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(El Economista, 15-03-2024) | Laboral

UGT exige al Gobierno que reduzca la jornada si no se logra un acuerdo con los empresarios

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha sugerido que el ajuste de la jornada laboral máxima debería ser establecido por el Gobierno a través de legislación en caso de que no se logre un acuerdo entre los sindicatos y la patronal. Álvarez propone que este cambio se formalice mediante una ley y se incorpore al Estatuto de los Trabajadores. A pesar de ello, confía en alcanzar un acuerdo junto con CCOO y la CEOE sobre la reducción de la jornada "antes de las vacaciones de verano", para presentar el texto consensuado al Gobierno y que este realice las reformas necesarias. Álvarez señaló que desde su perspectiva, el cambio debe ser legislativo, criticando que la CEOE mencione ahora la reducción de la jornada después de más de 40 años sin cambios significativos. El secretario general también resaltó que el acuerdo PSOE-Sumar para reducir la jornada laboral a 37,5 horas en 2025 ha abierto nuevas posibilidades para la negociación con la patronal. Sin embargo, reconoció que, con la situación política actual y la prórroga presupuestaria, las negociaciones con el Gobierno podrían avanzar más lentamente de lo esperado, lo que daría más tiempo a los agentes sociales para llegar a un acuerdo. UGT argumenta que esta reforma debe ser reflejada en el Estatuto de los Trabajadores, ya que hay sectores de la población sin protección a través de convenios colectivos, lo que dificulta las negociaciones sindicales para reducir la jornada laboral. El estudio presentado por el sindicato indica que España ocupa el puesto 12 en cuanto a menor jornada laboral, con un promedio de 38,4 horas semanales, superando a países como Alemania y Francia (35,6 horas), pero quedando por debajo de 17 países con jornadas de 40 horas. En países como Francia o Alemania, la menor jornada laboral se debe a la influencia de los sindicatos en la negociación colectiva, lo que ha llevado a una mayor productividad y mejores salarios para los trabajadores. UGT también plantea la necesidad de mejorar la compensación por horas extra, proponiendo que se paguen al menos un 25% más que la hora ordinaria, así como la implementación de un registro de jornada, de acuerdo con la normativa europea. Además, sugiere que las horas extra puedan reducir la edad de jubilación anticipada como compensación por el posible desgaste físico y mental que representan para los trabajadores.

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(El Economista, 15-03-2024) | Laboral

Los sindicatos redoblan su presión tras conseguir la mejora salarial de los trabajadores del sector público

