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(La Vanguardia, 29-05-2025) | Laboral

Pimec entra en el Comité Económico y Social de la UE

La patronal catalana PIMEC ha sido designada como nuevo miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE), con sede en Bruselas. Según ha informado la entidad, será Jacint Soler, actual director de Relaciones Internacionales y Asuntos Europeos de la organización, quien asumirá esta nueva responsabilidad. El CESE es un órgano consultivo de la Unión Europea que reúne a representantes de empresarios, sindicatos y diversos grupos sociales con el fin de emitir informes y recomendaciones sobre políticas europeas. Su labor consiste en asesorar a la Comisión Europea, al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo, sirviendo de vínculo entre las instituciones comunitarias y la sociedad civil. Con esta incorporación, PIMEC, presidida por Antoni Cañete, alcanza su mayor grado de representación en el ámbito institucional europeo. Este logro coincide con su intento aún pendiente de acceder al Consejo Económico y Social de España (CES), presidido por Antón Costas, quien ha manifestado ciertas reservas sobre su entrada. La patronal espera que se materialicen próximamente los nuevos nombramientos en dicho organismo, que agrupa a representantes sindicales y empresariales a nivel nacional. Asimismo, PIMEC ha conseguido recientemente un lugar en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC), tal y como ha reconocido el Ministerio de Trabajo, aunque su incorporación efectiva también está a la espera de formalización. El mandato de Jacint Soler en el CESE se extenderá durante cinco años, hasta 2030. La patronal considera que esta designación es fruto de un proceso prolongado de trabajo institucional con el objetivo de asegurar que las pequeñas y medianas empresas (pymes) tengan una voz activa en los espacios donde se debaten y deciden las grandes líneas de acción europeas. PIMEC recuerda que lleva más de diez años con presencia permanente en Bruselas, desde donde actúa de manera continuada para influir en la elaboración de políticas que afectan directamente al tejido empresarial. Según la entidad, esta trayectoria, junto con la vicepresidencia que ostenta en SME United, la organización europea que representa a las pymes, ha permitido establecer una interlocución constante con instituciones europeas, eurodiputados y redes comunitarias.

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(La Vanguardia, 29-05-2025) | Laboral

El salario medio sube un 4% en España, hasta los 28.049 euros

En 2023, el salario medio bruto anual en España se situó en 28.049,94 euros, lo que representa un incremento del 4,1% respecto al año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra marca el nivel más alto desde que comenzó la serie estadística en 2008. El INE destaca que la distribución de salarios en España está marcada por una alta concentración de trabajadores en los tramos salariales bajos, lo que provoca que el salario mediano -es decir, el que divide en dos mitades la lista de sueldos ordenados de mayor a menor- sea significativamente inferior al promedio, situándose en 23.349,00 euros anuales. Un indicador aún más representativo de la realidad salarial es el del salario más habitual, que en 2023 fue de 15.574,85 euros brutos anuales, percibido por el 4,6% de los asalariados. Este valor ha estado influido por la subida del salario mínimo. Otro 4% de los trabajadores cobró 19.500,29 euros, y en conjunto, uno de cada cuatro asalariados (25%) recibió una retribución anual entre 14.000 y 20.000 euros. Por grupos ocupacionales, los trabajadores cualificados de los sectores agrícola, ganadero, forestal y pesquero registraron el mayor aumento salarial, con una subida del 15%, alcanzando una media de 24.550,71 euros. Sin embargo, los mejor remunerados continúan siendo los directores y gerentes, con 60.985,9 euros anuales, tras un crecimiento del 2,5%. Justo detrás se sitúan los técnicos y profesionales científicos e intelectuales, con 42.996,72 euros, un 3,9% más. En el extremo opuesto, los empleados no cualificados del sector servicios (sin incluir transportes) fueron los que percibieron los salarios más bajos, con una media de 15.276,84 euros anuales, pese a una mejora del 4,2%. A modo de comparación, un directivo puede llegar a ganar cuatro veces más que un trabajador de este grupo. También los empleados de comercio y restauración se situaron entre los peor pagados, con un salario medio de 18.028,33 euros, pese al incremento del 5%. La brecha salarial entre hombres y mujeres se ha reducido en 2023 hasta mínimos históricos. Las mujeres ganaron una media de 25.591,31 euros, un 5,05% más que el año anterior, mientras que los hombres obtuvieron 30.372,49 euros, con un aumento del 3,3%. Así, las mujeres ganan de media un 15,7% menos, lo que supone una mejora de 1,5 puntos respecto a 2022. Las diferencias regionales también se mantienen. El País Vasco encabeza la lista con un salario medio de 33.504,92 euros, seguido de Madrid (32.219,60 euros) y Navarra (31.199,66 euros). Cataluña, con 29.978,69 euros, se sitúa ligeramente por debajo de los primeros puestos. En el otro extremo, Extremadura registra los salarios más bajos, con una media de 23.684,22 euros, aunque ha liderado el crecimiento interanual con un aumento del 8%, el más elevado entre las comunidades autónomas.

