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(El Economista, 07-05-2025) | Laboral

España tendrá la segunda jornada laboral más corta de la UE si prospera la reforma de Díaz

El proyecto del Ministerio de Trabajo para establecer por ley una jornada laboral de 37,5 horas semanales inicia esta semana su andadura parlamentaria, un proceso complejo y lleno de incertidumbres. Lo único claro es que, si la propuesta impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz prospera, España se alejaría del patrón mayoritario en la Unión Europea y pasaría a situarse entre los países con las regulaciones más estrictas en materia de tiempo de trabajo, solo por detrás de Francia, donde la jornada de 35 horas está vigente desde principios del siglo XXI. No obstante, incluso en el caso francés, existen importantes matices. Allí, el límite de 35 horas se aplica con una flexibilidad que no está prevista en la propuesta española: se permite ampliar la jornada mediante acuerdos que otorgan descansos o vacaciones adicionales, y las empresas cuentan con incentivos fiscales, como bonificaciones en las cotizaciones sociales. En contraste, el plan del Gobierno español solo contempla ayudas puntuales para pymes, una solución que no ha logrado convencer al sector empresarial. Según los datos de Eurostat y EU Eurofound, la mayoría de los países de la UE mantiene el límite legal de 40 horas semanales, como ocurre actualmente en España, Italia, Grecia y gran parte de Europa del Este y del Norte. Por su parte, Alemania y los Países Bajos permiten jornadas de hasta 48 horas, e incluso hasta 60 si se incluyen horas extraordinarias compensadas con pagos adicionales u otros beneficios. En Bélgica, donde el límite es de 38 horas, se observa un acercamiento al objetivo de Díaz. Sin embargo, se trata de una economía pequeña que ha funcionado como un banco de pruebas en temas laborales. Desde 2022, por ejemplo, se permite concentrar la jornada semanal en cuatro días, pero esta iniciativa no ha alcanzado los resultados esperados, como ha admitido su propio Gobierno. A nivel práctico, España ya presenta particularidades que evidencian un uso efectivo del tiempo de trabajo inferior al límite legal. Según la Encuesta de Población Activa de 2024, en algunos sectores la jornada real ya ronda las 35 horas semanales. Para un análisis más detallado, los datos de Eurostat -aunque con cierto retraso respecto a los del INE- muestran que los trabajadores a tiempo completo trabajaron de media 36,3 horas por semana en el último trimestre disponible, y los de jornada parcial, 19,3. En términos anuales, la media se sitúa en 37,8 y 19,6 horas respectivamente. Este desajuste entre lo establecido y lo real pone de relieve una queja recurrente de los sindicatos: algunas empresas usan contratos a tiempo parcial para reducir la jornada en una o dos horas y, con ello, recortar salarios. Aunque esta no es una práctica generalizada, sí afecta a un número significativo de personas. En 2024, alrededor de 1,6 millones de trabajadores en España estaban subempleados, la cifra más alta de toda la UE. El reducido número de horas trabajadas también se relaciona con un problema estructural del mercado laboral español: la baja productividad por empleado, un fenómeno persistente en la economía nacional.

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(El Economista, 07-05-2025) | Laboral

