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(Expansión, 28-11-2025) | Laboral

Gobierno y funcionarios sellan la subida del 11%

El aumento salarial del 2,5% correspondiente a 2025 se pagará en diciembre con efectos retroactivos desde enero, y a partir de enero también se aplicará el incremento del 1,5% previsto para 2026, al que podría añadirse un 0,5% adicional según la evolución del IPC. Ayer, el Gobierno y los sindicatos cerraron el acuerdo plurianual que regula las subidas salariales de los 3,5 millones de empleados públicos entre 2025 y 2028. Finalmente, el Ejecutivo rubricó la propuesta junto a CSIF y UGT, mientras que CCOO mantiene dudas y aún no se ha adherido. A diferencia del pacto anterior (2022-2024), firmado por UGT y CCOO junto con la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta vez acudió a la firma el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, además de los representantes de CSIF y UGT. La presencia de Sánchez no pasó inadvertida en un día especialmente complicado para el Ejecutivo, marcado por dos reveses: el Congreso rechazó la senda fiscal que permitía presentar los Presupuestos y el Tribunal Supremo incrementó la presión por los casos de corrupción que afectan al PSOE tras ordenar el ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Pese a este contexto, Sánchez destacó la importancia del pacto salarial. Señaló que "con este acuerdo ganan los trabajadores, gana la ciudadanía y, en consecuencia, gana el país", y subrayó que se trata de un "éxito" del diálogo social, al que consideró la vía más eficaz para lograr consensos que respalden la actuación del Gobierno y de las organizaciones sindicales. Óscar López, por su parte, quiso reconocer el papel de María Jesús Montero, asegurando que sin su participación en la negociación el acuerdo no habría sido posible. Uno de los obstáculos que había señalado el Gobierno -la dificultad de acordar un marco de incrementos salariales sin Presupuestos- parece haberse solventado. Aunque siguen sin aprobarse las cuentas públicas, parte de las subidas comenzarán a aplicarse en breve, tal como recoge el calendario pactado. Eso sí, su implementación requerirá un decreto ley que deberá ser convalidado por el Congreso. De acuerdo con lo previsto, el aumento del 2,5% de 2025, retroactivo desde el 1 de enero, se abonará en diciembre. En enero se aplicará el alza del 1,5% correspondiente a 2026. Además, si la inflación supera el 1,5% el próximo año, se sumará otro 0,5% que se abonará en el primer trimestre de 2027. Ese mismo año está contemplada una nueva subida, y el incremento restante hasta completar el 2% se aplicará en 2028. En total, las revalorizaciones alcanzarán un 11% -que con el efecto de consolidación llega al 11,4%- y supondrán un gasto estimado de 22.000 millones de euros. Según cálculos de UGT, considerando salario base y complemento de destino (sin incluir complemento específico, trienios o carrera profesional), la ganancia media anual en 2025 será de 767,64 euros para el grupo A1, de 478,02 euros para el C1 y de 333,18 euros para el grupo E. En 2028, la mejora acumulada alcanzará los 3.512,66 euros para el A1, los 2.187,38 euros para el C1 y los 1.524,61 euros para el grupo E. La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, afirmó que gracias a este acuerdo más de 3,5 millones de empleados públicos recuperarán poder adquisitivo y que "en trece meses" verán un aumento de nueve puntos salariales en sus nóminas. Por su parte, el presidente de CSIF, Miguel Borra, defendió que se trata del "mejor acuerdo posible" dada la situación de bloqueo presupuestario, y explicó que su sindicato lo firma por "responsabilidad y compromiso".

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(El País, 28-11-2025) | Laboral

España será el país de la OCDE que mayor proporción del PIB dedicará a pagar pensiones en 2050

