tener en cuenta que se trata de movimientos diarios.
Comparando estas cifras con las de años previos a la reforma, la volatilidad del empleo en septiembre se mantiene prácticamente igual que en 2019 y 2021, aunque algo más moderada que en 2017 y 2018, cuando se registraban unas 220.000 altas y bajas diarias. Aquellos fueron años de fuerte creación de empleo tras la crisis financiera, lo que explica una rotación más elevada, impulsada por el gran peso de los contratos temporales.
Sin embargo, las comparaciones varían mucho según el mes analizado. Por ejemplo, en septiembre de 2025 se alcanzaron 252.000 altas y bajas, la segunda cifra más alta desde 2009, solo superada por la de septiembre de 2019.
Este comportamiento es coherente con un mercado laboral que sigue creciendo, pero sigue dominado por la estacionalidad y la temporalidad. Lo que sí ha cambiado desde la pandemia es el tipo de empleo afectado por esta rotación. Antes de la reforma, la mayor parte de los movimientos correspondían a contratos temporales; ahora, los indefinidos representan una proporción mucho mayor.
En 2019, los indefinidos apenas suponían el 13% de las rotaciones. En octubre de este año alcanzaron el 49% (99.463 movimientos), superando por primera vez a los temporales, que representaron el 47% (96.181). Dentro de los indefinidos, las altas y bajas de los contratos ordinarios pasaron del 8% al 20%, y las de los fijos discontinuos del 5% al 29%.
Estos datos indican que los nuevos contratos indefinidos creados tras la reforma son más inestables. En el caso de los fijos discontinuos, esto se debe a la naturaleza de su empleo, ligado a la estacionalidad, que obliga a los trabajadores a pasar periodos sin actividad, sin salario ni cotización, hasta ser llamados de nuevo por la empresa. De hecho, la segunda causa más frecuente de baja en la afiliación, tras la finalización de un contrato temporal, y la principal entre los indefinidos, es precisamente el paso a la inactividad.
En cuanto a los indefinidos ordinarios, la causa de su mayor rotación es más difícil de determinar, ya que la Seguridad Social no especifica los motivos de baja según el tipo de contrato fijo. La razón más común suele ser la dimisión voluntaria, aunque parte de estos casos podrían corresponder a fijos discontinuos que no se reincorporan al ser llamados. En segundo lugar están los despidos, que incluyen los ceses por no superar el periodo de prueba, y que han aumentado un 138% respecto a los niveles anteriores a la reforma.
Para analizar la evolución real de la volatilidad no basta con observar los valores absolutos, sino que conviene recurrir a la tasa de volatilidad diaria, que en octubre fue del 1,15%. Esta cifra refleja una ligera mejora respecto a los años previos a la reforma, con una reducción de dos décimas, y casi cinco respecto a 2017 y 2018, lo que ofrece una lectura algo más favorable del impacto de la norma.
No obstante, esta aparente mejora puede explicarse por un efecto de composición: el aumento de los contratos indefinidos reduce la tasa general de movimientos. Al analizar los datos por tipo de contrato, se observan diferencias claras. La tasa de volatilidad diaria de los indefinidos ordinarios ha pasado del 0,18% en 2019 al 0,32% en septiembre de 2025, un incremento pequeño pero relevante, especialmente concentrado en los trabajadores con menos antigüedad.
Aunque la mayoría de estos empleados goza de mayor estabilidad que el promedio, su nivel de rotación ya es similar al de los trabajadores incluidos en la categoría "otros" (que engloba a funcionarios, interinos y personal eventual de las administraciones), con una tasa del 0,31%. Por su parte, la tasa de los contratos temporales ha subido del 3,9% al 4,5%, mientras que la de los fijos discontinuos ha pasado del 2% al 5%. Esto demuestra que los empleos vinculados a actividades estacionales o eventuales presentan ahora una mayor rotación incluso después de la reforma laboral.
Los profesionales afectados por la llamada bomba de las pensiones preparan nuevas protestas entre las sedes del PP y del PSOE para reclamar la creación de una pasarela hacia el RETA y critican que ni la ministra Elma Saiz ni el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, hayan accedido a reunirse con ellos.
Este miércoles, frente al Congreso de los Diputados, los mutualistas volverán a manifestarse por trigésima ocasión. Desde hace meses realizan cada miércoles un piquete informativo para denunciar las pensiones que reciben -muchas inferiores a 400 euros- tras décadas cotizando en mutualidades alternativas.
