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(Expansión, 12-09-2025) | Fiscal

La Comunidad de Madrid trabajará para una Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, rebajas fiscales y ayudas

Los discursos de Isabel Díaz Ayuso suelen tener un doble alcance: por un lado, se centran en la Comunidad de Madrid, y por otro, proyectan un eco de carácter nacional; además, abordan tres dimensiones -política, económica y social-. Su intervención de ayer en el Debate sobre el Estado de la Región no fue una excepción. Durante más de dos horas, la presidenta madrileña repasó la gestión de su Gobierno, avanzó las líneas maestras de sus próximos proyectos y lanzó duras críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, subrayando una vez más el papel de Madrid como principal referente del PP y contrapeso frente a las políticas del Gobierno central. En este contexto, Ayuso defendió su modelo económico como pieza clave de su estrategia, basado en una fiscalidad reducida, el respaldo al tejido empresarial y la apuesta por el empleo, con el objetivo de consolidar a Madrid como motor económico del país. La presidenta confirmó que su Ejecutivo trabaja en la elaboración de una Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, destinada a facilitar la creación de nuevas compañías y a modernizar y proteger las más de 450.000 empresas familiares que operan en la región, que representan el 93% del tejido empresarial, el 65% del PIB regional y generan el 60% del empleo. Entre las medidas previstas en la norma figuran rebajas fiscales y un marco regulatorio más favorable. Por ejemplo, se permitirá que tíos y sobrinos entren en el 20% de participación accionarial que define a una empresa como familiar; se aplicará una reducción del 95% en el Impuesto de Sucesiones para estos familiares, incluso si existen cónyuge o descendientes, y se elevará del 95% al 99% la reducción general de la base imponible. Con ello, el Ejecutivo autonómico recoge algunas de las demandas históricas del sector. La ley, que contará con un presupuesto inicial de 2,5 millones de euros, formará parte de una estrategia más amplia de apoyo al tejido productivo. Incluirá incentivos fiscales, medidas para mejorar la inversión y el acceso a financiación, ayudas a la internacionalización, innovación y digitalización, además de préstamos para la compra de terrenos y maquinaria o para acometer planes de sucesión empresarial. En el terreno del emprendimiento, Ayuso anunció la extensión de la Tarifa Cero a los mayores de 52 años, que podrán beneficiarse de la bonificación total de las cotizaciones sociales hasta dos años si ponen en marcha un negocio, junto con una ayuda de 480 euros mensuales durante un año. También avanzó un plan de reactivación para desempleados mayores de 45 años y estímulos de hasta 400 euros para jóvenes que estudien y trabajen. Otro de los proyectos destacados es la creación de Distritos Industriales y de Innovación, áreas destinadas a diversificar la economía madrileña y dotarla de mayor valor añadido. El primero estará en el norte, centrado en los sectores aeroespacial y biofarmacéutico, y el segundo en el sur y el Corredor del Henares, enfocado en logística, transporte, aeronáutica y defensa. En apoyo al comercio tradicional, Ayuso presentó una bonificación del 95% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para negocios con más de 50 años de antigüedad, con el fin de facilitar el relevo generacional. La medida podría beneficiar a unos 15.000 establecimientos de la región. Por último, la presidenta abordó el reto de la vivienda, marcado por el desequilibrio entre una oferta insuficiente y una fuerte demanda que tensiona los precios. Para afrontarlo, anunció un plan de choque para 2026-2027 que incluye una nueva Ley del Suelo, ya en consulta pública, que busca incrementar el parque de vivienda protegida asequible. Entre las medidas previstas: permitir un 10% más de edificabilidad y un 20% más de densidad sin modificar los planes urbanísticos, reducir a la mitad los plazos de tramitación y ampliar hasta los 50 años la edad máxima para acogerse al programa Mi Primera Vivienda.

