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(El Economista, 03-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor acelera en diciembre: escala a máximos de abril y amenaza con la quinta subida mensual

El euríbor diario a doce meses ha arrancado diciembre con una notable intensidad. En apenas dos sesiones ha repuntado un 2%, pasando del 2,209% al 2,244%, un salto muy significativo dado el estrecho rango en el que suele moverse este indicador. De hecho, el aumento registrado en estos dos días equivale prácticamente al avance completo de los últimos meses. Este brusco movimiento inicial parece responder a un reajuste de las entidades financieras ante la expectativa de que el Banco Central Europeo mantenga los tipos estables durante un largo periodo. Hasta hace poco, el mercado aún descontaba la posibilidad de un recorte adicional por parte del BCE. De hecho, el mercado de swaps -instrumento utilizado por los inversores para protegerse de las variaciones en los tipos de interés- sigue reflejando más probabilidades de una bajada que de una subida. Aunque hace tiempo que se descartó el último recorte que habría reducido los tipos desde el 2% actual hasta el 1,75%, tampoco se aprecia una inclinación hacia un ciclo alcista por parte del banco central. Según el índice de Bloomberg sobre swaps, apenas se asigna un 15% de opciones a que el BCE reduzca tipos en algún momento de 2026. Tampoco los futuros del euríbor -otra referencia clave para los inversores- apuntan a un sesgo al alza, al menos hasta finales de 2027. Para el vencimiento de diciembre de ese año, estos futuros sitúan el índice en torno al 2,25%, lo que puede interpretarse como el momento en el que el BCE empezaría a plantearse subir el precio del dinero. Hasta entonces, la curva de futuros permanece prácticamente plana en torno al 2%. Los indicios de que el euríbor pueda seguir alejándose de los tipos oficiales del BCE son escasos. El indicador de referencia de las hipotecas variables tiende a mantenerse muy cercano a las decisiones del banco central. En la actualidad, los 24 puntos básicos de diferencia respecto al tipo oficial están en línea con la media de la última década. Desde mediados de 2024, con la entrada en juego de los tipos negativos, la tasa de depósitos del BCE se ha convertido en la principal referencia. El diferencial medio ha sido de unos 27 puntos básicos. En pleno ciclo de subidas, el euríbor llegó a situarse más de 150 puntos básicos por encima del tipo oficial. Si el euríbor no se relaja en diciembre, encadenará su quinta subida mensual consecutiva. Con el nivel actual del 2,24%, todavía no implicará un aumento de las cuotas hipotecarias para quienes revisen su préstamo anualmente, ya que en diciembre del año pasado el índice estaba en el 2,436%. Sin embargo, las hipotecas con revisión semestral sí están notando este repunte: el euríbor lleva cuatro meses consecutivos al alza y podría sumar un quinto si se mantiene la tendencia. Este comportamiento está relacionado en parte con unos datos de inflación peores de lo previsto. En noviembre, la inflación de la eurozona subió al 2,2% desde el 2,1% de octubre. Este leve repunte, inesperado, refuerza la idea de que el BCE no considerará una bajada de tipos a corto plazo. El euríbor se mueve principalmente en función de las expectativas del mercado sobre la actuación futura del BCE, y este dato apunta a una prolongación del tipo oficial en el 2%. El BCE también ha publicado su encuesta de consumidores de noviembre, y los hogares no esperan que los precios se moderen. Prevén una inflación del 2,8%, una décima más que en octubre, algo que preocupa al BCE por sus posibles consecuencias. Además, los cambios de mes suelen provocar movimientos significativos en el euríbor. Entre septiembre y octubre subió un 2,79% en solo cuatro días, y entre agosto y septiembre avanzó un 3,39% también en cuatro sesiones. Al fin y al cabo, el euríbor refleja el coste de los préstamos entre bancos, y los ajustes que realizan a principio de mes pueden generar tensiones temporales.

