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(El País, 17-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo investigará la concesión de los créditos ICO a empresas en la pandemia

El Tribunal Supremo se dispone a examinar con mayor profundidad los créditos ICO concedidos durante la pandemia de la covid-19. El Alto Tribunal evaluará los criterios fiscales establecidos por el Gobierno que sirvieron de base para que las administraciones públicas aprobaran o rechazaran las ayudas dirigidas a evitar la quiebra de empresas durante la crisis sanitaria que comenzó en España en marzo de 2020. En particular, los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo revisarán la legalidad del requisito incluido en el real decreto de marzo de 2021, según el cual solo podían acceder a estas ayudas las empresas que hubieran declarado una base imponible positiva en el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2019. Este tema se ha convertido en un punto de conflicto entre pequeños empresarios y autónomos, por un lado, y los bancos y las administraciones, por otro. El debate principal gira en torno a si las entidades financieras -encargadas de tramitar y gestionar los préstamos- ofrecieron información clara y suficiente sobre las condiciones y consecuencias de los créditos en caso de impago. Muchos empresarios firmaron de manera urgente, en plena crisis sanitaria, confiando en que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) cubriría hasta el 80% del importe prestado. Sin embargo, la disparidad de criterios en distintas sentencias judiciales ha llevado a que sea el Supremo quien tenga que fijar una posición definitiva sobre si los bancos actuaron conforme a derecho. Otro aspecto clave que ha llegado a los tribunales es la forma en que se evaluó la viabilidad de las empresas como condición indispensable para acceder a las ayudas. El real decreto de marzo de 2021 -cuando la gestión de los fondos pasó a manos de las comunidades autónomas- excluía a aquellas empresas que declararon pérdidas en el Impuesto de Sociedades de 2019, considerado el ejercicio de referencia previo a la pandemia. Varias empresas que no cumplieron este requisito han recurrido judicialmente la denegación de las ayudas, argumentando que ese criterio resulta discriminatorio y que existen otras maneras válidas de demostrar su solvencia económica. Es precisamente esta cuestión la que el Tribunal Supremo ha decidido abordar, y cuya resolución marcará jurisprudencia. Los magistrados determinarán si la única vía para acreditar la viabilidad económica era disponer de una base imponible positiva en 2019, o si también deben admitirse otros medios de justificación, como las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil o informes periciales. Así lo establece un auto del 2 de julio, en el que se admite a trámite un recurso de una empresa contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que confirmó la decisión de la Comunidad de Madrid de denegarle la ayuda. La empresa recurrente sostiene que la exigencia de una base imponible positiva supuso un trato desigual respecto a otras entidades que sí accedieron a las ayudas, y que se vulneró el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución. Según su argumentación, había formas alternativas de demostrar la viabilidad de su negocio que no fueron tenidas en cuenta por la Administración. La línea de avales del ICO fue lanzada en marzo de 2020, pocos días después de que se decretara el estado de alarma, con la intención de amortiguar los efectos económicos de la emergencia sanitaria. Ese mismo año, el ICO gestionó más de 302.000 millones de euros en financiación para empresas, según datos del propio Gobierno. Posteriormente, en marzo de 2021, y ante la presión de empresarios, sindicatos y del propio Banco de España, el Ejecutivo aprobó una nueva ronda de ayudas directas por valor de 7.000 millones de euros, destinada a empresas y autónomos que hubieran sufrido una caída de ingresos de al menos un 30% en comparación con 2019. Estas ayudas, que oscilaban entre los 3.000 y los 200.000 euros, fueron gestionadas por las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, y estaban diseñadas para compensar hasta un 40% de la pérdida adicional de facturación en el caso de autónomos y micropymes, y hasta un 20% para el resto de empresas.

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(Expansión, 16-07-2025) | Fiscal

La financiación singular puede llegar a arrebatar unos 24.000 millones de euros anuales a Hacienda