El pago de las pensiones exigirá un esfuerzo creciente a las finanzas públicas de la mayoría de los países desarrollados, según el informe Pensions at a Glance 2025 de la OCDE, publicado este jueves. La magnitud de ese desafío varía en función de factores como el diseño del sistema, su nivel de generosidad y la evolución demográfica. Con todos esos elementos sobre la mesa, la OCDE prevé que España será uno de los países donde más aumentará el peso del gasto en pensiones sobre el PIB. De hecho, si las previsiones se cumplen, España será en 2050 el país de la organización que dedicará una mayor parte de su riqueza a las pensiones: un 17,3%. Este porcentaje procede del Ageing Report 2024 de la Comisión Europea, un documento que quedó ligeramente desfasado por una revisión al alza del PIB español tras la pandemia. Con la actualización, el esfuerzo previsto baja al 16,8%, medio punto menos. Aun así, España continúa situándose claramente a la cabeza del gasto relativo en pensiones dentro de la OCDE. La novedad del informe de este año es precisamente esa comparación con el resto de países del organismo. No obstante, fuentes del Ministerio de Seguridad Social cuestionan estos cálculos y sostienen que las estimaciones no reflejan adecuadamente las mejoras de crecimiento económico ni las previsiones reales de inmigración. Recuerdan que la OCDE emplea las proyecciones demográficas de la ONU para permitir comparaciones internacionales, pero consideran que, en el caso español, la dinámica migratoria y su impacto en el empleo y la actividad económica se han subestimado. De hecho, apuntan que incluso las cifras de gasto atribuidas a 2023 y 2024 superan en un punto los niveles realmente registrados. En cualquier caso, tanto el 16,8% ajustado como el 17,3% inicial -o incluso el 16,1% que calcula actualmente la Airef- se sitúan por encima de las previsiones para otros países europeos como Francia (13,7% en 2050), Portugal (14,6%), Bélgica (14,8%) o Italia (15,5%), este último solo por detrás de España. Todos los países que superarán el promedio de la OCDE en 2050 (10%) son europeos, ya que en el continente predominan sistemas públicos de pensiones más amplios que en el resto del mundo. Fuera de Europa, Japón será el país con mayor gasto relativo (9,3%). En el extremo opuesto se colocan Estados Unidos (5,9%), Chile (4,4%) y Australia (2,1%). La elección del año 2050 no es casual: los especialistas coinciden en que será el momento de mayor presión para el sistema español, y que a partir de ahí debería iniciarse un periodo de descenso progresivo del gasto. Para 2040, la OCDE prevé que Italia encabece la carga relativa sobre el PIB, con un 17,1%, mientras que España quedaría cerca, con un 16,2% (o algo menos tras la revisión del PIB). En 2030, Austria se situaría entre ambos países con un 15%. Estas proyecciones contrastan con las del informe de 2023, cuando la OCDE estimaba que España dedicaría alrededor del 13% del PIB a las pensiones en 2050, cifra similar a la que publicó en 2021. En esta edición, el esfuerzo previsto para España empeora claramente. "El factor que más impulsa el aumento del gasto en pensiones es el cambio demográfico", subraya la OCDE, destacando la elevada esperanza de vida y la muy baja natalidad de España. Aunque la inmigración amortigua parcialmente el problema, la población en edad laboral (de 20 a 64 años) caerá más de un 30% hasta 2064, más del doble de la media de la OCDE (13%). Una de las métricas clave en este ámbito es la "relación demográfica entre población mayor y población en edad de trabajar", que mide cuántas personas de 65 años o más hay por cada 100 individuos entre 20 y 64 años. Actualmente, la media de la OCDE es de 33, frente a las 35 de España. Pero para 2054 la OCDE calcula que España alcanzará las 76 personas mayores por cada 100 en edad laboral, un nivel muy por encima de la media del organismo, que rondará las 55. Dicho de otro modo, dentro de tres décadas España tendrá casi tantos jubilados como trabajadores potenciales, mientras que en el conjunto de la OCDE habrá un mayor de 65 años por cada dos personas en edad laboral. Ese ratio situará a España como el cuarto país más envejecido de la OCDE en 2054, solo por detrás de Corea del Sur (85), Japón (80) e Italia (77). Mirando más lejos, hacia 2084, la situación apenas variará: se estima que seguirá habiendo unos 77 mayores de 65 por cada 100 personas en edad de trabajar. Más allá de la demografía, hay otros factores que condicionan el impacto del sistema de pensiones en las cuentas. Entre los que destaca la OCDE está la propia generosidad del mismo, que se puede medir mediante la conocida como tasa de sustitución: esto es la relación entre la prestación que recibe el pensionista y los ingresos que percibía cuando trabajaba. "Para los trabajadores con salarios medios y una carrera completa, la tasa de sustitución neta procedente de los regímenes de pensiones obligatorios en la edad normal de jubilación es, de media, del 63,2% en la OCDE", explica el club de países ricos. El mismo sitúa a España en el grupo que se anota una tasa de sustitución neta más alta en 2024 para los empleados con salarios bajos o medios, en torno al 80%, en línea con Austria o Luxemburgo. En este punto, fuentes de la Seguridad Social también hacen una matización: es cierto que la tasa de sustitución española (entorno a un 80% para un trabajador con salario medio y carrera completa de cotización) es la más alta en términos brutos y la séptima mayor en términos netos. Si bien, añaden que esta generosidad debe ponerse en relación con las mejoras en la tasa de pobreza de los mayores de 65 años. Además, se trata de un diseño de la cuantía de las pensiones respaldado por la ciudadanía a través del Pacto de Toledo. El análisis de la OCDE también sostiene que en España "la brecha entre el gasto en pensiones y las cotizaciones a la Seguridad Social se ampliará en las próximas décadas sin nuevas reformas, a pesar de las elevadas cotizaciones". Tomando como referencia el 16,1% de gasto respecto a PIB en 2050 (3,2 puntos más que en 2023, según la Airef), subraya que "esto generará una brecha de financiación persistente y un volumen creciente de pasivos implícitos que hoy no están provisionados".

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(El Economista, 28-11-2025) | Laboral

