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(El Economista, 12-05-2026) | Laboral

El Supremo blinda el subsidio por desempleo para mayores de 52 años aunque cobren la pensión por incapacidad

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia contraria al criterio de la Seguridad Social y ha abierto la puerta a que más personas puedan acceder al subsidio por desempleo para mayores de 52 años, incluso cuando ya perciben una pensión de incapacidad permanente total. El alto tribunal establece que las cotizaciones acumuladas antes de que se reconociera la incapacidad también deben computarse para determinar si el trabajador tiene derecho a esta ayuda asistencial. En una resolución fechada el 25 de marzo, el Supremo rechaza que la Administración aplique a este subsidio las mismas condiciones exigidas para acceder a la prestación contributiva por desempleo. El subsidio para mayores de 52 años está diseñado para garantizar ingresos a quienes se acercan a la jubilación y, además, permite seguir cotizando hasta alcanzar la pensión. La sentencia recuerda que, cuando un trabajador pierde su empleo debido a una incapacidad que le impide continuar en su puesto, no puede cobrar simultáneamente la pensión de incapacidad y el paro. En ese caso, debe elegir entre una de las dos prestaciones. Si opta inicialmente por el desempleo, solo podrá percibir la pensión cuando se agote el paro. Por el contrario, si decide cobrar la incapacidad permanente, únicamente tendrá derecho posteriormente a una prestación por desempleo si encuentra otro empleo compatible con su situación y vuelve a generar cotizaciones. La Seguridad Social trataba de trasladar esta misma interpretación al subsidio para mayores de 52 años. Sin embargo, la sentencia, cuya ponencia corresponde a la magistrada Luisa María Gómez Garrido, aclara que ambas situaciones jurídicas son diferentes y deben recibir un tratamiento distinto. La Seguridad Social exige para acceder a esta ayuda que el solicitante reúna todos los requisitos necesarios para obtener la jubilación, salvo la edad mínima. Entre esas condiciones figura haber cotizado al menos 15 años. Hasta ahora, la Administración venía excluyendo del cómputo los años trabajados antes de la incapacidad permanente, lo que impedía a muchos beneficiarios alcanzar ese periodo mínimo exigido. No obstante, el Supremo considera incorrecta esa interpretación y sostiene que el requisito de los 15 años pertenece al ámbito de la jubilación y no puede convertirse en una exigencia específica del subsidio para mayores de 52 años. El tribunal entiende que esa interpretación iría contra la lógica del propio sistema, ya que esta ayuda tiene precisamente como finalidad proteger a las personas desempleadas hasta que puedan jubilarse. Además, recuerda que el subsidio incluye cotizaciones a cargo de la entidad gestora para la futura pensión de jubilación, algo que no ocurre en otras prestaciones asistenciales. Por ello, concluye que si una persona mayor de 52 años alcanza el periodo mínimo de cotización sumando los años trabajados antes y después de la incapacidad permanente, no existe motivo para negarle el acceso al subsidio y dejarla sin protección económica.

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(El Economista, 12-05-2026) | Laboral

Los sindicatos llevan a la Agencia Tributaria ante los tribunales por incumplir el acuerdo de ascensos y retribuciones

El Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria ha decidido acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para denunciar al Ministerio de Hacienda por el incumplimiento del acuerdo firmado en 2007 sobre el desarrollo de la carrera profesional y administrativa dentro de la Agencia Tributaria. Aquel pacto, alcanzado entre la Administración y los sindicatos, establecía un sistema propio de promoción profesional y mejora salarial para los empleados de la Agencia Tributaria, permitiendo ascensos de tramo vinculados a la antigüedad y acompañados de incrementos retributivos. El acuerdo quedó paralizado durante la crisis económica comprendida entre 2008 y 2014. Aunque Hacienda terminó reclasificando al personal afectado en septiembre de 2019, las organizaciones sindicales sostienen que desde entonces el Ministerio no ha retomado plenamente el desarrollo del sistema, lo que mantiene bloqueadas las opciones de promoción laboral y mejora económica de más de 20.000 trabajadores de los ámbitos tributario y aduanero. Según los representantes de los empleados, la Administración justifica esta situación alegando las distintas circunstancias excepcionales vividas en los últimos años, entre ellas la pandemia, la crisis energética derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania y la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado, ya que el Gobierno continúa prorrogando las cuentas de 2023 ante la dificultad para reunir apoyos parlamentarios suficientes. Ante este escenario, el SIAT ha presentado un recurso ante el TSJM contra la inactividad de Hacienda y contra la falta de respuesta a los requerimientos formales realizados por el sindicato para exigir medidas urgentes que permitan recuperar plenamente la vigencia del acuerdo de 2007. El sindicato recuerda además que Hacienda se comprometió a finales de 2024 a reactivar ese sistema de carrera profesional. Sin embargo, ahora el Ministerio habría modificado su planteamiento y apuesta por abrir distintos concursos y convocatorias de plazas entre 2026 y 2028 para facilitar la progresión profesional de parte de la plantilla.