Ceder el control de la recaudación a Cataluña podría tener efectos negativos sobre las finanzas del Estado, la estabilidad de las cuentas públicas y el sistema fiscal español. Así lo advierten diversos analistas y economistas tras analizar el acuerdo de financiación específica alcanzado este lunes entre el Gobierno central y la Generalitat. Según sus estimaciones, este modelo podría restar hasta 24.000 millones de euros anuales a las arcas de Hacienda. Así lo señala un informe publicado ayer por la agencia de calificación crediticia Morningstar DBRS, que advierte de que "el nuevo esquema podría perjudicar la salud financiera del Gobierno central". De acuerdo con sus cálculos, la pérdida de ingresos estatales podría situarse entre el 0,4% y el 1,5% del PIB, es decir, entre 6.400 y 23.900 millones de euros, dependiendo del nivel de implementación del modelo propuesto para Cataluña. Estas cifras se basan en las proyecciones publicadas por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en su estudio Las implicaciones financieras de un concierto catalán. "El escenario descrito por Morningstar es correcto en términos generales", confirma Diego Martínez, catedrático de economía aplicada en la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea especializado en financiación autonómica. El experto manifiesta su preocupación por el posible impacto de este modelo en la disponibilidad de recursos para el resto de comunidades autónomas y en la capacidad del Estado para ejercer su función de estabilización macroeconómica. Los analistas de la agencia de rating coinciden en que una menor disponibilidad de recursos para el Tesoro Público podría traducirse en un deterioro de los resultados consolidados de las finanzas del Estado. Señalan, además, que una caída en los ingresos del Gobierno central "reduce su margen de maniobra sobre las cuentas regionales". Aunque en teoría esta pérdida podría verse compensada por una mejora en las finanzas autonómicas, la agencia advierte de que es poco probable que este equilibrio se dé en la práctica. Si otras comunidades siguieran el ejemplo y usaran los ingresos adicionales para aumentar el gasto en lugar de sanear sus cuentas, el nuevo modelo podría obligar al Estado a realizar ajustes. Según Morningstar DBRS, "si los déficits autonómicos no mejoran pese al incremento de la recaudación, el déficit de la Administración General también se verá afectado". En ese caso, el Gobierno central se vería obligado a recortar el gasto o a subir impuestos para cumplir con sus objetivos fiscales. La agencia, que actualmente otorga a España una calificación de A (alta) con perspectiva estable y a Cataluña un BBB (alta) también con perspectiva estable, prevé que este acuerdo de financiación singular mejore las finanzas de la Generalitat, que asumiría la totalidad de la recaudación tributaria. No obstante, advierte de los riesgos que esto supondría para el conjunto del Estado. Para evitar una desviación fiscal, la agencia recomienda que el Gobierno refuerce los mecanismos de control y coordine de forma más estricta los objetivos fiscales entre la administración central y las regiones. El impacto económico concreto del nuevo modelo no se conocerá hasta otoño. Así lo anunció ayer la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alicia Romero, en una entrevista en TV3. Señaló que se espera tener cifras concretas del acuerdo "entre septiembre y octubre", una vez concluyan los trabajos del grupo de expertos encabezado por Martí Carnicer, exsecretario general de Economía del Govern. "Nos gustaría ir más rápido", admitió Romero, aunque aclaró que "ha sido una negociación compleja" y que aún no se han definido elementos clave como la aportación solidaria, el principio de ordinalidad, la composición de la cesta tributaria ni el reparto de competencias en la gestión de los impuestos. Además del impacto en la sostenibilidad de las cuentas públicas y en el modelo de financiación autonómica -sobre todo considerando que Cataluña es una de las tres regiones que más aportan, junto con Madrid y Baleares-, el sistema singular plantea amenazas para la arquitectura del sistema tributario. "La cesión de competencias tan sensibles como la recaudación de impuestos estatales o el diseño de sistemas propios de gestión puede generar problemas operativos, fragmentación del sistema y pérdida de eficiencia administrativa", advierte Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Coincide con la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) en que esta fragmentación fiscal podría dificultar tanto la eficiencia como la lucha contra el fraude.

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(Expansión, 16-07-2025) | Fiscal

Francia rechaza su impuesto a fortunas y asesta un golpe a la "tasa Zucman"

