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(El País, 15-10-2025) | Laboral

La siniestralidad laboral en España se sitúa ligeramente por encima de la media comunitaria

España continúa alejándose de los países europeos más avanzados en varias variables económicas, y una de las más sensibles es la siniestralidad laboral. Según los últimos datos de Eurostat, publicados este martes, la incidencia de muertes en el trabajo en España -medida como el número de fallecimientos por cada 100.000 empleados- se sitúa en 1,71, ligeramente por encima de la media europea de 1,63, pero muy superior a la registrada en los países más seguros del continente, como Países Bajos (0,38), Alemania (0,71) o Polonia (1,18). Los datos corresponden a 2023 e incluyen también a Dinamarca (1,03), Bélgica (1,1), Irlanda (1,44) o Hungría (1,47), que presentan cifras más favorables que España. En cambio, algunas de las economías más pobladas reportan peores resultados, como Italia (2,01) y especialmente Francia (3,6), que registra la tasa más alta de la Unión Europea, acompañada por Bulgaria (3,51), Chipre (3,24) y Letonia (3,21). Eurostat aclara que el dato francés requiere matices: el sistema de notificación de accidentes en Francia no distingue entre los siniestros cuya causa principal es la actividad laboral y aquellos que ocurren en el lugar de trabajo por otras razones. Esta metodología puede inflar artificialmente la cifra de accidentes laborales registrados en comparación con otros países. Además, la incidencia de accidentes mortales depende en gran medida del peso que tienen los sectores más peligrosos en cada economía. La construcción concentró la mayor parte de las muertes en la UE durante 2023, con 792 fallecimientos, equivalentes al 24% del total (3.298). También hubo numerosos decesos en transporte (541), industria manufacturera (443) y agricultura (426). Por número de fallecimientos en relación con la plantilla, la minería es el sector más letal, con una incidencia de 11 muertes por cada 100.000 trabajadores en Europa y hasta 41 en España. Por ello, los países con mayor presencia de estos sectores suelen registrar cifras más elevadas. Para corregir estas diferencias, Eurostat publica un índice de incidencia estandarizado, que ajusta el peso de cada actividad económica al promedio europeo, de manera que los fallecimientos en construcción, por ejemplo, tengan el mismo impacto en todos los países. Con este ajuste, los mejores resultados siguen siendo Países Bajos (0,6) y Alemania (0,91), mientras que los peores se dan en Chipre (5,63), Bulgaria (4,5) y Francia (4,42). España se sitúa en 2,28, ligeramente por encima de la media europea (2,07). Estos datos refuerzan la idea de que, más allá del sector, la cultura preventiva de cada país influye directamente en la mortalidad laboral. Otra constante en la siniestralidad laboral es la brecha de género: los hombres representan el 95% de las muertes en el trabajo en Europa durante 2023. En España, la incidencia estandarizada por 100.000 empleados es de 3,43 en hombres frente a 0,25 en mujeres, reflejo de que los sectores con mayor riesgo están dominados por varones. Patricia Ruiz, responsable de salud laboral en UGT, subraya que "la situación de España en muertes por accidente laboral es insostenible, incluso frente a países industrializados como Alemania, donde los datos son mejores que los nuestros". Una lectura positiva es que España ha mejorado respecto a 2022, cuando la tasa era de 2,03 por cada 100.000 empleados, bajando a 1,71 en 2023. Sin embargo, los datos más recientes del Ministerio de Trabajo muestran que en 2024 fallecieron 677 trabajadores, un aumento del 9,4% respecto al año anterior, muy superior al crecimiento del empleo, lo que evidencia la gravedad del problema. Mariano Sanz, secretario confederal de salud laboral de CC OO, afirma que "no puede justificarse el aumento de accidentes por el crecimiento de la actividad". Señala que algunas grandes empresas aplican prácticas que debilitan la prevención, como la subcontratación para eludir responsabilidades legales. Sanz añade que el reciente accidente en Madrid, con cuatro fallecidos en construcción, evidencia las debilidades estructurales del sistema preventivo español. Él y UGT llevan 20 meses negociando con el Ministerio de Trabajo y las patronales una reforma de la legislación de riesgos laborales, que aún enfrenta la oposición de algunas organizaciones empresariales. Por su parte, Ruiz destaca que la normativa vigente, con más de 30 años, "no contempla riesgos del siglo XXI", como los relacionados con la salud mental, los entornos digitales, cuestiones de género ni los efectos del cambio climático. La propuesta del Ministerio, todavía sin consenso, aborda varias de estas cuestiones pendientes.

