(Expansión, 05-02-2025) | Fiscal

El Supremo impide a Hacienda que use la vía penal para perseguir ejercicios prescritos

Los inspectores de Hacienda no pueden iniciar procedimientos contra un contribuyente una vez que ha prescrito la vía administrativa, lo cual ocurre a los cuatro años. Así lo ha establecido de manera categórica la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ha rechazado que la Agencia Tributaria pueda abrir actuaciones en el quinto año, incluso si la prescripción penal aún no se ha producido. Con esta resolución, el Supremo invalida la estrategia de Hacienda de considerar un posible delito fiscal para extender el plazo de prescripción y comenzar investigaciones en el quinto año. "Es un fallo muy relevante", señala Esaú Alarcón, abogado y socio de Gibernau, además de profesor en la Universidad Complutense de Madrid. "La Inspección queda sin facultades para iniciar actuaciones en el quinto año si la prescripción administrativa de cuatro años ya ha transcurrido", añade. Este criterio es clave en la evaluación de los riesgos fiscales, ya que implica que solo dentro del plazo de cuatro años la Inspección puede considerar llevar un caso a la vía penal. Además, en casos de delito fiscal agravado, previsto en el artículo 305 bis del Código Penal, el plazo de prescripción se amplía hasta los diez años. El fallo del Supremo refuerza la importancia de los límites temporales en las facultades de investigación de la Administración Tributaria y subraya la necesidad de proteger los derechos de los contribuyentes. Hacienda no puede alargar su capacidad de fiscalización a través de la investigación de delitos fiscales más allá de los plazos que marca la ley. Los magistrados han interpretado el artículo 115.1 de la Ley General Tributaria (LGT) de forma restrictiva, concluyendo que la investigación de ejercicios prescritos solo puede darse si es estrictamente necesaria para revisar impuestos aún no prescritos o para verificar bases imponibles o deducciones pendientes. Esta interpretación choca con la postura de la Agencia Tributaria, que defendía su derecho a investigar sin límites mientras no hubiera prescrito el delito. Asimismo, el Supremo rechaza el argumento de Hacienda de que la prescripción administrativa no afecta a la potestad de los tribunales para juzgar delitos fiscales. La sentencia aclara que la facultad investigadora de la Administración está sujeta a sus propios plazos y que solo puede verificar deudas no prescritas. Este pronunciamiento representa un revés para la Agencia Tributaria, que deberá ajustar sus procedimientos a los límites fijados por esta doctrina. A partir de ahora, la Inspección tendrá mayores dificultades para investigar hechos fiscales de años anteriores, lo que conlleva un cambio en su enfoque y otorga mayor seguridad jurídica a los contribuyentes. No obstante, esto no implica la eliminación de la prescripción penal, sino que la Inspección ya no podrá iniciar investigaciones una vez vencido el plazo administrativo. "El delito fiscal aún puede perseguirse entre el quinto y el décimo año, pero mediante otros mecanismos, como una denuncia o una actuación de la Fiscalía o del juez", explica Alarcón. Además, recuerda que los funcionarios de la Agencia Tributaria están obligados a denunciar delitos, pero ya no podrán abrir investigaciones tributarias mediante procedimientos de inspección. En términos prácticos, las investigaciones suelen iniciarse dentro de los últimos cuatro años. Sin embargo, se podrá revisar el quinto año solo si la inspección de uno de esos cuatro años estaba en curso antes de que venciera el plazo y se presume que el mismo esquema de fraude se aplicó en el quinto año. El Tribunal Supremo insiste en que la actividad de la Administración Tributaria debe centrarse en deudas no prescritas. Al prescribir a los cuatro años el derecho de Hacienda a determinar la deuda, queda imposibilitada su liquidación, y la capacidad de investigación queda restringida a ese período. Además, el Supremo advierte que cualquier prueba obtenida en una investigación tributaria que exceda los límites legales será inválida. La sentencia refuerza los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el derecho a un proceso con garantías. Finalmente, el fallo recalca que no se puede emitir una condena en casación si en los hechos probados no constan todos los elementos del delito, como el monto de la deuda defraudada. También establece que el derecho de la Administración a investigar no se reactiva una vez prescrito su plazo, aunque el delito aún no haya prescrito. El Tribunal rechaza los argumentos de la Administración, que sostenía que la prescripción administrativa no afecta la potestad de los tribunales penales. El Supremo responde que la investigación administrativa está sujeta a plazos específicos y que no puede prolongarse bajo el pretexto de la vía penal. Además, la sentencia cita un precedente del mismo Tribunal Supremo (fallo 586/2020), en el que ya se anuló una condena por haberse realizado la investigación fuera de plazo. Este refuerzo de la jurisprudencia establece un límite claro al poder de la Agencia Tributaria y fortalece la protección de los derechos de los contribuyentes.

