Los últimos datos del mercado laboral en Estados Unidos, mejores de lo previsto, disminuyen la urgencia de que la Reserva Federal aplique una nueva rebaja en los tipos de interés. En junio, la tasa de desempleo descendió una décima hasta situarse en el 4,1%, su nivel más bajo desde febrero, gracias a la creación neta de 147.000 empleos, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).
Esta cifra superó las previsiones de los analistas, que estimaban en torno a 110.000 nuevos empleos, y también fue superior al dato revisado de mayo, que se situó en 144.000. Este comportamiento del mercado laboral alivia la presión sobre la Reserva Federal para que acelere una bajada de los tipos de interés, una medida que ha sido solicitada insistentemente por el presidente Donald Trump en los últimos meses. El descenso en la tasa de paro se debió, en gran parte, a una disminución en la participación laboral, que cayó al 62,3%, el nivel más bajo desde finales de 2022.
Entre los distintos sectores, el empleo público a nivel estatal y local generó 73.000 nuevos puestos, mientras que el gobierno federal perdió 7.000. Por su parte, el sector sanitario, clave en la economía estadounidense y potencialmente afectado por el nuevo plan presupuestario de Trump, sumó 39.000 empleos, y el ámbito de asistencia social añadió otros 19.000. En contraste, el sector manufacturero registró una pérdida de 7.000 puestos de trabajo, mientras que la construcción mostró un incremento neto de 15.000 empleos.
El coste laboral por hora trabajada mantuvo su tendencia a la baja, con un incremento interanual del 3,7% en junio. En cuanto al desempleo por grupos demográficos, la tasa entre los hispanos se mantuvo estable en el 4,8%; entre la población blanca bajó al 3,6%, mientras que entre los afroamericanos subió al 6,8%. En conjunto, estos datos positivos del mercado laboral reducen la presión sobre la Reserva Federal para que retome los recortes de tipos de interés, los cuales fueron pausados tras una serie de reducciones iniciadas en septiembre del año pasado.
A pesar de ello, el presidente Trump continúa exigiendo al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, nuevas rebajas de tipos, que se mantienen desde diciembre entre el 4,25% y el 4,5%. Trump ha lanzado duras críticas contra Powell, al que acusa de actuar con demasiada lentitud, e incluso ayer pidió públicamente su dimisión.
Los sindicatos UGT y CC OO han expresado su hartazgo ante la falta de avances en varias reivindicaciones laborales que llevan tiempo planteando y que el Gobierno, en particular el Ministerio de Función Pública, se había comprometido a atender. Aunque este miércoles el BOE publicó la subida salarial del 0,5% que estaba pendiente, ambos sindicatos han anunciado una concentración frente al Ministerio de Hacienda en Madrid el próximo martes 8 de julio a las 11:30 horas, bajo el lema Es la hora. #CumpleLoPactado. Advierten que, si continúa la inacción, convocarán nuevas movilizaciones.
"Hace tiempo que ya era el momento de cumplir los acuerdos. Vamos con un gran retraso, y ahora toca sentarse seriamente a negociar un nuevo pacto. Tenemos tanto el derecho como la necesidad de hacerlo, ya que esta situación de bloqueo -aunque tenga varias causas- está afectando directamente a los empleados públicos", afirmó Lucho Palazzo, coordinador del Área Pública de CC OO. Añadió que es esencial debatir sobre el empleo público y el modelo de sociedad que se desea construir.
Por su parte, Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, confirmó que no han recibido ninguna respuesta por parte del Ministerio de Función Pública. Tampoco especificó el porcentaje de incremento salarial que proponen para este año y los próximos, señalando que es el Ejecutivo quien debe presentar una propuesta inicial. "Con estas protestas buscamos romper la parálisis del Gobierno respecto a la situación de los trabajadores públicos", declaró. Palazzo rechazó que la aprobación de una nueva subida salarial dependa de que haya Presupuestos Generales del Estado, calificando esta idea de "falsa asociación", mientras que Araque insistió en que "no hay excusa para no aprobarla ya".
