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(El País, 03-07-2025) | Laboral

¿Cuándo alcanzará España los anhelados 22 millones de trabajadores?

El mercado laboral en España está a punto de alcanzar una cifra simbólica que suele ser utilizada como argumento político y titular mediático: los 22 millones de personas trabajando. Este hito parece inminente gracias al sólido comportamiento del empleo, que en los últimos años ha venido sumando alrededor de medio millón de nuevos puestos anuales. Las dos principales referencias que evalúan esta evolución -la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE y los datos de afiliación a la Seguridad Social- muestran una tendencia clara hacia esa meta. En lo que respecta a la EPA, se espera que los 22 millones de ocupados se alcancen en la próxima publicación, prevista para el 24 de julio, que reflejará los datos del segundo trimestre de 2025. Al término del primer trimestre, el número de personas ocupadas se situaba en 21.765.400, lo que deja un margen de apenas 235.000 empleos. Dada la evolución histórica en los segundos trimestres -con incrementos de 434.700 empleos en 2024, 624.200 en 2023 y 333.800 en 2019- todo indica que esa cifra se superará con holgura. El panorama es algo distinto en el caso de la afiliación a la Seguridad Social, que este miércoles hizo públicos sus datos de junio. A diferencia de la EPA, que se basa en encuestas y puede incluir perfiles laborales que no aparecen en los registros administrativos, la afiliación recoge datos directos, por lo que habitualmente muestra cifras ligeramente inferiores. Sin embargo, ambos indicadores se encuentran ahora bastante alineados, tras haber estado muy desajustados antes de la pandemia. En junio, la afiliación media fue de 21.861.095 trabajadores, lo que deja la meta de los 22 millones a una distancia de 139.000 empleos. La afiliación diaria llegó a un máximo de 21.949.706 el 17 de junio, quedando a solo 51.000 del objetivo. A pesar de la cercanía, desde el Gobierno se mantiene la cautela. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, señaló que "hay que ser prudentes", advirtiendo de que la estacionalidad de julio ha cambiado: la estabilización del empleo y la menor temporalidad han reducido el impulso que tradicionalmente caracterizaba a ese mes. Según el Gobierno, la reforma laboral, que ha reducido la temporalidad del 26% al 15%, ha llevado a muchas empresas a adelantar contrataciones a los meses de primavera, restando dinamismo a julio, pese al auge del turismo. A ello se suma el parón de actividad en sectores no turísticos durante los meses estivales, con ejemplos claros como el educativo, que solo entre mayo y junio perdió 56.592 empleos. Los datos recientes también reflejan esta tendencia: en julio de 2024 se destruyeron 9.783 empleos, mientras que en 2023 se crearon 21.945. Ambas cifras están lejos de los 140.000 nuevos empleos necesarios para rebasar el umbral de los 22 millones en el promedio mensual. Incluso en 2019, antes de la pandemia, el aumento de afiliación en julio fue de solo 15.514 personas. En cuanto a agosto, tampoco se prevé que sea el mes del récord, ya que habitualmente se caracteriza por una pérdida de empleo por el cierre temporal de muchas actividades. En 2023 se perdieron 193.704 empleos en ese mes, y en 2022, 185.385. La siguiente oportunidad real para alcanzar el ansiado hito en la afiliación a la Seguridad Social podría llegar en diciembre, cuando la campaña navideña genera un repunte del empleo. Sin embargo, los datos históricos muestran que diciembre tiende a igualar, pero no superar, las cifras de empleo de junio o julio, por lo que alcanzar los 22 millones en ese mes también se presenta como una meta difícil.

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(El Economista, 03-07-2025) | Laboral

Primera sentencia que reconoce la remuneración del permiso parental de ocho semanas en el sector privado

