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(Expansión, 11-04-2024) | Laboral

El Gobierno ha planteado a la patronal y a los sindicatos la compatibilidad gradual del salario con la pensión

El Gobierno está preparando la reforma del sistema de pensiones desde la legislatura anterior para hacer frente a la jubilación de las generaciones más grandes en la historia de España, las nacidas entre 1955 y 1977. Durante los años centrales de la década de los 60, nacieron aproximadamente 700.000 niños al año, cifra que hoy día no alcanza los 330.000. Además, ahora hay más fallecimientos que nacimientos. En este contexto, el Ejecutivo está dialogando con la patronal y los sindicatos sobre nuevas medidas para modificar el sistema de pensiones, bajo el título genérico de un Nuevo marco regulador de la compatibilidad entre trabajo y pensión, como informó EXPANSIÓN ayer. El objetivo principal es buscar nuevas opciones, con incentivos, para mantener en actividad, de forma voluntaria, a los trabajadores después de alcanzar la edad ordinaria de jubilación. Este año, una persona puede retirarse con pensión completa al cumplir los 65 años, siempre que tenga cotizados 38 años o más. Para periodos de cotización inferiores, se requiere cumplir 66 años y 6 meses. En 2027, la edad mínima de jubilación alcanzará los 67 años. La clave de esta propuesta reside en que la Seguridad Social pospondrá el desembolso de la totalidad o parte de la prestación mientras continúe recibiendo las cotizaciones de los trabajadores, no de las empresas, que solo deberán abonar la contribución por accidentes y enfermedades profesionales. Las empresas, lógicamente, gozan de una bonificación total en la cotización patronal. En este escenario, el Gobierno está considerando las siguientes medidas: Compatibilidad del salario con la pensión para trabajadores activos después de la jubilación ordinaria: El Gobierno ofrece una opción para aquellos trabajadores que opten por esta alternativa, con el fin de mejorar la pensión futura o los ingresos totales. Consiste en combinar el salario o los ingresos como autónomo con la pensión. Dependiendo del tiempo trabajado después de la edad ordinaria de jubilación, el beneficiario podría recibir el salario y la pensión completa. Fórmula para hacer compatibles ambos ingresos: Con un año adicional de trabajo después de la jubilación, el trabajador podría recibir el salario más el 30% de la pensión. Después de dos años, la cantidad de la pensión compatible aumentaría al 40%. Tras tres años, el trabajador podría combinar su salario con el 50% de la pensión, y el 75% después de cuatro años. Finalmente, con cinco años o más de trabajo después de la jubilación, el salario sería compatible con toda la pensión. Mantenimiento del complemento por demora de la jubilación: Sí, además de la propuesta para combinar salario y pensión, la Seguridad Social mantendrá los siguientes incentivos: un aumento adicional del 4% en la pensión por cada año de demora después de la edad de jubilación, una prima única basada en los años de contribución realizados antes de la jubilación definitiva, o una combinación de ambos incentivos. Desde que se implementó la reforma en 2022, el número de jubilaciones demoradas ha aumentado del 4% al 10%. Reforma de la jubilación parcial anticipada con trabajador de relevo: El Gobierno propone endurecer esta opción para prevenir el abuso por parte de empresas y trabajadores, lo que podría aumentar el gasto adicional de la Seguridad Social. Estas medidas buscan adaptar el sistema de pensiones a las necesidades demográficas y laborales actuales, incentivando la prolongación de la vida laboral y la compatibilidad entre trabajo y pensión.

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(El Economista, 11-04-2024) | Laboral