El Senado francés ha rechazado de forma contundente la propuesta de establecer un impuesto sobre el patrimonio de las grandes fortunas, en contraste con los esfuerzos de España por promover una medida similar a nivel internacional. Mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trabaja en foros globales para lograr un acuerdo que permita implantar un tributo universal a las grandes riquezas, Francia lanza un mensaje claro en sentido opuesto. La negativa de la Cámara Alta francesa se convierte así en una advertencia para los planes del Gobierno de Pedro Sánchez. El escenario parisino fue especialmente simbólico. En las inmediaciones del jardín de Luxemburgo, activistas de organizaciones como Oxfam y Attac desplegaron figuras de multimillonarios como Bernard Arnault, acompañadas del lema "¡Taxez-moi!" ("¡Cobradme impuestos!"). Sin embargo, esta protesta no logró influir en la votación del Senado. La iniciativa, promovida por los ecologistas e inspirada por el economista Gabriel Zucman, proponía aplicar un impuesto mínimo del 2% sobre el patrimonio de las 1.800 personas en Francia que poseen más de 100 millones de euros. El resultado fue claro: 188 votos en contra y 129 a favor, con el rechazo del gobierno de Emmanuel Macron. Este revés en una de las potencias clave de la Unión Europea contrasta abiertamente con la postura que defiende el Ejecutivo español. Desde Sevilla, durante la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de la ONU, la ministra Montero propuso como uno de los objetivos de la cumbre la creación de "un impuesto global a las grandes fortunas", destinado a reducir las desigualdades y a respaldar a los países con menos recursos. Para Montero, este tipo de impuesto es una herramienta crucial para promover la justicia social y avanzar hacia un desarrollo sostenible. No obstante, la tendencia general en Europa apunta en dirección contraria. La decisión francesa refleja una corriente dominante en el continente. Así lo destaca Antonio Barderas, director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF), quien sostiene que este tipo de impuestos implican una doble tributación, ya que afectan a ahorros que ya han pagado impuestos previamente. Además, recuerda que el propio Informe Anual sobre Fiscalidad de la Comisión Europea señala que la mayoría de los países europeos han eliminado los impuestos sobre el patrimonio neto desde los años 90. En efecto, desde entonces lo han suprimido naciones como Austria (1994), Dinamarca (1997), Alemania (1997), Países Bajos (2001), Finlandia y Luxemburgo (2006), Suecia (2007) y Francia (2017), dejando a España como una excepción. Las declaraciones de Barderas reflejan el aislamiento de España respecto a sus socios europeos en esta materia. Mientras Montero busca un consenso global difícil de alcanzar, Europa parece haber consolidado su posición contraria a este tipo de tributos hace tiempo. La supresión del Impuesto de Solidaridad sobre la Fortuna en Francia en 2017, impulsada por Macron, ya fue un punto de inflexión, y el rechazo actual a reintroducirlo -aunque sea de forma limitada- refuerza esa línea. El debate deja a España en una situación cada vez más solitaria. Aunque la izquierda francesa ha prometido insistir y volver a presentar la llamada taxe Zucman, el Gobierno español sigue defendiendo una figura fiscal que sus principales socios europeos han descartado por considerar que penaliza la inversión y desincentiva el ahorro. La decisión del Senado francés no es solo un asunto interno: representa un obstáculo significativo para la propuesta de un tributo global a las grandes fortunas, y sirve como argumento para quienes consideran que España está yendo a contracorriente en el contexto europeo.

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(El Economista, 16-07-2025) | Fiscal

Los ciudadanos pagan 855 euros de media al año de IRPF por tener viviendas vacías