Una vez aplicada la subida salarial del acuerdo anterior -con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, lo que supondrá un aumento medio de 168 euros-, UGT y CC OO denuncian que no se ha iniciado la negociación sobre el incremento salarial de este año. Tampoco se han resuelto cuestiones como la jubilación parcial para el personal laboral ni la implantación de la jornada laboral de 35 horas para más de tres millones de empleados públicos, aspectos todos ellos contemplados en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022. Ambos sindicatos han adelantado que no negociarán un nuevo acuerdo mientras no se cumplan plenamente los compromisos del anterior.
A estas demandas se suman otras peticiones relevantes, como: implementar por completo el modelo de clasificación profesional en línea con el Marco Español de Cualificaciones Profesionales; modificar la normativa para garantizar el desarrollo efectivo de los planes de igualdad y los protocolos frente al acoso sexual y por razón de género; asegurar la atención presencial en los servicios públicos; diseñar un plan específico de digitalización para zonas rurales o en riesgo de exclusión; crear empleo neto en las Administraciones; reducir la temporalidad; rejuvenecer las plantillas; impulsar la formación, la promoción interna, el desarrollo profesional y la captación de talento.
Por otro lado, el sindicato CSIF -que no comparte la misma estrategia que UGT y CC OO y se distanció del acuerdo anterior de subidas salariales- ha anunciado este jueves la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Ministerio de Hacienda y Función Pública, debido al retraso acumulado de cinco años en la puesta en marcha del teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE).
Durante la pandemia, el modelo de atención ciudadana se modificó, y un real decreto de 2020 reformó el Estatuto Básico del Empleado Público, estableciendo un plazo de seis meses para que las Administraciones adaptaran la normativa al teletrabajo. Aunque dicha adaptación se realizó, no se ejecutó según lo establecido en el decreto, motivo por el cual CSIF inició una serie de reclamaciones legales que culminan ahora con esta nueva denuncia.
Los sindicatos que representan a los empleados públicos han expresado su malestar con el Gobierno y han dejado claro que no respaldarán la próxima Oferta de Empleo Público (OPE), al considerarla insuficiente para solucionar los persistentes problemas de personal que vienen denunciando desde hace tiempo. Así lo han comunicado esta tarde a los representantes del Ministerio de Función Pública en una reunión que, una vez más, ha concluido sin acuerdo.
Según indican fuentes sindicales presentes en el encuentro, por primera vez se han puesto sobre la mesa cifras concretas: se barajan unas 20.000 plazas para la Administración General del Estado (AGE), pero únicamente 4.500 serían de empleo neto, es decir, creación real de puestos de trabajo, lo que supone la mitad de lo ofertado el año anterior, según denuncia el sindicato CSIF.
Esta propuesta no convence a los sindicatos, que aseguran que no firmarán el acuerdo. Además, anticipan que no habrá más reuniones y que, por tanto, si el Ejecutivo decide avanzar con la OPE, lo hará sin el respaldo de las organizaciones sindicales.
"La tensión no deja de aumentar. Estamos ya en julio y apenas quedan sesiones del Consejo de Ministros para aprobar esta oferta", advierte un portavoz de CSIF. "Nosotros no vamos a firmar porque lo que proponen supone una reducción del empleo público respecto al año pasado. Y eso es justo lo contrario de lo que necesitamos", añade. Desde UGT Servicios Públicos también se han mostrado contrarios a apoyar la propuesta actual de Función Pública.
Por su parte, desde el Ministerio dirigido por Óscar López se limitan a agradecer las sugerencias sindicales que, a su juicio, han servido para mejorar la propuesta de oferta pública, y aseguran que esta será presentada "próximamente" ante el Consejo de Ministros. Una fuente ministerial ha negado que se haya proporcionado una cifra definitiva, argumentando que, como en ocasiones anteriores, los datos solo se hacen públicos una vez aprobados por el Consejo. "Se les han facilitado los datos que han solicitado", señala la misma fuente. Además, recuerda que los sindicatos tampoco respaldaron la OPE de 2024, que acabó siendo una convocatoria récord con 40.121 plazas.
La reunión de este jueves, que se prolongó por algo más de dos horas, estuvo centrada en la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo, encargada de analizar las últimas propuestas de los sindicatos. En cualquier caso, el encuentro no podría haber derivado en un acuerdo formal, ya que este solo puede alcanzarse en la Mesa General de Negociación. Durante la reunión se compartieron algunas cifras globales de posibles nuevas plazas -limitadas a las de la AGE, sobre las que el Gobierno tiene competencia directa-, pero estas no convencieron a los representantes sindicales.
