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(La Vanguardia, 03-12-2025) | Laboral

El Consejo de Ministros da luz verde a la subida de sueldo de los funcionarios

El Gobierno ha aprobado este martes, en el Consejo de Ministros, un real decreto-ley que incorpora la subida salarial pactada la semana pasada con los sindicatos UGT y CSIF para los empleados públicos. Tal y como ha explicado el ministro de Función Pública, Óscar López, la norma autoriza el incremento retributivo del 2,5% correspondiente a 2025 -que algunos trabajadores cobrarán con efectos retroactivos antes de final de año- y también activa ya la subida fija del 1,5% prevista para 2026. En conjunto, supone un aumento del 4% aplicado en apenas dos meses. Los ministerios de Función Pública y Hacienda aceleraron las negociaciones para que una parte del personal pudiera recibir en diciembre el pago retroactivo vinculado a 2025. Dado que las nóminas se cierran alrededor del 10 de diciembre, el Ejecutivo ha garantizado que los empleados de la Administración General del Estado (AGE) percibirán la subida correspondiente a 2025 a finales de este mes, junto con la paga extra. Además, un mes después recibirán la actualización salarial de 2026, evitando así los retrasos que ocurrieron en años anteriores. Un ejemplo: el 0,5% variable de 2024 se aprobó en julio de 2025. Según López, el acuerdo alcanzado con UGT y CSIF -al que, por ahora, CCOO no se ha adherido- es extensible a todas las administraciones públicas, incluidas las autonómicas y municipales, que deberán determinar cómo aplican el pago. Esto significa que el calendario real de cobro para los casi 3,5 millones de empleados públicos variará en función de cada territorio. "Hay administraciones que harán un único abono en diciembre, como la AGE, y otras pactarán con los sindicatos la forma de pago, pero el acuerdo es vinculante para todas", ha señalado el ministro. El pacto salarial contempla un incremento acumulado del 11% entre 2025 y 2028, que podría llegar al 11,4% si se incluye el efecto de arrastre. La subida se reparte en un 2,5% para 2025; un 2% en 2026; un 4,5% en 2027 y otro 2% en 2028. En el caso de 2026, el alza será de un 1,5% fijo más un 0,5% variable, que se aplicará si la inflación supera ese 1,5%. Este componente variable se abonaría en 2027 para asegurar el cumplimiento de la regla de gasto. El propósito de esta senda salarial hasta 2028 es evitar que los empleados públicos continúen perdiendo poder adquisitivo. Con esta fórmula, sus remuneraciones crecerán algo menos de tres puntos por encima de los precios en el periodo, aunque todavía no compensarán totalmente lo erosionado por la inflación en los últimos años. El acuerdo marco de 2022 fijaba una subida acumulada del 9,5% (9,8% con efecto de arrastre), claramente insuficiente frente al aumento del 15,3% registrado por la inflación entre 2021 y 2024. Según cálculos de UGT, sumando el salario base y los complementos de destino -sin incluir complementos específicos ni trienios-, la subida de 2025 supondrá un aumento anual de entre 767,6 euros para los funcionarios del grupo A1 y 333,2 euros para el grupo E. Si se añade la subida completa prevista para 2026, en 2027 las mejoras acumuladas ascenderían a entre 2.841,7 euros y 1.233,4 euros anuales, según el grupo profesional. El acuerdo de diálogo social incorpora también otras mejoras, como el compromiso del Gobierno de revisar en 2026 los complementos de residencia e insularidad en Canarias y Baleares. Aunque el texto definitivo aún no se ha publicado, los sindicatos aseguran que incluye además refuerzos de plantilla -especialmente en los puestos de atención al público-, la eliminación progresiva de la tasa de reposición y una agilización de los procesos de selección y promoción interna.

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(El País, 02-12-2025) | Laboral

Fedeca ve “fraude de ley” en que el pacto salarial de los funcionarios llegue a 2028 porque excede la legislatura