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(El País, 05-02-2025) | Fiscal

El 1% más rico paga menos impuestos sobre su renta que los contribuyentes más pobres

El sistema fiscal español podría compararse con una escalera, donde quienes tienen mayores ingresos deberían contribuir en mayor medida. Sin embargo, al alcanzar el tramo más alto, la escalera se transforma en un tobogán, permitiendo que el 1% más rico de la población acabe pagando proporcionalmente menos impuestos que quienes se encuentran en niveles inferiores. En 2022, este reducido grupo de contribuyentes soportó un tipo impositivo medio del 24,1% sobre su renta, considerablemente inferior a la media del 35,1% y al 27,5% que abonó el 20% con menores ingresos. Este fenómeno representa una distorsión significativa del principio de equidad fiscal, ya que, en lugar de aumentar el esfuerzo tributario en los niveles más altos, se desploma hasta mínimos. El tipo efectivo de tributación se calcula cruzando el total de impuestos pagados por un hogar con su renta bruta. En general, sigue una tendencia progresiva, aumentando conforme crecen los ingresos. No obstante, esta progresividad se rompe en el tramo más alto. Esto es lo que refleja, año tras año, el Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles, publicado por el centro de estudios Fedea, que en su informe de 2022 analiza más de 18,9 millones de hogares. Para obtener una visión más precisa de los ingresos más altos, el último quintil se desglosa en centiles. El estudio confirma que el 20% más pobre de la población afrontó un tipo efectivo medio del 27,5%, que aumentó progresivamente hasta alcanzar un 38,7% en los hogares situados entre el percentil 91 y 99. Sin embargo, en el tramo final, esta progresividad se desvanece: el 1% más rico -equivalente a 189.000 hogares- vio reducido su tipo impositivo al 24,1%, el más bajo de toda la escala. Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron el impacto de diversos tributos, incluyendo el IRPF, el impuesto de sociedades, el de patrimonio, el IVA, el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP-AJD), los impuestos especiales y el impuesto sobre las primas de seguros, además de las cotizaciones sociales tanto de trabajadores como de empresas. Este desglose permite identificar las principales fallas del sistema. Uno de los ejemplos más llamativos es el IRPF, el impuesto más progresivo. Su tipo medio aumenta gradualmente, desde un 2,3% en los hogares con menos ingresos hasta el 16% en el tramo más alto. Sin embargo, al llegar al 1% más rico, cae abruptamente hasta un 10,5%. Esto se debe, en parte, a que las rentas societarias no distribuidas no tributan por este impuesto y a que los dividendos, aunque sí lo hacen, se integran en la base del ahorro, donde los tipos son más bajos que en la base general. Dado que el 1% más rico obtiene la mayor parte de sus ingresos del capital, su carga fiscal efectiva en IRPF se reduce notablemente. El carácter regresivo del sistema también se observa en impuestos indirectos como el IVA y el ITP-AJD, cuyos tipos no varían según la renta del contribuyente y terminan afectando más a quienes menos ganan. Esto hace que el 20% más pobre soporte una carga fiscal del 11,5%, que disminuye progresivamente hasta solo el 1,3% en el grupo más rico. Los impuestos especiales, aplicados a bienes como el alcohol, el tabaco o los hidrocarburos, muestran un patrón similar. En los hogares con menos ingresos, representan un 1,6% de su renta bruta, mientras que en los más ricos la cifra cae hasta 0,22%. Otro factor clave en esta distorsión son las cotizaciones sociales. Los hogares del 20% más pobre pagan el tipo más alto, superior al 5%, debido a la obligación de cotizar sobre bases mínimas, incluso cuando sus ingresos son inferiores a ellas o registran pérdidas, especialmente en el caso de los autónomos. En contraste, los hogares más acomodados pagan un tipo efectivo de solo 1,1%, el más bajo de todos los tramos. Algo similar ocurre con las cotizaciones empresariales, que siguen una tendencia progresiva hasta llegar a los niveles más altos, donde se interrumpe debido a la existencia de una base máxima de cotización. No obstante, esta última tendencia podría cambiar en los próximos años gracias a las recientes reformas, que han elevado las bases máximas y han incorporado nuevos mecanismos como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y la cuota de solidaridad, diseñados para corregir parte de estas desigualdades en el sistema fiscal.

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(El País, 05-02-2025) | Fiscal

Bruselas estudia relajar las reglas fiscales para que los Estados gasten más en defensa