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(ABC, 12-09-2025) | Fiscal

Madrid no irá a "la mal llamada quita" de deuda

Isabel Díaz Ayuso volvió a subrayar ayer que, desde la presidencia de la Comunidad de Madrid, seguirá ejerciendo como el principal contrapeso frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusó de conducir a España "hacia un abismo sin precedentes en nuestra democracia". A su juicio, mientras Madrid se proyecta como una región dinámica, confiable y con prestigio internacional, el Gobierno central ofrece "una gestión desastrosa", pierde influencia en el exterior y ve cómo Sánchez aparece en los medios internacionales únicamente asociado a "escándalos personales, políticos y diplomáticos". Con estas afirmaciones, la presidenta madrileña remató un repaso a lo que considera un contraste radical entre la actuación de su Ejecutivo y la del Gobierno central, al que calificó como "el peor de la democracia española", frente a una Comunidad de Madrid presentada como su alternativa. En este contexto, Ayuso insistió en que su región no se acogerá a la "mal llamada quita" de deuda autonómica aprobada por el Ejecutivo, que asciende a 83.000 millones para el conjunto de comunidades, de los que más de 17.000 millones corresponden a Cataluña y alrededor de 8.600 a Madrid. Justificó su rechazo en "la responsabilidad y el respeto a la verdad", además de calificar la medida como "ilegal". Según argumentó, existe "una conexión perversa entre el cupo catalán y la condonación de deuda": primero, el Estado absorbe parte del endeudamiento autonómico y, a continuación, excluye a Cataluña del régimen común mediante un sistema de cupo, de forma que deja de aportar al modelo general de financiación. Ayuso advirtió, además, que utilizará "todas las herramientas" a su alcance para que esta normativa "ilegal" se convierta en un nuevo fracaso del Gobierno de Sánchez.

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(El Economista, 12-09-2025) | Fiscal

Los inspectores de Hacienda ven una "simpleza" el plan de ERC con el IRPF

"Desconocimiento" y "simplificación excesiva". Así califican los inspectores de Hacienda la iniciativa de ERC para que la Generalitat asuma la gestión del IRPF en Cataluña. La propuesta de modificación de la LOFCA, presentada por los republicanos en el Congreso, busca que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) concentre la recaudación de este impuesto en lugar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Esto supondría, además, el traspaso de buena parte de los funcionarios del Estado destinados en la comunidad, algo que genera un fuerte rechazo entre ellos. Desde el entorno de ERC aseguran que su intención es incorporar "a todos los inspectores que trabajan en el IRPF" en Cataluña, junto con los recursos materiales y tecnológicos necesarios. Estos aspectos se debatirían en la comisión bilateral Generalitat-Estado si la iniciativa lograra avanzar en la Cámara Baja. Para José María Peláez, portavoz de los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), se trata de una pretensión marcada por la "falta de conocimiento" y la "ingenuidad". Explica que gestionar el IRPF no se limita a la atención de la Campaña de la Renta entre abril y junio, sino que incluye revisiones posteriores, tareas de comprobación e inspección que implican a un volumen de personal mucho mayor. "Es como si se traspasara la gestión de Barajas y solo se pidieran los controladores aéreos. Son imprescindibles, sí, pero sin personal en tierra o seguridad, los aviones no despegan", ejemplifica. Peláez subraya también que los inspectores no trabajan de manera compartimentada, como parece plantear ERC, y que, aun si se transfiriera a todo el personal, el gran obstáculo radica en los sistemas informáticos y las bases de datos centralizadas que maneja la AEAT. Estas aplicaciones se actualizan constantemente y permiten, por ejemplo, que cada año se realicen alrededor de 12 millones de devoluciones automáticas en cuestión de semanas, gracias a filtros y cruces masivos de información. Algo que, según los inspectores, la ATC no podría reproducir por carecer de la experiencia, los medios y el histórico de información de los contribuyentes. "Si solo fueran recursos humanos, se podría discutir. Pero hablamos de aplicaciones informáticas y de acceso a datos altamente sensibles y complejos. Todo está interconectado", señala el portavoz, quien recuerda además que el cuerpo se opone frontalmente a un traspaso forzoso. "No somos moneda de cambio. Gestionar impuestos no es como conducir trenes", recalca en alusión al reciente traspaso de Rodalies. Por ahora, la propuesta de ERC no cuenta con el respaldo asegurado de PSOE, Sumar y Junts per Catalunya, aunque el pacto de investidura entre socialistas y republicanos ya contemplaba el refuerzo de la Hacienda catalana. La asunción de la gestión del IRPF sería, de hecho, el primer gran paso en esa dirección.

