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(El Periódico, 12-06-2025) | Laboral

Trabajo redoblará las inspecciones en busca de fraude laboral

La Inspección de Trabajo intensificará sus controles este verano para detectar trabajadores sin regularizar en eventos como ferias andaluzas o celebraciones populares como San Fermín. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha informado que se han dado instrucciones precisas a los inspectores laborales para aumentar la vigilancia en sectores como la hostelería, el comercio y la agricultura. Se reforzarán los recursos destinados a inspecciones sorpresa, incluso en horarios nocturnos o poco habituales, con el objetivo de identificar fraudes laborales, sobre todo en empresas que emplean a personas extranjeras sin permiso de trabajo o que hacen un uso indebido de contratos temporales. "Sabemos bien lo que ocurre durante el verano", ha afirmado Díaz en la habitual comparecencia ante los medios para presentar las campañas estivales contra el fraude laboral y reforzar la protección frente al calor extremo. Aunque el verano oficialmente aún no ha comenzado -lo hará el 21 de junio-, ya se han registrado noches tropicales en Cataluña y temperaturas que rozan los 40 grados en zonas como Lleida. Desde el Ministerio de Trabajo se están enviando unas 112.620 cartas a empresas de todo el país vinculadas al comercio, la agricultura y la construcción, recordándoles sus responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. También se incluyen aquellas compañías que ya fueron sancionadas o advertidas en inspecciones del año pasado. Por su parte, la Generalitat de Catalunya prevé remitir más de 20.000 notificaciones similares en los próximos días. "El calor puede ser letal", ha recalcado Díaz, subrayando que las altas temperaturas incrementan en un 17,4% el riesgo de padecer dolencias. El impacto del estrés térmico sobre los trabajadores ha aumentado en los últimos veranos, en los que ya se han registrado fallecimientos. En consecuencia, las inspecciones se han multiplicado. En 2021 se realizaron 704 controles relacionados con el calor; en 2024, esta cifra ha crecido hasta las 11.500 actuaciones. Esto también se ha reflejado en un incremento de las sanciones: las multas impuestas han pasado de 175.000 euros en 2021 a cerca de 1,4 millones en 2024. Como en años anteriores, las empresas están obligadas este verano a ajustar su actividad a los avisos de olas de calor que emita la Aemet o los servicios meteorológicos autonómicos, como el Meteocat en Cataluña. Cuando se emitan alertas naranjas o rojas, las compañías deberán implementar medidas como descansos más frecuentes, mayor hidratación o, si no es posible garantizar la seguridad, detener la actividad hasta que las condiciones mejoren. Díaz también ha recordado que este será el primer verano con el nuevo permiso retribuido por emergencias climáticas, aprobado tras el episodio de la DANA que afectó a Valencia en el otoño de 2024. Esta medida permite a los trabajadores ausentarse hasta cuatro días del trabajo, con sueldo, en caso de fenómenos climáticos extremos que les impidan acudir a su puesto. Esta cobertura incluye lluvias torrenciales, granizadas o tormentas severas.

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(Cinco Días, 12-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Lagarde reclama en Pekín concesiones por parte de todos para rebajar la tensión comercial