"La relación entre el Gobierno y los empleados públicos está en su peor momento", afirma un portavoz de CSIF. "La subida salarial del 0,5% que se acaba de aprobar no es motivo de celebración: llega con siete meses de retraso, los sueldos siguen congelados este año y, además, hay múltiples compromisos del anterior Acuerdo Marco que siguen sin cumplirse, sin que se haya convocado aún una mesa para negociar el próximo".
Desde CSIF también denuncian que, en los últimos diez años, la Administración ha perdido un total neto de 20.640 puestos de trabajo, según cifras del propio Ministerio de Función Pública, que se suman a los 21.392 perdidos en la década anterior. En total, más de 42.000 empleos públicos eliminados en las dos últimas décadas.
En los últimos años, los trabajadores extranjeros han adquirido un rol fundamental en el mercado laboral español, hasta el punto de que tanto el Gobierno como los agentes sociales han vinculado la viabilidad futura del sistema de pensiones al mantenimiento de un flujo migratorio positivo durante las próximas décadas. Actualmente, más de tres millones de personas con nacionalidad extranjera están afiliadas a la Seguridad Social, y también ha aumentado el número de aquellas que reciben el subsidio por desempleo. En concreto, esta cifra ha crecido un 26% en el último año.
Este subsidio está dirigido a personas que ya han agotado la prestación contributiva por desempleo o que no han trabajado lo suficiente como para generarla. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, correspondientes al mes de mayo, 75.205 extranjeros reciben actualmente este subsidio, frente a los 59.592 registrados en el mismo mes de 2024.
Este incremento, de más de 15.000 beneficiarios, sigue la misma tendencia que en meses anteriores: en abril el aumento fue del 19% interanual, en marzo del 20%, y en los primeros meses del año se situó en torno al 8% y 10%. A pesar de este crecimiento, los extranjeros siguen siendo una parte minoritaria del total de perceptores del subsidio, ya que representan menos del 10% de las 774.178 personas que lo reciben.
La información del Ministerio de Trabajo no permite identificar las causas concretas por las que los extranjeros acceden al subsidio. No obstante, en el conjunto de beneficiarios (nacionales y extranjeros), se observa que la principal razón es tener más de 52 años (470.840 personas), seguida del agotamiento de la prestación contributiva (151.206) y la falta de cotización suficiente (100.011).
Sí se sabe, sin embargo, que más de la mitad de los beneficiarios extranjeros (el 54,22%) comenzaron a recibir la ayuda después del 1 de noviembre, fecha en que entró en vigor la reforma del sistema de ayudas por desempleo impulsada por el Ministerio de Trabajo en el marco del Plan de Recuperación financiado con fondos europeos Next Generation. Desde entonces, se han incorporado 28.000 extranjeros de fuera de la UE y más de 12.000 comunitarios, quienes se han beneficiado de las nuevas condiciones económicas aprobadas por el Real Decreto-ley 2/2024.
Con esta reforma, los beneficiarios reciben 570 euros mensuales durante los primeros seis meses, 540 euros durante los seis siguientes y 480 euros en el último año. En cambio, los 34.429 extranjeros que ya estaban recibiendo el subsidio antes de noviembre continúan percibiendo 480 euros durante todo el periodo, una cuantía vinculada al 80% del IPREM, que actualmente se sitúa en 600 euros.
A pesar del aumento en el número de perceptores del subsidio, todavía hay más desempleados extranjeros que cobran la prestación contributiva por desempleo que los que reciben ayudas asistenciales (79.780 personas). Este grupo incluye a quienes perciben subsidios, rentas agrarias (para residentes en Andalucía y Extremadura) o ayudas específicas para trabajadores eventuales del sector agrícola, estas últimas con escaso peso tras la última reforma pactada con los sindicatos CCOO y UGT.
En total, 208.551 extranjeros reciben algún tipo de ayuda por desempleo, y de ellos, más de 124.000 perciben la prestación contributiva. Esta cifra sigue siendo pequeña en comparación con el total de beneficiarios del sistema (paro, subsidio o renta activa de inserción), que supera los 1,7 millones de personas. En proporción, los extranjeros representan el 12,2% del total de perceptores de ayudas.