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(Cinco Días, 28-05-2025) | Laboral

El Supremo declara que la ruta de vuelta a casa tras visitar a un cliente no es tiempo de trabajo

El Tribunal Supremo ha dictaminado que el tiempo que los trabajadores tardan en regresar a casa después de visitar al último cliente no debe considerarse como parte de la jornada laboral. Esta será la norma general, salvo que exista un acuerdo específico entre empresa y trabajador, o se den circunstancias excepcionales previamente establecidas por la jurisprudencia europea. Con esta decisión, el Alto Tribunal resuelve un conflicto colectivo presentado por técnicos de una empresa madrileña dedicada a la instalación y mantenimiento de ascensores. La compañía sí contabilizaba como tiempo de trabajo el trayecto desde el domicilio hasta el primer cliente del día, pero no el de regreso al finalizar la jornada. Según recoge la sentencia, el caso afecta a los trabajadores técnicos de Kone Elevadores, S.A., empresa dedicada a la fabricación y mantenimiento de sistemas mecánicos como ascensores, escaleras mecánicas y otros dispositivos de elevación, junto con sus componentes y accesorios. El conflicto surgió en 2021, cuando los técnicos, encargados de instalar y mantener estos equipos en viviendas, comercios e industrias a lo largo del territorio nacional, reclamaron que el tiempo de desplazamiento desde el último cliente hasta sus casas fuese considerado tiempo efectivo de trabajo. La empresa proporcionaba vehículos de empresa, aunque también compensaba el uso de coches particulares. Los empleados se desplazaban cada día desde sus domicilios a las ubicaciones de los clientes, estando geolocalizados mediante dispositivos móviles. Sin embargo, mientras la empresa sí contaba como tiempo laboral el viaje hasta el primer cliente, no hacía lo mismo con el trayecto de vuelta a casa al finalizar la jornada, lo que suponía que dicho periodo ni se pagaba ni se computaba a efectos de horario laboral o descanso diario. En 2023, tras no lograr un acuerdo en la fase de conciliación, los trabajadores presentaron una demanda ante la Audiencia Nacional, que les dio la razón. La empresa recurrió en casación, y el Tribunal Supremo revocó esa resolución, desestimando la demanda colectiva y respaldando la postura de la empresa. En su análisis, el Supremo se remite a la normativa europea, que define el "tiempo de trabajo" como aquel en el que el trabajador está en su puesto, disponible para el empleador y desempeñando su labor, según lo establezca la legislación o práctica nacional. A partir de este criterio, los magistrados analizaron jurisprudencia similar, incluyendo una sentencia del propio Supremo de noviembre de 2024, que ya establecía que el trayecto final de la jornada no puede considerarse automáticamente como tiempo de trabajo retribuido, salvo que existan circunstancias excepcionales. Estas excepciones fueron detalladas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia de septiembre de 2015, originada por una consulta judicial española. Entre los requisitos mencionados entonces estaban la necesidad de recorrer largas distancias (más de 100 km), atender clientes en distintas provincias o recibir instrucciones específicas sobre las rutas. Además, en ese caso, la empresa había cerrado sus oficinas provinciales, algo que no ocurre en el conflicto actual. En consecuencia, el Supremo concluye que el hecho de que se contabilice el desplazamiento hasta el primer cliente no implica necesariamente que deba hacerse lo mismo con el trayecto de vuelta. No se ha demostrado que existan condiciones particulares en la forma en que se realizan estos desplazamientos ni razones excepcionales que justifiquen modificar la regla general. Por tanto, la empresa no está obligada a considerar como tiempo de trabajo el periodo reclamado en este conflicto.

