(El Economista, 01-12-2025) | Laboral
"La salud mental no es responsabilidad de las empresas ni guarda relación con los riesgos psicosociales", afirmó de manera tajante la representante de la CEOE, Rosa Santos, apenas dos días después de que el Ministerio de Trabajo diera por concluida la negociación para reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y pactara los últimos aspectos del texto únicamente con los sindicatos. Tras un largo periodo de silencio, la patronal toma distancia públicamente del Gobierno y de las organizaciones sindicales, que vinculan las condiciones laborales con el incremento de las bajas por motivos de salud mental.
En 2024 se contabilizaron 416.239 procesos de incapacidad temporal asociados a trastornos como la ansiedad o la depresión. Esto supone un aumento del 13,02% respecto a 2023 y del 86,72% en comparación con 2018, antes de la pandemia, según datos de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. En términos relativos, la incidencia mensual por cada 1.000 trabajadores creció un 9,9% en el último año, hasta situarse en el 2,29, y se ha disparado un 67% en seis años, reflejando también un creciente impacto económico.
Las empresas afrontan el coste de la prestación entre el cuarto y el decimoquinto día de la baja -de acuerdo con la Ley General de la Seguridad Social-, además de los complementos salariales pactados en convenio desde el primer día y las cotizaciones sociales durante todo el periodo de ausencia. Sumando estos componentes, las mutuas calculan que en 2024 las bajas por trastornos de salud mental costaron a las empresas 3.177 millones de euros, un 22,8% más que en 2023 y un 132% más que en 2018.
Estudios publicados por la Universidad de Valencia a comienzos del otoño ya alertaban del repunte de las incapacidades temporales derivadas de estas patologías. Actualmente, constituyen la segunda causa de absentismo laboral, solo por detrás de las algias (dolores lumbares, dorsales o cervicales). Tanto la universidad como la mutua Umivale advirtieron en septiembre del "grave problema" que representa la salud mental, subrayando el aumento tanto en el número de casos como en la incidencia, con cifras que coinciden con las difundidas posteriormente por las mutuas.
La representante de la CEOE expuso esta postura en un coloquio celebrado el viernes con motivo del décimo aniversario de ADiReLab. Por su parte, la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, lamentó que no se hubiera alcanzado un acuerdo en materia de prevención que permitiera centrar la atención en la salud mental, los riesgos derivados del cambio climático o el impacto de los avances tecnológicos. Ruiz recordó que la encuesta europea OSH Pulse 2025 señalaba que el 29% de los trabajadores identificaba el estrés, la ansiedad o la depresión como los problemas de salud laboral más habituales.
La sindicalista reprochó a CEOE y Cepyme haber cambiado su postura respecto a 2023, cuando todas las partes firmaron la Estrategia de Prevención de Riesgos a cinco años, y criticó que ahora sostengan que los riesgos psicosociales no están vinculados a las condiciones de trabajo. La portavoz de la patronal respondió matizando que, en su opinión, no existe una relación directa entre el empleo y los trastornos de salud mental.
El Ministerio de Seguridad Social también aborda esta cuestión desde principios de año en la mesa de diálogo social, con el propósito de pactar medidas ante el aumento de bajas. Sin embargo, hasta la fecha ninguna propuesta ha logrado consenso. El borrador más reciente, remitido por Elma Saiz y al que tuvo acceso elEconomista.es, planteaba una reincorporación progresiva para bajas de larga duración, devolver a las mutuas la capacidad de emitir el alta en procesos que superen los doce meses y exigir a los médicos que detallen qué tareas no puede realizar una persona con pluriempleo.
Pese al interés de todas las partes, esta mesa no se reúne desde hace meses. El consenso en torno a la necesidad de abordar el problema se remonta al AENC de 2022 y cristalizó parcialmente en el acuerdo de pensiones de 2023, cuando se amplió el papel de las mutuas en la gestión de pruebas y tratamientos de bajas por lesiones físicas no laborales. La CEOE buscaba extender esta competencia a todas las contingencias comunes -incluidas las de salud mental-, pero los sindicatos rechazaron firmemente esta propuesta, una discrepancia que aún persiste.
Paralelamente, el Gobierno ha iniciado los trámites para que trastornos como la ansiedad o la depresión puedan reconocerse como enfermedades de origen laboral. El Congreso instó al Ejecutivo a actualizar el catálogo de enfermedades profesionales tras una iniciativa del PSOE que salió adelante pese al voto en contra de PP y Vox. Seguridad Social se comprometió a llevar esta revisión al Pacto de Toledo y al diálogo social. Incorporar trastornos como la ansiedad o la depresión a este listado establecería su vinculación directa con el trabajo y facilitaría que las mutuas asumieran más procesos relacionados con la salud mental.