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(El País, 12-09-2025) | Laboral

La jornada media pactada por convenio fue de 38,3 horas semanales hasta agosto

Casi nueve millones de trabajadores cubiertos por convenios con efectos económicos hasta agosto han visto incrementados sus sueldos en una media del 3,5%, según las cifras publicadas este miércoles por el Ministerio de Trabajo. La coincidencia hace que este dato se conozca justo el mismo día en que el Congreso debate las enmiendas a la totalidad contra la propuesta de reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales (sin pérdida de salario). Una iniciativa que, previsiblemente, será rechazada por PP, Vox y Junts, partidos que han registrado dichas enmiendas. La publicación de esta estadística subraya que la jornada pactada en convenios ya se sitúa en 38,3 horas semanales, muy próxima al objetivo defendido por Trabajo y los sindicatos. Con los últimos datos disponibles, los convenios muestran dos tendencias claras: por un lado, los salarios negociados mantienen incrementos por encima de lo pactado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) -que fijaba un alza del 3% para 2025-; por otro, la duración media de la jornada laboral se encuentra ya por debajo de las 40 horas semanales para 8.933.500 personas. Si se analiza por tipo de convenio, la media en los acuerdos de empresa está aún más próxima a la propuesta del Gobierno, con 37,8 horas semanales, mientras que en los convenios sectoriales asciende a 38,36 horas. Estos cálculos se realizan sobre la base de las 1.750,3 horas anuales pactadas hasta agosto, que equivalen a 38,3 horas por semana, frente a las 1.712 horas anuales que corresponderían a una jornada de 37,5 horas. Este argumento es el que destacan las centrales sindicales para contrarrestar la oposición de las patronales y los partidos que comparten sus críticas. "No entendemos esos discursos catastrofistas. Se habla de un impacto demoledor sobre las empresas, pero los datos muestran que la diferencia es mínima respecto a lo que ya se negocia colectivamente", señala Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CC OO. El sindicalista reprocha especialmente la posición de Junts, recordando que en Cataluña casi medio millón de empleados (477.567) acogidos a convenios vigentes en 2025 trabajan ya una media de 37,6 horas semanales, prácticamente lo que plantea la reforma. "Cuando alertan de caos económico y despidos masivos, parece que olvidan que ya existen convenios colectivos con jornadas más cortas", subraya. Las diferencias entre convenios también se reflejan en los salarios. En los ocho primeros meses del año se registraron 2.826 convenios con efectos en 2025, aunque solo 427 fueron firmados este año. Estos últimos contemplaban subidas mucho mayores, con una media del 4,34%, frente al 3,3% de los demás. En conjunto, la media del 3,5% consolida una tendencia al alza que encadena 13 meses consecutivos. Son, por tanto, los convenios más recientes los que impulsan la mejora salarial, apoyados en el V AENC, que caduca este año y deberá renovarse. Sin embargo, la mayoría de acuerdos no incluyen cláusulas de revisión ligadas a la inflación: solo 642 convenios (22%) cuentan con esta garantía, y de ellos apenas 336 establecen efectos retroactivos. En términos de empleo, esto significa que apenas tres millones de los casi nueve millones de trabajadores cubiertos por convenios podrán beneficiarse de un ajuste de sus salarios en función de los precios, lo que equivale al 34,4% del total, una proporción ligeramente inferior a la registrada en julio (34,9%).

