Noticias

(El País, 02-07-2025) | Laboral

El Gobierno aprueba la subida salarial pendiente del 0,5% para los empleados públicos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un incremento salarial del 0,5% para los empleados públicos, correspondiente al tramo pendiente del acuerdo firmado con los sindicatos para el último trienio, según informó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Aunque la medida se aprueba ahora, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, lo que significa que los más de tres millones de empleados públicos recibirán en su nómina de agosto un pago adicional con la cantidad acumulada, además de ver reflejado el nuevo salario actualizado. Esta subida se había anunciado hace más de un mes y medio por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, durante un congreso de UGT. Sin embargo, llevaba más de un año y medio aplazada desde que expiró el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado por el Gobierno con UGT y CC OO (sin el respaldo de CSIF), y que preveía un aumento salarial del 9,8% entre 2022 y 2024. Este incremento del 0,5%, vinculado a la evolución del IPC, era la parte que aún estaba pendiente de aplicar. El 20 de mayo, López señaló que "la subida del 0,5% llegará en breve", aunque sin concretar fechas. Tampoco aportó más detalles en anteriores intervenciones públicas, donde vinculaba la medida a la necesidad de contar con nuevos Presupuestos Generales del Estado. A pesar de ello, el Ejecutivo ha aprobado la subida sin haber presentado aún un nuevo proyecto presupuestario. Según cálculos de CSIF, esta mejora salarial supondrá un desembolso total de 508 millones de euros y una subida media de unos 168 euros por funcionario. La demora en la aplicación del acuerdo generó malestar entre los sindicatos, especialmente CSIF, cuyos representantes se manifestaron en marzo frente al Ministerio de Hacienda, al que corresponde dar luz verde definitiva a la medida. También criticaron que no se hubiera convocado una mesa de negociación formal, a pesar de haberla solicitado en varias ocasiones. Con esta subida ya desbloqueada, los sindicatos centrarán ahora sus esfuerzos en negociar un nuevo acuerdo que incluya mejoras para los años 2025, 2026 y 2027. Entre los temas a tratar están la implantación de la jornada laboral de 35 horas, la regulación de la jubilación parcial, la revisión de la clasificación profesional y la aprobación de la oferta de empleo público de este año. Aunque ya se han celebrado varias reuniones con el Gobierno, la falta de una propuesta concreta por parte de Función Pública ha provocado retrasos y rechazo por parte de los sindicatos. El último encuentro, celebrado el pasado miércoles, terminó sin avances debido a que el Ejecutivo no presentó ninguna cifra sobre el número total de plazas a ofertar. Por ello, se ha convocado una nueva reunión esta semana con la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo, que evaluará las últimas propuestas sindicales. Sin embargo, cualquier acuerdo definitivo deberá aprobarse en la mesa general de negociación.