Los propietarios pagan una media de 855 euros anuales en concepto de IRPF por tener viviendas vacías. La Agencia Tributaria ha reforzado el control sobre los inmuebles desocupados y, por primera vez, ha publicado una estadística elaborada a partir de datos de las declaraciones de la Renta y del Catastro. Este informe revela que existen en España 4,8 millones de viviendas vacías, el 90% de ellas sin uso durante todo el año, y 2,5 millones alquiladas al cierre de 2023. Hacienda aplica a las viviendas desocupadas lo que se conoce como imputación de rentas: se exige a los contribuyentes tributar por potenciales ingresos derivados de inmuebles que no están alquilados ni se utilizan como vivienda habitual. La base del cálculo es el valor catastral: se aplica un 1,1% si ha sido actualizado después de 2012, o un 2% si no se ha revisado desde entonces. Este endurecimiento fiscal llega en un momento en que el PSOE impulsa en el Congreso una ley para penalizar aún más la tenencia de viviendas vacías, proponiendo un aumento del tipo hasta el 3% del valor catastral, con el fin de fomentar su salida al mercado del alquiler. Por comunidades autónomas, Baleares lidera el ranking de los propietarios que más pagan por tener viviendas sin ocupar, con una media de 1.083 euros al año. Le siguen Madrid (1.075 euros) y Cantabria (1.033 euros). En el otro extremo, los asturianos y extremeños pagan en torno a 672 euros, mientras que en Aragón la media es de 687 euros. En cuanto al número de viviendas sin uso, Andalucía encabeza la lista con 819.597, seguida de Madrid (832.250) y Cataluña (682.351), las regiones más pobladas del país. En los últimos años, la Agencia Tributaria ha intensificado las inspecciones a los propietarios de inmuebles desocupados, obligándoles a tributar tanto si la vivienda ha estado vacía durante todo el año como si solo lo ha estado por un periodo breve mientras buscaban nuevo inquilino. A ello se suma la doctrina del Tribunal Supremo, que desde su sentencia del 25 de febrero de 2021 impide a los arrendadores deducirse gastos relacionados con el inmueble (como IBI, seguros, hipoteca o comunidad) por los días en que no está alquilado. Por otro lado, en 2023 los contribuyentes declararon ingresos medios de 657 euros mensuales por alquiler de vivienda, lo que equivale a cerca de 8.000 euros anuales. En total, se alquilaron 2,5 millones de viviendas, con unos ingresos brutos que sumaron 22.000 millones de euros. De estos ingresos, la mayoría de los arrendadores solo tributó por entre el 30% y el 40%, tras deducir gastos y aplicar la bonificación por alquiler de vivienda habitual, que en 2023 alcanzaba el 60%. Sin embargo, desde 2024, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda, esta deducción puede llegar hasta el 90% si el alquiler se realiza en zonas tensionadas y se aplica una reducción del precio de al menos un 5%. En caso contrario, la deducción general baja al 50%. Hacienda también ha reforzado la vigilancia sobre los ingresos por alquiler. En la campaña de la Renta de este año, envió 836.000 avisos recordando la obligación de declarar estas ganancias. Para ello, cruza datos con la información que facilitan las comunidades autónomas sobre las fianzas depositadas por los propietarios. Cataluña, Madrid y Andalucía son las comunidades con mayor número de viviendas arrendadas, con 544.782, 486.792 y 308.018 respectivamente. En promedio, los inmuebles alquilados están ocupados 339 días al año, tienen una superficie de 82 m² (los más pequeños están en Madrid, con 77 m², y los más grandes en Baleares, con 99 m²) y ofrecen una rentabilidad media del 5,1%. Aragón, Asturias y Murcia lideran en rentabilidad con un 6,1%, mientras que Cataluña se sitúa a la cola con un 4,9%.

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(El Economista, 16-07-2025) | Fiscal

La banca informará a Hacienda de los ingresos de los autónomos por Bizum y tarjeta a partir de febrero de 2026

El Ministerio de Hacienda ha aprobado una Orden que introduce nuevos modelos de declaración para que bancos, entidades de pago y empresas de dinero electrónico informen mensualmente sobre todos los ingresos que reciben empresarios y autónomos mediante tarjetas bancarias y Bizum. Esta obligación comenzará a aplicarse en febrero de 2026, con respecto a los datos correspondientes a enero de ese año. En concreto, la norma establece cuatro nuevos modelos: el 170, el 174, el 196 y el 181. El modelo 170 obligará a las entidades financieras a reportar cada mes los ingresos que los profesionales y empresarios reciben mediante pagos con tarjeta o Bizum, especificando por qué canal se ha producido el cobro. También deberán identificar las cuentas en las que se reciben dichos ingresos, así como los terminales de punto de venta (TPV) utilizados. Por su parte, el modelo 174 será de carácter anual y servirá para que las entidades informen sobre todos los movimientos con tarjeta realizados por los contribuyentes, siempre que el total de abonos y cargos supere los 25.000 euros anuales. Aquellos contribuyentes cuyos movimientos estén por debajo de ese umbral quedarán exentos de esta obligación. Esta información deberá remitirse a Hacienda por primera vez entre el 1 y el 31 de diciembre de 2026, en relación con los datos de 2025. En cuanto al modelo 181, este requerirá que bancos y otras entidades informen anualmente sobre préstamos, créditos y operaciones financieras vinculadas a bienes inmuebles. El plazo para enviar esta información correspondiente al ejercicio 2025 será del 1 al 31 de diciembre del próximo año. Finalmente, el modelo 196 incluirá dos tipos de reportes. En primer lugar, las entidades deberán comunicar mensualmente cualquier nueva cuenta bancaria abierta, incluyendo los datos del titular. Esta información deberá enviarse por primera vez en febrero de 2026, con relación a las cuentas abiertas en enero. En segundo lugar, las entidades estarán obligadas a remitir anualmente el saldo de las cuentas al 31 de diciembre, así como los movimientos (ingresos y retiradas) registrados durante todo el año. Esta última información se entregará por primera vez en enero de 2027.