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha abogado por una mayor colaboración internacional durante un discurso pronunciado este miércoles en Pekín, donde instó a todas las partes implicadas a hacer concesiones con el fin de aliviar las tensiones comerciales globales. "Cada país debería revisar sus políticas estructurales y fiscales para analizar en qué medida están contribuyendo al aumento de esas tensiones", afirmó Lagarde. Sus declaraciones coinciden con el anuncio de un nuevo pacto entre Estados Unidos y China para rebajar la confrontación comercial, aunque las medidas arancelarias impulsadas por Donald Trump continúan vigentes, especialmente en su pulso contra el gigante asiático. Aunque Lagarde evitó mencionar directamente al expresidente estadounidense, su intervención giró en torno a las consecuencias económicas del agresivo enfoque arancelario de Trump, motivado por el elevado déficit comercial estadounidense, en particular con China. La Unión Europea también se ha visto afectada por estas medidas, en un contexto en el que aún se encuentra pendiente de cerrar su propio acuerdo comercial con EE. UU. Esta incertidumbre se ha convertido en un factor clave en las perspectivas económicas y podría influir en futuras decisiones del BCE sobre los tipos de interés. Según Lagarde, el uso de medidas comerciales punitivas no contribuye a corregir los desequilibrios globales. Por el contrario, advirtió sobre los riesgos de una escalada de represalias que solo agravaría los conflictos económicos entre países. Recordó que todos los actores han adoptado decisiones que han generado los actuales desajustes en el comercio internacional y, por ello, hizo un llamamiento al compromiso y la voluntad de ceder por parte de todos. La presidenta del BCE señaló que, desde el punto de vista de la oferta, ha habido un incremento considerable de políticas industriales enfocadas en fortalecer la capacidad productiva nacional. En concreto, desde 2014 se ha triplicado el número de medidas que incluyen subvenciones con efectos distorsionadores sobre el comercio global. Aunque la referencia parecía apuntar a China, Lagarde aclaró que esta tendencia se observa tanto en economías emergentes como en países desarrollados. En cuanto a la demanda global, explicó que su concentración ha aumentado, especialmente en Estados Unidos. Hace diez años, el país norteamericano generaba menos del 30% de la demanda total del G-20, mientras que actualmente representa cerca del 35%. Este desequilibrio obedece, según Lagarde, tanto al exceso de ahorro en ciertas regiones -como Alemania- como al descontrol del gasto público en otras -en particular, EE. UU.-, agravado por la reforma fiscal impulsada por Trump, que incrementó el déficit fiscal del país. "Es cierto que no podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí podemos asumir la responsabilidad sobre nuestras propias decisiones", subrayó Lagarde. Según explicó, adoptar medidas responsables no solo beneficia al sistema económico global, sino también fortalece las economías nacionales a largo plazo. Lagarde insistió en la importancia de respetar y fortalecer las normas internacionales, ya que ello genera confianza y facilita respuestas recíprocas. Aunque este tipo de medidas se sitúa fuera del ámbito de la política monetaria, aseguró que los bancos centrales pueden jugar un papel importante como defensores del multilateralismo en un contexto global cada vez más inestable. En el marco de esta visita a Pekín, Lagarde y Pan Gongsheng, gobernador del Banco Popular de China, firmaron un nuevo Memorando de Entendimiento (MdE) para reforzar la cooperación entre ambas instituciones. Este documento actualiza el acuerdo alcanzado en 2008 e incluye mecanismos de intercambio de información, diálogo periódico y colaboración técnica. "Es esencial mantener la cooperación internacional, y me complace haber firmado este MdE junto al gobernador Pan como muestra del compromiso continuo entre el BCE y el Banco Popular de China", concluyó Lagarde.

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(Expansión, 12-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Washington y Pekín han vuelto a pactar una nueva tregua comercial mientras continúan negociando un acuerdo definitivo

Washington mantendrá los aranceles sobre los productos importados desde China en un 55%, al tiempo que eliminará las restricciones sobre tecnología, mientras que Pekín aplicará un arancel del 10% y reanudará el envío de tierras raras. "Nosotros nos quedamos con un 55% en aranceles, China se queda con el 10%. ¡La relación es excelente! ¡Gracias por su atención!", anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de sus redes sociales, dando a conocer el nuevo entendimiento alcanzado entre ambos países. Este pacto supone una nueva pausa en la guerra comercial mientras se sigue negociando un acuerdo definitivo. Trump también reveló que se suspenderá la revocación de visados a estudiantes chinos en Estados Unidos, permitiéndoles continuar sus estudios en universidades del país. "¡Siempre estuve de acuerdo con esto!", comentó el mandatario, dando a entender que la amenaza anterior fue solo una táctica de presión. Además, destacó que "China adelantará el suministro de imanes y tierras raras". Aunque en un primer momento se presentó como un gran logro para la política proteccionista de Trump, fue el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien aclaró más adelante los detalles del acuerdo alcanzado en Londres tras dos intensas jornadas de negociaciones que concluyeron el martes por la noche. El pacto aún no entra en vigor, ya que requiere la firma oficial de ambos jefes de Estado. Sin embargo, queda claro que Trump lo ve como una victoria, mientras que muchos expertos se cuestionan por qué Xi Jinping aceptaría este acuerdo, teniendo en cuenta la posición de fuerza de China en el mercado global de tierras raras, del cual controla el 90%. Estas materias primas son esenciales en sectores como la automoción eléctrica y la industria militar. En realidad, el acuerdo actual replica las condiciones ya establecidas semanas atrás en Ginebra, aunque Trump ha presentado los números de forma que parecen más favorables para Estados Unidos. Entonces, se pactó que Washington reduciría los nuevos aranceles al 30% y China los dejaría en el 10%. Lo anunciado ahora no varía respecto a ese escenario. La cifra del 55% en aranceles que Trump destaca incluye impuestos heredados de su propia administración anterior y del mandato de Joe Biden. Estas tasas no estaban contempladas en las conversaciones recientes, ni en Ginebra ni en Londres. Por lo tanto, el porcentaje total nunca ha cambiado realmente. Respecto a las visas para estudiantes chinos, Trump las usó como amenaza tras acusar a China de incumplir el pacto suizo durante la tregua de 90 días. En paralelo, endureció las restricciones a las exportaciones tecnológicas hacia China, particularmente en el ámbito de los chips y la inteligencia artificial, con un doble objetivo: forzar a Pekín a hacer concesiones y desviar la atención en medio del caos judicial provocado por una sentencia del Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU., que declaró ilegales muchos de los aranceles. La reacción del Gobierno chino fue inmediata: suspendió completamente las exportaciones de tierras raras, que ya estaban limitadas desde el inicio de la guerra comercial. La reanudación del diálogo se produjo tras una conversación telefónica entre los presidentes de ambas potencias la semana pasada, lo que permitió retomar la vía diplomática y organizar las negociaciones en Londres. La delegación estadounidense estuvo encabezada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el de Comercio, Howard Lutnick, quien expresó su "gran satisfacción con los resultados alcanzados".

