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(El País, 04-11-2025) | Laboral

El empleo crece en 141.926 personas en octubre pese al fin de la temporada estival

El empleo ha vuelto a aguantar el tipo y el fin de la temporada veraniega no ha pasado factura al mercado de trabajo. La Seguridad Social ha contabilizado en octubre 141.926 nuevas afiliaciones de ocupados registrados en el sistema. Esto supone la cifra más alta en ese mes en la serie histórica, salvo el registro de 2021, año de recuperación de la pandemia, que no se suele contar por su excepcionalidad. Así lo reflejan las cifras publicadas este martes por el Ministerio de Seguridad Social, que también indican que hay más de medio millón de trabajadores nuevos respecto a hace un año. De esta manera, la cifra total de afiliados al sistema se eleva a 21,8 millones de cotizantes, tras crecer a un ritmo interanual del 2,38%, el más alto desde enero. El término de la temporada estival ha destruido 50.594 empleos en la hostelería; otros 34.341 en la sanidad; 16.747 puestos administrativos y otros empleos de empresas de servicios; y casi 2.000 en el comercio, además de pérdidas menores en otros sectores. Pero toda esta destrucción de puestos se ha visto compensada con creces con las 167.329 contrataciones del sector de la educación, asociadas a la vuelta al cole; unos 15.000 nuevos cotizantes en profesiones de más cualificación en sectores profesionales científico-técnicos e información y comunicaciones; otros 15.300 en la construcción y 16.700 más en actividades artísticas y de entretenimiento. También la industria se anotó un leve aumento de 3.865 trabajadores, si bien en este caso es una cantidad muy modesta, si se tienen en cuenta los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, que mostraron una fuerte recuperación de las manufacturas, donde se generó el 22% de todo el empleo del último año. Además, en octubre, aunque subió el desempleo, lo hizo en una cantidad más moderada de lo que suele ser habitual en este mes. En concreto, los inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo (SEPE) en toda España crecieron en 22.101 personas, frente a un incremento de 26.769 desempleados en el mismo mes de hace un año, según las cifras del Ministerio de Trabajo. Con ello, el número total de desempleados se sitúa en 2,4 millones. Pero, sobre todo, esta moderación en el aumento del paro registrado se observa si se compara el alza del pasado mes con una subida media del desempleo de 69.000 parados cada mes de octubre durante todos los años de recuperación del empleo tras la crisis financiera (entre 2014 y 2019) y antes de la pandemia. Entrando en los detalles, el empleo medido según el registro de la Seguridad Social ha marcado dos máximos el pasado mes de octubre: el mayor número de mujeres afiliadas y de trabajadores extranjeros. En el caso de la afiliación femenina, ha alcanzado la cota desconocida hasta ahora superior a los 10,3 millones de trabajadoras, tras aumentar en casi 110.000 mujeres. En comparación, el incremento de hombres afiliados es mucho menor, de poco más de 31.000. El tirón del empleo en la educación, propio de este mes y que está fuertemente feminizado, explica en parte este auge de la afiliación de mujeres. La cifra de trabajadores extranjeros también supera su máximo histórico y se sitúa por primera vez por encima de los 3,1 millones de afiliados (3.101.500). En este caso, el buen comportamiento de la afiliación en la construcción estaría también detrás de buena parte de estas nuevas contrataciones. El colectivo mantiene así el dinamismo mostrado en el último año especialmente e incrementa su empleo un 7,1%, más de cinco puntos de lo que crece la afiliación en general (2,38%). La elevada creación de empleo en el mes de octubre prosigue la senda de fuerte dinamismo del mercado de trabajo en el tercer trimestre del año en el que el número de activos (personas en edad de trabajar que tienen un empleo o lo están buscando) se disparó en casi 180.000, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Este aumento estuvo muy por encima del crecimiento de la población en general y más que el empleo, lo que provocó que no todos los que buscaban un trabajo lo encontraran y, por tanto, el paro aumentó en 60.100 personas, a pesar del fuerte tirón de la ocupación (118.400 ocupados más en el trimestre). El avance de la afiliación en octubre no ha sido a costa de empeorar la calidad del nuevo empleo. Así, el peso de los contratos fijos entre las nuevas contrataciones se mantuvo por encima del 42%, aunque esto supuso un leve descenso de alrededor de un punto respecto al mes anterior y a octubres previos. La composición del empleo fijo siguió siendo también similar a otros meses comparables, siendo mayoría los indefinidos a tiempo completo (26.993); le siguen los fijos discontinuos (213.643), que se consolidan como segunda opción entre las contrataciones indefinidas; y, finalmente los contratos indefinidos a tiempo parcial (168.547).