Los despidos caen por primera vez desde la reforma

Durante el primer trimestre del año, las bajas en la afiliación a la Seguridad Social motivadas por despidos sumaron 249.813 casos, lo que supone una caída del 3,65% respecto al mismo periodo del año anterior. Este descenso, el primero desde que se aprobó la reforma laboral, podría interpretarse como un signo positivo, pero se ve empañado por un repunte en otras formas de desvinculación laboral más precarias. En particular, las finalizaciones de contratos temporales aumentaron un 5,5%, alcanzando los 2,2 millones, y las bajas de trabajadores fijos discontinuos inactivos crecieron un 7,7%, superando las 900.000. Este escenario refleja un arranque de año débil en términos de creación de empleo, según la Encuesta de Población Activa (EPA), a pesar de que se registró un incremento en la contratación. Factores estacionales, como el retraso de la Semana Santa, no explican completamente una realidad en la que la inestabilidad sigue siendo uno de los principales motores del mercado laboral español, en aparente contradicción con el espíritu de la reforma laboral. Los despidos cayeron con fuerza en los dos primeros meses del año (un 6% y un 9% menos interanual en enero y febrero), pero volvieron a subir en marzo (un 5%), lo que resulta en un balance trimestral a la baja. Sin embargo, contrasta con el hecho de que las finalizaciones de contratos temporales acumulan ya cuatro trimestres consecutivos al alza. Este comportamiento plantea preguntas sobre el impacto real de la reforma laboral. ¿Ha asimilado el mercado laboral sus efectos tres años después? ¿Estamos ante una nueva fase de crecimiento de la temporalidad? ¿Se ha alcanzado el techo de los despidos o estamos ante un cambio de tendencia? Uno de los fenómenos más destacados tras la reforma ha sido precisamente el crecimiento de los despidos de contratos indefinidos, que teóricamente deberían ofrecer mayor estabilidad y ser más difíciles y costosos de extinguir. Antes, solo uno de cada diez contratos firmados era indefinido; hoy son cuatro de cada diez. Como resultado, el porcentaje de asalariados fijos ha aumentado del 62,8% al 78,9% entre los afiliados al Régimen General. Este cambio ha contribuido a batir récords de afiliación, con más de 21,5 millones de personas registradas, pero no ha logrado reducir significativamente el desempleo (España sigue siendo el único país de la UE con una tasa de paro superior al 10%) ni frenar la alta rotación laboral. Este contexto ha puesto el foco en los despidos de trabajadores indefinidos recién incorporados y en el uso extendido del periodo de prueba. El propio Gobierno reconoce que el incremento de despidos es, en parte, consecuencia del mayor volumen de contratos fijos. Sin embargo, preocupa que más de la mitad (el 54%) de estos despidos sean disciplinarios individuales, una modalidad que no requiere indemnización, aunque en la práctica se suele negociar un pago cercano al del despido improcedente (33 días por año trabajado). Este coste es asumible para contratos de corta duración, lo que convierte esta práctica en una forma de esquivar los límites impuestos a la contratación temporal. Desde 2012, cuando se eliminó el despido exprés, esta fórmula se ha vuelto común, pero su consolidación como principal vía de despido sugiere que muchas empresas la utilizan como alternativa a los contratos temporales. Esto ha llevado a los sindicatos y al Ministerio de Trabajo a proponer una reforma del despido, con la introducción de indemnizaciones "disuasorias" superiores al actual límite legal, ajustadas al perjuicio causado al trabajador. No obstante, no se espera que esta propuesta avance durante la legislatura actual, pese a los llamamientos del Comité Europeo de Derechos Sociales y las tensiones entre el PSOE y Sumar.

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(Expansión, 06-05-2025) | Laboral

La Seguridad Social acumula una deuda de casi 100.000 millones por el gasto en pensiones

