Noticias

(El País, 17-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros el plan estatal de vivienda dotado con 7.000 millones de euros

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció este jueves que su departamento llevará al próximo Consejo de Ministros la aprobación definitiva del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con una inversión histórica de 7.000 millones de euros. Esta decisión llega tras varios meses de diálogo con distintas administraciones, especialmente con las comunidades autónomas, que han realizado aportaciones desde la presentación inicial del plan en septiembre de 2025. El objetivo principal de este programa para los próximos años es hacer frente a las dificultades de acceso a la vivienda que afectan a miles de ciudadanos, mediante el refuerzo del parque público. Para ello, el nuevo plan triplica los recursos respecto a ediciones anteriores, con el propósito de consolidar la vivienda pública como una solución estructural. La aprobación definitiva se producirá con cierto retraso respecto a los plazos previstos inicialmente, ya que el ministerio contemplaba sacarlo adelante antes de finalizar 2025. En cuanto a la financiación, el Estado asumirá el 60% del presupuesto, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante. Una de las condiciones destacadas es que las viviendas construidas bajo este plan mantendrán de forma permanente su carácter protegido. El reparto de los fondos establece que un 40% se destinará a la construcción o adquisición de vivienda protegida, mientras que un 30% se dedicará a la rehabilitación, con especial atención a la eficiencia energética, la accesibilidad y la regeneración urbana. El objetivo es mejorar y actualizar el parque ya existente. Además, se incrementarán las ayudas en casos de rehabilitación en zonas con valor patrimonial o cuando se trate de viviendas vacías que se incorporen al mercado de alquiler asequible. El 30% restante se orientará a facilitar la emancipación de los jóvenes, mediante ayudas al alquiler, programas de alquiler con opción a compra de hasta 30.000 euros para viviendas protegidas de carácter permanente, y subvenciones de más de 10.800 euros para la adquisición de vivienda en municipios con riesgo de despoblación. Rodríguez hizo este anuncio durante unas jornadas sobre el medio rural celebradas en Pozuelo de Calatrava, donde también detalló medidas específicas para estas zonas. Entre ellas, ayudas de hasta 8.000 euros para intervenciones estructurales y hasta 20.500 euros para actuaciones de rehabilitación energética. Además, se prevén subvenciones de hasta 85.000 euros destinadas a la construcción de vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes, que podrán destinarse también a la venta.

LEER MÁS

(El País, 17-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El límite del 2% a las subidas de los alquileres ahorrará hasta 658 euros a los inquilinos