La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) considera que el acuerdo salarial firmado entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF -que establece una subida del 11% entre 2025 y 2028- constituye un "fraude de ley". Así lo afirmó este lunes la presidenta de la organización, Ana Ercoreca, quien sostiene que el pacto excede el periodo de la legislatura actual. "El compromiso abarca de 2025 a 2028, lo que implica un fraude de ley porque se proyecta más allá del mandato vigente", señaló también en su condición de presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Según Ercoreca, el Ejecutivo solo debería comprometerse hasta 2027, año en que finaliza la legislatura. "Plantear medidas para 2028 cuando desconocemos cuál será el escenario político nos parece un fraude de ley. Debería contar con el aval del Congreso", añadió. El último acuerdo retributivo, firmado en 2022, se extendía hasta 2024, y también sobrepasaba el límite previsto para la legislatura que, en principio, concluía a finales de 2023. Pese a esta discrepancia sobre la duración del pacto, Fedeca valora de forma "positiva" las mejoras salariales, pero mantiene una crítica de fondo: lamenta que el acuerdo no se base en la inflación real, sino en una estimación futura de la evolución de los precios. El pacto contempla un incremento total del 11% (o del 11,4% considerando el impacto en los complementos, según los cálculos sindicales). Para 2025 se aplicará una subida del 2,5%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. En enero de 2026, los sueldos aumentarán otro 1,5%, por lo que al comienzo del próximo año la subida acumulada alcanzará el 4% fijo. A ello se añade un 0,5% variable, condicionado a que el IPC de 2026 sea igual o superior al 1,5%. En caso de cumplirse esta condición, ese medio punto se abonará previsiblemente en el primer trimestre de 2027, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, y se descontará del incremento previsto para 2027, que será del 4,5% (o del 5% si no se adelanta ese 0,5% al año anterior). En 2028 se aplicará el 2% restante. Para Ercoreca, esta subida "se diluirá" si no se calcula en función del IPC real. Es decir, Fedeca considera que los incrementos vinculados a la evolución prevista de los precios no compensarán posibles repuntes inesperados de la inflación. "Los aumentos anuales no tienen en cuenta el IPC real", criticó. Por ello, la federación propone un mecanismo similar al de la revalorización de las pensiones, basado en la inflación efectiva de cada ejercicio y no en proyecciones, como establece el acuerdo actual. "Si las subidas no siguen el ritmo del IPC, no serán reales. Implicarán pérdida de poder adquisitivo. Hay que tener presente la volatilidad de los precios energéticos y el alto coste de la vivienda, que afecta especialmente a los jóvenes", subrayó Ercoreca. También remarcó las dificultades a las que se enfrentan los funcionarios cuando se trasladan a ciudades como Madrid o Barcelona, donde los precios inmobiliarios son más elevados. "Valoramos que haya una senda de incrementos, pero pedimos que estén vinculados a la inflación real", concluyó. Por último, Ercoreca celebró que "se acorten los plazos de resolución de las ofertas de empleo público", ya que los retrasos prolongados generan, a su juicio, "ineficiencias" en la Administración.

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(El Periódico, 02-12-2025) | Laboral

Después de 18 meses de baja, el puesto queda suspendido y se deja de cotizar

Cuando una persona atraviesa un problema de salud que le impide desempeñar su trabajo con normalidad, lo más adecuado es solicitar a la Seguridad Social una incapacidad temporal. Tras la concesión de la baja médica, el trabajador puede permanecer fuera de su puesto hasta un máximo de 545 días. Una vez cumplido este periodo de 18 meses, el afectado debe optar entre tres alternativas: pedir una incapacidad permanente, aceptar el alta médica o solicitar una prórroga de su baja. Si no toma una decisión, la Seguridad Social le enviará una propuesta de incapacidad permanente. Es importante actuar con rapidez, ya que cuando se agota el plazo máximo el trabajador deja de cotizar. Eso sí, no pierde su empleo, sino que su contrato queda en situación de suspensión. ¿Qué resoluciones puede dictar la Seguridad Social? El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contempla tres posibles resultados cuando se trata de una incapacidad temporal prolongada. La primera consiste en reconocer al trabajador una incapacidad permanente. La segunda opción es la finalización de la incapacidad temporal, lo que implica el alta médica. En este caso, el trabajador recibirá una notificación por SMS y por carta, informándole de que debe reincorporarse de inmediato a su puesto, pudiendo ser despedido si no lo hace. La tercera posibilidad es la concesión de una demora en la calificación, comunicada previamente. Esta prórroga permite ampliar la baja otros seis meses, pudiendo llegar hasta un máximo de 730 días naturales (dos años). Conviene recordar que, según la Ley General de la Seguridad Social, existen dos grandes tipos de incapacidad laboral: la temporal y la permanente. Dentro de esta última, se distinguen cuatro grados, cada uno con su correspondiente prestación económica: Incapacidad Permanente Parcial: El trabajador ve disminuido su rendimiento habitual, aunque puede seguir realizando sus tareas. Recibe un pago único equivalente a 24 mensualidades de su base, con las retenciones e IRPF correspondientes. Incapacidad Permanente Total: La persona no puede desempeñar su profesión habitual, pero sí puede trabajar en otra distinta. La prestación equivale al 55% de la base reguladora, sujeta a IRPF, y aumenta al 75% para mayores de 55 años. Incapacidad Permanente Absoluta: El trabajador no puede dedicarse a ningún tipo de actividad profesional. En este caso, percibe una pensión vitalicia por el 100% de su salario bruto, exenta de IRPF. Gran Invalidez: Además de no poder trabajar, el afectado necesita ayuda para realizar las tareas básicas de la vida diaria. La prestación consiste en una pensión del 100% de la base reguladora más un complemento que puede alcanzar el 45% del salario mínimo, también sin retención de IRPF.