Primera sentencia que reconoce el derecho a cobrar el permiso parental de ocho semanas para el cuidado de hijos menores de ocho años en el ámbito privado. Hasta ahora, ya se habían dictado al menos cuatro resoluciones similares, pero todas referidas a empleados del sector público. El Juzgado de lo Social número 1 de Barcelona ha dictado el 30 de junio un fallo en el que establece que las empresas privadas también están obligadas a abonar este permiso a sus trabajadores. El caso se refiere a un empleado que solicitó a su empresa disfrutar de este permiso durante varias semanas de los meses de julio y agosto, sin obtener respuesta por parte de la compañía. Al tratarse de un derecho laboral, el Juzgado ha tramitado el procedimiento por vía urgente y ha fallado a favor del trabajador, reconociendo tanto su derecho a disfrutar del permiso como su carácter remunerado. "Interpretar lo contrario supondría ignorar un derecho reconocido a favor del trabajador", recoge la sentencia. Este permiso fue introducido por el Gobierno mediante un Real Decreto-ley aprobado el 28 de junio de 2023, pero sin establecer su retribución. No obstante, la normativa europea sobre conciliación laboral y familiar exige que los Estados miembros aseguren su carácter remunerado antes del 2 de agosto de 2024, algo que España todavía no ha implementado. El juez considera que la directiva comunitaria es clara, concreta y suficientemente detallada al señalar que el permiso debe ser pagado, y que el incumplimiento por parte del Estado español no puede perjudicar al trabajador. En su razonamiento, el tribunal recuerda que tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han confirmado que el principio de primacía del Derecho europeo obliga a los jueces a aplicar e interpretar las leyes nacionales de acuerdo con la normativa de la UE. Por ello, con el objetivo de garantizar la efectividad de la directiva, el magistrado concluye que la falta de desarrollo normativo por parte del Estado no puede ser un obstáculo para la aplicación del derecho europeo.

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(El Economista, 03-07-2025) | Laboral

La Gran Rotación arrastra a 2,4 millones de trabajadores cada trimestre en España

El mercado laboral español arrastra un problema estructural que, aunque menos visible que su elevada tasa de paro, está íntimamente relacionado con ella: la altísima rotación de los puestos de trabajo. En tan solo tres meses, 1,3 millones de personas se han incorporado a un nuevo empleo, mientras que 1,1 millones han abandonado el suyo. Aunque el resultado neto es positivo en términos de creación de empleo, este movimiento constante afecta al 10,8% del total de ocupados, la mayor tasa de rotación de toda la Unión Europea y la única que supera el 10%. A diferencia de las estadísticas tradicionales que miden los flujos entre empleo, desempleo e inactividad, este indicador, elaborado por Eurostat, pone el foco en la inestabilidad del empleo a corto plazo. En el caso español, el 5,8% de los trabajadores ocupaban un nuevo empleo en el trimestre analizado, una cifra inferior a la de países como Finlandia (6%) o Dinamarca (5,9%). No obstante, un nuevo trabajador no implica necesariamente un nuevo puesto de trabajo creado. Puede tratarse de una persona que estaba en paro o inactiva, pero también de alguien que ha cambiado de empleo. La inmigración también juega un papel relevante, pues muchos trabajadores recién llegados al país no se contabilizan como desempleados previamente. Esta situación, similar a la de algunos países nórdicos, puede distorsionar los datos de rotación. Lo que realmente distingue a España es el alto porcentaje de personas que dejan su empleo en ese mismo periodo: un 5% del total de ocupados, el más alto de la UE, y muy por encima de Finlandia (3,7%), Suecia (3,6%) y Francia (3,6%). ¿Abandonan estos trabajadores sus puestos por decisión propia o son víctimas de despidos o fin de contratos? Aunque Eurostat no lo detalla en este informe concreto, un estudio de 2023 reveló que en España el 81,6% de esas salidas respondían a motivos laborales como la finalización de contratos temporales, despidos o cierres de empresas. Aunque en países como Italia (89,9%), Hungría (88,6%) o Grecia (87,6%) este porcentaje es superior, en ellos la rotación es bastante menor. Sumando los datos de incorporaciones y abandonos, España registra una tasa de rotación del 10,8%, encabezando el ranking europeo y siendo la única nación con una cifra de dos dígitos. Este nivel de rotación es comparable a su también elevada tasa de desempleo. Una nota positiva es que esta volatilidad está disminuyendo, aunque lentamente. En el primer trimestre de 2025, la tasa fue del 10,8%, por debajo del 12% registrado en el mismo periodo de 2019. Curiosamente, durante 2020 y 2021, en plena pandemia, la rotación fue algo menor. Lo más significativo del dato actual es que, por primera vez, disminuyen tanto las entradas como las salidas, algo inédito en toda la serie histórica de Eurostat, que comienza en 2009. En aquel año, marcado por la crisis económica, el 7,1% de los ocupados había perdido su empleo recientemente, frente a un 5,7% que había comenzado uno nuevo. Esta situación de pérdida neta de empleo se mantuvo hasta 2015, cuando las nuevas incorporaciones comenzaron a superar las salidas, una tendencia que, salvo durante la pandemia, se ha mantenido desde entonces. A lo largo de la serie histórica, se observa un patrón claro: cuando disminuyen las incorporaciones, aumentan las salidas, y viceversa. Esto refleja que la creación neta de empleo solo se logra si las nuevas contrataciones superan a los abandonos. Pero en un mercado tan inestable como el español, esta dinámica genera un empleo frágil. En países con baja tasa de paro, como Alemania, lo habitual es que las incorporaciones superen de forma consistente a las salidas, pero con escasas oscilaciones. Esto indica un mercado laboral estable, donde los trabajadores pueden cambiar de empleo sin generar un efecto negativo sobre la ocupación total. Por eso, crisis como la financiera o la del COVID-19 tuvieron efectos mucho menos graves en el mercado laboral alemán que en el español. En resumen, una rotación alta puede generar empleo, pero si no está acompañada de estabilidad, lo hace de forma muy vulnerable.