El debate ya no gira en torno a si se debe aumentar el gasto en defensa en Europa, sino en cómo hacerlo. En un escenario de creciente inestabilidad geopolítica, la Comisión Europea estudia la posibilidad de flexibilizar aún más las reglas fiscales e incluso aplicar una suspensión extraordinaria, como ocurrió durante la pandemia de la covid-19, con el fin de otorgar a los Estados mayor margen para invertir en su gasto militar sin temor a sanciones por déficit excesivo. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, planteó esta medida a los líderes de los 27 países de la UE como una alternativa para fortalecer la industria de defensa europea y mejorar las capacidades militares, un sector que ha estado desatendido durante años. Todo esto ocurre en vísperas del tercer aniversario de la invasión rusa a gran escala en Ucrania y en un contexto en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, presiona a sus aliados europeos para que aumenten su inversión en defensa. "Si observamos los presupuestos nacionales, han estado limitados por las nuevas normas del pacto de estabilidad y crecimiento. Sin embargo, en tiempos extraordinarios, pueden aplicarse medidas extraordinarias dentro del mismo pacto, y creo que vivimos en tiempos extraordinarios", afirmó Von der Leyen el lunes por la noche, tras una reunión con los Veintisiete sobre defensa, organizada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa. La búsqueda de mecanismos que permitan ampliar el margen de gasto en los presupuestos nacionales es, además, una forma de ganar tiempo ante otro debate que ha cobrado fuerza en la UE en los últimos meses: cómo financiar conjuntamente al menos una parte de la enorme inversión en defensa que se requiere. En Bruselas, pocos creen que este debate pueda abordarse abiertamente antes de las elecciones legislativas en Alemania, previstas para el 23 de febrero. "La Unión Europea no contempla asumir una deuda común", advirtió el canciller alemán, Olaf Scholz, tras la reunión en Bruselas. Sin embargo, en esta ocasión, Berlín no cuenta con el respaldo de algunos de sus tradicionales aliados en materia de austeridad. Países como Finlandia, Dinamarca y las repúblicas bálticas se han alineado con Polonia, principal defensora de esta opción. Una anécdota ocurrida durante la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo refleja el delicado manejo de este tema para evitar tensiones con Alemania. El primer ministro polaco, Donald Tusk, comentó que percibió una actitud "más positiva" del canciller Scholz hacia sus propuestas al inicio de una intervención. No obstante, al concluir su discurso, pidió a los periodistas que fueran "precisos" con sus palabras "porque hay elecciones en Alemania". A pesar de las cautelas políticas, el tiempo apremia, como subrayó Costa. "Todos coincidimos en que hay que gastar más, pero también hacerlo de manera más eficiente y rápida", enfatizó el portugués. La urgencia se debe, entre otros factores, a que 23 de los 27 países de la UE también forman parte de la OTAN. En este sentido, 17 de esos Estados han alcanzado el objetivo de destinar un 2% del PIB a defensa, mientras que seis aún no lo han logrado, entre ellos España (que con un 1,28% está a la cola) e Italia. Sin embargo, más allá del debate sobre el aumento del gasto, la prioridad actual es reforzar áreas estratégicas como la defensa aérea, los misiles, las municiones y el transporte militar. Además, la OTAN está discutiendo la posibilidad de elevar el umbral de inversión por encima del 3% del PIB, lo que implicaría un esfuerzo financiero aún mayor para los países miembros. Alcanzar estas cifras supone un reto económico considerable en una Unión Europea que debe equilibrar múltiples prioridades. Por un lado, los Estados buscan reducir la abultada deuda pública generada por las crisis de los últimos 15 años (la financiera, la pandemia y la crisis energética); por otro, deben encontrar recursos para financiar inversiones millonarias en la transición ecológica, la digitalización y la defensa, esta última cada vez más urgente tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En este contexto, las nuevas reglas fiscales de la UE han sido diseñadas con mayor flexibilidad en comparación con las anteriores, y ahora se pondrá a prueba hasta qué punto pueden adaptarse a estas circunstancias excepcionales. La referencia de Von der Leyen a los "tiempos extraordinarios" sugiere que podrían implementarse medidas similares a las adoptadas durante la crisis de la covid-19. Desde la Comisión Europea, sin embargo, han evitado dar detalles este martes sobre qué implican exactamente estas declaraciones de la presidenta. No obstante, tampoco han descartado la posibilidad de activar la llamada cláusula de escape, aunque sea de manera parcial. "Esta cláusula forma parte del marco normativo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y si se cumplen ciertas condiciones específicas, como ocurrió con la pandemia, existe la posibilidad teórica de aplicarla", señalaron los portavoces comunitarios.

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(El País, 05-02-2025) | Laboral

El mercado laboral destruye 242.000 empleos y eleva el paro en 39.000 personas tras el fin de la campaña de Navidad