Los ceses por no superar el periodo de prueba vuelven a romper los registros

Las bajas de afiliación motivadas por no superar el periodo de prueba alcanzaron las 766.223 entre enero y septiembre de 2025. Esta cifra supone un aumento del 1,8% respecto al año anterior y marca un nuevo máximo desde que existen registros comparables, en 2012. En ese mismo periodo se contabilizaron 773.246 despidos, un 3,1% menos que hace un año, lo que supone el primer descenso interanual desde 2021. En consecuencia, casi la mitad de las extinciones de contrato (el 49,7%) se deben al periodo de prueba, alimentando las sospechas de que algunas empresas recurren a esta vía para evitar indemnizaciones y encubrir contratos indefinidos "de mentira" tras la reforma laboral. No obstante, los datos muestran que este comportamiento ya existía antes del cambio normativo y que afecta también a los trabajadores temporales. El Gobierno es consciente de este problema. De hecho, el "fraude en la finalización del contrato durante el periodo de prueba" figura entre las prioridades del plan estratégico de la Inspección de Trabajo hasta 2027, cuyo objetivo es reforzar la detección de abusos destinados a evitar la naturaleza indefinida de los contratos y el pago de las indemnizaciones correspondientes. Además, el Ministerio de Trabajo incluyó en la transposición de la directiva sobre condiciones laborales transparentes un endurecimiento de los requisitos para dar por finalizado un contrato durante el periodo de prueba. Sin embargo, esta normativa lleva paralizada casi dos años en el Congreso. Los datos parecen respaldar las alertas de la Inspección. Si se comparan las cifras actuales con las de 2019 (obviando 2021 por distorsiones derivadas de la pandemia), los ceses en periodo de prueba han aumentado un 76%. Este incremento procede únicamente de los trabajadores indefinidos: en su caso, las bajas por prueba suben un 12%, mientras que los despidos en sentido estricto se disparan un 135%. Algunas fuentes del Ejecutivo tratan de restar gravedad señalando que los registros de la Seguridad Social no diferencian si la baja en periodo de prueba es decisión del empresario o del propio trabajador. Pero esto es incorrecto: desde 2012 el Sistema RED clasifica exclusivamente como "bajas por no superar el periodo de prueba" (código 85) aquellas que se producen por decisión empresarial. Las renuncias del trabajador figuran en el código 51, correspondiente a dimisiones. Estos datos permiten comprender mejor el fenómeno. El 93,1% de las bajas por periodo de prueba corresponden a trabajadores con contrato indefinido, frente al 70,7% entre los temporales. En 2019 estos porcentajes eran del 69,9% y del 24,4%, lo que muestra un crecimiento notable en ambos casos, coherente con el aumento de la contratación fija. No obstante, existen matices importantes. Aunque la principal causa de extinción contractual sigue siendo la finalización del contrato temporal, resulta llamativo que entre los contratos de duración determinada haya más bajas por periodo de prueba que despidos. Conviene recordar que la finalización de un contrato temporal también conlleva indemnización -12 días por año trabajado-, mientras que, si un temporal es despedido, su compensación es exactamente igual a la de un indefinido. Esto ocurre pese a que solo dos de cada diez ceses temporales son despidos. ¿Qué revela todo esto? Que el uso cuestionado del periodo de prueba no se emplea únicamente para formalizar "indefinidos de usar y tirar", como ha señalado la vicepresidenta Yolanda Díaz, sino también para reducir aún más los costes asociados a la contratación temporal. Y esta práctica no es nueva: ya existía antes de la reforma laboral. Si se observa la serie histórica desde 2013 -primer año plenamente comparable tras los cambios del Sistema RED-, tanto los despidos como las bajas en periodo de prueba se han disparado tras la reforma laboral debido al incremento de la contratación indefinida. Incluso en 2022 hubo más extinciones por periodo de prueba que despidos, aunque esto también sucedía antes de la pandemia. Los datos de 2016 a 2019 corresponden a una fase de recuperación económica en la que el empleo temporal seguía dominando, pero el patrón es claro: el periodo de prueba se usa como vía para extinguir contratos que requieren indemnización, sea cual sea su tipo. La Inspección lo recoge expresamente en su plan estratégico al referirse al "pago de indemnización por finalización de la relación laboral" sin limitarlo a los despidos. Era previsible que estas prácticas se trasladaran a los contratos indefinidos una vez que la reforma laboral incentivó su uso, lo que motivó penalizaciones específicas para las bajas producidas en menos de un mes. La novedad es que también han aumentado los despidos. ¿Por qué no se reforzaron más los límites del periodo de prueba? Por la misma razón por la que no se modificó el despido: para facilitar un acuerdo con la patronal. Además, el periodo de prueba suele fijarse en los convenios colectivos, que pueden ampliarlo o reducirlo mediante negociación entre sindicatos y empresarios. Uno de los obstáculos para aprobar la directiva de condiciones laborales transparentes es que contempla restringir esta capacidad de flexibilización negociada del periodo de prueba. Esto también explicaría por qué Díaz no ha reabierto este asunto en la negociación sobre la reforma del despido. Por ahora, el Gobierno confía en la labor de la Inspección de Trabajo para frenar un problema que considera uno de los puntos débiles de la reforma laboral, aunque sus raíces son anteriores y más profundas que los cambios legales recientes.

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(Expansión, 27-11-2025) | Laboral

La subida de sueldo de los funcionarios será de hasta 220 euros al mes en 2026

El Gobierno y los sindicatos que representan a los funcionarios y al personal del sector público han cerrado finalmente un acuerdo para establecer un nuevo marco de incrementos salariales de carácter plurianual, que abarcará el periodo 2026-2028 e incorporará además la parte pendiente de actualización correspondiente a 2025. La propuesta de Función Pública prevé que, en conjunto, las retribuciones de los 3,5 millones de empleados públicos -incluidos funcionarios de carrera de los distintos niveles administrativos, personal laboral y trabajadores de empresas públicas- aumenten hasta un 11% acumulado a lo largo de esos cuatro ejercicios. Como elemento novedoso, el incremento previsto para 2026, que suma la subida del año y la actualización retrasada de 2025, podría superar el 4%, gracias a un 0,5% variable que se abonaría a comienzos de 2027. Ese 11% constituye el máximo incremento salarial previsto para el periodo y ha sido finalmente aceptado por las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO. Aunque esta segunda oferta del Ministerio dirigido por Óscar López fue inicialmente cuestionada por los sindicatos -que alertaban de una pérdida de poder adquisitivo en 2025 y 2026 al no compensarse por completo la inflación de 2024 y 2025-, las centrales parecen ahora dispuestas a asegurar esta senda de subida salarial, especialmente ante la volatilidad del escenario político actual. El acuerdo implica para el Estado un gasto total de 22.000 millones de euros a lo largo de todo el periodo. Solo la subida del 4% prevista para 2026 supondrá un desembolso de 8.000 millones. Pese a las críticas sobre la insuficiencia del aumento para conservar el poder adquisitivo durante los primeros años -el 4% correspondiente a 2025 y 2026 equivale en realidad a un 2% anual, mientras que el IPC de 2024 fue del 2,8% y el promedio de los primeros diez meses del año actual se sitúa en el 2,6%-, el Gobierno logra así calmar el descontento sindical, que había derivado incluso en amenazas de huelga a final de año por la falta de avances en la negociación del marco plurianual. Considerando que las restricciones presupuestarias limitan la subida total de 2026 al 4%, y tomando como referencia los últimos datos del INE, el aumento medio para un empleado público el próximo año será de unos 129 euros mensuales (1.551 euros anuales), partiendo de un salario medio de 3.232 euros brutos al mes en 2024. No obstante, la cuantía final varía en función del nivel salarial, dado que entre los 3,5 millones de empleados públicos existen múltiples categorías retributivas. El INE ofrece una aproximación a estas diferencias mediante su distribución por deciles salariales. Por ejemplo, en los tramos de ingresos más bajos, la subida será de 32 euros mensuales (387 anuales) para salarios de 806 euros; 51 euros al mes (614 anuales) para sueldos de 1.281 euros; y 59 euros mensuales (714 al año) para retribuciones de 1.488 euros. En los niveles intermedios, el incremento será de 67 euros al mes (812 al año) para sueldos de 1.691 euros; 76 euros mensuales (916 al año) para salarios de 1.908 euros; 85 euros mensuales (1.023 anuales) para sueldos de 2.132 euros; y 98 euros al mes (1.177 al año) para retribuciones de 2.452 euros. En los tramos más altos, el incremento alcanzará los 117 euros mensuales (1.409 anuales) para salarios de 2.936 euros; 142 euros al mes (1.710 al año) para sueldos de 3.563 euros; y hasta 220 euros mensuales (2.646 anuales) para nóminas superiores a los 5.500 euros.