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(El Economista, 15-10-2025) | Laboral

El Gobierno quiere ampliar la pensión de viudedad a parejas convivientes con hijos

Tras culminar la reforma de las pensiones, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, trabaja ahora en los últimos ajustes del sistema. La titular del departamento mantiene negociaciones sobre la reforma de la prestación por incapacidad temporal, la actualización de la jubilación flexible y las nuevas cuotas que abonarán los autónomos entre 2026 y 2028. Además, de forma inesperada, el Ministerio presentó el pasado lunes una propuesta para ampliar el acceso a la pensión de viudedad. Según un documento remitido a los agentes sociales y al que tuvo acceso elEconomista.es, el Gobierno plantea extender esta prestación a las parejas convivientes con hijos en común. La principal novedad es que, de aprobarse la propuesta, ya no sería necesario acreditar la existencia de una pareja de hecho mediante escritura pública ni estar casado con la persona fallecida. Bastaría con presentar un certificado de empadronamiento y demostrar una convivencia estable durante al menos dos años consecutivos. Esta modificación afectaría exclusivamente a las parejas con descendencia. El cambio propuesto implicaría una reforma del artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social, que regula las pensiones de viudedad para las parejas de hecho. Al tratarse de una modificación legal, su aprobación requeriría el visto bueno del Congreso de los Diputados. Asimismo, el Ministerio propone eliminar la disposición adicional cuadragésima, que regula los supuestos excepcionales, y sustituirla por una nueva disposición. Entre las modificaciones más relevantes figura que, en lugar de excluir a quienes ya perciben una pensión contributiva, se establezcan simplemente límites a la cuantía total que puedan recibir. La reforma de la pensión de viudedad es una de las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020, recogida en su punto número 13. Dicho acuerdo pedía reorientar esta prestación hacia la protección de las personas mayores de 65 años -para quienes constituye la principal fuente de ingresos- y reforzar la de orfandad, teniendo en cuenta los años de cotización del fallecido. También sugería reformular de manera progresiva todas las prestaciones por muerte y supervivencia. Sin embargo, la reforma de pensiones impulsada en su día por el exministro José Luis Escrivá no incorporó estos cambios. Cinco años después, Saiz retoma la iniciativa proponiendo ampliar la cobertura de la viudedad. Según los últimos datos anuales, el gasto en esta prestación alcanzó un máximo histórico de 29.404 millones de euros en 2024, debido principalmente a la revalorización de las pensiones, que supuso 11.020 millones de gasto adicional. Pese al incremento del importe medio de las pensiones y del total de la nómina anual, el número de beneficiarios se ha mantenido prácticamente estable durante la última década, con ligeras caídas en algunos ejercicios. Fuentes del diálogo social explican que la reunión mantenida esta semana abordó varios asuntos pendientes: la reforma de la incapacidad temporal, las nuevas cuotas de los autónomos para el periodo 2026-2028, la revisión del complemento por brecha de género y la actualización de la jubilación flexible. En este último punto, el Ministerio propone reducir la jornada mínima laboral que puede realizar un pensionista al 25%, manteniendo la máxima en el 80%, como ya se contemplaba en el borrador de Real Decreto sometido a consulta pública este verano. Paralelamente, el Gobierno plantea aumentar los incentivos para los jubilados que decidan reincorporarse al mercado laboral. Si trabajan entre el 50% y el 80% de una jornada completa, su pensión se incrementará un 25%. En caso de que la jornada se sitúe entre el 20% y el 50%, el aumento será del 15%. En ambos supuestos, el cálculo se aplicará sobre la cuantía de la pensión reconocida antes de acceder al régimen de jubilación flexible.

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(El Economista, 15-10-2025) | Laboral

La ‘hucha’ de la Seguridad Social se encuentra en una situación muy deficitaria en España

Aunque la ocupación en España se encuentra en niveles récord gracias al fuerte ritmo de creación de empleo, buena parte de estos nuevos puestos son precarios y con salarios modestos. Esto provoca que las cotizaciones asociadas no sean suficientes para cubrir el fuerte aumento del gasto en pensiones derivado de la jubilación masiva de la generación del baby boom -cuyas prestaciones son las más elevadas de la historia- y de la revalorización constante de las pensiones. El resultado es un sistema que, en la práctica, se encuentra en una situación crítica: su déficit se disfraza mediante operaciones contables y transferencias entre distintas partidas presupuestarias, creando la ilusión de estabilidad financiera en un modelo que lleva años acumulando pérdidas. Además, los datos del Ageing Report 2024 de la Comisión Europea confirman que las reformas recientes no solo no han solucionado el problema, sino que han empeorado la sostenibilidad del sistema. Según el informe, el gasto en pensiones -que en 2021 se estimaba en el 10,3% del PIB- se ha revisado al alza hasta alcanzar el 16,7% del PIB, un incremento de 6,4 puntos en apenas tres años. Esta revisión revela el fuerte impacto negativo de las modificaciones introducidas en los últimos tiempos. A pesar de ello, el Gobierno presume de haber "rellenado" la conocida hucha de las pensiones, presentándola como un colchón frente a los desafíos demográficos y financieros que se avecinan. Sin embargo, los datos desmienten este optimismo: el déficit de la Seguridad Social es estructural y sigue aumentando año tras año. En realidad, el Fondo de Reserva actúa como un mecanismo contable que oculta la magnitud real del desequilibrio. Según el informe La (in)sostenibilidad de la Seguridad Social, elaborado por los profesores Santiago Calvo y Daniel Fernández (Universidad de las Hespérides), "el aumento reciente del Fondo de Reserva no responde a un ahorro real, sino a simples movimientos contables destinados a ofrecer una imagen más favorable de las cuentas públicas", algo que los autores califican como un "engaño" o incluso un "fraude contable". La situación del sistema público de pensiones es, por tanto, delicada. En solo tres años, las previsiones de gasto se han disparado como consecuencia de las reformas que han debilitado su equilibrio financiero. En la actualidad, las cotizaciones solo cubren tres de cada cuatro euros destinados a las prestaciones contributivas; el resto procede de transferencias del Estado y de nueva deuda pública. En 2024, el déficit del sistema alcanzó el 3,8% del PIB, lo que significa que ni siquiera una inyección de más de 54.000 millones de euros desde los presupuestos generales ha logrado equilibrar las cuentas. Y esto ocurre en un contexto de máxima ocupación, con 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. España genera mucho empleo en los periodos de expansión económica, pero si incluso en una fase de bonanza el sistema no logra sostenerse, el panorama en caso de recesión o desaceleración laboral sería preocupante. El Gobierno insiste en destacar los récords de afiliación e ingresos, algo cierto, aunque el verdadero problema está en el lado del gasto. Finalmente, el supuesto refuerzo del Fondo de Reserva mediante el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) -una especie de nuevo impuesto- tampoco representa un ahorro real. Según los expertos, este mecanismo se financia con más deuda pública, de modo que lo que se presenta como un superávit es en realidad un espejismo contable: se registra a la vez un activo (el dinero del fondo) y un pasivo (la deuda emitida), sin que exista ahorro neto alguno. El trampantojo es aún mayor si se observa el tamaño real de la 'hucha'. Tras las últimas aportaciones, acumula alrededor de 9.300 millones de euros, una cifra que ni siquiera alcanza para pagar un mes completo de pensiones contributivas, cuyo gasto supera los 13.000 millones. En términos prácticos, apenas cubriría 52 días del déficit anual del sistema. Y para colmo, los recursos se invierten casi exclusivamente en deuda pública española, lo que convierte al fondo en "uno de los menos rentables de Europa", incapaz siquiera de batir a la inflación.

