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(Cinco Días, 26-05-2025) | Laboral

Las mujeres cobran de media 3.500 euros menos al año que los hombres pese a la reducción de la brecha de género

La desigualdad de género en el ámbito laboral, es decir, la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres que realizan trabajos comparables, continúa siendo un problema en España que afecta negativamente a las mujeres. No obstante, esta brecha salarial se ha reducido en 5,9 puntos porcentuales en los últimos 20 años, situándose actualmente en un 15,9%. Uno de los factores que ha influido en esta reducción es la tendencia de muchas mujeres a orientarse hacia determinados sectores profesionales, que aún están alejados del ámbito tecnológico. Así lo revela el Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo, presentado por Fedea, que incluye un análisis específico sobre la evolución de las desigualdades laborales entre hombres y mujeres desde 2002 hasta 2025. "A pesar de que se ha producido una mejora, las mujeres continúan percibiendo salarios inferiores a los de los hombres, incluso si se tienen en cuenta variables como la edad, el nivel educativo, el tipo de contrato o jornada, el sector de actividad o el tamaño de la empresa", explica el estudio elaborado por José-Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea. Cuando se comparan perfiles laborales equivalentes, los datos muestran una brecha salarial ajustada que ha bajado del 18,7% al 12%, una reducción de 6,7 puntos. Claudia Hupkau, profesora asociada del CUNEF, expuso durante el acto de presentación que "una mujer con la misma formación, en el mismo sector y desempeñando un puesto similar en la misma empresa, gana de media unos 3.500 euros anuales menos que su homólogo masculino". Además, apuntó que, si no se consideran los factores de ajuste, la diferencia salarial es el doble. El estudio también señala que esta desigualdad se reduce ligeramente en función de la edad. Entre los jóvenes, el desfase salarial ajustado se sitúa en torno al 4%, mientras que entre las personas mayores de 59 años supera el 15%. En cuanto a la formación, tampoco parece ser un factor determinante para eliminar la desigualdad: en 2022, la brecha superaba el 11% en todos los niveles educativos. En relación con la antigüedad en el puesto de trabajo, también se observa un aumento de la brecha con los años: en 2022, las personas con más de siete años en la empresa sufrían una diferencia salarial del 14%, frente al 7,8% entre quienes llevaban menos de un año. Una de las áreas donde se aprecia con claridad esta desigualdad es en el empleo a tiempo parcial no deseado, en el que predominan las mujeres. "Casi el 70% de los empleados a tiempo parcial son mujeres, y la diferencia salarial en este grupo alcanza el 9,6%", detalla el documento. Según Hupkau, esta persistente desigualdad responde, en parte, a patrones de comportamiento distintos entre hombres y mujeres. Muchas mujeres continúan eligiendo profesiones vinculadas a sectores como el sanitario, mientras que su presencia es mucho menor en campos tradicionalmente masculinos, como los relacionados con las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). "La realidad es que las mujeres tienden a ocupar empleos menos remunerados que los hombres. Incluso en áreas donde ellas son mayoría y los salarios son elevados, como la medicina, ellas siguen ganando menos", explicó la experta. El informe subraya que las mujeres están sobrerrepresentadas en sectores como la sanidad, la educación o los servicios domésticos, y tienen escasa presencia en ámbitos como la construcción, el transporte o la industria extractiva. Esta preferencia por ciertos sectores, que aún refleja patrones culturales y sociales arraigados, da lugar a una marcada "segregación ocupacional". Según el estudio, para alcanzar una distribución equilibrada entre géneros, más del 25% de las mujeres tendría que cambiar de ocupación. Esto indica que se requieren transformaciones profundas en el acceso y la orientación laboral para corregir esta desigualdad estructural.

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(Expansión, 26-05-2025) | Laboral

Díaz cree que el Gobierno logrará reducir la jornada pese a las dificultades y la presenta como "un motor de esperanza en el conjunto del país y del mundo”