El gasto en pensiones irá creciendo hasta el 17% en 2050

Fedea ha alertado sobre las implicaciones que tendrá la reforma de las pensiones acordada con Bruselas en las cuentas públicas de España. Según esta entidad, el gasto en pensiones aumentará progresivamente hasta alcanzar el 17,8% en 2050, lo que supone 2,5 puntos porcentuales por encima de las previsiones del Gobierno. Este incremento gradual del gasto llevará al déficit del sistema público de pensiones a ampliarse hasta 6,3 puntos en los próximos 25 años, lo que requerirá que el Estado destine el 50% de los ingresos tributarios netos para cubrir esta brecha en 2050, excluyendo las aportaciones regionales y locales. Según los cálculos de Ángel de la Fuente, director de Fedea, este esfuerzo será del 40% durante las próximas dos décadas. La reforma, aprobada por el Congreso en marzo de 2023, contempla un aumento gradual de las bases máximas de cotización, establece una cuota de solidaridad para mantener la masa salarial por encima de la base máxima, exenta de cotización, y establece un Mecanismo de Equidad Intergeneracional que prevé incrementos adicionales en las cotizaciones sociales o ajustes en el gasto en caso de desviaciones en el gasto en pensiones, lo cual podría ocurrir antes de lo previsto. La Comisión Europea ya ha mostrado preocupación al respecto. A finales del año pasado, revisó a la baja las previsiones económicas en las que se basa la reforma, estimando un crecimiento medio del 1,2% entre 2022 y 2050, por debajo del 2% anual proyectado por el Gobierno español. Además, se espera un informe sobre envejecimiento que Bruselas publicará próximamente, lo que podría precipitar la adopción de medidas correctivas ante un aumento del gasto en pensiones mayor al calculado por el Ministerio de la Seguridad Social. Fedea estima que será necesario realizar ajustes ya en 2025, una medida que también anticipan el Banco de España y la AIReF. Existe la posibilidad de que el gasto en pensiones no solo llegue antes de lo esperado, sino que también sea mayor de lo estimado. Muchas instituciones pronostican que superará el 13,3% del PIB, el umbral que activa medidas de ajuste automáticas. Según de la Fuente, estas proyecciones activarían inmediatamente la cláusula de salvaguardia, lo que implicaría un aumento de las tasas de contribución social entre 3 y 4 puntos porcentuales. Considera prudente que la Comisión Europea presione al Gobierno para revisar la reforma y aplicar "correcciones importantes" desde su aprobación. En otro orden de ideas, Fedea critica la laxitud de la Comisión Europea al aprobar varias medidas impulsadas por el Gobierno a cambio de financiamiento comunitario. Señala especialmente la reforma de la vivienda, que busca garantizar el derecho a una vivienda digna pero que podría tener efectos negativos sobre la oferta de alquileres asequibles. Además, critica la falta de políticas fiscales de impacto en los últimos años y la necesidad de reformas en el ámbito laboral y fiscal que el Gobierno todavía no ha abordado.

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(El Economista, 11-04-2024) | Laboral

La volatilidad del empleo resiste a la reforma laboral

En este contexto, resulta llamativo que el 40% del aumento neto de empleo en marzo corresponda a 77.694 nuevos afiliados medios con contrato fijo discontinuo, a pesar de que solo representaron el 13,7% de los contratos firmados, totalizando 158.271 contratos. Esto sugiere que solo la mitad aproximadamente de estas contrataciones se tradujeron en empleo efectivo. La característica principal de estos empleos es que son indefinidos pero están vinculados a tareas eventuales, interrumpidos por periodos de inactividad en los que los trabajadores son dados de baja de afiliación y no perciben salario. Este tipo de contratos ha sido objeto de controversia en relación con la reforma laboral, con acusaciones hacia el Gobierno de usar esta figura para "maquillar" las cifras de desempleo. El debate entre el Ministerio de Trabajo y las comunidades autónomas sobre la responsabilidad de publicar datos clave no parece clarificar esta cuestión. En cuanto al empleo, la relevancia de estos contratos radica en que, al reincorporarse al trabajo, se contabilizan como nuevas afiliaciones. Los datos del SEPE indican que en marzo hubo una disminución de 73.115 personas en la categoría de demandantes con relación laboral, que incluye a estos trabajadores inactivos inscritos en los servicios públicos de empleo. Esta cifra se aproxima más al incremento de afiliaciones. Es importante destacar las diferencias entre las estadísticas de demandantes de empleo y contratos recopiladas por el SEPE y las cifras de afiliación a la Seguridad Social. En el caso de los fijos discontinuos, surgen muchas incertidumbres sobre la estabilidad de estos empleos. ¿Cuántas de estas contrataciones son realmente nuevas y cuántas corresponden a trabajadores que vuelven a ser llamados por sus empresas? ¿Y cuál es la duración de estos períodos de actividad? En una respuesta parlamentaria al PP hace un año, el Ministerio de Trabajo reconoció que "desconoce tanto la situación laboral de estos trabajadores durante la vigencia de sus contratos como la continuidad de su relación laboral en el tiempo". La Seguridad Social puede ofrecer información sobre la duración de altas y bajas, pero esta es limitada. Ambos ministerios insisten en que el peso de los fijos discontinuos en el empleo es reducido. En marzo, representaron el 5,45% del total de afiliados al Régimen General, por debajo de los 900.000, frente al 73% de los indefinidos ordinarios. Sin embargo, esto revela la alta volatilidad de estos empleos si se compara con las altas y bajas de los asalariados. En marzo, representaron el 27,7% de las altas y el 23,99% de las bajas de afiliación. El cese de un fijo discontinuo es actualmente la segunda causa individual de baja de afiliación, después del fin de un contrato temporal. Esto supera las dimisiones, despidos o ceses por no superar el período de prueba, que también están en niveles récord, especialmente entre los indefinidos. Esto plantea la cuestión de si esta precariedad es una consecuencia de la reforma laboral o una tendencia crónica del mercado laboral que la legislación no ha logrado corregir.