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(El País, 12-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los auditores alertan de los riesgos de eximir a unas 4.000 pymes de auditar sus cuentas

Los auditores han manifestado su preocupación por la reciente propuesta del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que plantea elevar los umbrales que obligan a las empresas a someterse a auditorías, lo que -según cálculos del propio Ejecutivo- podría dejar fuera de esta obligación a unas 4.000 compañías. El departamento dirigido por Carlos Cuerpo ha presentado un Anteproyecto de Ley que modifica los criterios de tamaño empresarial a efectos de información corporativa, texto que ya ha pasado por dos periodos de consulta pública. La propuesta más destacada es el aumento del 25% en los límites relacionados con el valor de los activos y la facturación anual, lo que ha encendido las alarmas entre los profesionales del sector, que advierten del impacto negativo en la transparencia financiera y en su actividad profesional. El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y el Consejo General de Economistas (CGE) han solicitado formalmente al Gobierno que retire y revise el anteproyecto antes de que llegue al Congreso. En un comunicado conjunto, ambas entidades insisten en mantener los umbrales actuales o, en su defecto, aplicar un incremento más moderado. Aunque el Ejecutivo argumenta que la modificación busca simplificar las obligaciones de presentación de información corporativa, el presidente del ICJCE, Víctor Alió, lo cuestiona. Según Alió, se está malinterpretando la función de la auditoría, que no debe verse como una carga burocrática, sino como una herramienta clave para la gestión empresarial y la eficiencia. Esta es una de las ideas que se recoge en el documento presentado por el ICJCE como respuesta a la propuesta ministerial, al que ha tenido acceso El País. Entre los argumentos de los auditores destaca la idea de que esta modificación supone un retroceso en la lucha contra la economía sumergida. Alertan de que eximir a miles de pymes de auditar sus cuentas reducirá la calidad de la información disponible para accionistas, entidades financieras y administraciones, aumentará la probabilidad de errores contables y abrirá la puerta a prácticas fraudulentas, como la evasión fiscal. Para el presidente del CGE, Miguel Ángel Vázquez Taín, los beneficios que aporta la auditoría -tanto para la sociedad como para el sistema fiscal y la buena gobernanza- superan ampliamente sus costes. Lejos de suponer un ahorro para las pequeñas empresas, la medida podría acarrear mayores gastos a medio plazo, sostienen los expertos. Emilio Álvarez, presidente del Registro de Economistas Auditores (REA-CGE), advierte que reducir la obligatoriedad de las auditorías debilita la cultura del control interno y aumenta los riesgos en procesos fundamentales como la obtención de financiación, el acceso a licitaciones públicas y la correcta gestión de ayudas y subvenciones. También alerta de que si las pymes rebajan sus controles, esas deficiencias podrían repercutir en sus proveedores, incluidos los de mayor tamaño. La reforma planteada también tendría consecuencias negativas sobre la competencia en el sector de la auditoría. Según Isabel Ezponda, presidenta de la Comisión de pequeños y medianos despachos del ICJCE, la propuesta va en contra de los objetivos marcados por la reforma de la Directiva Europea sobre Auditoría y la legislación española de 2015, que buscaban desconcentrar el sector y fomentar una mayor competencia. En cambio, al reducir el número de empresas sujetas a auditoría, se pondría en riesgo la viabilidad de muchas firmas pequeñas y empleos asociados. Por último, los auditores critican que no se justifica adecuadamente el incremento del 25% en los umbrales propuestos. Si bien es cierto que esa cifra se basa en la actualización de criterios aprobada por la Unión Europea -ajustada a la evolución de los precios en Europa entre 2013 y 2023-, señalan que la inflación en España ha seguido una trayectoria distinta. Por ello, consideran que el incremento debería adaptarse a la realidad económica nacional, lo que implicaría una corrección a la baja del porcentaje planteado.