El real decreto que permite a los inquilinos cuyos contratos de alquiler finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 solicitar una prórroga de dos años mediante el envío de un burofax a sus propietarios será sometido a votación el próximo 28 de abril. Además de esta medida extraordinaria, la norma, en vigor desde el 22 de marzo, incluye un límite del 2% en la actualización anual de las rentas. En el contexto actual, marcado por el repunte de la inflación derivado de la guerra en Irán, este tope podría traducirse en un ahorro acumulado de hasta 658 euros en dos años para los inquilinos, según un informe elaborado por Sumar. El principal objetivo de esta normativa, aprobada hace unas semanas por el Gobierno, es prolongar las condiciones actuales de los contratos de alquiler durante dos años como parte de un paquete de medidas para mitigar el impacto económico del conflicto. En un primer momento, el Ministerio de Consumo estimó que cerca de un millón de hogares podrían beneficiarse de esta prórroga, dado que muchos contratos firmados durante la pandemia están próximos a su vencimiento, teniendo en cuenta que suelen tener una duración de cinco años. No obstante, esta cifra es orientativa, ya que no contempla situaciones como contratos que se rescindieron antes de tiempo o aquellos firmados con grandes propietarios, cuya duración puede ser de siete años y, por tanto, quedarían fuera del ámbito de aplicación de la norma. El análisis de Sumar se centra en el efecto económico de limitar las subidas al 2%, tomando como referencia los contratos vigentes cuya actualización depende del IPC, a diferencia de los nuevos acuerdos regulados por el índice de referencia de arrendamientos. A partir de las previsiones del Banco de España para 2026 y 2027, el informe calcula distintos escenarios de ahorro. En un contexto desfavorable, con una inflación del 3,9% en 2026 y del 2% en 2027, el alquiler medio podría alcanzar los 623 euros mensuales el primer año y acercarse a los 636 euros el segundo. Con el límite del 2%, el ahorro sería de unos 11 euros al mes en 2026 y cerca de 12 euros en 2027, lo que sumaría unos 276 euros en total. Si la inflación fuese algo más moderada, con un 3% en 2026 y un 2,5% en 2027, el ahorro acumulado rondaría los 182,5 euros. En cambio, en un escenario más negativo, con incrementos del 5,9% y del 3,2% respectivamente, el beneficio para los inquilinos podría alcanzar los 658 euros. El informe también destaca que estos ahorros serían mayores en las zonas donde el mercado del alquiler está más tensionado. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el límite del 2% supondría un ahorro de 364, 240 o hasta 867 euros según el escenario. En Cataluña, las cifras serían de 331, 219 y 790 euros, respectivamente. Desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado, Sumar ha intentado negociar apoyos con los partidos contrarios a su validación. Por el momento, la medida no cuenta con respaldo suficiente en el Parlamento, ya que PP, Vox, UPN y Junts han manifestado su rechazo, lo que podría llevar a su derogación. Aun así, el Gobierno ha señalado que, incluso si la norma no prospera, los inquilinos que hayan solicitado la prórroga durante su vigencia podrían mantener ese derecho. Sin embargo, esta interpretación no está exenta de dudas jurídicas.

LEER MÁS

(El Confidencial, 17-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación de la eurozona salta a máximos desde 2024 por la guerra de Irán

La inflación interanual en la zona euro alcanzó el 2,6% en marzo, lo que supone un aumento de siete décimas respecto al 1,9% registrado en febrero y una décima más de lo previsto inicialmente. Se trata del mayor repunte del coste de la vida en la región desde julio de 2024, impulsado principalmente por el encarecimiento de la energía tras el inicio de la guerra en Irán, según los datos revisados de Eurostat. Este incremento de siete décimas coincide con uno de los mayores saltos recientes de los precios, comparable al registrado en octubre de 2022, cuando el conflicto en Ucrania provocó una fuerte subida de los combustibles. En el conjunto de la Unión Europea, la inflación también se aceleró, situándose en el 2,8% en marzo frente al 2,1% del mes anterior, lo que supone el mayor aumento entre los Veintisiete desde enero de 2025. Los datos reflejan que este repunte está directamente relacionado con el impacto del conflicto en Oriente Próximo y las tensiones en el estrecho de Ormuz, que han elevado el precio de la energía un 5,1% interanual, frente a la caída del 3,1% registrada en febrero. Por su parte, los alimentos frescos subieron un 4,2%, ligeramente por debajo del mes anterior. En cuanto a otros componentes, los bienes industriales no energéticos aumentaron un 0,5% interanual, dos décimas menos que en febrero, mientras que los servicios registraron un encarecimiento del 3,2%, también inferior al 3,4% del mes previo. Si se excluye la energía, la inflación se situó en el 2,3%, una décima menos que en febrero. La inflación subyacente, que además elimina del cálculo los precios de los alimentos, el alcohol y el tabaco, también se redujo ligeramente, quedando en el 2,3%. En España, la inflación armonizada subió hasta el 3,4% interanual en marzo, lo que supone una diferencia de ocho décimas por encima de la media de la zona euro. Por países, las tasas más bajas se registraron en Dinamarca (1%) y en República Checa, Chipre y Suecia (1,5% en todos los casos), mientras que los mayores incrementos de precios se observaron en Rumanía (9%), Croacia (4,6%) y Lituania (4,4%).

