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(Expansión, 09-05-2025) | Laboral

Las futuras ayudas por los aranceles se condicionarán a mantener el empleo

El Gobierno logró finalmente ayer los apoyos necesarios para aprobar en el Congreso el Real Decreto-ley que destina 14.000 millones de euros a la financiación empresarial, con el fin de contrarrestar los efectos de la nueva ofensiva arancelaria impulsada por Donald Trump tras su regreso a la presidencia de Estados Unidos. La medida fue aprobada pese al voto en contra del PP, gracias a la abstención de Podemos y a los acuerdos alcanzados con ERC -a quien se le ha garantizado que cualquier ayuda futura relacionada con la guerra comercial estará vinculada al mantenimiento del empleo- y con Junts, que ha afirmado haber verificado que Cataluña será prioritaria en el reparto de los avales, al ser una de las regiones más afectadas por los aranceles. El Congreso de los Diputados ratificó así el Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, que establece medidas urgentes para hacer frente a la amenaza arancelaria y relanzar el comercio, con 176 votos a favor (de los partidos del Gobierno y sus aliados habituales), 169 en contra (PP y Vox) y cuatro abstenciones (Unidas Podemos). El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fue el encargado de presentar el texto, destacando que llevaba semanas negociando con los diferentes grupos parlamentarios para lograr el mayor consenso posible. Describió el paquete de medidas como "una primera capa" y un "punto de partida imprescindible" frente a los aranceles, subrayando que fue presentado apenas 12 horas después del anuncio de Trump. Además, se mostró dispuesto a seguir negociando nuevas medidas, invitando a todos los partidos a colaborar en la elaboración de futuras iniciativas en defensa de empresas y trabajadores afectados por esta nueva coyuntura internacional. Cuerpo también se comprometió a seguir atendiendo las necesidades del tejido empresarial ante esta crisis, destacando la creación de cinco grupos de trabajo centrados en sectores clave: agroalimentario, bienes de consumo, equipamiento y material eléctrico, productos industriales y los sectores químico y farmacéutico. Uno de los acuerdos clave para asegurar la validación del decreto fue el alcanzado con ERC, que exigió que cualquier futura ayuda pública directa quede sujeta a condiciones relacionadas con la protección del empleo. Así, tanto las posibles subvenciones a fondo perdido como los ajustes laborales dentro del Mecanismo RED (antiguos ERTE) estarán condicionados a que las empresas beneficiarias mantengan los puestos de trabajo y se comprometan a no trasladar su producción al extranjero. Asimismo, el Gobierno evaluará de manera periódica la situación para definir si son necesarias nuevas ayudas para las empresas o los trabajadores perjudicados por los aranceles.

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(Expansión, 09-05-2025) | Laboral

Las pymes elevan a 48.000 millones de euros el coste de la reducción de la jornada laboral