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(El País, 28-05-2025) | Laboral

Trabajo señala que agricultura, hostelería y comercio tienen más margen que otros sectores para asumir el coste de reducir la jornada

El Ministerio de Trabajo ha reiterado en varias ocasiones que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales es una medida económicamente viable para las empresas. Ahora, además, ha respaldado esta afirmación con datos concretos. De acuerdo con la memoria económica que acompaña al proyecto de ley sobre esta medida, a la que ha accedido EL PAÍS, el departamento liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reconoce que la reducción de jornada podría suponer un incremento del coste salarial de hasta el 6,67% en los casos en los que actualmente se trabaje 40 horas semanales. No obstante, Trabajo considera que este tipo de jornadas no son mayoritarias y estima que, para la jornada media de los casi 14,5 millones de asalariados del sector privado, el incremento será de apenas un 2,21%. Además, se estima que 1,8 millones de trabajadores no verán ningún aumento en el coste salarial por hora. A pesar de reconocer ese posible aumento en los costes, el Ministerio sostiene que las empresas están en condiciones de asumirlo. De hecho, pone el foco en tres sectores que, aunque son los más expuestos al impacto por contar con jornadas más largas, también se encuentran entre los mejor posicionados para absorberlo: agricultura y ganadería, hostelería y comercio. Según las estimaciones de Trabajo, estos sectores cuentan con márgenes de beneficio sobre ventas y resultados brutos de explotación superiores al promedio, lo cual les otorgaría capacidad para asumir los costes derivados de una reducción de jornada. En concreto, los últimos datos del Observatorio de Márgenes -incluidos en el análisis económico del Ministerio- indican que los márgenes sobre ventas reflejados en el Impuesto de Sociedades se encuentran en su punto más alto desde 2009, habiendo aumentado un 7% respecto a los niveles anteriores a la pandemia. Asimismo, el beneficio empresarial medido por el resultado bruto de explotación ha alcanzado cifras récord, con un incremento del 56% desde 2009 y del 36% desde 2019. A modo de ejemplo, en el sector agrícola, los márgenes de beneficio sobre ventas se han incrementado un 116% desde 2009, y el resultado bruto de explotación ha crecido un 440%, es decir, más que quintuplicado. Desde 2019, estas cifras han subido un 36% y un 96%, respectivamente. El análisis del Ministerio concluye que, en conjunto, el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ha generado 2.702 millones de euros más que antes de la crisis sanitaria. Por su parte, en el ámbito de la hostelería, los márgenes han aumentado un 105% y los beneficios un 392% desde 2009. Comparado con 2019, han crecido un 35% y un 93%, respectivamente. El sector ha registrado 4.842 millones de euros adicionales en comparación con el periodo previo a la pandemia. En el caso del comercio, los márgenes empresariales han subido un 34% desde 2009 y los beneficios, un 140%. Desde 2019, los márgenes crecieron un 24% y los beneficios, un 67%. El informe calcula que este sector ha obtenido 15.535 millones de euros más que antes del estallido de la covid. El Ministerio también rebate el argumento de que las microempresas serían las más perjudicadas por un aumento de los costes. Apoyándose nuevamente en los datos sobre márgenes sobre ventas, señala que, entre 2019 y 2023, estos márgenes han crecido un 23,2% en las compañías con menos de diez empleados, colocándose incluso dos puntos porcentuales por encima de las grandes empresas, según recoge la memoria presentada ante el Congreso. Por otro lado, el informe también apunta que la reducción del tiempo de trabajo podría tener un efecto positivo en el consumo, especialmente en sectores como la hostelería y el pequeño comercio. Esto se debe a que el incremento del tiempo libre de los trabajadores podría incentivar el gasto en estos ámbitos, precisamente los mismos donde el impacto de la medida será más notable, dada su jornada laboral actual y el menor tamaño medio de sus empresas.