LEER MÁS

(El País, 16-04-2026) | Fiscal

La Airef recorta el crecimiento económico y alerta de un alza de la inflación y el déficit por la guerra en Oriente Próximo

La incertidumbre derivada de la guerra en Oriente Próximo y su impacto en los mercados energéticos sigue afectando a las previsiones sobre la economía española. En este contexto de elevada volatilidad, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha revisado sus estimaciones para 2026, advirtiendo de que los riesgos geopolíticos pueden traducirse en menor crecimiento, mayor inflación y un incremento del déficit público. El organismo ha reducido ligeramente su previsión de crecimiento del PIB hasta el 2,3%, una décima menos que en su anterior cálculo. Al mismo tiempo, ha elevado de forma notable la estimación de inflación, que alcanzaría el 3,2% en el conjunto del año, y sitúa el déficit público en el 2,6%, lo que supondría su primer repunte desde la salida de la crisis provocada por la pandemia. Estas previsiones forman parte del informe sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas para 2026, presentado por la Airef, actualmente presidida por Inés Olóndriz. El organismo advierte de que España no cumplirá los objetivos de gasto establecidos en su plan fiscal y que el déficit será superior al previsto, en gran medida por las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la situación económica y a episodios climáticos recientes. Según Olóndriz, el margen fiscal del país es limitado, lo que obliga a vigilar de cerca esta evolución. El déficit proyectado supone un aumento respecto a 2025, cuando se situó en el 2,4% del PIB, y también supera las estimaciones anteriores de la propia Airef. Este deterioro se explica principalmente por el coste de las medidas extraordinarias adoptadas ante el contexto internacional y fenómenos como las borrascas que afectaron a varias regiones. Estas actuaciones, concentradas en la Administración central, también frenan la reducción de la deuda pública, que se mantendría cerca del 100% del PIB. El ajuste de las previsiones refleja un escenario más complejo de lo esperado. Aunque la economía española mantiene cierta solidez gracias a factores internos como el buen comportamiento del empleo, la llegada de inmigración y los fondos europeos, la evolución de los precios de la energía vuelve a ser un elemento clave de riesgo. Según la Airef, el encarecimiento energético podría restar alrededor de dos décimas al crecimiento previsto para 2026, aunque las medidas públicas adoptadas ayudarían a mitigar parcialmente este impacto. En paralelo, el aumento de la inflación es uno de los cambios más significativos del nuevo escenario, con una revisión al alza de más de un punto respecto a las previsiones iniciales. El organismo también advierte de posibles incumplimientos de las reglas fiscales europeas. En concreto, estima que el crecimiento del gasto público superará los límites acordados tanto en términos anuales como acumulados. Para 2026, calcula un aumento del gasto neto del 5,9%, frente al 3,5% comprometido, lo que supone una desviación relevante. Asimismo, señala riesgos de incumplimiento de la regla de gasto nacional en la Administración central, en la mayoría de comunidades autónomas y en algunas entidades locales. Para ajustarse a estos límites, España tendría que aplicar medidas de contención del gasto equivalentes a unos 10.000 millones de euros.