LEER MÁS

(El Economista, 02-07-2025) | Laboral

España es la economía europea que más empleo temporal genera en su industria

En España, el 4% de los trabajadores asalariados está contratado a través de empresas de trabajo temporal (ETT), lo que coloca al país en la sexta posición dentro de la Unión Europea. Solo Letonia (7,4%), Irlanda (6%), Eslovenia (5,9% y 5,7%, según distintas fuentes) y los Países Bajos (4,6%) presentan un mayor porcentaje. No obstante, este orden cambia considerablemente si se analizan los datos por sectores: en la industria, por ejemplo, el porcentaje se eleva hasta el 8,6%, siendo el más alto de toda la UE. Los datos publicados por Eurostat, la oficina estadística europea, permiten contextualizar internacionalmente los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. En 2024, la presencia de las ETT en el mercado laboral español apenas ha variado con respecto al periodo anterior a la pandemia, reduciéndose solo una décima. El 4% actual supera ampliamente la media de la eurozona (2,7%) y de la Unión Europea (2,3%). Aunque España ha descendido tres posiciones respecto a 2019, esta bajada se debe más al aumento registrado en países como Lituania, Irlanda y Países Bajos que a una disminución propia. Es importante tener en cuenta que la regulación sobre la actividad de las ETT varía entre países: algunos limitan los sectores en los que pueden operar o los tipos de contrato que pueden ofrecer. Además, en 2021 Eurostat revisó su metodología estadística, lo que generó una distorsión significativa, especialmente en Luxemburgo, donde el empleo atribuible a ETTs saltó del 2,6% al 97%, una cifra que no puede considerarse fiable. En el caso de España, el cambio más significativo ha sido normativo. La reforma laboral de finales de 2021 restringió de forma importante el uso de contratos temporales, eliminando figuras como la del contrato por obra y servicio y penalizando las contrataciones de menos de 30 días con recargos a la Seguridad Social. Al mismo tiempo, se permitió a las ETTs ampliar su actividad mediante la contratación de trabajadores fijos discontinuos para atender necesidades puntuales de sus clientes. Entre 2019 y 2024, España ha pasado de liderar el ranking europeo de temporalidad con un 26,2% a situarse en tercer lugar con un 15,9%, solo por detrás de Países Bajos y Portugal. Sin embargo, el peso específico de las ETTs en el empleo se ha mantenido prácticamente constante, especialmente si se compara con los aumentos registrados en otros países que ahora la superan. En cuanto a los sectores más vinculados al empleo a través de ETTs, el Ministerio de Trabajo publica mensualmente datos sobre el uso de estas empresas. En abril de 2024, el 55,7% de los contratos de puesta a disposición se formalizaron en el sector servicios, destacando la logística (13%), los alojamientos turísticos (12%), la hostelería (6%) y el comercio minorista (6%). Otro 26,5% se concentró en la industria, con especial protagonismo del sector alimentario (11,6%). El sector agrario representó un 17,5% del total, mientras que la construcción tuvo una presencia residual, con solo el 0,25%. No obstante, estas cifras reflejan el número de trabajadores cedidos por ETTs en cada sector, pero no indican cuántos empleados de cada sector están contratados efectivamente por estas empresas. La EPA solo ofrece el dato nacional del 4% y no desglosa el uso por sectores. Aun así, podría pensarse que las áreas con mayor dependencia de las ETTs son aquellas vinculadas a servicios como la logística, el turismo y el comercio. Sin embargo, los datos de Eurostat revelan una realidad diferente. La clasificación sectorial de Eurostat divide la actividad económica en seis grandes grupos y calcula qué proporción de trabajadores en cada uno de ellos está contratada por una ETT. En el sector agrícola, el empleo temporal representa el 3,7%, por debajo de la media nacional. El conjunto que engloba comercio, transporte, logística y hostelería alcanza un 4,7%. Las profesiones de "cuello blanco", que incluyen tecnología, finanzas, consultoría, inmobiliaria y administración, registran un 3,4%. Los servicios auxiliares y el empleo doméstico se sitúan en un 2,1%, mientras que el grupo formado por la administración pública, la sanidad y la educación apenas llega al 0,6%. En cambio, el bloque que agrupa a la industria y la construcción alcanza el 8,6%, destacándose como el sector con mayor presencia de trabajadores contratados por ETTs en toda la UE.

LEER MÁS

(El Periódico, 02-07-2025) | Laboral

El paro registrado baja en junio en 48.920 personas en todos los sectores, en todas las comunidades y todas las franjas de edad

