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(Expansión, 30-04-2025) | Fiscal

Los empresarios calculan que el apagón eléctrico tendrá un coste de 1.600 millones de euros para la economía española

El impacto económico derivado de solo un día de apagón eléctrico revela la magnitud de las consecuencias que podría acarrear una situación similar en el futuro o una interrupción prolongada del suministro. Fábricas que tuvieron que detener su producción de inmediato, maquinaria que quedó inutilizada, miles de comercios y grandes superficies cerradas, fallos en las comunicaciones digitales y parálisis en el transporte... una cadena de problemas que, según estimaciones empresariales, costará alrededor de 1.600 millones de euros a la economía española. Este daño económico ha reactivado una cuestión de fondo: desde la patronal se solicita al Gobierno que reconsidere su plan de cierre progresivo de las centrales nucleares. Se trata únicamente del daño económico inmediato y directo provocado por el apagón generalizado del pasado lunes, que detuvo la actividad a pesar de que el restablecimiento parcial de la electricidad comenzó a las pocas horas. Esta pérdida equivale a una décima parte del PIB diario del país. El entorno empresarial teme que este daño inicial se traduzca en una caída de la inversión a medio plazo, justo en un momento en el que España se presenta como un polo atractivo para las inversiones energéticas, especialmente en el ámbito de las renovables. De hecho, ese mismo día se celebraba una jornada con la participación de 75 multinacionales, cuyo desarrollo se vio alterado por el incidente. Las distintas organizaciones empresariales manejan cifras que oscilan entre los 1.300 millones de euros -según ATA, para los trabajadores autónomos-, los 1.600 millones de la CEOE o los 900 millones estimados por Pimec solo en Cataluña, incluyendo pérdidas de actividad y costes colaterales. Frente a esta situación, Pimec, encabezada por Antoni Cañete, publicó una serie de medidas para mitigar la vulnerabilidad empresarial ante estos eventos, como implementar protocolos internos de respuesta, comprobar los sistemas auxiliares de energía e impulsar el autoconsumo y el uso de baterías. Según datos de esta organización, el turismo fue uno de los sectores más perjudicados: en la hostelería se perdió producto fresco, se cancelaron reservas y se suspendieron actividades. Una preocupación adicional para los comercios y negocios hosteleros es la posible respuesta de las aseguradoras ante este tipo de situaciones, según informó Eric Galian desde Barcelona. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, advirtió sobre los efectos a medio plazo del apagón en industrias con alta dependencia eléctrica, como aquellas con hornos eléctricos, que pueden quedar inutilizados al apagarse, o las refinerías, cuya reactivación podría tardar cerca de una semana. Otro sector bajo observación durante la jornada de recuperación fue el de la distribución. Aunque el martes las tiendas reabrieron con normalidad, el lunes algunos supermercados que permanecieron operativos sufrieron una afluencia masiva de clientes, lo que derivó en problemas de abastecimiento puntual, según informó Anged, la asociación que agrupa a las grandes superficies. En cuanto al sector agrario, el impacto fue desigual. Mientras que los cultivos no sufrieron daños significativos -excepto en algunas zonas como Valencia, donde se reportaron fallos en sistemas de riego, ventilación de viveros y refrigeración de frutas y hortalizas en una época clave-, la situación fue más grave en las explotaciones ganaderas. En ellas, la dependencia de la electricidad para actividades como el ordeño, la ventilación, el suministro de agua, la alimentación automatizada y la refrigeración de leche hizo que el apagón causara consecuencias más severas. En este contexto, desde la CEOE insisten en que debe esperarse a que el Gobierno ofrezca una explicación clara y detallada sobre las causas del apagón antes de iniciar reclamaciones a las aseguradoras. "El Ejecutivo debe dar explicaciones sobre qué ocurrió exactamente, cómo y por qué se produjo este fallo", afirmó Garamendi.