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(El País, 02-07-2025) | Laboral

El Gobierno aprueba la subida salarial pendiente del 0,5% para los empleados públicos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un incremento salarial del 0,5% para los empleados públicos, correspondiente al tramo pendiente del acuerdo firmado con los sindicatos para el último trienio, según informó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Aunque la medida se aprueba ahora, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, lo que significa que los más de tres millones de empleados públicos recibirán en su nómina de agosto un pago adicional con la cantidad acumulada, además de ver reflejado el nuevo salario actualizado. Esta subida se había anunciado hace más de un mes y medio por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, durante un congreso de UGT. Sin embargo, llevaba más de un año y medio aplazada desde que expiró el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado por el Gobierno con UGT y CC OO (sin el respaldo de CSIF), y que preveía un aumento salarial del 9,8% entre 2022 y 2024. Este incremento del 0,5%, vinculado a la evolución del IPC, era la parte que aún estaba pendiente de aplicar. El 20 de mayo, López señaló que "la subida del 0,5% llegará en breve", aunque sin concretar fechas. Tampoco aportó más detalles en anteriores intervenciones públicas, donde vinculaba la medida a la necesidad de contar con nuevos Presupuestos Generales del Estado. A pesar de ello, el Ejecutivo ha aprobado la subida sin haber presentado aún un nuevo proyecto presupuestario. Según cálculos de CSIF, esta mejora salarial supondrá un desembolso total de 508 millones de euros y una subida media de unos 168 euros por funcionario. La demora en la aplicación del acuerdo generó malestar entre los sindicatos, especialmente CSIF, cuyos representantes se manifestaron en marzo frente al Ministerio de Hacienda, al que corresponde dar luz verde definitiva a la medida. También criticaron que no se hubiera convocado una mesa de negociación formal, a pesar de haberla solicitado en varias ocasiones. Con esta subida ya desbloqueada, los sindicatos centrarán ahora sus esfuerzos en negociar un nuevo acuerdo que incluya mejoras para los años 2025, 2026 y 2027. Entre los temas a tratar están la implantación de la jornada laboral de 35 horas, la regulación de la jubilación parcial, la revisión de la clasificación profesional y la aprobación de la oferta de empleo público de este año. Aunque ya se han celebrado varias reuniones con el Gobierno, la falta de una propuesta concreta por parte de Función Pública ha provocado retrasos y rechazo por parte de los sindicatos. El último encuentro, celebrado el pasado miércoles, terminó sin avances debido a que el Ejecutivo no presentó ninguna cifra sobre el número total de plazas a ofertar. Por ello, se ha convocado una nueva reunión esta semana con la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo, que evaluará las últimas propuestas sindicales. Sin embargo, cualquier acuerdo definitivo deberá aprobarse en la mesa general de negociación.

