(El País, 17-11-2025) | Laboral
En España hay actualmente 378.000 trabajadoras del hogar dadas de alta en la Seguridad Social. Este colectivo se enfrenta a una gran precariedad: su salario medio es de 1.014 euros brutos al mes -menos de la mitad del sueldo medio de 2023, que fue de 2.273 euros- y, además, tienen la jornada pactada más extensa de todos los sectores, con 39,9 horas semanales (una hora y media más que la media general). En 2022, el Ministerio de Trabajo ya trató de mejorar sus condiciones reconociéndoles por fin el derecho a cobrar el desempleo, un beneficio que se les había negado históricamente. Ahora se suma otro derecho que ya tenían la mayoría de trabajadores: la evaluación de riesgos laborales en el lugar donde desempeñan su actividad, es decir, los domicilios particulares. Desde este viernes, los empleadores están obligados a realizar esta evaluación y a informar a sus empleadas de los riesgos detectados y de las medidas preventivas adoptadas. El incumplimiento puede derivar en sanciones por parte de la Inspección de Trabajo.
Para simplificar el proceso, Trabajo puso en marcha hace medio año la herramienta gratuita prevencion10.es. Esta plataforma permite analizar los riesgos del hogar, pero en los últimos días ha presentado fallos. Desde el miércoles al mediodía, la web empezó a colapsar cuando los usuarios intentaban completar la evaluación. Aunque el jueves por la mañana volvió a funcionar parcialmente, siguió registrando incidencias. El ministerio atribuyó al principio los problemas a un exceso de solicitudes, pero por la tarde informó de que se trataba de un "ataque malicioso" llevado a cabo mediante bots automatizados que saturaron la web de forma artificial.
Trabajo asegura que, en las últimas 24 horas, se han bloqueado 16.091 direcciones IP sospechosas, responsables de 49,4 millones de interacciones, es decir, casi 50 millones de intentos de acceso al cuestionario. Según fuentes del ministerio, hubo IPs que realizaron más de un millón de solicitudes.
Cuando la herramienta está operativa, su funcionamiento es sencillo. El empleador debe completar una declaración responsable contestando un cuestionario. Primero se introducen los datos del empleador y la dirección, luego las tareas que realiza la empleada y, posteriormente, se responde "sí" o "no" a una serie de preguntas sobre las características del hogar. Al finalizar, se genera un PDF que no es necesario entregar a ninguna autoridad: basta con facilitar una copia a la trabajadora y conservar otra por si la Inspección la solicita.
No realizar esta autoevaluación o no informar a la empleada de las medidas preventivas puede considerarse una infracción grave. La multa máxima asociada a este tipo de infracción alcanza los 49.180 euros, aunque Trabajo recalca que estas sanciones solo se aplicarán en casos con agravantes. Lo habitual sería que el incumplimiento se catalogue como leve, con un tope de 2.450 euros. Aunque la Inspección no podrá entrar en los domicilios para comprobar las medidas, sí podrá pedir documentación e iniciar investigaciones en caso de denuncia.
El decreto que introduce este nuevo derecho contempla además otras obligaciones que Trabajo no ha cumplido a tiempo. En marzo venció el plazo para crear una plataforma formativa en prevención de riesgos dirigida a las empleadas del hogar. También están pendientes un protocolo de actuación ante situaciones de acoso y violencia laboral, y una guía técnica de prevención, que debían haber sido publicadas en septiembre. El ministerio reconoce los retrasos: afirma que la plataforma formativa estará operativa a principios de año y que tanto el protocolo como la guía se publicarán pronto, alegando su complejidad técnica.
Por otra parte, el Ministerio de Sanidad se comprometió a facilitar de manera gratuita reconocimientos médicos para estas trabajadoras e incluirlos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Esta medida no tiene fecha fijada y aún no se ha materializado, aunque Sanidad asegura que se está avanzando en ello.
UGT y CC OO valoran positivamente la puesta en marcha del nuevo derecho, pero critican los retrasos acumulados. Desde CC OO, Mariano Sanz reclama mayor rigor en el cumplimiento de los plazos, mientras que Patricia Ruiz, de UGT, pide que la Inspección evite enfoques excesivamente sancionadores y tenga en cuenta posibles dificultades en estos primeros días.
Este nuevo derecho amparará únicamente a las trabajadoras del hogar dadas de alta en la Seguridad Social, aunque Inspección puede exigir la evaluación incluso en casos de empleo irregular. El sector presenta una fuerte diferencia entre los datos administrativos (afiliación) y los de la encuesta laboral (EPA). Mientras la Seguridad Social registra 378.000 afiliadas (octubre), la EPA calcula 539.000 ocupadas (tercer trimestre), lo que refleja la magnitud del empleo no declarado.
En los últimos años, ambas cifras han descendido, especialmente las de la EPA. Según el último trimestre analizado, esta actividad es la que más cae tanto en número de trabajadoras (-53.000) como en porcentaje (-8,9%) en el último año, una tendencia más llamativa aún si se compara con la evolución general del mercado laboral, que en el mismo periodo sumó 564.000 ocupados (+2,6%).