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han presentado ante el Gobierno una solicitud para que se cumpla en su totalidad el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, que contempla la posibilidad de jubilación parcial del personal funcionario y estatutario, así como la reducción de la jornada laboral semanal a 35 horas. "UGT y CCOO han enviado una carta al ministro Escrivá solicitando la convocatoria de la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco para poder confirmar los compromisos adquiridos con los empleados públicos", explican en un comunicado conjunto ambas organizaciones sindicales. El Gobierno ya ha asegurado a los sindicatos la aprobación de la subida salarial del 2% comprometida mediante una enmienda, presentada por PSOE y Sumar, en el proceso legislativo del real decreto-ley que incluirá el paquete de medidas anticrisis. La jubilación parcial se contempla como una medida para rejuvenecer las plantillas (similar al retiro anticipado) y evitar la salida brusca de un gran número de trabajadores: según cálculos de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca) realizados en 2022, aproximadamente la mitad de los trabajadores del sector público se jubilarán en esta década. Mediante esta modalidad, podrían abandonar gradualmente sus puestos de trabajo. Otro de los beneficios que defienden los sindicatos, en relación con el mencionado acuerdo, es la implantación de la jornada laboral de 35 horas en la Administración, eliminando las restricciones establecidas en la disposición adicional 44 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, para que cada Administración, según sus competencias, pueda establecer esta jornada para su personal y el de su sector público institucional. El teletrabajo también es una propuesta destacada a favor de los funcionarios. En un contexto de inestabilidad política, la decisión de no presentar los Presupuestos de 2024 debido al adelanto de las elecciones en Cataluña deja incierta la política económica del Gobierno, que no cuenta con el respaldo del Congreso para aprobar sus cuentas. Sin embargo, esto no afectará a la subida salarial de los funcionarios ni a las convocatorias de empleo público mediante oposiciones, según confirman fuentes de Función Pública y varios sindicatos. "La situación actual resalta aún más la importancia del Acuerdo Marco, firmado en octubre de 2022 únicamente por CCOO y UGT, que, sin duda, ha venido a proteger nuestros salarios ante posibles escenarios políticos como los actuales", explican. Además, instan al Gobierno a aprobar la adaptación del Estatuto Básico del Empleado Público en materia de permisos y vacaciones, así como la finalización de la clasificación profesional. El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha alertado sobre el impacto en los servicios públicos y las condiciones de los empleados públicos debido a la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2024 tras el adelanto electoral en Cataluña. "Estamos muy preocupados por la parálisis de la Administración", afirmó, anticipando posibles movilizaciones en una "primavera caliente". Durante el congreso nacional en el que fue reelegido este jueves en Granada, Borra hizo declaraciones a los medios valorando el adelanto electoral en Cataluña y sus repercusiones a nivel estatal, con la falta de Presupuestos Generales del Estado para este año, lo que significa que seguirán vigentes los de 2023. Borra señaló que durante esta legislatura todo ha estado "completamente paralizado" debido al tema de la Ley de Amnistía, dando la impresión de que "en este país no se puede trabajar por los ciudadanos y los servicios públicos". A esto se suma ahora, agregó el presidente de CSIF, el anuncio del Gobierno de que "renuncia a tener Presupuestos para el ejercicio 2024".

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(El Periódico, 15-03-2024) | Laboral

El Supremo incluye dentro de la jornada laboral la pausa para el café

Es uno de los momentos más gratos del día: la pausa del desayuno, un momento sagrado que ahora respalda el Tribunal Supremo. Este período, en el que los trabajadores se detienen para desayunar, ya sea cerca de la oficina o en el lugar de trabajo mismo, ahora se considera tiempo de trabajo. Es un breve descanso que se ha consolidado como un derecho laboral. Esto es lo que ha dictaminado recientemente el Tribunal Supremo en una sentencia que va más allá, mostrando comprensión hacia los retrasos mínimos. El Alto Tribunal también establece que, si llegamos al trabajo quince minutos después de la hora establecida, se considerará que hemos llegado puntualmente, en beneficio del trabajador. Esta decisión alivia en parte la rigidez impuesta por los sistemas de control de presencia laboral, permitiendo cierta flexibilidad. Sin embargo, la cortesía de los quince minutos no se aplica ni a los jefes ni a aquellos equiparados a ellos. El Tribunal Supremo ha confirmado que el tiempo de la pausa del desayuno puede ser considerado como tiempo de trabajo efectivo, es decir, remunerado y a cargo de la empresa, siempre y cuando exista un acuerdo previo que así lo estipule. Además, ha determinado que aquellos que lleguen a su lugar de trabajo dentro de los quince minutos posteriores al inicio de la jornada laboral tienen derecho a que se les considere puntualmente presentes. Este fallo judicial del Tribunal Supremo se aplica específicamente a casos en los que haya habido un acuerdo previo y no se aplica de manera general a todos los trabajadores. Según indican diversas fuentes jurídicas consultadas, un trabajador no puede exigir a la empresa que le pague el tiempo del desayuno si no hay un acuerdo previo que lo estipule. Sin embargo, sí puede hacerlo si esta práctica ha sido habitual y conocida por la empresa, aunque no esté formalmente establecida por escrito, lo que se conoce técnicamente como una "condición más beneficiosa". Estas son las conclusiones principales derivadas de una sentencia emitida este jueves en relación con un litigio entre CaixaBank y los sindicatos más representativos de su plantilla. La demanda, iniciada por CCOO y posteriormente respaldada por UGT y Secb, y la posterior resolución judicial obligan a la entidad bancaria a respetar estas dos condiciones beneficiosas para sus empleados, derivadas de un acuerdo firmado en 1991 que sigue vigente. Aunque en el pasado el Tribunal Supremo no siempre ha fallado a favor de las demandas sindicales, en esta ocasión ha validado las condiciones favorables reconocidas en el acuerdo vigente de CaixaBank. Según este acuerdo, los trabajadores tienen derecho a ausentarse de su puesto de trabajo durante 20 minutos al día para tomar su desayuno, tiempo que se considera parte de la jornada laboral.