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó este domingo en Sevilla que el Ejecutivo acabará logrando la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. "Nos tomará el tiempo que haga falta, pero vamos a conseguirlo", aseguró durante un acto organizado por el Movimiento Sumar y respaldado por Izquierda Unida, en defensa de esta medida, que ya ha sido incluida en un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de mayo. El acto coincide con la llegada del texto al Congreso, donde aún no cuenta con los apoyos necesarios para ser aprobado. Díaz subrayó que esta reducción de jornada "no es solo una cuestión económica", sino "una fuente de esperanza para todo el país y también para el mundo". En su intervención, se preguntó por qué existe tanta oposición a una medida como esta cuando, según datos actuales, la media de horas trabajadas en España ya se sitúa en 38,2. "¿Por qué tanta resistencia si miles de convenios colectivos en Andalucía ya contemplan semanas laborales por debajo de las 40 horas? ¿Por qué tanta oposición si el personal del sector público ya disfruta de jornadas de 37,5 horas?", preguntó Díaz. A su juicio, esta resistencia se debe a que la medida representa "un mensaje de esperanza para la mayoría social". La ministra también recordó que en el pasado se defendieron modelos laborales centrados en la precariedad, la devaluación salarial y los despidos como fórmula de salida de las crisis. Citó a la exministra del PP, Fátima Báñez, quien planteó que la única alternativa al paro era aceptar contratos precarios. Frente a ello, Díaz afirmó: "Les dijimos que no era cierto". A pesar de que aún queda camino por recorrer, destacó que actualmente España está por debajo de la media europea en temporalidad. Para Díaz, la próxima gran transformación laboral es la jornada laboral, una reivindicación histórica del movimiento obrero desde el siglo XIX y que estuvo en el origen de las primeras manifestaciones del 1 de mayo. También destacó que, pese a los debates internos, el Gobierno ha cumplido su compromiso y ahora corresponde al Congreso sacar adelante esta reforma. En este sentido, hizo un llamamiento a los sindicatos y trabajadores andaluces para que presionen al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y le exijan claridad sobre su postura ante esta medida. Asimismo, Díaz defendió que se trata de una propuesta con un fuerte componente feminista, al dirigirse especialmente a las más de 300.000 mujeres con empleos a tiempo parcial en Andalucía y a los 2,5 millones en el conjunto del país. Aseguró que esta medida les garantiza nuevos derechos, mejora sus salarios y favorece la conversión de muchos contratos a tiempo parcial en empleos indefinidos. También anunció una profunda transformación en el control de horarios laborales: "Vamos a acabar con la práctica de fichar sin reflejar las horas reales de trabajo". Explicó que, mediante sistemas digitales interoperables, la Inspección de Trabajo podrá verificar en tiempo real la jornada efectiva de cualquier trabajador en el país. Por último, Díaz recordó que cuando llegó al Ministerio, en España se realizaban seis millones de horas extra no remuneradas a la semana. Gracias al trabajo de la Inspección, esa cifra ha bajado a dos millones y medio. Criticó que la derecha no mencione el impacto fiscal de estas horas irregulares y denunció que en Andalucía se hacen 293.000 horas extra sin pagar cada semana. Por ello, pidió al presidente andaluz que actúe para erradicar estas prácticas y garantizar condiciones laborales justas.

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(El País, 26-05-2025) | Laboral

