(El Economista, 24-11-2025) | Laboral
El Ministerio de Función Pública presentó el pasado jueves su propuesta más reciente para incrementar los salarios de los empleados públicos durante los años 2025, 2026, 2027 y 2028. El departamento dirigido por Óscar López planteó una subida total del 11% para el conjunto de las retribuciones en ese periodo, oferta sobre la que los sindicatos fijarán su postura definitiva tras la reunión de este lunes. Si esta propuesta se aplicara, el personal laboral del Grupo 1 vería aumentada su nómina en 3.588,66 euros para 2028, pasando de los actuales 32.624,20 euros a 36.212,86 -sin incluir trienios ni otros complementos-.
En el caso del funcionariado del subgrupo A1, el más alto, el salario base se incrementaría en 1.941,11 euros en cuatro años. Así, su retribución pasaría de los 17.646,46 euros actuales a 19.587,57. Para obtener una imagen más ajustada del sueldo anual, es necesario añadir el complemento de destino, cuyo nivel máximo asciende en este grupo a 33.952,82 euros. Con ello, la retribución total alcanzaría los 53.540,39 euros anuales, a los que habría que sumar los complementos específicos asociados a cada puesto.
Si se analiza el grupo con mayor número de empleados, el C1, sus integrantes disfrutarían en 2028 de un salario fijo 1.307,30 euros superior al actual: pasaría de 11.884,58 euros al año a 13.191,88. A esta cantidad se le añadiría el complemento de destino, cuyo nivel más alto en esta categoría asciende a 20.466,44 euros. De este modo, el salario total anual se situaría en 33.658,32 euros.
Estas cifras podrían aumentar aún más si finalmente se actualizan elementos retributivos variables. Según informó Csif tras la reunión del miércoles -en la que los sindicatos rechazaron una propuesta previa del 10% por considerarla insuficiente-, el Gobierno planteó revisar los complementos de residencia e insularidad, además de las cuantías por razón de servicio (dietas de alojamiento y manutención). Todo ello quedaría sujeto a que se cierre un acuerdo con las organizaciones sindicales para un nuevo Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, aplicable entre 2026 y 2028.
Las conversaciones para este pacto comenzaron hace apenas tres semanas, en un contexto de protestas sindicales por la falta de avances en la negociación colectiva y ante la amenaza de una huelga general en diciembre. En la primera concentración, la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, se reunió con los representantes de los empleados públicos para fijar un calendario de encuentros y avanzar en los distintos bloques del acuerdo.
En la primera reunión, centrada en el empleo, el Ministerio se comprometió a suprimir de forma gradual la tasa de reposición y sustituirla por un sistema alternativo de planificación de personal. Otro asunto prioritario es la agilización de los procesos selectivos: los sindicatos reclaman que no transcurra más de un año desde la oferta de una plaza hasta su cobertura efectiva -cuando actualmente el tiempo medio ronda los tres años-. Para ello, Función Pública ve necesario un plan de choque que permita dimensionar adecuadamente las plantillas y mejorar la calidad de los servicios públicos.
También se abordó la mejora de la carrera profesional y el refuerzo de la promoción interna. En este punto, el Ministerio acordó reservar un 50% de las plazas de las próximas ofertas públicas para procesos de promoción interna, regulados mediante concurso de méritos.
En estos momentos, la negociación gira en torno a las retribuciones. Hasta ahora, el único sindicato que ha respaldado la subida del 11% es UGT, que valora positivamente el incremento de 2.000 millones respecto a la oferta inicial, lo que situaría el gasto del Estado en salarios públicos entre 2025 y 2028 en unos 222.000 millones de euros. La reunión de hoy será clave para saber si CCOO y Csif mantienen su rechazo por considerar insuficiente la propuesta o si deciden reconocer el avance del Gobierno y continuar con el proceso negociador.