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(El País, 30-04-2025) | Laboral

El Gobierno aplaza por el apagón el envío al Parlamento de la reducción de jornada a 37,5 horas

El Ministerio de Trabajo inició el proceso institucional para reducir la jornada laboral el 25 de enero de 2024, hace ya 15 meses. En esa fecha, convocó por primera vez a sindicatos y representantes empresariales con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permitiera cumplir una de las promesas clave del Gobierno de coalición: reducir la jornada laboral máxima semanal de 40 a 37,5 horas. Este martes estaba previsto que el Consejo de Ministros avanzara con el proceso, concluyendo la fase correspondiente al Ejecutivo y dando paso a la tramitación parlamentaria. Sin embargo, Trabajo ha confirmado que la reunión del gabinete de ayer se centró exclusivamente en medidas relacionadas con el reciente apagón, aplazando el debate sobre la jornada laboral para la próxima semana. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya había anunciado este paso durante el cierre del Congreso de CC OO Industria la semana pasada. Se espera que el proyecto de ley regrese al Consejo de Ministros en segunda vuelta la próxima semana, incorporando los informes preceptivos y consultivos, para su posterior aprobación y envío al Congreso de los Diputados, donde comenzará su tramitación legislativa. El texto que se someterá a debate parlamentario es fruto del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, aunque sin el respaldo de las organizaciones empresariales. Tras una larga negociación, primero por separado y luego junto al Gobierno, Díaz cerró el pacto con CC OO y UGT, que fue presentado públicamente el 20 de diciembre. Tras debates internos entre los ministerios de Economía y Trabajo, el anteproyecto fue aprobado en primera ronda por el Consejo de Ministros el 4 de febrero. Casi dos meses después, volverá a ese mismo órgano antes de pasar al Congreso. Aunque se da por seguro el respaldo de las fuerzas de izquierda y del PNV, el apoyo de Junts es incierto. En una reciente comisión parlamentaria, el grupo catalán declaró a Díaz: "Nosotros tampoco avalamos este proyecto de ley en este momento", en una postura similar a la de la patronal. El anuncio se produce pocos días antes del Primero de Mayo, justo cuando los sindicatos han intensificado la presión sobre el Gobierno. Unai Sordo, secretario general de CC OO, afirmó: "Queremos decirle al Gobierno que esto debe tramitarse ya. Que haya menos atención mediática no significa que bajemos la exigencia. Hay que acelerar". Pepe Álvarez, líder de UGT, añadió: "No se puede seguir retrasando este proceso legislativo". Por su parte, la patronal CEOE expresó su rechazo frontal a la medida, calificándola de "oportunismo político evidente" por su coincidencia con el Día Internacional del Trabajo. En un comunicado, advirtió del "grave impacto" que la medida puede tener sobre la economía y el empleo, en especial en pymes y ciertos sectores. La propuesta también incluye una reforma del sistema de control horario, que deberá ser digital, accesible, fiable e interoperable, eliminando el uso del papel. Este sistema deberá estar disponible permanentemente para la Inspección de Trabajo. Asimismo, el proyecto reconoce el derecho a la desconexión digital. Otra novedad importante es el endurecimiento de las sanciones por incumplimientos relacionados con el registro de jornada. A partir de ahora, cada trabajador afectado implicará una infracción individual, en lugar de una sanción única por empresa, como ocurre actualmente. Esto implicará un aumento considerable en las multas. Una vez aprobado el texto en el Parlamento y si no se modifica el calendario previsto, las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus convenios colectivos a la nueva normativa. El anteproyecto ya pasó su primera revisión en el Consejo de Ministros el 4 de febrero y ha superado trámites como el del Consejo Económico y Social (CES), que si bien valoró positivamente el objetivo social, cuestionó la solidez del análisis económico presentado, considerándolo "incompleto y con fundamentos insuficientes".