La protesta número 30 llega en un momento especialmente delicado. La ruptura de Junts con el Gobierno pone en riesgo la tramitación de la ley que permitiría a abogados, arquitectos, ingenieros y otros profesionales incorporarse de manera voluntaria al sistema público de pensiones. "La norma está paralizada, pendiente de fijar la fecha de la ponencia. Es el momento de que los principales grupos parlamentarios generen un acuerdo que recoja nuestras demandas. Queremos una pasarela 1x1 para todos. No aceptaremos una solución mínima", señalan desde el Movimiento J2, que representa a gran parte de los afectados.
Tras concluir el periodo de enmiendas, corresponde a la Comisión competente designar una Ponencia para elaborar un informe en un plazo de quince días. Cuando la Comisión apruebe ese informe, el texto pasará al Pleno, cuya inclusión en el orden del día depende de la Junta de Portavoces y la Mesa del Congreso. "Desde el Ministerio hubo contactos previos con los mutualistas, pero ahora la tramitación está en manos de los grupos", explican desde Inclusión y Seguridad Social.
Paradójicamente, Junts fue una de las formaciones que más apoyó al colectivo. Sus enmiendas defendían el principio de "una cotización, un derecho", incluían a los mutualistas ya jubilados y planteaban una revisión del sistema en 2030. Con su veto general a las iniciativas legislativas, la tramitación ha quedado prácticamente bloqueada.
Desde J2 critican que el debate político se haya convertido en una disputa partidista mientras el problema empeora. "Hemos hablado con PP y PSOE, pero no con quienes realmente pueden decidir", lamentan. "La ministra no se ha reunido con nosotros y Feijóo tampoco. Ha habido encuentros con miembros de ambos partidos, pero nadie aclara cuándo será la ponencia ni si tendremos una pasarela que garantice pensiones dignas para abogados, procuradores y otros profesionales".
También reprochan al Ministerio de Seguridad Social que haya dejado la cuestión "en manos del grupo parlamentario", pese a que su titular presume de diálogo. "La ministra ha evitado implicarse directamente, y el PP quiere llevar el asunto al Pacto de Toledo, lo que significaría retrasarlo durante años. El problema es urgente: hay profesionales trabajando en juzgados con más de 80 años porque no tienen una pensión suficiente, y muchos no pueden jubilarse porque con 400 euros no se puede vivir", alertan desde el colectivo.
La tensión se arrastra desde el cierre del plazo de enmiendas en septiembre. Se registraron 49 propuestas que dividieron el debate en dos bloques: el PSOE, que restringe el acceso a quienes estuvieron en alta entre 2013 y 2022, y el resto del arco parlamentario, que reclama la equivalencia 1x1 y que el traspaso de fondos no tribute. El PP, por su parte, supedita cualquier avance al Pacto de Toledo, lo que en la práctica aplaza la decisión y reduce las opciones de que la pasarela salga adelante esta legislatura.
Con el trámite parlamentario encallado, las movilizaciones se han intensificado. "Todos los miércoles hacemos piquetes frente al Congreso y hemos solicitado reuniones directas con la ministra y con Feijóo", explican. "El 15 de noviembre llevaremos las protestas a las sedes del PP y del PSOE. Además, ya se están replicando en ciudades como Jaén, Málaga, Alicante, Santander, A Coruña, Oviedo y Valladolid".
Este sábado, J2 organizará un "piquete caminante" entre Génova y Ferraz, un recorrido simbólico entre las sedes de los dos principales partidos. "La situación exige una solución inmediata, y corresponde tanto al Gobierno como al principal partido de la oposición actuar", concluyen.
Las camareras de piso han conseguido un avance significativo en su reivindicación histórica frente a los hoteles. El colectivo conocido como las kellys ha logrado que la cadena balear MarSenses reconozca la exigencia física de su labor, especialmente en el caso de las trabajadoras de mayor edad. Tras largas negociaciones con los representantes sindicales, la empresa se ha convertido en la primera en pactar por convenio una reducción de la jornada semanal a 32 horas para las empleadas mayores de 58 años. Las kellys llevan años reclamando una mejora de sus condiciones laborales en todo el país, donde el turismo es un motor económico fundamental.