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(El Periódico, 28-05-2025) | Laboral

El Gobierno da luz verde para ampliar la jubilación anticipada a profesiones peligrosas

El Gobierno ha aprobado este martes el inicio del proceso para ampliar el acceso a la jubilación anticipada a más profesiones consideradas de especial riesgo o desgaste físico. Hasta el momento, colectivos como los toreros, mineros o trapecistas ya cuentan con esta posibilidad sin que se vean perjudicados en sus pensiones, y ahora el Ejecutivo pretende extender ese derecho a otros perfiles profesionales. Entre los sectores que han protagonizado movilizaciones recientemente para reclamar esta medida se encuentran los conductores de autobuses y camiones de transporte, así como los trabajadores de la construcción. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado en rueda de prensa la puesta en marcha del nuevo modelo de coeficientes reductores. Este permitirá que las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de cada sector puedan solicitar al Gobierno que se habilite el acceso anticipado a la jubilación en actividades que impliquen un elevado desgaste físico o condiciones laborales especialmente duras. Hasta ahora, el sistema vigente era muy limitado y la decisión final dependía en gran medida del criterio del Ejecutivo. Este nuevo sistema forma parte de un acuerdo alcanzado el año pasado entre la Seguridad Social, los sindicatos y la patronal, dentro del marco de reforma de la jubilación parcial y activa. En él se estableció que se ampliaría el número de sectores con derecho a jubilación anticipada. Actualmente, esta posibilidad permite retirarse hasta a los 52 años -aunque el umbral puede variar según el oficio-, a cambio de que las empresas afectadas abonen cotizaciones adicionales durante toda la vida laboral del trabajador para compensar su menor permanencia en el mercado laboral. Hoy en día, solo diez profesiones tienen acceso a este tipo de jubilación, entre ellas el personal ferroviario, los Mossos d'Esquadra o la tripulación aérea. Los sindicatos han venido denunciando que la normativa vigente otorgaba un exceso de poder discrecional al Gobierno, lo que ha hecho que desde hace aproximadamente diez años no se sumen nuevas profesiones al listado. La reforma aprobada este martes por el Consejo de Ministros establece un nuevo sistema basado en criterios más objetivos para determinar qué actividades reúnen las condiciones necesarias para ser incluidas. Entre los indicadores clave figuran el número de bajas por incapacidad temporal registradas anualmente, la duración media de esas bajas y el número de fallecimientos por accidentes laborales en cada sector. También se valorarán otros factores como la exposición continuada a condiciones extremas -temperaturas muy altas o bajas, ruido, vibraciones-, el esfuerzo físico constante, y el contacto con agentes químicos, biológicos o físicos perjudiciales, o con ambientes laborales que representen un riesgo para la salud, según ha detallado el Ministerio en un comunicado. Para que una profesión pueda ser incorporada al catálogo de jubilación anticipada, será imprescindible que exista un acuerdo entre las principales organizaciones sindicales y empresariales del sector. Este punto puede representar una dificultad, como ha ocurrido recientemente en el caso de los conductores de autobús, donde las patronales se oponen a esta medida alegando escasez de personal cualificado, y temen que una jubilación temprana agrave la falta de conductores disponibles. La inclusión de un sector en este régimen también implica un coste económico adicional para las empresas, lo que en ciertos ámbitos ha generado reticencias por parte de los empleadores a participar en las negociaciones necesarias para su implementación.

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(El País, 27-05-2025) | Laboral

Una de cada tres empresas españolas alerta de la falta de mano de obra cualificada

