(El Confidencial, 04-11-2025) | Laboral

Un año después de la entrada en vigor de la reforma del sistema de desempleo de 2024, las estadísticas muestran dos efectos principales de su aplicación. Por un lado, ha aumentado el número de personas desempleadas que reciben algún tipo de prestación, a pesar de que el paro total ha disminuido. Por otro, la posibilidad de compatibilizar el cobro del paro con un empleo, ya sea a tiempo parcial o completo, ha empezado a ganar cierta aceptación, aunque aún son pocos los beneficiarios que optan por esta opción. En su mayoría, se trata de personas que perciben prestaciones bajas y necesitan complementar sus ingresos.

La reforma, recogida en el Real Decreto-ley 2/2024, tenía un doble propósito: ampliar la protección a más personas desempleadas y fomentar la reincorporación al mercado laboral. Los datos de los primeros once meses de aplicación apuntan a avances en ambas metas, aunque más evidentes en la primera. Esto se explica porque la ampliación automática del acceso a las prestaciones es inmediata, mientras que el complemento de apoyo al empleo requiere que el parado lo solicite expresamente, algo que no siempre ocurre, sobre todo entre los beneficiarios de la prestación contributiva.

Según los datos del SEPE, en septiembre de 2025, el 4,4% de los beneficiarios del paro compaginaban su prestación con ingresos de un trabajo parcial o completo, lo que equivale a 68.933 perceptores del subsidio y 644 de la prestación contributiva, sobre un total de 1.577.463 parados con alguna de las dos ayudas. Este cálculo no incluye a quienes reciben rentas agrarias, subsidios agrarios o la renta activa de inserción, por ser programas más específicos.

Aunque el porcentaje del 4,4% sigue siendo modesto, ha ido creciendo mes a mes, lo que sugiere que su alcance podría ampliarse conforme aumente el conocimiento público sobre la compatibilidad del paro con el empleo. Aun así, el sistema no ha tenido un gran éxito entre los beneficiarios de la prestación contributiva. Dado que su aplicación comenzó en abril de 2025, el crecimiento ha sido lento y progresivo.

Las condiciones más restrictivas para los perceptores de la prestación contributiva -como la necesidad de haber cumplido diez meses en paro o solicitar expresamente la compatibilidad- hacen menos atractiva esta opción, frente a los beneficiarios del subsidio, que reciben entre 480 y 570 euros al mes y pueden acogerse automáticamente al sistema. Además, este grupo ya podía compatibilizar su subsidio con un empleo a tiempo parcial antes de la reforma, lo que facilita su adopción. En ambos casos, la percepción simultánea de un salario y una prestación reduce el importe de esta última, aunque en conjunto supone un aumento de los ingresos.

La otra vertiente de la reforma ha tenido un impacto más notable en términos numéricos. Si se compara el número de beneficiarios de prestaciones en octubre de 2024 (antes de la reforma) con septiembre de 2025, se registran 56.381 personas más recibiendo ayudas. Si se analiza la variación interanual (septiembre de 2024 vs. septiembre de 2025), el incremento asciende a 108.362 beneficiarios, es decir, un 7,4% más, a pesar de que el número total de desempleados descendió en 153.620 personas (un 6%).

Este comportamiento resulta inusual, ya que en el periodo anterior (septiembre 2023-septiembre 2024) tanto los beneficiarios del paro como los desempleados habían disminuido de forma similar. En concreto, los beneficiarios bajaron un 2,7% y los parados, un 5,4%. El repunte actual se debe principalmente al aumento de quienes reciben el subsidio, impulsado por la ampliación del acceso a los menores de 45 años sin cargas familiares que hayan agotado una prestación contributiva de al menos un año. Este efecto comenzó a notarse a partir de noviembre, coincidiendo con la entrada en vigor de las principales medidas.

Como resultado, la tasa de cobertura -el porcentaje de desempleados con experiencia laboral que perciben una prestación- ha alcanzado niveles récord, pasando del 70,6% en septiembre de 2024 al 75,9% en septiembre de 2025. Este era precisamente uno de los objetivos del Ministerio de Trabajo y los sindicatos, aunque el Ministerio de Economía introdujo mecanismos como el complemento al empleo y la reducción progresiva del subsidio para evitar que las ayudas desincentiven la búsqueda de trabajo, fenómeno conocido como la "trampa de la pobreza".

El mayor número de beneficiarios ha supuesto también un incremento del gasto del SEPE en un 6,3% interanual, hasta alcanzar los 18.282 millones de euros (1.084 millones más que el año anterior). Sin embargo, el aumento de la recaudación por cotizaciones sociales derivado del crecimiento del empleo y de los salarios ha permitido mantener el equilibrio financiero del organismo. De hecho, hasta septiembre de 2025, los ingresos superan a los gastos en 1.571 millones de euros, 500 millones más que en 2024.

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