El número de personas en desempleo inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de junio, ha bajado en 48.920 personas en relación con el mes anterior (-2%). El paro registrado se sitúa así en 2.405.963 personas, la cifra más baja desde junio de 2008, hace 17 años. Respecto a junio de 2024, el paro bajó en 155.104 personas (-6,06%), una reducción mayor que la registrada el año pasado y que triplica el ritmo de descenso mensual. También en términos desestacionalizados se constatan 16.834 personas menos. El paro registrado ha descendido en todos los sectores económicos en el mes de junio, siendo el de Servicios el sector que contempla una reducción más acusada con 38.253 personas (-2,16%) menos, seguido del de Industria con 4.589 personas (-2,41%), el de Construcción con 3.029 personas (-1,68%) y Agricultura 218 (-0,28%). Asimismo, en el colectivo Sin Empleo Anterior se ha registrado un descenso de 2.831 personas (-1,22%). El desempleo femenino se redujo en junio en 25.537 mujeres (-1,72%) con respecto al mes anterior, dejando el total de desempleadas en 1.460.884. Es la cifra más baja desde 2008 en un mes de junio. En comparación con el mismo mes de hace un año, actualmente hay 85.320 mujeres menos inscritas como desempleadas, una reducción que es mayor a la registrada entre los hombres con 69.784 desempleados menos. El paro masculino permanece por segundo mes consecutivo por debajo del umbral del millón de personas y se sitúa en 945.079 desempleados tras descender 23.383 personas (-2,41%). Además, el registro de jóvenes menores de 25 años en las oficinas del SEPE ha experimentado durante junio un nuevo descenso con 4.296 personas menos (-2,51%), situándose en 166.707 jóvenes, el nivel más bajo registrado en toda la serie histórica. En los mayores de 52 años se registra en junio una reducción de 12.651 personas hasta situarse en los 1.019.525. En el último año se ha registrado un descenso de 44.578 personas en este colectivo. El total de personas en desempleo desciende en todas las comunidades autónomas. Andalucía (-6.974 personas), Madrid (-6.571) y Castilla y León (-4.840) son las tres comunidades donde se ha registrado en junio el mayor descenso en cifras absolutas con respecto al mes anterior. El número total de nuevos contratos registrados durante el mes de junio ha sido de 1.496.673, un 8,46% más que en mayo. De ellos, 587.653 contratos son de carácter indefinido, lo que supone el 39,26% del total. Se afianza el nuevo paradigma de contratación indefinida iniciada tras la reforma laboral. Las personas beneficiarias existentes a final de mes fueron 1.455.261. El importe medio mensual por beneficiario en mayo, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ha sido de 1.323,5 euros, lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 256,1 euros (24%).  La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de mayo de este año ha sido del 74,4%, un 7,2% más que hace un año. La inversión total de mayo ascendió a 1.873 millones de euros.

LEER MÁS

(Expansión, 01-07-2025) | Laboral

7.162 millones de euros para la cobertura de la incapacidad temporal

La Seguridad Social ha ingresado 72.687 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales durante los primeros cinco meses de 2025, lo que representa un incremento del 7,1% respecto al mismo periodo del año anterior. De los cerca de 4.800 millones de euros de crecimiento en la recaudación, alrededor del 10% se debe a los ingresos generados por el mecanismo de equidad intergeneracional, cuya finalidad es reforzar el Fondo de Reserva de las pensiones, también conocido como la "hucha" de las pensiones. El aumento en la recaudación se explica en buena parte por el crecimiento del empleo, pero también por las recientes subidas de las bases mínima y máxima de cotización, así como por la implantación de dicho mecanismo, que implica una cotización adicional del 0,8% sobre el salario bruto para todos los afiliados. Hasta mayo, esta aportación específica ha generado 1.955 millones de euros, lo que supone un 32,5% más que en el mismo periodo del año anterior -480 millones más-, consolidándose como un componente clave en la mejora de los ingresos del sistema. No obstante, al mismo tiempo que aumentan los ingresos, también crecen los gastos. Entre enero y mayo, la Seguridad Social destinó 7.162 millones de euros al pago de prestaciones por incapacidad temporal, es decir, bajas laborales. Esta cifra supone un 12,1% más que la registrada en el mismo periodo de 2024 y ya representa el 60% del presupuesto previsto para todo el año (11.764 millones). Este dato refuerza las advertencias de las patronales, como la CEOE, y entidades como la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), que denuncian el impacto económico del absentismo laboral, al que califican de "problema estructural" del mercado de trabajo. Según estimaciones de AMAT, el coste del absentismo podría superar los 32.000 millones de euros en 2025. En cuanto al balance presupuestario de la Seguridad Social hasta mayo, los datos reflejan un superávit de 2.835 millones de euros, en contraste con el déficit de 635 millones registrado en la misma fecha de 2024. Este saldo positivo es resultado de unos derechos reconocidos por operaciones no financieras que ascienden a 89.141 millones de euros (un 10,8% más que el año anterior), frente a unas obligaciones de 86.307 millones (un 6,4% más). Sin embargo, este equilibrio no sería posible sin la significativa aportación de fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. De los algo más de 89.000 millones de euros en derechos reconocidos, 15.451 millones (un 17% del total) corresponden a transferencias del Estado. Estas aportaciones tienen como objetivo cubrir, fundamentalmente, el elevado coste que suponen las pensiones, y reflejan la creciente dependencia del sistema de Seguridad Social de los ingresos fiscales para mantener su viabilidad.