Enero suele ser un mes difícil para el empleo en España, y 2025 no ha sido la excepción. Según los datos históricos de la Seguridad Social, la ocupación siempre cae en el primer mes del año, incluso en épocas de bonanza económica. En esta ocasión, se han destruido 242.148 puestos de trabajo, con un impacto notable en el comercio y entre las mujeres. Esta caída es ligeramente superior a la del año anterior y supera las cifras de los ejercicios recientes. Para encontrar un descenso mayor en el número de afiliados, hay que remontarse a 2020. En cuanto al desempleo, los datos son más positivos: el número de parados ha aumentado en 38.725 personas, un incremento menor en comparación con los 60.404 del año pasado o los 70.744 de 2023. A pesar del retroceso mensual, las cifras generales del mercado laboral son alentadoras. España ha alcanzado un récord de afiliados en un mes de enero, con 21.095.814 trabajadores, y el número de desempleados (2.599.443) es el más bajo desde 2008, cuando había 2.261.925 personas en paro. El descenso de afiliación respecto a diciembre de 2024 equivale a una caída del 1,13%, muy similar al 1,11% registrado en enero del año anterior, cuando se perdieron 231.250 empleos. En términos relativos, la última caída más pronunciada se produjo en 2021 (-1,15%), mientras que en cifras absolutas el peor dato se dio en 2020, con 244.044 empleos menos. Si se observa la evolución de la última década, la afiliación ha caído en promedio un 1,1% cada enero, lo que se asemeja al 1,13% de este año. El descenso medio en términos absolutos ha sido de 207.000 empleos, inferior a los 242.000 de este ejercicio. Si se analiza la afiliación anual, el balance muestra la creación de 491.053 empleos en los últimos 12 meses, una cifra intermedia entre los 523.537 generados en el año previo y los 454.063 del período anterior. Este crecimiento anual se produce a pesar de las habituales caídas de empleo en enero. La estacionalidad del mercado laboral español provoca un freno en los primeros meses del año, seguido de un repunte con la llegada de Semana Santa y un crecimiento sostenido hasta septiembre, cuando se modera antes de acelerarse nuevamente en la campaña navideña. Según el Ministerio de Economía, se espera que esta dinámica continúe en 2025 y 2026. Por sectores, la mayor pérdida de empleo se concentra en actividades con fuerte componente estacional, como el comercio, que ha registrado 48.363 afiliados menos en el régimen general, quedando en 2,61 millones, y la hostelería, con 47.630 bajas y un total de 1,37 millones de empleados. También destacan las caídas en actividades administrativas (-45.139), sanidad y servicios sociales (-14.764) y administración pública (-14.473). La única área que ha conseguido generar empleo de manera significativa en enero ha sido transporte y almacenamiento, con 3.618 afiliados más. El número de autónomos también ha descendido, con 17.815 trabajadores menos respecto a diciembre de 2024, una caída ligeramente superior a la del año pasado (-16.949). A nivel territorial, las mayores caídas en la afiliación se han registrado en Jaén (-2,61%), Tarragona (-2,09%), Badajoz (-2,03%), Castellón (-1,93%) y Ávila (-1,83%). En contraste, la afiliación ha aumentado en Ceuta (+0,06%), Huesca (+0,17%) y Huelva (+2,36%). El Ministerio de Seguridad Social, dirigido por Elma Saiz, destaca las cifras desestacionalizadas, según las cuales se han sumado 35.000 afiliados entre diciembre y enero y 501.000 en el último año. La cartera ministerial resalta que el mercado laboral español muestra un dinamismo superior al de otras grandes economías europeas desde antes de la reforma laboral, con un crecimiento del 8,5%, en comparación con el 5,4% de Italia o el 1,6% de Alemania. La mayor pérdida de empleo en el comercio también se refleja en la distribución por género. Las mujeres, que representan la mayoría en este sector, han registrado una reducción de 133.334 puestos de trabajo, mientras que los hombres han perdido 108.815 empleos. Como resultado, la cifra de trabajadoras afiliadas ha caído por debajo de los 10 millones, un umbral que se había superado en septiembre del año pasado. Esta brecha también se observa en los datos de paro registrado, según el Ministerio de Trabajo. El 82% del incremento en el desempleo corresponde a mujeres, con 31.869 nuevas paradas de un total de 38.725. Además, el sector servicios concentra la mayor parte de los nuevos desempleados, con 44.595 personas más en paro, a las que se suman 1.099 en el sector agrícola. En contraste, el desempleo ha disminuido en la industria (-241), entre las personas sin empleo anterior (-2.201) y en la construcción (-4.527).

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(El País, 05-02-2025) | Laboral

