(El Economista, 17-11-2025) | Laboral
Función Pública y los sindicatos retoman las negociaciones para avanzar en un nuevo Acuerdo Marco que modernice la Administración y la adapte al siglo XXI. En esta ocasión, el propósito principal es reactivar la actualización salarial de los empleados públicos, congelada desde el 31 de diciembre de 2024 tras la expiración del pacto firmado en 2022 por UGT, CCOO y Función Pública, que establecía incrementos retributivos para 2022, 2023 y 2024. Se prevé que este miércoles el departamento dirigido por Óscar López presente las cifras que servirán de base para pactar una subida que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo y, además, incluya un porcentaje adicional para recuperar parte de la capacidad de compra perdida desde 2012, cuando los ajustes salariales redujeron las nóminas entre un 5% y un 10%.
Después de un año en el que los principales sindicatos del sector público (Csif, UGT y CCOO) han insistido en la necesidad de una convocatoria para abordar esta cuestión -y ante una amenaza de huelga general para diciembre-, el ministerio ha iniciado por fin las conversaciones para fijar el incremento salarial de los próximos tres años, así como el correspondiente a 2025, que deberá aplicarse con carácter retroactivo desde enero.
Tomando como referencia las previsiones económicas de Funcas, especialmente las relacionadas con la inflación, el aumento salarial para 2025 se situaría por encima del 2,5%. Los analistas apuntan a que el IPC cerrará diciembre con una media del 2,6%, mientras que previsiones como las de BBVA Research, CaixaBank Research, CEOE, EthiFinance Ratings e Intermoney colocan la inflación de 2025 en torno al 2,5%. En el extremo más elevado, la Universidad Loyola Andalucía pronostica un 2,8%. Bajo estas estimaciones, se espera que Función Pública proponga un porcentaje alineado con estas cifras.
El panel de Funcas también establece las previsiones para 2026. Los expertos estiman que la inflación se situará en torno al 2,1%, medio punto por debajo de la esperada para el cierre de 2025. Las previsiones más optimistas son las de AFI, que calculan un IPC del 1,6%, mientras que Metys anticipa un 2,4%, la cifra más alta del conjunto de analistas consultados.
A ese incremento fijo se sumaría un porcentaje adicional, como ya recogía el acuerdo anterior, con el fin de compensar progresivamente la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde hace más de una década. Según Csif, desde 2010 los empleados públicos habrían perdido alrededor del 19% de capacidad de compra, y desde 2022 -cuando se firmó el último acuerdo, del que este sindicato quedó al margen por discrepancias con los aumentos pactados- esa pérdida ya ronda el 6%, tomando como referencia los datos consolidados hasta octubre, con un IPC del 3,1%.
En el acuerdo previo, el incremento fijo aplicado en 2022 fue del 3,5%. En 2023, la subida fija alcanzó el 2,5% sobre la base ya actualizada el año anterior, a lo que se añadió un 0,5% por el comportamiento del IPCA, que superó la revalorización retributiva acumulada. En 2024, último ejercicio en el que se revisó el salario de los empleados públicos, el aumento fue del 2% más un 0,5% adicional vinculado al IPCA, que se aplicó finalmente en junio, tras varios meses de retraso y nuevas presiones sindicales para que se ejecutara.