LEER MÁS

(El Economista, 01-07-2025) | Laboral

Los despidos "gratis" caen casi un 10%

Las bajas de afiliación a la Seguridad Social por despido sumaron 326.184 entre enero y abril, lo que supone una reducción del 4,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Es la primera vez que descienden desde la entrada en vigor de la reforma laboral. Este retroceso se debe exclusivamente a la caída de los despidos disciplinarios, que bajaron un 9,4%. Este tipo de despido no contempla indemnización, pero requiere una justificación sólida. Aun así, representa el 51,8% del total de ceses, lo que ha llevado a varios expertos a alertar de que se está utilizando como una vía encubierta para el despido libre, una práctica que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado como prioritaria para abordar en una nueva reforma del mercado laboral. En teoría, el despido libre no existe en España. Cualquier despido debe estar motivado por razones disciplinarias -sin derecho a indemnización- o causas objetivas, como razones económicas u organizativas, que implican una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Ambos se consideran despidos procedentes. Sin embargo, esto no impide que se pueda despedir sin una causa válida: si el trabajador impugna el despido, puede iniciarse una conciliación o, en su defecto, un juicio. En estos casos, si el despido se declara improcedente y no hay readmisión, la indemnización asciende a 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades. Además, puede sumarse una indemnización adicional si se demuestra un daño añadido, como una acusación falsa. Este marco legal está vigente desde la reforma laboral de 2012, que supuso una transformación profunda: redujo la indemnización por despido improcedente y eliminó el llamado despido exprés, que permitía pagar al trabajador sin necesidad de justificación, facilitando así ceses rápidos y con coste controlado. En su momento, el Gobierno del PP defendía que al reducir el coste del despido improcedente, se desincentivarían los despidos injustificados. Sin embargo, los datos no respaldaron esa hipótesis: el porcentaje de despidos disciplinarios pasó del 29% en 2013 al 56% antes de la pandemia. Aunque su peso disminuyó durante la crisis sanitaria (al 49%), volvió a repuntar en los años siguientes: 55% en 2021, 54% en 2022 y 53% en 2023. Esto ocurrió a pesar de que, desde 2021, estaba en marcha una nueva reforma laboral -pactada entre Gobierno, sindicatos y patronal- que incrementó notablemente la contratación indefinida. Sin embargo, también se produjo un aumento de los despidos. Si comparamos los datos de enero a abril de 2025 con el mismo periodo de 2019, los despidos han crecido un 76,7%. Los disciplinarios subieron un 62,25%, hasta 169.145 casos (el 51% del total), mientras que los objetivos crecieron aún más: un 107,4%, hasta los 145.503 (un 44% del total). Esto sugiere que muchas empresas firmaron contratos indefinidos para trabajos que en realidad no lo eran, aprovechando la baja antigüedad de los empleados para despedir con indemnizaciones mínimas, a menudo sin justificar adecuadamente el cese. No obstante, esta tendencia ha comenzado a cambiar en el último año. La caída de los despidos disciplinarios es significativa: bajaron un 9,4% (un 14,7% solo en abril), mientras que los objetivos aumentaron un 3,7%. Esta evolución puede interpretarse como una señal de estabilización en el empleo tras la reforma laboral, aunque los disciplinarios siguen siendo la mayoría. Otra lectura posible es que las presiones judiciales y políticas han empezado a disuadir a algunas empresas de recurrir a este tipo de despido sin una causa real.