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(El Periódico, 15-10-2025) | Laboral

Los perfiles que superan la barrera de los 100.000 euros

El mercado laboral español, con un salario medio bruto de 27.558,68 euros, según el INE, presenta una marcada dualidad. Mientras la tasa de paro juvenil (24,5% en el segundo trimestre de 2025) genera incertidumbre, el envejecimiento de la población (uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años en 2070) impulsa la demanda de profesionales cualificados en ciertos sectores. Para quienes buscan una carrera con altas remuneraciones, los puestos de máxima responsabilidad y especialización, ya sea en el sector público o privado, multiplican la media nacional. Los sueldos más elevados en España se concentran en puestos con una alta exigencia formativa y de responsabilidad, o bien, en el sector privado bajo un modelo de éxito profesional. Notario: es, potencialmente, la profesión mejor pagada. Aunque el salario inicial puede rondar los 40.000 euros, los notarios senior con más de 20 años de ejercicio y despachos consolidados en grandes ciudades pueden alcanzar y superar los 410.000 euros brutos anuales, dependiendo de los aranceles y el volumen de trabajo. Piloto comercial (capitán de línea aérea): el rango es muy amplio. Mientras un copiloto novel puede empezar en 22.000 euros, un capitán de largo radio en aerolíneas de primer nivel puede superar los 200.000 euros al año, siendo una de las profesiones con mayor responsabilidad en el sector privado. Cirujano/Médico especialista (medicina privada): en el sistema de salud público, los médicos especialistas se mueven en rangos de 60.000 a 100.000 euros con complementos. No obstante, los cirujanos o anestesistas con clínicas privadas muy reconocidas o que trabajan por acto médico pueden alcanzar fácilmente los 150.000 euros o más. Juez/Magistrado (sector público): es una de las carreras públicas con mejor remuneración. Un juez al inicio de su carrera percibe unos 46.000 euros, pero los magistrados con mayor antigüedad o en altos tribunales (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional) superan con creces los 108.000 euros brutos anuales. El boom de la digitalización ha consolidado las profesiones tecnológicas y de consultoría entre las mejor remuneradas, en parte por la escasez de talento. El factor más determinante en las altas rentas de España no es solo la profesión, sino la experiencia acumulada y la capacidad para ocupar nichos con escasez de talento. Los siguientes cinco empleos que tienen altas remuneraciones son: Arquitecto de sistemas/Software: este perfil de alta especialización es clave en el desarrollo digital. Un arquitecto de software senior en grandes tecnológicas o multinacionales puede percibir entre 80.000 euros y 90.000 euros anuales, aunque los técnicos junior se sitúan más cerca de los 45.000 euros. Diseñador de sistemas/Ingeniero de datos (Senior): dentro del ámbito tech, los perfiles senior rondan los 50.000-70.000 euros, siendo el rango más común para perfiles con 5-10 años de experiencia. Odontólogo especialista: el salario medio de un odontólogo asalariado se sitúa entre 60.000 y 70.000 euros. No obstante, los especialistas en ortodoncia o implantología pueden rozar o superar los 100.000 euros anuales, especialmente si tienen dedicación exclusiva o trabajan con clínica propia. Analista de negocios (Business Analyst Senior): cruciales para la toma de decisiones en consultoría, estos profesionales se mueven en un rango de 45.000 a 60.000 euros, superando esta cifra en multinacionales (Big Four) o en puestos de dirección de área. Agente inmobiliario: la profesión es muy volátil. Si bien la base salarial puede ser baja, los agentes ejecutivos con un alto volumen de ventas en mercados premium (Madrid o Barcelona) pueden superar los 100.000 euros gracias al sistema de comisiones. La gran mayoría de los trabajadores en España percibe un salario que se sitúa cerca del salario medio de 27.558 euros. La enorme distancia que separa esta media de los salarios de élite (entre 80.000 y más de 400.000 euros) refleja una estructura económica donde la especialización y la alta demanda son los principales motores de la retribución. En un país con una alta tasa de paro juvenil y un evidente problema de relevo generacional en sectores clave -haciendo que la Generación Z ya valore más la libertad de horario que el salario-, la inversión en formación altamente especializada se consolida como el único camino hacia los puestos mejor remunerados.