Los últimos datos de empleo difundidos esta semana indican un cambio en la dinámica de generación de empleo entre la población extranjera. El segundo trimestre del año ha registrado una notable ralentización en el crecimiento de la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que ha pasado del 1,8% en el primer trimestre a un 0,6% en el segundo, según ha señalado Funcas. Este freno contrasta con una leve aceleración en la creación de empleo entre los trabajadores nacionales, cuya tasa de crecimiento aumentó del 0,4% al 0,6%.
Pese a esta desaceleración, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha destacado que el número de afiliados extranjeros se mantiene por encima de los tres millones, lo que representa un crecimiento de 1,4 millones en la última década, es decir, un aumento del 84,6%. En el caso de los trabajadores procedentes de países no comunitarios, el incremento ha sido del 118%, según datos del departamento que dirige Elma Saiz.
Esta es la principal conclusión de un informe elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que advierte que la entrada tardía de los jóvenes en el mercado laboral dificultará que puedan reunir los años de cotización necesarios para percibir el 100% de la pensión al alcanzar la edad legal de jubilación. Esto obligará a muchos a prolongar su vida laboral si desean mantener el nivel de ingresos en la jubilación.
El estudio señala que quienes se retiren en 2065 y solo hayan cotizado durante 30 años -debido al retraso en su incorporación al empleo- tendrán que posponer su jubilación hasta los 71 años para compensar la falta de años cotizados. Esto se debe a que, a partir de 2027, será necesario haber cotizado al menos 37 años para acceder al 100% de la base reguladora, o contar con una carrera laboral de 38,5 años para jubilarse a los 65 años.
Asimismo, el informe destaca que, con la última reforma del sistema, los futuros pensionistas deberán contribuir más a la Seguridad Social, pero recibirán una pensión con una tasa de reemplazo -es decir, la relación entre la primera pensión y el último salario- dos puntos porcentuales inferior a la actual.
Además, si se aplicaran en España reformas similares a las que ya están vigentes en otros países europeos, la tasa de reemplazo podría disminuir entre 10 y 20 puntos porcentuales adicionales. En el caso de quienes solo llegaran a acumular 30 años de cotización, la pensión representaría un 57,6% de su último salario, frente al 77,1% que obtienen hoy quienes se jubilan con ese mismo historial laboral.
Con la normativa actual proyectada a 2065, solo aquellos que hayan cotizado durante 40 años o más y se jubilen a los 65 años lograrán una tasa bruta de reemplazo del 90%, equivalente a una tasa neta cercana al 100%, lo que permitiría mantener su nivel de vida. Para alcanzar ese mismo porcentaje con 35 años cotizados habría que retrasar la jubilación hasta los 68 años, y hasta los 71 años si solo se han cotizado 30.
En este contexto, los expertos advierten que estos esfuerzos podrían no traducirse en una prestación equivalente, especialmente si se introducen nuevas reformas como ampliar el periodo de cálculo de la pensión a los últimos 35 años cotizados, exigir 40 años de aportaciones para acceder al 100% de la base reguladora, o ajustar el importe inicial de la pensión según la esperanza de vida a través de un factor de sostenibilidad.
El Gobierno ha aprobado finalmente la revalorización salarial pendiente para los empleados públicos, con efectos retroactivos desde enero de 2024. Esta actualización del 0,5% responde a la desviación del IPC respecto al incremento salarial acordado para el periodo 2022-2024. Más de tres millones de trabajadores del sector público recibirán en la nómina de julio tanto el aumento correspondiente como los atrasos acumulados durante 18 meses.
Aunque los requisitos para aplicar esta subida se cumplían desde principios de año -cuando se conocieron los datos definitivos del IPC armonizado del trienio, que fue del 14,6%-, el Ejecutivo ha postergado el pago hasta ahora. La subida adicional del 0,5% se había establecido en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO (aunque no fue respaldado por CSIF, el sindicato mayoritario de los funcionarios), el cual contemplaba esta cláusula de revisión si la inflación acumulada superaba el aumento salarial pactado, que fue del 8%. Con la nueva subida, el incremento total de las retribuciones para ese periodo será del 9,5%.
