(El Economista, 19-04-2024) | Laboral

La Comisión Europea está elaborando una nueva directiva para mejorar las condiciones de los becarios y prevenir la disfraz de puestos de trabajo como prácticas, que los Estados miembros deberán incorporar a su legislación nacional en un plazo máximo de dos años desde su aprobación. Bruselas instará a las autoridades a intensificar "los controles e inspecciones" para evitar que las empresas utilicen a los becarios como trabajadores regulares. Para ello, exigirá que las autoridades dispongan de suficiente personal y recursos técnicos para llevar a cabo estas inspecciones y que impongan sanciones a las empresas que infrinjan las nuevas condiciones para los becarios establecidas en la directiva.

El Gobierno negoció un Estatuto del Becario con los sindicatos durante la legislatura anterior con el objetivo de mejorar las condiciones de estos trabajadores en prácticas. Sin embargo, esta iniciativa no llegó a ver la luz después de las elecciones. Ahora, el Gobierno tendrá que adaptarse a las nuevas exigencias de la Unión Europea.

Según la nueva directiva, los becarios no podrán recibir un trato menos favorable, ni en sus condiciones de trabajo ni en su remuneración, en comparación con los empleados de la empresa, a menos que existan razones objetivas para ello, como tareas diferentes, menos responsabilidad o tareas específicas de aprendizaje y entrenamiento.

La mayor parte de la propuesta de directiva se centra en supervisar y prevenir las relaciones laborales encubiertas bajo la apariencia de prácticas. La responsabilidad de destapar estas situaciones recae en la Administración, en el caso español, en la Inspección de Trabajo, que deberá evaluar si realmente existe un componente formativo, si la duración de las prácticas es excesiva, si las tareas realizadas son similares a las de un empleado regular, si la empresa exige experiencia previa antes de contratar y si hay un número desproporcionado de becarios en la compañía.

Para llevar a cabo estas evaluaciones, la inspección solicitará a las empresas información detallada sobre el número y la duración de los periodos de prácticas, las condiciones de trabajo y salarios, la descripción del plan de aprendizaje y formación, así como los anuncios de vacantes para prácticas. Los Estados miembros deberán establecer límites en el tiempo que un becario puede realizar prácticas con el mismo empleador.

El Gobierno también deberá establecer un mecanismo de denuncia para que los becarios puedan informar sobre cualquier discriminación o trato no conforme con la directiva. Además, los sindicatos podrán iniciar procedimientos administrativos y judiciales para proteger los derechos de estos aprendices.

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