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(Expansión, 27-11-2025) | Laboral

Cañete (Pimec): "La subida del SMI no puede ser nunca una subasta"

Ante la petición de los sindicatos de elevar el salario mínimo un 7,5% en 2026, la patronal de las pequeñas y medianas empresas catalanas advierte de que cualquier incremento del SMI debe ser sostenible y no poner en riesgo el empleo ni la competitividad. Tras el fracaso de la reforma para reducir la jornada laboral y mientras se endurece la regulación del control horario o avanzan las negociaciones salariales en el sector público, la próxima subida del salario mínimo se ha convertido en uno de los temas centrales del debate laboral. Y lo es especialmente para las empresas, que observan con inquietud los primeros pasos en esta dirección después de que UGT y CCOO hayan reclamado al Gobierno elevar el SMI hasta 1.273 euros mensuales en 2026. Esta posible subida, y sobre todo su magnitud, preocupa no solo a las grandes compañías, cuyos márgenes en la negociación colectiva se ven cada vez más limitados por los continuos aumentos del salario mínimo, sino también -y especialmente- a las pymes, que arrastran desde hace años un incremento constante de trámites burocráticos y de costes laborales. "El SMI no puede convertirse en una puja", advirtió ayer Antoni Cañete, presidente de Pimec, la patronal mayoritaria de las pymes catalanas. Según explicó durante un encuentro con periodistas en Madrid, "el salario mínimo debe ser lo más alto posible, pero sin llegar a destruir empleo ni a perjudicar la competitividad". Por ello, llamó a actuar con prudencia: "Mucho cuidado con hacer populismo con el SMI... ¿por qué no subirlo un 15% o un 30%?", dijo de forma irónica, insistiendo en que "debemos avanzar hasta donde podamos" y mejorar los salarios "solo si somos productivos y viables", porque en caso contrario "nos estaríamos perjudicando a nosotros mismos". Cañete no se pronunció directamente sobre la propuesta del 7,5% planteada por los sindicatos -que asumen que, con ese aumento, el SMI entrará a tributar por IRPF, algo que Pimec no rechaza si la carga fiscal es proporcional-, pero sí lanzó un aviso claro: la nueva subida "debe cumplir necesariamente con las condiciones que permitan su aplicación". Recordó además que el SMI ha experimentado "un crecimiento muy relevante" en los últimos años, con un impacto significativo en sectores que deben ser considerados. Ese efecto no ha afectado solo al sector agrario, donde la pérdida de competitividad ha sido notable, sino también al sector servicios, "totalmente condicionado por la Administración pública", donde la falta de mano de obra y la subida del SMI han alterado no solo el empleo, sino también la propia "dinámica de trabajo". Entre 2018 y 2025, el salario mínimo ha aumentado un 60,8%, pasando de 735,9 a 1.184 euros mensuales. Si prosperara la propuesta sindical para 2026, el incremento acumulado rondaría el 73% en apenas ocho años. Para Cañete, "el problema es que hemos subido todo este porcentaje sin que haya habido deflactación ni ajustes en la contratación pública", algo que considera una forma de "hacer trampas". La patronal catalana denuncia que las subidas del SMI no han ido acompañadas de una actualización de los contratos públicos para adaptarlos a los mayores costes salariales, y reclama a la Administración que asuma su responsabilidad introduciendo ajustes fiscales o mecanismos de compensación para evitar la pérdida de actividad económica y, si es posible, fomentarla. En un momento marcado por elevados niveles de absentismo y una creciente escasez de mano de obra -pese a que la tasa de paro sigue por encima del 10%-, factores que suponen dos de los mayores desafíos para las empresas, Cañete reconoce que en España existe "un problema salarial que debemos abordar". Ahora bien, sostiene que solo puede resolverse "mediante un aumento de la productividad, tanto laboral como en el uso de los recursos". El presidente de Pimec valoró de forma positiva el comportamiento de la economía española, que "crece muy por encima de la media europea" y se beneficia de ventajas competitivas como menores costes energéticos gracias a la "isla ibérica" o una mayor incorporación de trabajadores al mercado laboral. Sin embargo, advirtió de que ese crecimiento se está logrando "a base de esfuerzo", sin los cambios estructurales en competitividad que el país sigue necesitando.