Según datos del INE, el salario medio de los empleados públicos ronda los 3.026 euros brutos mensuales (en doce pagas), por lo que el abono por atrasos rondará los 272 euros, a lo que se suma el aumento en la nómina de julio, que será de unos 15 euros de media.
Además, el análisis por deciles de renta del INE permite estimar cómo afectará esta actualización según el nivel de ingresos. Por ejemplo: Para salarios de 719,6 euros mensuales, el aumento es de 3,6 euros al mes y un total acumulado de 64,8 euros. Para sueldos de 1.210,3 euros, la subida mensual es de 6 euros, con un total de 108 euros. En el caso de ingresos de 1.436,7 euros, se recibirán 7,2 euros adicionales al mes y 129,6 euros en total. Con una nómina de 1.640,8 euros, el incremento es de 8,2 euros mensuales y 147,6 euros acumulados. Para sueldos de 1.843,7 euros, la subida mensual será de 9,2 euros y el pago retroactivo de 165,6 euros. En salarios de 2.056,5 euros, el aumento será de 10,3 euros mensuales y 185,4 euros en total.
En los tramos salariales más altos: Con 2.361,8 euros mensuales, se recibirán 11,8 euros más al mes y 212,4 euros acumulados. Para sueldos de 2.807,7 euros, la subida será de 14 euros mensuales y 252 euros en total. En el caso de 3.385,6 euros, el incremento alcanzará los 17 euros por mes y 306 euros acumulados. Y en los salarios más elevados, de 5.213 euros mensuales, la subida será de 26 euros al mes y un total de 468 euros por los atrasos.
El desembolso total que asumirá el Estado por este ajuste retroactivo se estima en unos 800 millones de euros. Esta carga presupuestaria habría sido el principal motivo del retraso en su aplicación, ya que el Gobierno no dispone actualmente de unos Presupuestos Generales que contemplen nuevas partidas, a pesar de que el pago ya estaba comprometido.
Con este abono, se da por cerrado el acuerdo salarial del trienio 2022-2024. Sin embargo, los sindicatos presentes en la mesa de negociación de la Función Pública insisten en la necesidad de pactar cuanto antes un nuevo marco retributivo, que contemple las subidas para 2025, ya que hasta ahora los sueldos permanecen congelados -salvo por esta última compensación vinculada al año anterior-.
En una economía como la española, marcada por una fuerte estacionalidad, el mes de junio suele traer buenos resultados en términos de empleo. Este año no ha sido la excepción: el mercado laboral ha ganado 76.720 nuevos afiliados, lo que convierte a junio de 2025 en el mejor sexto mes del año desde 2018, sin contar los años afectados por la pandemia. Con este aumento, el número total de afiliados a la Seguridad Social alcanza un récord histórico de 21,86 millones, es decir, medio millón más que hace un año. Paralelamente, el desempleo registrado ha descendido en 48.920 personas, situando el total de parados en 2,41 millones, el nivel más bajo desde 2008.
El incremento de afiliados en junio supera el registrado en el mismo mes de 2024 (71.095) y de 2023 (54.541), aunque no alcanza los niveles atípicos de 2021 y 2022, años marcados por la recuperación tras la crisis sanitaria. En promedio, y dejando fuera los años de la pandemia, junio suele sumar unos 73.393 afiliados, por lo que el dato de este año está ligeramente por encima.
En términos interanuales, el empleo ha crecido en 468.206 trabajadores, lo que representa un aumento del 2,2%, algo inferior a los ritmos de los dos años anteriores (2,5% en 2024 y 2,6% en 2023). Según el Ministerio de Seguridad Social, España sigue mostrando una evolución del empleo más dinámica que otras grandes economías europeas, con un crecimiento del 9,4% desde la entrada en vigor de la reforma laboral de 2022, frente al 5,9% de Italia, el 1,8% de Francia y el 1,6% de Alemania.
El comportamiento por sectores y comunidades autónomas refleja el peso de las actividades estacionales. El comercio ha sido el principal generador de empleo en el régimen general, con 31.338 nuevos afiliados, seguido de la hostelería, con 27.696. En contraste, la educación pierde 56.592 afiliados debido al fin del curso escolar, y el sistema especial agrario se reduce en 28.752 personas, caídas que son compensadas por la evolución positiva en otras actividades.