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(El Periódico, 11-04-2024) | Laboral

Los convenios colectivos pactados entre patronal y sindicatos registran un alza salarial del 2,9%, tres décimas por debajo de la inflación

Cerca de seis millones de trabajadores en España finalizaron el primer trimestre de 2024 con un poder adquisitivo más bajo que al comienzo del año. Aunque los salarios están aumentando, lo hacen a un ritmo más lento que la inflación, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo este miércoles. El salario medio pactado en los convenios colectivos aumentó un 2,9%, mientras que el IPC subió tres décimas más. La negociación colectiva no está logrando proteger el poder adquisitivo de los trabajadores en la mayoría de los casos. A pesar del buen desempeño del PIB, que cerró 2023 con cifras mejores de lo esperado inicialmente, esta generación de riqueza no se está traduciendo en suficientes remuneraciones para evitar que la mayoría de los asalariados sean un poco más pobres al inicio de este año. La meta conjunta establecida por la patronal y los sindicatos en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) era un aumento salarial de al menos el 3% este año. Este objetivo se está cumpliendo para los convenios firmados en 2024, pero no para aquellos vigentes que ya tenían pactadas cantidades previamente. Los datos del Ministerio de Trabajo revelan que los convenios firmados este año reflejan aumentos salariales del 4,4%, considerablemente por encima de la media y de los niveles actuales de inflación. Sin embargo, estos casos son minoría. De los 8,39 millones de trabajadores cubiertos por convenios vigentes en España, solo 384.223 están bajo un acuerdo que contempla este 4,4%. Los otros 8,01 millones de asalariados están viendo incrementos salariales del 2,8%. La evolución de los salarios pactados en convenios colectivos muestra un crecimiento ligeramente inferior al de otros indicadores. Según los datos de nóminas recopilados por CaixaBank y actualizados en tiempo real, los sueldos están aumentando un 3,1%, una cifra superior pero aún por debajo de los niveles actuales de inflación. Tras el repunte en marzo debido a la retirada del IVA reducido en la factura de la luz, el IPC medio se situó en el 3,2%. La brecha entre el aumento de los salarios y el precio de los elementos básicos en la vida diaria de las familias puede ser especialmente pronunciada. Por ejemplo, el costo de los alimentos está aumentando casi el doble: 5,3%. Del mismo modo, los precios de comer fuera en restaurantes o bares también suben más rápido que los salarios, con un incremento del 5,5%. Por otro lado, los precios del ocio (2,8%), la sanidad (2,2%) y el transporte (2,4%) están aumentando a un ritmo menor que los salarios.

