Noticias

(El País, 05-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Comisión da dos meses para subsanar las deficiencias y adaptar una directiva que marca la capacidad de margen del Gobierno en las grandes operaciones entre bancos

La Comisión Europea ha intensificado el procedimiento de infracción abierto contra España, un expediente que ya tuvo repercusión durante la fase final de la opa lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell en junio del año pasado. Aunque la advertencia de Bruselas no se refería directamente a aquella operación, finalmente fallida a finales de 2025, sí cuestionaba la normativa española sobre fusiones y adquisiciones bancarias, al considerar que no se ha adaptado plenamente al marco comunitario. Ahora, el conflicto ha dado un paso más con el envío de una carta adicional de emplazamiento por incumplimiento del Reglamento del Mecanismo Único de Supervisión, de la Directiva sobre Requisitos de Capital y de varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La legislación española obliga actualmente a las entidades financieras que desean fusionarse a solicitar autorización previa al Gobierno, una medida implantada durante la crisis financiera por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos. Sin embargo, la normativa europea más reciente en materia de capital -destinada a incorporar los criterios de Basilea IV- establece que estas autorizaciones deben quedar en manos de los supervisores financieros, como el Banco de España o el Banco Central Europeo, y no de los Ejecutivos nacionales. España disponía hasta el pasado 10 de enero para incorporar esta directiva al ordenamiento jurídico interno y adaptar el reparto de competencias, limitando o eliminando la capacidad del Gobierno para intervenir en este tipo de operaciones. El retraso en la transposición expone ahora al país a posibles sanciones por parte de Bruselas. La Comisión Europea ha concedido dos meses al Gobierno español para responder y corregir las deficiencias detectadas. En caso de que la respuesta no resulte satisfactoria, Bruselas podría emitir un dictamen motivado, el siguiente paso dentro del procedimiento de infracción. El organismo comunitario recuerda que, desde la primera carta remitida el 17 de julio de 2025, ya ha entrado en vigor la Directiva 2024/1619 (CRD VI) y ha vencido el plazo para su aplicación en los Estados miembros. Por ello, la Comisión ha actualizado el análisis jurídico del expediente e incorporado las nuevas obligaciones derivadas de esta normativa entre las infracciones atribuidas a España. Según Bruselas, la legislación española resulta incompatible con el nuevo marco europeo que regula adquisiciones, fusiones, escisiones y otros cambios estructurales en entidades de crédito. La Comisión sostiene que esta situación refuerza las preocupaciones ya expresadas en el expediente abierto el año pasado. La institución comunitaria lleva tiempo cuestionando las restricciones que algunos países imponen cuando se producen grandes operaciones bancarias. El enfrentamiento entre Bruselas y Madrid comenzó poco después de que BBVA lanzara su opa hostil sobre Sabadell el 9 de mayo de 2024. Dos días más tarde, un ciudadano español alertó a la Comisión de que la normativa bancaria aprobada en España en 2014 y desarrollada en 2015 podía entrar en conflicto con la regulación europea y con los tratados comunitarios. A partir de ahí, Bruselas inició contactos con el Ministerio de Economía, aunque las conversaciones no lograron acercar posturas, como evidenciaron posteriormente la carta de emplazamiento y las declaraciones del entonces ministro Carlos Cuerpo, actualmente vicepresidente del Gobierno. En la práctica, el Ejecutivo español nunca llegó a utilizar la facultad que le otorga la legislación nacional para bloquear o condicionar una fusión bancaria en el caso de la opa sobre Sabadell, aunque esa posibilidad estuvo presente desde el inicio de la operación. Finalmente no fue necesario recurrir a ella. La intervención del Gobierno se produjo a través de la normativa de competencia. Dado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llevó el análisis de la operación a una fase más avanzada, el Consejo de Ministros debía validar las condiciones impuestas atendiendo al interés general. Así, el Ejecutivo obligó a BBVA a mantener durante tres años, prorrogables a cinco, la independencia societaria y de gestión de Banco Sabadell. Según explicó entonces Carlos Cuerpo, estas condiciones impedían realizar despidos colectivos vinculados a la operación y también fusionar ambas entidades. BBVA nunca llegó a solicitar formalmente la fusión al Gobierno porque la opa terminó fracasando antes de completar ese paso, por lo que el Ejecutivo no tuvo que ejercer directamente la prerrogativa ahora cuestionada por Bruselas. Paralelamente, el banco intentó revertir las condiciones impuestas por el Gobierno mediante un recurso ante el Tribunal Supremo, aunque finalmente retiró la demanda tras el fracaso definitivo de la operación.