El Tribunal de Cuentas ha lanzado una advertencia urgente sobre la creciente deuda que mantiene la Seguridad Social con el Estado, instando a la adopción de medidas que garanticen la viabilidad financiera del sistema de pensiones a medio y largo plazo. En su informe sobre la Cuenta General del Estado de 2023, el organismo fiscalizador pone el foco en el progresivo deterioro de las cuentas de la entidad que gestiona el pago mensual de más de 10 millones de pensiones, cuyo déficit alcanzó los 98.526 millones de euros al cierre del pasado ejercicio. Este desequilibrio persiste a pesar del notable aumento en la recaudación por cotizaciones sociales -que en 2024 se situó en 165.573 millones de euros- impulsado por la mejora del empleo, el incremento del salario mínimo (que ha subido un 61% desde 2018), el destope de la base máxima de cotización y las nuevas figuras como la cuota de solidaridad o el mecanismo de equidad intergeneracional. Sin embargo, todos estos ingresos no son suficientes para cubrir el gasto total en pensiones, que en 2023 ascendió a unos 204.000 millones de euros. Para hacer frente a este gasto, el sistema depende cada vez más de recursos adicionales del Estado, vía transferencias y préstamos procedentes de los Presupuestos Generales, es decir, financiados con impuestos. A finales de 2023, el conjunto de ayudas estatales otorgadas a la Tesorería General de la Seguridad Social sumaba casi 181.000 millones de euros entre préstamos (98.997 millones) y transferencias corrientes (81.829 millones). Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas subraya la urgencia de adoptar cambios normativos que pongan freno al endeudamiento creciente de la Seguridad Social, advirtiendo que, de no actuar, la sostenibilidad del sistema estará en riesgo en el futuro. Lejos de corregir esta dependencia, las reformas impulsadas entre 2021 y 2023 han reforzado el papel de las transferencias del Estado como fuente estructural de financiación del sistema. Por ejemplo, aunque en marzo de 2025 la Seguridad Social registró un superávit de 2.913 millones de euros gracias a una recaudación cercana a los 50.000 millones (un 7,6% más que el año anterior), ese resultado positivo se sustentó también en aportaciones del Estado por valor de 9.971 millones de euros, un 30% más que en marzo de 2024. Para el conjunto del año, estas transferencias alcanzaron los 48.213 millones, equivalentes al 3,1% del PIB. Este aumento ha sido objeto de análisis por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que advierte que, con las reformas recientes -especialmente la indexación anual de las pensiones al IPC-, será necesario incrementar aún más estas transferencias. Según sus estimaciones, en 2050 el sistema necesitará más de 85.000 millones anuales procedentes de impuestos para mantenerse operativo. En resumen, la creciente dependencia de financiación estatal, lejos de reducirse, se está consolidando como un componente estructural del sistema, lo que pone en duda la capacidad de la Seguridad Social para revertir su situación financiera con el marco actual.

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(El País, 06-05-2025) | Laboral

Ayuso visibiliza su respaldo a Cuerva en su duelo con Garamendi

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manifestó públicamente este lunes su respaldo a Gerardo Cuerva en la contienda por la presidencia de Cepyme, la patronal que representa a las pequeñas y medianas empresas y que forma parte de la CEOE. Durante un desayuno informativo celebrado en Madrid, Ayuso elogió la labor de Cuerva, destacando su defensa "valiente y auténtica" de las pymes españolas en un contexto que definió como complicado. En contraste, criticó la actitud de otros representantes -sin nombrarlos- por su "silencio, comodidad y conformismo", que, según ella, están deteriorando a las instituciones y empresas ante la pasividad general. "Es momento de abandonar la zona de confort", afirmó. Esta declaración llega a dos semanas de las elecciones internas de Cepyme, donde Cuerva, actual presidente, se enfrenta a Ángela de Miguel, apoyada por Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. Ayuso expresó su deseo de que Cepyme salga reforzada del proceso, subrayando su importancia en el contexto económico actual. Además, aprovechó la ocasión para arremeter contra la política económica del Gobierno, a la que acusó de perjudicar seriamente al tejido empresarial con impuestos "arbitrarios y confiscatorios" y generando "inseguridad jurídica". La presidenta madrileña también se mostró crítica con la propuesta de reducción de jornada laboral que el Consejo de Ministros enviará al Parlamento, considerando que carece de estudios rigurosos y representa un golpe a la productividad de las pymes. Llamó a resistir este tipo de medidas, a las que calificó de sectarias. Aunque la semana anterior asistió al acto de presentación de la otra candidata, Ángela de Miguel, Ayuso no intervino ni permaneció hasta el final, en contraste con el evento de este lunes, donde sí participó activamente y se quedó hasta su conclusión. Fuentes del entorno empresarial interpretan este apoyo a Cuerva como una cuestión ideológica, al considerar que su postura es más crítica con el Gobierno que la de Garamendi, lo que sintoniza con el discurso habitual de Ayuso. Tras la intervención de la presidenta madrileña, Cuerva tomó la palabra para lanzar duras críticas contra Garamendi y De Miguel. Ironizó sobre el perfil de su contrincante, sugiriendo que Cepyme no necesita a alguien que actúe como un "funcionario" con horarios limitados, sino a alguien comprometido al máximo, "24/7, como en el mundo empresarial". Aseguró que existe una voluntad de apartarlo: "Quieren cortarme la cabeza". También denunció haber recibido presiones para que renunciara a su candidatura, lo que, afirmó, no ha logrado disuadirlo. Subrayó que se presenta por principios, no por ambición personal. Cuerva denunció una actitud de "sumisión" por parte de Garamendi frente al Gobierno, y defendió la necesidad de que Cepyme mantenga una postura firme y crítica para salvaguardar los intereses empresariales. Cuerva insistió en que no se puede aceptar de forma acrítica políticas intervencionistas por el simple hecho de mantener la paz institucional, ya que esto traicionaría la razón de ser de las organizaciones empresariales. En sus palabras: "Frente a la sumisión, yo elijo la libertad de empresa". Finalmente, recordó con orgullo el "Manifiesto de la pequeña y mediana empresa por la libertad de empresa", promovido por Cepyme y respaldado por todas las organizaciones empresariales salvo la CEOE, hecho que, según fuentes empresariales, marcó un punto de ruptura con Garamendi. Cuerva lamentó que se haya aprovechado ese contexto para provocar divisiones internas y pidió recuperar el foco: "No es momento de dividir, sino de mirar a los ojos de las empresas, no al espejo".