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(El Economista, 02-07-2025) | Laboral

España es la economía europea que más empleo temporal genera en su industria

En España, el 4% de los trabajadores asalariados está contratado a través de empresas de trabajo temporal (ETT), lo que coloca al país en la sexta posición dentro de la Unión Europea. Solo Letonia (7,4%), Irlanda (6%), Eslovenia (5,9% y 5,7%, según distintas fuentes) y los Países Bajos (4,6%) presentan un mayor porcentaje. No obstante, este orden cambia considerablemente si se analizan los datos por sectores: en la industria, por ejemplo, el porcentaje se eleva hasta el 8,6%, siendo el más alto de toda la UE. Los datos publicados por Eurostat, la oficina estadística europea, permiten contextualizar internacionalmente los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. En 2024, la presencia de las ETT en el mercado laboral español apenas ha variado con respecto al periodo anterior a la pandemia, reduciéndose solo una décima. El 4% actual supera ampliamente la media de la eurozona (2,7%) y de la Unión Europea (2,3%). Aunque España ha descendido tres posiciones respecto a 2019, esta bajada se debe más al aumento registrado en países como Lituania, Irlanda y Países Bajos que a una disminución propia. Es importante tener en cuenta que la regulación sobre la actividad de las ETT varía entre países: algunos limitan los sectores en los que pueden operar o los tipos de contrato que pueden ofrecer. Además, en 2021 Eurostat revisó su metodología estadística, lo que generó una distorsión significativa, especialmente en Luxemburgo, donde el empleo atribuible a ETTs saltó del 2,6% al 97%, una cifra que no puede considerarse fiable. En el caso de España, el cambio más significativo ha sido normativo. La reforma laboral de finales de 2021 restringió de forma importante el uso de contratos temporales, eliminando figuras como la del contrato por obra y servicio y penalizando las contrataciones de menos de 30 días con recargos a la Seguridad Social. Al mismo tiempo, se permitió a las ETTs ampliar su actividad mediante la contratación de trabajadores fijos discontinuos para atender necesidades puntuales de sus clientes. Entre 2019 y 2024, España ha pasado de liderar el ranking europeo de temporalidad con un 26,2% a situarse en tercer lugar con un 15,9%, solo por detrás de Países Bajos y Portugal. Sin embargo, el peso específico de las ETTs en el empleo se ha mantenido prácticamente constante, especialmente si se compara con los aumentos registrados en otros países que ahora la superan. En cuanto a los sectores más vinculados al empleo a través de ETTs, el Ministerio de Trabajo publica mensualmente datos sobre el uso de estas empresas. En abril de 2024, el 55,7% de los contratos de puesta a disposición se formalizaron en el sector servicios, destacando la logística (13%), los alojamientos turísticos (12%), la hostelería (6%) y el comercio minorista (6%). Otro 26,5% se concentró en la industria, con especial protagonismo del sector alimentario (11,6%). El sector agrario representó un 17,5% del total, mientras que la construcción tuvo una presencia residual, con solo el 0,25%. No obstante, estas cifras reflejan el número de trabajadores cedidos por ETTs en cada sector, pero no indican cuántos empleados de cada sector están contratados efectivamente por estas empresas. La EPA solo ofrece el dato nacional del 4% y no desglosa el uso por sectores. Aun así, podría pensarse que las áreas con mayor dependencia de las ETTs son aquellas vinculadas a servicios como la logística, el turismo y el comercio. Sin embargo, los datos de Eurostat revelan una realidad diferente. La clasificación sectorial de Eurostat divide la actividad económica en seis grandes grupos y calcula qué proporción de trabajadores en cada uno de ellos está contratada por una ETT. En el sector agrícola, el empleo temporal representa el 3,7%, por debajo de la media nacional. El conjunto que engloba comercio, transporte, logística y hostelería alcanza un 4,7%. Las profesiones de "cuello blanco", que incluyen tecnología, finanzas, consultoría, inmobiliaria y administración, registran un 3,4%. Los servicios auxiliares y el empleo doméstico se sitúan en un 2,1%, mientras que el grupo formado por la administración pública, la sanidad y la educación apenas llega al 0,6%. En cambio, el bloque que agrupa a la industria y la construcción alcanza el 8,6%, destacándose como el sector con mayor presencia de trabajadores contratados por ETTs en toda la UE.