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(Expansión, 14-03-2024) | Laboral

Planes de pensiones: 4.400 millones en rescates por paro en 15 años

El retiro anticipado de fondos de pensiones debido a períodos prolongados de desempleo alcanzó el año pasado su punto más bajo desde que en 2009 se flexibilizara esta opción para los desempleados de larga duración con el fin de mitigar los efectos de la crisis. Desde 2009, estos retiros suman un total de 4.400 millones de euros. Según las estimaciones de Inverco, el año pasado estos reembolsos alcanzaron los 122 millones de euros. Esta cifra representa el nivel más bajo desde 2008, cuando se situó en 67,3 millones, justo antes de que se modificara la normativa. Tras el estallido de la crisis financiera, que aumentó drásticamente las tasas de desempleo, el Gobierno facilitó en 2009 el acceso anticipado a los fondos de pensiones. Ese mismo año, los retiros se dispararon hasta alcanzar los 220 millones, y continuaron aumentando año tras año hasta alcanzar un máximo de 456 millones en 2013. Sin embargo, desde ese año, la tendencia ha sido a la baja, excepto en 2020. Los reembolsos han ido disminuyendo y se espera que sigan haciéndolo si la tasa de desempleo continúa descendiendo. Durante el año de la pandemia, los retiros anticipados crecieron un 40%, alcanzando los 282 millones. El número de beneficiarios de estos retiros asciende a 812.345 participantes en planes de pensiones. Su evolución ha sido similar a la de los retiros, aumentando año tras año desde 2009, alcanzando un récord en 2013 con 99.163 solicitudes, para luego disminuir gradualmente y situarse en 20.000 el año pasado. El monto medio recibido por los ahorradores en estos retiros es de alrededor de 5.400 euros. Los planes de pensiones, en general, solo pueden ser rescatados cuando el participante se jubila. Inicialmente, se establecieron los retiros anticipados en casos de enfermedad grave y desempleo prolongado. En el segundo caso, el Gobierno eliminó en agosto de 2009 el requisito de estar desempleado durante doce meses y no recibir ningún tipo de prestación por desempleo. Las estimaciones de Inverco sitúan en 17 millones de euros los pagos anticipados a los participantes de planes de pensiones por enfermedad grave. Esta asociación estima que desde 2009 se han realizado retiros por desempleo y enfermedad que suman 4.800 millones de euros, distribuidos entre 871.000 participantes. A partir del 1 de enero de 2025, se añade una nueva opción de liquidez. Desde ese momento, se podrá retirar el ahorro depositado en estos productos incluso si el titular no ha alcanzado la edad de jubilación. Esta medida fue tomada por el Gobierno hace diez años para intentar aumentar la atractividad de estos productos. Sin embargo, el sector lamenta esta decisión y advierte sobre la posibilidad de una considerable salida de dinero de los planes de pensiones. Estos retiros están sujetos al pago de impuestos correspondientes en el momento de recibirlos, lo que puede limitar su atractivo. En febrero pasado, los planes de pensiones del sistema individual registraron una salida neta de 111 millones de euros. Las aportaciones ascendieron a 115 millones y las prestaciones pagadas alcanzaron los 226 millones, según informó Inverco. El volumen de activos en estos planes se situó en 86.476 millones, lo que representa un aumento del 1,8% (1.554 millones) en lo que va del año. En comparación con febrero de 2023, el aumento es de 4.432 millones. La rentabilidad media de los planes individuales es del 9% en los últimos doce meses, con los productos de renta variable registrando una ganancia media del 18,6%.