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(Expansión, 14-10-2025) | Laboral

El Gobierno planea subir la cuota de autónomos entre 625 y 7.500 euros en tres años

La Seguridad Social plantea un incremento sostenido de las cotizaciones de los casi tres millones y medio de trabajadores por cuenta propia para el próximo trienio. En las subidas más acusadas, para las rentas más altas, se prevé que se dupliquen las cuotas mensuales. De salir adelante la propuesta oficial del Gobierno de subida de las cuotas de autónomos, los más de tres millones de trabajadores por cuenta propia experimentarán un incremento notable de sus aportaciones mensuales a la Seguridad Social de aquí a 2028. Ninguno de los quince tramos previstos con diferentes niveles de rendimientos y cuotas asociadas a cada uno de ellos ser librará de pagar más cada mes: con incrementos de entre 625 euros al año en un plazo de tres ejercicios -respecto al nivel de 2025- hasta casi 7.500 euros más que deberán de pagar los autónomos con mayores ingresos en comparación con este año. Partiendo de la base de que se trata de una propuesta que el departamento de Elma Saiz ha trasladado a los agentes sociales y principales organizaciones de autónomos y que esta debería de ser convalidada por el Congreso de los Diputados al tener rango de ley -el sistema de cotización por rendimientos netos se incluyó como una de las partes de la reforma de pensiones-, el plan de la Seguridad Social es el de avanzar hacia ese modelo definitivo de cotización para que el tránsito esté concluido en 2032. De hecho, en la propuesta a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN se establece que "para el periodo 2028-2031, las bases mínimas y cuotas asociadas seguirán la misma evolución lineal". Es decir, un incremento proporcional al previsto para los próximos tres ejercicios. De este modo, la hoja de ruta establece por el momento las cuotas de los próximos tres año. Para el próximo ejercicio, el primer tramo hasta 670 euros de ingresos netos mensuales, la cuota pasaría de 200 euros a 217,37 euros, es decir, 17,37 euros más al mes y 208,44 euros más en el conjunto del año -respecto a 2025-. En el segundo tramo, entre 670 y 900 euros de rendimiento mensual, la cuota pasaría a partir del próximo 1 de enero de 220 a 234,85 euros, lo que suponen 14,85 euros más al mes y 178,2 euros más anuales. El tercer tramos sería para ingresos de entre 900 y 1.166,7 euros mensuales, donde se prevé que la cuota ascienda de 250 a 271,24 euros al mes, es decir, 11,24 euros más y 134,88 euros anuales más en 2026. Ente los 1.166,7 y 1.300 euros al mes se prevé que la cuota ascienda de 291 a 302 euros, es decir, 11 euros mensuales más y 132 euros más al año. Entre 1.300 y 1.500 euros de ingresos la cuotas se incrementarían de 294 a 311 euros, 17,3 euros más al mes y 207,6 euros más en el año. Para el tercer tramo de la tabla general -con ingresos por encima del salario mínimo-, entre 1.500 y 1.700 euros de ingresos, la cuota pasaría de 294 a 321,5 euros, lo que supone 27,5 euros más al mes y 330 euros extra en doce meses. En un siguiente escalón se encontrarían los autónomos con rendimientos netos de entre 1.700 y 1.850 euros al mes para los que la cuota ascendería de 350 a 378,37 euros mensuales, es decir, 28,37 euros más al mes y 340,44 euros más al año. Mientras que para el tramo de entre 1.850 y 2.030 euros la cuotas suben de 370 a 402,68 euros, lo que supone 32,68 euros más al mes y 392,16 euros más en el conjunto del año. Para el sexto tramo, entre 2.030 y 2.330 euros de ingresos, la cuota pasaría de 390 a 426,53 euros al mes, 38,5 euros más y 462,36 euros más al año. Para el tramo de entre 2.330 euros y 2.760 euros al mes, la cuota pasaría de 415 a 464,66 euros al mes, lo que suponen 49,66 euros más y 595,9 euros más en el año. En el siguiente tramo, de entre 2.760 y 3.190 euros mensuales, la cuotas asciende de 440 a 507,43 euros, 67,43 euros mensuales más y 809,16 euros extra en el conjunto de 2026. Mientras que en el tramo entre 3.190 y 3.620 euros de ingresos, la cuota pasaría según la propuesta del Gobierno de 465 a 550,19 euros al mes, es decir, 85,2 euros más mensuales y 1.022,3 euros más al año. En los últimos tres tramos, de mayores rendimientos netos, es en los que se agravaría la subida de cotizaciones de los autónomos. Entre 3.620 y 4.050 euros, la cuota ascendería de 490 a 592,95 euros mensuales, es decir, 102,95 euros más mensuales y 1.235,4 euros más al año. Para el tramo de entre 4.050 y 6.000 euros la cuota se incrementa de 590 a 796,24 euros, lo que suponen 118,22 euros más mensuales y 1.418,6 euros más para todo 2026. Por último, se encontraría el tramo más agravado, de más de 6.000 euros de rendimientos, la cuota sube de 590 a 796,24 euros al mes, lo que supone 206 euros mensuales más y 2.474 euros en el conjunto del año. En un segundo año de despliegue, el Gobierno plantea una nueva subida de cuotas que se automatizaría, de aprobarse, de cara a 2027. Para observar la progresión en comparación con el pago realizado en cada mes de 2025 y en el conjunto del año, el incremento previsto sería: En el primer tramo de la tabla reducida -los primeros niveles en los que el Ministerio de Seguridad Social calcula que se insertan el 40% de los casi 3,5 millones de autónomos- hasta 670 euros de ingresos netos mensuales, la cuota pasaría dentro de dos años a 234,73 euros, es decir, 34,73 euros más al mes que en 2025 y 416,76 euros más en el conjunto de 2027 -respecto a 2025-. En el segundo tramo, entre 670 y 900 euros de rendimiento mensual, la cuota sería en enero de 2027 de 249,7 euros, lo que suponen 29,7 euros más al mes y 356,4 euros más anuales. El tercer tramos para ingresos de entre 900 y 1.166,7 euros mensuales, la cuota se situaría en 282,47 euros al mes, es decir, 22,47 euros más al mes que en la actualidad y 269,64 euros anuales más. Ente los 1.166,7 y 1.300 euros al mes se prevé que la cuota ascienda 313 euros mensuales en 2027, es decir, 22 euros mensuales más que ahora y 264 euros más al año. Entre 1.300 y 1.500 euros de ingresos la cuotas se incrementarían hasta 328,6 euros al mes, 34,6 euros mensuales más y 415,2 euros más en el año. Para el tercer tramo de la tabla general, entre 1.500 y 1.700 euros de ingresos, la cuota pasaría a 349 euros al mes, lo que supone 55 euros más al mes que ahora y 660 euros extra en doce mensualidades. En un siguiente escalón se encontrarían los autónomos con rendimientos netos de entre 1.700 y 1.850 euros al mes para los que la cuota ascendería de a 406,73 euros mensuales, es decir, 56,73 euros más al mes y 680,76 euros más al año. Mientras que para el tramo de entre 1.850 y 2.030 euros la cuotas suben hasta los 435,37 euros, lo que supone 65,37 euros más al mes y 784,44 euros más en el conjunto del año. Para el sexto tramo, entre 2.030 y 2.330 euros de ingresos, la cuota pasaría a 467,06 al mes, 77,06 euros mensuales más que ahora y 924,72 euros más al año. Para el tramo de entre 2.330 euros y 2.760 euros al mes, la cuota pasaría a 514,33 euros al mes, lo que suponen 99,33 euros más y 1.191,96 euros más en el año. En el siguiente tramo, de entre 2.760 y 3.190 euros mensuales, la cuotas asciende a 574,85 euros al mes, 134,85 euros mensuales más y 1.618,2 euros extra en el conjunto de 2027. Mientras que en el tramo entre 3.190 y 3.620 euros de ingresos, la cuota pasaría según la propuesta del Gobierno a 635,38 euros al mes, es decir, 170,38 euros más mensuales y 2.044,56 euros más al año en comparación con 2025. Entre 3.620 y 4.050 euros, la cuota ascendería a 695,91 euros mensuales, es decir, 205,91 euros más mensuales y 2.470,92 euros más al año. Para el tramo de entre 4.050 y 6.000 euros la cuota se incrementa hasta los 766,43 euros, lo que suponen 236,43 euros más mensuales que ahora y 2.837,16 euros más para todo 2027. Por último, se encontraría el tramo más alto, de más de 6.000 euros de rendimientos, donde la cuota subiría hasta los 1.002,49 euros al mes, lo que supone 412,40 euros mensuales más y casi 5.000 euros más en el conjunto del año.