LEER MÁS

(Expansión, 30-06-2025) | Laboral

Los mayores de 50 años copan el aumento de autónomos desde 2021

En los últimos cuatro años, el número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha aumentado en 106.654 personas. No obstante, este crecimiento se debe casi exclusivamente al incremento de trabajadores mayores de 50 años, cuya cifra ha subido en 176.078. Por el contrario, el grupo de autónomos de entre 30 y 49 años ha registrado una caída de 72.881 afiliados. El envejecimiento de la población activa es uno de los principales desafíos para los países desarrollados, especialmente en lo que respecta a la sostenibilidad del sistema de pensiones. En el caso de España, el aumento de la esperanza de vida y la baja natalidad están reduciendo el número de trabajadores en activo, lo que tensiona aún más el equilibrio del sistema del bienestar. Esta tendencia afecta a todo el mercado laboral, pero es especialmente significativa entre los trabajadores autónomos. Desde 2021, en un contexto de crecimiento sostenido del empleo, el aumento de afiliaciones al RETA se ha concentrado casi exclusivamente en los mayores de 50 años, evidenciando el envejecimiento progresivo del colectivo. Así lo refleja un informe reciente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que detalla que entre mayo de 2021 y 2025, el crecimiento neto de afiliados al RETA se ha producido gracias al empuje de los trabajadores de mayor edad. De hecho, los mayores de 64 años son el segmento que más ha crecido, con 56.186 nuevos autónomos, lo que representa un aumento del 39,6%. Según Lorenzo Amor, presidente de ATA, esta subida se debe en gran parte al retraso en la edad de jubilación y al auge de la jubilación activa, cada vez más utilizada por autónomos que han alcanzado la edad legal para retirarse. En este sentido, el Gobierno está avanzando en medidas para flexibilizar la jubilación. Entre las propuestas recientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se incluye una reforma para fomentar la jubilación flexible. Esta permitiría a los pensionistas reincorporarse al trabajo por cuenta propia, compatibilizando la actividad con el cobro del 20% de la pensión, una posibilidad que hasta ahora no estaba contemplada. Por otro lado, este desplazamiento hacia franjas de edad más avanzadas también se explica por factores relacionados con las expectativas vitales y laborales. Las personas mayores suelen mostrar mayor disposición a emprender, especialmente si pueden hacerlo mientras perciben parte de su pensión. Además, al contar con trayectorias profesionales más estables, suelen asumir con menor temor los riesgos asociados al autoempleo. Por contra, en las cohortes de edad media la expectativa de éxito a través de una actividad por cuenta propia es mucho menor. Prueba de ello es que del retroceso de afiliaciones al RETA entre los 30 y 49 años, dos de cada tres (66,3%) corresponde a trabajadores de entre 40 y 44 años. "En esta franja de edad existe una mayor expectativa en el trabajo por cuenta ajena, que provoca las bajas en el colectivo en esta franja de edad", señala Amor. Por su parte, el emprendimiento también ha contribuido ligeramente al saldo positivo del régimen de autónomos, concretamente con 23.457 nuevos autónomos de menores de 30 años desde 2021."El ritmo de altas es mucho menor entre los jóvenes", apunta el presidente de la patronal subrayando, eso sí, que el crecimiento en este segmento sería mucho mayor si se tienen en cuenta los datos de los últimos diez años, "lo que demuestra que sigue habiendo emprendimiento en España". Por otro lado, el informe realizado desde ATA muestra también una radiografía del colectivo en función de la edad. El colectivo sénior sigue a la cabeza, ya que prácticamente uno de cada dos autónomos que cotizan a la Seguridad Social en España, el 47,2%, tiene más de 50 años. "Lo que muestra el envejecimiento del colectivo", señala el documento, desglosando que los mayores de 64 años representan únicamente el 5,8% del total del RETA (198.240 autónomos) y los autónomos menores de 30 años representan el 7% del total (240.346), mientras que los menores de 20 años representan solo el 0,3%. Las mujeres se muestran mucho más emprendedoras que los hombres: de los 106.654 nuevos autónomos, 76.575 son mujeres, el 71,8% del total del crecimiento. Las mujeres autónomas han crecido desde mayo de 2021 en todos los tramos de edad a excepción de las mujeres que tienen entre 40 y 44 años, que han descendido en 6.277 cotizantes al RETA. "Los datos señalan a que este descenso tiene relación con periodos de maternidad y de cuidados familiares" apunta Lorenzo Amor.