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(El Confidencial, 03-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Notarios y registradores se echan la culpa del retraso en los procesos con firma notarial

Nuevo episodio en el conflicto entre notarios y registradores. Ambos colectivos se responsabilizan mutuamente de los retrasos en las firmas notariales y del colapso que se vive en numerosas notarías, donde resulta complicado conseguir una cita a corto plazo. Los notarios necesitan acceder a las notas de información continuada para revisarlas y poder dirigir operaciones como compraventas u otros trámites que requieren su firma. Sin embargo, fuentes notariales aseguran que ahora este proceso se ha ralentizado porque se ha eliminado el canal directo de comunicación que existía entre ambas partes. Como consecuencia -afirman-, las notarías tardan más en recibir la información y los registradores estarían incumpliendo la ley. Desde el lado de los registradores, en cambio, sostienen que sí existe un canal que permite obtener estos datos sin demoras y en tiempo real. Hasta el 9 de mayo de 2024, fecha en la que entró en vigor la reforma de la Ley Hipotecaria derivada de la Ley 11/2023, funcionaba un sistema específico de comunicación entre notarios y registradores. A través de él, los notarios podían solicitar notas de información continuada (similares a las notas simples) mediante telefax, conectados a la sede electrónica registral y usando un software propio. El trámite era inmediato y lo realizaba el notario o un empleado de la notaría. Pero hace año y medio los registradores decidieron suprimir este mecanismo. Desde entonces, los notarios deben pedir esa información igual que cualquier ciudadano, mediante un contrato de adhesión como "usuario abonado". Al no existir ya un acceso directo, se generan retrasos, según denuncian fuentes notariales, especialmente porque cada notaría solo dispone de un usuario para solicitar documentos. Los notarios consideran que los registradores están vulnerando la normativa, incumpliendo el artículo 111 ter de la Ley 24/2001, que obliga a garantizar la interoperabilidad entre las sedes electrónicas registral y notarial. En cualquier caso, lo cierto es que cada vez resulta más difícil obtener una cita en las notarías. Tanto notarios como registradores reconocen que existe un atasco en los procedimientos, aunque se culpan mutuamente del problema. El Colegio de Registradores niega las acusaciones y afirma que "lo planteado por los notarios no se ajusta en absoluto a la realidad", asegurando que existe un canal exclusivo para notarios y que diariamente se tramitan de forma electrónica decenas de documentos y cientos de notas continuadas en tiempo real según lo previsto en el artículo 222.9 de la Ley Hipotecaria. Añaden además que este sistema "elimina cualquier posible retraso" y que el Colegio ha cumplido en plazo todos los acuerdos alcanzados con los representantes de los notarios ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Los notarios lo desmienten, insistiendo en que están utilizando el mismo canal que los demás usuarios. Este intercambio de reproches supone un nuevo episodio en la larga disputa entre ambos colectivos. Los notarios ya han presentado miles de recursos relacionados con el coste de las notas simples y han interpuesto una demanda contra el Colegio de Registradores y el Ministerio de Justicia por considerar que no se está cumpliendo la ley que obliga a digitalizar todos los procesos. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia ha admitido a trámite la demanda presentada por los notarios, tras rechazar las alegaciones de la Abogacía del Estado, al entender que podrían estar incumpliéndose los requisitos de digitalización establecidos en la Ley 11/2023 para los procedimientos notariales y registrales.

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(El País, 02-12-2025) | Fiscal