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(El País, 30-04-2025) | Laboral

Bajo el lema ‘Proteger lo conquistado, ganar futuro’, los sindicatos buscan un primero de mayo con “vocación global”

Este jueves 1 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, conocido como Primero de Mayo. Es una jornada festiva en toda España -al igual que en numerosos países del mundo- y, como es habitual, los principales sindicatos, UGT y CCOO, liderarán manifestaciones en diversas ciudades para celebrar la fecha. El lema elegido este año es Proteger lo conquistado, ganar futuro, un mensaje con dimensión internacional, según explicaron los secretarios generales Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO), haciendo alusión al avance de la extrema derecha a nivel global y al peligro que esto representa para los derechos laborales. Como cada año, la manifestación central se desarrollará en Madrid, encabezada por las principales figuras sindicales. Según han anunciado las delegaciones madrileñas de UGT y CCOO, la marcha comenzará a las 12 del mediodía y se extenderá hasta las 14 horas. El recorrido arrancará en la Gran Vía (esquina con la calle de Alcalá) y finalizará en la Plaza de España, cubriendo aproximadamente un kilómetro y medio. Además de la capital, los sindicatos han convocado alrededor de 50 manifestaciones más en otras ciudades del país. Encabezarán la marcha nacional Pepe Álvarez y Unai Sordo, junto a Paloma López (secretaria general de CCOO Madrid) y Susana Huertas (secretaria general de UGT Madrid). Al término del recorrido, los cuatro dirigentes sindicales subirán al escenario instalado en Plaza de España, donde pronunciarán discursos para cerrar el acto. Como es habitual, se espera la presencia de representantes del Gobierno y de distintos partidos políticos. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya ha confirmado su asistencia, acompañada por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Aunque las lluvias marcaron la Semana Santa, las previsiones de la AEMET para este jueves indican que el tiempo será favorable, con cielos parcialmente despejados y temperaturas que podrían alcanzar los 28 grados en Madrid. La participación suele depender del día de la semana en que cae la festividad. En 2023, al celebrarse en lunes y coincidir con el festivo autonómico del 2 de mayo, se preveía una alta asistencia, aunque la percepción fue de una participación menor que la estimada. En cambio, en 2022, cuando fue miércoles, la Delegación del Gobierno cifró la asistencia en unas 10.000 personas. Aunque la organización recae en los sindicatos, la manifestación está abierta a toda la ciudadanía. Durante los días previos, UGT y CCOO distribuyeron folletos informativos para animar a la participación. Además del lema principal, ambos sindicatos han suscrito un manifiesto en el que exponen sus principales reivindicaciones, siendo la más destacada la demanda de una reducción legal de la jornada laboral. En él, solicitan el respaldo político para aprobar la normativa acordada entre el Gobierno y los sindicatos que establece una jornada máxima legal de 37,5 horas semanales.

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(El Economista, 30-04-2025) | Laboral

Empresas y sindicatos podrán negociar los términos y mejoras para disfrutar del permiso de lactancia

La Audiencia Nacional ha establecido que las empresas pueden pactar, ya sea a través de convenios colectivos o acuerdos con los sindicatos, las condiciones específicas o mejoras del permiso de lactancia. Esto es así incluso después de la reforma del Estatuto de los Trabajadores, que amplió las opciones de disfrute del permiso sin necesidad de negociación previa. Con la aprobación del Real Decreto-ley de mayo de 2024, el permiso de lactancia pasó a considerarse un derecho que puede ejercerse de tres formas: ausentándose una hora del trabajo, reduciendo la jornada media hora, o acumulando el tiempo en días. Antes, las dos últimas opciones dependían de lo que se negociara colectivamente o se acordara con la empresa, pero la reforma eliminó esa restricción y las convirtió en derechos automáticos. No obstante, en una sentencia emitida el 4 de abril, la Audiencia Nacional aclara que la nueva normativa no impide que se puedan seguir negociando las condiciones del disfrute del permiso o sus posibles mejoras en el marco de la negociación colectiva. El tribunal resolvió una disputa entre sindicatos y una organización empresarial, en la que los representantes sindicales sostenían que las mejoras recogidas en el convenio colectivo -como ampliar la reducción de jornada de media hora a una hora y extender el disfrute del permiso hasta los doce meses del menor- debían aplicarse automáticamente con base en la nueva legislación. La Audiencia, sin embargo, considera que dichas mejoras requieren un acuerdo entre empresa y trabajador sobre cómo se van a aplicar, ya que superan lo establecido por la ley. Según el tribunal, la reforma legal no elimina la posibilidad de pactar condiciones específicas con el empleador respecto a cómo se disfruta el permiso, siempre que se respeten los derechos mínimos establecidos por la norma. Por tanto, mejoras como acumular el permiso entre los 9 y los 12 meses del bebé no son automáticas, y deben ceñirse a los términos acordados en el convenio. En resumen, la Audiencia concluye que, aunque el derecho al permiso de lactancia se ha ampliado legalmente, las empresas y los trabajadores pueden seguir negociando condiciones más beneficiosas, pero estas no se aplican automáticamente y dependen del acuerdo con la empresa.

