(El País, 03-12-2025) | Laboral
El Ministerio de Trabajo ha dado un paso adelante en la elaboración de una normativa que aborda este tipo de situaciones. El departamento dirigido por Yolanda Díaz sometió este martes a audiencia pública un anteproyecto de ley que busca garantizar la protección de los empleados de estas compañías, de modo que quienes denuncien prácticas corruptas queden a salvo de represalias y no puedan ser despedidos por ello. Los ceses motivados por estas denuncias pasarían a considerarse nulos.
La iniciativa de Díaz implicaría modificar varios artículos del Estatuto de los Trabajadores, la norma fundamental que regula las relaciones laborales en España. En esencia, en distintos apartados que ya contemplan escenarios de protección para el empleado, se añade que dicha cobertura debe extenderse a "las personas trabajadoras que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción".
Entre los cambios propuestos figura una reforma del artículo 4, que recoge los derechos básicos de los trabajadores. Si el proyecto prospera, el Estatuto incorporaría expresamente que el empleado no podrá ser discriminado -además de por las causas ya previstas, como estado civil, edad, origen, creencias, ideas políticas o identidad sexual- tampoco por "una revelación o comunicación de información conforme a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción".
La referencia a esta ley de 2023 es constante en el texto impulsado por Trabajo. Dicha norma incorporó al ordenamiento español la directiva europea en la materia y ya obliga a las empresas, entre otras medidas, a habilitar canales de denuncia anónimos. El anteproyecto ahora presentado profundizaría en estas garantías y ampliaría su alcance, dado que afectaría a todas las empresas, sin limitarse a las que cuenten con más de 50 trabajadores como ocurre en la ley vigente.
La propuesta estrella del Ministerio consiste en que la extinción del contrato o el despido del trabajador sea declarado nulo cuando esté relacionado con la revelación de irregularidades internas. Esto se aplicaría también a los periodos de prueba: la ruptura del contrato en ese tiempo sería "nula" si responde a la comunicación de prácticas corruptas en la empresa.
En coherencia con este enfoque, el borrador también prohíbe expresamente "las órdenes de discriminar y las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable o represalias" como respuesta a reclamaciones internas o acciones administrativas o judiciales destinadas a exigir igualdad de trato, así como a la presentación de información relevante sobre infracciones.
El preámbulo del anteproyecto subraya que es necesario "reforzar las garantías de indemnidad de la persona informante en el ámbito laboral", y sostiene que el sistema perdería eficacia si la única consecuencia ante un despido injustificado fuera la indemnización por improcedencia. Es decir, Trabajo entiende que esta reforma serviría para proteger realmente a quienes denuncien irregularidades y evitar que la reacción automática ante un aviso de corrupción sea la expulsión del denunciante con la indemnización máxima.
Díaz ya había adelantado en octubre su intención de acelerar esta reforma. "Vamos a hacer una reforma integral del despido para evitar las represalias ante denuncias de corrupción. Espero contar con el apoyo del PP, que está tan preocupado por la corrupción", afirmó en el Senado en respuesta a una pregunta del principal partido de la oposición.
Al tratarse de un anteproyecto de ley, su aprobación requiere el respaldo de la mayoría parlamentaria. El último intento de Trabajo por modificar el Estatuto -la reducción de la jornada semanal de 40 horas a 37,5- no salió adelante por el rechazo de PP, Vox y Junts. Aunque el grupo catalán apoyó la investidura de Pedro Sánchez, rompió el acuerdo hace un mes tras consultar a su militancia alegando varios "incumplimientos". Este martes, el presidente intentó acercar posiciones mediante algunas de las medidas comprometidas, pero Junts mantuvo su escepticismo.