LEER MÁS

(El País, 05-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La banca española aprueba con nota los test de estrés geopolíticos del BCE

La gran banca española ha superado el examen del Banco Central Europeo (BCE) centrado en el riesgo geopolítico. El supervisor comunitario ha sometido este año a las entidades de la zona euro a pruebas de resistencia específicas para evaluar su exposición a tensiones internacionales y ya dispone de los resultados. Según fuentes del sector, los bancos españoles analizados -Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja- han mostrado una notable capacidad de resistencia ante este tipo de escenarios, así como ante otras observaciones del BCE consideradas de menor relevancia por las entidades. El contexto de incertidumbre global, marcado por la guerra en Ucrania y las tensiones en Oriente Próximo, ha sido un elemento central del análisis. En los últimos años, el BCE ha desarrollado sus propios test de estrés, complementarios a los que realiza habitualmente la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Mientras la EBA se centra en escenarios macroeconómicos generales como recesiones o caídas de actividad, el supervisor europeo dirigido por Christine Lagarde ha optado por pruebas más temáticas, como el impacto del cambio climático en ejercicios anteriores o, en este caso, el efecto de los riesgos geopolíticos en 2026. El ejercicio se inició a comienzos de año, cuando el BCE pidió a 110 bancos de la zona euro que evaluaran escenarios en los que podrían llegar a perder hasta 300 puntos básicos de capital, es decir, el colchón que las entidades deben mantener para absorber pérdidas en situaciones de crisis. Se trata de los denominados test de estrés inversos, en los que son los propios bancos quienes identifican los riesgos, aplicando sus modelos internos para estimar su impacto. Posteriormente, el supervisor revisa esos análisis y formula recomendaciones sobre la gestión del riesgo, teniendo también en cuenta la liquidez y el acceso a los mercados. Las entidades enviaron sus informes al BCE durante el primer trimestre del año. En abril recibieron un borrador con las conclusiones preliminares, al que pudieron presentar alegaciones, posteriormente evaluadas por el supervisor. La versión definitiva ha sido remitida en las últimas semanas, aunque el BCE tiene previsto publicar los resultados de forma agregada a finales de julio, sin detallar datos banco por banco. A diferencia de los test de la EBA, que permiten comparar entidades mediante tablas públicas con resultados individuales, estos ejercicios del BCE no asignan una "nota" ni establecen rankings explícitos. En su lugar, se centran en valoraciones cualitativas sobre la forma en que cada banco gestiona el riesgo, diseña escenarios y estructura su gobernanza interna. En el caso de la banca española, las conclusiones son, en términos generales, favorables. Las entidades destacan por su solidez, apoyadas en años de elevada rentabilidad, y por una exposición geográfica menos sensible a las zonas de conflicto. La excepción parcial es el BBVA por su presencia en Turquía, aunque su negocio principal se concentra en España y México. Santander y BBVA, además, tienen una mayor diversificación hacia América Latina, una región menos afectada por las tensiones de Ucrania o Irán. Algunas decisiones estratégicas recientes también han jugado a favor del sector, como la desinversión del Santander en Polonia, un país fronterizo con Rusia, en paralelo a su refuerzo en mercados como Reino Unido y Estados Unidos. Aunque estos ejercicios no implican automáticamente mayores exigencias de capital, el BCE utilizará las conclusiones para orientar su supervisión futura. Las debilidades detectadas podrán influir en revisiones posteriores de requisitos y en el diálogo supervisor con cada entidad, aunque el objetivo principal es mejorar la gestión del riesgo y la capacidad de respuesta ante escenarios de tensión internacional. Estos resultados se compararán con los del test de estrés de la EBA del verano pasado, que también incorporó el componente geopolítico. En aquel ejercicio, la banca española volvió a situarse entre las más resistentes de Europa. Bajo un escenario adverso de recesión, aumento del desempleo, caída de la vivienda y alta volatilidad financiera, las entidades españolas consumieron una media de 180 puntos básicos de capital, por debajo de los 304 de la media de la zona euro y mejor posicionadas que bancos franceses o alemanes, con solo Italia mostrando un comportamiento ligeramente superior entre las grandes economías. Por entidades, Bankinter fue la que mejor resistiría el impacto, con una reducción de capital de 55 puntos básicos, seguida por Caixabank (162) y Santander (173). En el extremo opuesto se situarían Banco Sabadell (281), Unicaja (259) y BBVA (186).