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(El Economista, 12-05-2026) | Laboral

España tiene 4,7 millones de personas buscando trabajo pero el 45% de las empresas no las encuentran

España mantiene desaprovechado el 18,2% de su potencial laboral, lo que equivale a 4,69 millones de personas disponibles para trabajar, según las últimas cifras publicadas por Eurostat. Al mismo tiempo, el 45% de las empresas asegura que su actividad sigue condicionada por las dificultades para encontrar trabajadores. Esta contradicción evidencia que el problema del mercado laboral no depende únicamente de la cantidad de personas disponibles, sino también del desajuste entre la oferta y la demanda de perfiles profesionales, lo que reabre el debate sobre si la regularización de inmigrantes puede ayudar a aliviar esta situación. La última Encuesta del Banco de España sobre Actividad Empresarial refleja una ligera reducción en el impacto negativo derivado de la escasez de mano de obra, después de varios años de aumento continuo desde 2021 y de alcanzar un máximo del 48% a finales del año pasado. El organismo considera que esta moderación encaja con la desaceleración del mercado laboral que viene observándose en los últimos meses: si el empleo crece a menor ritmo, la presión empresarial para contratar también disminuye. Aun así, la falta de trabajadores sigue siendo el segundo factor que más preocupa a las empresas, citado por el 45% de ellas, solo por detrás de la incertidumbre sobre política económica, que afecta al 50%. Por encima incluso del impacto de los costes energéticos, mencionado por un 42%. El estudio, no obstante, se elaboró antes del agravamiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán y del bloqueo del estrecho de Ormuz, cuyos efectos económicos previsiblemente se harán más visibles en los próximos meses. Según el Banco de España, la escasez de trabajadores se concentra especialmente en sectores intensivos en mano de obra, como la construcción, la hostelería y el transporte. En estas actividades, el 58%, el 55% y el 52% de las empresas, respectivamente, afirman verse perjudicadas por este problema. La situación coincide con el incremento de vacantes detectado por la Encuesta Trimestral de Costes Laborales, que contabilizó 155.713 puestos sin cubrir al cierre de 2025. Sin embargo, esta cifra apenas representa el 0,9% del empleo total, la tasa más baja de toda la zona euro. El supervisor también advierte de que las dificultades para cubrir puestos coinciden con el aumento de las bajas por incapacidad temporal, otro elemento que añade tensión al mercado laboral. No obstante, aclara que el principal obstáculo no es la ausencia de trabajadores, sino la dificultad para encontrar perfiles adecuados para cada puesto. El Banco de España atribuye este desajuste a la escasez de profesionales cualificados y a factores de carácter cíclico. En etapas de crecimiento económico, aumenta la demanda de trabajadores por parte de las empresas, pero también sube el salario mínimo que aceptan los desempleados para incorporarse a un puesto de trabajo. El organismo dirigido por José Luis Escrivá evita precisar el efecto concreto que tiene en este fenómeno el incremento del salario mínimo interprofesional aprobado por el Gobierno. Esta situación ayuda a explicar una de las principales paradojas del mercado laboral español: pese a la desaceleración económica, España sigue creando empleo con mayor intensidad que otros países de la Unión Europea, aunque sin lograr una reducción proporcional del desempleo. Según la EPA, en el primer trimestre se registraron 527.600 ocupados más que un año antes, mientras que el número de desempleados solo disminuyó en 80.600 personas, manteniéndose todavía en torno a los 2,7 millones. La cifra de mano de obra disponible es incluso mayor si se tiene en cuenta toda la denominada holgura laboral calculada por Eurostat. Este indicador incluye, además de los 2,6 millones de parados, a 717.000 personas inactivas que desean trabajar pero no buscan empleo activamente, otras 253.000 que no podrían incorporarse de forma inmediata y alrededor de 1,1 millones de trabajadores a tiempo parcial que quieren ampliar su jornada laboral. Sumando todos estos colectivos, el volumen de personas infrautilizadas alcanza los 4,69 millones. Además, el desempleo se concentra cada vez más entre trabajadores mayores de 45 años, un perfil que en muchos casos no encaja con las preferencias de los sectores con mayor demanda de mano de obra. Este desajuste explica por qué el mercado laboral español sigue necesitando trabajadores extranjeros, tal y como refleja el aumento de ocupados inmigrantes y el respaldo empresarial a los últimos procesos de regularización. Sin embargo, los expertos advierten de que el problema no reside únicamente en la cantidad de trabajadores disponibles, sino también en su nivel de cualificación y en la adecuación de sus perfiles a las necesidades reales de las empresas.