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(El Confidencial, 12-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El oro supera al euro como activo de reserva más importante del mundo

El oro atraviesa un momento de esplendor sin precedentes. El preciado metal ha superado al euro como el segundo activo de reserva más importante a nivel global entre los bancos centrales, impulsado por compras sin precedentes y una tendencia alcista en su cotización. Así lo señala el informe anual del Banco Central Europeo (BCE), publicado este miércoles y citado por el Financial Times. Según el BCE, en 2024 los lingotes representaron el 20% de las reservas oficiales internacionales, situándose por encima del euro, que ocupa el 16%. Solo el dólar estadounidense mantiene una posición superior, con el 46% del total. "Los bancos centrales siguieron acumulando oro a un ritmo sin precedentes", afirma el informe. Por tercer año consecutivo, estas instituciones adquirieron más de 1.000 toneladas del metal, lo que equivale a una quinta parte de la producción anual global y duplica las cifras medias registradas durante la década de 2010. Las reservas de oro en poder de los bancos centrales alcanzaron las 36.000 toneladas en 2024, acercándose al récord de 38.000 toneladas registrado en los años sesenta. "Actualmente, los bancos centrales poseen casi tanto oro como en 1965", destaca el informe, lo que confirma que están cerca de igualar los niveles históricos más altos. Este crecimiento deja al euro relegado por debajo del oro en la jerarquía de los activos de reserva mundiales. La proporción de euros en las reservas internacionales se ha mantenido prácticamente sin cambios desde el inicio de la guerra en Ucrania. Christine Lagarde, presidenta del BCE, subrayó que "respetar el Estado de derecho sigue siendo fundamental para conservar, y eventualmente aumentar, la confianza internacional en el euro". Aunque no se observan variaciones significativas en el uso global del euro, el BCE advierte sobre la necesidad de permanecer vigilantes, ya que algunos países están explorando otras vías frente a los sistemas de pagos transfronterizos convencionales. Uno de los factores clave en el ascenso del oro fue el incremento del 30% en su precio durante el último año. "Esta combinación de acumulación de reservas y altos precios convirtió al oro en 2024 en el segundo activo de reserva más relevante del mundo, a precios de mercado, solo por detrás del dólar estadounidense", puntualiza el organismo europeo. Este repunte coincide con el auge del oro como valor refugio, alimentado por la incertidumbre financiera y los aranceles impuestos por el expresidente de EE.UU., Donald Trump. En abril, el metal superó por primera vez en la historia los 3.000 dólares por onza, y actualmente cotiza en torno a los 3.350 dólares.

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(Expansión, 11-06-2025) | Fiscal

La Agencia Tributaria pierde muchos procedimientos en vía penal y también en la contenciosa