La propuesta del Gobierno para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, tendrá un impacto desigual entre los distintos sectores económicos. Según un reciente informe elaborado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), ciertos sectores asumirán la mayor parte del coste derivado de la medida, siendo más relevante la pérdida de valor añadido bruto que el coste salarial directo del recorte horario sin rebaja de sueldos. En concreto, Cepyme estima que el impacto salarial alcanzará los 13.873 millones de euros, mientras que la pérdida de producción o valor añadido se situaría en 33.842 millones, lo que eleva el coste total a 47.716 millones de euros. El texto acordado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos otorga cierta flexibilidad a las empresas para aplicar esta reducción. Entre las opciones posibles figuran ajustar la presencia de los trabajadores en determinadas franjas horarias, detener la actividad en momentos concretos de la semana o incluso alargar los periodos de vacaciones, en lugar de contratar nuevo personal para cubrir el recorte de horas. La norma contempla que la jornada ordinaria máxima será de 37,5 horas semanales de trabajo efectivo en promedio anual. No obstante, el efecto no será uniforme. Según Cepyme, tres sectores concentrarían la mitad del coste total: el comercio (10.987 millones), la industria (7.049 millones) y la hostelería (5.812 millones). Les seguirían en impacto las actividades científicas y técnicas (4.900 millones), las administrativas (4.316 millones), información y comunicaciones (2.878 millones), transporte (2.811 millones), sanidad (2.170 millones), agroganadería (2.070 millones) y construcción (1.551 millones). El número de empleados afectados y la magnitud del ajuste necesario para adaptarse al nuevo límite legal también varían por sector. Cepyme calcula que el 76% de los asalariados con convenio colectivo, es decir, unos 9,8 millones de personas, se verán impactados por la reducción. Pero el reto se amplía si se considera también a quienes están sujetos solo a contrato individual, sin convenio, lo que eleva la cifra total a unos 12 millones de trabajadores, según el Ministerio de Trabajo. En algunos sectores, más del 90% de los empleados con convenio verán reducida su jornada: actividades inmobiliarias (99,5%), hostelería (99%), agroganadería (96,8%), comercio (96,7%) e información y comunicaciones (90,3%). La carga también varía según el ajuste porcentual necesario. En la hostelería, la jornada deberá recortarse un 4,2%, seguida del comercio (4%), industrias extractivas (3,9%), actividades inmobiliarias e información y comunicaciones (3,8% en ambos casos), agroganadería (3,7%) y transporte (3,7%). Cepyme considera que en todos estos sectores el impacto será "muy negativo". La organización presidida por Gerardo Cuerva critica que se impulse esta reforma sin evaluar adecuadamente sus efectos sobre las pymes ni tener en cuenta las diferencias entre sectores y regiones. Recuerdan que la jornada laboral en España ya se ha ido reduciendo progresivamente desde las 40 horas semanales en 1983 hasta las actuales 38,3, principalmente gracias a la negociación colectiva. En este sentido, Cepyme subraya que dicha evolución ha sido fruto del consenso y de la capacidad de adaptación de cada sector, y no de una imposición legal generalizada.

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(El Periódico, 09-05-2025) | Laboral

Foment rechaza la creación de los patrulleros para prevenir accidentes laborales que plantea la Generalitat

Foment del Treball ha expresado su oposición al plan de choque contra la siniestralidad laboral presentado este lunes por el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper. La directora de relaciones laborales de la patronal, Yèsika Aguilar, ha criticado la propuesta de crear un equipo de técnicos de prevención que visiten, en parejas, las pymes catalanas en busca de deficiencias en materia de seguridad laboral. Según Foment, esta medida supone una duplicación de funciones respecto a la Inspección de Trabajo y podría generar inseguridad jurídica para las empresas. El plan, una de las escasas iniciativas laborales impulsadas por la conselleria en casi un año de legislatura, queda ahora en entredicho tras el rechazo de la principal organización empresarial catalana. Sàmper pretendía responder al aumento de accidentes mortales con una propuesta pactada con los agentes sociales, pero tras los primeros encuentros con sindicatos y patronales, ese consenso, que el Govern daba por hecho, parece poco probable. La creación de un cuerpo de delegados territoriales de prevención que acceda a empresas donde no hay presencia sindical es una vieja demanda, especialmente de UGT. No en vano, la actual directora de relaciones laborales de la Generalitat, Núria Gilgado, proviene de ese sindicato. El Govern presentó un plan de choque tras registrarse 101 muertes laborales en Cataluña en 2024. La única medida concreta anunciada hasta ahora es un programa piloto con doce técnicos de prevención que visitarán unas mil empresas durante el año. Se preveía que seis fueran propuestos por CCOO y UGT, y los otros seis por Foment y Pimec, de ahí la importancia del respaldo empresarial para su implementación. Foment no rechaza de plano el plan de choque, pero insiste en que los recursos disponibles deberían emplearse en medidas más eficaces y sin solapamientos. Propone, por ejemplo, reforzar la plantilla de la Inspección de Trabajo, aunque reconoce que este proceso depende del Gobierno central y es largo. Otra alternativa sería invertir en el Institut Català de Seguretat i Salut Laboral. El departamento de relaciones laborales de Foment presentó este jueves su informe trimestral sobre el mercado laboral. En él, también abordaron el impacto que está teniendo la incertidumbre sobre la reforma de la jornada laboral, cuyo proyecto de ley fue aprobado esta semana por el Consejo de Ministros y enviado al Congreso, aunque su futuro es incierto dada la oposición que enfrenta dentro y fuera del Parlamento. Foment ha sido especialmente activo en su rechazo a esta reforma, que propone reducir la jornada a 37,5 horas semanales para 2026, y ha intensificado sus contactos con los grupos políticos para frenar su avance. Tiene especial interés en Junts, partido que, por ahora, se ha comprometido con la patronal a votar en contra, aunque en Foment hay dudas sobre si finalmente cumplirán. A la espera de la resolución legislativa, la patronal ha advertido de que la inseguridad jurídica está afectando a las negociaciones de convenios colectivos. En Cataluña, en lo que va de año, se han firmado un 9,6% menos convenios que en el mismo periodo de 2023, y en el conjunto del Estado, un 6% menos. "La incertidumbre en la negociación colectiva está paralizando los acuerdos", ha resumido Aguilar. Foment mantiene que la reducción de jornada debe ser resultado del diálogo entre empleadores y trabajadores, no de una imposición legal. En su opinión, ya existe una evolución natural en ese sentido: más de un tercio de los asalariados catalanes trabajan 37,5 horas semanales o menos, y cerca del 90% tiene jornadas inferiores a las 40 horas legales. "El lugar adecuado para abordar la jornada laboral es la negociación colectiva, que tiene mecanismos para ordenarse", ha afirmado Luis Pérez, presidente de la comisión laboral de Foment. Los sindicatos, por su parte, difieren: UGT de Catalunya estima que, si se deja exclusivamente en manos de la negociación colectiva, se tardarían unos 30 años en alcanzar la jornada de 37,5 horas.

