(El Economista, 05-11-2025) | Laboral
La ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado desde 2023 está obligando a los ministerios a recurrir cada vez con más frecuencia a ampliaciones de crédito para cubrir sus gastos. Esta situación se refleja especialmente en las cuentas de la Seguridad Social, cuyo gasto en pensiones aumenta año tras año debido a la jubilación masiva de la generación del baby boom, la revalorización de las prestaciones, la mayor esperanza de vida y las elevadas cotizaciones de quienes finalizan su vida laboral. Como resultado, el departamento dirigido por Elma Saiz ha agotado ya el 100% de las transferencias estatales tres meses antes de que termine el año, según el Resumen de Ejecución Presupuestaria publicado por el propio Ministerio. El año pasado, esa misma situación no se alcanzó hasta noviembre.
Hasta septiembre -últimos datos disponibles-, el Ministerio de Seguridad Social ha recibido 38.926 millones de euros del Estado para cubrir su déficit, lo que equivale al 100,62% del total previsto para 2025 (38.688 millones). Es decir, 238 millones más de lo presupuestado. Según el profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, Enrique Devesa, esta circunstancia es "normal" al tratarse de unas cuentas prorrogadas. En la práctica, esto significa que el Ministerio cuenta con los mismos ingresos previstos para 2023, pero con un gasto en pensiones sensiblemente mayor. Devesa apunta que, si la situación lo requiere, en los próximos meses será necesario ampliar las transferencias para cubrir las necesidades de pago.
La evolución de las transferencias estatales muestra un aumento progresivo en los últimos años. En 2021, la Seguridad Social había utilizado el 74% de lo presupuestado (24.754 millones) a esas alturas del año; en 2022, el 72% (25.123 millones); en 2023, el 77% (30.110 millones); y en 2024, el 83% (32.435 millones). Además, en todos los ejercicios la ejecución final superó el presupuesto inicial. En 2021 lo hizo en 16 puntos porcentuales, en 2024 en 11, y en 2022 y 2023, aunque con menor margen, también se gastó más de lo previsto.
Hasta septiembre, el gasto total del Ministerio en pensiones asciende a 121.800 millones de euros, un 6% más que en 2024 y un 13% superior al de 2023, el último ejercicio con Presupuestos aprobados. Estas cifras no incluyen otras prestaciones contributivas como la incapacidad temporal, ni tampoco las ayudas no contributivas -pensiones mínimas, el Ingreso Mínimo Vital o complementos por insuficiencia de cotización-, que también gestiona la Seguridad Social.
El Pacto de Toledo recomendó separar claramente las fuentes de financiación de la Seguridad Social para reducir su déficit estructural y asegurar la sostenibilidad del sistema. Así, las cotizaciones de los trabajadores deben destinarse exclusivamente al pago de pensiones contributivas, mientras que las prestaciones no contributivas -consideradas gastos impropios- se cubren mediante impuestos.
No obstante, incluso limitando las cotizaciones a las prestaciones contributivas, la Seguridad Social sigue registrando un déficit considerable. Según los últimos datos, este asciende a unos 19.000 millones de euros en los nueve primeros meses del año, con un gasto total de 151.124 millones y unos ingresos de 132.084 millones.
Este desequilibrio se produce a pesar del incremento de los ingresos, impulsado por las nuevas cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cuota de solidaridad y el récord histórico de afiliación. En el último año, los ingresos por cotizaciones han aumentado un 6,8% -8.391 millones más- y, en comparación con el nivel previo a la pandemia, el crecimiento acumulado alcanza el 42,6%.
Según el informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de las administraciones públicas de 2026, publicado por la AIReF el pasado miércoles, el gasto en pensiones aumentará este año un 6,2%. Este crecimiento se debe principalmente a la revalorización de las pensiones conforme al IPC, al incremento del número de beneficiarios, al efecto sustitución -las nuevas pensiones son más altas que las que se extinguen- y a las medidas derivadas de la última reforma del sistema.