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(El País, 06-05-2025) | Laboral

Junts presentará una enmienda a la totalidad a la reducción de jornada y reitera su rechazo al proyecto

El Consejo de Ministros aprobará este martes el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una medida que la semana pasada tuvo que ser aplazada debido a un apagón eléctrico que afectó a la Península Ibérica. No obstante, su aprobación definitiva en el Congreso está lejos de estar asegurada. El partido Junts, cuyo apoyo resulta clave para que la propuesta salga adelante, ha anunciado este lunes que presentará una enmienda a la totalidad. Según ya adelantó El Periódico, los posconvergentes consideran que esta norma representa un "ataque directo" a los trabajadores autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, y que no responde a las verdaderas necesidades de la ciudadanía. La decisión fue adoptada por unanimidad en la reunión ejecutiva celebrada este lunes. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha sido contundente en su crítica al Gobierno, al que acusa de no haber querido negociar "ni una sola coma" del texto elaborado por el Ministerio de Trabajo, liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Nogueras ha calificado la iniciativa como un "gesto propagandístico" y, al ser preguntada sobre si Junts estaría dispuesto a retirar el veto, ha condicionado cualquier cambio a que el Ejecutivo acceda primero a sentarse a negociar, aunque no ha detallado las condiciones que exigirían. Más allá de la oposición a la medida por su impacto en las pymes, Nogueras también ha cuestionado otros aspectos del proyecto, como el endurecimiento del régimen sancionador y las disposiciones sobre la "desconexión digital". A su juicio, se trata de una ley "difícil de defender", que no aborda adecuadamente problemas como el absentismo laboral o la baja productividad, que considera lastrantes para la economía española. Además, ha arremetido contra el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al que acusa de no defender los intereses de las pymes, autónomos y trabajadores catalanes, y de contribuir a desmantelar el modelo económico de Cataluña, perjudicando a la clase media. Nogueras ha lamentado también que el Gobierno solo haya negociado esta reforma con los sindicatos, lo que califica como una vulneración del principio de negociación colectiva. A pesar de varias reuniones entre Junts, el Ministerio de Trabajo y la formación Sumar en las últimas semanas, no se ha logrado acercar posturas. El rechazo de Junts a esta ley también obedece a una estrategia política con la que busca distanciarse del bloque de socios que respaldó la investidura de Pedro Sánchez, reforzando su narrativa de que no pertenece a ninguna alianza fija y marcando diferencias con ERC, a quien acusa de tener menos capacidad negociadora. Este posicionamiento ha permitido a Junts recuperar vínculos con el mundo empresarial y las patronales, con quienes se ha producido un acercamiento reciente. Empresarios que anteriormente mantenían distancia con la formación debido al procés han retomado el contacto, y varios se han desplazado a Waterloo para reunirse con Carles Puigdemont. Estas visitas, protagonizadas por representantes de Foment del Treball, Pimec, Cecot y líderes sindicales de la UGT, han sido valoradas positivamente por el expresident, que se ha sentido marginado en los últimos años. La decisión de presentar la enmienda a la totalidad fue adoptada por unanimidad en la ejecutiva del partido, aunque no existe una postura única en su seno. Tal como informó este medio, el sector más progresista de Junts sí apoya la reducción de la jornada laboral y pidió a la dirección que no se alineara con los planteamientos de la patronal, con el objetivo de preservar la diversidad ideológica dentro del partido.