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(Expansión, 10-04-2024) | Laboral

El Ejecutivo plantea una compatibilidad gradual de la pensión con el salario a medida que se retrase la jubilación

El trabajador relevista debe tener una base de cotización equivalente al 75% del promedio de los últimos seis meses de cotización del jubilado parcial. El Gobierno está proponiendo a la patronal y a los sindicatos que los pensionistas que decidan permanecer activos durante cinco años o más después de alcanzar la edad ordinaria de jubilación puedan compatibilizar completamente su pensión con su salario. Esta propuesta forma parte del nuevo marco regulador de la compatibilidad de trabajo y pensión, presentado por el Gobierno a los agentes sociales y al que EXPANSIÓN ha tenido acceso. Hasta ahora, solo los trabajadores autónomos con empleados asalariados podían combinar los ingresos de su negocio con toda la pensión, evitando así el cierre de la actividad empresarial y la posible pérdida de empleo para los trabajadores. Con la reforma de la jubilación activa propuesta por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, esta medida se elimina para los autónomos. Además, el Gobierno plantea que la cuantía de la pensión compatible con el salario sea gradual según el tiempo que el trabajador permanezca en activo. Por lo tanto, después de un año de retraso tras la edad de jubilación, el trabajador percibirá su salario más un 30% de la pensión. Con dos años de actividad, la retribución será compatible con el 40% de la prestación. La pensión alcanzará el 50% cuando el autónomo o el asalariado cumpla tres años trabajando después de la edad de jubilación. Con cuatro años de actividad, será el 75% de la prestación, y finalmente, el trabajador podrá cobrar toda la pensión (el 100%) junto con su salario cuando lleve cinco o más años trabajando después de la edad ordinaria de jubilación. Además, el pensionista conservará los incentivos existentes por prolongar su vida laboral después de la edad de jubilación. Se añadirá un incremento adicional del 4% a la pensión por cada año de trabajo adicional después de la edad de jubilación, con una prima única de hasta 12.300 euros por año de retraso, dependiendo del tiempo cotizado. Es importante recordar que este año una persona puede jubilarse a los 65 años si ha cotizado 38 años o más. Si ha cotizado menos, la edad mínima será de 66 años y 6 meses. El Gobierno también ha decidido endurecer las condiciones para que un trabajador pueda optar por la jubilación parcial antes de la edad ordinaria de jubilación mencionada anteriormente. Se prohibirá que un trabajador a tiempo parcial concentre su jornada laboral efectiva durante un período y luego deje de trabajar una vez transcurrido este tiempo, mientras sigue percibiendo la pensión a tiempo parcial. La Seguridad Social establece que "no se concentrará la jornada". Además, se plantea revisar el período mínimo de cotización para acceder a la jubilación parcial, que actualmente es de 33 años en general. La Seguridad Social exige que al menos seis de esos 33 años de cotización sean anteriores al momento de la jubilación parcial, y al menos dos de ellos deben haber sido como asalariado, no como autónomo. El texto también sugiere a los agentes sociales que la cotización pueda variar según el género del trabajador, con el objetivo de reducir la brecha de género. Tradicionalmente, las mujeres constituyen la gran mayoría de los trabajadores a tiempo parcial, debido a la desigualdad que implica la combinación de la jornada laboral con las responsabilidades familiares, como el cuidado de los hijos. En cualquier caso, cuando la jubilación parcial se inicie después de la edad ordinaria de jubilación y se contrate a un trabajador para realizar el relevo, la cuantía de la pensión se reducirá proporcionalmente a la reducción de jornada del primer trabajador. Por último, el Gobierno propone cambios significativos en la contratación del trabajador que sustituirá al próximo jubilado. En primer lugar, la Seguridad Social exige que el nuevo trabajador tenga un contrato indefinido a tiempo completo y un salario relativamente equivalente al del trabajador que está a punto de jubilarse. La base de cotización del relevista debe ser al menos el 75% de la del jubilado parcial durante los últimos seis meses de su actividad laboral. Por supuesto, todos los períodos de cotización de los trabajadores a tiempo parcial contarán para las pensiones y prestaciones. Además, según la legislación laboral vigente, cualquier día trabajado se considera como un día cotizado para estos trabajadores, independientemente de la jornada realizada.