LEER MÁS

(El Economista, 30-06-2025) | Laboral

El gasto en pensiones marca un nuevo récord en junio, 26.777 millones

La Seguridad Social desembolsó en junio un total de 26.776,94 millones de euros en pensiones, una cifra que duplica la de un mes habitual debido al abono de la paga extraordinaria de verano. En concreto, el Ministerio que encabeza Elma Saiz destinó 13.563,84 millones de euros a la nómina mensual ordinaria y otros 13.213,09 millones a la paga extra. Este importe representa un nuevo máximo histórico y supone un aumento del 6,38% respecto a junio del año pasado. Estos datos surgen en un contexto de debate sobre el incremento del gasto militar solicitado por la OTAN, y su posible encaje con otras partidas clave como pensiones, sanidad o dependencia. Si España accediera a elevar el presupuesto de Defensa al 5% del PIB, como propuso Donald Trump, se necesitarían 107.235 millones de euros adicionales, más de la mitad de lo que actualmente se dedica anualmente al sistema público de pensiones. El gasto mensual en la nómina ordinaria -es decir, sin contar la paga extra- también creció respecto al año anterior. Incluyendo pensiones por jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares, el aumento fue del 6,37%, y específicamente en las pensiones de jubilación, que concentran el 73% del total del gasto (9.914,5 millones), el incremento fue del 6,35%. Este repunte supera las proyecciones realizadas por la AIReF en mayo, que estimaban un crecimiento del 5,8% para finales de año. El alza del gasto se debe principalmente al mayor número de beneficiarios y al incremento en el importe medio de las pensiones. En junio, la pensión media del sistema ascendió a 1.311,4 euros mensuales, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior. En cuanto a la paga extra, el promedio fue de 1.280,3 euros. En el caso de los jubilados, que suponen más de dos tercios del total de perceptores, la pensión media mensual alcanzó los 1.505,9 euros, mientras que su paga extra se situó en 1.484,3 euros, unos 200 euros más que la media general. Por su parte, los nuevos jubilados registrados en junio tienen una pensión media de 1.551,7 euros mensuales, lo que representa un incremento del 1,29%. Para los que procedían del régimen de asalariados, la cifra asciende hasta los 1.656,8 euros, un 1,58% más. Durante el mes de junio, la Seguridad Social abonó pensiones a 10.342.975 personas, lo que supone un aumento del 1,76% respecto al año anterior. De ese total, 6.583.748 son jubilados, un 1,83% más que en junio de 2023. La mayoría de los pensionistas reciben el doble pago en junio -la mensualidad ordinaria más la extra de verano- salvo unos 22.463 beneficiarios que tienen prorrateada esta cuantía en sus doce pagas anuales. Entre enero y mayo, se han producido 155.131 nuevas altas de jubilación, según ha informado este jueves el Ministerio de Seguridad Social. Dentro de ellas, las jubilaciones demoradas, que se han incentivado desde 2022 y cuya reforma se aplicó en abril junto a los cambios en la jubilación parcial y activa, representan ya el 11,4% del total, frente al 4,8% de 2019. Este cambio, apunta el Ministerio, refleja el efecto de las bonificaciones por retrasar la edad de jubilación y la revisión de los mecanismos de retiro anticipado. Como resultado, la edad media de acceso a la jubilación se ha elevado hasta los 65,2 años, frente a los 64,4 años registrados en 2019.