Dinamarca se convierte en el país con la edad de jubilación más alta de la UE

El Parlamento de Dinamarca ha aprobado este jueves 22 de mayo una medida sin precedentes en Europa: elevar la edad legal de jubilación hasta los 70 años a partir de 2040. Actualmente, los daneses pueden jubilarse a los 67 años, pero esta edad aumentará progresivamente a 68 en 2030 y a 69 en 2035, siguiendo un sistema establecido en 2006 que ajusta la edad de retiro cada cinco años en función del incremento de la esperanza de vida. Ahora, este mecanismo se amplía hasta los 70 años, una decisión que ha suscitado controversia. La reforma afectará a quienes nacieron a partir del 1 de enero de 1971. Aunque la medida fue aprobada con una mayoría parlamentaria de 81 votos a favor frente a 21 en contra, ha generado descontento social y ha motivado protestas lideradas por sindicatos en las calles de Copenhague. La primera ministra, Mette Frederiksen, ha señalado que está abierta a revisar este sistema automático cuando se llegue al umbral de los 70 años, según informó la BBC. En Europa, el aumento de la edad de jubilación se ha convertido en una tendencia generalizada durante la última década. En España, por ejemplo, el Gobierno socialista de 2011 aprobó una reforma que eleva progresivamente la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, un cambio que se aplicará de forma general a partir de 2027. Según esta escala gradual, en 2025 los trabajadores podrán jubilarse a los 66 años y ocho meses, salvo que hayan cotizado más de 38 años y tres meses, en cuyo caso podrán retirarse a los 65. La edad de jubilación de 67 años es ya una referencia actual o futura en numerosos países europeos como Alemania, Bélgica, Grecia, Italia, Países Bajos, Reino Unido o Islandia, que han adoptado reformas similares. Otros países como Portugal, Finlandia, Suecia, Bulgaria, Chipre, Estonia o Eslovaquia cuentan con edades de jubilación ligeramente inferiores (entre 64 y 66 años en la mayoría de los casos), pero han establecido mecanismos de ajuste automático en función de la evolución de la esperanza de vida, con revisiones periódicas cada tres o cinco años. En general, las reformas para aumentar la edad de retiro suelen encontrar resistencia social. Un ejemplo reciente fue el caso de Francia, donde la reforma impulsada por Emmanuel Macron en abril de 2023 elevó la edad de jubilación de 62 a 64 años e incrementó los años de cotización necesarios para cobrar una pensión completa de 42 a 43. A pesar de las intensas protestas, la medida entró en vigor el 1 de septiembre de 2023. En España, también se llegó a plantear vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida. Esta propuesta fue impulsada en 2018 por el entonces diputado del PDeCAT, Carles Campuzano, en el marco del Pacto de Toledo durante el primer mandato de Pedro Sánchez. En ese contexto, se derogó la reforma del PP, que contemplaba dos elementos clave para contener el gasto en pensiones: el índice de revalorización, que limitaba las subidas al 0,25% mientras hubiera déficit, y el factor de sostenibilidad, que ajustaba la pensión inicial de los nuevos jubilados en función de su esperanza de vida. Ambos elementos fueron eliminados. El primero fue sustituido por un sistema de actualización automática de las pensiones según el IPC. El segundo, por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que en lugar de reducir las pensiones futuras, aumenta los ingresos del sistema mediante un alza en las cotizaciones, con el objetivo de hacer frente al aumento de gasto derivado del envejecimiento de la población. Este mecanismo contempla una revisión trianual por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que puede proponer ajustes si se detectan desviaciones del equilibrio financiero. España ha superado recientemente su primera evaluación europea en este marco, aunque no sin críticas, ya que la AIReF advirtió sobre la necesidad de tomar medidas adicionales para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

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(El Economista, 26-05-2025) | Laboral

Los auditores UE critican el fracaso del plan paneuropeo de pensiones

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha criticado la escasa eficacia de Bruselas a la hora de impulsar un producto paneuropeo de pensiones individuales, señalando que, por ahora, no representa una alternativa viable de ahorro para la jubilación. En su reciente informe, los auditores europeos advierten que este instrumento aún no cumple con los requisitos para ser competitivo frente a otros productos de pensiones existentes y urgen a mejorar tanto su funcionamiento como su atractivo. Según el informe, el producto paneuropeo de pensiones individuales no ha conseguido consolidarse ni entre los ciudadanos ni entre los proveedores financieros. Los auditores destacan como principales causas la falta de incentivos fiscales, la limitación de las comisiones al 1 % y la existencia de alternativas más rentables y consolidadas. Hasta 2025, solo se ha lanzado un producto de este tipo, con una acogida muy reducida: menos de 5.000 usuarios y un volumen de activos gestionados inferior a 12 millones de euros. Además, la falta de armonización entre las legislaciones nacionales en materia laboral y social dificulta enormemente el desarrollo de este producto en el ámbito transfronterizo, que era precisamente uno de sus principales objetivos. El Tribunal de Cuentas recomienda a la Comisión Europea analizar las causas de esta escasa adopción y tomar medidas concretas para revertir la situación. También sugiere adelantar la evaluación prevista para valorar si conviene continuar con el desarrollo del producto, realizar ajustes en su diseño o incluso plantearse su eliminación. Los auditores concluyen que las acciones emprendidas hasta ahora por la Comisión no han sido suficientes para avanzar en la creación de un verdadero mercado interior de pensiones de jubilación, ni para fomentar el desarrollo de planes transfronterizos de pensiones de empleo o de productos individuales paneuropeos. Este producto, adoptado en julio de 2019 y en vigor desde marzo de 2022, fue concebido como un sistema de pensiones voluntario, portátil y complementario a los regímenes nacionales, que permitiría a los ciudadanos seguir ahorrando al trasladarse dentro de la UE. También se buscaba ampliar la oferta de productos de ahorro previsional y canalizar más recursos hacia los mercados financieros para estimular la inversión y el crecimiento económico en la región. No obstante, pese a que se sentaron las bases para un mercado único de pensiones, el avance ha sido limitado. La actividad transfronteriza sigue siendo escasa y se concentra en países donde los sistemas de pensiones ya están bien establecidos. Además, los fondos paneuropeos se enfrentan a un marco normativo más exigente que los fondos nacionales, lo que los coloca en una posición de desventaja competitiva. En resumen, el Tribunal de Cuentas concluye que el producto paneuropeo de pensiones no ha conseguido convertirse en una opción real y eficaz para el ahorro previsional dentro de la UE.