LEER MÁS

(El Economista, 16-04-2026) | Fiscal

Hacienda da marcha atrás y permite que peritos independientes tasen inmuebles

La Agencia Tributaria ha acatado la sentencia de la Audiencia Nacional y ha corregido la Instrucción que aprobó en marzo de 2023, en la que obligaba a los contribuyentes que quisieran aplazar o fraccionar una deuda aportando un inmueble como garantía a tasarlo mediante empresas o profesionales inscritos en el registro oficial de tasadores. El organismo ha aprobado una nueva Instrucción el 7 de abril, vigente desde el día siguiente, en la que introduce cambios y precisa que, en estos casos, recurrir a tasadores registrados pasa a ser una opción preferente, pero no obligatoria. De este modo, desaparece el carácter imprescindible que tenía este requisito anteriormente, permitiendo que ciudadanos y empresas puedan acudir también a peritos independientes. No obstante, la Agencia Tributaria especifica que no se aceptarán valoraciones realizadas por agentes de la propiedad inmobiliaria. Este cambio se produce tras la actuación de los abogados Esaú Alarcón y Alejandro Miguélez, que defendieron a la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) frente a la instrucción inicial. Según explica Alarcón, el hecho de que antes se exigiera de forma obligatoria implicaba que Hacienda podía rechazar automáticamente la solicitud si no se presentaba una tasación de un profesional registrado. En cambio, al considerarse ahora un criterio preferente, la Administración no podrá denegarla de forma automática, sino que deberá justificar su decisión. Además, al ampliarse el número de profesionales que pueden realizar la tasación, se fomenta la competencia y, previsiblemente, se reducen los costes para los contribuyentes. La Audiencia Nacional, en su sentencia del 17 de marzo de 2025, concluyó que la instrucción de 2023 limitaba indebidamente la capacidad de los contribuyentes para acreditar el valor del inmueble ofrecido como garantía. Antes, podían recurrir a distintos profesionales especializados, pero con la nueva exigencia se convertía en una obligación estricta, cuya ausencia implicaba la denegación de la solicitud. Hacienda justificó en su momento esta medida basándose en una resolución de 2005 de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, que regulaba los criterios para suspender la ejecución de actos recurridos y exigía que las valoraciones fueran realizadas por tasadores oficiales. Sin embargo, el tribunal determinó que esa normativa no era aplicable a los aplazamientos o fraccionamientos de deudas, ya que se refería a un ámbito distinto: la suspensión de actos administrativos impugnados. En consecuencia, la nueva Instrucción aclara que la obligación de acudir a tasadores inscritos solo se mantiene en los casos de suspensión de la ejecución de actos recurridos. En cambio, cuando se trate de valorar bienes aportados como garantía para aplazar o fraccionar deudas tributarias, el recurso a estos profesionales será únicamente recomendable, pero no obligatorio.

LEER MÁS

(El Economista, 16-04-2026) | Fiscal

El FMI señala como rebeldes fiscales a Francia y Alemania y deja a España de alumno aventajado

El escenario fiscal en los países de la Unión Europea ha experimentado una transformación notable en los últimos años. Durante las crisis de 2008 y 2011, los denominados PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España) eran señalados por sus graves desequilibrios presupuestarios, con elevados niveles de deuda y déficits difíciles de sostener. Sin embargo, la situación ha cambiado de forma significativa: ahora son economías como Francia y Alemania las que se perfilan como principales incumplidoras de las reglas fiscales en los próximos años, mientras que España avanza hacia un déficit cercano al 2%. De acuerdo con el Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI), las trayectorias fiscales de las economías avanzadas están divergiendo claramente. En el caso español, se prevé una reducción de la deuda de entre 10 y 14 puntos porcentuales hasta 2031, impulsada por un contexto favorable en crecimiento e intereses. Mientras tanto, otros países, como Alemania, están abandonando su tradicional disciplina fiscal. Las previsiones del FMI indican que España cerrará el ejercicio actual con un déficit del 2,1%, manteniéndose en niveles similares -entre el 2,1% y el 2,3%- durante los próximos años. En paralelo, la deuda pública seguirá una senda descendente desde el 100,4% del PIB registrado el año pasado, bajando al 98,2% en 2026 y situándose en torno al 90,4% al final de la década. Aunque aún lejos del objetivo del 60% fijado por la normativa europea, este nivel se considera más manejable. La principal advertencia del FMI para España se centra en la polarización política, que puede dificultar la puesta en marcha de reformas de calado y medidas de eficiencia. En contraste, Alemania verá deteriorarse sus cuentas públicas en el próximo lustro. Su deuda superará el umbral del 60% del PIB -alcanzando el 62,9% este año- y continuará aumentando hasta situarse en torno al 73,7% en 2031, lo que supone un incremento de cerca de 11 puntos porcentuales. Asimismo, su déficit rebasará el límite del 3% establecido por Bruselas, con previsiones del 3,8% este año y picos superiores al 4% en 2028 y 2029. Este giro responde a un cambio en la política económica alemana, que abandona su tradicional prudencia fiscal para priorizar inversiones, especialmente en defensa e infraestructuras. La actual gran coalición liderada por Friedrich Merz ha flexibilizado el denominado "freno de la deuda" (Schuldenbremse), permitiendo así la aprobación de un ambicioso plan de inversión de 500.000 millones de euros a diez años. Por su parte, Francia presenta una situación fiscal más delicada y prolongada en el tiempo. Desde la llegada de Emmanuel Macron al poder, el país ha acumulado desequilibrios derivados de reducciones fiscales no acompañadas de ajustes en el gasto. Aunque la reciente aprobación de los Presupuestos de 2026 ha aportado cierto alivio, el déficit seguirá siendo elevado -un 4,9% del PIB este año- y su reducción será gradual, hasta situarse en torno al 2,9% en 2031. A pesar de esta mejora progresiva del déficit, la deuda francesa continuará creciendo, pasando del 116% del PIB al 118,4% este año, superando el 120% en 2027 y manteniéndose en niveles elevados posteriormente. Este aumento está vinculado, en parte, al elevado gasto en Seguridad Social tras la reversión de la reforma de las pensiones. El FMI advierte de la necesidad de retomar medidas como el retraso de la edad de jubilación y la reducción de las jubilaciones anticipadas. En conjunto, el FMI lanza un aviso a los países europeos sobre los crecientes desafíos fiscales a los que se enfrentan, especialmente por la necesidad de equilibrar el aumento del gasto en defensa, el envejecimiento de la población y las inversiones estratégicas.