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(El Economista, 27-11-2025) | Laboral

El SMI propuesto por los sindicatos subiría 1.750 euros al año el coste por empleado

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se sitúa en 1.184 euros mensuales en 14 pagas desde febrero, y los sindicatos ya han presentado sus peticiones para negociar la subida correspondiente a 2026. Tanto CCOO como UGT plantean incrementarlo un 7,5%, lo que lo elevaría hasta los 1.273 euros brutos mensuales. Esta propuesta supondría para las empresas un encarecimiento mínimo de 1.750 euros anuales por trabajador, resultado tanto del aumento del salario como del incremento asociado de las cotizaciones. El Ministerio de Trabajo todavía espera la recomendación del comité de expertos -en el que también participan sindicatos-, pero si Yolanda Díaz aceptara ese 7,5%, el coste mínimo de contratar a un empleado ascendería a 24.818 euros al año, según cálculos de elEconomista.es basados en información del diálogo social y del Registro de Economistas Asesores Laborales. "El aumento del SMI repercute directamente en la base mínima de cotización a la Seguridad Social", señala Jesús Fernández Bravo, presidente del EAL-CGE. Esta base sube en la misma proporción que el salario mínimo más un sexto adicional. Así, con un SMI de 1.273 euros, la base pasaría a 1.485 euros. Los tipos de cotización se mantendrían sin cambios, salvo en el caso del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cuyo incremento previsto será asumido un 0,75% por la empresa. Además, las compañías deben cubrir sus aportaciones por contingencias comunes, desempleo, formación profesional, FOGASA y el seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Este último tipo varía según la actividad, desde el 1,5% hasta el 7,15%. En 2026, de media, las empresas pagarían un 30,65% en cotizaciones, a lo que se incorporaría el porcentaje correspondiente al riesgo propio de cada sector. Las fuentes empresariales consultadas sitúan en torno al 3% el promedio relativo a accidentes y enfermedades profesionales, una cifra orientativa que debe tomarse como máximo, ya que existen numerosas actividades con menor peso en la tabla de Seguridad Social. Según sus cálculos, la media ponderada sería del 2,5%, mientras que los asesores laborales emplean como referencia el 1,5% correspondiente a oficinas, auditorías o despachos. Tomando como referencia ese 3% para AT y EEPP, la cotización empresarial ascendería al 33,57% en 2025 y al 33,65% en 2026, debido al incremento del MEI. La base de cotización pasaría de los actuales 1.381 euros a 1.485. Esto supondría un coste adicional en cotizaciones de 504 euros anuales por cada trabajador con SMI, es decir, 36 euros mensuales distribuidos en 14 pagas. Dado que los tipos apenas variarán, el mayor impacto para las empresas provendrá del incremento salarial más que del aumento en las cuotas, que evolucionarán prácticamente en paralelo al SMI. La propuesta sindical plantea una mejora de 89 euros mensuales, lo que implica un aumento anual de 1.246 euros. No obstante, no toda esta subida beneficiaría íntegramente al trabajador, ya que los sindicatos quieren resolver definitivamente el debate -recurrente desde 2022- sobre si los perceptores del SMI deben tributar por IRPF. A diferencia de la postura defendida hasta ahora por la ministra de Trabajo, quien ha pactado con Hacienda evitar que estos trabajadores tengan que pagar IRPF, CCOO y UGT abogan por que el salario mínimo empiece a tributar a partir del próximo año. Los sindicatos justifican que esta es la razón que les lleva a reclamar una subida del 7,5%. De no plantearse esta tributación, su propuesta sería mucho más contenida: un aumento del 2,7% hasta los 1.216 euros brutos, cifra que quedaría por debajo de la subida media del 3,5% pactada en convenios hasta octubre (y del 4,15% en los firmados en 2025), y en línea con la previsión de inflación del 2,6% estimada por el consenso de Funcas. Por su parte, los empresarios aún no han decidido si propondrán un porcentaje concreto, como han hecho en años anteriores tomando como referencia el incremento previsto en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Este acuerdo expira este año y todavía no se ha fijado una cifra para 2026, aunque fuentes empresariales apuntan que podría plantearse nuevamente un incremento ligado al IPC, condicionado a la revisión de los contratos públicos o a una reducción de cotizaciones en el sector agrario.

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(El País, 27-11-2025) | Laboral