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(El País, 08-05-2025) | Laboral

El impacto económico del recorte de jornada: ¿tendrá un coste millonario para las empresas o mejorará su productividad?

La reducción de la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales sin merma salarial se está convirtiendo en un desafío para el Gobierno de coalición, especialmente para Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, quien ha hecho de esta reforma una prioridad legislativa. Aunque el Consejo de Ministros ya ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de ley pactado con los sindicatos y lo ha remitido al Congreso para su tramitación, persisten muchas dudas sobre su impacto económico real. Las principales patronales y algunos expertos académicos mantienen una fuerte oposición a la medida, argumentando que supondrá un incremento significativo de los costes para las empresas. Calculan que la reducción de jornada puede implicar un aumento de costes laborales de hasta 24.000 millones de euros, lo que podría traducirse en una desaceleración del crecimiento económico y de la creación de empleo, especialmente durante los dos primeros años de su aplicación. Según un análisis de BBVA Research, este recorte restaría entre seis y siete décimas al crecimiento del PIB anual y reduciría la creación de empleo en ocho décimas al año. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) eleva aún más esta estimación, situando el coste total de la medida en unos 48.000 millones de euros. Su estudio desglosa este impacto en dos partidas: una directa, de cerca de 13.900 millones, correspondiente a las horas que dejarán de trabajarse pero seguirán pagándose a unos 12,5 millones de empleados; y otra de unos 33.800 millones por la pérdida de valor añadido bruto asociada a la reducción de la jornada. El impacto no será homogéneo. Según diversos expertos, las pequeñas y medianas empresas serán las más afectadas, ya que muchas grandes compañías ya aplican jornadas más cortas mediante convenios propios. Esto también pone de relieve la necesidad de que durante el trámite parlamentario se incluyan ayudas específicas para pymes y autónomos, con el objetivo de recabar apoyos de grupos clave como el PNV o Junts. No obstante, las ayudas previstas, como bonificaciones para contratar hasta 65.000 nuevos trabajadores o subvenciones directas de hasta 6.000 euros para microempresas de sectores como comercio, hostelería o limpieza, solo cubrirían una pequeña parte del coste estimado por las empresas. Los efectos también variarán según el sector. Un informe del Ministerio de Trabajo identifica cuatro actividades especialmente impactadas: hostelería, información y comunicaciones, comercio y sector primario, donde más del 90% de los trabajadores supera actualmente las 38,5 horas semanales. En estos sectores, el recorte de jornada significará una reducción semanal de entre 97 y 112 minutos por trabajador. En el caso concreto del sector turístico, Exceltur ha calculado que la medida supondría una pérdida de 5,7 millones de horas laborales semanales, lo que se traduce en un coste adicional de 2.348 millones de euros anuales solo para las principales empresas del sector. Además, advierten de que más del 75% de estas horas no pueden compensarse mediante una reorganización del trabajo, lo que incrementará los costes laborales un 4,9% y reducirá beneficios.