LEER MÁS

(Cinco Días, 16-04-2026) | Laboral

Bruselas plantea un día de teletrabajo para ahorrar energía

El conflicto en Irán se está prolongando y amenaza con transformar el encarecimiento del gas natural y el petróleo en una verdadera crisis energética. Para hacer frente a esta situación, la Comisión Europea está elaborando un plan con distintas medidas destinadas a reducir el impacto económico en hogares y empresas. El Ejecutivo comunitario prevé presentar esta propuesta el 22 de abril a los Estados miembros, con la intención de debatirla y, en su caso, aprobarla durante la reunión informal de líderes de la Unión Europea que tendrá lugar en Chipre en los días posteriores. Entre las iniciativas que han trascendido tras la filtración del borrador, destaca la posibilidad de establecer un día obligatorio de teletrabajo a la semana siempre que sea viable, el cierre de edificios públicos cuando no estén en uso y el impulso del transporte público mediante rebajas en las tarifas o incluso su gratuidad para determinados colectivos. Estas medidas aún no son definitivas y podrían modificarse, aunque siguen la línea de las recomendaciones recientes de la Agencia Internacional de la Energía. Por ahora, el abastecimiento energético en la Unión Europea está asegurado, y el principal impacto se refleja en el aumento de precios debido a la incertidumbre en los mercados. No obstante, si el conflicto se prolonga o continúan los daños en infraestructuras clave, la situación podría agravarse, motivo por el cual Bruselas apuesta por la prudencia. En un acto organizado por el Real Instituto Elcano, Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, señaló que los datos de la Agencia Internacional de la Energía evidencian una pérdida significativa de capacidad de producción de gas, petróleo, combustible de aviación y ciertos productos químicos esenciales para la industria. En este contexto, Ribera subrayó la importancia de medidas orientadas a la moderación del consumo, el ahorro energético y la eficiencia, recordando que en crisis anteriores las acciones más sencillas lograron reducir notablemente el uso de combustibles fósiles. Respecto al paquete en preparación, que también contempla una mayor flexibilidad en las ayudas estatales para sectores especialmente afectados, la vicepresidenta destacó que busca equilibrar reformas estructurales -ya previstas- con actuaciones excepcionales ante situaciones de emergencia. Asimismo, la Comisión propone a los países miembros iniciativas como la distribución de ayudas directas para hogares vulnerables o la aplicación temporal de tarifas reguladas para consumidores con menor capacidad económica. En cualquier caso, estas medidas se plantean como provisionales, con la intención de mantenerlas, como máximo, hasta finales de este año para evitar un impacto negativo en las cuentas públicas.