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(El Confidencial, 12-05-2026) | Laboral

El Gobierno defiende ante el TS la regulación exprés de Sánchez: "Subirán las cotizaciones"

La Abogacía del Estado ha respaldado ante el Tribunal Supremo la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno, cuya aplicación ha sido recurrida por la vía contencioso-administrativa. El alto tribunal deberá pronunciarse en los próximos días sobre la petición de suspensión cautelar planteada por Hazte Oír, una medida a la que los servicios jurídicos del Ejecutivo se oponen al considerar que la norma genera efectos positivos tanto sociales como económicos. En el escrito presentado ante el Supremo, la Abogacía del Estado sostiene que la concesión de autorizaciones de residencia permitirá a los beneficiarios acceder plenamente a los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, especialmente al derecho al trabajo. Según argumenta, esto favorecerá su integración social y contribuirá además a aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social gracias a su incorporación regular al mercado laboral. El documento también rechaza que la regularización pueda provocar un deterioro en los servicios públicos o sanitarios. La defensa jurídica del Gobierno recuerda que las personas extranjeras afectadas por la medida ya residían en España antes del 1 de enero de 2026 y, por tanto, ya hacían uso de dichos servicios. Respecto a la atención sanitaria, añade que la legislación vigente garantiza el acceso a la sanidad con independencia de la situación administrativa de los inmigrantes. La Abogacía advierte además de que una eventual paralización cautelar causaría perjuicios importantes y afectaría al interés público, dado que la norma ya está en vigor y produce efectos desde el día siguiente a su publicación. Según expone, suspenderla impediría su desarrollo dentro del plazo previsto, ya que la fecha límite para presentar solicitudes concluye el próximo 30 de junio. Asimismo, sostiene que la suspensión perjudicaría gravemente a los potenciales beneficiarios, que perderían temporalmente la posibilidad de acceder a las autorizaciones administrativas contempladas en la regulación. El escrito explica que la medida pretende dar cobertura a personas que llevan tiempo residiendo en España y que, en muchos casos, ya participan de facto en el mercado laboral. Según la Abogacía del Estado, el objetivo es reducir situaciones de vulnerabilidad, reforzar la cohesión social y favorecer un crecimiento económico más inclusivo mediante la creación de una nueva fórmula de arraigo extraordinario. También niega que la regularización genere efectos irreversibles, al tratarse de autorizaciones de naturaleza administrativa que no consolidan derechos permanentes y que incluso prevén mecanismos específicos para su extinción en determinados supuestos, aunque no exista una declaración formal de nulidad. Por otro lado, la defensa del Ejecutivo descarta irregularidades en la tramitación del decreto y sostiene que la norma se elaboró siguiendo los procedimientos legalmente establecidos. Añade además que responde a una necesidad real derivada de la situación social actual y que constituye una medida proporcionada, adecuada y necesaria para afrontar esa realidad. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo analizará este miércoles la solicitud de suspensión cautelar presentada por Hazte Oír y por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, en una vista en la que estudiará los argumentos de ambas partes sobre la legalidad y los efectos de la regularización extraordinaria de inmigrantes.