Los contribuyentes cada vez pierden más el miedo a pleitear con Hacienda. Es algo que constatan los fiscalistas especializados en contencioso tributario y que confirman las cifras sobre la Agencia Tributaria (AEAT). Las sentencias judiciales desfavorables han supuesto un fuerte impacto en la última década, con un coste promedio de 1.005 millones de euros anuales entre 2014 y 2023. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en su reciente Opinión sobre Riesgos Fiscales, subraya la importancia de este fenómeno, que condiciona la estabilidad fiscal de España. El análisis de la AIReF revela que muchos de estos fallos judiciales en contra del Estado se deben a errores recurrentes en la formulación de políticas y normativas. Cita, por un lado, el uso inadecuado del real decreto-ley (RDL) para legislar, ya que es un instrumento de carácter extraordinario que ha sido empleado para regular materias que la Constitución reserva a leyes ordinarias, derivando en sentencias de inconstitucionalidad. Un ejemplo notable son las reformas en el Impuesto sobre Sociedades que se articularon a través de los Reales Decretos-ley 2/2016 y 3/2016. También destaca la extralimitación normativa respecto a lo regulado en la ley, que ha dado origen a dos importantes sentencias, que son la del canon hidráulico o la sentencia favorable a Endesa por la retribución de la energía. Además, la falta de alineación con directivas de la Unión Europea ha generado numerosos litigios. La Comisión Europea a menudo advierte sobre posibles incumplimientos, pero estas señales no siempre son atendidas. Un ejemplo claro es el régimen sancionador del Modelo 720 para la declaración de bienes en el extranjero y el ya conocido céntimo sanitario. "La Agencia Tributaria pierde muchos pleitos en vía penal, que es a la que me dedico yo, pero también en vía contenciosa", constata el exmagistrado y of counsel de Kepler Karst, Eduardo de Urbano. "En muchos casos, lo hace porque actúa obviando normas, derechos y garantías. Es lamentable, porque además todo eso lo pagamos los contribuyentes, muchas veces en forma de intereses", añade. En el último lustro, los abogados reconocen que han visto cómo esta litigiosidad ha aumentado. De hecho, muchos despachos, grandes y pequeños, han reforzado sus áreas de procedimiento tributario ante el creciente volumen de asuntos. Las reclamaciones de los contribuyentes se acumulan en los tribunales, tanto administrativos como en la jurisdicción de lo contencioso. Tal y como apunta el Plan estratégico de la Agencia Tributaria 2020-2023, en el año 2018, último con datos, en España había 12.763 millones de euros en deudas suspendidas por recurso o reclamación, una cantidad apalancada que los contribuyentes tienen que provisionar para hacer frente a un futuro posible fallo judicial en su contra que puede tardar en llegar años. Sin embargo, desde el punto de vista de la Administración esta cifra tampoco gusta. El principal problema, y más nocivo, es el pago en intereses de demora cuando los servicios tributarios pierden en los tribunales. Así lo reconoce el propio plan estratégico de la Agencia Tributaria: "En bastantes ocasiones los intereses de demora se originan por retrasos en la tramitación de devoluciones o resoluciones y sentencias desfavorables de las que se desprende un importe a devolver al contribuyente", apunta el documento. En 2018, el total de intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria fue de 235,6 millones de euros. Cada año llega una media de unos 200.000 recursos a los tribunales económico administrativos (TEA) -el año 2021 alcanzaron un total de 247.646-, un volumen imposible de asumir por parte de la Administración. "Los TEA tienen un papel muy importante porque sería inasumible que los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional asumieran este volumen de asuntos", explica el abogado Esaú Alarcón, socio de Gibernau. "Intentan resolver brevemente pero, con tal cantidad de asuntos y su tradicional escasez de medios, lo cierto es que da lugar a resoluciones estereotipadas y con calidad técnica mejorable, porque no dan abasto para mirarse todos los asuntos", añade. En cualquier caso y ante este panorama, Miguel Cáceres, doctor en Derecho Penal y Abogado-Consultor en Fuster Fabra Abogados, percibe que, a pesar de la presión, "hay más valentía por parte de los contribuyentes a la hora de litigar". A pesar de que el promedio anual del coste en sentencias desfavorables para Hacienda son 1.005 millones, el informe de la AIReF destaca que la magnitud de estas sentencias ha sido considerable, con varias que superan los 1.000 millones de euros en reintegros e indemnizaciones. Entre las más destacadas se encuentran la del céntimo sanitario que, declarado contrario al derecho de la UE en 2014, generó un déficit de 1.671 millones de euros en ese año. También está el asuntos del IRPF sobre prestaciones de maternidad y paternidad: la exención reconocida por el Tribunal Supremo en 2018 y 2019 supuso un impacto de 1.262 millones de euros, además de una minoración de ingresos anual estimada en 470 millones de euros desde 2018. También cita la compensación de bases imponibles negativas en Sociedades (caso Telefónica): en 2022 se registró un gasto de 1.317 millones de euros.