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(El Economista, 02-12-2025) | Laboral

La Seguridad Social denegará la incapacidad permanente a las personas que cumplen la edad de jubilación aunque pasen el tribunal médico

Las pensiones por incapacidad permanente se conceden cuando una lesión, enfermedad o dolencia impide a una persona desarrollar con normalidad su actividad diaria o su trabajo. Sin embargo, no basta con que el tribunal médico y la Seguridad Social reconozcan ese perjuicio: el solicitante debe cumplir determinados requisitos legales sin los cuales, por evidente que sea la incapacidad, no podrá acceder a la prestación. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a un trabajador al que tuvieron que amputarle las dos piernas debido al agravamiento de una enfermedad común. A pesar de que su situación era compatible con el grado de gran invalidez -y así lo había confirmado el tribunal médico-, la Seguridad Social le ha denegado la pensión porque ya reúne los requisitos para percibir una pensión de jubilación. Por tanto, debe cobrar esta última y no la de incapacidad. El abogado laboralista Ignacio de la Calzada explica el caso en su perfil de TikTok. Según detalla, el problema surge porque el afectado supera los 67 años y, aunque seguía de baja, cumplía plenamente las condiciones para solicitar la jubilación, trámite que no había realizado aún. La denegación se basa en el artículo 195 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que no se podrá reconocer la incapacidad permanente derivada de enfermedad común si, en la fecha del hecho causante, la persona ya tiene la edad y los requisitos necesarios para acceder a la jubilación. Dicho de otro modo, si el trabajador alcanza la edad legal antes de que se resuelva su expediente, pierde el derecho a solicitar la incapacidad. "Si esperas demasiado y ya has cumplido la edad de jubilación, no puedes acceder a la incapacidad permanente y tienes que pedir la jubilación", resume el abogado. Esto puede suponer una pérdida económica para el afectado, ya que las pensiones por incapacidad absoluta o gran invalidez suelen ser más elevadas -entre el 100% y el 150% de la base reguladora-, mientras que la jubilación puede resultar menos beneficiosa. En el caso concreto relatado por De la Calzada, al trabajador le corresponde una jubilación de unos 1.600 euros, mientras que, de habérsele reconocido la gran invalidez, habría percibido unos 900 euros más cada mes.

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(La Vanguardia, 02-12-2025) | Laboral

El paro baja en 18.805 personas en noviembre y se sitúa en 2.424.961

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de noviembre, se ha reducido en 18.805 personas en relación con el mes anterior (-0,77%). Respecto a noviembre de 2024, el desempleo ha descendido en 161.057 personas (-6,23%). De esta forma, el paro registrado se ha situado en 2.424.961, la cifra más baja para este mes desde 2007. En términos desestacionalizados el paro registrado se reduce en 11.881 personas. El paro se reduce en noviembre en todos los sectores económicos y también entre el Colectivo Sin Empleo Anterior.  De esta manera, cae en Servicios en 13.013 personas (-0,73%), en Industria en 1.552 personas (-0,82%), en Agricultura en 1.332 (-1,74%) y en Construcción en 881 (-0,51%). En el caso del Colectivo Sin Empleo Anterior disminuye en 2.027 personas (-0,88%). La caída del desempleo femenino triplica en términos absolutos a la del desempleo masculino en el mes de noviembre. De esta manera hay 14.370 (-0,97%) mujeres desempleadas menos en relación al mes de octubre. Se trata de una caída de 90.705 paradas (-5,83%) respecto a noviembre del año anterior. El total se sitúa en los niveles más bajos para este mes desde 2008. Por su parte, el desempleo masculino desciende en 4.435 personas (-0,46%) y se sitúa en un total de 958.866 parados. Si lo comparamos con noviembre de 2024, el paro masculino baja en 70.352 personas (-6,84%). El desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de noviembre en 5.476 personas (-2,83%) respecto al mes anterior. La caída porcentual triplica la de los mayores de esa edad. El total se sitúa en 188.322, el menor para ese mes de la serie histórica. El paro registrado en noviembre de 2025 baja en once Comunidades Autónomas, las mayores caídas en cifras absolutas se producen en: Andalucía (-6.934), Comunidad de Madrid (-3.903) y Cataluña (-3.119); se mantiene estable o aumenta moderadamente en las seis comunidades restantes, encabezadas por Illes Balears (2.534) y Castilla y León (1.035). El número total de contratos registrados durante el mes de noviembre ha sido de 1.296.203. En noviembre de 2025 se han registrado 534.997 contratos de trabajo de carácter indefinido que representan el 41,27% de todos los contratos. Los beneficiarios y las beneficiarias existentes a final del mes fueron 1.773.677, un 0,9% más que el mismo mes del año anterior. La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de octubre de 2025 ha sido del 77,71%. Aumenta un 7,7% respecto al mes de octubre del año anterior. Es la cobertura más alta del sistema para un mes de octubre de la serie histórica. El gasto medio mensual por beneficiario o beneficiaria, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de octubre ha sido de 1.465,3 euros lo que supone un aumento de 347,8 euros (31,1%) sobre el mismo mes del año anterior. Los gastos totales de octubre de 2025 ascendieron a 2.006,45 millones de euros.

