(Expansión, 05-11-2025) | Laboral
La presión ejercida por los sindicatos en los últimos días, mediante diversas movilizaciones para reclamar al Gobierno el inicio de las negociaciones sobre el nuevo marco de incrementos salariales para los funcionarios, ha obligado al Ministerio de Función Pública a reaccionar. El departamento encabezado por Óscar López ha citado hoy a los sindicatos CSIF, UGT y CCOO para abrir el diálogo sobre la próxima evolución de las retribuciones de los 3,5 millones de empleados públicos.
Este nuevo marco deberá incluir la subida correspondiente a 2025, ya que el único incremento aplicado hasta ahora -un 0,5% aprobado a comienzos del verano- se derivaba de las condiciones pactadas en el acuerdo marco 2022-2024, tras superarse los límites de inflación establecidos para dicho periodo. En consecuencia, no se ha aplicado todavía la subida específica para 2025, lo que ha provocado el descontento generalizado entre las organizaciones sindicales.
A este malestar se sumaron las declaraciones del ministro Óscar López, quien vinculó la nueva revalorización salarial a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, lo que intensificó las protestas. Desde CSIF, el sindicato mayoritario, señalan que "la movilización responde también a la necesidad urgente de proteger el Estado del Bienestar, amenazado por el deterioro progresivo de los servicios públicos". Además, advierten que, si no se alcanza un acuerdo antes de que termine el año, convocarán una huelga en diciembre.
"La situación es plenamente conocida por el Gobierno", afirma la organización dirigida por Miguel Borra, que alerta sobre "el deterioro de lo público, que está generando consecuencias preocupantes y un aumento de la tensión social", especialmente visible en sectores como la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales. En la mesa de negociación, los sindicatos también pondrán de relieve la falta de personal y el envejecimiento de las plantillas.
Las tres principales centrales sindicales recuerdan a las Administraciones Públicas que "son necesarios cambios profundos para transformar y modernizar los servicios públicos", empezando por recuperar lo perdido en las últimas dos décadas. Por ello, reclaman garantizar subidas salariales, mejorar el empleo público y las condiciones laborales de más de tres millones y medio de trabajadores del sector. Según cálculos de CSIF, desde los recortes de 2010 los empleados públicos han perdido más del 20% de su poder adquisitivo.
Cabe señalar que, con el reconocimiento del 0,5% pendiente desde enero de 2025, el Gobierno tuvo que abonar 18 meses de atrasos, ya que la revalorización tenía carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024. Considerando que el salario medio del personal público asciende a 3.026 euros mensuales en doce pagas, según el INE, el pago adicional por los atrasos alcanzó los 272 euros por trabajador.