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(El País, 12-09-2025) | Laboral

Los sindicatos protestan en 51 ciudades por el rechazo a reducir la jornada

Los sindicatos mayoritarios en España, CCOO y UGT, han mostrado su profundo malestar con los tres partidos de derechas que, salvo un giro inesperado, bloquearán esta tarde el proyecto de ley para reducir la jornada laboral, fruto del acuerdo entre las centrales sindicales y el Ministerio de Trabajo. Como muestra de su rechazo, ambas organizaciones han convocado concentraciones en 51 ciudades del país, incluidas la mayoría de capitales de provincia y las dos ciudades autónomas. La protesta más destacada de la mañana se ha celebrado en Barcelona, frente a la sede de la patronal catalana Foment, con el objetivo de presionar a Junts. La elección de este emplazamiento no es casual. Los líderes sindicales, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), se han desplazado a la sede de Foment porque Junts, que tiene en sus manos el futuro de la ley, ha asumido como propios los argumentos de esta patronal y de Pimec para rechazar la medida. PP y Vox también se oponen al proyecto, aunque no participaron en la investidura de Sánchez ni han mantenido negociaciones con Trabajo, a diferencia de Junts. La suma de los tres partidos bastaría para tumbar la iniciativa en la fase de enmiendas. "El nacionalismo catalán de derechas se unirá al nacionalismo español de extrema derecha para frenar una norma que mejoraría la vida de millones de trabajadores en Cataluña y en el conjunto de España. Doce millones de personas que podrían ver reducida su jornada laboral se van a topar con el rechazo de Junts, PP y Vox. Está claro que cuando el dinero entra en juego, las banderas y los himnos quedan en segundo plano, y se produce esta alianza de derechas contra la clase trabajadora", denunció Sordo, recordando además que "el 72% de los votantes de Junts apoyan la medida". Por su parte, Álvarez reclamó responsabilidad a los grupos parlamentarios, especialmente a los catalanes, dado que Cataluña es la comunidad donde más apoyo social existe a esta medida. "Pedimos que permitan que la ley llegue al debate en el Congreso. Queremos un debate serio, con datos. Hoy no conocemos los argumentos de quienes se oponen, y exigimos a Junts que actúen conforme a lo que piensan sus electores", subrayó. Ambos dirigentes, que anoche participaron en un encierro simbólico en una iglesia de Vallecas (Madrid), insistieron en que la lucha por la reducción de jornada no termina aquí. Adelantaron que seguirán reclamando al Gobierno un nuevo proyecto de ley sobre el tiempo de trabajo y un control más estricto de las horas extraordinarias, compromisos que ya ha asumido el Ministerio de Yolanda Díaz. Tanto Sordo como Álvarez se unieron también a la manifestación convocada en Madrid esta tarde frente al Congreso, coincidiendo con la votación de las enmiendas. Además de la capital, las protestas se han extendido a decenas de ciudades como Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, Cádiz, Málaga, Almería, Palma, Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria, Santander, Ciudad Real, Albacete, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Valladolid, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora, Lleida, Girona, Tarragona, Tortosa, Castellón, Alicante, Valencia, Bilbao, Pamplona, Badajoz, A Coruña, Lugo, Ourense, Vigo, Logroño, Murcia, Ceuta y Melilla. Por la tarde también están previstas movilizaciones en Teruel, Zaragoza y Huesca.