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(Cinco Días, 13-03-2024)   | Laboral

El Gobierno adelanta la subida del 2% a los funcionarios para este año

Este año, los salarios de los tres millones de empleados públicos aumentarán un 2%, y este aumento se aplicará en abril o mayo, una vez que se complete la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de medidas urgentes contra la crisis provocada por las consecuencias de la guerra en Ucrania. Por lo tanto, el incremento de los salarios de los empleados públicos entrará en vigor antes de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de este año. Incluso si estos presupuestos no fueran aprobados, si el Ejecutivo perdiera el apoyo de los distintos grupos de la oposición que le respaldan.  Es importante recordar que, en este momento, los presupuestos de 2023 están prorrogados debido a que las elecciones generales de 2023 se celebraron en julio, y el Gobierno ha tenido que negociar el respaldo político para la legislatura, incluida la negociación de la ley de amnistía con ERC y Junts por la declaración ilegal de independencia de Cataluña en septiembre y octubre de 2017. Tras la reunión del Consejo de Ministros, el ministro de Transformación Digital y de Función Pública, José Luis Escrivá, confirmó que el aumento salarial del 2% acordado para este año con CCOO y UGT para los empleados públicos se regulará en el decreto contra la crisis que está siendo tramitado como proyecto de ley en las Cortes. El PSOE y Sumar presentarán una enmienda al proyecto de ley en tramitación en las Cortes. "Se incorporará una enmienda al real decreto-ley [que ahora es un proyecto de ley] que hemos denominado de medidas urgentes para luchar contra la crisis originada por la guerra en Ucrania (...). Es el elemento adecuado", afirmó el ministro. Sin embargo, es posible que los salarios de los funcionarios terminen aumentando este año hasta un 2,5%. El acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para el trienio 2022-2024 contempla la posibilidad de un aumento adicional del 0,5% en este ejercicio, dependiendo del Índice de Precios Armonizado con la Unión Europea. Actualmente, esta cifra se sitúa en el 2,9% en la tasa interanual, mientras que el IPC general está en el 2,8%, por lo que, hasta el momento, está por encima del aumento salarial de los empleados públicos. Además, es importante tener en cuenta que los diputados y senadores han aumentado sus sueldos un 2,5% para este año. Cada año, los salarios de los políticos aumentan al mismo ritmo que los de los funcionarios. Por lo tanto, es posible que durante el trienio comprendido entre 2022 y 2024, los salarios de estos trabajadores aumenten un 9,5%. Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF aprovecharon el anuncio de Escrivá para solicitar una nueva ronda de negociaciones con el Gobierno sobre varios temas, incluyendo un nuevo acuerdo salarial para el trienio 2025-2028 y la próxima oferta de empleo público para el próximo año.  Además, los sindicatos piden la eliminación inmediata de la tasa de reposición para reducir el empleo temporal, es decir, la capacidad del Gobierno para decidir cuántos puestos deben ser cubiertos debido a la jubilación o el fallecimiento de los empleados públicos. También solicitan la implementación de la jubilación parcial entre los funcionarios y la reducción de la jornada laboral de 37,5 a 35 horas.