La OCDE insta a España a reformar las pensiones teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se sumó este miércoles a la oleada de valoraciones positivas que viene recibiendo la economía española en los últimos meses. En su informe sobre España, destaca que el país "ha mostrado un comportamiento sobresaliente, con un crecimiento del PIB superior al de otros Estados europeos y por encima de la mayoría de previsiones". No obstante, el documento está concebido más como una hoja de ruta para los próximos años que como una foto del presente. Y en ese terreno, varias de sus recomendaciones entran en conflicto con las políticas aplicadas por el Gobierno, especialmente en lo relativo al sistema de pensiones y la fiscalidad. Respecto a las pensiones, la OCDE advierte que, pese a las reformas recientes -como el aumento de la edad legal de jubilación, la ampliación del periodo de cómputo, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) o la reforma del régimen de autónomos-, el desfase entre ingresos y gasto crecerá en las próximas décadas. Por ello, considera necesarias nuevas medidas: propone vincular las prestaciones a la esperanza de vida, ampliar aún más el periodo de cálculo u opciones similares. "Para que la deuda siga descendiendo con firmeza es imprescindible abordar el mayor gasto en pensiones, reducir partidas ineficientes y mejorar la capacidad recaudatoria", afirma. El organismo también rechaza que se siga aumentando la presión fiscal sobre el empleo. Advierte de que nuevas subidas de cotizaciones sociales "podrían lastrar la creación de puestos de trabajo". En 2023, España registró una tasa de impuestos sobre PIB del 37,3%, superior al promedio del 33,9% del conjunto de la OCDE. Aun así, recauda menos por consumo que otros países europeos y del propio organismo, lo que le lleva a defender una reforma tributaria global que redistribuya cargas y eleve los ingresos. Entre las opciones menciona la armonización del IVA y la revisión de sus exenciones, la equiparación entre los impuestos especiales del diésel y la gasolina, o un refuerzo de los tributos energéticos y sobre vehículos, junto a una reducción de la presión fiscal sobre las rentas más bajas. La cuestión demográfica aparece como telón de fondo en gran parte del informe. La OCDE emplea cálculos de la Airef según los cuales el gasto en pensiones aumentará 3,2 puntos del PIB entre 2023 y 2050, mientras que el coste asociado al envejecimiento crecerá en 5,2 puntos. "El incremento del gasto generará pasivos implícitos cada vez mayores que hoy no están financiados. La indexación a la inflación y la ausencia de un ajuste automático ligado a la esperanza de vida elevan aún más los costes", advierte. Para aliviar esta presión, el organismo pide fomentar la prolongación de la vida laboral y reforzar la formación continua. Señala que, aunque la tasa de empleo de los trabajadores de más edad ha subido en las últimas décadas, sigue siendo baja en comparación con otros países de la OCDE y cae con fuerza después de los 55 años debido a las jubilaciones anticipadas, la pérdida de habilidades actualizadas y la menor capacidad de adaptación. Cuestionado sobre si el Ejecutivo implementará nuevas medidas en materia de pensiones, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró que España está cumpliendo los criterios fiscales europeos. Recordó que la reforma incorpora una "cláusula de cierre" que eleva automáticamente las cotizaciones si se detecta una desviación entre ingresos y gasto futuros. "La Airef no aprecia por ahora desajustes y no propone medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad", defendió. La OCDE también considera clave mejorar la integración laboral de los inmigrantes. Si se mantiene la tendencia actual, la población española superará los 50 millones en la segunda mitad de 2026. El organismo ve margen para simplificar los visados laborales previos a la llegada, cerrar más acuerdos bilaterales, agilizar el reconocimiento de títulos o reforzar las plantillas encargadas de gestionar estos procesos, lo que contribuiría a atraer perfiles cualificados y reducir las carencias de mano de obra. Aunque reconoce que las finanzas públicas han mejorado -la deuda lleva bajando desde 2021 y rondaría el 101,8% del PIB a finales de 2024-, considera que sigue siendo elevada. Y recuerda que la presión por aumentar el gasto en defensa, transición climática y envejecimiento hace necesario ampliar el espacio fiscal. "Para atender estas necesidades sin perjudicar el crecimiento es esencial mantener una política fiscal sólida a medio plazo y, a la vez, reservar recursos para inversiones que impulsen la actividad", subraya. El buen momento de la economía española, que avanza cerca del 3%, es para la OCDE una oportunidad para sanear las cuentas públicas de cara a futuros desafíos. "Con el fuerte ritmo de crecimiento, acelerar la reducción del déficit permitiría reconstruir más rápido los colchones fiscales para responder a crisis venideras", señala. El informe también revisa la situación bancaria -que califica de "bien capitalizada y rentable pese al endurecimiento financiero"- y aborda temas especialmente sensibles, como la vivienda. En este ámbito, insiste en aumentar la oferta asequible, agilizar los procesos urbanísticos e impulsar la inversión en vivienda social. Finalmente, analiza la estructura empresarial del país, dominada por pymes que representan el 99% del tejido productivo y concentran la mayor parte del empleo, principalmente en servicios. La OCDE lamenta que su productividad es "notablemente inferior" a la de las grandes empresas, en parte por el acceso limitado a financiación y talento, la complejidad normativa y la baja adopción de tecnología avanzada. Dos de cada tres pymes, recuerda, afirman tener problemas para encontrar trabajadores con las competencias necesarias, y muchas no cuentan con recursos para planes de formación.

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(El Confidencial, 27-11-2025) | Laboral

El absentismo laboral en España se duplica desde los mínimos históricos marcados hace 12 años