El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas

Tras un significativo retraso-la ley debía haber comenzado a aplicarse en 2024 con una primera reducción a 38 horas-y en medio de las tensiones dentro del Gobierno de coalición, el "anteproyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión" ha sido aprobado este martes por el Consejo de Ministros. El texto mantiene los mismos términos acordados el 20 de diciembre entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los sindicatos, pese al rechazo de la patronal. "Es un día histórico", declaró Díaz en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, destacando la coincidencia de la aprobación del anteproyecto con el aniversario número 106 de la huelga de 44 días en La Canadiense, en Barcelona, que llevó a la implantación de la jornada laboral de 8 horas. La vicepresidenta subrayó que la reducción de la jornada a 37,5 horas anuales mejorará la calidad de vida y contribuirá a incrementar la productividad. Además, defendió que esta medida reducirá el absentismo y permitirá una distribución más equitativa de los beneficios. En este sentido, recordó el reciente aumento de ganancias en sectores como la hostelería, el comercio, la construcción y la agricultura, ámbitos en los que la reducción de jornada podría enfrentar mayores desafíos. Díaz también hizo hincapié en la importancia del control horario, uno de los puntos clave del anteproyecto: "Esta es la medida estrella de la reducción de jornada laboral. En España se realizan millones de horas extraordinarias no remuneradas cada semana, y esto debe corregirse". El texto, tramitado por vía de urgencia, deberá recibir ahora los informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES) antes de regresar al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley y su posterior envío al Congreso de los Diputados. Según el Ministerio de Trabajo, este proceso podría completarse a finales de febrero. No obstante, la gran incógnita sigue siendo cómo y cuándo deberán adaptarse las pequeñas y medianas empresas (pymes) a la reducción de jornada, lo que se prevé como un punto clave en la negociación parlamentaria. En este sentido, el partido Junts ya ha advertido al Gobierno de que no cuenta con mayoría suficiente para sacar adelante la reforma y ha insistido en la necesidad de adecuarla a la realidad económica de Cataluña, donde predominan las pymes. "Vamos a negociar con todas las formaciones políticas, como ya estamos haciendo", afirmó Díaz, lanzando un mensaje al Partido Popular al preguntar si aprovechará esta oportunidad para alinearse con los trabajadores o repetirá errores del pasado en materia laboral. En cuanto a Junts, expresó su confianza en que Cataluña desempeñe un papel positivo en el debate. También anticipó que la negociación será más sencilla de lo que parece, argumentando que "cuando una medida cuenta con un respaldo social amplio, es difícil encontrar razones para rechazarla". El objetivo del Ministerio de Trabajo es que la nueva norma sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del verano, permitiendo así que las empresas dispongan de un período de adaptación. Según el anteproyecto, los convenios colectivos que actualmente superen las 37,5 horas semanales en promedio anual tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para ajustarse a la nueva jornada máxima. Mientras tanto, la patronal CEOE y la organización de autónomos ATA han reiterado su rechazo a la reducción de jornada. En un acto organizado por Europa Press, al que asistió la propia vicepresidenta Díaz, sus representantes expresaron su desacuerdo con la medida. Antonio Garamendi, presidente de CEOE, afirmó que trasladarán su postura a los grupos parlamentarios, mientras que Lorenzo Amor, líder de ATA, insistió en que la reducción de jornada debería aplicarse de forma diferenciada según el sector y la región. Amor alertó de que la medida afectará principalmente a los autónomos y a las pequeñas empresas con uno, dos o tres empleados, en lugar de impactar a las grandes compañías. Precisamente, la falta de disposiciones específicas para las pymes ha sido uno de los puntos de fricción dentro del Ejecutivo, evidenciando diferencias entre la vicepresidenta Díaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Finalmente, el Gobierno ha decidido mantener el texto acordado con los sindicatos y trasladar la discusión sobre posibles ajustes al Congreso de los Diputados.

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(El Economista, 05-02-2025) | Laboral

Las empresas estudian el adiós al teletrabajo: no sale a cuenta con la jornada de 37,5 horas