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(El País, 12-09-2025) | Laboral

Díaz quiere que cada trabajador precise si las horas son ordinarias o extraordinarias al registrar su jornada

Tras el rechazo en el Congreso a la ley de reducción de jornada, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, respondió activando en menos de 24 horas el proceso para reforzar la normativa sobre el registro horario. El Ministerio de Trabajo abrió a consulta pública un proyecto de real decreto destinado a desarrollar el reglamento en esta materia. La iniciativa, sin embargo, ya ha despertado críticas entre organizaciones empresariales y expertos, que alertan de las dudas sobre su aplicación práctica y de las cargas que supondrá, especialmente para autónomos y pequeñas empresas. El documento presentado es todavía una exposición de motivos en la que se justifica la necesidad de actualizar el sistema de control, sin entrar en la concreción de los artículos. Aun así, la intención de Díaz es clara: rescatar esta parte del fallido proyecto de reducción de jornada, en línea con las demandas sindicales, para avanzar de forma independiente. Esta orientación ya genera inquietud en el tejido empresarial. En la consulta se apunta que la ausencia de un reglamento específico ha permitido que muchas jornadas laborales se prolonguen más allá de los límites legales y, en ocasiones, sin remuneración. Trabajo reconoce que persisten carencias pese al decreto de 2019 que obligó a las empresas a implantar un sistema de registro. Con la nueva norma se pretende subsanar esas deficiencias y dotar al mecanismo de mayor eficacia frente a los abusos. El objetivo del real decreto es establecer un modelo más robusto y operativo. Entre los aspectos que se barajan figuran: diferenciar pausas del tiempo efectivo de trabajo, exigir registros electrónicos con verificación de identidad, detallar horas ordinarias y extraordinarias, garantizar el acceso inmediato y remoto a los datos, y permitir la consulta telemática por parte de trabajadores, representantes sindicales e Inspección de Trabajo. Al tratarse de un desarrollo reglamentario, los cambios se centrarán en el grado de precisión técnica y en la obligatoriedad de que el sistema sea digital, fiable e interoperable. Además, al tramitarse como real decreto, el Gobierno no necesitará la convalidación parlamentaria, lo que evita un nuevo choque en el Congreso, aunque obliga a moderar algunas medidas, como el incremento de sanciones por incumplimientos que sí requeriría rango de ley. Aún en fase inicial, la propuesta ya ha encendido las alarmas en el empresariado, que teme un aumento de costes y trabas administrativas. La implantación de sistemas digitales conllevaría inversiones en equipos y formación, difíciles de asumir para microempresas y autónomos, muchos de los cuales carecen de experiencia en herramientas digitales. Desde la patronal se multiplicaron las críticas. Lorenzo Amor (CEOE y ATA) pidió que se deje de cargar a los autónomos con nuevas obligaciones, recordando que la inmensa mayoría cumple la normativa laboral. Miguel Garrido (CEIM) acusó a Díaz de responder a su derrota política con medidas "punitivas" contra las empresas y reclamó diálogo. Por su parte, Ángela de Miguel (Cepyme) cuestionó la viabilidad de la norma en zonas rurales sin acceso adecuado a internet y advirtió de los gastos que implicará para negocios pequeños. Expertos laborales también advierten de problemas añadidos: dudas jurídicas relacionadas con la protección de datos, sobrecostes de implantación y una especial dificultad para pymes y micropymes. "Una medida de carácter general, sin distinguir tipos de empresa, resultará cara, poco operativa y con interrogantes legales", apuntan especialistas consultados.

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(El País, 12-09-2025) | Laboral

Los sindicatos de funcionarios preparan un otoño caliente ante la falta de mejoras salariales y laborales