El 35% de las empresas en España señala la escasez de personal cualificado como el principal obstáculo para su crecimiento, según los últimos datos recogidos por las encuestas empresariales del Banco Mundial. Este informe, basado en 1.431 entrevistas a empresas repartidas por todo el país y presentado en la Cámara de Comercio de Madrid, forma parte del programa Enterprise Surveys, que evalúa de forma periódica el entorno empresarial en distintos países mediante consultas a empresarios y ejecutivos. La preocupación por la falta de trabajadores con la formación adecuada supera ampliamente a otros factores como la legislación laboral (18%) y la presión fiscal (16%). Aunque estos desafíos son comunes en muchas economías analizadas, Jorge Rodríguez Meza, jefe de la Unidad de Análisis Empresarial del Banco Mundial, señaló que en el caso español afectan de manera transversal a empresas de todos los tamaños. El problema se acentúa especialmente en las grandes empresas, donde un 41% identifica la falta de personal cualificado como el principal impedimento para su desarrollo. Este porcentaje se reduce al 36% en las medianas empresas y al 33% en las pequeñas. Además, los empresarios destacan otros obstáculos como el acceso a financiación, la incertidumbre política o la complejidad de los trámites y permisos necesarios para operar. Por su parte, las barreras arancelarias -un tema candente en el contexto de la guerra comercial impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump- no se incluyen entre los principales problemas para 2024, aunque podrían adquirir relevancia si el conflicto se intensifica. De ser así, las empresas españolas podrían ver comprometida su competitividad. Actualmente, las compañías españolas demuestran una notable eficiencia en sus operaciones exteriores: tardan de media 4,4 días en procesar exportaciones directas en aduanas, por debajo de los 5,8 días de promedio en países de altos ingresos. Asimismo, casi el 22% de las empresas exportan directamente al menos el 10% de su producción, superando el 17,7% de media en otras economías avanzadas. Pese a los desafíos señalados por los encuestados, el tejido empresarial en España se mantiene dinámico. El crecimiento anual real de las ventas alcanza el 3,9%, y el empleo crece a un ritmo del 5,6%, cifras que superan el promedio registrado en Europa y Asia Central. Estos resultados reflejan que, a pesar de los obstáculos estructurales, el entorno empresarial continúa generando actividad económica y empleo. Uno de los puntos más positivos del estudio es el alto grado de formalidad y baja incidencia de corrupción en el ámbito empresarial. El 94,6% de las empresas estaban registradas legalmente desde su creación y solo un 0,4% indicó haber sido víctima de sobornos o presiones indebidas. Este dato sitúa a España por encima de la media regional en términos de transparencia institucional y buen gobierno, según destaca el Banco Mundial. En cuanto a la financiación, la situación presenta luces y sombras. Aunque casi todas las empresas (98%) disponen de cuenta corriente, únicamente el 40% accede a préstamos bancarios para financiar sus inversiones. La mayoría continúa dependiendo de recursos propios (67%), lo que indica que, aunque existe un sistema financiero desarrollado, no todos los segmentos empresariales tienen acceso igualitario al crédito. Además, apenas un 27% utiliza crédito comercial de proveedores para financiar su capital circulante, lo que limita las alternativas de liquidez. En el ámbito de la infraestructura, el informe señala que los cortes de electricidad son muy poco frecuentes -con una media mensual de solo 0,3 interrupciones-, pero existen notables retrasos en la obtención de servicios básicos. Por ejemplo, conectar una empresa a la red eléctrica puede tardar hasta 58 días, mientras que los trámites para obtener permisos de construcción se prolongan una media de 84 días, muy por encima de lo habitual en países con niveles de ingresos similares. Estas demoras implican costes adicionales y reducen el atractivo para nuevas inversiones. Por último, la economía informal sigue siendo un problema relevante: un 26,3% de las empresas encuestadas afirma competir con negocios no registrados, lo que introduce una competencia desleal y presiona los márgenes de las empresas legalmente establecidas.

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(El País, 27-05-2025) | Laboral

CSIF exigirá una ley para revalorizar automáticamente el sueldo de los empleados públicos con el IPC

