(La Vanguardia, 03-12-2025) | Laboral
El Gobierno ha aprobado este martes, en el Consejo de Ministros, un real decreto-ley que incorpora la subida salarial pactada la semana pasada con los sindicatos UGT y CSIF para los empleados públicos. Tal y como ha explicado el ministro de Función Pública, Óscar López, la norma autoriza el incremento retributivo del 2,5% correspondiente a 2025 -que algunos trabajadores cobrarán con efectos retroactivos antes de final de año- y también activa ya la subida fija del 1,5% prevista para 2026. En conjunto, supone un aumento del 4% aplicado en apenas dos meses.
Los ministerios de Función Pública y Hacienda aceleraron las negociaciones para que una parte del personal pudiera recibir en diciembre el pago retroactivo vinculado a 2025. Dado que las nóminas se cierran alrededor del 10 de diciembre, el Ejecutivo ha garantizado que los empleados de la Administración General del Estado (AGE) percibirán la subida correspondiente a 2025 a finales de este mes, junto con la paga extra. Además, un mes después recibirán la actualización salarial de 2026, evitando así los retrasos que ocurrieron en años anteriores. Un ejemplo: el 0,5% variable de 2024 se aprobó en julio de 2025.
Según López, el acuerdo alcanzado con UGT y CSIF -al que, por ahora, CCOO no se ha adherido- es extensible a todas las administraciones públicas, incluidas las autonómicas y municipales, que deberán determinar cómo aplican el pago. Esto significa que el calendario real de cobro para los casi 3,5 millones de empleados públicos variará en función de cada territorio. "Hay administraciones que harán un único abono en diciembre, como la AGE, y otras pactarán con los sindicatos la forma de pago, pero el acuerdo es vinculante para todas", ha señalado el ministro.
El pacto salarial contempla un incremento acumulado del 11% entre 2025 y 2028, que podría llegar al 11,4% si se incluye el efecto de arrastre. La subida se reparte en un 2,5% para 2025; un 2% en 2026; un 4,5% en 2027 y otro 2% en 2028. En el caso de 2026, el alza será de un 1,5% fijo más un 0,5% variable, que se aplicará si la inflación supera ese 1,5%. Este componente variable se abonaría en 2027 para asegurar el cumplimiento de la regla de gasto.
El propósito de esta senda salarial hasta 2028 es evitar que los empleados públicos continúen perdiendo poder adquisitivo. Con esta fórmula, sus remuneraciones crecerán algo menos de tres puntos por encima de los precios en el periodo, aunque todavía no compensarán totalmente lo erosionado por la inflación en los últimos años. El acuerdo marco de 2022 fijaba una subida acumulada del 9,5% (9,8% con efecto de arrastre), claramente insuficiente frente al aumento del 15,3% registrado por la inflación entre 2021 y 2024.
Según cálculos de UGT, sumando el salario base y los complementos de destino -sin incluir complementos específicos ni trienios-, la subida de 2025 supondrá un aumento anual de entre 767,6 euros para los funcionarios del grupo A1 y 333,2 euros para el grupo E. Si se añade la subida completa prevista para 2026, en 2027 las mejoras acumuladas ascenderían a entre 2.841,7 euros y 1.233,4 euros anuales, según el grupo profesional.
El acuerdo de diálogo social incorpora también otras mejoras, como el compromiso del Gobierno de revisar en 2026 los complementos de residencia e insularidad en Canarias y Baleares. Aunque el texto definitivo aún no se ha publicado, los sindicatos aseguran que incluye además refuerzos de plantilla -especialmente en los puestos de atención al público-, la eliminación progresiva de la tasa de reposición y una agilización de los procesos de selección y promoción interna.