LEER MÁS

(El País, 05-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Círculo de Empresarios pide “un nuevo mandato ciudadano” y “nuevos acuerdos políticos para gobernar”

Lo hace con la finalidad de afrontar "las reformas estructurales que exige el actual contexto de transformación global". El Círculo de Empresarios, creado en 1977, sostiene en un comunicado difundido este viernes que "la ausencia prolongada de unos Presupuestos Generales del Estado, junto a la polarización política y el deterioro institucional, reduce la capacidad real de gobernar", dificultando así "la adopción de las decisiones que necesita España". La organización empresarial subraya que fenómenos como "la revolución tecnológica, los cambios geopolíticos, la transición energética, la competencia internacional y la presión demográfica" están modificando simultáneamente las bases de la prosperidad, la seguridad y el peso internacional de los países. A su juicio, responder a estos desafíos exige que España proyecte una posición sólida y creíble en un escenario internacional cada vez más exigente y en una Europa que avanza sin esperar a los Estados rezagados. El think tank considera que el país "no dispone actualmente del respaldo suficiente para impulsar" estas transformaciones y defiende que, cuando esa situación se produce, resulta necesario "renovar el ejercicio democrático mediante la elección de representantes por parte de los ciudadanos". Según añade, este mecanismo forma parte del funcionamiento normal de la democracia constitucional y permite recuperar legitimidad política y dotar al Ejecutivo de la fortaleza necesaria para afrontar el contexto actual, alejándose de intereses coyunturales. Asimismo, el Círculo reclama reforzar la autonomía estratégica del país mediante actuaciones en ámbitos como la educación, el capital humano, la energía, la productividad, el mercado laboral, la unidad de mercado, la innovación, el tamaño empresarial, el ahorro, la inversión y la mejora de la eficiencia administrativa e institucional. En ausencia de estas reformas, advierte, España podría afrontar el nuevo escenario histórico con estructuras y dinámicas propias de una etapa ya superada. La entidad también alerta de que el "bloqueo parlamentario" deteriora la seguridad jurídica, genera incertidumbre entre los agentes económicos y transmite una imagen de inestabilidad, factores que considera incompatibles con el papel que España debería desempeñar en una Unión Europea que demanda una integración económica y política cada vez mayor. Por ello, el Círculo de Empresarios sostiene que el principal desafío pasa por alcanzar una mayoría política suficiente para acometer estas reformas, ya que, según indica, no pueden desarrollarse sobre apoyos parlamentarios frágiles ni improvisarse. En este sentido, recalca la necesidad de estabilidad institucional, continuidad y capacidad para mantener decisiones complejas más allá de los ciclos políticos, pensando en las futuras generaciones.

LEER MÁS

(Expansión, 04-06-2026) | Fiscal

Sánchez intenta blindar la legislatura con el inicio de la tramitación de los Presupuestos de 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró este miércoles su intención de continuar al frente del Ejecutivo a pesar de la complicada situación política derivada de las últimas investigaciones que afectan tanto a miembros de su gabinete como al PSOE. Lo afirmó durante la clausura de la reunión del Círculo de Economía, el foro barcelonés que reúne a empresarios, directivos y académicos. En su intervención, Sánchez anunció además que el Ministerio de Hacienda dará esta misma semana la orden para iniciar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2027, al tiempo que apeló al apoyo de sus socios parlamentarios, especialmente Junts y ERC, a los que mencionó en varias ocasiones. El jefe del Ejecutivo señaló que las nuevas cuentas públicas contemplarán un aumento de la inversión destinada a vivienda y defendió que, al término de la legislatura, la deuda pública quedará por debajo del 100% del PIB. Los presupuestos también incorporarán recursos para las comunidades autónomas de régimen común conforme al nuevo sistema de financiación pactado a comienzos de año entre el Gobierno central, la Generalitat presidida por Salvador Illa y ERC. La intención es que el acuerdo sea convalidado en el Congreso tras el verano, aunque el respaldo de Junts resulta clave y, de momento, el partido no muestra predisposición favorable. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado su intención de cumplir los acuerdos alcanzados con ERC y Junts al inicio de la legislatura, pactos que hicieron posible su continuidad en La Moncloa tras las últimas elecciones generales. "Defiendo los acuerdos y la estabilidad que han generado", afirmó durante la clausura de la reunión del Círculo de Economía celebrada en Barcelona. Sánchez hizo una referencia expresa a "los acuerdos de Bruselas", denominación utilizada por PSOE y Junts para el pacto de investidura sellado en otoño de 2023. Con este mensaje, el jefe del Ejecutivo quiso trasladar a Junts su voluntad de recomponer una relación marcada por las tensiones desde el arranque de la legislatura. El apoyo de la formación resulta imprescindible para sacar adelante iniciativas legislativas clave, entre ellas el nuevo modelo de financiación autonómica, respaldado también por la presidenta del Círculo de Economía, Teresa Garcia-Milà. El presidente sostuvo que los acuerdos con partidos nacionalistas e independentistas "están beneficiando al conjunto del Estado", algo que, según indicó, reflejan los actuales datos económicos. Además, mostró su confianza en que la justicia europea avale antes del final de la legislatura la ley de amnistía aprobada hace dos años, lo que abriría la puerta al regreso del expresident catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, que se trasladó a Bélgica tras la declaración unilateral de independencia aprobada en el Parlament en 2017. Sánchez defendió también que se ha logrado superar la etapa del procés y aseguró que el acercamiento institucional con Cataluña continuará siendo una prioridad para su Gobierno. En esa línea, agradeció al Ejecutivo de Salvador Illa los recientes acuerdos alcanzados en materias como financiación, inversiones y autogobierno.