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(El Economista, 06-05-2025) | Laboral

España reactiva la alerta por subempleo en pleno debate sobre reducir la jornada laboral

España ha vuelto a encabezar la clasificación de países de la Unión Europea con mayor proporción de trabajadores obligados a aceptar empleos a tiempo parcial por falta de alternativas laborales. En total, 1,14 millones de personas se encuentran en esta situación, lo que representa un 5,2% del conjunto de ocupados. Este dato es especialmente significativo teniendo en cuenta que el empleo a tiempo parcial solo representa el 13,8% del total en nuestro país, un porcentaje muy inferior al promedio europeo. Sin embargo, para cuatro de cada diez trabajadores a jornada reducida, esta modalidad no es voluntaria, sino consecuencia directa de la precariedad. Esto evidencia que España no ha logrado avances significativos en un indicador que sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la crisis financiera, pese al notable crecimiento del empleo en los últimos años. Tras la reforma laboral de 2021, el Gobierno ha centrado su atención en reducir la jornada legal máxima de 40 a 37,5 horas semanales, dejando en un segundo plano la mejora de la calidad del empleo, aunque esta propuesta enfrenta obstáculos políticos. Es cierto que el número de personas con empleo se aproxima a los 22 millones y que, por primera vez, el total de empleados a tiempo parcial superó los tres millones al finalizar 2024. No obstante, su peso sobre el empleo total sigue siendo más bajo que antes de la pandemia y de la crisis financiera, y también inferior al de la media europea (18,7%) y al de la eurozona (21,4%). Países como los Países Bajos (42,7%) o Alemania (30,8%) superan ampliamente a España, que ocupa el puesto 13 entre los 27 miembros de la UE en este aspecto. Lo llamativo es que, pese a tener menor proporción de empleos a tiempo parcial, España presenta la tasa más alta de subempleo. Según Eurostat, esto se refiere a personas que trabajan a jornada parcial pero desean y están disponibles para trabajar más horas. Este dato se calcula sobre el total de ocupados, no solo sobre los empleados a tiempo parcial. En 2024, España superó incluso a Países Bajos, donde, a pesar de su alto porcentaje de empleo a tiempo parcial, el subempleo solo alcanza el 5,1%. Esto sugiere que en España el empleo a tiempo parcial no representa una opción válida para la mayoría, a diferencia de otros países donde se utiliza para facilitar la conciliación o permitir que jóvenes compaginen estudios y trabajo, como en los modelos de formación dual presentes en Países Bajos y Alemania. En estos países, además, se han promovido fórmulas específicas como los minijobs en Alemania, trabajos de baja duración y salario, destinados originalmente a personas cercanas a la jubilación. Aun así, no han generado el mismo nivel de subempleo que se observa en España. Aquí, el problema radica en la falta de oportunidades laborales. No solo es el país con más paro de la UE, sino que también enfrenta una carencia de servicios para el cuidado de hijos o personas dependientes, lo que obliga especialmente a muchas mujeres a reducir su jornada. Esta situación repercute en sus ingresos y, por extensión, en la economía familiar. Los datos son claros: el 8,1% de las mujeres trabajadoras están subempleadas, frente al 2,7% de los hombres. En comparación, en Países Bajos estos porcentajes son menores. El análisis histórico, desde 2008, muestra que España siempre ha tenido dificultades con el subempleo, aunque en ese entonces se encontraba en una situación similar a otros países como Alemania, Francia o Suecia. Hoy, en cambio, estas economías han conseguido mejorar, mientras que España se ha quedado rezagada, superada por países como Países Bajos, Finlandia o Dinamarca, que pese a tener una mayor proporción de empleo a tiempo parcial, presentan menores niveles de subempleo.

