(El Economista, 12-11-2025) | Laboral
Tras generar una fuerte controversia con una propuesta inicial que contemplaba subidas generalizadas de las cuotas, el Ministerio de Seguridad Social rectificó y presentó una nueva propuesta de cotizaciones para los autónomos, pendiente aún del respaldo de las organizaciones del colectivo. Esta última oferta, impulsada por el departamento que encabeza Elma Saiz, mantiene congeladas las cuotas de los tramos más bajos. Según datos aportados por el propio Ministerio, estos segmentos representan aproximadamente el 40% del total de trabajadores por cuenta propia, es decir, unos 1,38 millones de autónomos.
Aunque el Gobierno todavía no ha cerrado el acuerdo con las asociaciones presentes en el diálogo social (UPTA, UATAE y ATA), la propuesta se acerca más a sus demandas: dejar intactas las cuotas de quienes tienen menores ingresos y ajustar el resto de tramos conforme a la evolución del IPC. Aun así, el Ministerio tendrá que comprometerse a introducir mejoras en materia de protección social para obtener el apoyo formal de estas organizaciones, necesario para que la reforma supere su trámite parlamentario. El peso de estas asociaciones deriva de su nivel de representatividad: ATA lidera con un 58,6%, seguida de UATAE con un 25,3% y UPTA con un 16,1%, según la distribución de las subvenciones que otorga el Ministerio de Trabajo.
En la nueva oferta, la tabla reducida se mantiene sin cambios respecto a las cuotas previstas para 2025. En la tabla general, los primeros incrementos afectan a quienes ingresan entre 1.166,70 y 1.300 euros al mes, cuya cuota pasa de 291 a 293,91 euros. En el tramo más alto -autónomos con ingresos superiores a 6.000 euros- el aumento es mayor: de 590 a 604,75 euros mensuales. Cabe destacar que solo alrededor del 15% de los autónomos, unos 570.000, se encuentran en los tres tramos superiores, por lo que el impacto del mayor incremento afecta a una minoría.
Esta segunda propuesta rebajó notablemente la tensión generada por la inicial, que planteaba un fuerte incremento para el tramo máximo, elevando su cuota hasta 796,24 euros, es decir, 206 euros más que en la actualidad. En los tramos reducidos, los aumentos también estaban contemplados, aunque eran más moderados: entre 11,24 y 17,37 euros, dependiendo del nivel de ingresos.
Además, con intención de acelerar acuerdos futuros, Saiz presentó proyecciones de cuotas hasta 2028. Esto provocó aún mayor rechazo, ya que los datos mostraban que los autónomos con ingresos superiores a 2.700 euros verían duplicadas sus cotizaciones en tres años. Para quienes superan los 6.000 euros mensuales, la cuota proyectada para 2028 alcanzaba los 1.208,73 euros, frente a los 590 actuales.
Esta propuesta fue rechazada por la mayoría de partidos políticos (Vox, PP, Junts, ERC, BNG y Sumar) y por las tres asociaciones de autónomos (UPTA, UATAE y ATA), lo que llevó al Ministerio a convocar una nueva reunión una semana después y reformular las cotizaciones en los términos de la propuesta más reciente.
El motivo de estas revisiones anuales es el compromiso asumido con la Unión Europea: que en 2032 los autónomos españoles coticen por sus ingresos reales. En julio de 2022, cuando José Luis Escrivá dirigía este Ministerio, se alcanzó un acuerdo con las asociaciones de autónomos para implantar desde el 1 de enero de 2023 un nuevo sistema de cotización basado en ingresos reales, sustituyendo el modelo previo, donde la base podía elegirse libremente.
Ese acuerdo prosperó porque la tabla reducida, donde cotiza buena parte del colectivo, implicaba un ahorro para quienes menos ingresan, lo que facilitó el respaldo de UPTA, UATAE y ATA tras meses de negociación. Dos años después de la puesta en marcha del nuevo sistema, el Ministerio afronta el reto de corregir los fallos detectados para lograr nuevamente el apoyo de los representantes de los autónomos en la actualización anual de cuotas. Las tres organizaciones coinciden en exigir mejoras en las prestaciones sociales.
ATA reclama como prioridad reformar el sistema de cese de actividad, al que considera muy alejado de una protección equiparable al desempleo de los asalariados. Señala que el 60% de las solicitudes son denegadas por el elevado nivel de requisitos. También pide crear un subsidio para autónomos mayores de 52 años que pierdan su actividad, reconocer el permiso de lactancia y habilitar permisos por causas climáticas o por fallecimiento de un familiar. Además, denuncia que los autónomos siguen pagando su cuota durante los primeros 60 días de enfermedad grave y que la cobertura para quienes cuidan de menores o familiares con enfermedades graves es insuficiente.
UPTA, por su parte, propone reformar de fondo el cese de actividad. Desde su implantación en 2018, las tasas de acceso han sido muy bajas, incluso tras las mejoras aplicadas en 2022. La organización dirigida por Eduardo Abad señala exigencias legales demasiado estrictas y dificultades para acreditar la situación legal de cese. Sus propuestas incluyen ampliar la protección real de la prestación, facilitar un reconocimiento más ágil y homogéneo -evitando disparidades entre mutuas-, acortar los plazos de resolución y adaptar el sistema a sectores como agricultura o actividades del mar, donde la estacionalidad y la variabilidad de ingresos requieren un enfoque más flexible.