Sara del Mar García, presidenta de Kellys Unión Baleares, valora este acuerdo como un avance importante y considera que debería servir de ejemplo para el resto del sector hotelero. Explica que el convenio de hostelería de Baleares firmado el 8 de julio obliga a todas las empresas, sin importar su tamaño, a analizar la carga laboral de las camareras de piso y adoptar medidas, aunque se les da de plazo hasta abril de 2028, un margen que ella considera excesivo. García insiste en la necesidad de que las trabajadoras puedan llegar a la jubilación en buenas condiciones de salud y reclama la posibilidad de retirarse antes dependiendo del estado físico de cada una.
Más allá de la edad de retiro, García subraya la urgencia de reducir el número de tareas que se asignan a cada empleada. Explica que una camarera puede tener que limpiar entre 20 y 30 habitaciones al día, aunque el número varía según el tipo de hotel y su ubicación. También denuncia que la carga real supera lo establecido en el convenio, ya que de las ocho horas diarias de trabajo, dos se dedican a la limpieza de las zonas comunes.
En el panorama hotelero balear, MarSenses es una excepción. Entre las grandes cadenas, solo Iberostar y Meliá han dado algunos pasos, aunque aún limitados. Iberostar, que cuenta en España con más de 1.500 profesionales en el área de pisos, permite una reducción de jornada sin disminución salarial a las mayores de 60 años, pero no concreta los detalles de la medida. La empresa también destaca sus programas de acompañamiento y formación para parte del personal. Meliá afirma llevar más de veinte años trabajando para mejorar las condiciones de este colectivo, con medidas como la instalación de camas elevables, la incorporación de criterios ergonómicos y planes de salud laboral, aunque no contempla por ahora una reducción oficial de jornada.
MarSenses también se ha destacado por aplicar mejoras generales a su plantilla. Además de la reducción a 32 horas para las trabajadoras mayores, la compañía ha rebajado la jornada semanal del conjunto de sus 515 empleados a 37,5 horas. Rodrigo Fitaroni, director general, explica que este proceso comenzó el año pasado con una primera bajada a 38,5 horas y que este año han dado un paso más. La reducción de jornada propuesta a nivel estatal no prosperó, lo que generó un intenso debate en el sector turístico por la dificultad de aplicarla en un negocio muy estacional y con horarios partidos. Exceltur llegó a advertir de un impacto económico de más de 2.300 millones de euros debido a la necesidad de contratar personal adicional.
Fitaroni señala que en MarSenses las camareras de piso pasan a realizar ocho limpiezas diarias, frente a las 20 o 30 habituales en la mayoría de hoteles. Para él, estas políticas de conciliación y bienestar aportan beneficios importantes más allá del coste económico. Destaca que, frente a una media de absentismo del 16% en el sector, en su empresa apenas llega al 4%. Además, recuerda que MarSenses ocupa el cuarto puesto entre las mejores compañías para trabajar en España dentro de la categoría de empresas con entre 251 y 500 empleados.
La disyuntiva entre trabajar en el sector público o en el privado se ha basado tradicionalmente en dos aspectos clave: la estabilidad laboral que cada uno proporciona y las expectativas salariales asociadas. Aunque la fuente más precisa sobre salarios en España -la Encuesta de Estructura Salarial del INE- se publica con un retraso cercano a dos años, los últimos datos disponibles permiten dibujar una imagen aproximada de la situación retributiva.
Según las cifras más recientes correspondientes a 2023, el conjunto de empleados públicos -alrededor de 3,5 millones de personas, incluyendo funcionarios de carrera (unos 1,6 millones), personal laboral de las diferentes administraciones y trabajadores de empresas públicas- percibe un salario medio bruto de 3.026 euros al mes en doce pagas. Esta cantidad es un 44,7% superior, casi mil euros más, que los 2.091 euros brutos mensuales que recibe de media un trabajador del sector privado.
Aunque desde el inicio de la serie en 2006 los datos reflejan una clara ventaja salarial a favor del sector público -cuando la diferencia alcanzaba el 49%-, la brecha ha experimentado variaciones en estos casi veinte años. Durante la crisis económica y los años posteriores, el diferencial se amplió debido a la caída y pérdida de poder adquisitivo en los sueldos del sector privado, mientras que en el ámbito público las medidas se limitaron a congelaciones y supresión de pagas extra. Este proceso llevó en 2016 al máximo histórico, con una distancia del 54,9%.
Con la recuperación del PIB y los episodios de inflación -que han empujado a muchas empresas a revisar las nóminas incluso por encima del IPC-, esa brecha se ha ido estrechando hasta situarse en el 44,7% en 2023, el segundo nivel más bajo de toda la serie. De hecho, en los últimos cinco años, las retribuciones públicas han aumentado un 14%, frente al 18% registrado en el sector privado.