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(Expansión, 14-10-2025) | Laboral

El Círculo de Empresarios propone crear consorcios tripartitos para impulsar la FP Dual

La propuesta del Círculo de Empresarios para derribar los principales obstáculos que impiden el desarrollo de la Formación Profesional (FP) dual en España se articula en torno a una estrategia que impulse la creación de consorcios público-privados dedicados a la "FP dual del futuro". Estos consorcios tendrían una estructura de gobernanza tripartita, integrada por los gobiernos autonómicos, las empresas y los centros educativos, y participarían activamente en el diseño de los perfiles técnicos, la planificación de la oferta de plazas y la definición de los estándares académicos. Asimismo, el Círculo plantea varias medidas destinadas a incentivar la implicación de las empresas, como la implantación de mecanismos de compensación fiscal para cubrir los costes derivados de las actividades formativas, o la simplificación de la normativa mediante la creación de una ventanilla única que agilice los trámites. También subraya la necesidad de reforzar los recursos de los centros educativos y de apoyar al profesorado, con el fin de paliar problemas actuales como la falta de medios o la sobrecarga laboral. El presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin, ha advertido de que "España vive una paradoja inaceptable: contamos con una elevada tasa de desempleo juvenil mientras nuestras empresas tienen dificultades para encontrar técnicos cualificados". En este sentido, ha defendido que la FP Dual representa "una gran palanca de competitividad" y que, para que alcance todo su potencial, resulta esencial "eliminar la excesiva complejidad normativa e instaurar un modelo real de cogobernanza entre empresas y centros educativos". El Círculo recuerda, además, que la tasa de inserción laboral de los alumnos de grado superior que cursan FP dual se sitúa en el 54,7%, es decir, 15 puntos porcentuales más que la de los estudiantes de FP tradicional. Un dato especialmente significativo, destacan, si se tiene en cuenta que la tasa de paro entre los menores de 25 años alcanzó el 24,5% en el segundo trimestre -una de las más altas de la eurozona-, mientras el mercado laboral continúa mostrando una fuerte demanda insatisfecha de técnicos cualificados.