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(El Economista, 30-04-2025) | Laboral

La precariedad sigue siendo el motor de la destrucción del empleo en España

Más de la mitad de los 2,53 millones de personas desempleadas con experiencia laboral, concretamente un 53%, perdieron su último empleo debido a la finalización de un contrato temporal, mientras que un 13,5% lo hizo a causa de un despido. Aunque estos porcentajes son inferiores a los registrados durante la pandemia y en los años 2018 y 2019, siguen siendo notablemente altos en comparación con periodos anteriores, lo que refleja cómo la fragilidad del empleo continúa dificultando una reducción efectiva de la tasa de paro. Si se toman como referencia los 2,79 millones de desempleados totales, estas cifras se reducen al 48% para los que perdieron el empleo por contrato temporal y al 11,6% por despido. Cabe señalar que dentro de este grupo total se incluye a un número significativo de personas que llevan más de tres años en situación de desempleo. Este colectivo representa un 20% de los desempleados con experiencia y un 18% del total, y no se especifica el motivo de su salida del mercado laboral. Dentro de este segmento pueden encontrarse trabajadores mayores despedidos o personas en situación de prejubilación, ya que el 71,9% de ellos supera los 45 años y el 41,5% tiene más de 55. Si se excluye a estos desempleados de larga duración cuyo motivo de salida del empleo no se detalla, el porcentaje de personas que quedaron en paro por fin de contrato asciende al 66%, y los despidos representan el 17%. Estas cifras son muy similares a las registradas en el primer trimestre de 2022, justo después de la aprobación de la reforma laboral pero antes de la entrada en vigor de los cambios en materia de contratación temporal, en especial la eliminación de los contratos por obra y servicio. Es importante recordar que, a diferencia del SEPE, la Encuesta de Población Activa (EPA) sí considera como desempleados a los trabajadores con contratos fijos discontinuos que están inactivos y buscan un nuevo empleo mientras esperan ser llamados. Aunque no se especifica cómo se contabilizan estos casos, es posible que se reflejen en las categorías de "otras causas" o "no especificadas", que agrupan a unas 170.000 personas, un 6,8% del total de parados, una cifra similar a la existente antes de la reforma laboral. En cualquier caso, lo que muestran los datos es que el final de los contratos temporales sigue siendo la principal causa de desempleo en España. A pesar de que la reforma laboral ha incrementado la estabilidad contractual, el elevado número de empleos precarios continúa limitando la capacidad del mercado laboral para reducir el paro de forma significativa. Esta realidad ha quedado patente en el inicio de este año. Según los últimos datos de la EPA, en el trimestre más reciente el desempleo aumentó en 193.700 personas, de las cuales 182.400 habían tenido previamente un empleo. Entre ellas, 96.600 perdieron su trabajo por la finalización de un contrato temporal y 52.900 fueron despedidas, lo que representa la mayor parte del incremento del paro. Muy por detrás se sitúan los desempleados de muy larga duración, que aumentaron en 27.400 personas; los que dejaron su empleo por responsabilidades familiares (26.400) y quienes cursaban estudios o formación (10.300). En contraste, los parados por motivos de salud disminuyeron, aunque este descenso se equilibró con la incorporación de 11.300 personas que buscan trabajo por primera vez. En total, actualmente hay 1,34 millones de desempleados cuyo último empleo terminó por finalización de contrato, 343.300 por despido y 515.200 en paro de muy larga duración. A esto se suman unas 325.000 personas desempleadas por otras causas, incluidas las que no especificaron el motivo.

