(El Economista, 04-11-2025) | Laboral
El Consejo de Ministros debatirá hoy en primera lectura el anteproyecto de ley del Estatuto del Becario, una norma impulsada por Yolanda Díaz y pactada hace más de dos años con CCOO y UGT, cuyo objetivo es regular las prácticas de estudiantes en empresas y administraciones públicas para eliminar la figura del falso becario. Este será el primer paso antes de su envío al Congreso de los Diputados, donde la oposición de Junts y las dudas de algunos partidos de izquierda podrían dificultar la aprobación de una ley que obligaría a las empresas a compensar los gastos de los estudiantes en formación.
Fuentes del Ministerio de Trabajo ya habían adelantado la semana pasada que era muy probable que el borrador se tratara en la reunión del Ejecutivo de este martes, algo que se confirmó ayer. El texto fue negociado con los agentes sociales durante la anterior legislatura, y el acuerdo se firmó poco antes de las elecciones generales de 2023. Sin embargo, el proyecto no se había impulsado desde entonces, pese a que el proceso de consulta pública terminó hace casi un año, debido a las reservas del ala socialista del Gobierno.
Durante el inicio de la actual legislatura, Trabajo expresó su intención de abrir un nuevo proceso de diálogo con patronal y sindicatos sobre el borrador, aunque los sindicatos se opusieron al considerar que el texto ya había sido consensuado en dos ocasiones. Por ello, confían en que el Consejo de Ministros apruebe mañana el texto original, sin modificaciones sustanciales.
El borrador incorpora novedades importantes, como la obligación de que las empresas compensen económicamente al becario los gastos de desplazamiento, manutención o alojamiento, si no recibe una retribución por sus prácticas ni cuenta con una beca que cubra dichos costes. En las primeras fases de negociación se llegó a plantear fijar una compensación mínima obligatoria, pero los sindicatos la rechazaron por considerar que las prácticas son una actividad formativa y no laboral, y que ese pago podría incentivar la sustitución de empleo ordinario por becas mal remuneradas.
El texto también especifica que las prácticas deben estar vinculadas a estudios oficiales, como Formación Profesional, enseñanzas artísticas o deportivas, especialidades formativas o grados universitarios. En el caso de los universitarios, se diferencian las prácticas curriculares (obligatorias para obtener el título) y las extracurriculares (voluntarias), que no podrán superar las 480 horas, ya que se considera que en ese punto aumenta el riesgo de fraude.
Antes de llegar al Parlamento, la norma deberá volver al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Además, el proyecto prevé reforzar el control de la Inspección de Trabajo, que verificará que los convenios y acuerdos de prácticas cumplen lo establecido por la ley. Este control se incluirá en la planificación anual de actuaciones inspectoras, y las infracciones podrán sancionarse con multas de entre 70 y 225.000 euros, dependiendo de su gravedad.
Por ejemplo, si el convenio de prácticas no recoge los elementos básicos exigidos por el Estatuto del Becario -como los derechos del estudiante, el sistema de tutorías o la compensación económica-, la empresa podría enfrentarse a sanciones de entre 70 y 750 euros. En los casos en los que el estudiante deba pagar por realizar las prácticas, se vulneren sus derechos o no se informe al comité de empresa, las multas podrían alcanzar los 7.500 euros.
Las infracciones más graves, como las que impliquen discriminación por motivos de edad, sexo, origen, ideología, religión o afiliación sindical, así como las que afecten a la retribución, jornada o promoción profesional, conllevarán sanciones que pueden oscilar entre 120.000 y 225.018 euros.