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(Expansión, 01-12-2025) | Laboral

Las pensiones subirán un 2,7% en 2026: los jubilados cobrarán 630 euros más el próximo año

Con el dato adelantado del IPC de noviembre, situado en el 3%, la media interanual de los últimos doce meses queda en el 2,7%. Ese porcentaje será el que se utilice para actualizar las pensiones contributivas a partir de enero de 2026. Esta revalorización llevará aparejado un aumento del gasto cercano a los 5.700 millones de euros. La Seguridad Social aplicará por tanto una subida del 2,7% a todas las pensiones contributivas en 2026. En el caso de los jubilados del régimen general -el grupo más numeroso, con 4,95 millones de beneficiarios y una pensión media de 1.669 euros mensuales-, esto se traduce en un incremento de unos 45 euros al mes, lo que supone unos 630 euros más en el conjunto del año, sumando las catorce pagas. Desde 2021, tras la reforma del sistema, la revalorización anual de las pensiones se calcula en función de la media del IPC entre diciembre del año anterior y noviembre del año en curso. Con la evolución conocida hasta ahora, la media resultante es del 2,66%, que la Seguridad Social redondea al 2,7% para aplicar la subida del próximo ejercicio. Cada punto porcentual de aumento en las pensiones implica un coste adicional de unos 2.100 millones. Por ello, el ajuste previsto para 2026 supondrá un desembolso extra de al menos 5.670 millones, cifra que crecerá con la entrada de nuevos pensionistas, cuyas prestaciones son de media un 17% superiores a las de quienes causan baja. Si se toma como referencia la última nómina de noviembre, la pensión media de jubilación del sistema, actualmente en 1.511 euros, aumentará unos 40,7 euros al mes, es decir, unos 571 euros al año. La pensión media total, que incluye todas las modalidades y regímenes, situada en 1.316 euros, subirá unos 35,5 euros mensuales, lo que representa 497 euros en todo 2026. La normativa que vincula las pensiones al IPC también establece incrementos automáticos para las bases máximas de cotización y para la pensión máxima. Las bases máximas aumentarán en la misma medida que el IPC más 1,2 puntos, de modo que en 2026 crecerán alrededor de un 3,9%, hasta situarse cerca de 5.101 euros al mes. La pensión máxima, por su parte, se revalorizará con el IPC más un 0,115%, alcanzando en 2026 los 3.359,6 euros mensuales en catorce pagas. En cuanto a los autónomos, sus pensiones también subirán, aunque en menor cantidad. La pensión media de este colectivo ronda los 912 euros mensuales, lo que se traducirá en un incremento de unos 24,6 euros al mes, unos 344 euros a lo largo del año. La mayoría de estas prestaciones son de jubilación -más de 1,2 millones- y la pensión media de este grupo, situada en 1.012 euros, aumentará en torno a 27,3 euros mensuales, unos 382,5 euros en el total del ejercicio.

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(El Economista, 01-12-2025) | Laboral

CEOE se cierra a reconocer la ansiedad y la depresión como enfermedades laborales