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(El Periódico, 26-05-2025) | Laboral

La empresa puede exigir a un empleado que le dé su número de teléfono y email si quiere teletrabajar

Una empresa puede solicitar a sus empleados que le proporcionen su número de teléfono personal y su dirección de correo electrónico si desean trabajar de forma remota, con el fin de poder localizarlos en situaciones de emergencia. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia reciente, donde determina que esta petición no es desmesurada, siempre que la compañía haga un uso adecuado de esa información y respete el derecho a la desconexión digital. El caso se originó tras una demanda colectiva presentada por los sindicatos de una empresa del sector de atención telefónica. En el convenio colectivo de dicha empresa se incluye una cláusula que señala: "El Trabajador facilitará a la Empresa su correo electrónico y número de teléfono personal, por si fuera necesario contactar con él, por urgencias del servicio". Los sindicatos consideraron que esta disposición era excesiva y atentaba contra la intimidad de los empleados. Argumentaban, además, que la empresa está legalmente obligada a proporcionar los recursos necesarios para el teletrabajo, como ordenadores y teléfonos corporativos, lo cual ya estaba contemplado en el acuerdo de trabajo a distancia aplicable en este caso. En un primer fallo, la Audiencia Nacional dio la razón a los sindicatos y anuló esa cláusula, junto con otras. Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó esta decisión el pasado 4 de abril de 2025, argumentando que, en el contexto social actual, compartir este tipo de datos puede ser razonable y funcional para la relación laboral. Según los magistrados, el teléfono personal y el correo electrónico son hoy medios habituales de comunicación, y su uso en situaciones excepcionales podría estar justificado. El alto tribunal aclara que la empresa debe seguir utilizando los canales corporativos para comunicarse habitualmente con el trabajador. Sin embargo, en casos de emergencia donde estos medios puedan fallar o no estar disponibles, es razonable que se disponga de medios alternativos para contactar al empleado. Eso sí, el uso de esta información debe ser restringido exclusivamente a casos urgentes. "El uso del correo electrónico y del número de teléfono personal del trabajador debe limitarse estrictamente a situaciones de urgencia del servicio", insisten los jueces en la sentencia. El derecho a la desconexión digital, que protege a los trabajadores de ser contactados fuera de su horario laboral salvo por razones de urgencia, está reconocido en la normativa europea. El Gobierno español, en el marco de la nueva ley para la reducción de la jornada laboral, pretende reforzar y aclarar este derecho en la legislación nacional.

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(El País, 23-05-2025) | Laboral

Bruselas rebaja las cargas administrativas a las empresas con menos de 750 empleados