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(Expansión, 03-11-2025) | Laboral

Las horas extra no pagadas se desploman

Los trabajadores españoles realizaron un total de 1.805.800 horas extraordinarias no pagadas ni compensadas durante el tercer trimestre del año, lo que equivale a la pérdida de 45.145 empleos a tiempo completo de 40 horas semanales. A pesar de ello, este tipo de práctica irregular se sitúa en el nivel más bajo desde que existen registros, según la serie histórica iniciada en 2011. La caída coincide con el refuerzo del control del registro horario que impulsa el Ministerio de Trabajo y Economía Social. De acuerdo con los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), recogidos por Servimedia, las más de 1,8 millones de horas extra no remuneradas realizadas cada semana suponen un descenso del 35,99% respecto al trimestre anterior -cuando se contabilizaron 2.821.300- y del 28,2% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 2.515.200. Este trimestre marca así un mínimo histórico, mientras que el máximo se alcanzó en el segundo trimestre de 2015, cuando las horas extraordinarias no pagadas llegaron a 3.904.100. Por género, el problema sigue afectando en mayor medida a los hombres, que realizaron 1.060.800 horas no remuneradas frente a las 745.000 de las mujeres. En ambos casos se trata de los niveles más bajos registrados. En cuanto a los sectores, la industria manufacturera encabeza la lista con 200.000 horas extra semanales, seguida de las actividades profesionales, científicas y técnicas (199.400), la información y comunicaciones (191.700) y el comercio (167.800). El Ministerio de Trabajo incluyó en su proyecto de ley para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales el derecho a la desconexión digital y un endurecimiento del control horario para combatir este tipo de irregularidades. Sin embargo, la norma -respaldada por CCOO y UGT, y rechazada por CEOE y Cepyme- fue tumbada en el Congreso el pasado septiembre con los votos en contra de Junts, PP y Vox. Esta iniciativa era una de las principales apuestas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien, tras el rechazo parlamentario, puso en marcha la reforma del registro horario por la vía reglamentaria, lo que permite aprobarla sin necesidad de pasar por el Parlamento. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que durante el tercer trimestre se realizaron 4.151.500 horas extraordinarias remuneradas o compensadas, una cifra similar a la del trimestre anterior (4.188.600, un 0,89% menos). En comparación interanual, el dato refleja un aumento del 2,32%, ya que entre julio y septiembre de 2024 se contabilizaron 4.057.300 horas pagadas. Esta cifra se mantiene próxima al máximo histórico, alcanzado en el cuarto trimestre del pasado año con 4.244.300 horas. En conjunto, las horas extraordinarias, tanto pagadas como no pagadas, sumaron 5.957.300 entre julio y septiembre, lo que supone un descenso del 15,01% respecto a las 7.009.800 del trimestre anterior y un 9,36% menos que en el mismo periodo del año pasado (6.572.400). Desglosado por sexos, los hombres realizaron 3.522.600 horas extra en total y las mujeres 2.434.700, según los datos del INE. Por sectores, las actividades sanitarias y los servicios sociales concentraron la mayor cantidad de horas extraordinarias, con 939.500, seguidas de la industria manufacturera (683.700), la hostelería (669.300) y el comercio (660.200).

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(El Economista, 03-11-2025) | Laboral

Los mayores de 60 años son el grupo de edad más numeroso que vive de prestaciones por desempleo y recibe las más reducidas