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(El Periódico, 02-07-2025) | Laboral

El paro registrado baja en junio en 48.920 personas en todos los sectores, en todas las comunidades y todas las franjas de edad

El número de personas en desempleo inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de junio, ha bajado en 48.920 personas en relación con el mes anterior (-2%). El paro registrado se sitúa así en 2.405.963 personas, la cifra más baja desde junio de 2008, hace 17 años. Respecto a junio de 2024, el paro bajó en 155.104 personas (-6,06%), una reducción mayor que la registrada el año pasado y que triplica el ritmo de descenso mensual. También en términos desestacionalizados se constatan 16.834 personas menos. El paro registrado ha descendido en todos los sectores económicos en el mes de junio, siendo el de Servicios el sector que contempla una reducción más acusada con 38.253 personas (-2,16%) menos, seguido del de Industria con 4.589 personas (-2,41%), el de Construcción con 3.029 personas (-1,68%) y Agricultura 218 (-0,28%). Asimismo, en el colectivo Sin Empleo Anterior se ha registrado un descenso de 2.831 personas (-1,22%). El desempleo femenino se redujo en junio en 25.537 mujeres (-1,72%) con respecto al mes anterior, dejando el total de desempleadas en 1.460.884. Es la cifra más baja desde 2008 en un mes de junio. En comparación con el mismo mes de hace un año, actualmente hay 85.320 mujeres menos inscritas como desempleadas, una reducción que es mayor a la registrada entre los hombres con 69.784 desempleados menos. El paro masculino permanece por segundo mes consecutivo por debajo del umbral del millón de personas y se sitúa en 945.079 desempleados tras descender 23.383 personas (-2,41%). Además, el registro de jóvenes menores de 25 años en las oficinas del SEPE ha experimentado durante junio un nuevo descenso con 4.296 personas menos (-2,51%), situándose en 166.707 jóvenes, el nivel más bajo registrado en toda la serie histórica. En los mayores de 52 años se registra en junio una reducción de 12.651 personas hasta situarse en los 1.019.525. En el último año se ha registrado un descenso de 44.578 personas en este colectivo. El total de personas en desempleo desciende en todas las comunidades autónomas. Andalucía (-6.974 personas), Madrid (-6.571) y Castilla y León (-4.840) son las tres comunidades donde se ha registrado en junio el mayor descenso en cifras absolutas con respecto al mes anterior. El número total de nuevos contratos registrados durante el mes de junio ha sido de 1.496.673, un 8,46% más que en mayo. De ellos, 587.653 contratos son de carácter indefinido, lo que supone el 39,26% del total. Se afianza el nuevo paradigma de contratación indefinida iniciada tras la reforma laboral. Las personas beneficiarias existentes a final de mes fueron 1.455.261. El importe medio mensual por beneficiario en mayo, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ha sido de 1.323,5 euros, lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 256,1 euros (24%).  La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de mayo de este año ha sido del 74,4%, un 7,2% más que hace un año. La inversión total de mayo ascendió a 1.873 millones de euros.

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(Expansión, 01-07-2025) | Laboral