"La salud mental no es responsabilidad de las empresas ni guarda relación con los riesgos psicosociales", afirmó de manera tajante la representante de la CEOE, Rosa Santos, apenas dos días después de que el Ministerio de Trabajo diera por concluida la negociación para reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y pactara los últimos aspectos del texto únicamente con los sindicatos. Tras un largo periodo de silencio, la patronal toma distancia públicamente del Gobierno y de las organizaciones sindicales, que vinculan las condiciones laborales con el incremento de las bajas por motivos de salud mental. En 2024 se contabilizaron 416.239 procesos de incapacidad temporal asociados a trastornos como la ansiedad o la depresión. Esto supone un aumento del 13,02% respecto a 2023 y del 86,72% en comparación con 2018, antes de la pandemia, según datos de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. En términos relativos, la incidencia mensual por cada 1.000 trabajadores creció un 9,9% en el último año, hasta situarse en el 2,29, y se ha disparado un 67% en seis años, reflejando también un creciente impacto económico. Las empresas afrontan el coste de la prestación entre el cuarto y el decimoquinto día de la baja -de acuerdo con la Ley General de la Seguridad Social-, además de los complementos salariales pactados en convenio desde el primer día y las cotizaciones sociales durante todo el periodo de ausencia. Sumando estos componentes, las mutuas calculan que en 2024 las bajas por trastornos de salud mental costaron a las empresas 3.177 millones de euros, un 22,8% más que en 2023 y un 132% más que en 2018. Estudios publicados por la Universidad de Valencia a comienzos del otoño ya alertaban del repunte de las incapacidades temporales derivadas de estas patologías. Actualmente, constituyen la segunda causa de absentismo laboral, solo por detrás de las algias (dolores lumbares, dorsales o cervicales). Tanto la universidad como la mutua Umivale advirtieron en septiembre del "grave problema" que representa la salud mental, subrayando el aumento tanto en el número de casos como en la incidencia, con cifras que coinciden con las difundidas posteriormente por las mutuas. La representante de la CEOE expuso esta postura en un coloquio celebrado el viernes con motivo del décimo aniversario de ADiReLab. Por su parte, la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, lamentó que no se hubiera alcanzado un acuerdo en materia de prevención que permitiera centrar la atención en la salud mental, los riesgos derivados del cambio climático o el impacto de los avances tecnológicos. Ruiz recordó que la encuesta europea OSH Pulse 2025 señalaba que el 29% de los trabajadores identificaba el estrés, la ansiedad o la depresión como los problemas de salud laboral más habituales. La sindicalista reprochó a CEOE y Cepyme haber cambiado su postura respecto a 2023, cuando todas las partes firmaron la Estrategia de Prevención de Riesgos a cinco años, y criticó que ahora sostengan que los riesgos psicosociales no están vinculados a las condiciones de trabajo. La portavoz de la patronal respondió matizando que, en su opinión, no existe una relación directa entre el empleo y los trastornos de salud mental. El Ministerio de Seguridad Social también aborda esta cuestión desde principios de año en la mesa de diálogo social, con el propósito de pactar medidas ante el aumento de bajas. Sin embargo, hasta la fecha ninguna propuesta ha logrado consenso. El borrador más reciente, remitido por Elma Saiz y al que tuvo acceso elEconomista.es, planteaba una reincorporación progresiva para bajas de larga duración, devolver a las mutuas la capacidad de emitir el alta en procesos que superen los doce meses y exigir a los médicos que detallen qué tareas no puede realizar una persona con pluriempleo. Pese al interés de todas las partes, esta mesa no se reúne desde hace meses. El consenso en torno a la necesidad de abordar el problema se remonta al AENC de 2022 y cristalizó parcialmente en el acuerdo de pensiones de 2023, cuando se amplió el papel de las mutuas en la gestión de pruebas y tratamientos de bajas por lesiones físicas no laborales. La CEOE buscaba extender esta competencia a todas las contingencias comunes -incluidas las de salud mental-, pero los sindicatos rechazaron firmemente esta propuesta, una discrepancia que aún persiste. Paralelamente, el Gobierno ha iniciado los trámites para que trastornos como la ansiedad o la depresión puedan reconocerse como enfermedades de origen laboral. El Congreso instó al Ejecutivo a actualizar el catálogo de enfermedades profesionales tras una iniciativa del PSOE que salió adelante pese al voto en contra de PP y Vox. Seguridad Social se comprometió a llevar esta revisión al Pacto de Toledo y al diálogo social. Incorporar trastornos como la ansiedad o la depresión a este listado establecería su vinculación directa con el trabajo y facilitaría que las mutuas asumieran más procesos relacionados con la salud mental.

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(Expansión, 28-11-2025) | Laboral