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(Expansión, 11-06-2025) | Fiscal

Gobierno y socios siguen sin deflactar el IRPF para adaptarlo a la inflación

El Gobierno y sus aliados parlamentarios dejaron pasar ayer una nueva ocasión para adaptar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) al impacto de la inflación, al rechazar en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley presentada por el Partido Popular, que proponía la deflactación de los tramos del impuesto. Desde el PSOE negaron que se haya producido un aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos en los últimos años y pusieron en valor la reciente ampliación de los mínimos exentos del IRPF. No obstante, la ministra de Hacienda se ha mostrado en varias ocasiones contraria a aplicar dicha corrección por inflación. Carlos Martín Urriza, diputado de Sumar, defendió que el Gobierno ya habría abordado este problema al reducir los impuestos a quienes ganan menos de 21.000 euros anuales. El representante económico del partido de Yolanda Díaz aprovechó su intervención para resaltar los avances logrados, especialmente desde el Ministerio de Trabajo. "Critican la llamada progresividad en frío, pero ustedes nunca ajustaron las tarifas, ni los mínimos, ni las deducciones cuando estuvieron en el poder", señaló en referencia al PP. También se opuso a la medida la diputada de ERC Pilar Vallugera, quien argumentó que "el Estado del bienestar se sostiene con una recaudación justa y progresiva". Criticó al PP por negarse a aplicar impuestos extraordinarios a la banca, las compañías eléctricas o las rentas más altas, al tiempo que, según ella, intentan presentarse como defensores de los sectores más vulnerables. Desde el Partido Popular, el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, reprochó al Gobierno que haya incrementado la recaudación fiscal a costa de una mayor carga impositiva sobre el trabajo. Aseguró que, mientras el salario medio en España ha caído, los ingresos fiscales de la Agencia Tributaria han seguido creciendo. "España necesita superar estos siete años de retroceso fiscal", afirmó. Según los populares, el tipo efectivo medio del IRPF ha pasado del 12,8% en 2019 al 14,7% en 2023, lo que se ha traducido en un aumento del 49% en la recaudación por este impuesto, según cifras del Banco de España y el Ministerio de Hacienda. Para el PP, estos datos desmienten el argumento del Gobierno de que la inflación no ha tenido un efecto real sobre la presión fiscal. Varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular sí han optado por actualizar los tramos autonómicos del IRPF según el aumento de precios, permitiendo así que sus contribuyentes conserven en parte su poder adquisitivo. En cambio, la negativa del Ejecutivo central a aplicar este ajuste -una situación conocida como "progresividad en frío"- supone, según diversos analistas fiscales, un incremento encubierto de impuestos. Este fenómeno ocurre porque, aunque los ingresos brutos de los trabajadores y autónomos hayan crecido, el aumento de precios impide que ello se traduzca en una mejora real de su situación económica. En algunos casos, el poder de compra incluso ha disminuido. Sin embargo, al mantenerse los tramos impositivos sin cambios, muchos contribuyentes han pasado a tributar en escalones superiores, pagando más impuestos sin haber ganado realmente más en términos reales.

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(El Economista, 11-06-2025) | Fiscal

Hacienda corrige el "error" para que el SMI no pague IRPF y extiende la ventaja a sueldos de 18.276 euros

Hacienda ha rectificado un fallo que impedía a los contribuyentes con ingresos equivalentes al nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 16.576 euros anuales, quedar exentos del pago del IRPF. Con la corrección, no solo se asegura que estos salarios no tributen, sino que también se extiende progresivamente este beneficio a quienes perciban hasta 18.276 euros al año. Para ello, el Gobierno ha establecido una deducción fija de 340 euros, aplicable de forma directa y sin diferenciar entre la parte estatal y la autonómica del impuesto. La nueva enmienda establece que los contribuyentes con ingresos iguales o inferiores a 16.576 euros podrán beneficiarse de una deducción íntegra de 340 euros en su declaración de la renta. Para quienes ganen entre esa cantidad y hasta 18.276 euros, la deducción se aplicará de manera progresiva. Es decir, se restará de los 340 euros un 20% de la diferencia entre su salario y el SMI. Por ejemplo, si una persona cobra 17.500 euros anuales, la diferencia con el SMI es de 924 euros. Aplicando el 20% a esa diferencia (0,2 x 924), se obtiene un resultado de 184,8 euros. Por tanto, la deducción que le correspondería sería de 340 euros menos esos 184,8 euros, lo que da un total de 155,2 euros. Esta cantidad sería devuelta por Hacienda al hacer la declaración de la Renta. No obstante, para poder acceder a esta devolución, los beneficiarios deberán presentar obligatoriamente la declaración, aunque sus ingresos no superen el umbral general (22.000 euros anuales de un solo pagador) que obliga a hacerlo. A principios de abril, el Ejecutivo introdujo esta deducción a través de una enmienda al proyecto de ley sobre responsabilidad civil y seguros en la circulación de vehículos a motor. El objetivo era permitir que los trabajadores con ingresos equivalentes al SMI pudieran aplicarse esta deducción en la declaración de la Renta de 2025, que se presentará en la primavera de 2026, y así recuperar lo retenido de IRPF durante el año. Sin embargo, en su planteamiento inicial, el Gobierno cometió un error técnico: dividió la deducción en dos partes de 170 euros, una para el tramo estatal del IRPF y otra para el autonómico, pero solo modificó el artículo 68 de la Ley del IRPF, el que regula la parte estatal. Olvidó modificar el artículo 77, que regula el tramo autonómico, lo que limitaba la deducción aplicable a solo 170 euros en lugar de los 340 previstos. La Comisión de Economía del Congreso corrigió este defecto durante la tramitación de la ley de seguridad vial, utilizando su capacidad para incluir cambios legales sin pasar por el Pleno, siempre que no se trate de leyes orgánicas o de presupuestos. El proyecto ha pasado ahora al Senado, que dispone de 20 días para su aprobación por la vía de urgencia, por lo que es probable que la norma quede definitivamente aprobada antes de fin de mes.