Hacienda da el primer paso para que las plataformas recauden el IVA

Hacienda ha iniciado esta semana el proceso para que las plataformas de alquiler turístico y de transporte de pasajeros comiencen a recaudar el IVA en nombre de los particulares que ofrecen estos servicios. El Ministerio dirigido por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, publicó el lunes en su portal de audiencia pública el anteproyecto con el que España empezará a adaptar su legislación a las nuevas reglas fijadas por la Unión Europea. Estas reformas afectan de manera directa a plataformas como Airbnb en el ámbito del alojamiento y a Uber o Cabify en los desplazamientos urbanos. La idea central es que estas empresas pasen a actuar, a efectos del IVA, como si fueran las proveedoras del servicio. Dejarán de limitarse a conectar a anfitriones o conductores con los usuarios y deberán encargarse de cobrar el impuesto e ingresarlo en la Agencia Tributaria. Con ello se busca solucionar un problema que desde hace tiempo genera conflictos: muchos particulares que alquilaban viviendas turísticas o prestaban servicios de transporte funcionaban en un área poco regulada, difícil de controlar y con una clara desventaja para hoteles y taxis, obligados desde siempre a aplicar el IVA. El calendario previsto sitúa la entrada en vigor de esta obligación en enero de 2028, lo que ofrece un margen razonable para que los países adapten su legislación y las empresas ajusten sus sistemas. La Unión Europea ha establecido esta fecha para asegurar que todos los Estados miembros avancen de manera coordinada. Los cambios forman parte de la reforma europea del IVA en la era digital, recogida en la Directiva ViDA (VAT in the Digital Age), que busca actualizar el impuesto a las dinámicas económicas actuales. Según explica Hacienda, dado el buen funcionamiento del sistema de recaudación del IVA mediante plataformas que facilitan el comercio electrónico, se ampliará el concepto de "proveedor asimilado" -ya aplicado en algunos supuestos de comercio electrónico- a sectores donde se han detectado distorsiones competitivas, como el alquiler turístico de corta duración y el transporte de pasajeros. El plan consiste en otorgar a estas plataformas un papel mucho más activo en la gestión del impuesto, equiparándolas a entidades colaboradoras de la Agencia Tributaria, como ocurre con muchas instituciones financieras. Para quienes alquilan su vivienda o ponen sus vehículos en servicio, el cambio significa que será la plataforma la encargada de calcular y aplicar el IVA. Los clientes, por su parte, recibirán una factura que ya incluirá el impuesto. Este nuevo enfoque se enmarca dentro de la estrategia europea contra el fraude en la economía digital. La lógica es que, si la plataforma participa en toda la operación, controla los pagos y asume la responsabilidad de enviar el IVA, el control será más eficiente que depender de miles de pequeños operadores, muchos de ellos ocasionales o sin conocimientos fiscales. De esta manera, se busca cerrar una vía de evasión especialmente significativa en los sectores del alojamiento turístico breve y del transporte urbano bajo demanda. La reforma también contempla medidas para modernizar el intercambio de información entre empresas y administraciones, promover la facturación electrónica y facilitar la actividad de compañías que trabajan en varios países. El objetivo es lograr un IVA más homogéneo y dinámico dentro del mercado europeo, reduciendo trámites y reforzando los mecanismos de control. La transposición de la directiva será gradual, con hitos clave el 1 de julio de 2028 y el 1 de julio de 2030. Algunas modificaciones menores comenzarán a aplicarse desde el 1 de enero de 2027 para preparar el terreno. Desde este martes, el Ministerio permitirá enviar sugerencias al anteproyecto, un periodo de consultas que concluirá el 23 de diciembre.

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(El Economista, 02-12-2025) | Fiscal