En los últimos meses han vuelto a cobrar fuerza los discursos sobre la brecha generacional, que presentan a los jóvenes como víctimas de la precariedad y los bajos salarios, frente a los mayores, supuestamente beneficiados con rentas más altas y pensiones "generosas". Sin embargo, esta visión pasa por alto otra realidad que se ha intensificado en los últimos años: los trabajadores de mayor edad son, en muchos casos, los más afectados por los cambios del mercado laboral desde la crisis financiera. Actualmente, las personas mayores de 60 años constituyen el grupo más numeroso que depende de prestaciones por desempleo y, además, son quienes perciben las cuantías más bajas. De hecho, 2025 está registrando un récord histórico de personas del "baby boom" que cobran subsidios de paro que rara vez superan los 480 euros mensuales. De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Trabajo, el pasado mes había 769.130 personas recibiendo ayudas asistenciales, y un 34,5% de ellas tenía más de 60 años. Es decir, pertenecen a la generación nacida en los años 60, que en muchos países se asocia con una situación económica más favorable frente a los millennials (nacidos a partir de 1981) o la generación Z (desde 1995). En un contexto marcado por la dificultad de acceso a la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones, los mayores suelen ser señalados por poseer viviendas propias, tener hipotecas ya pagadas y percibir pensiones superiores a muchos salarios actuales. Esta percepción, sin embargo, olvida que muchos de ellos también fueron duramente golpeados por la crisis de 2008, cuando el desempleo se disparó y miles de personas mayores de 40 años quedaron fuera del mercado laboral, arrastrando precariedad durante décadas. Hoy, esos mismos trabajadores son considerados "privilegiados", aunque representan el grupo más numeroso de desempleados: en septiembre alcanzaban el 18% del total, es decir, casi dos de cada diez parados. Aunque puede argumentarse que los jóvenes recurren menos a los servicios públicos de empleo -porque suelen tener menos cotizaciones acumuladas-, los datos de la Encuesta de Población Activa confirman la tendencia: los mayores de 50 años son el único grupo que mantiene tasas de paro superiores a las registradas en 2008, y en el caso de los mayores de 60, el incremento llega al 276%. No se trata de "prejubilados" que esperan pasivamente alcanzar la edad de retiro. Las personas entre 60 y 66 años y ocho meses (edad legal de jubilación en 2025) siguen activas en la búsqueda de empleo, lo que refleja su situación económica. Este esfuerzo es comprensible si se considera el tipo de protección por desempleo que reciben. Solo unos 90.000 "boomers" perciben una prestación contributiva de paro, lo que representa el 11% del total, una proporción similar a la de otros grupos mayores de 30 años, pero muy inferior a su peso en el total de desempleados. En cambio, concentran el 34,5% de los subsidios, con más de 265.000 beneficiarios. Esta diferencia se explica porque la mayoría son parados de larga duración: al agotar las prestaciones ligadas a la cotización -que duran un máximo de dos años-, pasan a percibir subsidios asistenciales. De hecho, los mayores son el único grupo en el que los perceptores de subsidios superan a los de prestaciones contributivas. La mayoría cobra el subsidio especial para mayores de 52 años, de 480 euros mensuales, el único que puede mantenerse hasta la jubilación y que incluye una cotización del 125% sobre la base mínima. Que los menores de 50 años tengan menos presencia en los subsidios indica que su situación laboral es más dinámica y que tienen más posibilidades de reincorporarse al empleo. Los datos del SEPE y de la EPA lo confirman: el paro de larga duración afecta sobre todo a los trabajadores veteranos. Aunque algunos análisis atribuyen esto a una supuesta preferencia de los mayores por vivir de las ayudas -las llamadas "paguitas"-, las cifras demuestran lo contrario. Desde 2009, año en que comienza la serie estadística del SEPE, los mayores de 60 años han pasado de ser el grupo con menos beneficiarios de prestaciones (sumando contributivas y asistenciales) a ocupar el primer puesto, debido al fuerte aumento de los perceptores de subsidios. En aquel 2009, los mayores de 60 representaban el 11,8% de los beneficiarios, el segundo grupo más numeroso después de los desempleados de entre 50 y 54 años. Con la evolución de la crisis, el paro de larga duración creció en todos los grupos, especialmente entre los de 30 a 39 años, aunque estos niveles se redujeron con la recuperación económica. En cambio, en el caso de los mayores de 60, la tendencia ha sido constante: no experimentaron la caída posterior, sino que su número de perceptores ha seguido aumentando de forma continua hasta la actualidad, lo que apunta a causas más estructurales que coyunturales.

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(El Economista, 03-11-2025) | Laboral

El gasto en IMV y ayudas no contributivas crecerá tres veces más el año que viene