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(El Periódico, 08-05-2025) | Laboral

Sordo (CCOO) estalla contra Junts por su veto a la reducción de jornada: "Hacen política jodiendo al personal"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha lanzado duras críticas contra Junts tras su anuncio de presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Esta postura de la formación catalana pone en peligro la que es una de las principales reformas laborales del actual Gobierno, impulsada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y acordada con los sindicatos. "Parece que su forma de hacer política pasa por fastidiar a la gente", expresó Sordo en una rueda de prensa este miércoles. CCOO se encuentra inmerso en los preparativos para su próximo congreso, que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de junio, y donde Sordo aspira a ser reelegido para un tercer mandato. La reducción de la jornada será una de las banderas principales del encuentro, especialmente ahora que el proyecto ha sido remitido por el Ejecutivo al Congreso, con la intención de que se apruebe antes de fin de año. En este contexto, Junts se posiciona como un actor clave, pues su voto puede decantar el resultado final. Si mantienen su rechazo, la aprobación de la ley se complicaría considerablemente. Sordo no ha escatimado en calificativos hacia el partido liderado por Carles Puigdemont, al que ha acusado de tener una línea ideológica en materia social propia de la "extrema derecha" y de actuar con un enfoque populista. Sin embargo, considera que esta actitud podría llevarles a rectificar, ya que, según ha dicho, "Junts es un partido de demagogos y les cuesta sostener posturas impopulares como oponerse a reducir la jornada laboral". El líder sindical confía en que la presión social a favor de la medida haga que Junts reconsidere su posición, tal como ocurrió en el pasado cuando votaron en contra del decreto que incluía la subida de las pensiones o las ayudas al transporte, y más adelante cambiaron su voto cuando el Gobierno presentó estas iniciativas por separado. "Parecen tener como estrategia hacer política a costa de perjudicar al ciudadano", reiteró Sordo. Desde CCOO han instado al Ejecutivo a abrir el diálogo con Junts para intentar alcanzar un acuerdo, aunque han advertido que no debe hacerse a cualquier precio. El sindicato insiste en que hay ciertos aspectos fundamentales que no deben sacrificarse en las negociaciones, como garantizar que la reducción de la jornada se aplique por ley a todos los trabajadores, no solo a quienes están amparados por un convenio colectivo, y reforzar el control del tiempo de trabajo mediante cambios en el registro horario.

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(El Economista, 08-05-2025) | Laboral

Díaz ultima la entrada de Pimec en tres organismos para atar el apoyo de Junts a la reducción de jornada

