(El País, 28-11-2025) | Laboral
El pago de las pensiones exigirá un esfuerzo creciente a las finanzas públicas de la mayoría de los países desarrollados, según el informe Pensions at a Glance 2025 de la OCDE, publicado este jueves. La magnitud de ese desafío varía en función de factores como el diseño del sistema, su nivel de generosidad y la evolución demográfica. Con todos esos elementos sobre la mesa, la OCDE prevé que España será uno de los países donde más aumentará el peso del gasto en pensiones sobre el PIB. De hecho, si las previsiones se cumplen, España será en 2050 el país de la organización que dedicará una mayor parte de su riqueza a las pensiones: un 17,3%.
Este porcentaje procede del Ageing Report 2024 de la Comisión Europea, un documento que quedó ligeramente desfasado por una revisión al alza del PIB español tras la pandemia. Con la actualización, el esfuerzo previsto baja al 16,8%, medio punto menos. Aun así, España continúa situándose claramente a la cabeza del gasto relativo en pensiones dentro de la OCDE. La novedad del informe de este año es precisamente esa comparación con el resto de países del organismo.
No obstante, fuentes del Ministerio de Seguridad Social cuestionan estos cálculos y sostienen que las estimaciones no reflejan adecuadamente las mejoras de crecimiento económico ni las previsiones reales de inmigración. Recuerdan que la OCDE emplea las proyecciones demográficas de la ONU para permitir comparaciones internacionales, pero consideran que, en el caso español, la dinámica migratoria y su impacto en el empleo y la actividad económica se han subestimado. De hecho, apuntan que incluso las cifras de gasto atribuidas a 2023 y 2024 superan en un punto los niveles realmente registrados.
En cualquier caso, tanto el 16,8% ajustado como el 17,3% inicial -o incluso el 16,1% que calcula actualmente la Airef- se sitúan por encima de las previsiones para otros países europeos como Francia (13,7% en 2050), Portugal (14,6%), Bélgica (14,8%) o Italia (15,5%), este último solo por detrás de España. Todos los países que superarán el promedio de la OCDE en 2050 (10%) son europeos, ya que en el continente predominan sistemas públicos de pensiones más amplios que en el resto del mundo.
Fuera de Europa, Japón será el país con mayor gasto relativo (9,3%). En el extremo opuesto se colocan Estados Unidos (5,9%), Chile (4,4%) y Australia (2,1%). La elección del año 2050 no es casual: los especialistas coinciden en que será el momento de mayor presión para el sistema español, y que a partir de ahí debería iniciarse un periodo de descenso progresivo del gasto.
Para 2040, la OCDE prevé que Italia encabece la carga relativa sobre el PIB, con un 17,1%, mientras que España quedaría cerca, con un 16,2% (o algo menos tras la revisión del PIB). En 2030, Austria se situaría entre ambos países con un 15%. Estas proyecciones contrastan con las del informe de 2023, cuando la OCDE estimaba que España dedicaría alrededor del 13% del PIB a las pensiones en 2050, cifra similar a la que publicó en 2021. En esta edición, el esfuerzo previsto para España empeora claramente.
"El factor que más impulsa el aumento del gasto en pensiones es el cambio demográfico", subraya la OCDE, destacando la elevada esperanza de vida y la muy baja natalidad de España. Aunque la inmigración amortigua parcialmente el problema, la población en edad laboral (de 20 a 64 años) caerá más de un 30% hasta 2064, más del doble de la media de la OCDE (13%).
Una de las métricas clave en este ámbito es la "relación demográfica entre población mayor y población en edad de trabajar", que mide cuántas personas de 65 años o más hay por cada 100 individuos entre 20 y 64 años. Actualmente, la media de la OCDE es de 33, frente a las 35 de España. Pero para 2054 la OCDE calcula que España alcanzará las 76 personas mayores por cada 100 en edad laboral, un nivel muy por encima de la media del organismo, que rondará las 55. Dicho de otro modo, dentro de tres décadas España tendrá casi tantos jubilados como trabajadores potenciales, mientras que en el conjunto de la OCDE habrá un mayor de 65 años por cada dos personas en edad laboral.
Ese ratio situará a España como el cuarto país más envejecido de la OCDE en 2054, solo por detrás de Corea del Sur (85), Japón (80) e Italia (77). Mirando más lejos, hacia 2084, la situación apenas variará: se estima que seguirá habiendo unos 77 mayores de 65 por cada 100 personas en edad de trabajar. Más allá de la demografía, hay otros factores que condicionan el impacto del sistema de pensiones en las cuentas. Entre los que destaca la OCDE está la propia generosidad del mismo, que se puede medir mediante la conocida como tasa de sustitución: esto es la relación entre la prestación que recibe el pensionista y los ingresos que percibía cuando trabajaba.
"Para los trabajadores con salarios medios y una carrera completa, la tasa de sustitución neta procedente de los regímenes de pensiones obligatorios en la edad normal de jubilación es, de media, del 63,2% en la OCDE", explica el club de países ricos. El mismo sitúa a España en el grupo que se anota una tasa de sustitución neta más alta en 2024 para los empleados con salarios bajos o medios, en torno al 80%, en línea con Austria o Luxemburgo.
En este punto, fuentes de la Seguridad Social también hacen una matización: es cierto que la tasa de sustitución española (entorno a un 80% para un trabajador con salario medio y carrera completa de cotización) es la más alta en términos brutos y la séptima mayor en términos netos. Si bien, añaden que esta generosidad debe ponerse en relación con las mejoras en la tasa de pobreza de los mayores de 65 años. Además, se trata de un diseño de la cuantía de las pensiones respaldado por la ciudadanía a través del Pacto de Toledo.
El análisis de la OCDE también sostiene que en España "la brecha entre el gasto en pensiones y las cotizaciones a la Seguridad Social se ampliará en las próximas décadas sin nuevas reformas, a pesar de las elevadas cotizaciones". Tomando como referencia el 16,1% de gasto respecto a PIB en 2050 (3,2 puntos más que en 2023, según la Airef), subraya que "esto generará una brecha de financiación persistente y un volumen creciente de pasivos implícitos que hoy no están provisionados".