La segunda fase de la reforma de las pensiones incluye, entre otros aspectos, la reducción de la brecha entre las pensiones mínimas y el umbral de pobreza. Esta medida comenzó a aplicarse en 2024 y se irá desplegando progresivamente hasta 2027, lo que está generando una presión adicional sobre el gasto en pensiones. Según el Informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de las administraciones públicas de 2026, publicado la semana pasada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el coste derivado de esta medida se triplicará el próximo año. En concreto, el informe -que la AIReF está obligada a elaborar por ley- estima que el gasto adicional será de 584 millones de euros en 2025, 1.458 millones en 2026 y 2.275 millones anuales entre 2027 y 2029, lo que equivale aproximadamente a una décima del PIB. Estas cifras engloban el Ingreso Mínimo Vital (IMV), las pensiones no contributivas y el complemento a mínimos. El organismo aclara además que "el resto de medidas del lado del gasto del sistema de pensiones aprobadas entre 2021 y 2023 tendrán efectos más a largo plazo, debido a los periodos transitorios establecidos en su regulación". El informe recuerda que el Real Decreto-ley 2/2023 fija un aumento gradual de las pensiones no contributivas -y, por tanto, del IMV- y de las pensiones mínimas entre 2024 y 2027, con el objetivo de que superen determinados umbrales de pobreza. El impacto estimado de estas subidas mínimas será de 2.275 millones de euros (una décima del PIB) en 2030. Hasta septiembre, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha destinado 8.783 millones de euros al pago de pensiones no contributivas y complementos a mínimos, lo que representa el 81% del presupuesto anual y un 10% más que en el mismo periodo de 2024. Esta cifra incluye las prestaciones por invalidez, jubilación, orfandad, las ayudas excepcionales por la DANA y los complementos a mínimos de las pensiones contributivas. Por su parte, el gasto en IMV ascendió hasta 4.655 millones de euros en agosto, un 13% más que el año anterior. Aunque todavía no se conoce el incremento previsto para las pensiones no contributivas en 2026, el año pasado subieron un 9% y en 2024 un 6,9%. Según la normativa, en los próximos dos años deberán crecer por encima del IPC hasta alcanzar el 75% del umbral de pobreza de un hogar unipersonal. La AIReF también evalúa el efecto de otras medidas, como la reforma del subsidio por desempleo y la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor. Sumando estas dos medidas al aumento de las prestaciones no contributivas, el impacto total sobre el PIB sería de dos décimas en 2030. Para este año, la AIReF estima un gasto adicional de 929 millones por la reforma del subsidio y 261 millones por la ampliación del permiso. En 2026, estas cifras ascenderían a 849 millones y 661 millones, respectivamente. No obstante, el Ministerio de Trabajo calculó en su momento que la extensión del permiso costaría 1.500 millones, una estimación mucho más alta que la del organismo fiscal. En cuanto a los ingresos, la AIReF prevé un aumento derivado de la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cotización de solidaridad y el incremento de las bases máximas de cotización. El impacto presupuestario acumulado de estas medidas se estima también en dos décimas del PIB entre 2025 y 2030, lo que supondrá ingresos adicionales de 1.280 millones en 2025 y 2.450 millones en 2026. Conviene destacar que los fondos recaudados a través del MEI se destinan exclusivamente a nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social -la conocida "hucha de las pensiones"-, cuyos recursos no podrán utilizarse hasta 2033. En cambio, el aumento de las demás cotizaciones se destina a financiar las pensiones contributivas, en línea con la recomendación primera del Pacto de Toledo, que considera las prestaciones no contributivas como "gastos impropios del sistema". Finalmente, la AIReF prevé también un incremento de las transferencias del Estado para compensar el desequilibrio entre ingresos y gastos del sistema, en cumplimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo de 2020. Según sus estimaciones, estas transferencias se mantendrán en torno al 2,9% del PIB entre 2026 y 2030, mientras que en 2025 cerrarán el año en el 2,8% del PIB. Hasta septiembre, la Seguridad Social ha recibido 38.926 millones de euros por este concepto, un 20% más que el año anterior, una cifra que duplica el gasto destinado a las prestaciones no contributivas.

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(El Economista, 03-11-2025) | Laboral