Las subidas en Sociedades recaudan ya un 17% más de lo previsto para todo 2025

La recaudación tributaria avanza a un ritmo tan elevado que está superando ampliamente las previsiones oficiales. Un ejemplo evidente son las modificaciones introducidas a finales de 2024 para incrementar los ingresos del impuesto sobre Sociedades. Hasta octubre, las medidas incluidas en la Ley 7/2024 han permitido ingresar 3.091 millones de euros, según la Agencia Tributaria. Esta cifra supera en un 16,6% la estimación realizada por la AIReF el pasado verano, que situaba la recaudación prevista en 2.650 millones. Las medidas que han impulsado este aumento -en la práctica, un mayor esfuerzo fiscal para las empresas- figuran en la Ley 7/2024, que incorporó importantes novedades en el impuesto sobre Sociedades. Entre ellas, destaca la recuperación de límites más estrictos para que las grandes compañías compensen bases imponibles negativas (BIN), en función de su volumen de negocio. Reducir estos límites equivale, de hecho, a un incremento tributario para ciertos contribuyentes. Concretamente, las empresas que facturen al menos 20 millones de euros en los 12 meses anteriores al inicio del ejercicio dejan de aplicar el límite del 70% y pasan a los siguientes topes: el 50% si su cifra de negocio se sitúa entre 20 y 60 millones, y el 25% si supera los 60 millones. Además, los grupos consolidados solo pueden deducir el 50% de las pérdidas de sus filiales, debiendo repartir el exceso en los diez años siguientes. La Agencia Tributaria señala que la principal razón del aumento de ingresos por cambios normativos es precisamente el nuevo modo en que estos grupos integran las pérdidas de sus sociedades. Octubre es un mes clave para este tributo, ya que se abona el segundo pago fraccionado, correspondiente al periodo de abril a septiembre, lo que hace más visible el incremento de recaudación. Aunque las medidas se aprobaron a finales de 2024, su efecto se refleja en la declaración anual presentada en julio. Según la AEAT, la "cuota diferencial neta" generada hasta octubre por esta reforma asciende a 1.024 millones. En el pago fraccionado de octubre, el impacto de la reducción de los límites ha supuesto 978 millones, lo que explica prácticamente todo el aumento del impuesto. El resto proviene de "ingresos y devoluciones extraordinarios" menos negativos que en meses previos. Pese al buen comportamiento de la recaudación, los datos globales de octubre del impuesto sobre Sociedades muestran cierta debilidad. Hacienda destaca una "pérdida de intensidad" en el crecimiento de los ingresos homogéneos, motivada sobre todo por la evolución de los pagos a cuenta: en octubre solo crecieron alrededor del 4%, lejos del aumento cercano al 14% registrado en el primer pago. Esto ocurre a pesar de que el segundo pago cubre el núcleo del ejercicio. La ralentización se explica por la moderación de los beneficios de los grupos consolidados: en el primer trimestre crecían un 23,5% interanual y ahora apenas un 4,8%. Los ingresos de estos contribuyentes en el segundo pago a cuenta fueron 11.572 millones, frente a los 11.418 millones del año anterior. En el conjunto del año, los pagos a cuenta del impuesto aumentan un 7,3%, en línea con otros tributos que no muestran desaceleración. Sin embargo, debido al carácter acumulado del impuesto, el dato de octubre aparece más débil. En contraste, otros grandes impuestos mantienen un impulso sólido: las retenciones salariales crecieron más del 8%, el IVA bruto casi un 7% y los pagos fraccionados de IRPF superaron el 9%. De enero a octubre, el impuesto sobre Sociedades ha generado 36.082 millones de euros, frente a los 34.630 millones del mismo periodo de 2024. Entre las grandes empresas fuera de grupos consolidados, la ralentización de beneficios ha sido más leve -del 5,8% al 5%-, y Hacienda señala que esto apenas ha tenido impacto en sus pagos, que además se vieron alterados por el traslado de una gran empresa al régimen de pymes en el primer trimestre.

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(El Economista, 02-12-2025) | Fiscal

Cataluña ya recauda el doble que Madrid por las herencias y supera por primera vez los 1.000 millones