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(Cinco Días, 13-03-2024)   | Laboral

Los sindicatos pactan una subida del 11% a tres años para los empleados de las antiguas cajas

La Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y los sindicatos han alcanzado esta tarde un preacuerdo que beneficiará a los 55.000 empleados de CaixaBank y de otros bancos controlados por fundaciones bancarias, como Unicaja, Ibercaja y Abanca. Según el acuerdo, se establece un aumento del 5% en 2024 y del 3% tanto en 2025 como en 2026. Después de cuatro meses de negociaciones intensivas, los sindicatos han cerrado un preacuerdo de convenio laboral para las siete entidades bancarias adscritas a la CECA. Este acuerdo tendrá una vigencia de tres años y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024, con efectos retroactivos. El incremento pactado será del 5% para el año 2024 y del 3% para los años 2025 y 2026. Además, ambas partes han acordado un aumento lineal de 1.000 euros en el salario para todos los empleados en este ejercicio. También se ha establecido un día de libre disposición para los años 2024, 2025 y 2026. Por primera vez, este convenio incluye una cláusula de revisión salarial para evitar que el poder adquisitivo de los trabajadores se vea afectado en caso de un aumento significativo de la inflación. El preacuerdo se aplicará a CaixaBank, Abanca, Ibercaja, Unicaja, Cecabank, Caixa Ontinyent y Caixa Pollença. Kutxabank y su filial Cajasur también son miembros de la CECA, pero cuentan con un convenio propio. La CECA ha sellado este preacuerdo con UGT, CCOO y Fine, que representan el 86% de la representación sindical. Durante las negociaciones, estos sindicatos habían solicitado un incremento salarial para el próximo trienio de entre el 17% y el 23%, y llegaron a llevar a cabo paros parciales el 26 de febrero, además de haber convocado una huelga para el 22 de marzo. Tras este preacuerdo, se espera que en los próximos días la otra gran patronal, la Asociación Española de Banca (AEB), también cierre la negociación salarial del próximo convenio con los sindicatos.

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(El Economista, 13-02-2024) | Laboral

La precariedad de los orientadores trunca el plan de Díaz para mejorar la eficacia del SEPE

La Ley de Empleo, liderada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al final de la pasada Legislatura, prometía una transformación significativa en la forma de abordar la búsqueda de empleo, mediante un "acompañamiento y atención personalizada" a través del impulso decidido de los orientadores laborales, una suerte de guías encargados de acompañar a los desempleados en este proceso. Sin embargo, un año después, esta innovación aún no ha despegado debido a las deficientes condiciones laborales de estos profesionales: un sector fragmentado y poco reconocido, cuyo desarrollo se ve limitado por una financiación a través de subvenciones que perpetúa la precariedad en la que se encuentran atrapados. La normativa contemplaba la integración de 7.000 orientadores en los servicios públicos de empleo, pero el Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a fortalecer el papel de todos los demás orientadores, incluidos aquellos que trabajan para empresas privadas, entidades del tercer sector y como autónomos independientes, en un amplio proyecto de colaboración público-privada. El objetivo es que no solo asistan a los desempleados, sino también a los servicios públicos de empleo para encontrar ofertas disponibles y mejorar sus deficientes índices de intermediación. Hasta ahora, el único avance ha sido el impulso a la Red Centros de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo (Red COE), que cuenta con 20 establecimientos distribuidos por toda España, aunque algunas comunidades, como el País Vasco, han tomado la iniciativa con proyectos similares dentro de sus competencias. Sin embargo, tanto el Estado central como las autonomías se enfrentan a los problemas crónicos de un colectivo cuyas cifras son alarmantes y amenazan con hacer ineficaces cualquier intento de reforma. Según un estudio de la Fundación Ergon, el número de profesionales podría superar los 30.000, aunque esta cifra es incierta debido a la falta de un censo "profesional". "La ausencia de un registro centralizado y su dispersión territorial y sectorial hacen que determinar su cantidad sea actualmente una tarea casi imposible", destaca el análisis. Esto también se traduce en un alto grado de intrusismo, exacerbando el desajuste en la cualificación que agrava la desconexión entre su labor y las necesidades reales del mercado laboral. El 82% de los orientadores poseen una titulación universitaria, pero su formación tiende a ser humanística (especialmente en áreas como magisterio y psicología), competencias que en principio están más alejadas del conocimiento directo de las "realidades económicas y del funcionamiento del mercado laboral", precisamente cuando esta "desconexión" es uno de los aspectos en los que Bruselas más ha centrado su atención en sus evaluaciones sobre las políticas de empleo. Además, se trata de un colectivo mayoritariamente compuesto por profesionales mayores de 50 años, en su mayoría mujeres, de las cuales solo un tercio trabaja directamente para el sector público. Esta "externalización" no sería necesariamente negativa si no fuera por cómo se lleva a cabo. A diferencia de la sanidad o la educación, donde se implementa a través de un sistema de concierto, en la orientación se sigue un modelo de "subvención", especialmente dirigido a ONG y entidades del tercer sector. Según Ergon, esta situación es responsable de "una cierta inmadurez del sector social", compuesto por numerosas entidades que podrían ser consideradas claramente como pymes. Este modelo no solo implica que estas organizaciones carecen de recursos para su "consolidación" y crecimiento, sino que también consolida un "elevado porcentaje de precariedad en las condiciones laborales" de los orientadores. Un 15,8% trabaja como autónomo, en una situación de alta inestabilidad (sin mencionar posibles casos de fraude laboral), mientras que otro 29,4% son empleados con contratos temporales.