Trabajo creará un sello para destacar qué empresas son socialmente responsables

El Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha este verano el proceso para reactivar el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), un órgano que no se reunía desde hace una década. Esta semana, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha abierto a consulta pública el borrador del decreto que permitirá su recuperación. El texto adelanta que el consejo impulsará la creación de un sello distintivo destinado a reconocer a las empresas y entidades que destaquen por su compromiso con la mejora social, económica y ambiental. Fuentes del ministerio explican que el objetivo es supervisar el comportamiento ético y sostenible de las compañías españolas, tanto en sus actividades dentro del país como en el extranjero. El nuevo sello -aún sin detalles concretos- servirá para ofrecer mayores garantías a los consumidores, que podrán identificar fácilmente las empresas que cumplen con prácticas responsables. Por ahora, el borrador solo menciona en una disposición final que, una vez aprobado el real decreto, se elaborará un reglamento específico que establecerá las condiciones para conceder el Sello de Empresa Socialmente Responsable, conforme a los criterios que determine el propio CERSE, en el que estarán representados sindicatos, organizaciones empresariales y entidades especializadas en responsabilidad social. Desde el Ministerio de Trabajo destacan este distintivo como una de las principales novedades de la reactivación del CERSE, concebido como un foro de diálogo social. Por primera vez, podrán participar en él organizaciones empresariales con representación autonómica, como Pimec, lo que podría marcar un precedente. El sello será de adhesión voluntaria y su finalidad será reconocer a las empresas que cumplan estándares éticos, aunque también servirá para detectar prácticas como el trabajo infantil o la vulneración de derechos humanos en el extranjero. Según el borrador consultado por elEconomista.es, será el propio consejo el encargado de definir los criterios y requisitos que deberán cumplir las compañías para obtener el sello. El texto aún se encuentra en fase de consulta, por lo que deberá recabar los informes de varios ministerios y organismos antes de llegar al Consejo de Ministros. Al tratarse de un real decreto, no requerirá votación en el Congreso, sino únicamente el visto bueno del Gobierno. El Ejecutivo ha decidido además ampliar las funciones del CERSE, que pasará a asesorar a los ministerios sobre políticas de fomento de la responsabilidad social en las pymes y entidades de economía social, así como a establecer estándares comunes para los informes y memorias de sostenibilidad que elaboran las empresas. También se encargará de analizar la evolución de la responsabilidad social en España, la Unión Europea y terceros países, y elaborará un informe anual al Senado en el que evaluará la calidad, fiabilidad y transparencia de la información no financiera publicada por las compañías. El Ministerio de Trabajo ya sometió a consulta, el pasado junio, la orden que determinará qué organizaciones tendrán representación en el consejo. El periodo para presentar alegaciones concluyó a finales de ese mes, aunque la norma aún no ha sido aprobada. Todo apunta a que volverá a generar tensiones con la patronal CEOE-Cepyme, que rechaza que Pimec sea reconocida como organización empresarial más representativa, alegando que ello contradice el Estatuto de los Trabajadores. Dicha norma establece que solo las organizaciones que agrupen al menos al 15% de las empresas de un territorio y que no estén integradas en otra de ámbito nacional pueden ser consideradas representativas. Sin embargo, Pimec, pese a formar parte de Conpymes, ya ha sido reconocida con voz en el Consejo Económico y Social Europeo (CESE) -en sustitución de CEOE-, además de tener presencia en el Consejo Económico y Social español (pendiente de renovación desde hace casi un año) y en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC), donde ingresó el pasado junio.

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(El País, 03-11-2025) | Laboral

El Consejo de Ministros aprueba este martes el estatuto del becario

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes en primera lectura el anteproyecto de ley del Estatuto del Becario, según ha confirmado EL PAÍS a partir de fuentes conocedoras de la decisión. El Ministerio de Trabajo presentó este acuerdo en junio de 2023, con el objetivo de reducir a la mitad las prácticas extracurriculares y compensar los gastos de los estudiantes, buscando combatir la precariedad que afecta a los becarios. A pesar de contar con el respaldo de UGT y CC OO, el texto fue rechazado por las patronales y los rectores universitarios, y la parte socialista del Gobierno consideró que el documento aún estaba "verde" y requería más trabajo técnico. Ahora, casi dos años y medio después, el Ejecutivo da luz verde en una primera ronda al proyecto, que -según recalcan desde Trabajo- mantiene en esencia el mismo contenido que el que el PSOE frenó en 2023. Esta ley, impulsada durante años por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, afrontará un trámite parlamentario complicado, ya que al rechazo previo de varios socios de Gobierno se ha sumado el voto en contra anunciado por Junts. El texto establece que las prácticas extracurriculares no podrán superar las 480 horas por alumno, la mitad del límite actual. Esta medida busca reducir el fraude en este tipo de prácticas, que no están directamente vinculadas con la formación académica. Además, incluye un régimen sancionador que contempla multas de hasta 225.000 euros para las infracciones más graves y obliga a las empresas a cubrir los gastos del estudiante, como el transporte al centro donde realice sus prácticas. Esta compensación no se aplicará a los becarios con remuneración, ya que se entiende que esos gastos están cubiertos con su salario. No obstante, la norma no establece la obligación de pagar un sueldo al becario, una de las principales demandas de los sindicatos y la izquierda que finalmente no se incorporó al acuerdo. Precisamente, esta cuestión -la compensación de los gastos- es una de las que genera más oposición entre los críticos. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) expresó en enero su preocupación en una carta enviada a Yolanda Díaz, advirtiendo de que muchas empresas o instituciones podrían negarse a asumir esos costes. En el mismo documento, la CRUE pedía un compromiso explícito del sector empresarial para sufragarlos y alertaba de que, de no ser así, podrían recaer sobre las universidades, como ya ocurre con las cotizaciones sociales de los becarios no remunerados desde enero de 2024. Aunque CC OO y UGT respaldan el planteamiento del Ministerio de Trabajo, los sindicatos aspiraban inicialmente a un modelo más ambicioso, que incluyera la eliminación total de las prácticas extracurriculares y mayores garantías. Sin embargo, rebajaron sus exigencias con la esperanza de alcanzar un acuerdo con las patronales, lo cual finalmente no se produjo. El pacto fue presentado a mediados de junio de 2023, apenas un mes antes de las elecciones generales. Ese día se produjo un hecho insólito en el diálogo social: mientras Yolanda Díaz presentaba el acuerdo con los representantes de los trabajadores, el ala socialista del Gobierno manifestaba públicamente su desacuerdo. La Moncloa calificó la norma de "muy verde", y el Ministerio de Economía sostuvo que necesitaba más desarrollo técnico. Como consecuencia, el texto -entonces previsto como decreto ley- quedó paralizado hasta que el nuevo pacto de coalición entre PSOE y Sumar lo recuperó, incluyendo el compromiso explícito de "aprobar el Estatuto del Becario". A pesar de ello, el anteproyecto permaneció estancado durante meses, incluso después de la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023. Este bloqueo provocó el malestar de los sindicatos, que en mayo de 2024 publicaron un comunicado conjunto denunciando la situación. En él, alertaban de que "decenas de miles de jóvenes siguen atrapados en un modelo de prácticas abusivo, sin garantías y con un alto grado de precariedad", y reclamaban una mayor implicación de todo el Gobierno para hacer realidad el Estatuto, dejando entrever las divisiones entre PSOE y Sumar en torno a esta iniciativa.