Cataluña ha alcanzado un nuevo máximo histórico en la recaudación del impuesto de Sucesiones y Donaciones, superando por primera vez los 1.000 millones de euros. En 2024 ingresó 1.111 millones, un 16% más que el año anterior y más del cuádruple de los 313 millones registrados hace diez años. Este crecimiento sostenido del tributo en la última década la ha distanciado notablemente del resto de comunidades. Comparada con regiones de tamaño similar, como Madrid y Andalucía, Cataluña recauda una cantidad muy superior: Madrid obtuvo 546 millones en 2024 y Andalucía 231 millones, según datos de la Agencia Tributaria. En conjunto, las comunidades autónomas ingresaron el año pasado 3.130 millones por este impuesto, un 2% más interanual. Solo Cataluña concentra ya el 35% de toda la recaudación nacional por herencias y donaciones. Aunque la comunidad ofrece deducciones para transmisiones entre familiares directos, sus bonificaciones son considerablemente más bajas que las de otras autonomías. El REAF, del Consejo General de Economistas, identifica a Cataluña como una de las regiones donde resulta más caro heredar. Por ejemplo, un hijo que reciba una herencia de 800.000 euros (incluyendo una vivienda de 200.000) pagaría 44.569 euros en Cataluña, frente a 1.586 en Madrid y nada en Andalucía. No obstante, este mismo heredero pagaría aún más en Asturias (103.000 euros) y en Aragón (55.466 euros), quedando Cataluña como la tercera región más gravosa. El impuesto se ha convertido en un debate político: mientras que los gobiernos autonómicos de derecha lo suprimen o lo bonifican casi por completo, los ejecutivos de izquierda lo mantienen. Las comunidades que aplican la mayor presión fiscal sobre sucesiones son Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha y Navarra -todas gobernadas por el PSOE-, además de Aragón, dirigida por el PP pero con intención declarada de eliminarlo. Por el contrario, la mayoría de regiones tienen el tributo prácticamente anulado, con bonificaciones del 99% o el 100%. Entre las que lo han derogado recientemente figuran la Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias, cuyos ingresos han caído de forma notable en 2024 tras su supresión. El año pasado se registraron 54.866 renuncias a herencias, un 2,3% menos que el ejercicio anterior. La razón principal suele ser que el patrimonio heredado está acompañado de deudas superiores al valor de los bienes, y solo en casos excepcionales la causa es la carga fiscal. Andalucía, Cataluña y Madrid encabezan las renuncias, en línea con su población: 10.889, 9.672 y 5.687 respectivamente.

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(El País, 02-12-2025) | Laboral

Fedeca ve “fraude de ley” en que el pacto salarial de los funcionarios llegue a 2028 porque excede la legislatura

La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) considera que el acuerdo salarial firmado entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF -que establece una subida del 11% entre 2025 y 2028- constituye un "fraude de ley". Así lo afirmó este lunes la presidenta de la organización, Ana Ercoreca, quien sostiene que el pacto excede el periodo de la legislatura actual. "El compromiso abarca de 2025 a 2028, lo que implica un fraude de ley porque se proyecta más allá del mandato vigente", señaló también en su condición de presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Según Ercoreca, el Ejecutivo solo debería comprometerse hasta 2027, año en que finaliza la legislatura. "Plantear medidas para 2028 cuando desconocemos cuál será el escenario político nos parece un fraude de ley. Debería contar con el aval del Congreso", añadió. El último acuerdo retributivo, firmado en 2022, se extendía hasta 2024, y también sobrepasaba el límite previsto para la legislatura que, en principio, concluía a finales de 2023. Pese a esta discrepancia sobre la duración del pacto, Fedeca valora de forma "positiva" las mejoras salariales, pero mantiene una crítica de fondo: lamenta que el acuerdo no se base en la inflación real, sino en una estimación futura de la evolución de los precios. El pacto contempla un incremento total del 11% (o del 11,4% considerando el impacto en los complementos, según los cálculos sindicales). Para 2025 se aplicará una subida del 2,5%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. En enero de 2026, los sueldos aumentarán otro 1,5%, por lo que al comienzo del próximo año la subida acumulada alcanzará el 4% fijo. A ello se añade un 0,5% variable, condicionado a que el IPC de 2026 sea igual o superior al 1,5%. En caso de cumplirse esta condición, ese medio punto se abonará previsiblemente en el primer trimestre de 2027, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, y se descontará del incremento previsto para 2027, que será del 4,5% (o del 5% si no se adelanta ese 0,5% al año anterior). En 2028 se aplicará el 2% restante. Para Ercoreca, esta subida "se diluirá" si no se calcula en función del IPC real. Es decir, Fedeca considera que los incrementos vinculados a la evolución prevista de los precios no compensarán posibles repuntes inesperados de la inflación. "Los aumentos anuales no tienen en cuenta el IPC real", criticó. Por ello, la federación propone un mecanismo similar al de la revalorización de las pensiones, basado en la inflación efectiva de cada ejercicio y no en proyecciones, como establece el acuerdo actual. "Si las subidas no siguen el ritmo del IPC, no serán reales. Implicarán pérdida de poder adquisitivo. Hay que tener presente la volatilidad de los precios energéticos y el alto coste de la vivienda, que afecta especialmente a los jóvenes", subrayó Ercoreca. También remarcó las dificultades a las que se enfrentan los funcionarios cuando se trasladan a ciudades como Madrid o Barcelona, donde los precios inmobiliarios son más elevados. "Valoramos que haya una senda de incrementos, pero pedimos que estén vinculados a la inflación real", concluyó. Por último, Ercoreca celebró que "se acorten los plazos de resolución de las ofertas de empleo público", ya que los retrasos prolongados generan, a su juicio, "ineficiencias" en la Administración.