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(Expansión, 12-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La guerra drena 14 millones de barriles de crudo al día y la AIE pide ahorrar energía

"La cantidad de petróleo que está desapareciendo del mercado en esta crisis supera la registrada en cualquier otra crisis energética anterior", advirtió el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol. La comparación histórica refleja la magnitud del problema. En 1973, tras la guerra del Yom Kipur y el apoyo occidental a Israel, la primera gran intervención de la Organización de Países Exportadores de Petróleo provocó una caída de 4,5 millones de barriles diarios en el suministro mundial. En 1979, durante la Revolución Islámica iraní, el mercado perdió otros 4 millones de barriles al día. Más tarde, durante la guerra del Golfo de 1990 y 1991, Irak y Kuwait dejaron de exportar alrededor de 4,3 millones de barriles diarios. Sin embargo, el impacto actual derivado de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz ya supera conjuntamente a aquellas tres grandes crisis. La AIE calcula que el conflicto iraní ha eliminado del mercado unos 14 millones de barriles diarios. Birol explicó este lunes en Viena que nunca antes el mundo había sufrido una interrupción tan severa del suministro energético. A la situación inicial, marcada por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz y los ataques contra países vecinos, se ha sumado en las últimas semanas el bloqueo impuesto por Estados Unidos a puertos y embarcaciones iraníes. Como consecuencia, el mercado ha perdido en apenas dos meses y medio un volumen equivalente al 13,5% del consumo mundial de petróleo. Ante este escenario, Birol defendió políticas de ahorro energético frente a las rebajas fiscales destinadas a amortiguar el impacto en consumidores y empresas. Aunque la AIE trabaja diplomáticamente para que países productores alejados de Oriente Próximo, como Nigeria, Brasil o Canadá, incrementen su producción, el organismo considera imprescindible reducir también la demanda para evitar una mayor escasez y nuevas perturbaciones económicas globales. Entre las medidas propuestas figuran potenciar el transporte público, rebajar los límites de velocidad en carretera, disminuir el uso del avión y favorecer el teletrabajo. Birol advirtió de que cuanto más se retrase la reacción, más duras tendrán que ser las decisiones posteriores. Según indicó, varios países asiáticos ya han comenzado a aplicar planes de ahorro energético, mientras que en Europa todavía no existe la misma percepción sobre la gravedad de la situación. En su opinión, los gobiernos europeos deberían seguir el ejemplo asiático y adoptar iniciativas destinadas a contener el consumo, en lugar de centrarse únicamente en ayudas para reducir el impacto económico sobre los ciudadanos. Aunque reconoció que Asia depende más de los suministros procedentes del Golfo Pérsico, recordó que el mercado energético es global y las consecuencias afectan a todos los países. Precisamente este domingo, el primer ministro de la India, Narendra Modi, pidió a la población reducir drásticamente el consumo de combustible, limitar las importaciones y evitar la compra de oro para proteger la economía frente a la escalada de precios provocada por la guerra. Modi animó a priorizar el uso del metro, compartir coche y apostar por el transporte ferroviario para las mercancías. También solicitó reducir el consumo de aceite, al considerar que supone un elevado gasto de divisas. Esta recomendación se explica en parte por el fuerte encarecimiento de los fertilizantes, ya que alrededor del 30% del suministro mundial atraviesa el estrecho de Ormuz. La situación ha impulsado además el precio de numerosos productos agrícolas entre marzo y mayo. India se suma así a otros países asiáticos como China, Japón, Corea del Sur, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Bangladesh o Filipinas, que ya están aplicando restricciones o medidas de racionamiento para contener el consumo de petróleo y otros productos vinculados al estrecho de Ormuz. En cambio, varios países europeos como España, Alemania, Italia, Suecia, Austria, Hungría o Croacia han optado por reducir impuestos sobre los carburantes o fijar límites a los precios. Según la AIE, este tipo de medidas termina agravando el problema a largo plazo, ya que al contener artificialmente los precios mantiene elevado el consumo y dificulta corregir el déficit existente en el mercado energético.