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(El Periódico, 06-05-2025) | Laboral

La Generalitat ultima un plan de choque para reducir el número de accidentes de trabajo en las empresas

La Generalitat pondrá en marcha un plan piloto en el que parejas de técnicos especializados en prevención de riesgos laborales visitarán aproximadamente 1.000 pequeñas y medianas empresas cada año, con el objetivo de detectar deficiencias y proponer mejoras en sus sistemas de seguridad. Así lo ha anunciado este lunes el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, quien ha manifestado su intención de alcanzar un acuerdo con los sindicatos y las patronales en las próximas semanas para poner en marcha este paquete de medidas. Durante el primer trimestre del año, 19 personas fallecieron en su lugar de trabajo en Catalunya, cinco más que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Departament de Treball. En 2024, el total de víctimas mortales en el ámbito laboral fue de 101 personas. Estas cifras, que fluctúan según el nivel de actividad económica, ponen de manifiesto que las estrategias de prevención actuales no han logrado revertir de manera eficaz esta tendencia. El Govern quiere intervenir para modificar esta realidad y se centrará en las pymes, donde suele haber una menor representación sindical y menos recursos para sistemas de prevención robustos. En muchos casos, estas empresas cuentan con planes de seguridad externalizados y poco adaptados a su realidad concreta. De hecho, según datos de la administración catalana, el 75% de las empresas externaliza la gestión de su prevención de riesgos laborales. Sàmper ha recuperado una histórica propuesta sindical: desplegar delegados territoriales en prevención. Se trata de técnicos especializados que visitarán periódicamente empresas sin representación sindical para evaluar de primera mano las condiciones laborales. "Las empresas con menos de 50 trabajadores son las que más pueden necesitar este tipo de apoyo", ha subrayado el conseller. La mayoría del tejido empresarial catalán está formado por pequeñas empresas donde rara vez hay estructuras que garanticen el cumplimiento de la normativa laboral básica. La labor de estos nuevos delegados complementará el trabajo de la Inspección de Trabajo, que en 2024 realizó 10.524 actuaciones relacionadas con accidentes laborales, detectando 1.949 infracciones y sancionando con un total de 9,2 millones de euros. Para reforzar esa labor, la Generalitat destinará cerca de un millón de euros al nuevo plan piloto, que contará con 12 técnicos que recorrerán empresas en todo el territorio catalán. Se espera que lleguen a unas 1.080 empresas a lo largo del año. CCOO y UGT designarán a seis de estos técnicos, mientras que los otros seis serán propuestos por Foment del Treball y Pimec. Si la experiencia resulta satisfactoria, el Govern prevé ampliar el proyecto en dos años, aumentando tanto el número de técnicos como su presupuesto. Esta patrulla de técnicos será una de las principales iniciativas dentro del plan de choque que el Ejecutivo catalán prepara contra la siniestralidad laboral. Aunque el conseller no ha detallado el conjunto de medidas, sí ha avanzado que se dará un impulso especial a la prevención de riesgos psicosociales, enfocándose en la salud mental y no solo en la integridad física de los trabajadores. En este sentido, Sàmper ha subrayado que actualmente muchas de las bajas laborales tienen origen en problemas de salud mental. Para abordar esta realidad, la Generalitat apostará por intensificar la formación en esta materia, especialmente dirigida a los delegados de prevención dentro de las empresas.