LEER MÁS

(El Economista, 30-06-2025) | Laboral

En España se acabará incrementando a 33 días por año trabajado la indemnización para interinos y personal laboral de la Administración

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha manifestado que, previsiblemente, en España se terminará estableciendo una indemnización de 33 días por año trabajado -con un tope de 24 mensualidades- para el personal interino y laboral de la Administración que sea cesado tras haber cubierto de forma prolongada y abusiva una plaza eventual. Actualmente, esta compensación es de 20 días por año con un límite de doce mensualidades. El Tribunal Supremo ha reiterado que la Administración no puede convertir en fijos a estos trabajadores, ya que ello vulneraría los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Esta posición ha sido mantenida incluso después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en dos sentencias emitidas en febrero y junio de 2024, instara a regularizar la situación de aquellos empleados con contratos temporales abusivos. Ante la negativa del Supremo a cambiar su doctrina, el TSJM considera probable que, como alternativa a la fijeza, se establezca una indemnización más elevada para los casos de abuso en la contratación temporal. Esta compensación debería, al menos, equipararse a la prevista en casos de despido improcedente, dado que el TJUE ya ha señalado que los actuales 20 días por año no son suficientes. Además, el TSJM se muestra crítico con la postura del Supremo y defiende que la Constitución podría permitir la conversión en fijos de estos trabajadores bajo ciertas condiciones, si bien admite que no puede aplicar esta interpretación por ser contraria a la jurisprudencia vigente del alto tribunal. En una serie de hasta 16 resoluciones emitidas en el último año, el TSJM ha defendido que el derecho al trabajo -consagrado en la Constitución- también debe garantizar la estabilidad en el empleo. A su juicio, cuando se produce una relación laboral prolongada basada en contratos temporales encadenados, y si no hay terceros interesados en acceder a esas plazas mediante concurso u oposición, debería prevalecer la estabilidad frente a otros principios constitucionales como el de igualdad. La Sala aclara que este criterio se refiere únicamente al personal laboral contratado directamente por la Administración, y no a los interinos, quienes han accedido a sus puestos mediante procesos selectivos y deben recurrir a la vía contencioso-administrativa, no a la jurisdicción social. Finalmente, el TSJM admite que, mientras el Tribunal Supremo mantenga su doctrina que impide de forma absoluta el reconocimiento de la fijeza incluso en casos de abuso, no existen las condiciones para que el propio tribunal madrileño cambie su criterio, cerrando así la puerta a la posibilidad de hacer fijos a estos trabajadores.

LEER MÁS

(Expansión, 26-06-2025) | Laboral

El SEPE avisa: las personas en paro «no tienen vacaciones» y viajar les puede costar la prestación

Cuando una persona está recibiendo la prestación por desempleo, no se considera que esté trabajando, por lo tanto, no tiene derecho a disfrutar oficialmente de vacaciones. Sin embargo, sí puede desplazarse dentro o fuera de España durante un periodo determinado, siempre que lo notifique al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que es el organismo encargado de gestionar dicha prestación. Mientras se percibe esta ayuda, el SEPE exige al beneficiario mantener una actitud activa en la búsqueda de empleo, participar en actividades formativas que mejoren su empleabilidad y presentarse ante la oficina de empleo cuando se le cite. En cuanto a la posibilidad de viajar, si el desplazamiento es dentro del país, es posible salir del lugar de residencia habitual hasta un máximo de 30 días al año sin que se vea afectado el cobro de la prestación, siempre y cuando se comunique previamente al SEPE y se obtenga su autorización. Para ello, es necesario pedir cita previa y notificar el viaje. Si el viaje es al extranjero, las condiciones varían según la duración: Hasta 15 días naturales por año: se puede salir del país, pero es obligatorio avisar al SEPE con antelación mediante el formulario específico de salida al extranjero. Al volver, hay que acudir al SEPE el primer día hábil para reactivar la situación. Entre 15 y 90 días: también debe comunicarse previamente. En este caso, la prestación se suspende temporalmente y se reanuda al regresar, manteniéndose el derecho sin perder días de ayuda. Más de 90 días: igualmente hay que informar al SEPE, pero si la estancia es por motivos que no sean laborales, educativos o de cooperación internacional, puede suponer la pérdida definitiva de la prestación. Es importante recordar que, aunque se esté disfrutando de unos días de descanso, la obligación de buscar empleo activamente y de participar en programas formativos continúa vigente. No cumplir con estos compromisos puede derivar en sanciones o en la pérdida de la ayuda económica. Por otro lado, si al finalizar el contrato el trabajador aún tiene vacaciones pendientes que le son abonadas en el finiquito, no podrá solicitar inmediatamente la prestación por desempleo. En ese caso, se considera que aún no se encuentra en "situación legal de desempleo", ya que ese periodo computa como tiempo trabajado y cotizado. Una vez terminado ese plazo equivalente a las vacaciones pagadas no disfrutadas, el trabajador dispone de 15 días hábiles para solicitar la prestación. El trámite puede hacerse en la sede electrónica del SEPE o en una de sus oficinas, siempre que se haya registrado previamente como demandante de empleo en el servicio de empleo autonómico correspondiente.