LEER MÁS

(El País, 04-06-2026) | Fiscal

En España hay cada vez más grandes patrimonios

A finales de 2025, 259.700 personas en España disponían de activos invertibles superiores al millón de dólares (unos 860.000 euros al cambio actual), un umbral internacional de referencia que excluye la vivienda habitual, colecciones, bienes de consumo y bienes duraderos. En total, se registraron 13.100 nuevos grandes patrimonios, lo que supone un aumento del 5,3% respecto al año anterior. Además de crecer en número, estas fortunas también incrementaron su volumen de riqueza, hasta alcanzar aproximadamente 672.000 millones de euros, un 6,7% más, según el Informe sobre la Riqueza Mundial 2026 elaborado por el Instituto de Investigaciones de Capgemini y publicado este jueves. España se sitúa en el puesto 14 entre los 25 países con mayor población de alto patrimonio neto, mejorando una posición respecto a 2024. El informe atribuye este incremento principalmente al buen comportamiento de los mercados financieros, el sector bancario y el inmobiliario. El Ibex 35 cerró 2025 con una subida del 49,27%, su mejor resultado desde 1993. En paralelo, la banca cotizada -BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, Caixabank y Bankinter- obtuvo un beneficio conjunto de 34.000 millones de euros, un 7% más que el año anterior. El mercado inmobiliario también contribuyó a esta evolución, con un encarecimiento de la vivienda del 12,7%, el mayor incremento de la serie histórica del INE, que arranca en 2007, y el duodécimo ejercicio consecutivo de subida. A estos factores se suma la evolución general de la economía española, que el estudio califica como la más sólida entre las principales economías europeas, impulsada sobre todo por la demanda interna. Además, el déficit público se redujo hasta el 2,4% del PIB en 2025, frente al 3,2% del año anterior, encadenando cinco ejercicios consecutivos de mejora. Según el informe, estos indicadores refuerzan las expectativas positivas entre los grandes patrimonios. En este contexto, Kartik Ramakrishnan, vice consejero delegado de la Unidad Estratégica de Servicios Financieros de Capgemini, destaca que 2025 ha sido un año excepcional por el volumen global de individuos con alto patrimonio y por los activos que gestionan. Añade que estas grandes fortunas cuentan cada vez con un mayor acceso a diferentes clases de activos en múltiples mercados, así como a una oferta más amplia de asesores y servicios especializados que favorecen la optimización de sus inversiones. A nivel global, la tendencia también ha sido de crecimiento. El número de personas con activos superiores al millón de dólares alcanzó los 25,3 millones, dos millones más que en 2024, lo que representa el mayor incremento desde 2018, con un 8,7% de aumento. La riqueza total de este colectivo se situó en 98,3 billones de dólares (84,6 billones de euros). El informe vuelve a señalar el impulso de los mercados bursátiles, especialmente por el auge de la inversión en inteligencia artificial, junto con la moderación de la inflación como factores clave del crecimiento, aunque advierte de que la concentración de la riqueza sigue siendo muy elevada. Por países, Estados Unidos y China lideraron el aumento de grandes fortunas, con 736.000 y 436.000 nuevos individuos respectivamente. En Asia, el crecimiento se atribuye en parte al dinamismo de la demanda de semiconductores en los mercados bursátiles. En Europa, el incremento fue del 6,5%, con Luxemburgo a la cabeza (13,5%), seguido de Alemania (11,1%). En África, el aumento se situó en el 4,3%, impulsado por la subida de los metales preciosos y el buen comportamiento de Marruecos, que registró el mayor crecimiento regional con un 16,8%. En América Latina, el número de grandes patrimonios creció de forma más moderada, mientras que Oriente Próximo fue la única región donde se produjo un descenso del 1,4%, atribuido a la caída de los precios del petróleo.