Por regiones, Baleares destaca como la comunidad con mayor incremento relativo de empleo, impulsada por la temporada turística, con un aumento del 3% y 19.391 afiliados más. Cataluña también registra un crecimiento notable, con 24.177 nuevos trabajadores, aunque su incremento relativo es menor (0,6%) debido a su mayor población. Andalucía, en cambio, lidera las pérdidas por el descenso en el empleo agrario, con una reducción de 34.236 afiliados (−0,97%).
La evolución del empleo acerca a España al objetivo simbólico de los 22 millones de afiliados. El 17 de junio se alcanzó un pico de 21.949.706 trabajadores, quedando a poco más de 51.000 de esa meta. Si se repite la evolución del año pasado, es probable que no se alcance en junio, pero sí podría lograrse con los datos de julio. No obstante, los meses estivales suelen reflejar cierto retroceso por la caída de la actividad en algunos sectores, como la educación.
El Ministerio de Seguridad Social destaca que el crecimiento del empleo entre abril y junio ha superado el del año pasado y también el promedio de los años 2017-2019, antes de la pandemia. Además, resalta un nuevo máximo histórico en la afiliación femenina: 10.329.106 mujeres afiliadas, un 47,3% del total y 215.579 más que hace un año.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha valorado los datos de forma positiva, señalando que se avanza en la dirección correcta, aunque ha insistido en la necesidad de seguir trabajando por un empleo de mayor calidad. En la misma línea, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado el buen comportamiento de los sectores con mayor valor añadido, lo que ha favorecido el aumento de las bases de cotización.
Por regímenes, el régimen general (asalariados) lidera el crecimiento, con un alza del 0,37% respecto a mayo y del 2,41% respecto al año anterior. El régimen de autónomos también crece, aunque a menor ritmo: un 0,21% mensual y un 1,04% interanual.
En cuanto al paro registrado, el mes de junio arroja también cifras positivas. Con 2.405.963 personas desempleadas, España alcanza el nivel más bajo para este mes desde 2008. La caída mensual es de 48.920 personas (−1,99%), una bajada más pronunciada que la de 2024 (−1,79%) y la de 2023 (−1,84%). Aunque el descenso absoluto de 2023 fue mayor (−50.268), el recorte relativo actual es superior debido a que el volumen total de parados es más bajo. En términos anuales, el paro se ha reducido en 155.104 personas.
Trabajo destaca especialmente la reducción del paro juvenil: en junio, 4.296 jóvenes menores de 25 años abandonaron las listas del desempleo, situando su número en 166.707, el nivel más bajo desde que existen registros.
Pese a estos avances, España sigue encabezando el ranking de desempleo en la Unión Europea. Según Eurostat, en abril la tasa de paro era del 10,9%, frente al 6,3% de la eurozona y al 5,9% del conjunto de la UE. Aunque se ha logrado una importante reducción desde el 27% de 2013 y el 16,3% registrado durante la pandemia, el país continúa arrastrando el estigma del liderazgo en desempleo en Europa.
El mercado laboral en España está a punto de alcanzar una cifra simbólica que suele ser utilizada como argumento político y titular mediático: los 22 millones de personas trabajando. Este hito parece inminente gracias al sólido comportamiento del empleo, que en los últimos años ha venido sumando alrededor de medio millón de nuevos puestos anuales. Las dos principales referencias que evalúan esta evolución -la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE y los datos de afiliación a la Seguridad Social- muestran una tendencia clara hacia esa meta.
En lo que respecta a la EPA, se espera que los 22 millones de ocupados se alcancen en la próxima publicación, prevista para el 24 de julio, que reflejará los datos del segundo trimestre de 2025. Al término del primer trimestre, el número de personas ocupadas se situaba en 21.765.400, lo que deja un margen de apenas 235.000 empleos. Dada la evolución histórica en los segundos trimestres -con incrementos de 434.700 empleos en 2024, 624.200 en 2023 y 333.800 en 2019- todo indica que esa cifra se superará con holgura.