Gobierno y funcionarios sellan la subida del 11%

El aumento salarial del 2,5% correspondiente a 2025 se pagará en diciembre con efectos retroactivos desde enero, y a partir de enero también se aplicará el incremento del 1,5% previsto para 2026, al que podría añadirse un 0,5% adicional según la evolución del IPC. Ayer, el Gobierno y los sindicatos cerraron el acuerdo plurianual que regula las subidas salariales de los 3,5 millones de empleados públicos entre 2025 y 2028. Finalmente, el Ejecutivo rubricó la propuesta junto a CSIF y UGT, mientras que CCOO mantiene dudas y aún no se ha adherido. A diferencia del pacto anterior (2022-2024), firmado por UGT y CCOO junto con la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta vez acudió a la firma el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, además de los representantes de CSIF y UGT. La presencia de Sánchez no pasó inadvertida en un día especialmente complicado para el Ejecutivo, marcado por dos reveses: el Congreso rechazó la senda fiscal que permitía presentar los Presupuestos y el Tribunal Supremo incrementó la presión por los casos de corrupción que afectan al PSOE tras ordenar el ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Pese a este contexto, Sánchez destacó la importancia del pacto salarial. Señaló que "con este acuerdo ganan los trabajadores, gana la ciudadanía y, en consecuencia, gana el país", y subrayó que se trata de un "éxito" del diálogo social, al que consideró la vía más eficaz para lograr consensos que respalden la actuación del Gobierno y de las organizaciones sindicales. Óscar López, por su parte, quiso reconocer el papel de María Jesús Montero, asegurando que sin su participación en la negociación el acuerdo no habría sido posible. Uno de los obstáculos que había señalado el Gobierno -la dificultad de acordar un marco de incrementos salariales sin Presupuestos- parece haberse solventado. Aunque siguen sin aprobarse las cuentas públicas, parte de las subidas comenzarán a aplicarse en breve, tal como recoge el calendario pactado. Eso sí, su implementación requerirá un decreto ley que deberá ser convalidado por el Congreso. De acuerdo con lo previsto, el aumento del 2,5% de 2025, retroactivo desde el 1 de enero, se abonará en diciembre. En enero se aplicará el alza del 1,5% correspondiente a 2026. Además, si la inflación supera el 1,5% el próximo año, se sumará otro 0,5% que se abonará en el primer trimestre de 2027. Ese mismo año está contemplada una nueva subida, y el incremento restante hasta completar el 2% se aplicará en 2028. En total, las revalorizaciones alcanzarán un 11% -que con el efecto de consolidación llega al 11,4%- y supondrán un gasto estimado de 22.000 millones de euros. Según cálculos de UGT, considerando salario base y complemento de destino (sin incluir complemento específico, trienios o carrera profesional), la ganancia media anual en 2025 será de 767,64 euros para el grupo A1, de 478,02 euros para el C1 y de 333,18 euros para el grupo E. En 2028, la mejora acumulada alcanzará los 3.512,66 euros para el A1, los 2.187,38 euros para el C1 y los 1.524,61 euros para el grupo E. La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, afirmó que gracias a este acuerdo más de 3,5 millones de empleados públicos recuperarán poder adquisitivo y que "en trece meses" verán un aumento de nueve puntos salariales en sus nóminas. Por su parte, el presidente de CSIF, Miguel Borra, defendió que se trata del "mejor acuerdo posible" dada la situación de bloqueo presupuestario, y explicó que su sindicato lo firma por "responsabilidad y compromiso".

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(El País, 28-11-2025) | Laboral

España será el país de la OCDE que mayor proporción del PIB dedicará a pagar pensiones en 2050