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(Expansión, 12-03-2024)   | Laboral

Abogados y procuradores exigen a la Seguridad Social que los incluya ya como autónomos

Los abogados y procuradores afectados por los planes de pensiones de las mutualidades profesionales expresaron su fuerte descontento con la propuesta presentada la semana pasada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Esta propuesta sugiere que a partir de 2027, todos los nuevos profesionales deberán cotizar en el régimen de trabajadores autónomos. Los afectados protestan porque desean integrarse en la Seguridad Social ahora mismo, buscando así garantizar pensiones dignas para el futuro y el acceso a la sanidad pública. Muchos profesionales se han dado cuenta de que después de años de cotizaciones a las mutualidades profesionales de sus colegios, les espera una pensión muy reducida. Además, no tienen acceso a la sanidad pública, ya que están cubiertos por un sistema privado. En muchos casos, estiman que recibirán pensiones de apenas 500 euros al mes después de haber cotizado durante años a la mutualidad de su colegio. Por estas razones, solicitaron ayuda al Gobierno para poder integrarse en la Seguridad Social, como lo hacen los asalariados, los autónomos y los funcionarios que ingresaron en la administración desde 2011. Además, rechazaron la propuesta de Saiz de cubrir también a aquellos que eran mutualistas de estos colegios profesionales antes de 1996, solo si se encuentran en una situación de vulnerabilidad social. Los profesionales quieren que la Seguridad Social extienda la cobertura a todos los abogados y procuradores. Consideran que la obligatoriedad de ingresar en el régimen de autónomos a partir de 2027 hace que los nuevos colegiados corran el riesgo de ser captados por las mutualidades como una alternativa a la Seguridad Social, a pesar de los problemas que esto les ocasionará en términos de prestaciones. Los profesionales argumentan que las mutualidades deberían garantizar obligatoriamente las coberturas, independientemente de las cuotas de los colegiados. Además, lamentan que el Ministerio exija un aumento de las cuotas del 80% al 100% de la escala general del Régimen de Autónomos, sin garantizar las prestaciones, lo cual consideran una máxima desprotección por parte del Estado y un trato desigual respecto a otros ciudadanos. Exigen al Gobierno que resuelva de manera urgente su incorporación al régimen de autónomos y acusan a Altermutua y a las mutualidades de abogados y procuradores de su situación. Manifiestan su disposición a tomar todas las medidas legales y de presión necesarias contra el Gobierno para lograr sus reivindicaciones. Los abogados y procuradores responden así a la propuesta de Saiz, expresada la semana pasada en el Senado, para abordar la situación en la que se encuentran muchos de ellos, después de haber contribuido durante años a la mutualidad de su colegio profesional, con pocas esperanzas de recibir una pensión digna y otras prestaciones de la Seguridad Social. La ministra les ofrece un incremento gradual de las cotizaciones sociales, desde el 80% hasta el 100% de la base mínima de cotización como autónomos, teniendo en cuenta sus ingresos, al igual que para todos los autónomos. Además, propone el encuadramiento obligatorio, a partir de 2027, en el régimen de la Seguridad Social, permitiendo a quienes ya estén en la mutualidad permanecer en ella si así lo desean. También se contempla el reconocimiento por parte de la Seguridad Social de los mutualistas anteriores a 1996 en situación de vulnerabilidad, con la opción de convertir el capital acumulado en períodos de cotización realizados en la base mínima de autónomos y transferir dicho capital a la Tesorería de la Seguridad Social.