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(Expansión, 12-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El alquiler sube un 11,3% en abril, con Barcelona y Madrid a la cabeza

El precio del alquiler volvió a subir en abril y alcanzó una media de 14,64 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 11,3% respecto al mismo mes del año anterior. Según los datos difundidos este lunes por Pisos.com, las rentas también aumentaron un 0,83% en comparación con marzo. En este contexto, y ante las dificultades del mercado residencial, "acceder a una vivienda en alquiler se ha convertido en un proceso competitivo, restrictivo y, en muchos casos, excluyente", afirma Ferran Font, director de Estudios del portal inmobiliario. A su juicio, el problema va más allá de la subida de precios y responde a un desequilibrio estructural entre una oferta insuficiente y una demanda cada vez mayor y más diversa. Font sostiene que el mercado no ha sido capaz de generar vivienda asequible al ritmo que exige el crecimiento demográfico y la concentración de población en las grandes ciudades. Además, recuerda que una parte importante del parque residencial permanece fuera del mercado, ya sea por tratarse de viviendas vacías, inmuebles deteriorados o pisos destinados a fórmulas de alquiler más rentables. Según apunta, esta situación también está relacionada con la inseguridad percibida por los propietarios y con la aplicación de límites a los precios. El responsable de Estudios de Pisos.com añade que el actual marco regulatorio introduce incertidumbre en el sector, especialmente tras el rechazo en el Congreso a la prórroga de determinadas medidas sobre alquileres. En su opinión, tanto propietarios como inversores operan en un escenario cambiante, donde la falta de estabilidad normativa termina afectando a la oferta disponible. Por ciudades, Barcelona se mantuvo como la capital más cara para alquilar, con un precio medio de 30,24 euros por metro cuadrado. Le siguieron Madrid, con 29,62 euros, y Donostia-San Sebastián, con 21,28 euros por metro cuadrado. En el lado opuesto, Palencia registró el alquiler más económico, con 6,67 euros por metro cuadrado. También destacaron por sus bajos precios Zamora, con 7,30 euros, y Huelva, con 7,32 euros. En términos mensuales, Vitoria-Gasteiz encabezó las mayores subidas con un avance del 1,88%, mientras que Sevilla registró el mayor descenso mensual, con una caída del 5,89%. Si se compara con abril de 2025, Sevilla lideró los incrementos interanuales con una subida del 17,68%, mientras que Palencia protagonizó el mayor ajuste de precios, con un retroceso del 17,62%.

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(El Economista, 12-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España pagó un 22% más caro el gas en tres meses

El coste del gas natural licuado (GNL) importado desde Estados Unidos se ha convertido en una de las principales fuentes de presión para el sistema gasista español. De acuerdo con los datos de Aduanas, el precio del GNL estadounidense adquirido por España pasó de 25,57 euros por megavatio hora en noviembre de 2025 a 31,24 euros/MWh en febrero de 2026, lo que representa un encarecimiento del 22,2% en apenas tres meses. Este aumento todavía no incorpora plenamente el efecto derivado de la crisis en el estrecho de Ormuz, aunque ya refleja una subida significativa de los costes energéticos en un momento en el que Estados Unidos se ha consolidado como el principal suministrador de gas para España, según las cifras difundidas por Enagás. En abril, el GNL procedente de Estados Unidos alcanzó los 10.071 GWh, equivalentes al 35,1% del consumo total de gas en España, superando ligeramente a Argelia, que aportó 9.787 GWh y una cuota del 34,1%. En el conjunto de los cuatro primeros meses del año, el suministro estadounidense ascendió a 47.901 GWh, lo que supone el 36,2% de todos los aprovisionamientos gasistas españoles, frente al 30,6% correspondiente a Argelia. Los datos del sistema muestran además el cambio estructural del mercado energético español hacia el gas natural licuado. Durante abril, el 65,3% del gas recibido llegó por vía marítima en forma de GNL, mientras que el 34,7% restante se transportó mediante gasoductos. Aunque el peso del GNL descendió ligeramente respecto a marzo, sigue evidenciando una elevada dependencia del mercado internacional y de los grandes exportadores atlánticos. Para la economía española, el problema es que esta mayor exposición al GNL coincide con un contexto internacional marcado por la tensión en los precios. Desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, Europa y Asia compiten por atraer cargamentos de gas licuado. España mantiene una posición estratégica gracias a su amplia red de plantas regasificadoras, pero no escapa al encarecimiento del mercado spot internacional. El impacto de estos precios elevados ya se deja sentir especialmente en el consumo industrial. Según Enagás, la demanda convencional -donde se concentra gran parte de la actividad industrial- descendió un 6,3% en abril, hasta situarse en 16.448 GWh. En el acumulado anual, la caída alcanza el 3,4%, mientras que en términos interanuales móviles el retroceso es del 1,3%. La compañía atribuye parte de esta reducción al aumento de las temperaturas, que fueron 1,81 grados superiores a las registradas en el mismo mes del año anterior. No obstante, incluso corrigiendo ese factor climático, la demanda convencional mantiene una caída del 2,5%. Frente al descenso industrial, el consumo de gas destinado a generación eléctrica mostró una evolución muy distinta. La demanda del sector eléctrico aumentó un 19,6% en abril y alcanzó los 6.617 GWh, impulsada por la menor producción eólica e hidráulica y por una mayor utilización de los ciclos combinados dentro de la denominada operación reforzada del sistema eléctrico. En términos energéticos, el volumen de gas utilizado para producir electricidad pasó de 5,5 TWh a 6,6 TWh en un año, elevando la participación del gas natural en el mix eléctrico español hasta el 12%.