Con el objetivo de reducir las cargas administrativas y normativas acumuladas en los últimos años, la Comisión Europea ha centrado ahora su atención en un grupo específico de empresas: aquellas de tamaño medio que superan las dimensiones de una pyme, pero que aún no alcanzan la categoría de grandes compañías, es decir, las que cuentan con menos de 750 empleados. Según los cálculos del propio Ejecutivo comunitario, las medidas presentadas este miércoles -como parte del cuarto paquete de simplificación aprobado este año por el Colegio de Comisarios- beneficiarán a unas 38.000 empresas, permitiéndoles un ahorro estimado de 400 millones de euros. Para alcanzar este objetivo, Bruselas propone eliminar los "10 obstáculos más perjudiciales" que afectan al funcionamiento de estas empresas, identificados tras haber consultado directamente con los propios afectados. Entre los principales problemas señalados están: normativas excesivamente complejas, la ausencia de reglas armonizadas en toda la UE, exigencias específicas de envasado, dificultades para el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales, altos costes relacionados con el desplazamiento de trabajadores poco cualificados, y la disparidad de normas entre países miembros. Según la Comisión, la eliminación de estas trabas permitirá avanzar hacia una mayor integración del mercado único, facilitando la libre circulación de bienes y servicios, así como la creación y gestión de empresas en cualquier punto de la Unión Europea. Buena parte de los problemas identificados afectan especialmente a empresas que, sin ser grandes corporaciones, tampoco se benefician de las exenciones ya existentes para las pymes (menos de 250 empleados). Por ello, Bruselas quiere extender parte de estas ventajas al grupo de compañías con entre 250 y 750 trabajadores. "Estas empresas son fundamentales, ya que a menudo se ubican fuera de las capitales y tienen un papel clave en el tejido económico regional. En muchas localidades rurales, una empresa con 500 o 600 empleados suele ser la principal fuente de empleo", ha destacado Stéphane Séjourné, vicepresidente de la Comisión para la Estrategia Industrial. Las nuevas medidas propuestas incluyen simplificaciones en diversos ámbitos: regulación de mercados financieros, emisión de documentos bursátiles, control de gases fluorados o tratamiento de datos personales. Por ejemplo, ya no se exigirá que estas empresas almacenen todos los datos personales que procesan, sino únicamente aquellos considerados de alto riesgo. Además, se pretende facilitar la gestión documental eliminando la obligatoriedad de proporcionar versiones físicas de declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones o certificados, permitiendo que todo ello se realice digitalmente. Otra medida destacada es la creación de un "régimen 28" para empresas de derecho europeo, inspirado en una de las recomendaciones del informe Letta. Esta figura permitiría a las empresas operar en toda la UE a través de una única entidad digital, agilizando trámites administrativos. Esta iniciativa ha servido también de modelo para que el Gobierno español estudie la implantación de un "régimen 18", en alusión a una comunidad autónoma virtual que facilite los procesos administrativos para el sector privado. Finalmente, con el propósito de corregir las inconsistencias que surgen en la transposición de normas europeas en los distintos Estados miembros, la Comisión pondrá en marcha un análisis para detectar y corregir estas diferencias, además de revisar sus propias normativas para hacerlas más claras y accesibles.

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(El Economista, 23-05-2025) | Laboral