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(Expansión, 30-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE lidera un grupo para simplificar la regulación bancaria

El Banco Central Europeo (BCE) ha puesto en marcha un grupo de trabajo cuyo objetivo es mantener la solidez del sistema bancario europeo mientras se eliminan cargas regulatorias innecesarias. Esta iniciativa, liderada por el español Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, busca simplificar la compleja normativa que deben cumplir actualmente las entidades financieras del continente. Este esfuerzo se alinea con la estrategia de la Comisión Europea, que también pretende simplificar la legislación en distintos ámbitos para fomentar el crecimiento y la innovación, sin perder de vista la supervisión. Con esta nueva comisión, el BCE intentará identificar posibles mejoras en el marco normativo que, si bien ha fortalecido a la banca europea, también le impone exigencias considerables. El equipo se centrará en dos grandes áreas. Por un lado, examinará el marco regulatorio, revisando aspectos como la estructura de capital de los bancos y la aplicación de las normas de Basilea III, un conjunto de estándares internacionales. Desde el BCE destacan que otros países están flexibilizando estos requerimientos, por lo que consideran importante evitar que las entidades europeas operen bajo criterios más estrictos si no es imprescindible para asegurar su estabilidad. Por otro lado, se evaluará la carga informativa que se exige a las entidades bancarias, especialmente criticada por las más pequeñas, que se ven desbordadas por las obligaciones de reporte. "Hemos detectado muchas redundancias y creemos que podemos simplificar el proceso de notificación de información regulatoria", explicó De Guindos en una reunión con la prensa en Bruselas. El grupo de trabajo estará compuesto, además de por De Guindos, por cinco gobernadores de bancos centrales nacionales y un miembro del Consejo de Supervisión del BCE. Según Reuters, estarán representados bancos centrales como los de Alemania, Francia, Italia y Finlandia. A pesar de este impulso por reducir complejidades, De Guindos ha subrayado que no se trata de relajar las normas existentes. Varios miembros del Consejo de Gobierno han insistido en que la robustez actual de los bancos, reflejada en sus niveles de liquidez y capital, es un activo valioso que debe preservarse. Prueba de ello es la resistencia que demostraron frente a crisis como la de los bancos medianos en Estados Unidos hace poco más de dos años. Las recomendaciones finales de este comité se presentarán ante el órgano de decisión del BCE, del que forman parte tanto De Guindos como los gobernadores nacionales, y deberán ser aprobadas antes de llevarse a las instituciones legislativas europeas. Según explicó el vicepresidente del BCE, se espera que las conclusiones de este proceso de revisión regulatoria estén listas antes de que acabe el año.

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(Expansión, 30-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las eléctricas reclamarán a Red Eléctrica indemnizaciones multimillonarias