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(El Economista, 10-04-2024) | Laboral

España perderá casi 600.000 autónomos en los próximos 5 años

La jubilación del 'baby boom' está generando la próxima gran ola de salidas masivas de trabajadores en España, planteando desafíos significativos tanto para el mercado laboral como para las finanzas de la Seguridad Social. Los autónomos no serán ajenos a esta tendencia, ya que aproximadamente 600.000 trabajadores autónomos (según el Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE) estarán listos para jubilarse en los próximos cinco años, al menos por edad. De acuerdo con el último Informe Trimestral de ATA, se estima que para el año 2029, el 16% del total de la fuerza laboral por cuenta propia habrá alcanzado los 65 años. Este retiro masivo que se vislumbra en el medio y largo plazo parece ser manejable para el colectivo en su conjunto, según afirman desde las asociaciones patronales del sector. Sin embargo, existe la amenaza de que pueda generar problemas estructurales en sectores de gran importancia como el transporte, la construcción y la agricultura, donde es difícil encontrar un relevo generacional adecuado. Las asociaciones de autónomos insisten en que las bajas que se producen en el Régimen Especial de Cotización de Autónomos (RETA) se compensan con nuevas incorporaciones de emprendedores más jóvenes. El análisis demográfico muestra que todos los grupos de edad de autónomos, excepto aquellos de 40 a 45 años que han experimentado un ligero descenso del 0,2%, han experimentado un aumento en el número de miembros. Además, los autónomos tienden a prolongar su vida laboral más que los asalariados. La mayoría (al menos el 80%) de las jubilaciones entre los trabajadores por cuenta propia ocurren a la edad ordinaria, aproximadamente 50.000 al año. Esta tendencia se ha mantenido constante durante al menos una década y es más alta que la proporción entre los asalariados. Al 31 de marzo de 2024, en España hay 180.732 autónomos mayores de 64 años, lo que representa un aumento de 4.863 autónomos de esta edad en comparación con el inicio del año. Los autónomos jóvenes hasta los 19 años aumentaron en 643, lo que equivale a un crecimiento relativo del 7,8%. Este incremento porcentual es el más notable dentro de todo el colectivo, elevando el número total de emprendedores menores de 20 años a 8.883. En ciertos sectores se observan mayores dificultades debido a la falta de relevo generacional. Por ejemplo, aproximadamente un tercio de los transportistas tiene más de 55 años (la mitad supera los 50 años), lo que indica una situación crítica dada la naturaleza físicamente exigente de la profesión. Lo mismo ocurre en la construcción, donde la edad media supera los 45 años y hay poco interés entre los jóvenes. En profesiones con una alta carga física, como la albañilería, la edad media roza los 50 años. Según la patronal del sector, CNC, los trabajadores mayores de 60 años ya representan el 7% del total. En la agricultura, más del 15% de la plantilla tiene más de 55 años, una proporción que supera la media nacional y que pone en riesgo el relevo generacional en una profesión que es físicamente demandante, económicamente ajustada y con escaso interés entre los jóvenes.

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(La Vanguardia, 10-04-2024) | Laboral

Garamendi propone pagar la nómina total a los trabajadores y que ingresen ellos sus cotizaciones

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha propuesto que los trabajadores deberían recibir su salario mensual completo y ser ellos quienes ingresen directamente ante la Seguridad Social sus cotizaciones, con el fin de que tomen conciencia del verdadero coste laboral asociado a su empleo. En declaraciones a la prensa durante su participación en el IV Encuentro del Comercio de CEOE, Garamendi afirmó: "Yo creo que lo que habría que hacer es que las empresas pudiéramos pagar a cada uno de los trabajadores el coste real total y que cada trabajador fuera el que organizara sus relaciones con la Seguridad Social porque es la forma de que se viera realmente cuánto es el coste real de los salarios en España." El dirigente empresarial explicó que la idea consistiría en que los trabajadores recibieran íntegramente las cotizaciones sociales que los empleadores deben abonar por ellos, y que sean los propios trabajadores -similar a como sucede con el Impuesto sobre la Renta- quienes declaren dichas cotizaciones ante la Seguridad Social y Hacienda. "Que en la nómina te llegue todo el dinero y seas tú, como en el impuesto sobre la renta, el que declares ante Hacienda, a la Seguridad Social, porque claro llega un momento que puede ser casi el doble de lo que realmente a alguien le llega al bolsillo," enfatizó Garamendi. Estas reflexiones del líder empresarial surgieron en el contexto de ser preguntado sobre la mesa de diálogo social de las pensiones, reiterando su negativa y argumentando que algunas medidas planteadas representan un coste adicional "sobre los costes ya normales" que enfrentan las empresas.