El pago de las pensiones exigirá un esfuerzo creciente a las finanzas públicas de la mayoría de los países desarrollados, según el informe Pensions at a Glance 2025 de la OCDE, publicado este jueves. La magnitud de ese desafío varía en función de factores como el diseño del sistema, su nivel de generosidad y la evolución demográfica. Con todos esos elementos sobre la mesa, la OCDE prevé que España será uno de los países donde más aumentará el peso del gasto en pensiones sobre el PIB. De hecho, si las previsiones se cumplen, España será en 2050 el país de la organización que dedicará una mayor parte de su riqueza a las pensiones: un 17,3%. Este porcentaje procede del Ageing Report 2024 de la Comisión Europea, un documento que quedó ligeramente desfasado por una revisión al alza del PIB español tras la pandemia. Con la actualización, el esfuerzo previsto baja al 16,8%, medio punto menos. Aun así, España continúa situándose claramente a la cabeza del gasto relativo en pensiones dentro de la OCDE. La novedad del informe de este año es precisamente esa comparación con el resto de países del organismo. No obstante, fuentes del Ministerio de Seguridad Social cuestionan estos cálculos y sostienen que las estimaciones no reflejan adecuadamente las mejoras de crecimiento económico ni las previsiones reales de inmigración. Recuerdan que la OCDE emplea las proyecciones demográficas de la ONU para permitir comparaciones internacionales, pero consideran que, en el caso español, la dinámica migratoria y su impacto en el empleo y la actividad económica se han subestimado. De hecho, apuntan que incluso las cifras de gasto atribuidas a 2023 y 2024 superan en un punto los niveles realmente registrados. En cualquier caso, tanto el 16,8% ajustado como el 17,3% inicial -o incluso el 16,1% que calcula actualmente la Airef- se sitúan por encima de las previsiones para otros países europeos como Francia (13,7% en 2050), Portugal (14,6%), Bélgica (14,8%) o Italia (15,5%), este último solo por detrás de España. Todos los países que superarán el promedio de la OCDE en 2050 (10%) son europeos, ya que en el continente predominan sistemas públicos de pensiones más amplios que en el resto del mundo. Fuera de Europa, Japón será el país con mayor gasto relativo (9,3%). En el extremo opuesto se colocan Estados Unidos (5,9%), Chile (4,4%) y Australia (2,1%). La elección del año 2050 no es casual: los especialistas coinciden en que será el momento de mayor presión para el sistema español, y que a partir de ahí debería iniciarse un periodo de descenso progresivo del gasto. Para 2040, la OCDE prevé que Italia encabece la carga relativa sobre el PIB, con un 17,1%, mientras que España quedaría cerca, con un 16,2% (o algo menos tras la revisión del PIB). En 2030, Austria se situaría entre ambos países con un 15%. Estas proyecciones contrastan con las del informe de 2023, cuando la OCDE estimaba que España dedicaría alrededor del 13% del PIB a las pensiones en 2050, cifra similar a la que publicó en 2021. En esta edición, el esfuerzo previsto para España empeora claramente. "El factor que más impulsa el aumento del gasto en pensiones es el cambio demográfico", subraya la OCDE, destacando la elevada esperanza de vida y la muy baja natalidad de España. Aunque la inmigración amortigua parcialmente el problema, la población en edad laboral (de 20 a 64 años) caerá más de un 30% hasta 2064, más del doble de la media de la OCDE (13%). Una de las métricas clave en este ámbito es la "relación demográfica entre población mayor y población en edad de trabajar", que mide cuántas personas de 65 años o más hay por cada 100 individuos entre 20 y 64 años. Actualmente, la media de la OCDE es de 33, frente a las 35 de España. Pero para 2054 la OCDE calcula que España alcanzará las 76 personas mayores por cada 100 en edad laboral, un nivel muy por encima de la media del organismo, que rondará las 55. Dicho de otro modo, dentro de tres décadas España tendrá casi tantos jubilados como trabajadores potenciales, mientras que en el conjunto de la OCDE habrá un mayor de 65 años por cada dos personas en edad laboral. Ese ratio situará a España como el cuarto país más envejecido de la OCDE en 2054, solo por detrás de Corea del Sur (85), Japón (80) e Italia (77). Mirando más lejos, hacia 2084, la situación apenas variará: se estima que seguirá habiendo unos 77 mayores de 65 por cada 100 personas en edad de trabajar. Más allá de la demografía, hay otros factores que condicionan el impacto del sistema de pensiones en las cuentas. Entre los que destaca la OCDE está la propia generosidad del mismo, que se puede medir mediante la conocida como tasa de sustitución: esto es la relación entre la prestación que recibe el pensionista y los ingresos que percibía cuando trabajaba. "Para los trabajadores con salarios medios y una carrera completa, la tasa de sustitución neta procedente de los regímenes de pensiones obligatorios en la edad normal de jubilación es, de media, del 63,2% en la OCDE", explica el club de países ricos. El mismo sitúa a España en el grupo que se anota una tasa de sustitución neta más alta en 2024 para los empleados con salarios bajos o medios, en torno al 80%, en línea con Austria o Luxemburgo. En este punto, fuentes de la Seguridad Social también hacen una matización: es cierto que la tasa de sustitución española (entorno a un 80% para un trabajador con salario medio y carrera completa de cotización) es la más alta en términos brutos y la séptima mayor en términos netos. Si bien, añaden que esta generosidad debe ponerse en relación con las mejoras en la tasa de pobreza de los mayores de 65 años. Además, se trata de un diseño de la cuantía de las pensiones respaldado por la ciudadanía a través del Pacto de Toledo. El análisis de la OCDE también sostiene que en España "la brecha entre el gasto en pensiones y las cotizaciones a la Seguridad Social se ampliará en las próximas décadas sin nuevas reformas, a pesar de las elevadas cotizaciones". Tomando como referencia el 16,1% de gasto respecto a PIB en 2050 (3,2 puntos más que en 2023, según la Airef), subraya que "esto generará una brecha de financiación persistente y un volumen creciente de pasivos implícitos que hoy no están provisionados".