El sindicato de funcionarios CSIF ha solicitado a los Grupos Parlamentarios que impulsen una proposición de ley que garantice una subida automática anual del salario de los más de tres millones de empleados públicos en España, en función del incremento del IPC, siguiendo el modelo ya aplicado en la actualización de las pensiones. Así lo ha comunicado este lunes Carlos Martínez Navarro, responsable del área de Administración General del Estado en CSIF, quien ha manifestado que están a la espera de que los partidos políticos respondan a esta petición para iniciar las negociaciones. No obstante, ha aclarado que esta iniciativa no sustituye la reivindicación principal del sindicato: recuperar el poder adquisitivo perdido por los empleados públicos desde los recortes de 2010. Según CSIF, esa pérdida asciende al 22%, por lo que defienden que los salarios crezcan por encima del IPC. Además de esta propuesta, CSIF exige que en el marco de la reforma de la Administración -que está siendo debatida con el Ministerio de Función Pública- se establezca la equiparación salarial entre las distintas administraciones. Según denuncia el sindicato, los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) perciben un sueldo medio un 33% inferior al de sus homólogos en comunidades autónomas y ayuntamientos. Por otro lado, el sindicato sigue esperando que el Gobierno haga efectivo el pago pendiente del 0,5% del salario correspondiente a 2024. También han pedido iniciar cuanto antes las negociaciones con el Ejecutivo y el resto de sindicatos para pactar un nuevo acuerdo salarial de carácter plurianual, que defina las futuras subidas desde 2025, año para el cual aún no se ha producido ningún incremento salarial para los empleados públicos. Otra reivindicación destacada por CSIF es la necesidad urgente de crear nuevos puestos de trabajo en la administración estatal. Según ha indicado Martínez Navarro, el propio Gobierno les ha reconocido un déficit superior a los 20.000 empleos, necesarios para garantizar una prestación adecuada de los servicios públicos. Este déficit, acumulado en la última década, afecta especialmente a organismos como la Seguridad Social, el SEPE o la Agencia Tributaria. En palabras de representantes del sindicato en la Seguridad Social y el SEPE, "estas instituciones no resultan atractivas para el empleo", debido al alto nivel de exigencia profesional y a las retribuciones más bajas que en otras administraciones, lo que dificulta cubrir las vacantes. En el caso del SEPE, CSIF estima que el 45% de las oficinas carece del personal necesario, situación que se agrava por serias deficiencias tecnológicas que podrían poner en riesgo la gestión de las prestaciones por desempleo. Ante esta realidad, el sindicato ya ha comenzado a negociar con Función Pública la planificación de necesidades de personal para la próxima Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2025, que previsiblemente se aprobará en julio. Aún no se han determinado las cifras concretas, pero CSIF asegura que la intención del Ejecutivo es mantener el volumen de contrataciones de los últimos dos años, en torno a las 40.000 plazas, incluyendo los cuerpos de seguridad del Estado. Finalmente, el sindicato ha destacado que, según datos provisionales proporcionados por Función Pública, el año 2024 ha sido el ejercicio con mayor creación neta de empleo público desde 2014, con alrededor de 9.000 nuevos puestos, lo que representa una mejora respecto a los años anteriores en cuanto a generación de empleo en el sector estatal.

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(El Economista, 27-05-2025) | Laboral

El pluriempleo se desploma, cayendo un 12% entre los asalariados

En el primer trimestre de 2025, el número de personas ocupadas que cuentan con un segundo empleo se situó en 537.700. Aunque esta cifra continúa siendo elevada en comparación con los niveles previos a la pandemia, representa el valor más bajo desde 2022 tras una caída interanual del 9,1%. En el caso de los asalariados, que representan el 80% de los pluriempleados, el descenso ha sido aún más pronunciado, alcanzando un 12,4%, el mayor registrado en un primer trimestre desde que existen datos. Este comportamiento rompe con una de las tendencias tradicionales del mercado laboral español, influido por factores como la reforma laboral y los recientes incrementos salariales. El pluriempleo suele interpretarse como una señal de precariedad, pero también actúa como un indicador del momento económico. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que se remontan a 2002, muestran cómo esta modalidad laboral tiende a incrementarse en fases de expansión del PIB y generación de empleo, y a reducirse en periodos de crisis. Durante los años de auge previos a la Gran Recesión -la llamada burbuja inmobiliaria, financiera e hipotecaria-, el número de trabajadores con más de un empleo creció con fuerza, pasando de 287.400 en 2002 a 571.800 en 2008. La tasa de pluriempleo respecto al total de ocupados subió del 1,7% al 2,8%, lo que indica que este fenómeno creció a mayor ritmo que el empleo general. Esto reflejaba tanto la necesidad de complementar ingresos como la facilidad para encontrar empleos adicionales. Sin embargo, tras el estallido de la crisis, la situación cambió drásticamente. En 2012, los pluriempleados descendieron hasta los 330.500, apenas el 1,9% del total. Esta caída está en línea con la destrucción masiva de empleo, que redujo la ocupación total en un 14%. Curiosamente, el pluriempleo empezó a recuperarse antes que el empleo general, cuyo punto más bajo no llegó hasta 2014. Esto se debe a que la mayoría de los empleos secundarios se concentran en el sector servicios, que fue el primero en mostrar signos de recuperación gracias al turismo. Pese a la salida de la crisis, los niveles anteriores de pluriempleo no se recuperaron plenamente, reflejo de un crecimiento económico menos dinámico. Fue tras la pandemia cuando se alcanzó un nuevo récord: 602.600 personas con empleo secundario en el cuarto trimestre de 2023, con una tasa del 2,8% del total de ocupados. Este dato subraya que el incremento no fue solo fruto del aumento general del empleo, sino que el peso del pluriempleo dentro del mercado laboral también creció. Sin embargo, ese fue su pico máximo. Ya en el primer trimestre de 2024, el número descendió a 591.300, algo que podría explicarse por la estacionalidad habitual de esta modalidad. Desde entonces, la cifra ha seguido bajando, y en 2025 se ha registrado el primer descenso interanual en un primer trimestre desde 2021 (marcado por la pandemia) y el más fuerte desde 2012. Así, la tasa ha caído al 2,5%. Lo más destacable es que esta bajada se concentra en los asalariados. Mientras que los trabajadores por cuenta propia -el 20% de los pluriempleados- han aumentado un 6,5%, los asalariados con un segundo empleo han disminuido un 12,4% en un año. Actualmente, hay 427.200 asalariados pluriempleados, el nivel más bajo desde 2022. Estos representan ahora el 2,3% del total de asalariados, frente al 2,7% de hace un año. Este dato es significativo porque confirma que el peso del pluriempleo entre los asalariados ha caído a su nivel más bajo desde 2021, cuando la economía comenzaba a salir del impacto de la pandemia. En definitiva, su evolución se ha desacoplado de la tendencia general del empleo.