Sin embargo, la clave para entender esta diferencia salarial reside en la distribución de trabajadores por deciles de renta: la distancia entre los sueldos de ambos sectores en cada tramo no es proporcional al diferencial medio del 44%.
Aunque los deciles elaborados por el INE son homogéneos, la composición del sector público muestra patrones que influyen notablemente en la media salarial. De los 3,5 millones de empleados públicos, casi el 60% se concentra en los tres deciles superiores de ingresos, donde los salarios medios alcanzan los 2.807, 3.385 y 5.213 euros brutos mensuales. En cambio, en esos mismos tramos solo se encuentra un 22% de los trabajadores del sector privado. A la inversa, en los tres deciles con salarios más bajos -719, 1.210 y 1.436 euros de media en el caso del sector público- apenas se sitúa un 8% de los empleados públicos, mientras que en dichos deciles se ubica un 35% de los ocupados del sector privado.
El informe Igualitarismo salarial y empobrecimiento económico del Instituto Juan de Mariana (IJM) sostiene que la pérdida de poder adquisitivo de las clases media y trabajadora ha provocado que la diferencia entre el salario mínimo interprofesional (SMI) y el salario más habitual se haya reducido drásticamente, pasando del 40% al 3%. Según este análisis, el incremento del SMI ha contribuido a "aplanar" la estructura salarial desde abajo.
El estudio subraya que la distancia entre el SMI y el salario modal, que antes superaba los 8.000 euros anuales, ha caído hasta poco más de 400 euros. Esta reducción coincide con las subidas del SMI impulsadas por el actual Gobierno, que han llevado este indicador desde cerca de 10.000 euros reales al año hasta aproximadamente 13.370, un aumento del 26%.
Mientras el SMI avanzaba, el salario más frecuente ha retrocedido desde 2018, pasando de casi 18.000 euros anuales en términos reales a unos 13.800 en 2023. Según los autores del informe, Diego Sánchez de la Cruz y Fernando Pinto, esto hace que la diferencia entre el salario mínimo y el más habitual, que en 2018 era de 6.800 euros, prácticamente haya desaparecido.
Los responsables del estudio afirman que esta convergencia no refleja una mejora en la prosperidad general ni una mejor remuneración de los trabajadores con rentas bajas, sino una pérdida de poder adquisitivo del centro de la distribución salarial.
Entre 2018 y 2023, el SMI creció un 26% en términos reales, mientras que el salario modal cayó de casi 16.000 a menos de 14.000 euros. Esto ha hecho que la brecha entre ambos conceptos se reduzca de más de 8.000 euros a poco más de 400, pasando del 40% al 3%.
El IJM sostiene que los sueldos de la parte central de la escala salarial se han estancado por la combinación de baja productividad, inflación alta y débil crecimiento económico, mientras que el salario mínimo ha aumentado de forma acelerada mediante sucesivas decisiones gubernamentales.
El informe también afirma que la subida del SMI ha provocado destrucción de empleo y exclusión del mercado laboral. Según sus estimaciones, la subida de 2019 habría eliminado hasta 174.000 puestos de trabajo, y el impacto acumulado entre 2019 y 2023 rondaría los 210.000, pudiendo alcanzar 270.000 en 2024. La patronal Cepyme, citada en el documento, calcula que las pequeñas empresas han dejado de crear unos 350.000 empleos hasta 2025 por el incremento del salario mínimo.
Los autores consideran que estas políticas han comprimido la estructura salarial desde la base y advierten de que España figura entre los países de la OCDE con peor evolución salarial en las últimas décadas. A su juicio, las subidas intensivas del SMI han contribuido a una "igualdad en la precariedad", con salarios cada vez más concentrados en la parte baja, productividad estancada y un aumento del gasto asistencial.
También señalan que el acercamiento entre el salario modal y el mínimo reduce los incentivos a mejorar profesionalmente, a formarse o a asumir mayores responsabilidades, lo que frena la movilidad social y fomenta tanto la economía sumergida como el empleo precario. Según el informe, la única vía sostenible para mejorar los salarios pasa por aumentar la productividad y la competencia, no por decisiones políticas que convierten al SMI en un "límite que empobrece".
El documento recuerda que el SMI ha aumentado un 32% en términos reales entre 2009 y 2023, con un 26% de ese incremento producido desde 2018. Para los autores, el discurso gubernamental que justifica estas subidas únicamente en la "justicia social" ignora sus efectos negativos. Afirman que cuanto más se incrementa el SMI, menos progresan los salarios del resto de trabajadores y más se acentúa la tendencia hacia una igualación por la parte baja.
