(El País, 17-11-2025) | Laboral
Las conversaciones para revisar al alza las cuotas de los autónomos comenzaron con fuerza, pero pronto quedaron estancadas. En la reunión inicial del 13 de octubre, la Seguridad Social propuso un aumento significativo de las cotizaciones, más elevado en los tramos bajos que en algunos intermedios y todavía superior en los tramos altos. La propuesta generó rechazo tanto en partidos de izquierdas como de derechas. Pocos días después, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, rectificó en una entrevista con EL PAÍS: aunque defendió que la subida era necesaria para alcanzar en 2032 el objetivo de cotizar según los ingresos reales, admitió que era conveniente suavizar el ritmo de implantación del sistema. En la reunión del 20 de octubre, el ministerio planteó congelar las cuotas más bajas y aplicar incrementos graduales y por debajo de la inflación en el resto de los tramos. Desde ese encuentro no se ha convocado ninguna sesión formal adicional, aunque sí han proliferado declaraciones de agentes sociales y grupos parlamentarios que dificultan la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Si este pacto no llega o si no logra el respaldo del Parlamento, la propia Saiz ha reconocido que el Gobierno tendrá que prorrogar las cuotas actuales en 2026.
En este contexto, las principales asociaciones de autónomos involucradas en la negociación (ATA, UPTA y Uatae) han expresado su malestar por el bloqueo del proceso con la Seguridad Social. "Esto lo ha paralizado Moncloa", afirma un representante de una de las asociaciones, una percepción que comparten otras organizaciones consultadas. La secretaria general de Uatae, María José Landaburu, considera que el Gobierno está actuando con "miedo" y en una situación de "parálisis", algo que juzga "inaceptable" y difícil de entender, dado que, asegura, aún existe amplio margen para negociar.
A raíz del enfrentamiento entre las asociaciones de autónomos y los agentes sociales, cuyas propuestas sobre las subidas de cuotas son completamente opuestas, tanto Landaburu como un representante sindical que prefiere mantenerse en el anonimato sostienen que el Ejecutivo podría desbloquear el diálogo si aborda mejoras en la protección social. Entre ellas mencionan la flexibilización de los requisitos para acceder a la prestación por cese de actividad o, como insiste Uatae, la aprobación de un subsidio de desempleo para autónomos mayores de 52 años.
Sin embargo, en ATA consideran que abrir el debate sobre nuevas prestaciones podría generar tensiones internas en el propio Gobierno. Recuerdan que el subsidio para mayores de 52 años es competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo, que según diversas fuentes sería totalmente contrario a extender esta ayuda al colectivo autónomo. Desde ATA interpretan el estancamiento de las conversaciones desde una perspectiva puramente política: "El Gobierno sabe que Junts no va a apoyar ninguna medida laboral, y menos una que implique subir las cuotas de los autónomos. Además, con elecciones en Extremadura el 21 de diciembre, parece poco probable que alguien quiera aprobar una subida antes de esa fecha".
Por su parte, fuentes sindicales también reconocen que la orden de frenar las reuniones podría haber venido desde Moncloa, pero advierten: "Están equivocados y esto les puede costar dinero en fondos europeos", ya que la implantación del nuevo sistema de cotización para autónomos es uno de los compromisos incluidos en el plan de recuperación financiado por la UE.
En cambio, desde el Ministerio de Seguridad Social transmiten mayor confianza y señalan que su última propuesta, que incluye mejoras en la protección social del colectivo, "está siendo analizada por las asociaciones". Por ello, apelan a la "responsabilidad" de estas organizaciones y esperan que valoren positivamente el planteamiento para poder seguir avanzando conforme a lo aprobado en 2022.
Dentro del propio colectivo, UPTA es la asociación que ve más viable un pacto. Fue además la primera en presentar su propuesta, elaborada junto con UGT, ante el ministerio. Su presidente, Eduardo Abad, ha señalado: "Estamos dando un margen de tiempo durante noviembre para que el Gobierno actúe con iniciativa; si no lo hace, seremos nosotros quienes impulsemos un acuerdo por cualquier vía, porque sería un error gravísimo mantener congeladas las cuotas en 2026: eso significaría perder derechos de pensión en el futuro".
Así, Abad deja entrever que, si el bloqueo continúa, UPTA intentará promover algún tipo de consenso entre las asociaciones. De hecho, algunas fuentes apuntan a la existencia de contactos discretos y bilaterales en los que el Gobierno estaría intentando convencer a las organizaciones de la importancia de continuar con el sistema de cotización por ingresos reales, ahora puesto en cuestión.