(El Economista, 12-06-2025) | Laboral
Los agentes sociales han llegado al ecuador del año sin haber resuelto aún la incertidumbre sobre cuál será la jornada laboral aplicable a partir de 2026, lo que ya empieza a generar tensiones en el ámbito de la negociación colectiva. Tanto sindicatos como organizaciones empresariales reconocen que esta indefinición está condicionando las conversaciones actuales, en un momento en que se aproxima la apertura de la mesa para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que expira en 2025 y sirve de referencia para los convenios colectivos en todo el país.
Desde los sindicatos, ya se ha anunciado la intención de convocar a la CEOE tras el verano para iniciar las conversaciones. No obstante, desde la patronal se muestra cautela y se enfría la posibilidad de alcanzar un acuerdo en este contexto, argumentando que UGT y CCOO rompieron el anterior consenso al respaldar la reducción de la jornada laboral sin negociarlo en el marco del diálogo social.
Más allá de los salarios, la renovación del AENC será clave para marcar la evolución de las remuneraciones en el periodo 2026-2028. Pero el contenido final del acuerdo dependerá en gran medida del resultado de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que propone establecer las 37,5 horas semanales como nueva jornada máxima. Desde el ámbito empresarial se insiste en que no habrá negociaciones sobre el nuevo AENC mientras no se aclare la postura de todos los grupos parlamentarios sobre este asunto. Solo contemplan retomar el diálogo si el Gobierno renuncia a imponer por ley esta medida y permite que se trate en la mesa bipartita. En caso contrario, y si la ministra Yolanda Díaz logra sacar adelante su propuesta, la patronal anticipa que se frenarán las subidas salariales para compensar el aumento de costes laborales.
En las sedes de CEOE y Cepyme se percibe malestar por lo que consideran una ruptura del pacto alcanzado en 2023, cuando se acordó dejar fuera del AENC la cuestión de la jornada laboral y pactar una subida de sueldos del 10% en tres años, con posibilidad de revisión adicional si la inflación lo justificaba. La patronal considera que ha cumplido su parte, como reflejan los datos de la Encuesta de Convenios Colectivos, por lo que ven como una deslealtad que los sindicatos apoyen una modificación unilateral vía ley que afectaría directamente a los costes empresariales.
Desde las organizaciones sindicales, por su parte, se admite que la futura negociación del AENC arrancará en un entorno complejo. Por ello, consideran urgente resolver cuanto antes la tramitación de la reducción de jornada, para poder avanzar en las conversaciones sobre salarios y condiciones laborales. En este sentido, tanto Pepe Álvarez (UGT) como Unai Sordo (CCOO) han instado al Congreso a debatir las enmiendas a la totalidad antes del parón estival, ante el riesgo de que el retraso dificulte la negociación colectiva a partir de 2026. Estas enmiendas, anunciadas por Junts y previsiblemente respaldadas por Vox, podrían frenar la aprobación de la medida en los plazos previstos.
El líder de CCOO ha pedido seguridad jurídica sobre el marco normativo que regirá la negociación colectiva, advirtiendo que un fracaso parlamentario en la tramitación de la jornada reducida podría traducirse en un incremento de la conflictividad laboral. Por su parte, el secretario general de UGT ha iniciado una ronda de consultas internas para preparar una propuesta concreta de cara al próximo AENC, y ha ironizado con que será precisamente en esa mesa donde la patronal podrá presentar sus ofertas de subida salarial, tras haberlas expresado en el debate sobre el salario mínimo y la jornada.
Los sindicatos quieren sentarse a negociar el nuevo AENC antes de que finalice el año, aunque admiten que es difícil avanzar sin saber si habrá que aplicar una nueva jornada laboral ni en qué plazos. Cabe recordar que la última negociación del acuerdo no fue sencilla y comenzó con posturas muy enfrentadas, especialmente por la negativa empresarial a incluir subidas salariales retroactivas para 2022, pese a reconocer la necesidad de un pacto de rentas que amortiguara el impacto de la inflación derivada de la guerra en Ucrania.