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(El País, 11-05-2026) | Fiscal

Trump da un ultimátum a la UE para que elimine los aranceles a Estados Unidos o disparará las tasas sobre Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a elevar la presión sobre la Unión Europea en plena negociación comercial, aunque al mismo tiempo ha concedido algo más de margen para alcanzar un acuerdo. El mandatario ha fijado un ultimátum para resolver las diferencias entre ambas potencias: si Bruselas no elimina los aranceles a los productos estadounidenses antes del próximo 4 de julio, fecha en la que se conmemorarán los 250 años de la independencia de Estados Unidos, Washington responderá elevando de forma inmediata los gravámenes sobre las importaciones europeas. La amenaza, sin embargo, supone también una ampliación de los plazos para que las instituciones europeas puedan culminar el proceso de ratificación del pacto. Fiel a su estilo, y a través de su red social Truth Social, Trump aseguró que había esperado "pacientemente" a que la UE cumpliera con su parte del acuerdo comercial alcanzado en Turnberry, Escocia, al que volvió a definir como "el mayor acuerdo comercial de la historia". Según explicó, Bruselas se comprometió a reducir a cero los aranceles sobre productos estadounidenses y él accedió a conceder tiempo hasta la celebración del aniversario nacional estadounidense antes de aplicar represalias comerciales. El nuevo mensaje llega después de una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, máxima responsable de la política comercial del bloque y principal negociadora del acuerdo cerrado en Escocia durante una controvertida reunión celebrada en el club de golf del presidente estadounidense. La tensión se había intensificado esta semana después de que Trump amenazara con imponer aranceles del 25% al automóvil europeo, uno de los sectores más sensibles para la economía comunitaria. Por ello, en Bruselas la nueva fecha límite del 4 de julio se interpreta más como una prórroga que como una escalada inmediata del conflicto. Von der Leyen aseguró este jueves, tras su conversación con Trump, que las negociaciones avanzan con el objetivo de cerrar el acuerdo arancelario a comienzos de julio. No obstante, durante la madrugada, y tras más de seis horas de reunión, los negociadores europeos no lograron dar luz verde definitiva al texto que contempla la eliminación por parte de la UE de los aranceles a productos industriales estadounidenses, mientras Washington limitaría al 15% los gravámenes sobre la mayoría de importaciones europeas. El acuerdo ya había encontrado obstáculos en el Parlamento Europeo, donde varios grupos frenaron su aprobación por la volatilidad política de Trump y, especialmente, por sus reiteradas alusiones a una posible anexión de Groenlandia, territorio autónomo perteneciente a Dinamarca. Actualmente se negocian modificaciones para introducir mecanismos de revisión y cláusulas de salvaguarda que permitan suspender el pacto si el presidente estadounidense lanza amenazas que afecten a la integridad territorial europea. Los representantes del Parlamento, de los Estados miembros y de la Comisión Europea han quedado emplazados para una nueva reunión el próximo 19 de mayo. Estos retrasos han provocado malestar en Washington. Sin embargo, Trump también ha tratado de rebajar la tensión y mostrar sintonía con Bruselas en otros asuntos, especialmente en relación con la guerra en Irán. En un mensaje publicado en su red social, el mandatario destacó que mantuvo una "excelente conversación" con Von der Leyen y subrayó que ambas partes comparten la convicción de que Irán no debe disponer de armamento nuclear. Según afirmó, coincidieron en que un régimen que reprime a su propia población no puede tener acceso a una capacidad destructiva de esa magnitud. La presidenta de la Comisión Europea también calificó la llamada de "positiva" y aseguró que ambas partes abordaron la situación en Oriente Próximo y la coordinación con los socios regionales. Von der Leyen insistió en que los acontecimientos recientes evidencian que los riesgos para la estabilidad regional y la seguridad internacional son demasiado elevados como para permitir que Irán acceda a armamento nuclear.