Cada vez más trabajadores en España dejan de acudir a su empleo a diario. Tanto es así que el absentismo laboral se ha duplicado desde los mínimos registrados en 2013, convirtiéndose en uno de los principales retos del mercado laboral actual. Según el informe más reciente de la consultora Randstad, el nivel de ausencias está en cifras muy altas. Tras analizar los datos de absentismo -tanto por incapacidad temporal (IT) como no justificado- desde 2008 hasta el segundo trimestre de 2025, el estudio concluye que las ausencias se han duplicado en doce años, hasta alcanzar el 7%. Entre 2008 y 2013, el absentismo apenas representaba un problema. De hecho, fue descendiendo progresivamente hasta situarse en el tercer trimestre de 2013 en su mínimo histórico: un 3,8% en general y un 2,3% en IT. Sin embargo, a partir de ese momento la tendencia cambia. Con el paso del tiempo, las ausencias empiezan a aumentar, aunque moderadamente, hasta la llegada de la pandemia. La irrupción del covid marcó un antes y un después, ya que el absentismo dejó de crecer lentamente y pasó a dispararse. Así, se elevó del 5,2% registrado a finales de 2019 -justo antes de la crisis sanitaria- al 7% actual. En el caso del absentismo por IT, pasó del 3,8% de las horas pactadas en el último trimestre de 2019 al 5,5% en la actualidad. A pesar de que la pandemia quedó atrás, y tras los picos propios de aquel periodo, el número de horas perdidas debido a la ausencia de los trabajadores no ha descendido. Al contrario, se mantiene en niveles muy altos y llegó a un récord histórico en el primer trimestre de 2022, coincidiendo con un repunte de contagios, alcanzando el 7,1% en general y el 5,7% en IT. "El absentismo laboral se disparó durante la pandemia y, lejos de reducirse, se ha mantenido en niveles muy elevados. Esto supone un grave problema para las empresas españolas, ya que afecta directamente a la productividad y los costes, perjudicando además la competitividad", señala Valentín Bote, director de Randstad Research. En resumen, aunque la pandemia terminó, las cifras de absentismo se han mantenido en cotas similares a las alcanzadas en ese periodo. En la actualidad, la tasa general se sitúa en el 7% y la de IT en el 5,5%, prácticamente el doble que en 2013. Según el estudio, este aumento se explica por diversos factores: un incremento de las bajas vinculadas a problemas de salud mental, la saturación del sistema sanitario -que prolonga la duración de las bajas- y un cambio cultural que ha normalizado no acudir al trabajo si no se está completamente recuperado. El absentismo, además, varía según el sector. En el segundo trimestre de 2025, la tasa general del 7% se traduce en un 7,4% en la industria, un 7% en los servicios y un 5,5% en la construcción. En cuanto al absentismo por IT (5,5%), los porcentajes son del 5,7% en la industria, del 5,5% en los servicios y del 4,6% en la construcción. Algunos sectores han experimentado un aumento notable desde la crisis financiera. Por ejemplo, la restauración ha pasado de un 3,1% de absentismo general en 2008 al 6,1% actual, y de un 2,5% al 5% en IT. El comercio minorista, por su parte, ha subido del 4,6% al 7% en general y del 3,3% al 5,7% en IT. El informe también destaca que ciertos sectores históricamente afectados por altas tasas de absentismo incluso las han incrementado: la sanidad (del 8,2% en 2008 al 10,3% actual), la industria metalúrgica (del 6,3% al 9,7%) y la administración pública (del 6,7% al 8,6%).

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(El Economista, 26-11-2025) | Laboral

Hostelería, construcción o el sector primario, que están "blindadas" contra la IA

Aunque muchos inversores consideran que la inteligencia artificial generativa podría estar impulsando una nueva burbuja financiera, su efecto sobre el empleo resulta cada vez más evidente a medida que se publican nuevos análisis. Uno de los estudios más recientes advierte de que los trabajos considerados de "mayor valor añadido" son precisamente los más vulnerables a esta tecnología y que, en los dos últimos años, han perdido peso en la evolución del mercado laboral. No se trata de un fenómeno marginal: estos perfiles representan el 45% del empleo total, pero en 2024 apenas contribuyeron con un 0,2% al crecimiento del trabajo. Con todo, España dispone de un cierto "amortiguador": las ocupaciones manuales -hostelería, construcción o agricultura- que están prácticamente a salvo del impacto de la IA y que han impulsado el empleo hasta diez veces más que los sectores de mayor cualificación. Durante décadas, se asumía que la digitalización y la automatización -ya fuera mediante inteligencia artificial o robotización- beneficiarían sobre todo al empleo cualificado, mientras que los trabajos manuales serían los más amenazados. Sin embargo, este diagnóstico ha quedado obsoleto. Según el estudio elaborado por José Manuel Amor y María Romero, socios de Análisis Económico y Mercados de Afi, junto a las analistas Camila Figueroa y Marina García, la llegada de los grandes modelos de lenguaje (LLM) ha alterado por completo este patrón, dado que su alcance es mucho mayor. El informe, recogido en la última edición de los Cuadernos del Mercado de Trabajo del SEPE, señala que "las ocupaciones con mejores salarios, mayor formación y mayores barreras de entrada son las más expuestas a los efectos disruptivos de GPT". Un fenómeno que "rompe con lo ocurrido en revoluciones tecnológicas anteriores, donde los más perjudicados eran los trabajadores con menor cualificación". ¿Cómo se manifiesta esto en España? A partir de los microdatos anuales de la EPA, los investigadores dividen el mercado laboral en dos grandes grupos opuestos: las "ocupaciones más expuestas" -sobre todo servicios profesionales, científicos, financieros, jurídicos, contables y tecnológicos- y las "menos expuestas", asociadas a actividades manuales. La primera categoría suma 11,2 millones de empleos, el 45% del total; la segunda, 10,5 millones. No obstante, el dinamismo se concentra en los trabajos menos afectados por la IA. Entre 2023 y 2024, los empleos de mayor exposición crecieron un 0,9% (unas 600.000 personas), mientras que los menos expuestos aumentaron un 3,9%. El empleo total se incrementó un 2,2%, de los que solo dos décimas proceden del primer grupo y un 2% del segundo. Hasta 2023, la evolución seguía condicionada por los efectos de la pandemia. En 2020 hubo un auge de los empleos más cualificados y digitalizados, mientras los manuales se hundieron. En 2021 ocurrió lo contrario: cayeron los de alta exposición a la IA y se recuperaron los sectores más castigados por los confinamientos. En 2022 ambos crecen, pero más los manuales. Y en 2023 repuntan los empleos de mayor valor añadido, un impulso que se ha desinflado completamente en 2024. ¿Hasta qué punto puede atribuirse esto al avance de la IA generativa? Los autores apuntan que los trabajos con mayor exposición han crecido un 13% desde 2019, pero en los dos últimos ejercicios -justo cuando los LLM han irrumpido con fuerza- "han perdido protagonismo frente a ocupaciones menos expuestas". Este fenómeno, que ya es evidente en las grandes tecnológicas -con recortes notables entre programadores-, se está extendiendo a otros sectores usuarios de IA. Aun así, en España no se aprecia un frenazo del mercado laboral gracias al impulso simultáneo de ambos tipos de empleo. En conjunto, el empleo en 2024 está un 7,1% por encima del nivel prepandemia, tendencia que parece mantenerse en 2025. Esto sitúa a España en una posición relativamente favorable para afrontar la disrupción. Según el análisis, nos encontramos todavía en una "fase de transición" en la que la IA no provoca una destrucción neta de empleo entre los perfiles más expuestos, sino una reorientación del crecimiento del trabajo. En otras palabras: el mercado laboral español está absorbiendo el impacto de la IA mediante cambios en la composición del empleo -tanto sectoriales como funcionales- en lugar de mediante despidos masivos. Así, la alta exposición convive con una creación de empleo positiva, lo que revela que el "efecto sustitución" está siendo progresivo y depende de la capacidad de adaptar tareas y generar funciones complementarias. No obstante, esta transición generará tensiones. Los expertos prevén que el desempleo estructural (la tasa NAIRU) aumentará temporalmente entre 2025 y 2028 como reflejo de los ajustes entre sectores expuestos. A partir de 2029, gracias a la plena difusión tecnológica y a una mayor eficiencia en el emparejamiento laboral, la NAIRU caería entre 0,5 y 1,1 puntos respecto al escenario sin IA generativa, impulsando también la productividad, el empleo y el crecimiento económico. El resultado final dependerá de la capacidad de empresas y trabajadores para incorporar la tecnología, del volumen de inversión en capital complementario y del diseño de políticas públicas que suavicen la transición. De ahí que los autores insistan en la necesidad de "distribuir de forma equitativa las ganancias de productividad" y evitar que su concentración en polos tecnológicos o determinados grupos laborales genere nuevas desigualdades territoriales o sociales. "Si la transición no se gestiona adecuadamente, la IA puede convertirse en un factor de desigualdad, conflicto social y desequilibrio territorial; si se gestiona bien, puede consolidarse como un motor de crecimiento sostenible, reforzar la cohesión territorial y afianzar la estabilidad económica y democrática a largo plazo", concluye el estudio.