El panorama es algo distinto en el caso de la afiliación a la Seguridad Social, que este miércoles hizo públicos sus datos de junio. A diferencia de la EPA, que se basa en encuestas y puede incluir perfiles laborales que no aparecen en los registros administrativos, la afiliación recoge datos directos, por lo que habitualmente muestra cifras ligeramente inferiores. Sin embargo, ambos indicadores se encuentran ahora bastante alineados, tras haber estado muy desajustados antes de la pandemia.
En junio, la afiliación media fue de 21.861.095 trabajadores, lo que deja la meta de los 22 millones a una distancia de 139.000 empleos. La afiliación diaria llegó a un máximo de 21.949.706 el 17 de junio, quedando a solo 51.000 del objetivo. A pesar de la cercanía, desde el Gobierno se mantiene la cautela. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, señaló que "hay que ser prudentes", advirtiendo de que la estacionalidad de julio ha cambiado: la estabilización del empleo y la menor temporalidad han reducido el impulso que tradicionalmente caracterizaba a ese mes.
Según el Gobierno, la reforma laboral, que ha reducido la temporalidad del 26% al 15%, ha llevado a muchas empresas a adelantar contrataciones a los meses de primavera, restando dinamismo a julio, pese al auge del turismo. A ello se suma el parón de actividad en sectores no turísticos durante los meses estivales, con ejemplos claros como el educativo, que solo entre mayo y junio perdió 56.592 empleos.
Los datos recientes también reflejan esta tendencia: en julio de 2024 se destruyeron 9.783 empleos, mientras que en 2023 se crearon 21.945. Ambas cifras están lejos de los 140.000 nuevos empleos necesarios para rebasar el umbral de los 22 millones en el promedio mensual. Incluso en 2019, antes de la pandemia, el aumento de afiliación en julio fue de solo 15.514 personas.
En cuanto a agosto, tampoco se prevé que sea el mes del récord, ya que habitualmente se caracteriza por una pérdida de empleo por el cierre temporal de muchas actividades. En 2023 se perdieron 193.704 empleos en ese mes, y en 2022, 185.385.
La siguiente oportunidad real para alcanzar el ansiado hito en la afiliación a la Seguridad Social podría llegar en diciembre, cuando la campaña navideña genera un repunte del empleo. Sin embargo, los datos históricos muestran que diciembre tiende a igualar, pero no superar, las cifras de empleo de junio o julio, por lo que alcanzar los 22 millones en ese mes también se presenta como una meta difícil.
Primera sentencia que reconoce el derecho a cobrar el permiso parental de ocho semanas para el cuidado de hijos menores de ocho años en el ámbito privado. Hasta ahora, ya se habían dictado al menos cuatro resoluciones similares, pero todas referidas a empleados del sector público. El Juzgado de lo Social número 1 de Barcelona ha dictado el 30 de junio un fallo en el que establece que las empresas privadas también están obligadas a abonar este permiso a sus trabajadores.
El caso se refiere a un empleado que solicitó a su empresa disfrutar de este permiso durante varias semanas de los meses de julio y agosto, sin obtener respuesta por parte de la compañía. Al tratarse de un derecho laboral, el Juzgado ha tramitado el procedimiento por vía urgente y ha fallado a favor del trabajador, reconociendo tanto su derecho a disfrutar del permiso como su carácter remunerado. "Interpretar lo contrario supondría ignorar un derecho reconocido a favor del trabajador", recoge la sentencia.
Este permiso fue introducido por el Gobierno mediante un Real Decreto-ley aprobado el 28 de junio de 2023, pero sin establecer su retribución. No obstante, la normativa europea sobre conciliación laboral y familiar exige que los Estados miembros aseguren su carácter remunerado antes del 2 de agosto de 2024, algo que España todavía no ha implementado.
El juez considera que la directiva comunitaria es clara, concreta y suficientemente detallada al señalar que el permiso debe ser pagado, y que el incumplimiento por parte del Estado español no puede perjudicar al trabajador. En su razonamiento, el tribunal recuerda que tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han confirmado que el principio de primacía del Derecho europeo obliga a los jueces a aplicar e interpretar las leyes nacionales de acuerdo con la normativa de la UE.