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(El Economista, 11-05-2026) | Fiscal

La mitad de los 13 millones de ciudadanos exentos de hacer la Renta la presentan para cobrar deducciones

Casi la mitad de los contribuyentes que, en teoría, no están obligados a presentar la declaración de la Renta terminan haciéndolo para recuperar cantidades retenidas de más o acceder a determinadas deducciones fiscales. Actualmente, alrededor de 13,7 millones de personas están exentas de presentar el IRPF por percibir ingresos inferiores a 22.000 euros anuales -o menos de 15.876 euros en caso de contar con dos o más pagadores-. Sin embargo, de ese total, unos 6,6 millones acaban realizando igualmente la declaración para reclamar devoluciones o beneficiarse de ventajas fiscales como las deducciones por maternidad, familia, ayudas autonómicas, aportaciones a planes de pensiones o reformas destinadas a mejorar la eficiencia energética de la vivienda. La Agencia Tributaria, que analiza este fenómeno en un informe, destaca que el 48,1% de los ciudadanos exentos de declarar presentaron finalmente la Renta en 2023 con el objetivo de obtener devoluciones. El porcentaje supera al registrado un año antes, cuando se situó en el 46,5%, y evidencia, según el organismo, que esta situación se ha convertido en una práctica habitual y no en algo puntual. Aunque la posibilidad de quedar exento de declarar ya existía antes de 1999, ese año se aprobó una reforma que amplió de forma significativa el número de contribuyentes liberados de esta obligación. No obstante, más de dos décadas después, el propio análisis de la Administración reconoce que la evolución del impuesto ha provocado que cada vez más ciudadanos, pese a estar formalmente exentos, terminen teniendo que presentar la declaración. Además, el límite de ingresos a partir del cual no es obligatorio declarar apenas ha cambiado en los últimos 27 años. Mientras que actualmente se mantiene en 22.000 euros anuales, en 1999 el umbral ya rondaba prácticamente esa cifra, fijado entonces en 21.035 euros, equivalentes a 3,5 millones de pesetas. A ello se suma que en los últimos años determinados colectivos con ingresos inferiores a ese límite han pasado a estar obligados a presentar la declaración. Es el caso de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y de todos los trabajadores autónomos, independientemente de cuánto ingresen. Asimismo, desde el ejercicio pasado, aunque no exista obligación formal, todos los trabajadores que percibieron el Salario Mínimo Interprofesional -que en 2025 ascendió a 16.576 euros anuales- deberán presentar la Renta para recuperar las cantidades retenidas a través de una nueva deducción de 340 euros. Esta medida también afecta a quienes cobraron menos de 18.276 euros, ya que la deducción se aplica de manera progresiva para evitar saltos bruscos en la tributación. El perfil más habitual de quienes presentan la declaración pese a no estar obligados no corresponde, además, a los contribuyentes con ingresos cercanos al límite de 22.000 euros. Según los datos de la Agencia Tributaria, la mayoría son personas con rentas relativamente bajas. Un 33% declara ingresos de entre 10.000 y 15.000 euros anuales; un 25% percibe entre 15.000 y 20.000 euros; y un 22% ingresa entre 5.000 y 10.000 euros. En cambio, únicamente el 8% de quienes ganan entre 20.000 y 22.000 euros decide presentar la Renta. El informe también refleja que la mayoría de estos contribuyentes tiene menos de 40 años y que, en el 98% de los casos, sus ingresos proceden principalmente del trabajo. Solo un pequeño porcentaje obtiene rentas derivadas del alquiler de inmuebles o del ahorro.