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(El Economista, 26-11-2025) | Laboral

La Seguridad Social agota lo presupuestado para el IMV en 2025

El Ministerio de Seguridad Social ha destinado en lo que va de año un total de 4.655 millones de euros al pago del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta cantidad ya supera, solo hasta septiembre -último mes con datos publicados-, la dotación inicial prevista por el Gobierno en los presupuestos. Gracias a las ampliaciones extraordinarias aprobadas, el Departamento dispone ahora de margen para incrementar el gasto en torno a un 50%. Según refleja el Resumen de Ejecución Presupuestaria y los acuerdos del Consejo de Ministros, Seguridad Social ha utilizado hasta ahora 2.208 millones de euros para financiar el IMV. Hasta septiembre, el Ejecutivo había incrementado la partida en 1.650,79 millones de euros, a los que se sumaron otros 558 millones aprobados en el Consejo de Ministros de octubre, aún no reflejados en la ejecución presupuestaria disponible. En conjunto, si se parte de que el presupuesto inicial contemplaba un gasto de 4.123,72 millones, estas ampliaciones ya representan un 53% adicional sobre lo previsto para todo el ejercicio. Conviene recordar que el Gobierno sigue trabajando con los Presupuestos Generales del Estado de 2023, lo que implica que las previsiones de gasto provienen de hace dos años, antes de dos aumentos del IMV y con un número menor de beneficiarios. La transferencia de crédito de 558 millones aprobada en octubre tiene como objetivo "asegurar la financiación del Ingreso Mínimo Vital". En el documento asociado se recuerda que, según la Ley General de la Seguridad Social, el IMV es una prestación no contributiva que debe financiarse mediante aportaciones estatales al presupuesto de Seguridad Social. Estas ampliaciones, por tanto, requieren aprobación del Consejo de Ministros. El IMV es la segunda partida más elevada entre las prestaciones no contributivas de Seguridad Social, solo superada por el complemento a mínimos de las pensiones no contributivas, cuyo gasto ya asciende a 6.232 millones (sobre un presupuesto anual de 7.250 millones). Si finalmente se ejecutan todos los créditos adicionales aprobados, el gasto total del IMV alcanzaría a finales de año los 6.331 millones de euros. En comparación con 2024, Seguridad Social ha desembolsado un 13,65% más en los nueve primeros meses del año. Este incremento contrasta con la caída del 9% en el gasto de subsidios por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo dentro del nivel no contributivo. El IMV crece a un ritmo similar al del complemento a mínimos de las pensiones contributivas. El aumento del gasto está directamente relacionado con el incremento de perceptores. En octubre, el INSS contabilizó 773.272 prestaciones activas y 2,3 millones de beneficiarios, con una media de tres personas por hogar. En el último año, el número de familias con IMV ha crecido un 19,25% y el de beneficiarios un 20,1%. En octubre, la cuantía media por hogar fue de 556 euros mensuales, que se reducen a 159 euros por persona. Este importe corresponde a la prestación básica, ya que la nómina puede llegar a 869 euros mensuales cuando se suma el complemento a la infancia (CAPI). Los menores representan la mitad de los beneficiarios: de los 2,3 millones de perceptores, 1 millón son niños y adolescentes. Concretamente, 118.460 tienen entre 0 y 2 años; 169.705 entre 3 y 5 años; y 716.559 entre 6 y 17 años. El CAPI supone, de media, 68 euros al mes por menor. Este viernes, el INE publicará el dato adelantado del IPC, que volverá a ser la referencia -como desde 2022, tras vincularse la revalorización a la inflación- para actualizar las pensiones en 2026. Las estimaciones prevén una subida de entre el 2,6% y el 2,7%. El artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social establece que las prestaciones contributivas se actualizan cada inicio de año según el IPC medio. Sin embargo, para conocer el incremento que se aplicará a las prestaciones no contributivas, los beneficiarios deberán esperar un poco más.

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