(Expansión, 27-11-2025) | Laboral

Ante la petición de los sindicatos de elevar el salario mínimo un 7,5% en 2026, la patronal de las pequeñas y medianas empresas catalanas advierte de que cualquier incremento del SMI debe ser sostenible y no poner en riesgo el empleo ni la competitividad. Tras el fracaso de la reforma para reducir la jornada laboral y mientras se endurece la regulación del control horario o avanzan las negociaciones salariales en el sector público, la próxima subida del salario mínimo se ha convertido en uno de los temas centrales del debate laboral. Y lo es especialmente para las empresas, que observan con inquietud los primeros pasos en esta dirección después de que UGT y CCOO hayan reclamado al Gobierno elevar el SMI hasta 1.273 euros mensuales en 2026.

Esta posible subida, y sobre todo su magnitud, preocupa no solo a las grandes compañías, cuyos márgenes en la negociación colectiva se ven cada vez más limitados por los continuos aumentos del salario mínimo, sino también -y especialmente- a las pymes, que arrastran desde hace años un incremento constante de trámites burocráticos y de costes laborales.

"El SMI no puede convertirse en una puja", advirtió ayer Antoni Cañete, presidente de Pimec, la patronal mayoritaria de las pymes catalanas. Según explicó durante un encuentro con periodistas en Madrid, "el salario mínimo debe ser lo más alto posible, pero sin llegar a destruir empleo ni a perjudicar la competitividad". Por ello, llamó a actuar con prudencia: "Mucho cuidado con hacer populismo con el SMI... ¿por qué no subirlo un 15% o un 30%?", dijo de forma irónica, insistiendo en que "debemos avanzar hasta donde podamos" y mejorar los salarios "solo si somos productivos y viables", porque en caso contrario "nos estaríamos perjudicando a nosotros mismos".

Cañete no se pronunció directamente sobre la propuesta del 7,5% planteada por los sindicatos -que asumen que, con ese aumento, el SMI entrará a tributar por IRPF, algo que Pimec no rechaza si la carga fiscal es proporcional-, pero sí lanzó un aviso claro: la nueva subida "debe cumplir necesariamente con las condiciones que permitan su aplicación".

Recordó además que el SMI ha experimentado "un crecimiento muy relevante" en los últimos años, con un impacto significativo en sectores que deben ser considerados. Ese efecto no ha afectado solo al sector agrario, donde la pérdida de competitividad ha sido notable, sino también al sector servicios, "totalmente condicionado por la Administración pública", donde la falta de mano de obra y la subida del SMI han alterado no solo el empleo, sino también la propia "dinámica de trabajo".

Entre 2018 y 2025, el salario mínimo ha aumentado un 60,8%, pasando de 735,9 a 1.184 euros mensuales. Si prosperara la propuesta sindical para 2026, el incremento acumulado rondaría el 73% en apenas ocho años. Para Cañete, "el problema es que hemos subido todo este porcentaje sin que haya habido deflactación ni ajustes en la contratación pública", algo que considera una forma de "hacer trampas".

La patronal catalana denuncia que las subidas del SMI no han ido acompañadas de una actualización de los contratos públicos para adaptarlos a los mayores costes salariales, y reclama a la Administración que asuma su responsabilidad introduciendo ajustes fiscales o mecanismos de compensación para evitar la pérdida de actividad económica y, si es posible, fomentarla.

En un momento marcado por elevados niveles de absentismo y una creciente escasez de mano de obra -pese a que la tasa de paro sigue por encima del 10%-, factores que suponen dos de los mayores desafíos para las empresas, Cañete reconoce que en España existe "un problema salarial que debemos abordar". Ahora bien, sostiene que solo puede resolverse "mediante un aumento de la productividad, tanto laboral como en el uso de los recursos".

El presidente de Pimec valoró de forma positiva el comportamiento de la economía española, que "crece muy por encima de la media europea" y se beneficia de ventajas competitivas como menores costes energéticos gracias a la "isla ibérica" o una mayor incorporación de trabajadores al mercado laboral. Sin embargo, advirtió de que ese crecimiento se está logrando "a base de esfuerzo", sin los cambios estructurales en competitividad que el país sigue necesitando.

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