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(El Periódico, 02-12-2025) | Laboral

Después de 18 meses de baja, el puesto queda suspendido y se deja de cotizar

Cuando una persona atraviesa un problema de salud que le impide desempeñar su trabajo con normalidad, lo más adecuado es solicitar a la Seguridad Social una incapacidad temporal. Tras la concesión de la baja médica, el trabajador puede permanecer fuera de su puesto hasta un máximo de 545 días. Una vez cumplido este periodo de 18 meses, el afectado debe optar entre tres alternativas: pedir una incapacidad permanente, aceptar el alta médica o solicitar una prórroga de su baja. Si no toma una decisión, la Seguridad Social le enviará una propuesta de incapacidad permanente. Es importante actuar con rapidez, ya que cuando se agota el plazo máximo el trabajador deja de cotizar. Eso sí, no pierde su empleo, sino que su contrato queda en situación de suspensión. ¿Qué resoluciones puede dictar la Seguridad Social? El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contempla tres posibles resultados cuando se trata de una incapacidad temporal prolongada. La primera consiste en reconocer al trabajador una incapacidad permanente. La segunda opción es la finalización de la incapacidad temporal, lo que implica el alta médica. En este caso, el trabajador recibirá una notificación por SMS y por carta, informándole de que debe reincorporarse de inmediato a su puesto, pudiendo ser despedido si no lo hace. La tercera posibilidad es la concesión de una demora en la calificación, comunicada previamente. Esta prórroga permite ampliar la baja otros seis meses, pudiendo llegar hasta un máximo de 730 días naturales (dos años). Conviene recordar que, según la Ley General de la Seguridad Social, existen dos grandes tipos de incapacidad laboral: la temporal y la permanente. Dentro de esta última, se distinguen cuatro grados, cada uno con su correspondiente prestación económica: Incapacidad Permanente Parcial: El trabajador ve disminuido su rendimiento habitual, aunque puede seguir realizando sus tareas. Recibe un pago único equivalente a 24 mensualidades de su base, con las retenciones e IRPF correspondientes. Incapacidad Permanente Total: La persona no puede desempeñar su profesión habitual, pero sí puede trabajar en otra distinta. La prestación equivale al 55% de la base reguladora, sujeta a IRPF, y aumenta al 75% para mayores de 55 años. Incapacidad Permanente Absoluta: El trabajador no puede dedicarse a ningún tipo de actividad profesional. En este caso, percibe una pensión vitalicia por el 100% de su salario bruto, exenta de IRPF. Gran Invalidez: Además de no poder trabajar, el afectado necesita ayuda para realizar las tareas básicas de la vida diaria. La prestación consiste en una pensión del 100% de la base reguladora más un complemento que puede alcanzar el 45% del salario mínimo, también sin retención de IRPF.

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(El Economista, 02-12-2025) | Laboral

La Seguridad Social denegará la incapacidad permanente a las personas que cumplen la edad de jubilación aunque pasen el tribunal médico