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(El País, 12-03-2024)   | Laboral

La Unión Europea aprueba "in extremis" la "ley rider" a pesar de la oposición de Alemania y Francia

Los Veintisiete han aprobado la 'Ley Rider' europea este lunes en el último momento gracias al cambio de postura de Estonia y Grecia, lo que ha permitido que la directiva salga adelante a pesar de la abstención de Alemania y el voto en contra de Francia. Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales han ratificado el acuerdo provisional alcanzado el 8 de febrero con los negociadores del Parlamento Europeo sobre la directiva que regula el trabajo en plataformas, tras dos intentos fallidos anteriores. El objetivo de esta ley es clarificar el estatus laboral de los trabajadores de plataformas de reparto a domicilio, como Uber Eats, Just Eat, Glovo o Deliveroo, con el fin de corregir la práctica de empleo ficticio por cuenta propia y garantizar unas mejores condiciones laborales. La presidencia belga del Consejo presentó una nueva propuesta de compromiso que reducía la ambición del acuerdo inicial para abordar las preocupaciones de los Estados miembros. Este documento fue calificado por el ministro belga responsable del ámbito empresarial, David Clarinval, como "el texto de la última oportunidad", asegurando que incluía "concesiones importantes" para superar las objeciones de los 14 Estados miembros que expresaron reservas. Sin embargo, este lunes, todos los países de la UE, excepto Alemania y Francia, votaron a favor de la directiva. La presidencia belga del Consejo agradeció las "sorpresas de última hora" que supuso el cambio de posición de Estonia y Grecia, que hicieron un "esfuerzo" en favor del "mejor interés de los trabajadores" al respaldar la norma en un espíritu de compromiso. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania, Hubertus Heil, explicó durante la sesión pública en la que se debatió la ley que debía abstenerse en la votación debido a que uno de los socios de coalición de su gobierno, el Partido Democrático Liberal, no podía respaldar el texto, algo que lamentó profundamente antes de desearle "lo mejor" al expediente. Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, reiteró que el acuerdo del 8 de febrero "no es perfecto" y "no entusiasma" a España, ya que podría resultar en una protección "desigual" para los trabajadores. No obstante, lo apoyó para situarse del lado de "la Europa que avanza" frente a "la que bloquea". Una vez completados los pasos formales de la adopción, los Estados miembros tendrán dos años para incorporar las disposiciones de la directiva a su legislación nacional. Los aspectos principales del compromiso giran en torno a una presunción legal que ayudará a determinar adecuadamente la situación laboral de las personas que trabajan en plataformas digitales. Según el acuerdo, los Estados miembros establecerán una presunción legal de empleo en sus sistemas legales, activada cuando existan indicios de control y dirección, y se determinará de acuerdo con la legislación nacional y los convenios colectivos, considerando la jurisprudencia de la UE. Además, los trabajadores de plataformas digitales, sus representantes o las autoridades nacionales podrán invocar esta presunción legal y alegar una clasificación incorrecta, mientras que corresponderá a la plataforma digital demostrar que no existe relación laboral. El acuerdo alcanzado con el Parlamento garantiza que los trabajadores estén debidamente informados sobre el uso de sistemas automatizados de seguimiento y toma de decisiones en su contratación, condiciones laborales e ingresos, entre otros aspectos. También prohíbe el uso de sistemas automatizados de seguimiento o toma de decisiones para el tratamiento de ciertos datos personales de los trabajadores de plataformas, como datos biométricos o su estado emocional o psicológico. Asimismo, se garantiza la supervisión y evaluación humana de las decisiones automatizadas, con derecho a explicación y revisión. 