El año 2024 cerró con una media anual de 3,2 millones de personas trabajando desde su domicilio, la cifra más alta registrada en la serie histórica sobre teletrabajo. Sin embargo, en términos porcentuales respecto al total del empleo, el 14,4% alcanzado aún se mantiene por debajo de los niveles de 2020 y 2021. Esta evolución se debe, en gran parte, al aumento del teletrabajo entre los asalariados, quienes representan 10,1 puntos porcentuales de esta tasa y suman 2,2 millones de teletrabajadores. Este grupo ha sido impactado por la Ley del Trabajo a Distancia y ahora también por la reforma de la jornada laboral, que la reduce a 37,5 horas semanales. Muchas empresas consideran que ambas normativas son incompatibles y, al evaluar sus costos, optan por regresar a un modelo 100% presencial. El hecho de mantener el mismo salario, o incluso incrementarlo en el caso de los empleados a tiempo parcial, lleva a las empresas a buscar formas de compensar este gasto. Además, la reducción de la jornada laboral implica un umbral más bajo del 30% de la jornada semanal, a partir del cual las compañías deben asumir los costos del teletrabajo, como electricidad e internet. Así, el recorte de 2,5 horas semanales no solo incrementa los costos del teletrabajo, sino que también limita la flexibilidad con la que las empresas lo ofrecen. No obstante, eliminarlo de manera abrupta podría acarrear problemas legales para aquellas que opten por esta medida. Para entender el panorama que se abre en 2025, es importante analizar el punto de partida. El récord en el número de teletrabajadores se explica, en gran parte, por el incremento de la ocupación. Según datos provisionales de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre, elaborados por el Ministerio de Trabajo, la tasa de empleados en remoto alcanzó el 14,4%. Aunque por debajo del 15% de 2020 y el 15,3% de 2021, supera los valores de 2022 y 2023, y está muy por encima del 8,3% registrado en 2019, antes de la pandemia. El impulso del teletrabajo ha venido principalmente de los asalariados, quienes antes de la pandemia representaban solo el 40% de los trabajadores en remoto y ahora superan el 70%. Su número se ha multiplicado por 3,1, alcanzando los 2,2 millones en promedio durante 2024. En términos de tasa, el teletrabajo entre asalariados ha pasado del 4,1% al 11,9%, mientras que entre los autónomos, que se han mantenido estables, la cifra llega al 28,8%. Dado que la mayoría de los trabajadores son asalariados, este cambio ha tenido un impacto significativo en las empresas y en la economía en general. Sin embargo, el teletrabajo sigue lejos de convertirse en una modalidad mayoritaria, ya que 88 de cada 100 empleados por cuenta ajena no trabajan a distancia. Otro aspecto relevante es que solo el 50,1% de los asalariados que teletrabajan lo hacen de manera habitual, es decir, más de la mitad de los días. En 2020, esta cifra alcanzaba el 72,3%, y en 2019 era del 58%. Este retroceso se debe, en gran medida, a la Ley del Trabajo a Distancia de 2020, la primera regulación específica sobre teletrabajo en España. Aunque fue fruto del consenso entre patronal y sindicatos para establecer garantías para empresas y empleados, también encareció y rigidizó esta modalidad laboral. La normativa establece que, si el teletrabajo supera el 30% de la jornada, la empresa debe asumir costos como electricidad e internet, además de proporcionar el equipo y mobiliario adecuados. Aunque esto no eliminó el teletrabajo, sí llevó a muchas compañías a reducir los días de trabajo remoto una vez superados los confinamientos. Como resultado, lo que antes era una práctica habitual se ha convertido en una opción ocasional, presentada en algunos casos como una "medida de flexibilidad". Además, muchas empresas han encontrado dificultades en la gestión de plantillas híbridas. Mientras que los empleados de oficina pueden beneficiarse del teletrabajo, otros departamentos requieren presencia física para realizar sus tareas. Esta desigualdad, sumada al incremento de costos, ha llevado a muchas compañías a replantearse el teletrabajo y, en algunos casos, a eliminarlo. La normativa establece que los convenios colectivos regulen las condiciones del teletrabajo para adaptarlas a cada sector y empresa. En 2024, un 17,6% de los convenios con efectos económicos contemplaban cláusulas sobre trabajo remoto, afectando al 29,6% de los asalariados bajo convenio. Sin embargo, estos porcentajes superan los datos reales de teletrabajadores según la EPA, lo que sugiere una brecha entre la negociación colectiva y la realidad laboral. También refleja que no todos los puestos dentro de una misma empresa pueden adaptarse a esta modalidad. En este contexto, la reducción de la jornada laboral se suma como un nuevo desafío que podría inclinar aún más la balanza hacia la presencialidad. Los expertos en derecho laboral advierten que muchas empresas están reevaluando sus políticas de flexibilidad y realizando simulaciones de calendario para ajustar sus estrategias. Sin embargo, eliminar el teletrabajo no es tan sencillo como algunos empresarios pueden pensar. Desde el ámbito jurídico, los jueces son cada vez más proclives a considerar que suprimir el trabajo remoto puede constituir una "modificación sustancial de las condiciones laborales", incluso si no está contemplado en el convenio colectivo. Hasta hace poco, se argumentaba que el teletrabajo implementado durante la pandemia no era un beneficio otorgado voluntariamente por las empresas, sino una medida excepcional derivada de la crisis sanitaria. No obstante, este razonamiento está perdiendo peso, ya que se puede demostrar que muchas compañías permitieron el teletrabajo como una concesión a sus empleados. Si los tribunales determinan que eliminar el teletrabajo supone una modificación sustancial, las empresas deberán abrir un proceso de negociación con los representantes de los trabajadores y justificar la medida por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. En el caso de decisiones individuales, la falta de justificación podría derivar en sentencias desfavorables para las empresas. En definitiva, el teletrabajo en España sigue en una situación de estancamiento. No ha desaparecido como algunos preveían tras la pandemia, pero tampoco ha crecido al ritmo que las innovaciones tecnológicas auguraban. Con la reducción de la jornada laboral y el aumento de los costos empresariales, el futuro de esta modalidad laboral se enfrenta a un escenario incierto.

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(El Economista, 05-02-2025) | Laboral

El Supremo mejora la protección de los trabajadores en las demandas por despido

El Tribunal Supremo ha fortalecido la protección de los trabajadores en los procesos por despido al modificar su criterio y permitir que los empleados puedan incluir en la demanda hechos distintos a los expuestos en la conciliación previa ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC). En una sentencia fechada el 23 de enero, el alto tribunal rechaza una interpretación estricta de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la cual establece que en la demanda "en ningún caso podrán alegarse hechos distintos de los aducidos en conciliación o mediación". Según el fallo, los trabajadores podrán aportar nuevos hechos siempre que no se perjudique el derecho de la empresa demandada a la tutela judicial efectiva. El magistrado Ángel Antonio Blasco Pellicer, ponente de la sentencia, señala que mientras el empleador disponga de tiempo suficiente para conocer los motivos de la demanda y presentar pruebas, no se verán afectados sus derechos procesales. Al mismo tiempo, esta flexibilidad garantiza el derecho del trabajador despedido a una tutela judicial efectiva. El caso analizado por el Supremo trata sobre un empleado que, tras recibir su primera nómina, reclamó a la empresa porque su salario no coincidía con lo acordado y porque se incumplían las normas laborales. Al día siguiente, la empresa lo despidió alegando que no había superado el período de prueba. En el proceso de conciliación, el trabajador solicitó que el despido fuera declarado improcedente. No obstante, en la demanda judicial argumentó que el cese debía considerarse nulo, pues se trataba de una represalia por haber reclamado sus derechos, vulnerando así su garantía de indemnidad, un principio que protege a los empleados de represalias por ejercer sus derechos laborales. Tanto el Juzgado de lo Social como el Tribunal Superior de Justicia fallaron a favor del trabajador y declararon nulo el despido. La empresa, sin embargo, llevó el caso al Tribunal Supremo, alegando que la demanda no se correspondía con los hechos expuestos en la conciliación, lo que vulneraba el artículo 80.1.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Para fundamentar su recurso, la compañía presentó una sentencia del Supremo del 25 de junio de 2020, en la que se inadmitió la nulidad del despido de una mujer porque, aunque en la demanda alegó que el motivo de su cese fue su embarazo, en la conciliación no había mencionado este hecho. Ahora, el Tribunal Supremo revisa su postura y establece que la correspondencia estricta entre la papeleta de conciliación y la demanda solo es exigible en dos circunstancias: cuando no se ha podido celebrar el acto de conciliación o cuando la empresa sufre una evidente vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva.

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(El Periódico, 05-02-2025) | Laboral

El Gobierno prevé la creación de unos 500.000 empleos al año los dos próximos ejercicios

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que España generará 500.000 empleos anuales durante los próximos dos años, gracias a un modelo de crecimiento "sólido y sostenible". Así lo expresó durante la presentación de la actualización del cuadro macroeconómico para este año, recordando que el crecimiento del pasado ejercicio superó el doble de las previsiones iniciales. Las nuevas proyecciones aprobadas este martes elevan la previsión de crecimiento económico para 2025 al 2,6%, frente al 2,4% estimado anteriormente. Para 2026, se espera un avance del 2,2%. Durante su intervención tras el Consejo de Ministros, Cuerpo puso en valor la evolución del empleo, a pesar de que los datos de enero reflejan la pérdida de más de 242.000 puestos de trabajo, una cifra peor de lo anticipado. El ministro también subrayó que la creación de empleo de calidad es compatible con el aumento de la productividad, la estabilidad de los precios, la descarbonización de la economía y la responsabilidad fiscal, reflejada en la reducción del ratio de deuda sobre el PIB. Según Cuerpo, el crecimiento económico está ligado a la mejora salarial y al aumento de las rentas familiares. En este sentido, destacó que el actual escenario económico permite avances sociales, como la reducción de la jornada laboral. Asimismo, señaló que el aumento del empleo no compromete la mejora de la productividad por hora trabajada. En este contexto, resaltó el "dinamismo del mercado laboral" y los "buenos resultados" de la Encuesta de Población Activa (EPA), que respaldan la previsión de 500.000 nuevos ocupados anuales en los próximos dos años. El ministro explicó que el crecimiento del empleo se concentra en sectores de alto valor añadido y destacó que, pese a los datos de enero, las afiliaciones a la Seguridad Social siguen una tendencia positiva. Según sus estimaciones, el número de afiliados podría alcanzar los 23 millones en 2026, frente a los 21 millones actuales. Finalmente, Cuerpo afirmó que, gracias a las medidas de protección social y a la evolución positiva del empleo, los hogares están recuperando poder adquisitivo. La previsión del Gobierno es que, al final del período, la tasa de paro caiga por debajo del 10%, situándose en un 9,7% en 2026.

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(Cinco Días, 05-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro paga el 2,37% por la deuda a seis meses, el tipo más bajo desde diciembre de 2022