Tras remitir al Congreso el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, la ministra de Trabajo ha volcado todos sus esfuerzos en lograr un acuerdo rápido con Junts para evitar que presenten una enmienda a la totalidad que bloquee el debate parlamentario de la norma. En este contexto, la patronal catalana Pimec se ha convertido en un actor clave, al ser la única dispuesta a dialogar sobre posibles ajustes en la ley y por su cercanía con el entorno de Carles Puigdemont. Por ello, Yolanda Díaz ha acelerado el proceso para que esta organización se incorpore a tres órganos de diálogo social: el CES, el CESE y la comisión de convenios colectivos. Fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron, tras el Consejo de Ministros del martes, que la estrategia consiste en negociar con Junts una serie de medidas adicionales al texto ya pactado con los sindicatos CCOO y UGT. No sería la primera vez que la formación catalana cede a cambio de concesiones hacia la patronal catalana. Ya ocurrió el año pasado, durante la tramitación de la reforma del subsidio por desempleo, cuando Junts se atribuyó el mérito de haber logrado una mayor representación para Pimec en el Consejo Económico y Social (CES). De hecho, el Ministerio incluyó entonces una modificación legal, sin previo aviso a sindicatos ni empresarios, para forzar una redistribución de los escaños del grupo empresarial en el CES. Los consejeros de este órgano están en funciones desde enero y el mandato de su presidente, Antón Costas, concluye este mes, por lo que se espera que la entrada de Ferran Bel, el vocal propuesto por Pimec, se resuelva pronto. Paralelamente, Sumar intenta cerrar un nuevo acuerdo con Junts, lo que ha llevado a Trabajo a avanzar en otros compromisos pendientes. En cuanto al CESE -su homólogo a nivel europeo-, la situación también está abierta. Según adelantó elEconomista.es, el Ministerio ha retirado uno de los siete puestos asignados a CEOE-Cepyme, que, según fuentes empresariales, habría sido concedido a Pimec. Aunque Conpymes, la confederación nacional a la que pertenece Pimec, también había solicitado formar parte del consejo consultivo de la UE, diversas fuentes apuntan a que la beneficiada directa es la organización catalana. Asimismo, el departamento de Díaz activó hace casi un mes el proceso para que Pimec se incorpore a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC), dando a CEOE y Cepyme un plazo de diez días para acordar el reparto de los asientos. Sin embargo, desde las oficinas de Diego de León, sede de las patronales mayoritarias, se negaron a negociar con Pimec y ampliaron un recurso judicial ya en curso ante la Audiencia Nacional para frenar esta incorporación hasta que se resuelva la legalidad de la orden ministerial que detalla el nuevo reparto. Pese a que no ha habido avances formales, fuentes empresariales expresan su malestar porque el Gobierno siga adelante con estos cambios en plena campaña electoral de Cepyme y en medio de la discusión sobre la jornada laboral. Junts, que tiene presente esta batería de asuntos pendientes, recuerda con frecuencia a Yolanda Díaz sus compromisos durante los debates laborales en el Congreso, reflejando así el vínculo constante con Pimec. Hace apenas dos semanas, el presidente de la patronal catalana, Antoni Cañete, se reunió en Waterloo con Puigdemont para exponerle su oposición a la ley, aunque ese gesto fue interpretado desde el Ministerio como una apertura al diálogo. Desde Sumar creen posible alcanzar un entendimiento con Junts en relación con los puntos que Pimec considera problemáticos para las pymes. En un comunicado reciente, la patronal advertía del incremento en los costes laborales que conllevaría la reducción de jornada, por lo que reclamaba mecanismos de compensación como mayor flexibilidad para gestionar el tiempo de trabajo, más horas extra o un uso más amplio de la distribución irregular de la jornada. También señalaron las dificultades que implican para las pequeñas empresas las exigencias de desconexión digital y el control horario electrónico. Por eso, la estrategia del Gobierno pasa por superar el trámite de devolución del proyecto para poder presentar enmiendas que recojan estas inquietudes. En paralelo, Pimec también está organizando encuentros con otros grupos parlamentarios en Madrid. Mientras tanto, CEOE ha apostado por tumbar la ley mediante una enmienda a la totalidad y Foment del Treball llevaba meses asegurando que Junts votaría en contra. Sin embargo, a pesar de la postura crítica de Miriam Nogueras en público, fuentes del Ministerio confirman que los contactos con Junts se han intensificado en las últimas semanas, centrados de momento en los aspectos técnicos de la jornada laboral, aunque el tema de la representación de las pymes sigue abierto en la agenda gubernamental.

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(El Economista, 08-05-2025) | Laboral

El coste de extinguir un empleo cae un 20% tras la reforma laboral

El coste medio de las indemnizaciones por despido o finalización de contrato se situó en 7.196,65 euros al cierre del cuarto trimestre de 2024, lo que supone una caída del 19,9% en comparación con el mismo periodo de 2021, justo antes de que se aprobara y entrara en vigor la reforma laboral. Sin embargo, esta bajada no ha sido uniforme en todos los sectores: en actividades con alta demanda de personal y sueldos bajos, como el comercio y la hostelería, dicho coste ha aumentado. Si se comparan los datos con los del cuarto trimestre de 2019, antes del impacto de la pandemia, el descenso general es más moderado (un 6,6%), pero el aumento de las indemnizaciones en comercio y hostelería es mucho más notable: del 35,7% y 29%, respectivamente. Este comportamiento refleja que los efectos de la reforma laboral están condicionados por otros factores, como el incremento del salario mínimo, la inflación, los cambios en la fiscalidad o la escasez de mano de obra. Las cifras de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales (ETCL) muestran una evolución desigual que llega en un momento clave, en pleno debate sobre si las indemnizaciones por despido en España son adecuadas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo considera que despedir es "demasiado barato", y los sindicatos han conseguido que el Comité Europeo de Derechos Sociales critique el límite actual de 33 días por año trabajado, por no considerarlo suficientemente compensatorio ni disuasorio. Sin embargo, el Tribunal Supremo no comparte esta interpretación, lo que sitúa al Gobierno ante la necesidad de modificar la legislación. La estadística respalda la idea de que el coste medio de despedir se ha abaratado, en línea con los datos del Ministerio de Trabajo, aunque estos se publican con un año de desfase. Pero, ¿cómo se entiende que haya sectores en los que las indemnizaciones han aumentado? Los datos de la ETCL son claros: el coste medio de despido en el cuarto trimestre de 2024 es el segundo más bajo para ese periodo desde que se inició la serie histórica en 2008, solo por encima del de 2022, primer año con la reforma en vigor. Aunque en 2023 hubo una ligera recuperación, sigue estando por debajo de los niveles previos a la reforma laboral de 2012, que redujo las indemnizaciones por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado. Esto contrasta con el aumento de los costes salariales, que han subido un 12,7% desde 2021 y un 17,7% desde 2019, siendo estos salarios la base para calcular las indemnizaciones. Otro factor que debería haber elevado el coste medio es la caída en la proporción de contratos temporales entre los empleos que se destruyen. Esto se debe a que los datos del INE no solo reflejan despidos, sino también finalizaciones de contratos temporales, cuya compensación es de 12 días por año. Así, en sectores que antes dependían mucho de contratos temporales, la generalización de contratos indefinidos ha encarecido el coste de prescindir de trabajadores. Sin embargo, algunos estudios advierten que, en la práctica, los nuevos indefinidos siguen siendo despedidos con rapidez, lo que reduce la antigüedad acumulada y, con ella, la cuantía de la indemnización. Aun así, el cambio en la composición del empleo hace que la media aumente. También influyen los contratos fijos discontinuos. Aunque representan una parte menor del total, su rotación es más elevada: los trabajadores alternan periodos de trabajo e inactividad sin que se extinga su contrato, por lo que no reciben indemnización al cambiar de fase, salvo el pago de vacaciones pendientes.

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(El Economista, 08-05-2025) | Laboral

Los bufetes instan a los interinos con contratos abusivos a reclamar una indemnización antes del 13 de junio

El bufete Unive Abogados insta a los interinos que ya tienen plaza fija, pero que antes encadenaron contratos temporales de forma abusiva, a reclamar una indemnización antes del 13 de junio de este año. El despacho señala que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia del 13 de junio de 2024, determinó que la indemnización que fija la Ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público es inadecuada porque solo compensa a aquellos interinos que no superaron las pruebas para lograr plaza fija. Concretamente, la norma establece una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades a los interinos que no lograron plaza y fueron cesados al cubrirse el puesto que realizaban. "A diferencia de lo que muchos trabajadores públicos creen, el hecho de haber superado un proceso selectivo no extingue la posibilidad de reclamar una indemnización por el abuso de temporalidad previo. La sentencia europea no impone límites temporales respecto a cuándo se consolidó la plaza, por lo que el plazo de prescripción de un año comenzaría a contar desde la fecha de la sentencia: junio de 2024", indica el despacho. "Esto significa que el próximo 13 de junio de 2025 expira la posibilidad de reclamar para quienes aún no hayan interrumpido el plazo con una reclamación previa", añade. De momento, el Tribunal Supremo no reconoce ninguna indemnización por perjuicios a los interinos ni tampoco a aquellos que lograran plaza tras años de abuso, puesto que no figura en ninguna norma española. No obstante, el TJUE aún está pendiente de pronunciarse sobre dos cuestiones prejudiciales, una remitida por el propio Supremo y otra por el Juzgado de lo Social número 3 de Murcia, para que aclare si se puede hacer fijo a los interinos y personal laboral que sufrieron contratos temporales de forma abusiva y las indemnizaciones para compensarles.