7.162 millones de euros para la cobertura de la incapacidad temporal

La Seguridad Social ha ingresado 72.687 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales durante los primeros cinco meses de 2025, lo que representa un incremento del 7,1% respecto al mismo periodo del año anterior. De los cerca de 4.800 millones de euros de crecimiento en la recaudación, alrededor del 10% se debe a los ingresos generados por el mecanismo de equidad intergeneracional, cuya finalidad es reforzar el Fondo de Reserva de las pensiones, también conocido como la "hucha" de las pensiones. El aumento en la recaudación se explica en buena parte por el crecimiento del empleo, pero también por las recientes subidas de las bases mínima y máxima de cotización, así como por la implantación de dicho mecanismo, que implica una cotización adicional del 0,8% sobre el salario bruto para todos los afiliados. Hasta mayo, esta aportación específica ha generado 1.955 millones de euros, lo que supone un 32,5% más que en el mismo periodo del año anterior -480 millones más-, consolidándose como un componente clave en la mejora de los ingresos del sistema. No obstante, al mismo tiempo que aumentan los ingresos, también crecen los gastos. Entre enero y mayo, la Seguridad Social destinó 7.162 millones de euros al pago de prestaciones por incapacidad temporal, es decir, bajas laborales. Esta cifra supone un 12,1% más que la registrada en el mismo periodo de 2024 y ya representa el 60% del presupuesto previsto para todo el año (11.764 millones). Este dato refuerza las advertencias de las patronales, como la CEOE, y entidades como la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), que denuncian el impacto económico del absentismo laboral, al que califican de "problema estructural" del mercado de trabajo. Según estimaciones de AMAT, el coste del absentismo podría superar los 32.000 millones de euros en 2025. En cuanto al balance presupuestario de la Seguridad Social hasta mayo, los datos reflejan un superávit de 2.835 millones de euros, en contraste con el déficit de 635 millones registrado en la misma fecha de 2024. Este saldo positivo es resultado de unos derechos reconocidos por operaciones no financieras que ascienden a 89.141 millones de euros (un 10,8% más que el año anterior), frente a unas obligaciones de 86.307 millones (un 6,4% más). Sin embargo, este equilibrio no sería posible sin la significativa aportación de fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. De los algo más de 89.000 millones de euros en derechos reconocidos, 15.451 millones (un 17% del total) corresponden a transferencias del Estado. Estas aportaciones tienen como objetivo cubrir, fundamentalmente, el elevado coste que suponen las pensiones, y reflejan la creciente dependencia del sistema de Seguridad Social de los ingresos fiscales para mantener su viabilidad.

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(El Economista, 01-07-2025) | Laboral

Los despidos "gratis" caen casi un 10%

Las bajas de afiliación a la Seguridad Social por despido sumaron 326.184 entre enero y abril, lo que supone una reducción del 4,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Es la primera vez que descienden desde la entrada en vigor de la reforma laboral. Este retroceso se debe exclusivamente a la caída de los despidos disciplinarios, que bajaron un 9,4%. Este tipo de despido no contempla indemnización, pero requiere una justificación sólida. Aun así, representa el 51,8% del total de ceses, lo que ha llevado a varios expertos a alertar de que se está utilizando como una vía encubierta para el despido libre, una práctica que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado como prioritaria para abordar en una nueva reforma del mercado laboral. En teoría, el despido libre no existe en España. Cualquier despido debe estar motivado por razones disciplinarias -sin derecho a indemnización- o causas objetivas, como razones económicas u organizativas, que implican una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Ambos se consideran despidos procedentes. Sin embargo, esto no impide que se pueda despedir sin una causa válida: si el trabajador impugna el despido, puede iniciarse una conciliación o, en su defecto, un juicio. En estos casos, si el despido se declara improcedente y no hay readmisión, la indemnización asciende a 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades. Además, puede sumarse una indemnización adicional si se demuestra un daño añadido, como una acusación falsa. Este marco legal está vigente desde la reforma laboral de 2012, que supuso una transformación profunda: redujo la indemnización por despido improcedente y eliminó el llamado despido exprés, que permitía pagar al trabajador sin necesidad de justificación, facilitando así ceses rápidos y con coste controlado. En su momento, el Gobierno del PP defendía que al reducir el coste del despido improcedente, se desincentivarían los despidos injustificados. Sin embargo, los datos no respaldaron esa hipótesis: el porcentaje de despidos disciplinarios pasó del 29% en 2013 al 56% antes de la pandemia. Aunque su peso disminuyó durante la crisis sanitaria (al 49%), volvió a repuntar en los años siguientes: 55% en 2021, 54% en 2022 y 53% en 2023. Esto ocurrió a pesar de que, desde 2021, estaba en marcha una nueva reforma laboral -pactada entre Gobierno, sindicatos y patronal- que incrementó notablemente la contratación indefinida. Sin embargo, también se produjo un aumento de los despidos. Si comparamos los datos de enero a abril de 2025 con el mismo periodo de 2019, los despidos han crecido un 76,7%. Los disciplinarios subieron un 62,25%, hasta 169.145 casos (el 51% del total), mientras que los objetivos crecieron aún más: un 107,4%, hasta los 145.503 (un 44% del total). Esto sugiere que muchas empresas firmaron contratos indefinidos para trabajos que en realidad no lo eran, aprovechando la baja antigüedad de los empleados para despedir con indemnizaciones mínimas, a menudo sin justificar adecuadamente el cese. No obstante, esta tendencia ha comenzado a cambiar en el último año. La caída de los despidos disciplinarios es significativa: bajaron un 9,4% (un 14,7% solo en abril), mientras que los objetivos aumentaron un 3,7%. Esta evolución puede interpretarse como una señal de estabilización en el empleo tras la reforma laboral, aunque los disciplinarios siguen siendo la mayoría. Otra lectura posible es que las presiones judiciales y políticas han empezado a disuadir a algunas empresas de recurrir a este tipo de despido sin una causa real.