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(Expansión, 11-06-2025) | Laboral

Las bajas se disparan un 52% en 5 años y cuestan 81.574 millones al PIB

Cada día, un 4,1% de los trabajadores en España se ausenta de su puesto, una cifra que duplica la registrada hace una década y que sitúa al país como el tercero con mayor tasa de absentismo laboral por incapacidad temporal en la Unión Europea, solo por detrás de Francia y a la par con Portugal. Esta elevada incidencia no parece estar relacionada con un deterioro en la salud general de la población española ni con una situación sanitaria peor que la de otros países europeos. Sin embargo, el número de jornadas perdidas por enfermedad o accidente ha alcanzado niveles sin precedentes. Según el Estudio sobre incapacidad temporal y siniestralidad elaborado por la mutua Umivale Activa junto con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), en 2023 se dejaron de trabajar 368,7 millones de jornadas debido a bajas médicas y accidentes laborales. Esta cifra equivale a la pérdida de aproximadamente 1,6 millones de empleos a tiempo completo, lo que representa un aumento del 52% con respecto a 2018. Estas ausencias suponen un coste directo para las cuentas públicas equivalente al 1,4% del PIB (unos 21.100 millones de euros), mientras que el impacto económico total, incluyendo la pérdida de actividad, se estima en 81.574 millones, es decir, un 5,4% del PIB nacional. En la última década, esta tendencia se ha intensificado de forma notable. En 2012, solo un 2% de los trabajadores de entre 20 y 64 años se encontraba de baja por enfermedad cada día. Actualmente, la tasa se ha más que duplicado, y el salto más pronunciado se produjo en 2020, coincidiendo con la pandemia de COVID-19. Desde entonces, lejos de estabilizarse, el absentismo por incapacidad ha seguido creciendo hasta situarse muy por encima del promedio europeo, que es del 2,5%. Entre los factores que podrían explicar esta evolución figuran el envejecimiento poblacional o el empeoramiento de ciertas dolencias no atendidas durante la pandemia. No obstante, los autores del informe señalan que estas causas no justifican por sí solas el aumento tan marcado. Apuntan, en cambio, a cambios normativos como la reducción del impacto económico de estar de baja desde 2018 y una mayor accesibilidad al sistema de incapacidad a partir de 2020 como elementos clave. El estudio subraya que más del 50% de las bajas están relacionadas con dolencias difíciles de verificar clínicamente, como los dolores musculoesqueléticos (lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias) y trastornos de salud mental, que han aumentado un 56% y un 111,4%, respectivamente, en los últimos cinco años. Estas cifras contrastan con los incrementos mucho más moderados en patologías más objetivables, como las enfermedades cardiovasculares, los tumores o los traumatismos (entre el 29,9% y el 42,9%). Asimismo, el fenómeno del absentismo está altamente concentrado en un segmento reducido de la población trabajadora. Aunque el promedio general es de 17,5 días de baja por empleado, la realidad es desigual: cerca de 167.000 trabajadores estuvieron de baja durante todo el año, mientras que más de 2,6 millones presentaron bajas prolongadas o reiteradas, con una media de tres meses y medio por persona. Otros cuatro millones sufrieron bajas más breves, de aproximadamente mes y medio. Por el contrario, siete de cada diez empleados no se ausentaron ni un solo día por enfermedad o accidente a lo largo del año, aunque en algunos casos pudieron faltar de manera puntual sin tramitar la baja formalmente. Ante este escenario, los autores del estudio insisten en la importancia de reforzar los controles por parte de los servicios de prevención, médicos laborales y mutuas, con el objetivo de evitar un uso indebido del sistema y asegurar que las incapacidades temporales respondan a criterios médicos objetivos y verificables.