LEER MÁS

(El Economista, 04-06-2026) | Fiscal

El Supremo cierra la puerta a que las parejas de hecho que no están inscritas cobren la pensión de viudedad

El Tribunal Supremo ha confirmado que las parejas de hecho que no hayan formalizado su relación mediante inscripción registral o documento público no podrán acceder a la pensión de viudedad tras el fallecimiento de uno de sus integrantes. En una sentencia dictada el pasado 7 de mayo, el alto tribunal respalda la postura de la Seguridad Social y rechaza conceder la prestación a una mujer que convivió con su pareja entre 2004 y 2022 y con la que tuvo un hijo en común en 2005. La resolución recuerda que la Ley General de la Seguridad Social establece dos condiciones que deben cumplirse simultáneamente para que un miembro de una pareja de hecho tenga derecho a percibir la pensión. La primera es acreditar una convivencia continuada durante al menos cinco años y la segunda consiste en haber inscrito oficialmente la unión en el registro correspondiente de comunidades autónomas o ayuntamientos, o haberla formalizado mediante documento público con una antelación mínima de dos años respecto al fallecimiento. El Supremo explica que la convivencia puede demostrarse a través de diferentes medios, como el empadronamiento u otras pruebas válidas. Sin embargo, subraya que la existencia legal de la pareja de hecho únicamente puede acreditarse mediante su inscripción oficial o mediante documento público, lo que evidencia, según la sentencia, la intención del legislador de limitar el acceso a esta pensión a las uniones formalmente regularizadas. Además, el tribunal recuerda que en 2021 se modificó la Ley General de la Seguridad Social para eliminar el requisito de los cinco años de convivencia cuando la pareja tiene hijos en común. No obstante, se mantuvo intacta la obligación de registrar oficialmente la pareja de hecho para poder acceder a la pensión de viudedad, incluso en esos casos. Por ello, la sentencia concluye que la legislación vigente no permite otra interpretación distinta, ya que hacerlo supondría apartarse de lo que establece expresamente la ley.

LEER MÁS

(La Vanguardia, 04-06-2026) | Fiscal

Bruselas alienta a España a revisar el IVA reducido a hoteles y restaurantes

La Comisión Europea señala que España es el país de la Unión Europea que más utiliza las exenciones y tipos reducidos del IVA como herramienta de política fiscal. Así lo recoge el informe semestral sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas de los Estados miembros presentado este miércoles en Bruselas. El documento también advierte de que la pobreza infantil sigue siendo "un desafío importante" en un contexto marcado por elevados niveles de desigualdad. Por ello, entre sus recomendaciones para los próximos Presupuestos -si finalmente llegan a aprobarse-, Bruselas insta al Gobierno a reducir parte de los incentivos y beneficios fiscales actuales para reforzar la sostenibilidad financiera, al tiempo que reclama una redistribución del gasto social entre generaciones para combatir la pobreza infantil. La Comisión ha dado luz verde a que España disponga de mayor margen presupuestario para incrementar el gasto en seguridad, defensa y medidas destinadas a paliar la crisis energética. Tras semanas de negociaciones, Bruselas ha aceptado una flexibilización parcial de las reglas fiscales. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario considera que persisten desafíos relevantes para garantizar la estabilidad de las cuentas públicas españolas, especialmente en el ámbito tributario. Uno de los aspectos sobre los que pone el foco es el IVA. Según la Comisión, España es el Estado miembro que más recurre a los tipos reducidos y exenciones de este impuesto para desarrollar políticas públicas. Fuentes comunitarias explican que alrededor del 60% de los beneficios fiscales aplicados por la Agencia Tributaria están relacionados con tratamientos preferenciales del IVA. Como ejemplo, Bruselas destaca los tipos reducidos aplicados a la hostelería y al alojamiento turístico, que generan un importante coste presupuestario pese a tener, según el análisis comunitario, un efecto redistributivo limitado. La lógica que sustenta esta valoración es que las rentas más elevadas son también las que realizan un mayor gasto en este tipo de servicios y, por tanto, serían las más afectadas por una eventual subida impositiva. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calcula que mantener el IVA reducido del 10% en la hostelería, en lugar del tipo general del 21%, supone dejar de ingresar alrededor de 7.000 millones de euros anuales. España mantiene ese tipo reducido como parte de una estrategia histórica de apoyo al turismo, aunque no es el único caso en el que se utiliza el IVA como herramienta coyuntural. Durante la crisis energética, el Gobierno aprobó rebajas fiscales sobre determinados productos energéticos y carburantes, medidas que Bruselas cuestionó al considerar que no estaban contempladas en la normativa comunitaria. En contraste con el tratamiento del IVA, la Comisión subraya que la carga fiscal sobre las rentas del trabajo ha aumentado en España en los primeros años de esta década debido a que el IRPF no ha compensado plenamente el efecto de la inflación. Según los datos del informe, los impuestos sobre el trabajo representaban el 48,7% de la recaudación tributaria total en la segunda mitad de la pasada década y ahora alcanzan el 51,8%, ligeramente por encima de la media europea. Además de pedir una revisión de las exenciones fiscales para fortalecer la sostenibilidad presupuestaria, Bruselas recomienda aumentar la oferta de vivienda, continuar aplicando las reformas vinculadas al plan europeo de recuperación, reducir cargas administrativas y afrontar de forma más decidida el problema de la pobreza infantil. En este último punto, la Comisión plantea la necesidad de "reequilibrar el gasto social entre generaciones". Aunque el informe no menciona recortes concretos en partidas como las pensiones o los descuentos al transporte para jubilados, sí deja entrever que reforzar determinadas políticas sociales requerirá redistribuir recursos desde otras áreas del gasto público. El análisis técnico realizado por Bruselas concluye que España cumple actualmente con la senda fiscal pactada gracias a la excepción concedida para incrementar el gasto en defensa, aprobada recientemente por la propia Comisión. Sin esa flexibilidad, el aumento del desembolso en seguridad y armamento habría provocado un incumplimiento de las reglas fiscales en 2025 equivalente a una décima del PIB, unos 1.600 millones de euros. Aun así, la Comisión mantiene que España podría volver a desviarse de los objetivos de ajuste este año, pese a que continúen reduciéndose tanto el déficit como la deuda pública. Con las nuevas reglas fiscales europeas, el indicador clave pasa a ser el gasto público neto, que excluye partidas extraordinarias como prestaciones por desempleo o gastos derivados de catástrofes naturales, como las reparaciones por la dana en Valencia. En cualquier caso, Bruselas prevé ampliar próximamente el margen fiscal de los Estados miembros gracias a la nueva flexibilidad anunciada para financiar durante los próximos tres años inversiones destinadas a acelerar la transición energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Esa posibilidad permitiría movilizar un gasto acumulado equivalente al 0,6% del PIB.

