(El País, 27-11-2025) | Laboral
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se sumó este miércoles a la oleada de valoraciones positivas que viene recibiendo la economía española en los últimos meses. En su informe sobre España, destaca que el país "ha mostrado un comportamiento sobresaliente, con un crecimiento del PIB superior al de otros Estados europeos y por encima de la mayoría de previsiones". No obstante, el documento está concebido más como una hoja de ruta para los próximos años que como una foto del presente. Y en ese terreno, varias de sus recomendaciones entran en conflicto con las políticas aplicadas por el Gobierno, especialmente en lo relativo al sistema de pensiones y la fiscalidad.
Respecto a las pensiones, la OCDE advierte que, pese a las reformas recientes -como el aumento de la edad legal de jubilación, la ampliación del periodo de cómputo, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) o la reforma del régimen de autónomos-, el desfase entre ingresos y gasto crecerá en las próximas décadas. Por ello, considera necesarias nuevas medidas: propone vincular las prestaciones a la esperanza de vida, ampliar aún más el periodo de cálculo u opciones similares. "Para que la deuda siga descendiendo con firmeza es imprescindible abordar el mayor gasto en pensiones, reducir partidas ineficientes y mejorar la capacidad recaudatoria", afirma.
El organismo también rechaza que se siga aumentando la presión fiscal sobre el empleo. Advierte de que nuevas subidas de cotizaciones sociales "podrían lastrar la creación de puestos de trabajo". En 2023, España registró una tasa de impuestos sobre PIB del 37,3%, superior al promedio del 33,9% del conjunto de la OCDE. Aun así, recauda menos por consumo que otros países europeos y del propio organismo, lo que le lleva a defender una reforma tributaria global que redistribuya cargas y eleve los ingresos. Entre las opciones menciona la armonización del IVA y la revisión de sus exenciones, la equiparación entre los impuestos especiales del diésel y la gasolina, o un refuerzo de los tributos energéticos y sobre vehículos, junto a una reducción de la presión fiscal sobre las rentas más bajas.
La cuestión demográfica aparece como telón de fondo en gran parte del informe. La OCDE emplea cálculos de la Airef según los cuales el gasto en pensiones aumentará 3,2 puntos del PIB entre 2023 y 2050, mientras que el coste asociado al envejecimiento crecerá en 5,2 puntos. "El incremento del gasto generará pasivos implícitos cada vez mayores que hoy no están financiados. La indexación a la inflación y la ausencia de un ajuste automático ligado a la esperanza de vida elevan aún más los costes", advierte.
Para aliviar esta presión, el organismo pide fomentar la prolongación de la vida laboral y reforzar la formación continua. Señala que, aunque la tasa de empleo de los trabajadores de más edad ha subido en las últimas décadas, sigue siendo baja en comparación con otros países de la OCDE y cae con fuerza después de los 55 años debido a las jubilaciones anticipadas, la pérdida de habilidades actualizadas y la menor capacidad de adaptación.
Cuestionado sobre si el Ejecutivo implementará nuevas medidas en materia de pensiones, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró que España está cumpliendo los criterios fiscales europeos. Recordó que la reforma incorpora una "cláusula de cierre" que eleva automáticamente las cotizaciones si se detecta una desviación entre ingresos y gasto futuros. "La Airef no aprecia por ahora desajustes y no propone medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad", defendió.
La OCDE también considera clave mejorar la integración laboral de los inmigrantes. Si se mantiene la tendencia actual, la población española superará los 50 millones en la segunda mitad de 2026. El organismo ve margen para simplificar los visados laborales previos a la llegada, cerrar más acuerdos bilaterales, agilizar el reconocimiento de títulos o reforzar las plantillas encargadas de gestionar estos procesos, lo que contribuiría a atraer perfiles cualificados y reducir las carencias de mano de obra.
Aunque reconoce que las finanzas públicas han mejorado -la deuda lleva bajando desde 2021 y rondaría el 101,8% del PIB a finales de 2024-, considera que sigue siendo elevada. Y recuerda que la presión por aumentar el gasto en defensa, transición climática y envejecimiento hace necesario ampliar el espacio fiscal. "Para atender estas necesidades sin perjudicar el crecimiento es esencial mantener una política fiscal sólida a medio plazo y, a la vez, reservar recursos para inversiones que impulsen la actividad", subraya.
El buen momento de la economía española, que avanza cerca del 3%, es para la OCDE una oportunidad para sanear las cuentas públicas de cara a futuros desafíos. "Con el fuerte ritmo de crecimiento, acelerar la reducción del déficit permitiría reconstruir más rápido los colchones fiscales para responder a crisis venideras", señala.
El informe también revisa la situación bancaria -que califica de "bien capitalizada y rentable pese al endurecimiento financiero"- y aborda temas especialmente sensibles, como la vivienda. En este ámbito, insiste en aumentar la oferta asequible, agilizar los procesos urbanísticos e impulsar la inversión en vivienda social.
Finalmente, analiza la estructura empresarial del país, dominada por pymes que representan el 99% del tejido productivo y concentran la mayor parte del empleo, principalmente en servicios. La OCDE lamenta que su productividad es "notablemente inferior" a la de las grandes empresas, en parte por el acceso limitado a financiación y talento, la complejidad normativa y la baja adopción de tecnología avanzada. Dos de cada tres pymes, recuerda, afirman tener problemas para encontrar trabajadores con las competencias necesarias, y muchas no cuentan con recursos para planes de formación.