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(Expansión, 30-06-2025) | Laboral

Los mayores de 50 años copan el aumento de autónomos desde 2021

En los últimos cuatro años, el número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha aumentado en 106.654 personas. No obstante, este crecimiento se debe casi exclusivamente al incremento de trabajadores mayores de 50 años, cuya cifra ha subido en 176.078. Por el contrario, el grupo de autónomos de entre 30 y 49 años ha registrado una caída de 72.881 afiliados. El envejecimiento de la población activa es uno de los principales desafíos para los países desarrollados, especialmente en lo que respecta a la sostenibilidad del sistema de pensiones. En el caso de España, el aumento de la esperanza de vida y la baja natalidad están reduciendo el número de trabajadores en activo, lo que tensiona aún más el equilibrio del sistema del bienestar. Esta tendencia afecta a todo el mercado laboral, pero es especialmente significativa entre los trabajadores autónomos. Desde 2021, en un contexto de crecimiento sostenido del empleo, el aumento de afiliaciones al RETA se ha concentrado casi exclusivamente en los mayores de 50 años, evidenciando el envejecimiento progresivo del colectivo. Así lo refleja un informe reciente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que detalla que entre mayo de 2021 y 2025, el crecimiento neto de afiliados al RETA se ha producido gracias al empuje de los trabajadores de mayor edad. De hecho, los mayores de 64 años son el segmento que más ha crecido, con 56.186 nuevos autónomos, lo que representa un aumento del 39,6%. Según Lorenzo Amor, presidente de ATA, esta subida se debe en gran parte al retraso en la edad de jubilación y al auge de la jubilación activa, cada vez más utilizada por autónomos que han alcanzado la edad legal para retirarse. En este sentido, el Gobierno está avanzando en medidas para flexibilizar la jubilación. Entre las propuestas recientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se incluye una reforma para fomentar la jubilación flexible. Esta permitiría a los pensionistas reincorporarse al trabajo por cuenta propia, compatibilizando la actividad con el cobro del 20% de la pensión, una posibilidad que hasta ahora no estaba contemplada. Por otro lado, este desplazamiento hacia franjas de edad más avanzadas también se explica por factores relacionados con las expectativas vitales y laborales. Las personas mayores suelen mostrar mayor disposición a emprender, especialmente si pueden hacerlo mientras perciben parte de su pensión. Además, al contar con trayectorias profesionales más estables, suelen asumir con menor temor los riesgos asociados al autoempleo. Por contra, en las cohortes de edad media la expectativa de éxito a través de una actividad por cuenta propia es mucho menor. Prueba de ello es que del retroceso de afiliaciones al RETA entre los 30 y 49 años, dos de cada tres (66,3%) corresponde a trabajadores de entre 40 y 44 años. "En esta franja de edad existe una mayor expectativa en el trabajo por cuenta ajena, que provoca las bajas en el colectivo en esta franja de edad", señala Amor. Por su parte, el emprendimiento también ha contribuido ligeramente al saldo positivo del régimen de autónomos, concretamente con 23.457 nuevos autónomos de menores de 30 años desde 2021."El ritmo de altas es mucho menor entre los jóvenes", apunta el presidente de la patronal subrayando, eso sí, que el crecimiento en este segmento sería mucho mayor si se tienen en cuenta los datos de los últimos diez años, "lo que demuestra que sigue habiendo emprendimiento en España". Por otro lado, el informe realizado desde ATA muestra también una radiografía del colectivo en función de la edad. El colectivo sénior sigue a la cabeza, ya que prácticamente uno de cada dos autónomos que cotizan a la Seguridad Social en España, el 47,2%, tiene más de 50 años. "Lo que muestra el envejecimiento del colectivo", señala el documento, desglosando que los mayores de 64 años representan únicamente el 5,8% del total del RETA (198.240 autónomos) y los autónomos menores de 30 años representan el 7% del total (240.346), mientras que los menores de 20 años representan solo el 0,3%. Las mujeres se muestran mucho más emprendedoras que los hombres: de los 106.654 nuevos autónomos, 76.575 son mujeres, el 71,8% del total del crecimiento. Las mujeres autónomas han crecido desde mayo de 2021 en todos los tramos de edad a excepción de las mujeres que tienen entre 40 y 44 años, que han descendido en 6.277 cotizantes al RETA. "Los datos señalan a que este descenso tiene relación con periodos de maternidad y de cuidados familiares" apunta Lorenzo Amor.

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(El Economista, 30-06-2025) | Laboral

El gasto en pensiones marca un nuevo récord en junio, 26.777 millones

La Seguridad Social desembolsó en junio un total de 26.776,94 millones de euros en pensiones, una cifra que duplica la de un mes habitual debido al abono de la paga extraordinaria de verano. En concreto, el Ministerio que encabeza Elma Saiz destinó 13.563,84 millones de euros a la nómina mensual ordinaria y otros 13.213,09 millones a la paga extra. Este importe representa un nuevo máximo histórico y supone un aumento del 6,38% respecto a junio del año pasado. Estos datos surgen en un contexto de debate sobre el incremento del gasto militar solicitado por la OTAN, y su posible encaje con otras partidas clave como pensiones, sanidad o dependencia. Si España accediera a elevar el presupuesto de Defensa al 5% del PIB, como propuso Donald Trump, se necesitarían 107.235 millones de euros adicionales, más de la mitad de lo que actualmente se dedica anualmente al sistema público de pensiones. El gasto mensual en la nómina ordinaria -es decir, sin contar la paga extra- también creció respecto al año anterior. Incluyendo pensiones por jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares, el aumento fue del 6,37%, y específicamente en las pensiones de jubilación, que concentran el 73% del total del gasto (9.914,5 millones), el incremento fue del 6,35%. Este repunte supera las proyecciones realizadas por la AIReF en mayo, que estimaban un crecimiento del 5,8% para finales de año. El alza del gasto se debe principalmente al mayor número de beneficiarios y al incremento en el importe medio de las pensiones. En junio, la pensión media del sistema ascendió a 1.311,4 euros mensuales, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior. En cuanto a la paga extra, el promedio fue de 1.280,3 euros. En el caso de los jubilados, que suponen más de dos tercios del total de perceptores, la pensión media mensual alcanzó los 1.505,9 euros, mientras que su paga extra se situó en 1.484,3 euros, unos 200 euros más que la media general. Por su parte, los nuevos jubilados registrados en junio tienen una pensión media de 1.551,7 euros mensuales, lo que representa un incremento del 1,29%. Para los que procedían del régimen de asalariados, la cifra asciende hasta los 1.656,8 euros, un 1,58% más. Durante el mes de junio, la Seguridad Social abonó pensiones a 10.342.975 personas, lo que supone un aumento del 1,76% respecto al año anterior. De ese total, 6.583.748 son jubilados, un 1,83% más que en junio de 2023. La mayoría de los pensionistas reciben el doble pago en junio -la mensualidad ordinaria más la extra de verano- salvo unos 22.463 beneficiarios que tienen prorrateada esta cuantía en sus doce pagas anuales. Entre enero y mayo, se han producido 155.131 nuevas altas de jubilación, según ha informado este jueves el Ministerio de Seguridad Social. Dentro de ellas, las jubilaciones demoradas, que se han incentivado desde 2022 y cuya reforma se aplicó en abril junto a los cambios en la jubilación parcial y activa, representan ya el 11,4% del total, frente al 4,8% de 2019. Este cambio, apunta el Ministerio, refleja el efecto de las bonificaciones por retrasar la edad de jubilación y la revisión de los mecanismos de retiro anticipado. Como resultado, la edad media de acceso a la jubilación se ha elevado hasta los 65,2 años, frente a los 64,4 años registrados en 2019.

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