LEER MÁS

(El Confidencial, 04-06-2026) | Fiscal

La Audiencia Nacional para los pies a la inspección de Hacienda por las deducciones tecnológicas

Hacienda ha sufrido un nuevo revés judicial en torno a las deducciones fiscales por actividades de I+D+i. Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional vuelve a limitar la capacidad de la Agencia Tributaria para impedir la aplicación de estos incentivos fiscales cuando los proyectos ya habían sido previamente validados por el Ministerio de Ciencia. El fallo, al que ha tenido acceso El Confidencial, sigue la línea marcada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y deja claro que la Agencia Tributaria no puede cuestionar inversiones que ya cuentan con la calificación técnica favorable del Ministerio de Ciencia. Con esta interpretación, la Audiencia refuerza la seguridad jurídica de las empresas que han aplicado estas deducciones desde 2015, al impedir que la inspección tributaria revise posteriormente la naturaleza innovadora de los proyectos. No obstante, la sentencia sí reconoce que Hacienda mantiene competencias para comprobar los aspectos económicos vinculados a la deducción. Entre ellos figuran la correcta justificación de los gastos, la trazabilidad de los pagos, su adecuada imputación contable y la relación efectiva de esos costes con el proyecto declarado. En los últimos años, la Agencia Tributaria había intensificado el control sobre este tipo de beneficios fiscales, cuestionando especialmente si determinados proyectos podían considerarse realmente actividades de investigación, desarrollo o innovación tecnológica. Una parte relevante de esas inspecciones se ha centrado en proyectos relacionados con el desarrollo de software, cuya consideración como actividad susceptible de deducción ha sido objeto de frecuentes discrepancias. La Audiencia Nacional sostiene ahora que esa valoración técnica no corresponde a la inspección tributaria cuando existe un informe motivado vinculante emitido por el Ministerio de Ciencia. La resolución aplica el principio de "respeto a los actos propios" de la Administración, según el cual un órgano administrativo no puede contradecir el criterio previamente adoptado por otro órgano competente de la propia Administración. En este sentido, el tribunal considera que Hacienda no puede revisar libremente la naturaleza de proyectos que ya han sido reconocidos oficialmente como actividades con derecho a deducción por innovación tecnológica. Aunque la sentencia todavía puede ser recurrida en casación, la Audiencia determina inicialmente que la Agencia Tributaria deberá devolver a la empresa afectada las cantidades correspondientes a la deducción que le había sido rechazada. La resolución supone un nuevo límite a la intención de Hacienda de revisar los informes emitidos por el Ministerio de Ciencia y delimita con mayor claridad el papel de la Agencia Tributaria, que queda circunscrito al control económico y documental de las deducciones aplicadas. Desde Fi Group by EPSA, consultora que ha participado en el procedimiento judicial, destacan que el fallo contribuye a consolidar un marco más claro para la aplicación de los incentivos fiscales vinculados a la I+D+i. Según apuntan, la sentencia refuerza la seguridad jurídica de las empresas respecto a la calificación técnica de sus proyectos y delimita el alcance de las facultades de comprobación de la Administración tributaria. En los últimos meses, la actividad inspectora de Hacienda ya había comenzado a centrarse principalmente en la revisión económica de los proyectos tecnológicos. El foco se sitúa ahora en la justificación de los gastos asociados, incluyendo costes de personal, recursos empleados y otros desembolsos vinculados al desarrollo de las actividades declaradas. La sentencia de la Audiencia Nacional refuerza además la importancia de que las compañías obtengan el correspondiente informe motivado vinculante para sus proyectos de innovación. Contar con este documento reduce considerablemente la capacidad de Hacienda para cuestionar el contenido técnico del proyecto y limita la inspección a la verificación de los gastos deducidos.