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(El Economista, 27-05-2025) | Laboral

Solo el 10% de los ocupados en España cuenta con un plan de pensiones de empleo

En los últimos años, la Seguridad Social ha introducido diversas reformas con el objetivo de fomentar el ahorro privado como complemento a las pensiones públicas. La modificación más reciente en este ámbito se produjo en 2022, cuando se actualizó el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones para desarrollar con mayor claridad la previsión social complementaria y dar impulso a los planes de pensiones de empleo. Hasta la fecha, el único plan que realmente ha tomado impulso tras esta reforma ha sido el del sector de la construcción, acordado en enero de 2024. No obstante, los datos más recientes revelan que la implantación de estos mecanismos en España sigue siendo limitada. Según el informe Situación de las pensiones en España de la consultora KPMG, el ahorro acumulado en planes de empleo representa menos del 1% de la masa salarial y apenas cubre al 10% de los trabajadores. En el resto de Europa, la cobertura de estos complementos de pensión varía significativamente, situándose entre el 25% y el 90% de los empleados, dependiendo de si los sistemas son obligatorios por ley o fruto de la negociación colectiva. Entre los principales obstáculos para el desarrollo de los planes de pensiones de empleo en España, el investigador de Fedea, Miguel Ángel García, señala tres factores: la alta tasa de reposición de las pensiones públicas, los sueldos medios relativamente bajos y los escasos incentivos fiscales. La tasa de reposición -esto es, el porcentaje del último salario que representa la pensión de jubilación- se sitúa en España en un 81%, según Eurostat, solo por detrás de Grecia. En comparación, el promedio europeo es del 61% y, en el caso de la OCDE, se reduce al 42% para un trabajador con ingresos medios, considerando solo las pensiones públicas. Para reforzar lo que se denomina el segundo pilar de la jubilación -los sistemas promovidos por las empresas-, el abogado de Mercer y miembro de OCOPEN, Antonio Méndez Baiges, subraya que no basta con aumentar el número de planes o los empleados que participan en ellos. También es esencial que las aportaciones a estos esquemas sean adecuadas. Según sus palabras: "Se necesita más planes, más partícipes y mayores aportaciones". En paralelo, las aportaciones a los planes individuales han ido disminuyendo progresivamente. Este retroceso se aceleró tras la decisión de reducir el límite de aportación anual a 1.500 euros, con la intención de fomentar el desarrollo de sistemas colectivos. Como resultado, entre 2021 y 2022 estas aportaciones se redujeron un 34%, y en 2023 la caída fue del 9%. A finales de 2024, los niveles se mantuvieron prácticamente estables. Por el contrario, en 2024 los sistemas de empleo crecieron un 24% respecto a los individuales, impulsados por la puesta en marcha del plan sectorial de la construcción y el aumento de planes simplificados dirigidos a autónomos. Otro aspecto destacado por el informe es cómo el tamaño de los planes influye en su rentabilidad y eficiencia en costes. Para resolver esta situación, KPMG recomienda que el Gobierno fomente los Fondos de Pensiones de Empleo de Promoción Pública (FPEPP). Sin embargo, este objetivo parece aún lejano: los cinco supervisores designados por el Ejecutivo para controlar estos fondos dimitieron en bloque, al no haberse adherido ningún plan más de un año después de su creación. En conjunto, el patrimonio destinado al ahorro previsional en España sigue estando muy por debajo del promedio de la OCDE. A finales de 2022, el ahorro privado representaba el 11,8% del PIB. Además, de acuerdo con los datos de Inverco, los activos gestionados por los planes de pensiones al cierre de 2024 ascendieron a 131.833 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,7% interanual. Esta cifra equivale aproximadamente al gasto anual de la Seguridad Social en pensiones de jubilación.