LEER MÁS

(Expansión, 16-04-2026) | Laboral

Entra en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado

La nueva resolución entra en vigor este jueves, al día siguiente de su publicación, y establece un plazo de un mes para que la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos autónomos ajusten tanto los calendarios laborales como los sistemas de control horario a la nueva jornada anual de 1.533 horas, lo que fija la jornada ordinaria en un máximo de siete horas diarias. El Ejecutivo estima que esta medida, cuya aplicación se ha demorado durante años y estaba pendiente desde 2022, favorecerá a unos 220.000 empleados públicos. Entre ellos se incluyen trabajadores de la AGE, de la Seguridad Social, así como de organismos autónomos, agencias y otras entidades dependientes. También se aplicará al personal destinado en prisiones, centros sanitarios, educativos o en aquellos puestos con características específicas que lo requieran. Quedan excluidos de esta normativa los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No obstante, se contempla su posible adaptación en ámbitos como Instituciones Penitenciarias, Sanidad o Educación, siempre conforme a las regulaciones específicas y a los procesos de negociación previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público. La implantación de la jornada de 35 horas deberá ajustarse a las particularidades de cada ámbito y comunicarse a la Secretaría de Estado de Función Pública. Además, según indicó el ministro Óscar López, se garantizará en todo momento la correcta prestación de los servicios públicos, la atención a la ciudadanía y la continuidad de las funciones. Para ello, se adoptarán las medidas organizativas necesarias que permitan compatibilizar la reducción de jornada con el mantenimiento e incluso la mejora de la calidad del servicio. En el caso de los puestos que requieren especial dedicación, la jornada semanal se reducirá de 40 a 37,5 horas, aunque podrá ampliarse de forma excepcional si lo exigen las necesidades del servicio. Las jornadas especiales en determinados sectores o centros de trabajo se adaptarán, previa negociación, para hacerlas compatibles con la nueva duración de 35 horas. Cada ministerio u organismo determinará qué puestos requieren ese régimen de especial dedicación. La organización del tiempo de trabajo podrá estructurarse en tres modalidades: Jornada de mañana: horario fijo de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes, completándose el resto con horario flexible entre las 7:00 y las 9:00, y entre las 14:00 y las 18:00 (hasta las 15:30 los viernes). Jornada partida (mañana y tarde): presencia obligatoria de 9:00 a 16:30 de lunes a jueves, con pausa mínima para la comida, y de 9:00 a 14:30 los viernes. El resto se cubre con horario flexible en franjas similares a las anteriores. Jornada de tarde: horario fijo de 15:00 a 20:00, de lunes a viernes, completándose con tramos flexibles entre las 13:00 y las 15:00, y entre las 20:00 y las 22:00. Los calendarios laborales podrán establecer otros márgenes horarios según las necesidades de cada servicio, especialmente en función de los horarios de atención al público. Asimismo, se contempla una pausa de 30 minutos durante la jornada, considerada tiempo efectivo de trabajo, que deberá organizarse sin perjudicar el servicio. Generalmente, se situará entre las 10:00 y las 12:30 en turnos de mañana, y entre las 16:30 y las 19:00 en turnos de tarde. Por último, las Subsecretarías ministeriales y otros órganos competentes podrán fijar horarios distintos de apertura y cierre de edificios públicos, siempre que se comuniquen adecuadamente para su conocimiento general.

