(El País, 04-09-2025) | Laboral
El desplome laboral de la educación no reglada: las academias despiden a un 38% de sus trabajadores en verano
Cuando se habla de estacionalidad en el empleo, lo habitual es pensar en la agricultura o el turismo: sectores de largas jornadas, bajos salarios y poca cualificación. La situación contrasta con la educación, donde las jornadas son más cortas, los sueldos están por encima de la media y la mayoría de empleados tienen estudios superiores. Aun así, la enseñanza comparte con el campo y la hostelería una gran volatilidad en el empleo a lo largo del año. Entre abril y agosto, el sector educativo perdió 254.154 trabajadores, un 19% del total, según los últimos datos de la Seguridad Social. El mayor impacto se da en la educación privada no reglada -academias, escuelas de música o idiomas-, que concentró cuatro de cada diez bajas, lo que supuso 149.500 empleos menos en ese periodo. Por tipo de centro, la caída más fuerte, tanto en cifras absolutas como relativas, se da en la enseñanza no reglada. La educación privada también sufre una reducción importante: 25.549 empleos menos, un 20%. La enseñanza pública pierde 72.757 afiliados (-11%) y los centros concertados restan 6.348 (-4,4%). Estos descensos son similares a los de años anteriores y provocan el malestar de los sindicatos, que denuncian especialmente la precariedad en la educación no reglada, agravada desde que los exámenes de recuperación se adelantaron de septiembre a junio. Si se analiza el peso de cada tipo de centro, la contracción resulta aún más llamativa: aunque en abril los centros no reglados representaban el 30% de los afiliados del sector educativo, ellos solos concentran el 59% de la pérdida de empleos hasta agosto. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, reconoció este lunes que, aunque los datos generales son positivos, aún hay aspectos mejorables en el ámbito educativo. Destacó, no obstante, que la mayoría de estos trabajadores son ahora fijos discontinuos gracias a la reforma laboral, lo que les permite reincorporarse tras el parón estival. Los registros muestran que, de los 393.540 empleados en la enseñanza no reglada en abril, un 54% eran indefinidos a tiempo completo y un 35% fijos discontinuos. Es este último grupo el que prácticamente desaparece en verano: pierde el 89% de los puestos, mientras que los indefinidos apenas retroceden un 3%. El uso del contrato fijo discontinuo en la enseñanza no reglada no se replica con la misma intensidad en el resto de centros educativos, donde la jurisprudencia limita su aplicación. Así, es posible aplicarlo al personal de comedor, pero no a docentes. Según los datos, solo el 14% de los trabajadores de colegios privados son fijos discontinuos, frente al 0,4% en los públicos y el 0,1% en los concertados. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, advirtió de que la Inspección de Trabajo vigila de cerca estas prácticas: "Es inaceptable que realidades similares en educación se atiendan con contratos distintos". Añadió que en julio se convirtieron 722 contratos en indefinidos al no estar justificada su temporalidad, y recalcó que la reforma laboral eliminó el contrato por obra y servicio, garantizando que, con contrato fijo ordinario o discontinuo, los trabajadores vuelvan a su puesto con el inicio del curso. Pese a la caída estival, el número de empleados en educación se recupera tras las vacaciones y, además, muestra un crecimiento sostenido: desde 2019, los ocupados en el sector han aumentado un 34%, más del doble que el conjunto del empleo (14%). Aun así, los sindicatos denuncian que, aunque el fijo discontinuo ofrece mayor estabilidad que la contratación temporal anterior, no compensa la pérdida de ingresos durante los meses sin actividad. Por otra parte, los responsables de Trabajo y Seguridad Social señalaron otro foco de precariedad: la elevada bolsa de interinos en la enseñanza pública. Entre abril y agosto, el número de interinos pasó de 167.495 a 123.149, un descenso del 26%, lo que explica buena parte de la caída del empleo en este ámbito. Suárez subrayó que se trata de un problema que corresponde a las administraciones autonómicas resolver, una idea en la que también insistió Pérez Rey.
LEER MÁS