El creciente malestar entre los sindicatos de la función pública, provocado por la falta de avances e incluso de diálogo en materia salarial y de empleo, ha llevado a CC OO y UGT, por un lado, y a CSIF, por otro, a advertir que, si no hay cambios en las próximas semanas, endurecerán sus movilizaciones. "No descartamos ninguna medida", señalan desde CSIF. La negociación de las retribuciones para 2025 se ha convertido en la principal exigencia de los más de tres millones de empleados públicos, que este año aún no han recibido incremento alguno, mientras la inflación acumula ya una media del 2,5%. Esta pérdida de poder adquisitivo se suma a la que arrastran desde hace años, que CSIF calcula en torno al 20% desde los recortes de la crisis de 2010. Para acordar cualquier subida, es necesario reunir la Mesa General de las Administraciones Públicas, un órgano que todavía no ha sido convocado en 2024, ni se prevé a corto plazo. Desde Función Pública insisten en que la revisión salarial se abordará en el marco de la negociación presupuestaria, cuyo proceso arrancó a principios de mes con la publicación en el BOE de la orden que fija directrices y prioridades para las cuentas públicas de 2024. Los sindicatos recuerdan, sin embargo, que las reuniones previas con el Ejecutivo para plantear posibles mejoras deberían haberse celebrado ya, algo que no ha ocurrido. Tanto UGT como CSIF sostienen que no era imprescindible esperar a los Presupuestos para aprobar un aumento salarial. En este sentido, CSIF ha remitido una carta al Ministerio de Hacienda reclamando recursos para las subidas retributivas, la restitución total de las pagas extra recortadas en 2010, así como la equiparación salarial entre cuerpos y escalas en distintas administraciones. En los últimos tres años, los empleados públicos han recibido un alza acumulada del 9,5%, en virtud del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI firmado por CC OO y UGT, cuya vigencia concluyó en diciembre de 2024. No obstante, las centrales sindicales denuncian incumplimientos importantes de dicho pacto. Tanto CC OO como UGT critican directamente al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, al que acusan de "despreciar" sus demandas. Entre los compromisos pendientes destacan la regulación de la jubilación parcial para funcionarios, estatutarios y personal laboral; la adaptación de la clasificación profesional al sistema nacional de cualificaciones; la implantación de la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado o la situación del Servicio Exterior. Ante la falta de avances, las dos organizaciones avisan de que reactivarán e intensificarán las protestas iniciadas en julio. Desde Función Pública replican que los procesos están en marcha. Recuerdan que la jubilación parcial anticipada sigue su tramitación parlamentaria y que el 31 de julio se autorizó una tasa de reposición específica de 1.049 plazas para el personal laboral del Estado. Pese a ello, UGT denuncia que, tras nueve meses de negociación del V convenio único, los progresos son mínimos y sus propuestas no se han tenido en cuenta. En relación con la jornada de 35 horas, el ministerio asegura que avanza después de que las comunidades autónomas recuperaran la capacidad de aplicarla. Respecto a la temporalidad -que continúa por encima del 30% en la mayoría de administraciones, con especial incidencia en las autonómicas-, los sindicatos reclaman acelerar los procesos de consolidación y de nuevas incorporaciones. Además, han criticado como una "falta de respeto" la presentación en julio de un documento para una "administración abierta", elaborado sin negociación y que plantea una profunda reforma en los sistemas de selección de personal, especialmente controvertida entre los altos funcionarios. El Gobierno, por su parte, defiende que los procesos de selección ya se han agilizado, con el 93% de las ofertas de empleo público de 2024 publicadas, y asegura que casi todos los exámenes de oposición se celebran en menos de un año, frente a los dos o más que denuncian las organizaciones sindicales.

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(El Economista, 12-09-2025) | Laboral

Los trabajadores podrán coger el permiso de hospitalización más de una vez al año