LEER MÁS

(Expansión, 26-06-2025) | Laboral

Los parones profesionales, que hasta hace poco eran un obstáculo en el currículo, tienden a revalorizarse

En el panorama actual del empleo, los periodos de inactividad en la trayectoria profesional han dejado de considerarse una mancha en el currículum. Hasta hace poco, cualquier interrupción sin justificar era motivo de sospecha para los reclutadores y podía cerrar muchas puertas. Sin embargo, esta percepción ha cambiado de forma notable: lo que antes se interpretaba como una señal de alerta, ahora se valora como una muestra de resiliencia y capacidad de adaptación a contextos profesionales cambiantes, en los que las carreras ya no siguen caminos lineales ni consisten en encadenar proyectos en el mismo sector. Esta nueva visión parte del reconocimiento de que detrás de una pausa laboral puede haber múltiples razones legítimas, fruto de situaciones personales o decisiones conscientes. Así lo explica Alberto Gavilán, director de talento en The Adecco Group, quien señala que hoy en día las lagunas en el currículum no generan el rechazo de antaño. Gavilán identifica dos elementos que deben quedar claramente explicados en una trayectoria profesional: por un lado, los cambios frecuentes de empleo; por otro, las mencionadas pausas laborales. Entre las causas más habituales que justifican estas interrupciones están la formación -personas que deciden reorientar su carrera y adquirir nuevas habilidades-, la necesidad de cuidar la salud mental o física, o el emprendimiento, incluso si este termina en fracaso y obliga a regresar al empleo por cuenta ajena. Para Gavilán, todas estas experiencias evidencian que los itinerarios profesionales son cada vez más flexibles y que reinventarse es algo común y cada vez mejor recibido por los reclutadores. A esta perspectiva se suma la de Andrés Pérez Ortega, consultor en estrategia personal, quien añade los llamados "proyectos paralelos": iniciativas personales, de aprendizaje o sociales que se emprenden durante los periodos sin empleo formal y que también pueden enriquecer el perfil profesional. Según Pérez, cada vez más expertos en recursos humanos valoran estas etapas como fuentes de crecimiento que aportan diversidad de experiencia, habilidades transferibles y fortaleza emocional. No obstante, Pérez también alerta sobre el riesgo de idealizar o romantizar estos paréntesis profesionales. Subraya que no todo el mundo puede permitirse un "año sabático" y que, para muchas personas, una laguna es simplemente una mala racha. Además, advierte que contar historias de reinvención profesional con tintes heroicos -como abogados que se convierten en artistas o ejecutivas que abren casas rurales- puede sonar forzado, sobre todo cuando se repiten demasiado y se alejan de la realidad de la mayoría. Pérez concluye que, pese a los avances en la percepción de estas pausas, muchas empresas y departamentos de recursos humanos siguen viendo los huecos en el currículum con recelo, como posibles señales de descompromiso o inestabilidad. Por eso insiste en que estas etapas solo aportan valor real si se traducen en aprendizajes, resultados o competencias concretas. Decir que uno ha estado formándose suena bien, pero es necesario mostrar qué se ha aprendido, cómo se ha aplicado y qué se ha conseguido con ello.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF