(El Economista, 27-11-2025) | Laboral
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se sitúa en 1.184 euros mensuales en 14 pagas desde febrero, y los sindicatos ya han presentado sus peticiones para negociar la subida correspondiente a 2026. Tanto CCOO como UGT plantean incrementarlo un 7,5%, lo que lo elevaría hasta los 1.273 euros brutos mensuales. Esta propuesta supondría para las empresas un encarecimiento mínimo de 1.750 euros anuales por trabajador, resultado tanto del aumento del salario como del incremento asociado de las cotizaciones.
El Ministerio de Trabajo todavía espera la recomendación del comité de expertos -en el que también participan sindicatos-, pero si Yolanda Díaz aceptara ese 7,5%, el coste mínimo de contratar a un empleado ascendería a 24.818 euros al año, según cálculos de elEconomista.es basados en información del diálogo social y del Registro de Economistas Asesores Laborales.
"El aumento del SMI repercute directamente en la base mínima de cotización a la Seguridad Social", señala Jesús Fernández Bravo, presidente del EAL-CGE. Esta base sube en la misma proporción que el salario mínimo más un sexto adicional. Así, con un SMI de 1.273 euros, la base pasaría a 1.485 euros. Los tipos de cotización se mantendrían sin cambios, salvo en el caso del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cuyo incremento previsto será asumido un 0,75% por la empresa.
Además, las compañías deben cubrir sus aportaciones por contingencias comunes, desempleo, formación profesional, FOGASA y el seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Este último tipo varía según la actividad, desde el 1,5% hasta el 7,15%. En 2026, de media, las empresas pagarían un 30,65% en cotizaciones, a lo que se incorporaría el porcentaje correspondiente al riesgo propio de cada sector.
Las fuentes empresariales consultadas sitúan en torno al 3% el promedio relativo a accidentes y enfermedades profesionales, una cifra orientativa que debe tomarse como máximo, ya que existen numerosas actividades con menor peso en la tabla de Seguridad Social. Según sus cálculos, la media ponderada sería del 2,5%, mientras que los asesores laborales emplean como referencia el 1,5% correspondiente a oficinas, auditorías o despachos.
Tomando como referencia ese 3% para AT y EEPP, la cotización empresarial ascendería al 33,57% en 2025 y al 33,65% en 2026, debido al incremento del MEI. La base de cotización pasaría de los actuales 1.381 euros a 1.485. Esto supondría un coste adicional en cotizaciones de 504 euros anuales por cada trabajador con SMI, es decir, 36 euros mensuales distribuidos en 14 pagas.
Dado que los tipos apenas variarán, el mayor impacto para las empresas provendrá del incremento salarial más que del aumento en las cuotas, que evolucionarán prácticamente en paralelo al SMI. La propuesta sindical plantea una mejora de 89 euros mensuales, lo que implica un aumento anual de 1.246 euros.
No obstante, no toda esta subida beneficiaría íntegramente al trabajador, ya que los sindicatos quieren resolver definitivamente el debate -recurrente desde 2022- sobre si los perceptores del SMI deben tributar por IRPF. A diferencia de la postura defendida hasta ahora por la ministra de Trabajo, quien ha pactado con Hacienda evitar que estos trabajadores tengan que pagar IRPF, CCOO y UGT abogan por que el salario mínimo empiece a tributar a partir del próximo año.
Los sindicatos justifican que esta es la razón que les lleva a reclamar una subida del 7,5%. De no plantearse esta tributación, su propuesta sería mucho más contenida: un aumento del 2,7% hasta los 1.216 euros brutos, cifra que quedaría por debajo de la subida media del 3,5% pactada en convenios hasta octubre (y del 4,15% en los firmados en 2025), y en línea con la previsión de inflación del 2,6% estimada por el consenso de Funcas.
Por su parte, los empresarios aún no han decidido si propondrán un porcentaje concreto, como han hecho en años anteriores tomando como referencia el incremento previsto en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Este acuerdo expira este año y todavía no se ha fijado una cifra para 2026, aunque fuentes empresariales apuntan que podría plantearse nuevamente un incremento ligado al IPC, condicionado a la revisión de los contratos públicos o a una reducción de cotizaciones en el sector agrario.