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(Expansión, 16-07-2025) | Laboral

La ministra de Trabajo aplaza el debate sobre la reducción de jornada en el Congreso

El Ministerio de Trabajo ha decidido posponer hasta el próximo periodo de sesiones el debate en el Congreso sobre el proyecto de ley que propone reducir la jornada laboral, con el objetivo de ganar tiempo para negociar con Junts. La votación, prevista inicialmente para este martes, ha sido suspendida en el último momento al comprobarse que no había apoyos suficientes para superar la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts, PP y Vox, lo que habría supuesto el bloqueo de la iniciativa. Fuentes del Ministerio, citadas por EXPANSIÓN, reconocen que el calendario legislativo se ha visto alterado por los recientes escándalos de corrupción que afectan al PSOE, generando una atmósfera política tensa y cargada de incertidumbre sobre la continuidad de la legislatura. "El debate sobre la jornada laboral debe centrarse en el contenido de la medida, no en otros factores que desvíen la atención", explican, asegurando que "el actual contexto político no es el más propicio". La intención inicial era someter el texto a votación este martes, pero el rechazo de los grupos opositores ya estaba claro. Por ello, el Ministerio ha decidido retrasar la votación de totalidad hasta después del verano, cuando se reanuden las sesiones parlamentarias. Hasta entonces, el Ejecutivo trabajará intensamente en buscar el apoyo de Junts, considerado clave para sacar adelante la reforma que reduciría la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La formación de Carles Puigdemont, según adelantó EXPANSIÓN, argumenta su oposición en dos aspectos principales: la falta de un acuerdo con las patronales -ya que la propuesta fue elaborada únicamente con los sindicatos- y el impacto económico que supondría para las pequeñas y medianas empresas catalanas. Según la CEOE, la medida implicaría un coste adicional de 23.000 millones de euros para el conjunto empresarial. Los sectores más vulnerables, como el comercio, la hostelería y la agricultura, que operan actualmente bajo convenios cercanos a las 40 horas semanales, se verían especialmente afectados, lo que sitúa a Cataluña en una posición crítica debido al peso del turismo y los servicios en su economía. El Ministerio de Trabajo confirmó a través de un comunicado que el 15 de julio se celebró una reunión entre su equipo negociador y el de Junts per Catalunya. El encuentro forma parte del proceso de contactos con los distintos grupos parlamentarios para impulsar la tramitación del proyecto de ley, que también contempla medidas sobre el registro de jornada y el derecho a la desconexión digital. Durante la reunión, Junts reiteró su preocupación por el impacto de la ley en las pymes, los autónomos y los trabajadores catalanes, subrayando que cualquier avance debe venir acompañado de un consenso amplio y ser percibido como una oportunidad para el tejido empresarial. "Esto requiere tiempo y seguir negociando", indicaron desde el Ejecutivo. Por este motivo, y dada la importancia estratégica que tiene esta reforma para el Gobierno, el Ministerio ha optado por aplazar la votación para tratar de alcanzar un acuerdo que permita sortear la fase de enmiendas a la totalidad cuando se retomen los trabajos parlamentarios. De este modo, el Ejecutivo intenta limitar el daño político y agotar todas las posibilidades de acuerdo con Junts, con la esperanza de que modifiquen su posición y se alineen con los demás socios parlamentarios para desbloquear el proyecto. Superada esta fase, se abriría un nuevo periodo en el que se podrían negociar enmiendas parciales. La vicepresidenta Yolanda Díaz aspira a llegar a ese punto para reformular el texto acordado con los sindicatos e incluir mecanismos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Estas ayudas, que inicialmente fueron eliminadas tras el rechazo frontal de CEOE y Cepyme, habían sido criticadas por su insuficiencia -apenas 300 millones de euros- y por estar sujetas a condiciones restrictivas en materia de subvenciones y contrataciones.