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(Expansión, 11-05-2026) | Laboral

El Gobierno debe dedicar cada año un mayor porcentaje del presupuesto para los pagos a los jubilados

La contundente advertencia del Tribunal de Cuentas sobre el desvío en 2024 de recursos sobrantes de los fondos europeos Next Generation para afrontar el pago de las pensiones ha vuelto a evidenciar la falta de recursos suficientes para sostener el creciente gasto en jubilaciones. Resulta llamativo que un Estado que ese año ingresó 654.000 millones de euros entre impuestos y cotizaciones sociales, un 38% más que al inicio del mandato de Pedro Sánchez, recurriera a mecanismos contables para poder hacer frente a unas pensiones que alcanzaron los 200.000 millones de euros. Las razones son diversas, aunque el principal origen del problema se sitúa en la decisión política adoptada en 2021 de actualizar las pensiones conforme al IPC, tal y como recomendó de forma casi unánime la comisión del Pacto de Toledo, pero sin concretar cómo se financiaría ese incremento estructural del gasto. El desenlace, advertido por numerosos expertos, ha sido un fuerte aumento del coste de las pensiones para las cuentas públicas y una menor capacidad de las cotizaciones sociales para cubrirlo. En 2025, por ejemplo, el gasto en pensiones creció en torno a 13.000 millones de euros, mientras que los ingresos del sistema apenas aumentaron unos 11.300 millones. A ello se suman factores demográficos y estructurales como la jubilación de la generación del baby boom, la incorporación de nuevas pensiones más elevadas debido a carreras de cotización más largas y mejores salarios, así como el incremento de la esperanza de vida. Todo ello ha agravado el desequilibrio financiero de la Seguridad Social, hasta el punto de que el Estado ha tenido que incrementar de manera progresiva los préstamos destinados a sufragar las pagas extraordinarias, elevando la deuda del organismo por encima de los 136.000 millones de euros. Este contexto ha reducido notablemente el margen de actuación del Estado respecto a 2018. De ahí que reivindicaciones relacionadas con una mayor inversión en sanidad, vivienda, becas o ayudas familiares no hayan encontrado respuesta en un Gobierno que ha defendido el aumento del gasto social. La realidad es que el peso creciente de los compromisos fijos, especialmente las pensiones y el pago de intereses de la deuda, absorbe cada vez una mayor parte de los Presupuestos. De hecho, más del 38% del incremento de la recaudación por impuestos y cotizaciones sociales desde 2018 -68.000 millones de euros de un total de 178.300 millones- se ha destinado exclusivamente a cubrir el aumento del gasto en pensiones. En la mayoría de los ejercicios, este desembolso ha avanzado a un ritmo muy superior al del resto del gasto público, mientras áreas como educación o vivienda han registrado incrementos mucho más moderados. El crecimiento anual del gasto en pensiones equivale aproximadamente a sumar el presupuesto conjunto de los ministerios de Vivienda, Cultura, Universidades y Ciencia, y supera ampliamente la cuantía destinada cada año a becas. Esto pone de relieve la paradoja de que, pese al aumento de los ingresos públicos, buena parte de esos recursos se destina a prestaciones monetarias en lugar de a políticas transformadoras, precisamente aquellas que debían impulsarse con los fondos europeos y que finalmente fueron utilizados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para sufragar las pensiones. A diferencia de otras políticas sociales que pueden ajustarse o retrasarse en función de la situación económica, las pensiones constituyen una obligación legal ineludible. Además, cada revalorización anual incrementa la base sobre la que se aplican futuras subidas, consolidando un gasto estructural cada vez mayor y trasladando una pesada carga a los próximos gobiernos y generaciones. Precisamente por esa rigidez, el Ejecutivo ha terminado condicionado por una estrategia de corto plazo en la gestión de las pensiones desde la llegada de Sánchez al poder, garantizando su actualización conforme al IPC incluso en periodos de elevada inflación como los vividos entre 2022 y 2023.

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