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(Cinco Días, 07-05-2025) | Laboral

El Consejo de Ministros aprueba enviar la reducción de jornada al legislativo

El elemento central de la reforma propuesta por el Ministerio de Trabajo -acordada con los sindicatos y rechazada por las patronales- consiste en modificar el artículo 34.1 del Estatuto de los Trabajadores. Este artículo, vigente desde 1983, establece que la jornada laboral ordinaria no debe superar las 40 horas semanales de trabajo efectivo, calculadas en promedio anual. La nueva normativa busca reducir ese límite a 37,5 horas semanales, en cumplimiento del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar. No obstante, para que la medida entre en vigor, el Gobierno necesita apoyos parlamentarios que, por ahora, no están asegurados. Ante la oposición del Partido Popular -que argumenta que el respaldo sindical no se ve acompañado por el empresarial-, el éxito legislativo de la medida depende en gran parte del respaldo de Junts. Este grupo ha anunciado una enmienda a la totalidad y, este lunes, reiteró su rechazo al texto, al que califica como un "ataque directo a los autónomos y pequeñas y medianas empresas catalanas". Según su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, no se les ha ofrecido la posibilidad de negociar ningún aspecto del proyecto. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instado a los partidos a posicionarse: "La norma ya está en el Parlamento. El Gobierno ha cumplido. Ahora le corresponde al Congreso decidir". En su intervención, Díaz lanzó un mensaje directo al líder del PP: "¿Va a actuar el señor Feijóo para frenar esta reducción de jornada? ¿Está dispuesto a perjudicar al país?" También defendió el respaldo popular a la medida, señalando que incluso entre los votantes del PP, según una encuesta de 40dB. de enero de 2024, solo un 25% rechaza la iniciativa. Díaz ha reconocido que el Gobierno está dispuesto a negociar los plazos de aplicación de la reforma. La meta oficial es que para el 31 de diciembre de 2025 todos los asalariados trabajen un máximo de 37,5 horas semanales. "Nuestra prioridad es bajar la jornada laboral; los tiempos pueden ser objeto de negociación", ha afirmado. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha confirmado que llevan semanas manteniendo contactos para reunir apoyos suficientes en el Congreso. Según los cálculos de su departamento, la medida afectaría positivamente a unos 12,5 millones de asalariados. El PNV, aunque ha mostrado simpatía por la propuesta en ocasiones anteriores, no garantiza su apoyo. El partido vasco expresa preocupación por el impacto en las pequeñas y medianas empresas, así como por la falta de consenso con las patronales. Por su parte, partidos nacionalistas de izquierda han manifestado su respaldo, aunque advierten que podrían retirarlo si el texto final hace demasiadas concesiones a los intereses empresariales. Podemos, aunque considera que la medida se queda corta, ha declarado su intención de apoyarla como un avance positivo. Yolanda Díaz ha insistido en el valor social de la reforma: "Esta reducción permitirá que muchas personas puedan disfrutar más de su vida familiar. Hay trabajadores que apenas ven a sus hijos". También ha defendido la viabilidad económica de la medida, señalando que los márgenes empresariales permiten asumirla incluso en sectores como la hostelería, el comercio o el campo. Además, recordó que muchos empleados públicos ya trabajan menos de 40 horas semanales. La reforma también incluye cambios en el sistema de control horario. De aprobarse el texto, se eliminarán los registros en papel, que pasarán a ser digitales y accesibles para la Inspección de Trabajo. Además, se endurecerán las sanciones: las multas no se aplicarán por empresa, sino por cada trabajador con horas extra no remuneradas, lo que multiplicará su impacto. Asimismo, se refuerza el derecho a la desconexión digital. Pérez Rey explicó que el texto aprobado es el resultado del acuerdo con CCOO y UGT, con algunos ajustes tras el informe del Consejo Económico y Social. Estos cambios incluyen, entre otros, aclaraciones sobre la aplicación del registro horario, la reducción de jornada para empleadas del hogar y el tratamiento de las empresas sin convenio colectivo. Tras meses de negociaciones con los agentes sociales y después de un largo proceso de validación interna entre los ministerios de Economía y Trabajo, el anteproyecto se presentó oficialmente en diciembre. Fue aprobado por el Consejo de Ministros en primera lectura en febrero, y tres meses después ha vuelto a la mesa del Consejo antes de su tramitación parlamentaria.