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(El Economista, 12-03-2024)   | Laboral

El Gobierno planea la "operación retorno" de 1,7 millones de españoles en el extranjero

La Seguridad Social está desarrollando un Plan Estratégico dirigido a españoles que viven en el extranjero y personas que han retornado, con el objetivo principal de atraer y facilitar el regreso de casi 1,7 millones de individuos en edad laboral (entre 16 y 64 años) y con nacionalidad española que residen fuera del país. El Ministerio pondrá un enfoque especial en profesionales de la salud, educación, así como en el ámbito social y cultural. Esta iniciativa se suma a la Ley de Extranjería y a medidas específicas por situaciones de emergencia, como los conflictos en Ucrania o Gaza. El Ministerio, bajo la dirección de Elma Saiz, aumentará el presupuesto destinado a prestaciones para estos retornados, especialmente en ayudas asistenciales en el extranjero y convenios en materia de salud. El objetivo es recuperar la inversión española en capital humano, algunos de los cuales ya están capacitados como mano de obra calificada y han emigrado debido a diversas crisis, en lo que se conoce como "fuga de cerebros": la pérdida de talento humano cualificado. La estructura organizativa del Ministerio se ha expandido en el área de Migraciones: desde la secretaría de Estado, liderada por Pilar Cancela, se ha creado una dirección general específica, la de Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, dirigida por María Elena Bernardo Llorente. Esta última, proveniente de su cargo como subdelegada del Gobierno en Madrid, ha desarrollado su carrera en empleo y políticas territoriales, y su nombramiento en diciembre marcó el inicio del proyecto. Esta área del Ministerio busca cumplir con la aspiración de facilitar el retorno de españoles que se vieron obligados a emigrar debido a diversas crisis. El Gobierno está trabajando en un Plan Estratégico de Retorno que incluirá medidas socio-laborales para facilitar la reintegración de los españoles retornados, aumentando los recursos destinados a estas políticas y a la inserción profesional de los nacionales que regresan. El proyecto está en sus inicios y se está desarrollando internamente y en colaboración con las Comunidades Autónomas y las administraciones locales. Todavía no se conoce la posible implicación de los servicios públicos de empleo regionales u otras áreas ministeriales, como Trabajo, Derechos Sociales o Vivienda, en cuanto a subsidios o ayudas públicas básicas relacionadas con el empleo, las familias o la vivienda, que podrían incentivar el retorno de los españoles que viven en el extranjero. Tampoco se sabe si se está trabajando conjuntamente con sindicatos y representantes empresariales en este proyecto. Entre los objetivos de este proyecto incipiente se encuentra el impulso del Programa Jóvenes Emprendedores en el Exterior, con actividades dirigidas al emprendimiento y la creación de empleo, así como la formación especializada de los jóvenes emigrantes. Desde el Ministerio de Seguridad Social se defiende que esta medida contribuirá a crear valor en el extranjero y a fortalecer el talento de la juventud española, favoreciendo así las oportunidades de retorno con proyectos consolidados. La atracción de mano de obra española de regreso, especialmente trabajadores en edad laboral formados en el sistema educativo español, plantea desafíos. "El país receptor de ese capital humano no ha asumido el costo de formación que sí lo hizo España u otro país. El retorno de ese capital humano, ahora con una mayor experiencia, nos llevaría a recuperar la inversión realizada en su formación", señala Damàs Basté, profesor de EAE Business School y experto en gestión del talento en procesos de cambio. 

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