LEER MÁS

(Cinco Días, 04-06-2026) | Laboral

La industria militar española busca talento a golpe de talonario: el sueldo medio supera ya los 80.000 euros

La invasión rusa de Ucrania y el posterior repliegue estratégico de Estados Unidos, que ha instado a Europa a asumir un mayor peso en su propia defensa, han impulsado un fuerte crecimiento de la industria militar en el continente. Ante la previsión de importantes contratos públicos en los próximos años -algunos ya en marcha-, las empresas del sector han visto revalorizarse su actividad en bolsa y están ampliando su capacidad para responder a la creciente demanda de los Estados. En el caso de España, el Gobierno elevó el gasto en defensa hasta el 2% del PIB durante el último año, acompañado de grandes adjudicaciones como los nuevos sistemas de artillería sobre ruedas y cadenas, asignados a Indra y Escribano por un importe conjunto de 7.240 millones de euros; el desarrollo de un sistema de formación para pilotos de cazas y un nuevo avión de entrenamiento, encargado a Airbus y Turkish Aerospace por 2.600 millones; o la modernización de las fragatas F-100 de Navantia, con un presupuesto de 3.200 millones. Este incremento de la inversión pública ha reforzado las expectativas de contratación en un sector que ya registra una retribución media bruta superior a los 80.000 euros, según el informe "Diagnóstico del sector industrial de la defensa y seguridad en España", elaborado por UGT y CC OO con el apoyo de Confemetal. Esta cifra más que duplica el salario medio del sector servicios. El estudio también señala como debilidad la baja presencia de mujeres, que representan solo el 20,6% del empleo, casi ocho puntos por debajo de la media industrial nacional. El informe estima que la industria de defensa emplea actualmente a 36.000 trabajadores directos, 37.000 indirectos y alrededor de 15.000 empleos inducidos, es decir, los generados por el consumo de estos trabajadores en la economía. Sin embargo, advierte de la falta de perfiles cualificados, lo que podría convertirse en un obstáculo para el crecimiento del sector. La elevada complejidad tecnológica en áreas como defensa, espacio, electrónica o simulación está incrementando la demanda de ingenieros, especialistas digitales y perfiles STEM, en un contexto de fuerte competencia con grandes grupos industriales europeos. A este desafío se suma la necesidad de afrontar un relevo generacional significativo. Según el informe, el conjunto de la industria del metal deberá cubrir alrededor de 350.000 puestos en los próximos años, en parte debido a la jubilación de unas 240.000 personas en la próxima década, muchas de ellas vinculadas también al sector de defensa. Desde UGT se subraya que se trata de una industria que no solo genera empleo cualificado y de calidad, sino que también puede ejercer un efecto tractor sobre la innovación tecnológica y el conjunto del tejido industrial español. El sindicato advierte, no obstante, de que el principal reto será formar, atraer y retener el talento necesario, en un mercado donde la competencia internacional por estos perfiles ya es elevada y seguirá intensificándose.

LEER MÁS

(El País, 04-06-2026) | Laboral

Las medidas para contener el alza de bajas laborales encallan: el Gobierno intenta sumar a la patronal a un pacto de mínimos