Las pensiones por incapacidad permanente se conceden cuando una lesión, enfermedad o dolencia impide a una persona desarrollar con normalidad su actividad diaria o su trabajo. Sin embargo, no basta con que el tribunal médico y la Seguridad Social reconozcan ese perjuicio: el solicitante debe cumplir determinados requisitos legales sin los cuales, por evidente que sea la incapacidad, no podrá acceder a la prestación. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a un trabajador al que tuvieron que amputarle las dos piernas debido al agravamiento de una enfermedad común. A pesar de que su situación era compatible con el grado de gran invalidez -y así lo había confirmado el tribunal médico-, la Seguridad Social le ha denegado la pensión porque ya reúne los requisitos para percibir una pensión de jubilación. Por tanto, debe cobrar esta última y no la de incapacidad. El abogado laboralista Ignacio de la Calzada explica el caso en su perfil de TikTok. Según detalla, el problema surge porque el afectado supera los 67 años y, aunque seguía de baja, cumplía plenamente las condiciones para solicitar la jubilación, trámite que no había realizado aún. La denegación se basa en el artículo 195 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que no se podrá reconocer la incapacidad permanente derivada de enfermedad común si, en la fecha del hecho causante, la persona ya tiene la edad y los requisitos necesarios para acceder a la jubilación. Dicho de otro modo, si el trabajador alcanza la edad legal antes de que se resuelva su expediente, pierde el derecho a solicitar la incapacidad. "Si esperas demasiado y ya has cumplido la edad de jubilación, no puedes acceder a la incapacidad permanente y tienes que pedir la jubilación", resume el abogado. Esto puede suponer una pérdida económica para el afectado, ya que las pensiones por incapacidad absoluta o gran invalidez suelen ser más elevadas -entre el 100% y el 150% de la base reguladora-, mientras que la jubilación puede resultar menos beneficiosa. En el caso concreto relatado por De la Calzada, al trabajador le corresponde una jubilación de unos 1.600 euros, mientras que, de habérsele reconocido la gran invalidez, habría percibido unos 900 euros más cada mes.

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(Expansión, 02-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE adopta inteligencia artificial para revolucionar su supervisión

Tras un año de ensayos, el Banco Central Europeo (BCE) ha conseguido incorporar con éxito a su actividad cotidiana diversas herramientas basadas en inteligencia artificial para reforzar la parte más compleja de su labor: la supervisión de los bancos de la zona euro. Bajo la presidencia de Christine Lagarde, la institución avanza en la revolución tecnológica, aunque insiste en que las decisiones deben permanecer siempre en manos humanas. La IA servirá como apoyo al trabajo de los supervisores, al tiempo que se vigilan los nuevos riesgos que estas tecnologías plantean. Pedro Machado, miembro del Comité de Supervisión Bancaria del BCE, señala que la supervisión del futuro no consistirá en máquinas evaluando a los bancos, sino en personas que, gracias a estas herramientas, podrán trabajar con mayor eficiencia y dedicar más tiempo a los aspectos en los que aportan un mayor valor. Los equipos encargados de la supervisión empezaron a explorar y probar sistemas de IA en 2024, dentro de la División de Tecnología e Innovación creada cuatro años antes. Aunque la investigación continúa, el BCE ya ha detallado varios ámbitos en los que la IA está siendo útil. Delphi facilita la identificación temprana de riesgos emergentes para todo el sistema bancario. Reúne indicadores de mercado e información procedente de redes sociales en un único panel digital, lo que permite comprender en tiempo real cómo evolucionan las amenazas que pueden afectar a cada entidad. Medusa funciona como un punto centralizado para los equipos que trabajan en hallazgos y medidas supervisoras. Ofrece búsquedas inteligentes, generación de informes, visualizaciones y análisis estadísticos, lo que simplifica el acceso a la documentación relevante. Con ello, los supervisores pasan de dedicar tiempo a recopilar información a centrarse en verificarla y extraer conclusiones, lo que se traduce en un uso más eficiente de recursos y un análisis más profundo. Heimdall, una de las herramientas más conocidas, agiliza las evaluaciones de idoneidad al leer los cuestionarios remitidos por los bancos, traducirlos cuando es necesario y resaltar los fragmentos más importantes. No toma decisiones, pero facilita el trabajo previo para que los especialistas puedan concentrarse en los casos que requieren mayor criterio profesional. Navi, por su parte, permite representar con claridad las relaciones de propiedad y financiación dentro de los grupos bancarios. Cuando los riesgos se transmiten a través de estructuras complejas, esta herramienta ofrece visualizaciones que superan lo que es posible mostrar en hojas de cálculo. Según el supervisor, el mayor valor de la IA es su capacidad para procesar información masiva y conectar múltiples fuentes relevantes, filtrando grandes volúmenes de texto, identificando patrones y extrayendo temas de interés. No obstante, el BCE reconoce que estas tecnologías conllevan desafíos vinculados a la precisión, la transparencia y el pensamiento crítico. Los modelos pueden producir errores convincentes, algo especialmente delicado en un ámbito donde la información debe ser totalmente fiable. También existe el riesgo de que los supervisores pierdan habilidades analíticas si dependen demasiado de la IA, por lo que se impulsa la formación continua y una cultura de revisión y contraste. A pesar de estas amenazas, Machado subraya que estas herramientas son necesarias para adaptarse a un entorno financiero cada vez más complejo. Además, recalca que el BCE seguirá explorando la IA de manera responsable y bajo estrictos controles.