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(El Periódico, 03-11-2025) | Laboral

El 80% de empresas españolas cuenta con planes de diversidad pero solo el 59% evalúa los resultados

La diversidad en las empresas españolas continúa avanzando, aunque todavía queda camino por recorrer para convertir los compromisos en resultados concretos y medibles. Actualmente, el 80% de las compañías cuenta con planes o políticas en materia de diversidad, pero solo el 59% revisa de forma periódica su cumplimiento y apenas un 9% vincula los progresos en inclusión con la evaluación o los incentivos de sus equipos. Estas son algunas de las conclusiones del informe "Termómetro de la Diversidad en España. Del compromiso a la acción: ¿Cómo cumplen las organizaciones la Carta de la Diversidad?", presentado esta semana por la Fundación Diversidad en la Oficina de Representación de la Comisión Europea en Madrid. El estudio examina el grado de aplicación de los diez principios que conforman la Carta de la Diversidad, a partir de la información de cerca de mil organizaciones que emplean a más de 1,4 millones de personas. La radiografía evidencia un compromiso institucional sólido, aunque con avances desiguales en la gestión y evaluación de las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DE&I). De acuerdo con el informe, el 82% de las organizaciones ya incorpora la DE&I en sus valores corporativos y códigos éticos, y nueve de cada diez directivos la consideran una prioridad estratégica. Entre los datos más destacados, las plantillas están compuestas por un 46% de mujeres, aunque solo tres de cada diez ocupan puestos directivos; las personas con discapacidad representan un 2,5%, por encima del mínimo legal del 2%; el 10% de los empleados tiene nacionalidad extranjera (por debajo del 14,2% del promedio nacional); el 15,5% son menores de 30 años y el 13,1% mayores de 55, siete puntos por debajo de la media española. Además, el 62% de las empresas aplican medidas específicas dirigidas al colectivo LGTBI+. El informe también constata diferencias notables entre las grandes corporaciones y las pymes. Las primeras suelen contar con estrategias estructuradas y equipos especializados, mientras que las segundas todavía operan, en muchos casos, de manera intuitiva. En concreto, el 70% de las grandes empresas fija objetivos concretos de representación, frente al 40% de las pequeñas y medianas, y la presencia de grupos internos de empleados o ERG ("Employee Resource Groups") es mucho más habitual en las grandes (74%) que en las pymes (32%). "El compromiso con la diversidad ha dejado de ser una simple declaración: hoy forma parte de la estrategia empresarial. El siguiente paso, y el más relevante, es medir su impacto y consolidar la DE&I como un pilar de sostenibilidad e innovación", subrayó Sonia Río, directora general de la Fundación Diversidad. Por su parte, la presidenta de la entidad, Teresa Viejo, recalcó que "el verdadero desafío no está en proclamar la apuesta por la inclusión, sino en demostrarla con acciones y resultados verificables". "Debemos pasar del discurso a la práctica. Solo así lograremos un cambio cultural duradero", añadió. Con más de 1.600 organizaciones adheridas, la Carta de la Diversidad -impulsada en España por la Fundación Diversidad con el apoyo de la Comisión Europea- sitúa al país como tercero en Europa en compromiso con la igualdad de oportunidades y el respeto a la diferencia en el ámbito laboral, solo por detrás de Francia y Alemania, que cuentan con más de 6.000 firmantes cada uno.

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(Cinco Días, 31-10-2025) | Laboral

Los procuradores apoyan la reclamación de los autónomos para equiparar sus prestaciones a las de los asalariados

El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) ha mostrado su respaldo a las asociaciones de trabajadores autónomos en su reivindicación para lograr una equiparación de sus prestaciones con las de los asalariados, en plena negociación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se trata de una cuestión clave que ha generado un intenso debate dentro del colectivo, compuesto en su mayoría por profesionales que trabajan por cuenta propia. En un comunicado difundido este jueves, el CGPE subraya la importancia del diálogo social y defiende que se respete el espíritu del Pacto de Toledo, concretamente su recomendación quinta, que insta a igualar la protección social de los autónomos con la de los trabajadores por cuenta ajena. "Esa equiparación debe aplicarse tanto en las contribuciones fiscales como en las prestaciones públicas", señala la institución. El Consejo también expresa su apoyo a la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y al resto de organizaciones del sector, animándolas a seguir reclamando una nueva propuesta que corrija los errores detectados en la única regularización del sistema de cotización por ingresos reales del RETA, correspondiente a 2023. A juicio del CGPE, la propuesta actual del Gobierno resulta insuficiente, ya que "solo ha cumplido con el aumento de las cotizaciones, dejando de lado cuestiones relevantes como la sobrecotización de los colegiados que se encuentran en situación de pluriactividad", quienes ya cotizan en el régimen general por la base máxima. Además, el Consejo lamenta la falta de avances en el reconocimiento de permisos y ayudas esenciales, como el derecho a la lactancia o el subsidio para los mayores de 52 años que hayan agotado la prestación por cese de actividad, en igualdad de condiciones con los asalariados que finalizan su prestación por desempleo. También advierte de los problemas que pueden surgir en el mantenimiento de la base de cotización de los procuradores societarios inscritos en el RETA antes de 2022. Pese a ello, el CGPE valora positivamente que la nueva propuesta ministerial haya reducido los incrementos de cuotas y que estas se mantengan congeladas para los profesionales con menores ingresos, situando el resto en niveles próximos a la inflación, una medida que considera un paso en la dirección adecuada.

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(El Economista, 31-10-2025) | Laboral

El salario mínimo interprofesional va camino de convertirse en el más frecuente en España