Las principales compañías eléctricas -Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol- y otros distribuidores consideran que Red Eléctrica de España (REE) debería asumir el elevado coste de las compensaciones económicas que se prevén por el apagón de electricidad ocurrido el pasado lunes en el territorio peninsular español. El fallo en el suministro comenzó a las 12:32 del mediodía del lunes y no se resolvió completamente hasta las 10:00 de la mañana del martes. El incidente afectó a toda la península, abarcando unos 30 millones de contratos eléctricos, lo que lo convierte en un apagón de magnitud inédita tanto a nivel nacional como internacional. Se espera que este corte de luz origine una avalancha de reclamaciones e indemnizaciones, cuyo coste podría alcanzar varios miles de millones de euros. Hasta el momento, REE no ha especificado con claridad las causas exactas del suceso, limitándose a indicar que coincidió con una desconexión repentina de varios cientos de megavatios en instalaciones de generación ubicadas en el suroeste peninsular, aunque ha descartado que se tratase de un ciberataque. Según la legislación vigente, cualquier interrupción del suministro eléctrico superior a tres minutos permite a los usuarios solicitar compensaciones económicas. Estas podrían ascender hasta el 10% del importe anual del suministro, además de los daños adicionales ocasionados. Muchos negocios, como bares, tiendas y restaurantes, se vieron obligados a cerrar por no poder procesar pagos electrónicos debido al colapso de las telecomunicaciones. Otros aún no pudieron operar con normalidad al día siguiente, dado que el transporte público seguía sin funcionar completamente, impidiendo que sus empleados acudieran al trabajo. Aún no se ha determinado con precisión el impacto económico total del apagón, aunque basta con considerar que un solo día de parálisis productiva en España representa una pérdida aproximada de 4.000 millones de euros, en un PIB nacional cercano a 1,5 billones. Por norma, las distribuidoras eléctricas -ya sean comercializadoras o propietarias de redes de distribución- deben atender las reclamaciones de los consumidores. Sin embargo, el pago de esas indemnizaciones recaerá finalmente sobre quien resulte ser el responsable directo del fallo. Determinar quién tuvo la culpa del corte será un aspecto clave y, probablemente, el tema derive en un proceso judicial complejo y con múltiples actores implicados. No sería la primera vez que sucede algo similar. Ya en el pasado, Endesa y Red Eléctrica se enfrentaron judicialmente por un apagón parcial en Cataluña, causado por el incendio en una subestación, que dejó sin servicio a 300.000 personas y supuso compensaciones de 19 millones de euros. La sentencia entonces responsabilizó a Red Eléctrica, una compañía bajo el paraguas del holding Redeia, donde el Estado tiene una participación del 20% y mantiene el control a través de regulaciones y nombramientos. Pese a que Red Eléctrica ha ido comunicando avances en la restauración del servicio, aún no ha ofrecido una explicación detallada del origen del fallo, más allá de una nota técnica general. Esta empresa es la encargada de operar la red de alta tensión -la infraestructura principal del sistema eléctrico-, mientras que compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy o EDP gestionan las redes de distribución que llevan la energía a los consumidores finales. Más allá de las causas exactas, lo que parece evidente es que el fallo se produjo en la red de transporte operada por REE. Las eléctricas han coincidido en señalar a esta empresa como responsable. REE, dirigida por Beatriz Corredor, exministra de Vivienda del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se enfrenta así a una fuerte presión. Fuentes próximas a Endesa reconocen que las compensaciones podrían alcanzar "cientos de millones" y que, aunque la empresa tenga que dar la cara ante los usuarios, finalmente trasladará la reclamación a Red Eléctrica. Por su parte, Iberdrola negó su implicación en el origen del corte, señalando que todas sus plantas generadoras en funcionamiento estaban operando bajo las instrucciones del operador del sistema, es decir, REE, y de acuerdo con la normativa vigente. Naturgy indicó también estar colaborando estrechamente con el operador para restablecer la normalidad desde el inicio del incidente. Endesa transmitió un mensaje similar. La patronal del sector fotovoltaico, Unef, también salió al paso de las especulaciones, subrayando que la energía solar es una tecnología fiable que cumple con todos los requisitos técnicos exigidos. En su defensa, señalaron que si hubo una sobrecarga provocada por esta fuente, Red Eléctrica debía haber equilibrado el sistema activando otras fuentes como la hidráulica, la nuclear o los ciclos combinados.