LEER MÁS

(Expansión, 16-04-2026) | Laboral

Pendientes medio millón de funcionarios de ayuntamientos

CSIF, uno de los sindicatos que suscribieron el acuerdo marco para implantar la jornada laboral de 35 horas, reclama que esta medida se aplique de forma inmediata en todos los departamentos de la Administración del Estado y que se extienda también al conjunto del sector público, incluyendo ayuntamientos y empresas públicas. En caso contrario, advierte de que podría emprender acciones legales. Sin embargo, la resolución establece claramente que esta jornada general no se aplicará directamente a las entidades locales ni a otras administraciones, que seguirán rigiéndose, de manera supletoria, por lo dispuesto en la disposición adicional 144 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018. Por su parte, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO) considera que esta resolución puede servir como base para impulsar la implantación de la jornada de 35 horas en más de medio millón de empleados públicos de las administraciones locales. El sindicato ha iniciado acciones para coordinar a sus delegaciones con el objetivo de extender esta medida en ayuntamientos y organismos locales donde aún no se aplica o, en su caso, para que quede recogida formalmente en los convenios colectivos allí donde ya esté en funcionamiento. CCOO recuerda que más de 500.000 trabajadores públicos podrían beneficiarse de esta reducción, que hasta ahora solo se ha implantado en algunas grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla o Bilbao, entre otras. Dado que el acuerdo alcanzado en marzo en el ámbito de la Administración General del Estado contemplaba la extensión de las 35 horas a todo el sector público, el sindicato considera que ya no existen obstáculos legales para su aplicación en ayuntamientos y otras entidades locales. En este sentido, CCOO señala que la Ley de Bases de Régimen Local establece que la jornada anual de los funcionarios locales debe ser equivalente a la de los empleados de la Administración del Estado, incluyendo las mismas condiciones de reducción de jornada. Por ello, ha propuesto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la creación de una mesa de negociación con los principales sindicatos para implantar de forma coordinada esta medida en las administraciones locales. Además, cada sección sindical de CCOO presentará solicitudes formales en sus respectivos ayuntamientos para iniciar la negociación e implantación de la jornada de 35 horas, utilizando un modelo facilitado por la organización. También subraya que esta jornada, así como los horarios en servicios con turnos -como policía local, bomberos o instalaciones públicas-, deben negociarse e incorporarse a los convenios colectivos, incluso en aquellos casos en los que ya se estuviera aplicando sin reflejo formal. Por su parte, el Ministerio de Función Pública recuerda que la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 ha quedado superada en este ámbito por la Ley de Presupuestos de 2018, que fijó una jornada general de 37,5 horas semanales para el sector público, aunque permite establecer otras jornadas mediante negociación colectiva. Esta normativa ya contemplaba que cada administración puede fijar una jornada distinta en sus calendarios laborales, siempre previo acuerdo con los representantes de los trabajadores. En el caso de las entidades locales, la regulación estatal actúa como marco supletorio hasta que cada una apruebe su propia normativa, lo que implica que la implantación de una jornada diferente puede negociarse sin depender necesariamente de la resolución aprobada para la Administración General del Estado.

LEER MÁS

(El País, 16-04-2026) | Laboral

España ganó 74.700 puestos de foráneos en el último mes y 230.400 en el año

El empleo entre trabajadores extranjeros en España ha alcanzado un nuevo máximo histórico, según los datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes a marzo. El número de cotizantes de origen extranjero se sitúa en torno a los 3,15 millones, superando el récord anterior registrado meses atrás. Tras un ligero descenso durante los meses de invierno, la afiliación ha repuntado con fuerza al inicio de la primavera, coincidiendo con el arranque de la actividad turística. Este registro se produce justo antes de la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno, que podría beneficiar a cientos de miles de personas, aunque sus efectos tardarán en reflejarse en las estadísticas, ya que la resolución de las solicitudes llevará varios meses. En comparación con febrero, el número de afiliados extranjeros aumentó en unos 74.700, lo que supone un crecimiento del 2,4% en un solo mes, el mayor incremento registrado en marzo desde que existen datos. También en términos anuales el avance es notable, con más de 230.000 nuevos afiliados, lo que equivale a una subida cercana al 8%. Por nacionalidades, los mayores incrementos recientes corresponden a trabajadores procedentes de Marruecos y Colombia, seguidos de rumanos, venezolanos, italianos y peruanos. En el conjunto del sistema, la comunidad marroquí sigue siendo la más numerosa, por delante de la rumana y la colombiana. Desde la Seguridad Social destacan que el empleo extranjero ha crecido con gran intensidad en los últimos años, con más de 850.000 nuevos ocupados desde 2022. De hecho, cerca del 43% del empleo creado desde la reforma laboral corresponde a trabajadores de otros países. Además, estos ya representan alrededor del 14,4% del total de cotizantes, lo que refleja su papel clave en el funcionamiento del mercado laboral español.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF