(El Economista, 24-11-2025) | Laboral
El Gobierno dio luz verde en septiembre al plan estratégico que marcará las líneas de actuación de la Inspección de Trabajo hasta 2027. Este plan prioriza la lucha contra los fraudes en materia de contratación y, en esta línea, el organismo ha puesto en marcha esta semana un nuevo plan de choque que revisará cerca de 80.000 contratos temporales y fijos discontinuos.
La Inspección, dependiente del Ministerio de Trabajo, ha remitido más de 37.000 cartas a empresas en las que detecta posibles irregularidades, como personas con contratos fijos discontinuos que, en realidad, trabajan de forma continuada, o contratos temporales utilizados para cubrir necesidades permanentes de la empresa.
Estas cartas constituyen el primer paso del proceso sancionador. En ellas, se concede a las empresas un plazo de un mes para revisar la naturaleza de los contratos cuestionados y, si corresponde, convertirlos en indefinidos ordinarios. Si pasado ese plazo la empresa no actúa, la Inspección podrá llevar a cabo nuevas actuaciones, como visitas al centro de trabajo.
En total, el organismo examinará 77.210 relaciones laborales: 27.096 correspondientes a trabajadores con contrato fijo discontinuo y 50.114 temporales. Esto supone un alcance notablemente superior al del plan desarrollado a comienzos de año, con un 157% más de contratos revisados y un 114% más de empresas afectadas.
Aunque el Gobierno intensifica el control sobre la contratación desde 2018, este se ha reforzado especialmente tras la reforma laboral de 2022, que endureció las sanciones al uso irregular de contratos temporales y amplió los supuestos en los que puede aplicarse el contrato fijo discontinuo.
La reforma impulsada por Yolanda Díaz restringió los contratos temporales a sustituciones o a situaciones excepcionales ligadas a la producción, además de fijar que las sanciones -entre 1.000 y 10.000 euros- se impongan por cada trabajador afectado, y no por empresa.
Durante 2024, tanto las actuaciones ordinarias como los planes de choque de la Inspección llevaron a que las empresas convirtieran 77.787 contratos temporales en indefinidos. En el mismo periodo, también se regularizaron 89.959 contratos fijos discontinuos irregulares. Al igual que en este año, la intervención se articuló en dos fases: una primera voluntaria mediante cartas informativas, y una segunda con actuaciones inspectoras.
Como consecuencia, el número de sanciones finales es reducido en comparación con el volumen total de contratos revisados. En 2024, de los 301.450 contratos analizados, solo 9.978 generaron un requerimiento formal y 5.281 acabaron en infracción. En total, se impusieron multas por algo más de 5,2 millones de euros, con una cuantía media situada en la franja más baja, alrededor de 1.000 euros. La mayoría de las irregularidades en contratos temporales afectaron a hombres (56%). Andalucía fue la comunidad con más transformaciones (18.759), seguida de Madrid (12.463) y Cataluña (7.133).
Además, el Ministerio de Trabajo ha solicitado a la Inspección que ponga especial atención en los casos en los que no se supera el periodo de prueba en contratos indefinidos, tras detectar que algunas empresas utilizan esta vía de manera fraudulenta para sustituir al antiguo contrato temporal. Igualmente, se han programado actuaciones destinadas a garantizar el respeto al derecho al descanso y a los límites de la jornada laboral, mientras se ultima la aprobación del nuevo registro digital de jornada que fijará criterios adicionales para estas comprobaciones.