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(El Periódico, 27-05-2025) | Laboral

Empresarios y directivos señalan la formación de la mano de obra, normativa laboral y exceso de impuestos como las 3 grandes trabas para su actividad

Las compañías españolas aún dedican un 10,5% de su tiempo a cumplir con trámites y obligaciones burocráticas impuestas por las normativas gubernamentales. Aunque esta cifra ha mejorado respecto a 2021, cuando era del 13%, sigue siendo superior al promedio del 8% que registran economías con niveles de ingresos similares. Es decir, el llamado "impuesto de tiempo" en España continúa siendo más elevado que en otros países comparables. Este dato forma parte de los resultados de las Encuestas Empresariales del Banco Mundial, cuyos hallazgos se han presentado este lunes en la sede de la Cámara de Comercio de España en Madrid. La propia Cámara se encargó de coordinar el trabajo de campo, que consistió en entrevistar a 1.431 propietarios y altos cargos de empresas españolas entre enero de 2024 y marzo de 2025. En cuanto a los principales factores que obstaculizan la actividad empresarial, los directivos encuestados identifican como principal barrera la carencia de una formación adecuada entre los trabajadores (mencionada por el 35% de las empresas). Le siguen las regulaciones laborales (18%) y la carga impositiva (15,9%). Otros elementos como el acceso a financiación (5,5%), la incertidumbre política (5,1%), los problemas de transporte (4,4%) o la obtención de permisos (3,5%) quedan en un segundo plano. Solo el 2,9% de los encuestados consideran que el suministro eléctrico representa un problema para sus negocios. Durante la presentación del informe, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, señaló que "la excesiva carga administrativa y regulatoria representa un coste añadido para las empresas, dificulta su operativa diaria y afecta negativamente a su competitividad". Añadió que este impacto es especialmente perjudicial para las pequeñas y medianas empresas, a las que limita sus posibilidades de crecimiento. Estas trabas regulatorias, según se explicó, afectan al rendimiento empresarial y son un elemento clave del programa insignia del Banco Mundial denominado Business Ready (antes Doing Business). Esta edición del informe incluye datos recogidos en 103 países mediante más de 250.000 entrevistas. En el caso de España, se encuestó a empresas de los sectores industrial y de servicios con más de cinco trabajadores, manteniendo una metodología homogénea para todos los países. Las encuestas cubren una amplia gama de temas: desde infraestructuras, comercio, fiscalidad, acceso a financiación y regulación, hasta innovación, prácticas de gestión, economía sumergida, corrupción y percepciones sobre el entorno empresarial. Norman Loayza, director del Grupo de Indicadores Globales del Banco Mundial, fue el encargado de presentar los aspectos más destacados del informe. Subrayó puntos positivos, como que "las empresas más productivas en España tienden a expandirse, lo que genera más empleo y mejores salarios". A su juicio, esto muestra la necesidad de facilitar el crecimiento de este tipo de empresas, aunque para lograrlo "es necesario permitir que las menos eficientes abandonen el mercado", haciendo referencia al concepto de "destrucción creativa" formulado por el economista Joseph Schumpeter. En cuanto a los elementos negativos, Loayza apuntó directamente a los problemas en el ámbito laboral. Indicó que "el marco normativo que regula las contrataciones y despidos es especialmente complejo", y citó como ejemplo que "hay más conflictos laborales en España y los procesos judiciales se prolongan más tiempo que en otros países". Según los datos del informe, las empresas españolas pagan un promedio de siete semanas de salario en caso de despido, frente a las cinco semanas que se abonan en países con niveles de ingreso similares. Además, el 15% de las empresas españolas ha estado implicada en un litigio laboral en los últimos tres años, frente al 6% en la media internacional comparable. También el tiempo medio de resolución de estos conflictos es mayor: siete meses en España, frente a cinco en otros países del entorno.

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