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(Expansión, 05-05-2025) | Laboral

La economía de EEUU crea 177.000 empleos en abril y el paro se mantiene en el 4,2%

La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo en el 4,2% durante el mes de abril, igual que en marzo, según informó este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Durante ese mes se generaron 177.000 nuevos empleos, una cifra que supera ligeramente el promedio de creación de puestos de trabajo registrado en los últimos doce meses. El crecimiento del empleo se concentró principalmente en sectores como la sanidad, los servicios financieros, la asistencia social, el transporte y los almacenes. Sin embargo, se produjo una reducción de 9.000 empleos en el Gobierno federal, consecuencia de importantes recortes aplicados en varias agencias impulsados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, asesor cercano del presidente Donald Trump, según señala la agencia Efe. Desde la llegada de Trump a la presidencia en enero, se ha eliminado un total neto de 26.000 puestos en la administración federal, sin contar a quienes aún reciben compensaciones por planes de salida voluntaria. El salario medio por hora creció un 0,2% en abril, acumulando un incremento del 3,8% en los últimos doce meses, por encima del nivel de inflación. Por grupos, la tasa de desempleo fue del 4% entre los hombres y del 3,7% entre las mujeres. El desempleo entre los hispanos subió una décima, situándose en el 5,2%, por encima de la media nacional. En el caso de los adolescentes, la tasa alcanzó el 12,9%, mientras que entre la población afroamericana fue del 6,3%. La participación laboral de las personas de entre 25 y 54 años -consideradas en la etapa más activa de su vida profesional- aumentó hasta el 83,6%, lo que refuerza la percepción de un mercado laboral sólido, a pesar de que tanto empresas como consumidores muestran creciente inquietud por la política comercial del presidente Trump. En cuanto a la economía general, en el primer trimestre del año se registró una contracción del 0,3% en términos anualizados, una caída mayor a la prevista por los analistas, atribuida principalmente al aumento de las importaciones que se adelantaron a la aplicación de nuevos aranceles.

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(El Economista, 05-05-2025) | Laboral

El 70% de las compañías familiares no tiene un plan de relevo generacional

Las empresas familiares enfrentan un desafío estructural que podría comprometer su continuidad en los próximos años: únicamente el 70% dispone de un plan de sucesión generacional. Esta falta de previsión plantea un escenario preocupante, en el que muchas de estas compañías podrían verse obligadas a cerrar o traspasar su propiedad debido a la ausencia de un sucesor dentro del núcleo familiar. Así lo revela el informe Relevancia y supervivencia de la empresa familiar. La empresa familiar en España 2025, elaborado por el Instituto de Empresa Familiar (IEF) en colaboración con KPMG y SAP. Dado que este tipo de empresas constituye el pilar del ecosistema empresarial en España -generando el 70,6% del empleo privado (unos 10,2 millones de puestos) y aportando el 57% del Valor Añadido Bruto del país, valorado en más de 560.000 millones de euros-, se hace evidente la necesidad de establecer estrategias que garanticen su viabilidad a largo plazo. El estudio clasifica las empresas según su trayectoria en cuatro categorías: emprendedoras, en desarrollo, consolidadas y longevas. En este análisis se observa que una de cada cuatro empresas familiares se encuentra en etapa inicial, con menos de una década de actividad. Además, más del 40% de ellas siguen bajo la dirección de la primera generación, y apenas una de cada tres ha atravesado con éxito un primer proceso de sucesión. Frente a las no familiares, las empresas familiares tienen mayor presencia tanto entre las recién creadas como entre las consolidadas, mientras que las no familiares predominan entre las que están en proceso de crecimiento o que ya tienen una larga trayectoria. Los datos del informe también evidencian que la tasa de supervivencia de las empresas familiares es superior a la de las no familiares. De las compañías familiares analizadas en 2015, el 77% seguía operando en 2024, frente al 73,1% de las no familiares. Las causas más comunes de desaparición son: extinción, que representa el 65,6% en el caso de las familiares (por encima del 44,2% en las no familiares); fusiones o adquisiciones, menos frecuentes entre familiares (28,1% frente a 54,2%); y escisiones, significativamente más comunes en las empresas familiares (6,3% frente a 1,6%). En términos de rentabilidad financiera, las empresas familiares muestran mejores resultados que las no familiares, una diferencia que se mantiene constante independientemente del tamaño, antigüedad o estructura de propiedad. Esta ventaja es más acusada en las empresas familiares jóvenes, aunque tiende a reducirse con el tiempo hasta igualarse con las no familiares.