Por ello, con el objetivo de garantizar la efectividad de la directiva, el magistrado concluye que la falta de desarrollo normativo por parte del Estado no puede ser un obstáculo para la aplicación del derecho europeo.
El mercado laboral español arrastra un problema estructural que, aunque menos visible que su elevada tasa de paro, está íntimamente relacionado con ella: la altísima rotación de los puestos de trabajo. En tan solo tres meses, 1,3 millones de personas se han incorporado a un nuevo empleo, mientras que 1,1 millones han abandonado el suyo. Aunque el resultado neto es positivo en términos de creación de empleo, este movimiento constante afecta al 10,8% del total de ocupados, la mayor tasa de rotación de toda la Unión Europea y la única que supera el 10%.
A diferencia de las estadísticas tradicionales que miden los flujos entre empleo, desempleo e inactividad, este indicador, elaborado por Eurostat, pone el foco en la inestabilidad del empleo a corto plazo. En el caso español, el 5,8% de los trabajadores ocupaban un nuevo empleo en el trimestre analizado, una cifra inferior a la de países como Finlandia (6%) o Dinamarca (5,9%).
No obstante, un nuevo trabajador no implica necesariamente un nuevo puesto de trabajo creado. Puede tratarse de una persona que estaba en paro o inactiva, pero también de alguien que ha cambiado de empleo. La inmigración también juega un papel relevante, pues muchos trabajadores recién llegados al país no se contabilizan como desempleados previamente. Esta situación, similar a la de algunos países nórdicos, puede distorsionar los datos de rotación.
Lo que realmente distingue a España es el alto porcentaje de personas que dejan su empleo en ese mismo periodo: un 5% del total de ocupados, el más alto de la UE, y muy por encima de Finlandia (3,7%), Suecia (3,6%) y Francia (3,6%).
¿Abandonan estos trabajadores sus puestos por decisión propia o son víctimas de despidos o fin de contratos? Aunque Eurostat no lo detalla en este informe concreto, un estudio de 2023 reveló que en España el 81,6% de esas salidas respondían a motivos laborales como la finalización de contratos temporales, despidos o cierres de empresas. Aunque en países como Italia (89,9%), Hungría (88,6%) o Grecia (87,6%) este porcentaje es superior, en ellos la rotación es bastante menor.
Sumando los datos de incorporaciones y abandonos, España registra una tasa de rotación del 10,8%, encabezando el ranking europeo y siendo la única nación con una cifra de dos dígitos. Este nivel de rotación es comparable a su también elevada tasa de desempleo.
Una nota positiva es que esta volatilidad está disminuyendo, aunque lentamente. En el primer trimestre de 2025, la tasa fue del 10,8%, por debajo del 12% registrado en el mismo periodo de 2019. Curiosamente, durante 2020 y 2021, en plena pandemia, la rotación fue algo menor. Lo más significativo del dato actual es que, por primera vez, disminuyen tanto las entradas como las salidas, algo inédito en toda la serie histórica de Eurostat, que comienza en 2009.
En aquel año, marcado por la crisis económica, el 7,1% de los ocupados había perdido su empleo recientemente, frente a un 5,7% que había comenzado uno nuevo. Esta situación de pérdida neta de empleo se mantuvo hasta 2015, cuando las nuevas incorporaciones comenzaron a superar las salidas, una tendencia que, salvo durante la pandemia, se ha mantenido desde entonces.
A lo largo de la serie histórica, se observa un patrón claro: cuando disminuyen las incorporaciones, aumentan las salidas, y viceversa. Esto refleja que la creación neta de empleo solo se logra si las nuevas contrataciones superan a los abandonos. Pero en un mercado tan inestable como el español, esta dinámica genera un empleo frágil.
En países con baja tasa de paro, como Alemania, lo habitual es que las incorporaciones superen de forma consistente a las salidas, pero con escasas oscilaciones. Esto indica un mercado laboral estable, donde los trabajadores pueden cambiar de empleo sin generar un efecto negativo sobre la ocupación total. Por eso, crisis como la financiera o la del COVID-19 tuvieron efectos mucho menos graves en el mercado laboral alemán que en el español. En resumen, una rotación alta puede generar empleo, pero si no está acompañada de estabilidad, lo hace de forma muy vulnerable.
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