Los salarios en España han experimentado un cambio profundo en los últimos años, y no precisamente para bien. El salario mínimo interprofesional (SMI) está cada vez más cerca de convertirse en el sueldo más común del país. En términos reales -es decir, descontando la inflación-, la diferencia entre el salario más frecuente y el SMI se ha reducido hasta apenas un 2,97%, cuando en 2018 era del 39,3%. Esto refleja una realidad clara: el aumento del SMI no ha generado un "efecto arrastre" sobre los sueldos medios y altos, y muchos trabajadores están perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación. Un estudio realizado por Fernando Pinto, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, muestra cómo la estructura salarial española se ha ido concentrando en los niveles más bajos desde la crisis financiera. En 2009, el salario más habitual era de 15.491,59 euros anuales frente a los 8.736 euros del SMI, una diferencia de 6.755,59 euros (un 77%). En 2018, el salario modal ascendía a 16.977,6 euros, mientras que el SMI se situaba en 10.302,6 euros, reduciendo la brecha a 6.675 euros (un 64%). Sin embargo, a partir de ese año el salario mínimo inició una fuerte escalada con el objetivo de alcanzar el 60% del salario medio, tal como establece la Carta Social Europea. En 2023, según la última Encuesta de Estructura Salarial, el sueldo más frecuente había caído un 8,6%, hasta 15.575 euros, mientras que el SMI aumentó un 46%, hasta 15.120 euros. La diferencia entre ambos quedó reducida a solo 455 euros, un 3%. El descenso del salario modal comenzó en 2022, tras una década de relativa estabilidad, y apenas repuntó ligeramente en 2023. Pinto atribuye esta tendencia al efecto pospandemia: la rápida reactivación del turismo generó empleo, sobre todo con la incorporación de mano de obra inmigrante, pero sin un incremento proporcional de los salarios. Las mejoras salariales se concentraron en la parte baja de la escala -donde influye directamente el SMI-, sin extenderse a los tramos medios y altos. Este fenómeno cuestiona uno de los objetivos de las subidas del salario mínimo: mejorar no solo las condiciones de los trabajadores con sueldos más bajos, sino también impulsar una mejora general del mercado laboral. Entre 2018 y 2023, el SMI subió un 46%, tres veces más que en la década anterior, pero muchas empresas no han podido absorber ese aumento. Como resultado, el SMI pasó de equivaler al 60% del salario modal en 2018 al 97% en 2023. El análisis en términos reales, considerando la inflación -que desde 2019 acumula un 22,93%-, muestra una pérdida de poder adquisitivo aún más marcada. Pinto calcula que entre 2018 y 2023 el salario más frecuente cayó un 21,1% (de 17.453,1 a 13.773,7 euros reales), mientras que el SMI aumentó un 26% (de 10.590,1 a 13.370,4 euros). La diferencia entre ambos apenas llega al 2,93%, aunque la evolución ha sido distinta: el salario modal real se recuperó ligeramente en 2020 y 2021, pero volvió a caer con fuerza en 2022 y 2023 (un 16% acumulado). El economista destaca el impacto de "una subida nominal del salario mínimo muy por encima del crecimiento de la productividad y del PIB per cápita", mientras que el salario más común se ha estancado o reducido en términos reales por efecto de la inflación, la fragmentación laboral y la baja productividad. Además, señala que incluso el propio SMI ha perdido valor real: en 2023 su poder adquisitivo era inferior al de 2019, ya que las subidas aplicadas (5,6% en 2020, 1,6% en 2021, 3,6% en 2022 y 8% en 2023) se vieron neutralizadas por el alza de los precios. El estudio, basado en la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE (actualizada hasta 2023), no incluye las últimas subidas del SMI en 2024 (4,4%) y 2025 (5,5%). Sin embargo, la debilidad del salario mínimo en términos reales explicaría, según Pinto, la intención de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de impedir que las próximas subidas puedan absorberse mediante pluses o complementos, con el fin de que el incremento se refleje de forma directa en las nóminas. No obstante, esta interpretación contrasta con los datos de la OCDE, que señalan que hasta abril de 2025 el SMI en España ha crecido un 3,1% en términos reales respecto a enero de 2021, una cifra inferior a la media de la organización (7,9%), pero mejor que la caída del 4,2% de los salarios reales totales en el mismo periodo.

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(El Economista, 31-10-2025) | Laboral

El Gobierno cede a negociar la subida salarial de los funcionarios tras la primera movilización de los sindicatos

La primera protesta de los funcionarios ha logrado su objetivo al conseguir que el Ministerio de Función Pública abandone su parálisis. La nueva secretaria de Estado, Consuelo Sánchez, se ha reunido esta mañana con los representantes sindicales Isabel Araque (UGT), Miguel Borra (CSIF) y Lucho Palazzo (CCOO), y ha fijado para el próximo miércoles la primera reunión formal con el fin de iniciar las negociaciones de un nuevo Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI y abordar la subida salarial correspondiente a 2025, congelada tras expirar el pacto anterior. Tras semanas de movilizaciones convocadas por los principales sindicatos del sector público, el Ministerio ha dado finalmente una fecha para reabrir el diálogo: este miércoles. Durante este primer encuentro con Sánchez Naranjo, la plataforma conjunta de UGT, CCOO y CSIF presentará sus propuestas en torno a la mejora salarial "que los empleados públicos necesitan", afirmó Araque ante los medios. La dirigente sindical también recalcó que "la pelota está ahora en el tejado del Ministerio de Función Pública", en referencia a la decisión sobre el porcentaje de incremento retributivo que se aprobará. Los sindicatos llevaban reclamando desde junio una reunión con el ministro Óscar López, enviando cartas y convocando protestas para forzar la reactivación de la mesa de negociación. Pese al avance logrado con esta convocatoria, desde UGT advierten que mantendrán la presión y el calendario de movilizaciones, ya que consideran que este es solo un primer paso: "Si no hay voluntad, compromiso, calendario y financiación para la subida salarial y el nuevo acuerdo, seguiremos movilizándonos". Respecto al reciente cese de Carla Mapelli, anterior secretaria de Estado destituida hace dos semanas, Araque declaró que "si el Gobierno ha decidido cambiarla, tendrá sus motivos". No obstante, valoró positivamente el gesto de la nueva responsable: "Hoy se han vuelto a abrir las puertas del ministerio, con disposición, agenda y compromiso".

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