El Tesoro ha dado inicio a febrero con una subasta de letras a seis y 12 meses. En un contexto de incertidumbre derivado de las amenazas arancelarias de Donald Trump, la deuda de la zona euro se percibe como un refugio seguro. Las compras en el mercado secundario se trasladan a las operaciones primarias, favoreciendo así una reducción en el coste de financiación. El organismo dirigido por Paula Conthe ha captado 5.816 millones de euros en deuda a corto plazo con tipos de interés más bajos. La bajada de rentabilidad es especialmente notable en las letras a seis meses, cuya rentabilidad alcanza su nivel más bajo desde diciembre de 2022. Las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) acelere la reducción de los tipos de interés para evitar un mayor deterioro económico, sumadas al creciente interés de los inversores por activos seguros, están limitando las oportunidades para los pequeños ahorradores de obtener rendimientos atractivos sin asumir grandes riesgos. La mayor parte de la colocación, 3.900 millones de euros, corresponde a las letras a 12 meses. El tipo marginal ha descendido 15 puntos básicos hasta el 2,235%, el nivel más bajo desde diciembre de 2024, mientras que la demanda ha alcanzado los 6.101 millones de euros. A pesar de la reducción progresiva en la rentabilidad, el interés de los pequeños inversores no se ha visto afectado, con peticiones no competitivas que han alcanzado los 1.086,48 millones, el nivel más alto desde agosto pasado. En cuanto a las letras a seis meses, se han adjudicado 1.916,38 millones de euros a un tipo del 2,376%, el más bajo desde diciembre de 2022, en un periodo en el que los bancos centrales aún mantenían una política agresiva de subidas de tipos para contener la inflación. La demanda total ha sido de 1.916,38 millones, de los cuales 682 millones provienen de pequeños inversores. El sólido desempeño de la economía española y el compromiso del Gobierno con la estabilidad fiscal han impulsado el apetito de los inversores por la deuda del país. Esta tendencia se observa tanto en las subastas programadas como en las emisiones sindicadas. Una semana antes de que el BCE anunciara la quinta bajada de los tipos de interés, el Tesoro logró captar 15.000 millones de euros en su primera emisión del año, con una demanda récord de 139.000 millones, superando el máximo histórico de 138.000 millones registrado el año anterior. En línea con el resto de la zona euro, la deuda española ha conseguido mantenerse estable a pesar de la volatilidad reciente en los mercados. Mientras que los bonos estadounidenses a corto plazo siguen bajo presión debido a las expectativas de una inflación persistente, los rendimientos de la deuda en la eurozona han caído en todos los plazos. Aunque el BCE no ha dado señales claras sobre sus próximos movimientos, el mercado anticipa que los tipos de interés seguirán bajando hasta situarse en torno al 1,5% en junio. Este entorno de tipos más bajos podría seguir reduciendo la rentabilidad de la deuda, una tendencia que beneficiaría a España. Mientras grandes economías como Alemania y Francia enfrentan dificultades presupuestarias y un crecimiento más débil, los países del sur de Europa, que en el pasado eran considerados más vulnerables, han logrado ganar la confianza de los inversores. España, en particular, ha conseguido deshacerse de la etiqueta de país periférico, como lo refleja la evolución de la prima de riesgo. La diferencia respecto a la deuda alemana se sitúa en torno a los 60 puntos básicos, muy cerca del mínimo de 57 puntos alcanzado en diciembre de 2021, cuando los tipos de interés estaban en niveles históricamente bajos y el BCE seguía comprando grandes cantidades de deuda para mantener los costes de financiación bajo control tras la crisis provocada por la pandemia. El próximo compromiso del Tesoro con los mercados será este jueves, cuando prevé colocar 7.250 millones de euros en deuda a medio y largo plazo. Para las letras, habrá que esperar una semana más: el martes siguiente se subastarán títulos a tres y nueve meses. Además, en el transcurso del mes se llevará a cabo la segunda emisión sindicada del año, una operación que, siguiendo la tendencia de años anteriores, suele dirigirse a la captación de deuda con vencimientos entre 15 y 30 años. En 2023, el Tesoro logró colocar 6.000 millones con vencimiento en 2054, en la primera emisión a este plazo en dos años, antes de que el BCE pusiera fin a su política de tipos de interés cero.

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(Expansión, 05-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno eleva la previsión del PIB de 2025 al 2,6% y mantiene en el 2,2% la de 2026

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, declaró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el nuevo cuadro macroeconómico reafirma un crecimiento "sólido" y proyecta "buenas perspectivas" para el futuro. La revisión del escenario macroeconómico hasta 2026 llega tras la reciente publicación de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la evolución de la economía española en 2024. Ese año, el PIB experimentó un crecimiento del 3,2%, superando en cinco décimas el aumento registrado en 2023. En el último trimestre del año, la economía mantuvo un avance del 0,8%, en línea con el ritmo observado en el segundo y tercer trimestre. Este sólido desempeño hacia el cierre de 2024 habría situado a España en una "posición muy favorable" para afrontar 2025 y 2026. Según el ministro, el crecimiento en los próximos años será "equilibrado" y estará impulsado principalmente por el consumo privado y la inversión. El dinamismo del mercado laboral también será un pilar clave del crecimiento económico. El Gobierno prevé la creación de aproximadamente 500.000 empleos anuales y una reducción progresiva del desempleo. Se estima que la tasa de paro descenderá al 10,4% en 2025, ligeramente por encima de la previsión anterior, y alcanzará el 9,7% en 2026. En cuanto a la ocupación, el Ejecutivo proyecta un incremento del 2,5% en 2025 y del 2,3% en 2026. Además, el ministro destacó que este crecimiento irá acompañado de una mejora en la productividad por hora trabajada.

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