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(Expansión, 02-05-2025) | Laboral

Gobierno y sindicatos lanzan un ultimátum por la reducción de jornada

Las principales demandas de UGT y CCOO se centran actualmente en la reducción de la jornada laboral, los incrementos salariales y una reforma del sistema de despido. Los sindicatos piden a los partidos políticos que apoyen la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales y califican de engaño legal y atentado democrático cualquier intento de bloquear esta propuesta. Desde el Gobierno, se señala la responsabilidad de los 137 diputados del Partido Popular y se considera que aún es posible negociar con Junts para conseguir los apoyos necesarios. Este Primero de Mayo se celebró con una asistencia menor en la concentración principal en Madrid y con una notable ausencia temática: la reducción de la jornada laboral, una iniciativa clave del Ministerio de Trabajo que está próxima a llegar al Congreso como proyecto de ley. Esta medida fue, sin embargo, el eje central de las intervenciones sindicales y de miembros del Gobierno presentes en el acto. La vicepresidenta Yolanda Díaz, junto a los líderes sindicales Pepe Álvarez y Unai Sordo, urgieron a las formaciones políticas a respaldar esta iniciativa. Díaz insistió en que el proceso es irreversible y confirmó que continúa en conversaciones con distintos grupos para asegurar la aprobación, poniendo el foco en la bancada popular. La vicepresidenta cuestionó si estos diputados atenderán la demanda de millones de trabajadores que esperan ver reducida su jornada, sugiriendo que podrían facilitar el avance de la propuesta sin necesidad de recurrir a una compleja negociación con Junts, aunque también dejó abierta esta posibilidad como alternativa. El Ejecutivo confía en que la medida pueda salir adelante antes de que finalice el año. Díaz subrayó que será la última vez que el Día del Trabajador se celebre con una jornada laboral de 40 horas, y reiteró que se ofrecerá apoyo a pymes para facilitar la transición a la nueva jornada. Pese a esta confianza, los sindicatos son conscientes de las dificultades parlamentarias. Álvarez advirtió que, si la medida no prospera, se estaría cometiendo un "engaño democrático", mientras que Sordo añadió que rechazarla mediante una enmienda a la totalidad constituiría un grave fraude democrático, al tratarse de una norma pactada entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. Ambos defendieron que reducir la jornada generaría empleo y aumentaría la productividad. Además, otra demanda clave de los sindicatos fue la necesidad urgente de revisar el sistema de despido, tal como ha recomendado el Comité Europeo de Derechos Sociales. Tanto CCOO como UGT reclaman una reforma que incremente la indemnización por despido improcedente y que contemple nuevos criterios para declarar nulo un despido. Álvarez subrayó que no se puede permitir que los despidos se resuelvan con compensaciones mínimas y pidió cambios que estén alineados con los compromisos asumidos por España a nivel europeo. Sordo, en la misma línea, denunció que la legislación actual no cumple con la Carta Social Europea.

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