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(Expansión, 07-05-2025) | Laboral

Indignación empresarial por la reducción de la jornada labora

Las principales organizaciones empresariales del país han manifestado su preocupación por las consecuencias especialmente perjudiciales que tendría la nueva ley de reducción de jornada laboral sobre las pymes y los trabajadores autónomos. Alertan de que esta medida representa una intromisión directa en la negociación colectiva, afectará negativamente a la creación de empleo, reducirá la productividad y aumentará los costes empresariales. Por ello, las empresas ya se están organizando para influir en el Congreso y tratar de frenar la aprobación de esta propuesta. El origen de este rechazo empresarial se remonta a las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales. Las patronales llevan más de un año reclamando al Ministerio de Trabajo, liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, un análisis profundo de las consecuencias que tendría reducir la jornada a 37,5 horas semanales. Argumentan que, sin un ajuste proporcional de los salarios, el coste laboral se incrementará notablemente, lo que podría comprometer la competitividad y la capacidad de generar empleo. Además, las pymes y los autónomos serían los más afectados, dado que cuentan con menos recursos para adaptarse a los cambios regulatorios. Así lo han hecho saber a EXPANSIÓN una decena de asociaciones empresariales consultadas, que expresan su rechazo tajante a la medida. También critican que uno de los efectos más graves es que la ley interfiere en los procesos de negociación colectiva, al establecer de forma unilateral un aspecto clave como es la jornada laboral, presente en más de 4.000 mesas de negociación entre empresas y sindicatos. Uno de los principales argumentos es el aumento de los costes laborales, que según Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, podría ascender a 23.000 millones de euros. Gerardo Cuerva, al frente de Cepyme, sostiene que esta medida sería "devastadora" para las pymes, sobre todo en sectores como el comercio, la hostelería y la agricultura. Por su parte, Lorenzo Amor, presidente de ATA, advierte que esta iniciativa podría suponer el cierre de pequeñas empresas y autónomos con empleados, quienes deberán asumir el mayor coste por tener jornadas más cercanas a las 40 horas. Antoni Cañete, presidente de Pimec, también se suma a las críticas y asegura que la medida, tal como está redactada, podría poner en riesgo la supervivencia de muchas pymes y, por lo tanto, no debería aprobarse en su forma actual. Uno de los efectos secundarios que se menciona menos es el aumento de precios, según Antonio Barderas, director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (Amef). Este incremento en los costes se trasladaría a los precios de productos y servicios, lo que elevaría el coste de vida y empobrecería a la población. Barderas califica la medida de "irresponsable" y sin fundamentos económicos sólidos, y la considera una injerencia injustificada del Ejecutivo en la negociación colectiva. Matilde García Duarte, presidenta de La Distribución, advierte que sin una mejora previa de la productividad, la reducción de jornada podría traducirse a largo plazo en estancamiento salarial. Un diagnóstico que comparte Miguel Garrido, presidente de CEIM, quien subraya que en un país con la mayor tasa de desempleo de Europa, el Gobierno debería centrarse en aumentar la productividad en lugar de imponer cargas a las empresas. Acusa al Ejecutivo de legislar con fines políticos sin valorar el impacto real de sus decisiones. Francisco Aranda, presidente de UNO Logística, advierte que aplicar estas medidas sin tener en cuenta las diferencias estructurales entre sectores llevará al cierre de muchas empresas, reducirá los contratos indefinidos a tiempo completo y dificultará futuras subidas salariales. Finalmente, Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC, señala que esta reforma limitará la flexibilidad en la organización del trabajo, y que en sectores como la construcción, donde ya escasea la mano de obra, la situación se agravará. Por ello, insiste en la importancia de mantener mecanismos voluntarios como las horas extras, que en Europa suelen regularse a través de la negociación colectiva, y considera que la rigidez del texto actual solo empeorará los problemas laborales existentes.

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