(El Economista, 06-11-2025) | Laboral
El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que actúa como marco general para la negociación colectiva en España, expira este diciembre, y los sindicatos CCOO y UGT ya están ultimando la propuesta que presentarán a la CEOE. Según fuentes consultadas por elEconomista.es, ambas organizaciones exigirán bloquear la posibilidad de reducir o eliminar los pluses salariales, con el fin de evitar que las empresas utilicen esa vía para no aplicar las subidas acordadas en las nóminas.
Esta iniciativa amplía la propuesta que actualmente se debate en una de las mesas abiertas en el Ministerio de Trabajo, cuyo objetivo es impedir que las compañías compensen o absorban complementos como los de peligrosidad, nocturnidad o idiomas para esquivar el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En la práctica, se busca que el salario base se iguale al SMI y que los pluses se sumen aparte, sin que puedan utilizarse para cumplir con ese mínimo legal.
La CEOE, presidida por Antonio Garamendi, ya ha anunciado que recurrirá el real decreto si finalmente se aprueba, alegando que supondría modificar la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Estatuto de los Trabajadores mediante una norma reglamentaria, lo cual considera ilegal. Por ello, se espera que los empresarios rechacen incluir este punto en el nuevo AENC, ya que implicaría extender las subidas salariales a todos los niveles retributivos, incluso los que superan los convenios colectivos.
En cambio, los sindicatos consideran esta cuestión prioritaria en la negociación del nuevo SMI y en el futuro AENC. Su intención es eliminar definitivamente la posibilidad de absorber o compensar los pluses en todos los convenios colectivos, pese a que muchos de ellos recogen expresamente esa opción.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reiteró esta postura durante el Congreso de Acción Sindical celebrado la semana pasada, afirmando que "en los convenios colectivos no se puede permitir que se absorban cantidades que los trabajadores tienen reconocidas como derechos personales, como está ocurriendo en muchos casos actualmente".
Actualmente, el Estatuto de los Trabajadores permite la compensación y absorción siempre que el salario total anual del empleado sea más favorable que el fijado por ley o convenio. Además, las sentencias del Tribunal Supremo avalan esta práctica, salvo cuando el propio convenio la prohíbe expresamente.
Aunque el AENC no puede modificar la legislación ni la jurisprudencia, sí podría recomendar a los negociadores de convenios evitar incluir cláusulas que permitan la absorción o compensación de complementos salariales en el futuro.
Por su parte, tanto la CEOE como la Cepyme (patronal de las pymes) defienden que este tipo de cuestiones deben negociarse con los sindicatos, y no imponerse desde el Gobierno. Este mismo argumento ha servido a los empresarios para oponerse a la reducción legal de la jornada laboral a 37,5 horas, aunque en este caso, la patronal teme que la medida rompa la estructura salarial y el equilibrio de la negociación colectiva.
Aún no hay fecha para iniciar las conversaciones sobre el nuevo acuerdo marco. El actual AENC expira a finales de año, pero la incertidumbre sobre la reducción de jornada ha llevado a los empresarios a aplazar las negociaciones hasta que el Congreso vote la medida. Los sindicatos, por su parte, pretendían abrir la mesa en septiembre, aunque la ola de reformas impulsadas por el Ministerio de Trabajo ha generado desconfianza en la CEOE hacia UGT y CCOO, lo que ha retrasado el proceso.
Mientras tanto, la patronal quiere que el nuevo acuerdo incluya medidas específicas para reducir el absentismo laboral, en especial las bajas por incapacidad temporal y las ausencias injustificadas. Este asunto ya se recogía en los dos AENC anteriores, en los que patronal y sindicatos se comprometieron a analizar las causas y duración de las bajas médicas y a establecer líneas de actuación para reducirlas. Tres años después, los sindicatos consideran que ese trabajo ya está hecho y rechazan nuevas referencias que impliquen mayor control o sospecha de fraude.
En paralelo, ambas partes negocian con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones posibles reformas para mejorar la gestión de las incapacidades temporales. No obstante, ninguna propuesta ha alcanzado consenso: los sindicatos piden integrar las mutuas en el sistema público, mientras que los empresarios reclaman mayor capacidad para emitir altas médicas, con el fin de agilizar los procesos y aliviar la saturación del sistema público de salud.