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(El País, 16-07-2025) | Laboral

El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público de 36.600 plazas, un 9% inferior a la del año pasado

El Gobierno ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público para 2025 que rompe con la tendencia de los últimos años: por primera vez desde 2020, la cifra disminuye respecto a los ejercicios anteriores. En concreto, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a 36.588 plazas, lo que supone un descenso del 8,8% en comparación con las 40.121 ofertadas en 2024, año que marcó el máximo histórico desde que existen datos consolidados. A pesar del retroceso, la cifra sigue siendo superior a las registradas entre 2018 y 2021, bajo el mandato de Pedro Sánchez. De ese total, el Ejecutivo estima que se generarán 5.400 nuevos empleos netos en la Administración General del Estado (AGE). La aprobación de esta oferta se ha producido sin el aval de los sindicatos, en un contexto marcado por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. Las organizaciones sindicales presentes en la mesa de negociación -CSIF, UGT, CCOO, CIG y ELA- consideran que el número de plazas sigue siendo insuficiente para atender las necesidades reales de la administración pública. Denuncian que no se está recuperando el terreno perdido tras la Gran Recesión, cuando apenas se cubrían las jubilaciones. Por eso, hace dos semanas se cerró la negociación sin acuerdo, un escenario que recuerda al del año anterior, cuando solo UGT respaldó al Gobierno. "La oferta no responde a lo que demanda la ciudadanía", afirmó la semana pasada Isabel Araque, responsable de Servicios Públicos de UGT, durante una concentración frente al Ministerio de Hacienda. Por su parte, el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, aseguró que "necesitamos una oferta que se adapte a la realidad, no una que se use como herramienta propagandística". Ambos sindicatos reunieron a unas 2.000 personas para denunciar también otros incumplimientos del Ejecutivo con respecto a los empleados públicos. El sindicato CSIF también ha rechazado la propuesta por considerarla insuficiente. Argumenta que no compensa adecuadamente las jubilaciones ni corrige la pérdida estructural de personal que se ha producido en las últimas décadas, cifrada en 42.000 puestos en los últimos 20 años dentro de la administración estatal. Desde la CIG, el análisis es similar: "No cubre el deterioro de los servicios públicos ni se ha negociado de forma real; simplemente nos presentaron una cifra cerrada". CSIF añade que más del 50% del personal se jubilará en la próxima década, por lo que urge una planificación a medio plazo, y relaciona la reducción en la oferta con la falta de nuevos presupuestos y el bloqueo de fondos europeos. En contraste, el Gobierno defiende que, por quinto año consecutivo, se establece un récord en cuanto a plazas de nuevo ingreso, que alcanzan las 27.697. Según el Ministerio de Función Pública, esto se traduce en 5.400 empleos netos en la AGE. El Ejecutivo asegura que se mantiene una tendencia positiva iniciada en 2021, con más incorporaciones que bajas, lo que ha contribuido a frenar el envejecimiento de las plantillas y a rejuvenecer la administración pública. Del total, 27.697 plazas se destinan a nuevo ingreso (20.324 en la AGE) y 8.891 a promoción interna (6.565 también en la AGE). Además, se ofertan 7.373 plazas de nuevo ingreso y 2.326 de promoción interna en cuerpos como la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas. El Ministerio también destaca que, gracias a estas incorporaciones récord, la edad media del personal público ha bajado de 51 a 49 años desde 2021. Solo en 2024, las altas duplicaron las bajas, con un crecimiento neto de 9.000 trabajadores. También subraya que se han agilizado los procesos selectivos: el 93% de las convocatorias de la OEP 2024 se publicaron ese mismo año y la mayoría finalizan la fase de oposición en menos de un año. No obstante, los sindicatos siguen reclamando más agilidad en la ejecución de estos procesos. Por otro lado, el departamento dirigido por Óscar López ha puesto el foco en reforzar los subgrupos C1 y C2, los más directamente relacionados con la atención ciudadana. De hecho, el 64% de las plazas para funcionarios de la AGE se destinan a estos grupos. Según el Ministerio, esta es la primera vez que la oferta se diseña específicamente para mejorar los servicios de atención al público y la tramitación de prestaciones. En concreto, 8.851 plazas reforzarán organismos como el SEPE, la Seguridad Social, Tráfico, Extranjería y la Agencia Tributaria. La oferta también incluye una reserva de 2.610 plazas para personas con discapacidad, de las cuales 538 se destinan específicamente a personas con discapacidad intelectual.