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(Expansión, 02-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los países de la UE urgen fondos europeos para la crisis de vivienda

La crisis de la vivienda se ha convertido en un asunto que, desde hace meses, preocupa a toda Europa. Los desafíos son similares en las zonas más tensionadas y las instituciones comunitarias buscan acuerdos y soluciones que permitan a los Estados miembros afrontar el problema. Ayer, durante la reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores -en la que participaron los ministros de Vivienda- los países de la UE expusieron sus demandas. En Bruselas, los responsables políticos reclamaron financiación y fondos europeos para combatir esta situación, además de poner el foco en cómo aumentar la oferta mediante nuevos incentivos a la construcción, sin renunciar a los objetivos medioambientales y de inclusión social. Según explicó Sophie Hæstorp Andersen, ministra danesa de Asuntos Sociales y Vivienda, la Unión Europea pide a la Comisión que presente un plan amplio de vivienda asequible que dé prioridad a la financiación, la edificación sostenible, la planificación urbana y la integración social, siempre respetando las particularidades de cada país miembro. Esta declaración constituye una señal política dirigida a la Comisión Europea, que el próximo 16 de diciembre presentará su Plan de Vivienda Asequible, con propuestas legislativas destinadas a aliviar un problema que genera un fuerte malestar entre los ciudadanos. Aunque Hungría bloqueó el consenso unánime en el Consejo, fuentes diplomáticas citadas por EXPANSIÓN sostienen que el respaldo de 26 países debería bastar para que la Comisión actúe en consecuencia. Desde 2015, los precios de la vivienda en la UE han subido de media un 60%, con aumentos superiores al 200% en algunos países. En ese mismo periodo, los salarios han crecido apenas un 20%, lo que ha mermado la capacidad de las familias para comprar una vivienda, mientras que el alquiler continúa encareciéndose. Pese a que los ministros insistieron en que la política de vivienda sigue siendo competencia nacional, también coincidieron en que la Comisión puede reforzar los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno facilitando el acceso a financiación comunitaria. España ha sido uno de los principales impulsores de este debate dentro de la UE. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, fue más allá de la petición conjunta de financiación y reclamó un plan europeo específico para la vivienda, dotado de recursos ambiciosos. Rodríguez defendió que el modelo a seguir debe ser el Next Generation EU, un paquete excepcional de fondos que ayudó a los países más afectados por la pandemia mediante subvenciones y préstamos destinados a la transición ecológica y digital. En su opinión, un uso adecuado de los recursos europeos podría servir para crear un verdadero parque público de vivienda y garantizar su protección a largo plazo. La ministra destacó que esta labor requiere la implicación de todas las administraciones -ayuntamientos, comunidades autónomas y el Gobierno de España-, pero también de las instituciones europeas, que deben ofrecer una respuesta a una crisis de alcance global. Además de pedir fondos, Rodríguez reclamó modificaciones normativas que permitan un mayor grado de intervención en el mercado, especialmente en las zonas tensionadas. Varios países buscan bases legales para poder introducir excepciones a las reglas de libre mercado de la UE, sobre todo respecto a la compra de viviendas por parte de inversores extranjeros o al alquiler turístico de corta duración. La ministra subrayó que España quiere atraer inversión en vivienda, pero no con fines especulativos. Hizo un llamamiento a promotores e inversores sociales para que apuesten por construir vivienda asequible, asegurando que contarán con apoyo público en forma de ayudas y financiación.

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