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(El País, 11-06-2025) | Laboral

El Gobierno combatirá la temporalidad del empleo público con planes estrictos de recursos humanos y nuevas sanciones

España enfrenta un serio problema de exceso de temporalidad en el empleo público, con una tasa que supera el 30%, muy por encima del 8% comprometido con la Unión Europea. Esta situación, que podría acarrear sanciones desde Bruselas, ha llevado al Gobierno a trabajar junto a las comunidades autónomas y los ayuntamientos en una serie de medidas para combatir la precariedad laboral en las Administraciones Públicas. Según fuentes consultadas por El País, el plan incluye la elaboración de estrategias de personal a medio y largo plazo por parte de los departamentos de recursos humanos de los organismos públicos. Estas estrategias deberán prever las necesidades de personal con varios años de antelación, dentro de un marco coordinado por la Secretaría de Estado de Función Pública -dependiente del Ministerio para la Transformación Digital- y canalizado a través de la Comisión de Coordinación del Empleo Público. Entre las medidas que se están estudiando también figura limitar el uso de contratos temporales, reduciendo su atractivo. Para ello, se contempla una definición legal más estricta de las causas que justifiquen este tipo de contratación. Además, se prevé crear un registro detallado de empleados temporales en todas las administraciones, con un sistema de alertas que avise cuando un contrato esté a punto de finalizar. De esta forma, se pretende evitar la prolongación indebida de contratos temporales, una práctica habitual que puede constituir un fraude de ley. Si los responsables de personal no cesaran a tiempo a los empleados temporales o intentaran alargar estos contratos de manera irregular, podrían enfrentarse a sanciones disciplinarias, una medida solicitada en múltiples ocasiones por sindicatos como CSIF. Este problema estructural persiste pese a los esfuerzos para reducir la temporalidad. Mientras que en el sector privado la tasa ha descendido al 12,1% tras la reforma laboral de 2022, en el sector público uno de cada tres trabajadores sigue en situación temporal. Según datos del Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, más del 32% de los tres millones de empleados públicos tienen un contrato eventual. La temporalidad se concentra especialmente en las comunidades autónomas (40%) y en los entes locales (35,8%). En contraste, la Administración General del Estado mantiene una temporalidad mucho menor, del 4,7%, cumpliendo con los estándares exigidos. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno aprobó en 2021 una ley de medidas urgentes que impulsaba procesos de estabilización del empleo público temporal, pactada con Bruselas, y con un plazo de ejecución que expiraba el 31 de diciembre de 2024. La norma preveía la convocatoria de concursos-oposición para convertir plazas temporales en fijas, siempre respetando los principios de mérito y capacidad. El objetivo era que la temporalidad se redujera por debajo del 8% de las plazas estructurales. Hasta la fecha, se han convocado 513.000 plazas dentro de estos procesos, de las cuales ya se han cubierto unas 365.000. Esto ha permitido al Gobierno cumplir con el compromiso de estabilizar al menos 300.000 empleos antes de la fecha límite. Sin embargo, este esfuerzo no ha logrado reducir la tasa de temporalidad al objetivo marcado. En un escenario normal, esta regularización debería haber llevado el porcentaje hasta el 17-18%, una cifra que el Ejecutivo considera estructural, ya que es el resultado del tiempo que transcurre entre que se detecta una necesidad y se cubre oficialmente una plaza. No obstante, la temporalidad sigue en niveles muy altos porque, al mismo tiempo que se desarrollan los procesos de estabilización, las administraciones autonómicas y locales continúan realizando nuevas contrataciones temporales, sobre todo de personal interino, para cubrir servicios básicos. De hecho, según los datos de julio de 2024, el número de empleados públicos temporales superaba los 800.000, unos 173.000 más que dos años antes, a pesar de las miles de plazas ya regularizadas.

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