La Audiencia Nacional ha rechazado que las empresas puedan restringir a una sola vez por año el uso del permiso retribuido de cinco días para atender a familiares hospitalizados. El tribunal interpreta el artículo del Estatuto de los Trabajadores que regula este derecho y concluye que la norma no establece un límite anual de disfrute. La resolución zanja un conflicto entre los sindicatos y una empresa que había fijado un máximo de cinco días por ejercicio. La compañía argumentaba que la Directiva europea de 2019 -que obligó a España a ampliar y remunerar este permiso- solo permite reconocer cinco días al año por trabajador. El fallo, fechado en marzo y redactado por el magistrado Ramón Gallo Llanos, aclara que el Estatuto de los Trabajadores no contempla ninguna restricción anual. Recuerda que, cuando el legislador quiso fijar un límite, lo hizo de manera explícita, como en el caso de las ausencias retribuidas por fuerza mayor, que sí están acotadas a cuatro días al año. Aunque la Directiva europea fija un máximo de cinco días anuales por hospitalización, la Audiencia subraya que la propia norma comunitaria autoriza a los Estados a mejorar esas condiciones mínimas. Por tanto, España puede ofrecer una regulación más beneficiosa para los trabajadores. Además, el tribunal señala que la interpretación del permiso debe hacerse con perspectiva de género, ya que son mayoritariamente las mujeres quienes asumen el cuidado de familiares. En consecuencia, debe optarse por la solución que más favorezca la conciliación. Por otro lado, la sentencia también respalda la reclamación sindical de que el permiso se pueda disfrutar después del alta hospitalaria, siempre que el paciente necesite reposo domiciliario. Así, si el trabajador no ha agotado los días durante la hospitalización, podrá utilizarlos para seguir prestando cuidados en casa.

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(Cinco Días, 12-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno avanza en la prohibición de las llamadas comerciales de las eléctricas

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico avanza en su plan de prohibir todas las llamadas comerciales de las compañías eléctricas que no hayan sido solicitadas de forma expresa por los clientes. Esta medida forma parte de la Propuesta de Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030, que se sometió este jueves a audiencia pública y que el Gobierno pretende aprobar antes de que finalice el año. El plazo para presentar alegaciones estará abierto hasta el 30 de septiembre. La iniciativa responde a una recomendación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en su informe sobre los mercados minoristas de gas y electricidad de 2024 ya pedía la eliminación de estas prácticas. El organismo señalaba que se han recibido numerosas quejas de usuarios que denunciaban llamadas engañosas y no autorizadas por parte de distintas comercializadoras, lo que en ocasiones terminaba en contrataciones sin información suficiente o con condiciones poco claras. Cabe recordar que la Ley General de Telecomunicaciones, en vigor desde junio de 2023, reconoce el derecho de los consumidores a no recibir comunicaciones comerciales no deseadas, salvo en aquellos casos en los que exista un consentimiento explícito por parte del usuario. La estrategia también prevé una revisión de los beneficiarios del bono social eléctrico, planteando, por ejemplo, la posibilidad de establecer límites de renta en el caso de las familias numerosas, un aspecto que ya había adelantado Teresa Ribera antes de su nombramiento como vicepresidenta de la Comisión Europea. Otra de las novedades afecta a la facturación: cuando una compañía cobre menos de lo debido, deberá reclamar los importes pendientes de manera gradual y solo podrá hacerlo durante un año; en cambio, si ha cobrado de más, estará obligada a devolver el dinero de inmediato e incluir intereses. Además, el documento pone el acento en la pobreza energética derivada de las olas de calor estivales, para lo que se plantea reforzar los refugios climáticos y prohibir los cortes de suministro a consumidores vulnerables en esos periodos. También se revisará la financiación de estas medidas, con el fin de evitar deudas acumuladas con las eléctricas y asegurar que la protección llegue únicamente a quienes realmente la necesitan, incluyendo a los pacientes electrodependientes. La propuesta busca además reducir la brecha entre los hogares que tienen derecho al bono social y los que realmente lo reciben. Actualmente lo perciben 1,7 millones de familias, unas 400.000 más que en 2018. Para ello, se eliminarán prácticas como las penalizaciones por permanencia si el beneficiario contrata el PVPC con bono social y se exigirá que quede constancia escrita en caso de que el consumidor quiera renunciar a él. El documento es fruto de un proceso participativo con organizaciones sociales, académicos y representantes empresariales, que incluyó una consulta directa a familias vulnerables, y se enmarca en un contexto marcado por crisis recientes como la pandemia o la guerra en Ucrania. Entre las medidas adicionales, destaca la creación de un Observatorio de la Pobreza Energética con acceso público a través de la web del Ministerio, para centralizar datos e impulsar el intercambio técnico entre expertos. También se incluyen programas de rehabilitación energética de viviendas vulnerables, apoyo económico para que estos consumidores se integren en comunidades energéticas y actuaciones frente a las olas de calor, como el fomento de sistemas de refrigeración o la puesta en marcha de refugios climáticos. Finalmente, el plan contempla acciones de comunicación y sensibilización, como mejorar la coordinación entre administraciones, habilitar puntos de asesoramiento energético para consumidores vulnerables y reforzar la detección de casos de pobreza energética desde la atención primaria en el sistema sanitario.