Nuevo récord en el número de mayores de 50 años que cobran ayudas

La reforma del sistema asistencial de protección por desempleo ha venido acompañada de un incremento en el número de personas que reciben subsidios, que ya alcanzan las 802.173, lo que representa un aumento del 6,45% respecto al año anterior, a pesar de que el desempleo general ha disminuido. Esta cifra es la más alta desde mayo de 2021, aunque todavía se encuentra lejos de los niveles registrados durante la crisis financiera, cuando se superó el millón de beneficiarios. No obstante, se ha alcanzado un nuevo récord en cuanto a los mayores de 50 años que perciben estas ayudas, superando por primera vez los 550.000. De ellos, el 84,5% recibe el subsidio específico para mayores de 52 años, que asciende a 480 euros mensuales y es el único que puede cobrarse hasta alcanzar la edad de jubilación. Este escenario sugiere que la reforma de las prestaciones, cuyo objetivo era optimizar el gasto y hacerlo más eficaz como instrumento para facilitar el acceso al empleo -en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea- se enfrenta a un reto importante: el envejecimiento de la población desempleada. La mayoría de los parados de larga duración, precisamente los más necesitados de apoyo, quedan al margen del efecto práctico de esta reforma. La nueva normativa, que fue aprobada tras un proceso legislativo complejo marcado por el rechazo inicial en el Congreso, entró en vigor en noviembre del año pasado. Uno de los cambios clave fue el aumento progresivo de la cuantía de los subsidios: se fijó en 570 euros durante los primeros seis meses (el 95% del IPREM), luego desciende a 540 euros (90% del IPREM) durante los siguientes seis meses y, finalmente, se estabiliza en 480 euros (80% del IPREM), que era la cuantía anterior a la reforma. Esta escala pretendía incentivar la búsqueda de empleo, aunque en realidad el tramo más bajo sigue siendo el mismo que antes. También se introdujo la posibilidad de compatibilizar la prestación contributiva o el subsidio con un empleo, mediante un complemento de apoyo, aunque esta opción no estuvo disponible hasta abril. Los datos del SEPE hasta marzo muestran ya un aumento del 5,3% en los perceptores de prestaciones y del 6,3% en los de subsidios, lo que ha elevado el gasto en prestaciones un 10,2% y en subsidios un 6%, en un contexto de reducción del paro del 5,39% ese mismo mes. El crecimiento en el número de perceptores de la prestación contributiva se explica en parte por el aumento de los contratos fijos discontinuos que, aunque no figuran como desempleados, sí tienen derecho a cobrar el paro. El aumento de quienes reciben subsidios es más complejo de justificar, aunque podría estar relacionado con un mayor número de parados de larga duración. Se especula también con que algunas personas opten por retrasar su reincorporación al mercado laboral para beneficiarse de la cuantía más alta durante los primeros meses del subsidio. Así, los beneficiarios menores de 50 años han aumentado un 11% en el último año, hasta los 246.450, la cifra más alta desde abril de 2022. Aun así, los mayores de 50 años siguen siendo el grupo más numeroso, con un incremento del 3,3% interanual hasta los 555.723. La llegada de nuevos beneficiarios más jóvenes ha reducido el peso de los mayores de 50 años sobre el total, del 73% anterior a la reforma al 69% actual. Sin embargo, el número absoluto de mayores de 50 años continúa creciendo, reflejando que los incentivos a la búsqueda de empleo no tienen el mismo efecto en este grupo, que enfrenta mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral y acaba mayoritariamente acogido al subsidio para mayores de 52 años. Este subsidio ha sido uno de los puntos más debatidos durante la tramitación de la norma. Aunque su cuantía se mantiene en 480 euros, es el único que puede cobrarse de forma ininterrumpida hasta la jubilación y que además incluye una cotización a la Seguridad Social equivalente al 125% de la base mínima, lo que lo convierte en un recurso estratégico para muchas prejubilaciones. En 2012, el Gobierno del PP redujo esta cotización al 100% y elevó la edad mínima para acceder de 52 a 55 años. Pedro Sánchez revirtió ambas medidas en 2018. Sin embargo, en la reforma de 2023 se intentó volver a rebajar esa cotización, pero la presión de Podemos obligó al Gobierno a dar marcha atrás y mantener las condiciones actuales. Actualmente, este subsidio representa el 84,7% de los subsidios que perciben los mayores de 50 años y el 59% del total. En el último año, su número ha crecido un 3%, aunque su proporción en el conjunto ha bajado levemente, del 85,9% al 84,5%. Esto evidencia que aún faltan políticas activas de empleo verdaderamente eficaces para este colectivo. El aumento de beneficiarios mayores de 50 años se debe tanto al envejecimiento poblacional como al retraso en la edad de jubilación. De hecho, los mayores de 60 años representan ya el 47% del total de perceptores (265.908 personas), de los cuales el 93% cobra el subsidio para mayores de 52 años. Este grupo ha crecido especialmente desde 2018, cuando se recuperaron las condiciones originales del subsidio.

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(El Economista, 23-05-2025) | Laboral

Los parados no se fían de las ofertas: prefieren preguntar directamente a las empresas si hay trabajo