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(El Economista, 16-07-2025) | Laboral

España cerró 2024 con 3,3 millones de ocupados trabajando desde casa

El aumento del teletrabajo se concentra especialmente entre los empleados por cuenta ajena, que ya suman 2,3 millones, lo que representa un crecimiento del 233% respecto a 2019. Por primera vez, los trabajadores que trabajan de forma remota de manera esporádica superan a quienes lo hacen de forma regular, lo que evidencia el auge del modelo híbrido. Esta fórmula, impulsada por los cambios legislativos introducidos a finales de 2020, ha tenido una implantación muy desigual en las empresas españolas. Un informe de Eurofound -organismo europeo dedicado al análisis de las condiciones laborales- distingue tres formas distintas de aplicar el teletrabajo en las empresas, cada una con sus propios retos, y advierte de la necesidad de prestar atención a estas diferencias para asegurar que este modelo de trabajo sea sostenible y justo a largo plazo. La entidad remarca que esta modalidad va mucho más allá de las soluciones adoptadas durante la pandemia. Aunque ya existía antes de 2020, el teletrabajo tenía entonces mayor presencia entre los trabajadores autónomos. Con la irrupción del COVID-19, muchas empresas se vieron forzadas a adaptarse rápidamente, trasladando el trabajo de oficina a los hogares. En solo un año, el número de asalariados que teletrabajaban creció un 178%, mientras que entre los autónomos cayó un 1,5%. Así, el porcentaje de teletrabajadores asalariados pasó del 42% en 2019 al 67,8% en 2020, el más alto hasta entonces. No obstante, en 2024 ese dato ha vuelto a crecer, alcanzando un 70%. Este cambio es significativo, ya que el teletrabajo entre autónomos y asalariados presenta características muy distintas. De hecho, algunos expertos cuestionan que deban agruparse en una sola categoría. Los autónomos, al no contar en muchos casos con oficinas físicas, trabajan desde casa asumiendo completamente los costes del teletrabajo. En cambio, en el caso de los asalariados, la responsabilidad de asumir esos gastos recae en sus empresas. Esta diferencia en la carga económica también explica que, a pesar de los máximos históricos alcanzados en 2024, la proporción de asalariados que teletrabajan sigue siendo del 12,6% (el triple que en 2019), mientras que en el caso de los autónomos se sitúa en el 31,3% (ligeramente por encima del 30,2% de hace cinco años). La reforma laboral de 2012 establecía que las condiciones del teletrabajo, incluidas las compensaciones por los gastos asociados (como luz, internet, equipos o mobiliario ergonómico), debían acordarse a través de convenios colectivos. Sin embargo, en la práctica, pocos convenios abordaban este tema y el contexto no favorecía nuevas negociaciones. A raíz de la pandemia, el Gobierno, junto con sindicatos y patronales, pactó una normativa más clara que establecía un marco básico para regular el teletrabajo. En dicha normativa se estipuló que las empresas no estarían obligadas a cubrir los gastos derivados del trabajo remoto si este no superaba el 30% de la jornada. Esto tuvo un impacto inmediato: aunque muchos sectores seguían afectados por restricciones, el teletrabajo continuo empezó a reducirse, mientras que el esporádico ganaba terreno. Entre 2020 y 2022, el número de asalariados que trabajaban a distancia la mayor parte de su jornada bajó un 33%, pasando de 1,6 millones a 1 millón (aunque aún más del doble que los 413.700 registrados en 2019). Por el contrario, el teletrabajo ocasional creció un 78%, pasando de 442.200 a 788.500. En conjunto, el número total de asalariados en teletrabajo descendió un 8%, lo que redujo la tasa del 12,2% al 10,4%. Esta caída llevó a pensar que el fenómeno estaba perdiendo fuerza, pero el tiempo ha demostrado lo contrario. Entre 2022 y 2024, el teletrabajo ha experimentado un nuevo repunte del 30%, hasta alcanzar los 2,3 millones de asalariados, impulsado por un aumento acumulado del 15% en los casos habituales y del 49% en los ocasionales, que por primera vez superan el millón. De hecho, los trabajadores que teletrabajan ocasionalmente ya son mayoría, con 1,19 millones frente a 1,15 millones que lo hacen de forma continua. Aunque la diferencia es pequeña, marca un cambio importante en la tendencia.