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(Expansión, 12-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE deja los tipos en el 2% y aleja la posibilidad de nuevos recortes

La autoridad monetaria ha decidido mantener sin cambios el coste del dinero, apoyada en una inflación estable en el 2%. Los mercados siguen atentos en busca de señales que indiquen si podría haber nuevas reducciones en el futuro. Con firmeza, el Banco Central Europeo (BCE) comunicó hoy que los tipos de interés continúan en el 2%. La institución considera que atraviesa un momento adecuado para manejar la actual incertidumbre y opta por congelar el precio del dinero por segunda reunión consecutiva. No se producía una situación similar desde mayo de 2024, justo antes de iniciar el ciclo de rebajas en las tasas, lo que confirma el giro de rumbo en la estrategia del BCE. Atrás han quedado los bruscos ajustes, tanto al alza como a la baja, que marcaron su política en los últimos años. "Estamos en una posición sólida. La inflación está en el nivel que buscábamos", afirmó Christine Lagarde, presidenta del organismo. Con el 2% alcanzado, el BCE celebra haber logrado su meta de estabilidad de precios tras una prolongada batalla. Aunque sigue vigilante ante los riesgos que acechan a la eurozona, ahora puede tomarse más tiempo para sustentar sus decisiones con datos. Las amenazas son menores: el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y Estados Unidos, aunque menos favorable que el escenario de referencia, resulta mucho mejor que la hipótesis adversa, reduciendo así la incertidumbre. Algunos miembros del Consejo de Gobierno llegaban a la cita abiertos a plantear un nuevo recorte, pero finalmente hubo consenso absoluto en que lo más prudente era mantener la pausa. "La decisión fue unánime", se limitó a señalar Lagarde. La novedad del encuentro estuvo en las expectativas sobre los próximos pasos. Aunque sin marcar un rumbo fijo, Lagarde descartó de forma implícita más rebajas de tipos al afirmar que "el proceso desinflacionario ha concluido". De ese modo, dio a entender que el nivel actual del 2% podría representar el punto final de las bajadas, aunque por cautela evitó afirmarlo de manera explícita. Esta tesis se refuerza con la lectura de las nuevas previsiones macroeconómicas. Lagarde restó importancia a que la inflación proyectada para 2026 y 2027 quede por debajo del objetivo del 2%, recordando que la estrategia revisada permite tolerar desviaciones menores. Las proyecciones, en cualquier caso, ofrecen luces y sombras. Para 2026 la inflación repuntaría al 1,7%, dejando atrás el 1,6% que inquietaba a los miembros más prudentes del Consejo. No obstante, en 2027 volvería a situarse por debajo de la meta, reflejando cierta debilidad persistente. En este contexto, el mensaje de Lagarde de que no habrá más recortes se interpreta en los mercados como toda una declaración de intenciones. "El listón para que el BCE flexibilice su política es ahora mucho más alto", señaló Frederik Ducrozet, director de análisis macroeconómico en Pictet WM, quien incluso se pregunta si el ala más dura de la institución ha tomado las riendas. En cuanto al crecimiento, las previsiones también mejoran: el PIB de la eurozona se revisa al alza este año, del 0,9% al 1,2%, pese a que el acuerdo con Estados Unidos resulta algo menos favorable que lo previsto. Para el próximo año, el avance se modera al 1%, en línea con lo proyectado en junio y lejos de cualquier riesgo inmediato de recesión.

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