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(El País, 30-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez exigirá responsabilidades a los operadores privados y anuncia mejoras en el sistema eléctrico: “Esto no puede volver a pasar jamás”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que "España está dejando atrás la peor parte" del apagón que tuvo lugar el lunes. En su tercera intervención pública desde que comenzó esta crisis, ha comunicado que el Gobierno llevará a cabo una investigación para esclarecer lo ocurrido, exigirá responsabilidades a las empresas privadas implicadas y adoptará medidas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. Sánchez ha descartado que el fallo eléctrico se deba a una falta de capacidad de las centrales nucleares. "Una mayor dependencia de la energía nuclear habría dificultado una recuperación tan rápida como la que hemos logrado", ha señalado, y ha anunciado que solicitará un informe independiente a las autoridades europeas. Por su parte, Red Eléctrica ha indicado de forma preliminar que el apagón no fue provocado por un ciberataque, un fallo humano ni por causas meteorológicas o atmosféricas inusuales. La hipótesis principal apunta a dos incidentes de "desconexión en la generación", probablemente relacionados con la energía solar. El suministro eléctrico se ha restablecido casi por completo, aunque aún hay dificultades en el transporte ferroviario. Las líneas de alta velocidad y larga distancia están recuperando progresivamente el servicio, y en las principales ciudades, los sistemas de metro y trenes de cercanías trabajan para volver a la normalidad. Con la recuperación del suministro, algunas comunidades autónomas han solicitado desactivar el nivel 3 de alerta, que otorga al Gobierno central el control de la situación.

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(El País, 30-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las telecomunicaciones se recuperan poco a poco y España vuelve a usar el teléfono

Los teléfonos móviles han vuelto a funcionar en España tras permanecer un día sin servicio. Cerca del mediodía, Vodafone -la operadora que más detalles ha ofrecido durante esta crisis- comunicó que ya había recuperado el 99,5% del tráfico móvil y que el 94% de sus nodos estaban operativos. Estos nodos son puntos clave dentro de la red que permiten la transmisión de datos. A primera hora del día, Galicia era la comunidad más afectada, con solo la mitad de sus nodos activos, seguida de Andalucía, que alcanzaba un 62%. Sin embargo, a las 12:00, Galicia ya había reactivado el 87% de sus nodos y Andalucía el 90%. En el resto del país, la recuperación supera el 90%, con Cataluña y Madrid alcanzando el 94% y 95% respectivamente. Telefónica, por su parte, informó el lunes por la tarde que había activado un comité de crisis para seguir de cerca la situación, al igual que otras empresas del sector. El martes por la mañana, la compañía comunicó que había trabajado sin descanso para restablecer el servicio de forma progresiva, logrando recuperar más del 90% de sus servicios tanto móviles como fijos. Telefónica indicó que mantuvo en funcionamiento los servicios esenciales en todo momento y optimizó el uso de recursos disponibles. También recomendó el teletrabajo a sus empleados que enfrenten limitaciones en el acceso a los servicios. En cuanto a MasOrange, la empresa informó a través de la red social X que continuaba trabajando intensamente para restaurar completamente el servicio. A las 9:55 ya había logrado recuperar el 90% de su red móvil y fija. Su consejero delegado, Meinrad Spenger, destacó en un mensaje la relevancia de las infraestructuras de telecomunicaciones como elementos esenciales para la vida cotidiana, las empresas y los servicios públicos. Durante toda la jornada del lunes, las compañías del sector pidieron a los usuarios que contaban con datos o cobertura que hicieran un uso moderado de sus dispositivos para evitar una sobrecarga de la red. Digi, por su parte, informó a las 10:00 del martes que ya había restablecido el 94% de su servicio de fibra y más del 90% de su red móvil. Cabe recordar que esta compañía utiliza en gran parte la infraestructura de Telefónica gracias a un acuerdo mayorista. En Canarias, el Gobierno insular declaró la emergencia a las 22:30 del lunes activando el Plan Territorial de Emergencias (PLATECA), tras la interrupción masiva de las comunicaciones esenciales en el archipiélago. La alerta se mantendrá hasta que todos los servicios se restablezcan completamente, ya que, según los operadores, la red aún presentaba inestabilidad. No obstante, varias fuentes aseguraron que muchos usuarios ya podían utilizar sus móviles con normalidad. Telefónica confirmó sobre la 13:00 que el problema en las islas había sido resuelto. El fallo en las telecomunicaciones en Canarias impidió que la población contactara con normalidad con el servicio de emergencias 112 durante unas tres horas el lunes. Las primeras incidencias se detectaron a las 20:43 y la situación se normalizó alrededor de las 23:30, cuando se reactivaron todos los sistemas del centro de coordinación. Durante la mañana del martes, se tiene prevista una nueva reunión del Comité Asesor del PLATECA para evaluar junto a los principales operadores el estado actual de los servicios básicos.