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(Expansión, 09-04-2024) | Laboral

Escrivá promueve una función pública flexible, operativa y con movilidad

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, impulsa una profunda renovación en la Función Pública con el propósito de modernizar la administración central del Estado. Esta iniciativa implica enfrentar la inercia histórica del funcionariado y la capacidad de adaptar la administración a los cambios en la prestación de servicios a los ciudadanos y a los avances tecnológicos. Entre las medidas propuestas, el ministro planea reestructurar sectores específicos de la administración, si las circunstancias tecnológicas, la búsqueda de productividad y las necesidades del servicio así lo requieren. Todo esto se llevará a cabo mediante negociaciones colectivas con los sindicatos. Por tanto, el Ministerio está preparando una orden que incluye "planes de reestructuración de sectores específicos". Dicha orden contempla las siguientes medidas: Criterios de reestructuración del sector: Se plantea una reestructuración cuando cambios tecnológicos, modificaciones en la prestación de servicios, la aparición de nuevos perfiles competenciales u otras circunstancias comprometan significativamente la eficacia en la prestación de servicios o el cumplimiento de objetivos estratégicos en un sector que afecte a uno o varios departamentos ministeriales u organismos públicos. Implementación de planes de reestructuración: Estos planes serán aprobados mediante negociación colectiva, dentro de los límites presupuestarios y de acuerdo con las directrices de la política de personal y la planificación general de recursos humanos, incluyendo limitaciones o incentivos a la movilidad. Gestión de la movilidad de funcionarios: Se proponen cambios en la gestión de recursos humanos para introducir flexibilidad en la administración, permitiendo modificaciones en los puestos de trabajo, movilidad del personal, formación e incorporación de nuevos empleados. Iniciativa y aprobación de planes: La iniciativa para elaborar planes de reestructuración corresponderá a los departamentos ministeriales, organismos y entidades afectadas, o al Ministerio de la Función Pública. Los planes serán aprobados por el Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública. Áreas funcionales: Se agruparán puestos de trabajo que realicen actividades similares para cumplir objetivos específicos de la organización, permitiendo un enfoque común en competencias profesionales y flexibilidad en condiciones de trabajo y retribución. Eliminación de topes de sustitución: Se busca suprimir la tasa de reposición de funcionarios, con revisión permanente de puestos de trabajo para suprimirlos si no se cubren en tres años, evitando la proliferación de interinos en plazas permanentes. Estas medidas buscan transformar la gestión de recursos humanos en la Función Pública para adaptarse eficazmente a los desafíos tecnológicos y organizativos del siglo XXI.

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(Expansión, 09-04-2024) | Laboral

Endurecimiento de la jubilación parcial

El Gobierno está planificando una reforma más estricta del régimen de jubilación parcial con el objetivo de desalentar la retirada temprana de los trabajadores del mercado laboral y garantizar la estabilidad financiera del sistema de pensiones. Ayer se reanudaron las negociaciones entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos para modificar el sistema de jubilación parcial, donde se presentaron las líneas generales de la reforma. Entre ellas se destacan la intención de evitar las salidas anticipadas del mercado laboral, asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones y fortalecer la calidad del empleo para quienes releven a los jubilados parciales. Esto implica que el trabajador relevista, al no trabajar o jubilarse definitivamente, deberá cumplir con ciertos requisitos. El Gobierno no ha proporcionado detalles específicos, pero insinúa que endurecerá las condiciones de acceso a la jubilación parcial. Por ejemplo, actualmente, para contar con un relevo joven, los trabajadores mayores deben tener un mínimo de 33 años de cotización y al menos 6 años de antigüedad en la empresa. Además, al expresar el deseo de "preservar el equilibrio financiero", el Gobierno busca que tanto las empresas como los trabajadores aumenten su período de cotización y que el salario del trabajador en jubilación parcial sea equiparado o se acerque al del relevista. Ambos realizan el mismo trabajo. La ministra también mencionó la importancia de garantizar una compatibilidad efectiva entre el trabajo y la pensión, preservando la calidad del empleo de los relevistas y equilibrando el coste para el sistema de pensiones. Carlos Bravo de CCOO afirmó que las propuestas presentadas "no recuperan la regulación anterior ni la adaptan de manera favorable". Por su parte, Cristina Estévez de UGT consideró que la propuesta gubernamental "recorta derechos y está muy lejos de las expectativas sindicales". Además, el Gobierno planea extender la compatibilidad entre la pensión y el trabajo a partir de la edad ordinaria de jubilación para favorecer una salida progresiva del mercado laboral y permitir una prolongación de las carreras profesionales. También se comprometió a restablecer el coeficiente de parcialidad multiplicador del 1,5% para los trabajadores fijos discontinuos cercanos a la jubilación, quienes enfrentan dificultades para retirarse debido a la eliminación de este coeficiente en el pasado. Esta medida beneficiará especialmente a los trabajadores fijos discontinuos que trabajan por temporadas.