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(El Economista, 28-11-2025) | Laboral

Los ceses por no superar el periodo de prueba vuelven a romper los registros

Las bajas de afiliación motivadas por no superar el periodo de prueba alcanzaron las 766.223 entre enero y septiembre de 2025. Esta cifra supone un aumento del 1,8% respecto al año anterior y marca un nuevo máximo desde que existen registros comparables, en 2012. En ese mismo periodo se contabilizaron 773.246 despidos, un 3,1% menos que hace un año, lo que supone el primer descenso interanual desde 2021. En consecuencia, casi la mitad de las extinciones de contrato (el 49,7%) se deben al periodo de prueba, alimentando las sospechas de que algunas empresas recurren a esta vía para evitar indemnizaciones y encubrir contratos indefinidos "de mentira" tras la reforma laboral. No obstante, los datos muestran que este comportamiento ya existía antes del cambio normativo y que afecta también a los trabajadores temporales. El Gobierno es consciente de este problema. De hecho, el "fraude en la finalización del contrato durante el periodo de prueba" figura entre las prioridades del plan estratégico de la Inspección de Trabajo hasta 2027, cuyo objetivo es reforzar la detección de abusos destinados a evitar la naturaleza indefinida de los contratos y el pago de las indemnizaciones correspondientes. Además, el Ministerio de Trabajo incluyó en la transposición de la directiva sobre condiciones laborales transparentes un endurecimiento de los requisitos para dar por finalizado un contrato durante el periodo de prueba. Sin embargo, esta normativa lleva paralizada casi dos años en el Congreso. Los datos parecen respaldar las alertas de la Inspección. Si se comparan las cifras actuales con las de 2019 (obviando 2021 por distorsiones derivadas de la pandemia), los ceses en periodo de prueba han aumentado un 76%. Este incremento procede únicamente de los trabajadores indefinidos: en su caso, las bajas por prueba suben un 12%, mientras que los despidos en sentido estricto se disparan un 135%. Algunas fuentes del Ejecutivo tratan de restar gravedad señalando que los registros de la Seguridad Social no diferencian si la baja en periodo de prueba es decisión del empresario o del propio trabajador. Pero esto es incorrecto: desde 2012 el Sistema RED clasifica exclusivamente como "bajas por no superar el periodo de prueba" (código 85) aquellas que se producen por decisión empresarial. Las renuncias del trabajador figuran en el código 51, correspondiente a dimisiones. Estos datos permiten comprender mejor el fenómeno. El 93,1% de las bajas por periodo de prueba corresponden a trabajadores con contrato indefinido, frente al 70,7% entre los temporales. En 2019 estos porcentajes eran del 69,9% y del 24,4%, lo que muestra un crecimiento notable en ambos casos, coherente con el aumento de la contratación fija. No obstante, existen matices importantes. Aunque la principal causa de extinción contractual sigue siendo la finalización del contrato temporal, resulta llamativo que entre los contratos de duración determinada haya más bajas por periodo de prueba que despidos. Conviene recordar que la finalización de un contrato temporal también conlleva indemnización -12 días por año trabajado-, mientras que, si un temporal es despedido, su compensación es exactamente igual a la de un indefinido. Esto ocurre pese a que solo dos de cada diez ceses temporales son despidos. ¿Qué revela todo esto? Que el uso cuestionado del periodo de prueba no se emplea únicamente para formalizar "indefinidos de usar y tirar", como ha señalado la vicepresidenta Yolanda Díaz, sino también para reducir aún más los costes asociados a la contratación temporal. Y esta práctica no es nueva: ya existía antes de la reforma laboral. Si se observa la serie histórica desde 2013 -primer año plenamente comparable tras los cambios del Sistema RED-, tanto los despidos como las bajas en periodo de prueba se han disparado tras la reforma laboral debido al incremento de la contratación indefinida. Incluso en 2022 hubo más extinciones por periodo de prueba que despidos, aunque esto también sucedía antes de la pandemia. Los datos de 2016 a 2019 corresponden a una fase de recuperación económica en la que el empleo temporal seguía dominando, pero el patrón es claro: el periodo de prueba se usa como vía para extinguir contratos que requieren indemnización, sea cual sea su tipo. La Inspección lo recoge expresamente en su plan estratégico al referirse al "pago de indemnización por finalización de la relación laboral" sin limitarlo a los despidos. Era previsible que estas prácticas se trasladaran a los contratos indefinidos una vez que la reforma laboral incentivó su uso, lo que motivó penalizaciones específicas para las bajas producidas en menos de un mes. La novedad es que también han aumentado los despidos. ¿Por qué no se reforzaron más los límites del periodo de prueba? Por la misma razón por la que no se modificó el despido: para facilitar un acuerdo con la patronal. Además, el periodo de prueba suele fijarse en los convenios colectivos, que pueden ampliarlo o reducirlo mediante negociación entre sindicatos y empresarios. Uno de los obstáculos para aprobar la directiva de condiciones laborales transparentes es que contempla restringir esta capacidad de flexibilización negociada del periodo de prueba. Esto también explicaría por qué Díaz no ha reabierto este asunto en la negociación sobre la reforma del despido. Por ahora, el Gobierno confía en la labor de la Inspección de Trabajo para frenar un problema que considera uno de los puntos débiles de la reforma laboral, aunque sus raíces son anteriores y más profundas que los cambios legales recientes.

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