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(El País, 14-10-2025) | Laboral

Los sindicatos de funcionarios no descartan huelga a fin de año si no hay pacto salarial

Se avecinan movilizaciones en el sector público. Las federaciones de función pública de UGT, CCOO y el sindicato CSIF han anunciado que iniciarán acciones de protesta ante lo que califican como un bloqueo del Gobierno en la negociación colectiva de los empleados públicos, lo que impide alcanzar un nuevo acuerdo salarial que beneficiaría a más de tres millones de trabajadores. En un comunicado conjunto emitido este lunes, las organizaciones sindicales advierten que comenzarán movilizaciones y no descartan convocar una huelga general. Este martes, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque; el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo; y el presidente de CSIF, Miguel Borra, detallarán el calendario de protestas, que se iniciarán a finales de mes en distintas ciudades del país y se prolongarán hasta final de año. Si para entonces el Ejecutivo no reactiva la negociación para un nuevo acuerdo salarial, los sindicatos podrían convocar una huelga general en todas las administraciones y empresas públicas. Las movilizaciones, que irán en aumento progresivo, buscan denunciar la parálisis de las conversaciones con el Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López. Según los representantes sindicales, la falta de avances está bloqueando un nuevo pacto salarial y otras reivindicaciones pendientes. El último acuerdo, denominado Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, estuvo vigente entre 2022 y 2024, e implicó una subida salarial acumulada del 9,5% en esos tres años, coincidiendo con la fuerte inflación derivada de la guerra en Ucrania. Solo UGT y CCOO firmaron dicho acuerdo, mientras que CSIF lo rechazó por considerarlo insuficiente, especialmente en lo relativo a la recuperación del poder adquisitivo perdido desde los recortes de la crisis financiera, que estiman en torno al 20%. No obstante, el pasado mes de mayo, CSIF propuso a los otros dos sindicatos unir fuerzas para exigir un nuevo acuerdo que permita descongelar los salarios en 2025 y recuperar poder de compra. Desde que finalizó el anterior acuerdo el 31 de diciembre de 2024, los sindicatos se han reunido varias veces con el Ministerio, pero la respuesta ha sido siempre la misma: sin Presupuestos Generales del Estado, no habrá subida salarial. Así lo han reiterado tanto el ministro como otras fuentes gubernamentales, que sitúan cualquier incremento dentro de la negociación presupuestaria. En lo que va de año, los empleados públicos solo han recibido un abono del 0,5% correspondiente a atrasos del anterior acuerdo, con efectos retroactivos desde enero de 2024, pagado en agosto. Más allá de eso, no ha habido nuevos aumentos. Los sindicatos denuncian que, mientras tanto, la inflación -que en septiembre alcanzó el 2,9% interanual- continúa reduciendo el poder adquisitivo de los trabajadores públicos, mientras que en el sector privado los salarios pactados en convenio suben en promedio un 3,5%. Cualquier mejora salarial debe aprobarse en la Mesa General de las Administraciones Públicas, cuya convocatoria aún no ha sido anunciada por el Ministerio. Pero los sueldos no son el único tema pendiente. CSIF reclama la recuperación total de las pagas extra donde aún persisten los recortes de 2010 y la equiparación salarial entre cuerpos y escalas de distintas administraciones. Por su parte, UGT y CCOO insisten en cuestiones aún sin resolver, como la jubilación parcial del personal funcionario, laboral y estatutario; la aplicación del sistema de cualificaciones profesionales; la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado; y la mejora de las condiciones del personal del Servicio Exterior. Paralelamente, el Ministerio de Óscar López trabaja en una reforma del modelo de acceso al empleo público, que incluye la creación de una escuela de formación obligatoria de dos años para todos los aspirantes. Además, planea implantar nuevos planes de recursos humanos y modificar la estructura de las plantillas para favorecer la movilidad y la estabilidad, con el objetivo de reducir la elevada temporalidad, que ronda el 30%. Este problema ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha provocado un expediente de infracción por parte de la Comisión Europea debido a la falta de medidas eficaces contra el abuso de los contratos temporales.