La manera en que se busca empleo en España es clave para entender por qué el país mantiene la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea. Los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), revelan algunos aspectos llamativos. Uno de ellos es que, si bien el 45% de las personas desempleadas revisa las ofertas de trabajo publicadas, solo un 31% llega a postularse. En cambio, un porcentaje más alto, del 36,3%, opta por presentarse directamente en las empresas para preguntar si hay vacantes disponibles. En España, la estrategia más común para buscar empleo sigue siendo recurrir al círculo cercano: un 53,9% de los desempleados acude a familiares y amistades. Aunque esta cifra ha bajado ligeramente en los últimos años, no se ha visto compensada por un mayor uso de herramientas digitales. Un ejemplo claro es que únicamente el 35,9% publica su currículum en portales de empleo en línea, una cifra inferior a la de quienes se presentan directamente ante las empresas. La EPA actualizó su metodología en 2021 para reflejar mejor cómo las nuevas tecnologías han transformado los hábitos de búsqueda de empleo. Desde entonces, la mayoría de las formas tradicionales han reducido ligeramente su uso, aunque muchas personas combinan varios métodos. Así, la evolución muestra una mayor diversidad en las estrategias, aunque el orden de preferencia no ha variado demasiado. Entre las menos utilizadas siguen figurando las oficinas de empleo públicas (20,1%), las empresas de trabajo temporal (14,8%) y el autoempleo (solo un 3,3% ha dado pasos para crear su propio negocio). Pero, ¿por qué hay tanta diferencia entre quienes consultan ofertas y quienes finalmente se postulan? Principalmente por el desajuste entre lo que se ofrece y lo que buscan los candidatos: los requisitos pueden no encajar o las condiciones laborales no resultar atractivas. Además, en un entorno digital saturado, en el que una sola oferta puede recibir miles de solicitudes, muchos candidatos -incluso cualificados- desconfían de su posibilidad de superar la criba inicial, a menudo gestionada por algoritmos. La EPA no recoge datos sobre cómo buscan trabajo quienes ya están empleados pero desean cambiar de puesto, un aspecto clave que ayudaría a tener una visión más completa. En cuanto a los desempleados, el número que participa en entrevistas o procesos de selección es bajo: solo un 12,5% llega a esa etapa. Aunque es cierto que quienes consiguen empleo ya no se contabilizan como parados, el dato sigue siendo bajo y apenas ha variado respecto al 12,9% del año anterior, lo que sugiere que solo uno de cada diez parados accede realmente a una entrevista. En este contexto, aunque los anuncios de empleo sirven como orientación, muchos desempleados optan por estrategias más directas, como presentar una candidatura espontánea a las empresas. Sin embargo, la EPA no aclara cómo se lleva a cabo ese contacto: si es presencial -como aún es frecuente en sectores como la hostelería-, si se envía el currículum directamente a los departamentos de recursos humanos, o si se recurre a plataformas como LinkedIn para establecer contacto con los responsables de selección. Las estrategias varían según el sector y el perfil profesional, pero lo que queda claro es que la búsqueda directa y activa, ya sea mediante redes de contacto o presentándose en las empresas, continúa siendo la vía más común, incluso en una era donde bastaría con hacer clic para postularse a una oferta.

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(Expansión, 22-05-2025) | Laboral

No se puede pedir el reintegro de una prestación si no existe mala fe

Un trabajador autónomo, adscrito al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), solicitó y recibió una prestación por cese de actividad concedida por la Mutua Ibermutua, correspondiente al período comprendido entre octubre de 2020 y enero de 2021, por un importe total de 7.371,92 euros. Sin embargo, en junio de 2024, la mutua revisó el caso y comunicó la revocación del derecho a dicha prestación. Alegó que la actividad del autónomo no figuraba entre las que habían sufrido una reducción significativa en el número de afiliados a la Seguridad Social, según lo establecido en la Disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 3/2021. También señaló que el interesado no acreditó una caída de al menos el 75% en la facturación del cuarto trimestre de 2020 frente al mismo periodo de 2019, ni unos rendimientos netos inferiores a 5.818,75 euros, condiciones necesarias para acceder a la ayuda. Ante esta decisión, el trabajador presentó una reclamación previa, que fue desestimada. La mutua confirmó su resolución y le exigió la devolución de la cantidad cobrada. Como consecuencia, el afectado interpuso una demanda para que se anulara dicha resolución y se cancelara el requerimiento de reintegro. Durante el proceso judicial, la defensa del demandante basó sus argumentos en la jurisprudencia, citando especialmente la sentencia del Tribunal Supremo del 29 de abril de 2024 y resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), las cuales reconocen el derecho al uso pacífico de los bienes y establecen que los errores administrativos no deben ser subsanados a costa de los ciudadanos si estos han actuado correctamente. La Mutua, por su parte, se opuso a la demanda, sosteniendo que la prestación fue concedida de forma provisional y que, una vez revisados los datos, se comprobó que no se cumplían los requisitos legales. También defendió que la reclamación previa fue resuelta tras revisar toda la documentación presentada por el autónomo. El Juzgado de lo Social número 1 de León, tras analizar las pruebas de ambas partes, dictaminó que se trataba de una prestación extraordinaria por cese de actividad regulada por el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, destinada a mitigar los efectos económicos de la pandemia. El tribunal dio la razón al demandante, considerando aplicable la jurisprudencia tanto del TEDH como del Tribunal Supremo, que amparan el derecho al disfrute pacífico de los bienes, recogido en el artículo 1 del Protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos. El juez entendió que exigir la devolución de la prestación supondría una carga desproporcionada para el trabajador, dado que el error en la concesión fue únicamente responsabilidad de la Administración (en este caso, la mutua). Además, el tribunal subrayó que el beneficiario no actuó con mala fe ni indujo a error con respecto a su situación económica o profesional. La resolución también tuvo en cuenta el contexto excepcional de la crisis sanitaria, recordando que la finalidad de esta ayuda era garantizar la cobertura de necesidades básicas, al igual que las prestaciones por desempleo. Por todo ello, el juzgado estimó la demanda y anuló la resolución administrativa que revocaba la prestación, así como la solicitud de devolución de los 7.371,92 euros recibidos. La sentencia subraya el principio de que los errores atribuibles exclusivamente a la administración no deben ser corregidos a expensas del ciudadano, siempre que este haya actuado con honestidad.