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(El Periódico, 30-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Sospecha de una desconexión masiva de plantas solares antes del apagón total

Red Eléctrica ha dado por concluida la crisis energética provocada por el gran apagón que comenzó ayer. Según el operador del sistema eléctrico, el suministro ha sido prácticamente restablecido por completo y desde las 8:35 horas de hoy se ha podido cubrir toda la demanda eléctrica, veinte horas después del inicio del colapso. La compañía, cuyo accionista mayoritario es el Estado con un 20% del capital, sigue analizando las causas del incidente, aunque apunta como hipótesis principal a un fallo generalizado en plantas solares del suroeste peninsular, lo que habría desatado la cadena de fallos posteriores. Ayer, a las 12:33 del mediodía, se produjeron en cuestión de cinco segundos dos desconexiones masivas de instalaciones de generación eléctrica, lo que provocó el colapso total del sistema. El Ejecutivo estimó en 15.000 megavatios (MW) la pérdida de generación, lo que representaba en ese momento el 60% del consumo nacional. No obstante, Red Eléctrica señala hoy que aún se está determinando con precisión el volumen total afectado y que los detalles sobre el fallo exacto siguen bajo estudio. El operador ha advertido también que algunos de los datos de su plataforma pública sobre la demanda eléctrica podrían no ser del todo precisos, ya que los sistemas de medición remota quedaron paralizados durante la caída, afectando a la calidad de los registros. A pesar de ello, la compañía ha decidido mantener esa información publicada como muestra de transparencia. "Podremos identificar con exactitud qué instalaciones se desconectaron una vez contemos con los informes de los centros de control de las generadoras", explicó Eduardo Prieto, director del área de Operaciones de Red Eléctrica, en una comparecencia ante la prensa. Según Prieto, el hecho de que las desconexiones se hayan concentrado en el suroeste peninsular hace pensar que el origen está en la generación solar. Para conocer el alcance real del fallo y qué plantas fueron afectadas, Red Eléctrica necesita aún recopilar una enorme cantidad de datos procedentes de las compañías de generación eléctrica, lo que equivale a reconstruir una especie de "caja negra" del sistema. No obstante, la empresa ha recalcado que la red de transporte de alta tensión operó sin incidencias durante toda la crisis. La compañía trabaja ya en un informe detallado con las conclusiones técnicas, aunque no ha fijado una fecha concreta para su publicación, ya que depende de recibir toda la información necesaria por parte de las eléctricas. Por ahora, lo único que Red Eléctrica descarta por completo es la posibilidad de que el apagón haya sido consecuencia de un ciberataque, tras haberlo verificado en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). Según los registros, hasta las 12:33 horas del lunes el sistema funcionaba con total normalidad en términos de frecuencia, tensión y flujo eléctrico. Sin embargo, las dos grandes incidencias que se produjeron en apenas 1,5 segundos generaron una perturbación tan fuerte que obligó a activar el protocolo de aislamiento de la red peninsular respecto al sistema europeo, desconectando la interconexión con Francia. Ese aislamiento, sumado al fuerte desajuste entre oferta y demanda de energía, hizo que el sistema colapsara por completo, resultando en un apagón total, sin suministro eléctrico en ningún punto tanto de la península ibérica como de Portugal.

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