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(El Economista, 16-07-2025) | Laboral

El Supremo niega un accidente "in itinere" a un trabajador que se cayó en el portal de su casa al salir a su trabajo

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha determinado que la baja médica de un trabajador tras sufrir una caída en el portal de su vivienda, cuando se dirigía al trabajo, no puede considerarse como un accidente laboral "in itinere". En consecuencia, esta situación debe tratarse como una contingencia común, lo que implica una prestación económica reducida durante las primeras semanas de la incapacidad. Aunque la sentencia es reciente, el suceso ocurrió en 2018, cuando un jefe de obra resbaló en los escalones del portal de su casa, lo que le causó una lesión en el hombro. Dado que el accidente ocurrió sin que el trabajador hubiera salido a la vía pública, se le concedió una incapacidad temporal por contingencias comunes. El trabajador recurrió esta decisión ante el Juzgado de lo Social, que falló a favor de la Seguridad Social y la mutua colaboradora. No obstante, al presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, este tribunal falló en favor del empleado. Ante esta contradicción, tanto la mutua como la Seguridad Social elevaron el caso al Tribunal Supremo. En su resolución, el Alto Tribunal apoya la postura de la mutua y la Seguridad Social, descartando que el incidente pueda calificarse como accidente laboral "in itinere" y confirmando que debe considerarse como una contingencia común. El Supremo respalda los argumentos del Juzgado de lo Social, que subrayó que el accidente ocurrió cuando el trabajador aún no había salido de su domicilio. Señala que el jardín o el portal donde sucedió la caída forma parte integral de la vivienda, y que, en consecuencia, el afectado aún no había iniciado el trayecto hacia su puesto de trabajo, ni había accedido a su medio de transporte habitual. La sentencia también destaca que la responsabilidad del mantenimiento del lugar donde ocurrió el accidente recae sobre el propio trabajador o sus convivientes, lo que implica que ellos son quienes deben gestionar y minimizar los riesgos en ese entorno. Por todo ello, el Tribunal Supremo decide revocar la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y desestimar la demanda presentada por el trabajador.

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(El Periódico, 16-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El INE revisa una décima al alza la inflación de junio que escala al 2,3%

La inflación ha puesto fin a su tendencia a la baja con el inicio del verano. En junio, los precios subieron un 2,3%, lo que supone el primer aumento tras tres meses consecutivos de descensos, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra definitiva corrige al alza en una décima el dato provisional del 2,2% anunciado a finales del mes pasado, impulsado sobre todo por el encarecimiento de los carburantes. También contribuyeron al incremento los costes relacionados con la vivienda y la alimentación. Con esta subida, el índice de precios se sitúa en niveles similares a los de marzo y supera en tres décimas el dato de mayo. Además, vuelve a colocarse por encima del umbral del 2% que marca el Banco Central Europeo como referencia para la estabilidad de precios a medio plazo. Por su parte, la inflación subyacente -que excluye los productos más volátiles como los alimentos frescos y la energía- se mantiene estable en el 2,2%, el mismo nivel que en el mes anterior. A pesar del repunte, el Ministerio de Economía valora de forma positiva el dato, destacando que la inflación sigue en una trayectoria de estabilización en torno al objetivo marcado por el BCE. En un comunicado difundido este martes, el Gobierno señala que "España mantiene un entorno de estabilidad y contención de precios que, junto con las subidas salariales, favorece la mejora del poder adquisitivo de las familias y acompaña unas previsiones de crecimiento económico superiores a las del resto de grandes economías europeas". El departamento que dirige Carlos Cuerpo atribuye el alza principalmente al encarecimiento de los combustibles, motivado por el aumento del precio del petróleo en los mercados internacionales, así como del gas, en contraste con la bajada registrada en junio de 2023. No obstante, también pone en valor la moderación de otros productos y servicios que anteriormente habían empujado con fuerza la inflación, como el aceite de oliva, cuyo precio ha bajado un 48% desde el máximo registrado en abril de 2024, la contención en los precios del alojamiento turístico y el descenso en la aportación de los paquetes vacacionales al índice general. En el conjunto de la zona euro, la inflación también ha mostrado un leve repunte en junio: los precios aumentaron una décima y alcanzaron el 2%. Todo ello en un contexto de gran incertidumbre. Bruselas y los países miembros se mantienen atentos ante las consecuencias de una posible guerra comercial promovida por Estados Unidos, mientras las tensiones geopolíticas continúan escalando. Cabe recordar que la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la posterior crisis energética que estalló en 2022 provocaron una subida de precios sin precedentes en décadas. Actualmente, aunque el conflicto sigue sin resolverse, la atención internacional también se dirige hacia Oriente Próximo, donde la creciente confrontación entre Israel e Irán -con la implicación directa de Estados Unidos- ha encendido las alertas. Esta región, clave para la producción y distribución global de petróleo, añade un nuevo elemento de inestabilidad que podría influir en la evolución de los precios a nivel mundial.

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