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(El País, 22-05-2025) | Laboral

El Gobierno abonará “en breve” la subida salarial pendiente del 0,5% a los trabajadores públicos

Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, ha asegurado este martes que la subida salarial del 0,5% pendiente para los empleados públicos será ejecutada "próximamente". "Este Gobierno cumple con sus compromisos. El aumento se abonará en breve", ha afirmado durante su intervención en la apertura del II Congreso Federal de UGT Servicios Públicos, celebrado en Madrid. En su discurso, López ha reconocido que aún hay "muchos temas pendientes de negociación" con los representantes de un colectivo que supera los tres millones de trabajadores. Además, ha destacado que, gracias al diálogo entre el Ejecutivo y los sindicatos, los empleados públicos ganan hoy un 15% más que hace siete años. El ministro también ha señalado que actualmente se está trabajando en una nueva ley de función pública y que es necesario alcanzar un nuevo acuerdo sindical que defina el modelo de función pública del futuro, basado en la dedicación al ciudadano y en la mejora de la calidad del empleo. Durante su intervención, también ha criticado a "la derecha ultra o liberal", acusándola de confundir el discurso político. "Debemos sentir orgullo por lo español. Tenemos un gobierno que dialoga con los sindicatos, que ha incrementado el salario mínimo, impulsado una reforma laboral que ha traído estabilidad y ha subido las pensiones mientras se refuerza el fondo de reserva. Ese es el Gobierno de España. Las políticas progresistas no solo son más justas, sino también más eficaces desde el punto de vista económico", ha reivindicado López, reiterando que la subida del 0,5% "llegará muy pronto". Cabe recordar que en una intervención anterior había condicionado este incremento a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, algo que, por ahora, no se vislumbra como factible. Este aumento del 0,5% ha estado pendiente desde el 31 de diciembre de 2024, cuando finalizó el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que contemplaba un alza salarial total del 9,8% entre los años 2022, 2023 y 2024, con cláusulas de revisión ligadas al IPC. La última de esas cláusulas es precisamente la del 0,5%, que, cuando se aplique, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Los sindicatos han estado reclamando con insistencia el cumplimiento de este compromiso en el último año. Tras la intervención del ministro, quien ha felicitado a Julio Lacuerda por su labor al frente de UGT Servicios Públicos, ha tomado la palabra Pepe Álvarez, secretario general de UGT. En su intervención, ha reconocido la trayectoria de Lacuerda y el esfuerzo del conjunto de empleados públicos: "Para cohesionar este país se necesitan unos servicios públicos fuertes. Por eso quiero agradecerte a ti, Julio, y a toda la federación, el compromiso y trabajo realizado. Hoy no es una despedida, sino un hasta pronto. La organización seguirá necesitando tu experiencia. Gracias por estos 30 años de entrega", ha expresado Álvarez. El II Congreso Federal de UGT Servicios Públicos, que se celebra del martes al jueves bajo el lema "Afrontar cambios", elegirá al nuevo secretario general que sucederá a Julio Lacuerda, quien deja el cargo tras 29 años al frente. El congreso ha comenzado con una actuación del músico Miguel Ríos, quien, tras interpretar algunos de sus temas más conocidos, ha elogiado la labor sindical afirmando: "Sois imprescindibles. La sociedad está adormecida". Por ahora no se han presentado candidaturas oficiales para relevar a Lacuerda, aunque desde UGT han informado que quien quiera optar al cargo deberá contar con al menos el 25% de los avales, lo que equivale a 126 de los 500 delegados con derecho a voto. Las candidaturas podrán presentarse dentro de los plazos fijados por la mesa de presidencia. La votación y proclamación del nuevo secretario general tendrá lugar el jueves 22 de mayo. Durante su discurso de despedida, Lacuerda ha lanzado un mensaje de advertencia: "Temo que la estupidez dirija los mandos. Valoremos nuestra democracia y seamos conscientes de lo que nos beneficia: elegir gobiernos y políticas que respeten a los trabajadores y fomenten la convivencia".

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