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(El Economista, 14-10-2025) | Laboral

Los despidos de indefinidos se incrementan un 138,4% desde la reforma laboral

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dará inicio el próximo 20 de octubre a la mesa de negociación sobre la reforma del despido. Se trata de un debate complejo y con un desenlace incierto, motivado por un hecho significativo: desde la entrada en vigor de la última reforma laboral, los despidos de empleados con contrato indefinido han aumentado un 138,4%. Entre enero y agosto se registraron 632.096 bajas de afiliación por este motivo, frente a las 262.820 del mismo periodo de 2021. Aunque esta cifra representa un leve descenso del 2,9% respecto a las 650.900 bajas del año pasado, sigue siendo el segundo dato más alto desde que existen registros comparables (2013). Actualmente, los trabajadores indefinidos concentran el 93% de las 678.965 bajas por despido contabilizadas en lo que va de 2025, un 87% más que en el mismo periodo de 2021, mientras que los ceses de empleados temporales han descendido un 32%. Casi la mitad de estos despidos (49%) son disciplinarios, es decir, se producen por faltas graves del trabajador y no conllevan indemnización. Sin embargo, en muchos casos esta fórmula acaba convirtiéndose en un despido improcedente tras una reclamación judicial. De hecho, solo el 0,15% de las bajas se clasifican directamente como improcedentes, ya que esta condición se reconoce únicamente tras una denuncia y posterior conciliación o sentencia. La reforma que impulsa Díaz busca limitar este tipo de prácticas y otorgar mayor previsibilidad a las indemnizaciones. Para ello, plantea que la compensación no se calcule únicamente por antigüedad (33 días por año trabajado), sino también considerando las circunstancias personales y profesionales del afectado. Aunque aún no ha detallado el mecanismo, su propuesta toma como referencia los modelos de Francia o Alemania y se enmarca en un debate similar al que también se desarrolla en Italia. El Gobierno, no obstante, descarta volver al sistema anterior a 2012, que fijaba una indemnización máxima de 45 días por año trabajado, así como recuperar los salarios de tramitación para los despidos improcedentes, eliminados con la reforma de ese año. Tampoco se plantea revivir el llamado "despido exprés", que permitía a las empresas reconocer la improcedencia desde el primer momento y pagar la compensación correspondiente, al tiempo que se ampliaban las causas objetivas que justifican las extinciones de contratos. El marco laboral pasó así de un despido más costoso pero flexible a uno más económico con mayor seguridad jurídica para las empresas. Sin embargo, esta fórmula abrió la puerta a que los despidos disciplinarios se convirtieran en una vía rápida para reducir plantilla, como se evidenció en marzo de 2020, cuando la irrupción de la pandemia disparó este tipo de ceses. En este contexto, la reforma laboral de 2021, que no modificó las condiciones de despido pero sí limitó la contratación temporal, ha tenido como consecuencia que muchos empleos antes eventuales, ahora cubiertos con contratos indefinidos, terminen en despido. A ello se suman las bajas por no superar el periodo de prueba, que no se contabilizan como despidos y no generan indemnización. Díaz ha denunciado que esta situación genera "trabajadores de usar y tirar". Cabe destacar que los despidos disciplinarios no son los que más han crecido: aumentaron un 73%, frente al 123% registrado en los despidos por causas objetivas (económicas, técnicas u organizativas), que implican una indemnización de 20 días y que ni el Gobierno ni los sindicatos prevén modificar. Este incremento resulta especialmente llamativo en un escenario de crecimiento económico y creación de empleo. El Ejecutivo, por su parte, reconoce la existencia de abusos pero relativiza el aumento de los despidos, atribuyéndolo al incremento de la contratación indefinida. Su razonamiento es sencillo: a mayor número de contratos fijos, más despidos. Sin embargo, esto no significa necesariamente que las probabilidades de perder el empleo sean las mismas que antes.

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(El Economista, 14-10-2025) | Laboral

El Constitucional analiza la legalidad de las pruebas para hacer fijos a los interinos

El Tribunal Constitucional (TC) examinará la validez legal de las plazas públicas convocadas por la Administración para estabilizar a empleados interinos o trabajadores que hayan mantenido contratos temporales anteriores a 2016. El alto tribunal ha admitido a trámite, el pasado 7 de octubre, la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en relación con este tipo de convocatorias. Según el auto del 17 de julio, la Ley de diciembre de 2021 destinada a reducir la temporalidad en el sector público obliga a ofertar determinados puestos de forma que el tribunal considera "irracional e injustificada". Además, critica que se rebajan los requisitos de mérito y capacidad, ya que en lugar de cubrirse mediante un concurso-oposición (que combina una prueba de conocimientos con la valoración de méritos), estas plazas se adjudican solo por concurso, atendiendo exclusivamente a la trayectoria profesional. El TSJPV señala que la disposición adicional octava de la citada ley establece que deben salir a concurso las plazas que requieran cobertura permanente y que hayan estado ocupadas de forma temporal por un empleado público o interino que acumule contratos con la Administración desde antes del 1 de enero de 2016. Sin embargo, el tribunal advierte que esta norma obliga a incluir en el proceso de estabilización plazas incluso de reciente creación, siempre que el interino que las ocupe haya trabajado para la Administración antes de 2016, aunque solo lleve un día desempeñando ese puesto. En palabras del auto, "el resultado es que una plaza vacante, sin importar cuánto tiempo haya estado desocupada o si acaba de crearse, debe incluirse en la convocatoria excepcional de concurso, siempre que el interino que la ocupa cumpla la condición de haber trabajado para la Administración desde antes de 2016". El tribunal vasco considera que esta situación genera un proceso basado en "circunstancias arbitrarias y fortuitas", vinculadas únicamente al momento concreto en que el interino ocupa la plaza, como la fecha de entrada en vigor de la ley. El auto subraya que esto resulta "especialmente grave", ya que tales plazas quedarían fuera del sistema ordinario de acceso -oposición o concurso-oposición- que es el que garantiza los principios constitucionales de mérito y capacidad, siendo sustituidas por un sistema excepcional y menos garantista. Asimismo, advierte de que incluso podría darse el caso de que el interino no se presente al proceso, no lo supere o no obtenga la plaza, pero esta igualmente habría sido incluida en el sistema excepcional únicamente por su situación personal. El TSJPV concluye que esta disposición podría vulnerar el artículo 9.3 de la Constitución, que prohíbe la actuación arbitraria de los poderes públicos, al aplicar un criterio que rompe con los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, sin justificar adecuadamente por qué estas plazas deben cubrirse por un procedimiento extraordinario. Si el Tribunal Constitucional fallara en contra de la norma, el pronunciamiento podría afectar a las convocatorias ya realizadas bajo este procedimiento de estabilización.

