(El País, 21-11-2025) | Laboral
La Comisión Europea aprobó este jueves un conjunto de iniciativas destinadas a ayudar a los ciudadanos a asegurar ingresos suficientes durante su jubilación. Entre las recomendaciones enviadas a los Estados miembros, figura la propuesta de que todos los trabajadores sean inscritos automáticamente en un plan de pensiones privado dentro de sus empresas. En cualquier caso, si el empleado no quiere participar, puede comunicarlo y quedar fuera. Se trata de implantar el sistema conocido como auto enrolment, impulsado por el sector financiero y rechazado hasta ahora en España por considerarse contrario a la Constitución.
La sugerencia de Bruselas forma parte de su estrategia para la Unión del Ahorro y la Inversión (SIU). La Comisión anima a los países a "implantar, según las condiciones nacionales y respetando plenamente el papel de los agentes sociales y la negociación colectiva, la inscripción automática, que consiste en incorporar por defecto a los trabajadores a planes de pensiones complementarios, dejando libertad a cada persona para decidir si desea salir del sistema". En la práctica, esto implicaría que una empresa incluiría de forma inmediata a un nuevo empleado en un plan de pensiones de empleo y solo quedaría fuera si el trabajador expresa su oposición.
Bruselas señala que la implementación de estos mecanismos debe apoyarse en la experiencia acumulada en otros países de la UE. Aunque no hay un modelo único europeo de inscripción automática, sí funciona en países como Italia -donde desde 2007 parte de la indemnización por fin de contrato se dirige automáticamente a un fondo de pensiones si el empleado lo acepta-, Lituania, Polonia o Irlanda. En Alemania también existe un cierto grado de automatismo en algunos planes sectoriales, especialmente en la industria. No obstante, el sistema más consolidado de este tipo en Europa es el del Reino Unido.
La iniciativa de la Comisión para reforzar el segundo pilar del sistema de protección social -las pensiones públicas son el primero; los planes colectivos de empresa, el segundo; y los planes individuales, el tercero- llama la atención porque Bruselas suele defender con fuerza los sistemas públicos. En España, esta propuesta podría generar controversia, ya que los legisladores la han descartado repetidamente en las reformas de pensiones de los últimos veinte años. La principal razón ha sido la duda sobre su encaje constitucional, pese a que el sector financiero sostiene que la posibilidad de que el trabajador se excluya libremente eliminaría ese problema.
En la última reforma, el entonces ministro José Luis Escrivá puso en marcha el Fondo de Pensiones de Empleo de Promoción Pública (FPEPP) para impulsar los planes colectivos, especialmente en pequeñas empresas, autónomos y administraciones públicas. Sin embargo, el llamado "macrofondo" arrancado en 2022 no ha logrado atraer ni un euro. La industria financiera atribuye en parte este fracaso a la ausencia de un sistema de inscripción automática.
Por ahora, solo el sector de la construcción ha acordado mediante convenio colectivo que todos los empleados del ramo se integren en un plan de pensiones de empleo, constituido al margen del fondo público diseñado por Escrivá.
Según la Comisión, esta recomendación busca "incrementar la participación en los planes de pensiones complementarios y desarrollar más ampliamente este mercado", subrayando que estas medidas pretenden "reforzar, no sustituir", las pensiones públicas, que continúan siendo la base de los sistemas de jubilación en la UE.
Bruselas afirma que los cambios demográficos y las nuevas condiciones laborales obligan a adaptar los sistemas de pensiones. En este contexto, los planes complementarios -tanto laborales como personales- pueden servir para diversificar las fuentes de ingresos en la jubilación, aumentando la estabilidad financiera de los ciudadanos.
La Comisión señala que presta especial atención a los colectivos más vulnerables, en particular a las mujeres, cuyas pensiones suelen ser insuficientes. Recuerda que la diferencia entre las pensiones de hombres y mujeres alcanza el 24,5%. Para facilitar la aplicación de estas decisiones, la Comisión propone modificar la directiva relativa a los fondos de pensiones de empleo y actualizar el Reglamento sobre el producto paneuropeo de pensiones personales (PEPP).