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(El Economista, 09-04-2024) | Laboral

El Gobierno iguala el coeficiente de cotización de los fijos discontinuos periódicos y los temporales

Los sindicatos han logrado persuadir a la Seguridad Social para mejorar el acceso a la jubilación de los trabajadores fijos discontinuos con actividad intermitente o por temporadas, como los del sector de la hostelería o agrícola. El Gobierno se ha comprometido a reinstaurar el coeficiente de parcialidad del 1,5 para estos trabajadores, lo que significa que cada día cotizado contará como uno y medio, similar a como se aplica para los trabajadores temporales, según han informado los sindicatos UGT y CCOO. Los sindicatos presentaron esta propuesta al Ministerio de Seguridad Social argumentando que algunos sectores laborales tienen actividad intermitente o estacional. Por ejemplo, los trabajadores hosteleros durante las temporadas turísticas o los jornaleros agrícolas durante la época de recolección. Una de las principales barreras es el requisito mínimo de 15 años cotizados para acceder a la pensión contributiva de jubilación. "El Gobierno ha entendido nuestra posición y reivindicación, y se ha comprometido a reformar la Ley General de Seguridad Social para restablecer el coeficiente del 1,5. Aún falta conocer los detalles de esta regulación y sus efectos, pero el Gobierno ha presentado una propuesta hoy aceptando nuestra solicitud", explicó Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. De esta manera, se resolverá el vacío legal en el que quedaron estos trabajadores. El equipo negociador del Ministerio también ha presentado una primera propuesta sobre jubilación parcial con contrato de relevo, una fórmula que ya está establecida en el sector industrial y automovilístico y que permite la salida gradual del mercado laboral mientras un trabajador más joven se prepara para ocupar el mismo puesto. Este marco legal permite recibir salario y pensión bajo ciertas condiciones. "Hemos visto algún avance en la jubilación parcial anticipada, con una propuesta presentada hoy por primera vez por el Ministerio. Sin embargo, está muy lejos de nuestras expectativas y consideramos que recorta derechos. Es una oportunidad perdida para rejuvenecer las plantillas y permitir una salida flexible y gradual del mercado laboral", comentó Cristina Estévez, secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT tras la reunión. La central sindical preparará un documento con sus propuestas para la próxima reunión. A pesar de ello, consideró que la propuesta está "muy lejos" de las expectativas sindicales y "recorta derechos", no solo en la industria manufacturera, donde existe un contrato de relevo garantizado, sino en otros sectores. "No recupera la regulación del año 2011 ni elementos de adaptación. Contiene algunos elementos interesantes pero otros que disminuyen directamente los derechos de acceso que no compartimos", subrayó Estévez. Durante la reunión, los sindicatos también han pedido al Ministerio que regule la cotización de las prácticas no laborales, las becas y periodos cotizados anteriores a esta norma, para que las personas tengan derecho a recuperarlos a través de un convenio especial. "El Gobierno nos ha informado que la orden ministerial está próxima, pero le hemos pedido que la mesa, dado que este es un resultado directo de acuerdos previos de diálogo social, debe conocer el texto y abordarlo", explicó Bravo.

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