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(El Economista, 14-10-2025) | Laboral

Fedea desempolva su propuesta para reducir el gasto en pensiones hasta un 40%

En las últimas semanas, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha difundido varios informes que señalan las carencias del sistema público de pensiones español y advierten de la necesidad de reformas urgentes. Este lunes, el centro de estudios ha presentado una propuesta concreta para garantizar su sostenibilidad: sustituir progresivamente el modelo actual por un sistema de cuentas nocionales. Según sus cálculos, esta transición, completada en un máximo de 20 años, podría generar un ahorro del 40% a largo plazo. El estudio, titulado Transición hacia un Sistema de Pensiones de Cuentas Nocionales en España: Fundamentos, Diseño e Impacto y elaborado por José Enrique Devesa, Rafael Doménech y Robert Meneu, explica que el sistema de pensiones español presenta un desequilibrio financiero y actuarial creciente, con un déficit contributivo cercano al 2% del PIB. A esto se suman los costes de las pensiones no contributivas, los complementos a las mínimas y las clases pasivas, lo que agrava el problema estructural. De acuerdo con las estimaciones de Fedea -y en línea con otros organismos como el Instituto de Actuarios-, los jubilados actuales reciben más en pensiones de lo que aportaron durante su vida laboral. Por ello, la fundación propone un sistema nocional de reparto, donde cada trabajador dispone de una "cuenta virtual" en la que se registran sus cotizaciones, revalorizadas en función del crecimiento económico o de los salarios. Al llegar la jubilación, el saldo acumulado se utiliza para calcular la pensión inicial según la esperanza de vida. Los autores del informe sostienen que, si la economía creciera al ritmo de las últimas décadas, las pensiones iniciales serían un 12% inferiores, pero el sistema ganaría equidad y sostenibilidad, eliminando el desequilibrio actuarial. Estiman que la pensión media rondaría los 1.248 euros mensuales en 14 pagas, frente a los 1.421 euros que cobraban los nuevos jubilados en 2023, o los 1.639 euros registrados en agosto de 2025. La principal ventaja de este modelo, según Fedea, es que vincula directamente las aportaciones con las prestaciones: por cada euro cotizado se recibiría un euro de pensión, frente al 1,12-1,25 euros actuales, reduciendo así la brecha entre contribuciones y beneficios. Si se incluyen los complementos no contributivos, la diferencia es aún mayor, ya que en 2025 un jubilado medio percibe un 62% más de lo aportado. Además, el sistema nocional incorpora mecanismos automáticos de ajuste que permiten adaptarse a cambios demográficos o económicos, indexando las pensiones al crecimiento del PIB, los salarios o la esperanza de vida. Fedea recuerda que países como Suecia, Italia, Polonia o Letonia ya aplican este tipo de sistemas, y que, según la Comisión Europea (2024), en estos Estados el gasto en pensiones apenas aumentará un 0,1% del PIB entre 2019 y 2050, mientras que en países sin mecanismos de ajuste, como España, el incremento rondará los 3,3 puntos del PIB. En opinión del centro de estudios, este modelo garantiza una relación estricta entre cotizaciones y prestaciones, mejora la equidad intergeneracional y mantiene la función redistributiva del sistema mediante un pilar no contributivo financiado con impuestos. La propuesta de Fedea contempla una transición gradual en 20 años, aplicable a quienes hayan nacido a partir de 1971. En un primer momento, coexistirían ambos sistemas: por ejemplo, un trabajador nacido en 1971 calcularía su pensión con un 5% bajo el modelo nocional y un 95% con el actual, mientras que los nacidos en 1990 ya se jubilarían completamente bajo el nuevo sistema. Según sus simulaciones, esta transición reduciría de forma significativa el gasto en pensiones: con un crecimiento del PIB del 2,24%, el ahorro alcanzaría un 3,8% en 2050 y un 10,7% a largo plazo; si el crecimiento fuera más modesto (1,23%), el ahorro sería del 11,5% en 2050 y del 40,1% a largo plazo. En términos del PIB, el ahorro se situaría entre el 0,6% y el 1,7% en 2050, dependiendo del escenario económico.

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