Asimismo, critican que el Ejecutivo atribuya una reducción del paro que, según el informe, no responde a la realidad, ya que la reclasificación de trabajadores fijos discontinuos como ocupados explicaría gran parte de la mejora estadística. Los autores califican esta práctica de "maquillaje de cifras". La consecuencia de estas políticas concluye el informe, es que el salario más común en España se sitúa ya prácticamente al nivel del salario mínimo, reduciendo una diferencia que antes alcanzaba el 40% y que ahora ronda el 3%.
Tras generar una fuerte controversia con una propuesta inicial que contemplaba subidas generalizadas de las cuotas, el Ministerio de Seguridad Social rectificó y presentó una nueva propuesta de cotizaciones para los autónomos, pendiente aún del respaldo de las organizaciones del colectivo. Esta última oferta, impulsada por el departamento que encabeza Elma Saiz, mantiene congeladas las cuotas de los tramos más bajos. Según datos aportados por el propio Ministerio, estos segmentos representan aproximadamente el 40% del total de trabajadores por cuenta propia, es decir, unos 1,38 millones de autónomos.
Aunque el Gobierno todavía no ha cerrado el acuerdo con las asociaciones presentes en el diálogo social (UPTA, UATAE y ATA), la propuesta se acerca más a sus demandas: dejar intactas las cuotas de quienes tienen menores ingresos y ajustar el resto de tramos conforme a la evolución del IPC. Aun así, el Ministerio tendrá que comprometerse a introducir mejoras en materia de protección social para obtener el apoyo formal de estas organizaciones, necesario para que la reforma supere su trámite parlamentario. El peso de estas asociaciones deriva de su nivel de representatividad: ATA lidera con un 58,6%, seguida de UATAE con un 25,3% y UPTA con un 16,1%, según la distribución de las subvenciones que otorga el Ministerio de Trabajo.
En la nueva oferta, la tabla reducida se mantiene sin cambios respecto a las cuotas previstas para 2025. En la tabla general, los primeros incrementos afectan a quienes ingresan entre 1.166,70 y 1.300 euros al mes, cuya cuota pasa de 291 a 293,91 euros. En el tramo más alto -autónomos con ingresos superiores a 6.000 euros- el aumento es mayor: de 590 a 604,75 euros mensuales. Cabe destacar que solo alrededor del 15% de los autónomos, unos 570.000, se encuentran en los tres tramos superiores, por lo que el impacto del mayor incremento afecta a una minoría.
Esta segunda propuesta rebajó notablemente la tensión generada por la inicial, que planteaba un fuerte incremento para el tramo máximo, elevando su cuota hasta 796,24 euros, es decir, 206 euros más que en la actualidad. En los tramos reducidos, los aumentos también estaban contemplados, aunque eran más moderados: entre 11,24 y 17,37 euros, dependiendo del nivel de ingresos.
Además, con intención de acelerar acuerdos futuros, Saiz presentó proyecciones de cuotas hasta 2028. Esto provocó aún mayor rechazo, ya que los datos mostraban que los autónomos con ingresos superiores a 2.700 euros verían duplicadas sus cotizaciones en tres años. Para quienes superan los 6.000 euros mensuales, la cuota proyectada para 2028 alcanzaba los 1.208,73 euros, frente a los 590 actuales.
Esta propuesta fue rechazada por la mayoría de partidos políticos (Vox, PP, Junts, ERC, BNG y Sumar) y por las tres asociaciones de autónomos (UPTA, UATAE y ATA), lo que llevó al Ministerio a convocar una nueva reunión una semana después y reformular las cotizaciones en los términos de la propuesta más reciente.
El motivo de estas revisiones anuales es el compromiso asumido con la Unión Europea: que en 2032 los autónomos españoles coticen por sus ingresos reales. En julio de 2022, cuando José Luis Escrivá dirigía este Ministerio, se alcanzó un acuerdo con las asociaciones de autónomos para implantar desde el 1 de enero de 2023 un nuevo sistema de cotización basado en ingresos reales, sustituyendo el modelo previo, donde la base podía elegirse libremente.
Ese acuerdo prosperó porque la tabla reducida, donde cotiza buena parte del colectivo, implicaba un ahorro para quienes menos ingresan, lo que facilitó el respaldo de UPTA, UATAE y ATA tras meses de negociación. Dos años después de la puesta en marcha del nuevo sistema, el Ministerio afronta el reto de corregir los fallos detectados para lograr nuevamente el apoyo de los representantes de los autónomos en la actualización anual de cuotas. Las tres organizaciones coinciden en exigir mejoras en las prestaciones sociales.
ATA reclama como prioridad reformar el sistema de cese de actividad, al que considera muy alejado de una protección equiparable al desempleo de los asalariados. Señala que el 60% de las solicitudes son denegadas por el elevado nivel de requisitos. También pide crear un subsidio para autónomos mayores de 52 años que pierdan su actividad, reconocer el permiso de lactancia y habilitar permisos por causas climáticas o por fallecimiento de un familiar. Además, denuncia que los autónomos siguen pagando su cuota durante los primeros 60 días de enfermedad grave y que la cobertura para quienes cuidan de menores o familiares con enfermedades graves es insuficiente.
UPTA, por su parte, propone reformar de fondo el cese de actividad. Desde su implantación en 2018, las tasas de acceso han sido muy bajas, incluso tras las mejoras aplicadas en 2022. La organización dirigida por Eduardo Abad señala exigencias legales demasiado estrictas y dificultades para acreditar la situación legal de cese. Sus propuestas incluyen ampliar la protección real de la prestación, facilitar un reconocimiento más ágil y homogéneo -evitando disparidades entre mutuas-, acortar los plazos de resolución y adaptar el sistema a sectores como agricultura o actividades del mar, donde la estacionalidad y la variabilidad de ingresos requieren un enfoque más flexible.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido mover ficha ante el bloqueo político de la legislatura con un anuncio dirigido a uno de los sectores más sensibles del electorado: los pensionistas. Durante su intervención en un congreso celebrado en Ciudad Real, el líder del PP anunció que su partido registrará una proposición de ley para garantizar la revalorización de las pensiones en 2026, incluso si el Gobierno se ve obligado a prorrogar los Presupuestos.
Con esta iniciativa, los populares buscan aprovechar la crisis entre Junts y el PSOE, después de que el partido de Carles Puigdemont haya decidido vetar todas las leyes del Ejecutivo, lo que deja a Pedro Sánchez sin margen para sacar adelante su agenda legislativa ni los Presupuestos Generales del Estado. De mantenerse esta situación, el presidente del Gobierno podría convertirse en el primero en no aprobar ni una sola ley presupuestaria durante toda la legislatura. "Los pensionistas no tienen la culpa de que el Gobierno carezca de mayoría y de proyecto para gobernar", afirmó Feijóo.
Además, el líder del PP adelantó otra iniciativa que su formación llevará al Congreso de los Diputados para limitar el uso abusivo de la prórroga presupuestaria. Concretamente, planteó que se obligue a convocar elecciones anticipadas si un presidente -sea el actual o uno futuro- no logra aprobar los presupuestos durante dos años seguidos. "Los ciudadanos no pueden ser rehenes de la irresponsabilidad de un Gobierno que no aprueba las cuentas públicas y renuncia al control esencial en una democracia", subrayó.
Durante su discurso de clausura del congreso conmemorativo del XXX Aniversario de la Unión Europea de Mayores, Feijóo también acusó al Gobierno de tener "secuestrada" a España, aludiendo tanto a las causas judiciales que afectan al Ejecutivo como a su ruptura con Junts. En su opinión, "la solución para España pasa por un cambio de presidente, por alguien que comparta las prioridades de la mayoría de los españoles".
Al visitar este sitio web o mediante la utilización de la app móvil podemos utilizar y almacenar información en tu navegador en forma de cookies. Estas incluyen información que es estrictamente necesaria para el funcionamiento y la navegación por el sitio web y, por tanto, no pueden desactivarse.
Como respetamos tu privacidad, mediante el panel de configuración de cookies puedes aceptar o rechazar las cookies haciendo clic en la casilla correspondiente. Para más información o para consultar el listado completo de cookies consulta nuestra Política de Cookies.
Cookies técnicas necesarias
Estas cookies son estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento y navegación del usuario por el sitio web, así como para recordar las preferencias de cookies y, por lo tanto, no es posible desactivarlas. No almacenan ninguna información de identificación personal de forma permanente.
Cookies de Rendimiento
Las cookies de rendimiento nos permiten conocer el nivel de recurrencia de nuestros visitantes y realizar la medición y análisis estadístico de la utilización de nuestro servicio para poder mejorar su rendimiento. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima.