El aumento de las bajas laborales desde la pandemia y el elevado coste que generan tanto para las empresas como para el sistema público se ha convertido en una preocupación creciente para el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Con el objetivo de intentar contener esta situación -que afecta cada año a entre el 30% y el 50% de los trabajadores y supone un gasto superior a los 30.000 millones de euros para la Seguridad Social y las compañías- el Ejecutivo abrió hace meses una mesa de diálogo social para negociar medidas orientadas a mejorar la gestión de las incapacidades temporales y reducir su impacto. Sin embargo, tras numerosas reuniones durante el último año, las conversaciones se encuentran prácticamente bloqueadas. Los sindicatos mantienen la expectativa de que el Gobierno impulse algunas de las mejoras mediante un real decreto. Mientras tanto, el Ejecutivo trata de atraer a la patronal a un posible acuerdo, aunque las organizaciones empresariales consideran que las propuestas planteadas hasta ahora son insuficientes y no están dispuestas a respaldar un pacto que califican de poco ambicioso. Según sostienen, las iniciativas actualmente sobre la mesa no servirán para resolver un problema que consideran estructural. Desde que el Gobierno presentó en octubre un primer borrador articulado, la negociación ha ido perdiendo intensidad. Con el paso de los meses, además, se han ido descartando las medidas que podían tener un mayor alcance, especialmente aquellas relacionadas con el papel de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y el refuerzo del control de las bajas por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El primer gran frenazo llegó en marzo, cuando los sindicatos decidieron suspender temporalmente las conversaciones hasta que el Ejecutivo resolviera dos cuestiones pendientes derivadas del anterior acuerdo sobre pensiones. Ante esta situación, la Seguridad Social se comprometió a elaborar un real decreto que incluyera una de esas demandas -la regulación de la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones públicas- junto con algunas medidas para mejorar la gestión de las bajas. Sin embargo, el texto aún no ha sido aprobado. Según distintas fuentes, una de las razones es que el Gobierno busca el respaldo de la patronal para facilitar su posterior tramitación parlamentaria, especialmente después de que el PP anunciara en otras ocasiones su rechazo a iniciativas laborales sin consenso social. Entre las medidas que previsiblemente incorporará el futuro decreto figura la creación de una prestación específica para pacientes oncológicos, con mejores condiciones desde el inicio del proceso y la posibilidad de reincorporación parcial al trabajo tras el alta médica, siempre que exista acuerdo entre el médico y el paciente. Otra de las novedades permitiría que los médicos de atención primaria pudieran conceder la baja únicamente para una actividad concreta en casos de trabajadores con varios empleos o actividades profesionales. Además, se prevé ampliar el acceso a la pensión de viudedad para parejas no registradas oficialmente como parejas de hecho, siempre que tengan hijos en común y acrediten convivencia. La exclusión de las reformas más controvertidas relacionadas con las mutuas o con el control de las incapacidades temporales facilita el apoyo sindical al decreto, pero provoca el rechazo de la patronal. Los empresarios consideran que las medidas planteadas son demasiado limitadas y que no ayudarán a reducir el aumento de las bajas laborales si no se incorporan cambios más profundos. Desde CEOE sostienen además que el respaldo empresarial no debería ser imprescindible, ya que buena parte de las medidas relativas a la gestión de las bajas podrían aprobarse por otras vías normativas sin necesidad de recurrir a un decreto ley sometido a votación parlamentaria. Por ello, han pedido al Gobierno que saque adelante estas iniciativas mediante otros mecanismos para evitar verse obligados a respaldar públicamente un paquete que consideran insuficiente. Mientras tanto, las negociaciones continúan aunque con una actividad mucho menor. La mesa tripartita, que llegó a reunirse semanalmente, lleva cerca de un mes sin convocarse. Pese a ello, desde la Seguridad Social aseguran que el decreto terminará aprobándose, aunque sin precisar plazos. Paralelamente, el Gobierno está impulsando algunas actuaciones que no requieren cambios legislativos ni acuerdos con los agentes sociales. Entre ellas destaca la reciente instrucción enviada por el INSS a través de CEOE para recordar a las empresas que deben completar obligatoriamente la información relativa al puesto de trabajo y las funciones del empleado cada vez que reciben un parte de baja médica. El objetivo es facilitar a los médicos una mejor valoración sobre la capacidad real del trabajador para desempeñar sus tareas. La Seguridad Social también trabaja en un convenio con los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas para que los médicos de la sanidad pública puedan consultar datos laborales relevantes de los trabajadores en situación de incapacidad temporal. El acuerdo ya ha sido firmado por varias comunidades y continúa tramitándose en el resto. Además, el INSS ha iniciado la revisión del Manual de tiempos óptimos de incapacidad temporal, una guía técnica utilizada por los médicos de atención primaria para orientar el seguimiento y control de las bajas médicas y cuya última actualización se realizó en 2017. En este contexto, los interlocutores sociales asumen que a corto plazo no habrá una reforma profunda de la gestión de las bajas laborales debido a la complejidad política y social del momento. Sin embargo, ninguna de las partes descarta retomar las negociaciones más adelante. La patronal lamenta especialmente que hayan quedado fuera de la negociación algunas de sus principales demandas, como que el INSS asuma el control de los trabajadores que acumulan varias bajas en un mismo año. Esta propuesta también fue planteada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que calculó que el 25% de los trabajadores concentra el 55% de los procesos de incapacidad temporal. Tampoco prosperarán por ahora otras reivindicaciones históricas de los empresarios, como permitir que los médicos de las mutuas concedan altas médicas, que la Seguridad Social asuma el coste salarial y de cotizaciones de los trabajadores durante parte de la baja o que el sistema público cubra las cotizaciones sociales de los procesos de larga duración. Por su parte, los sindicatos también han renunciado temporalmente a algunas de sus principales reclamaciones, entre ellas la de convertir completamente en pública la gestión y dirección de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, que actualmente mantienen una estructura privada aunque desempeñan funciones públicas.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF