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(El Economista, 01-04-2026) | Laboral

Trabajo deja abierta la entrada en vigor del nuevo registro de jornada en las empresas

El Ministerio de Trabajo intenta sacar adelante en el Consejo de Ministros la reforma del registro de jornada laboral lo antes posible, a pesar de las dudas planteadas por varios ministerios del PSOE. Esta medida forma parte de la fallida propuesta para reducir la jornada semanal a 37,5 horas, con la que Yolanda Díaz pretende limitar las horas extra. No obstante, su aplicación queda supeditada a la aprobación de unos requisitos técnicos que aún no se han definido y que se concretarán mediante una orden posterior. El real decreto analizado por el Consejo de Estado establece que la norma entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE. Sin embargo, las obligaciones vinculadas a los aspectos técnicos no serán exigibles hasta seis meses después. Este plazo es considerado suficiente por Trabajo, aunque desde el Ministerio de Economía se apuesta por ampliarlo hasta un año, especialmente para facilitar la adaptación de las pymes. A principios de mes, Trabajo lanzó una consulta pública sobre la futura orden que fijará los requisitos técnicos, con la intención de avanzar en su desarrollo. Sin embargo, aún no ha concretado cuándo aprobará definitivamente este texto, en parte porque no tiene asegurado el respaldo del Consejo de Ministros tras el informe del Consejo de Estado. Esta situación prolonga la incertidumbre entre las empresas, que deberán asumir esta nueva obligación. Las organizaciones empresariales, como CEOE o Pimec, ya advirtieron en sus alegaciones del escaso plazo inicial de adaptación, limitado a esos 20 días. El propio Consejo de Estado también cuestionó la redacción de la entrada en vigor, señalando que se pretende implantar un sistema digital que todavía no existe y basado en requisitos técnicos aún sin definir. Además, criticó que se dejen para una futura orden cuestiones clave como el control y acceso a los datos por parte de la Inspección de Trabajo o los representantes de los trabajadores. Algunas comunidades autónomas también mostraron su desacuerdo. Por ejemplo, Galicia recordó que las normas que imponen nuevas obligaciones deberían aplicarse en fechas concretas, como el 1 de enero o el 1 de julio, en lugar de conceder plazos tan breves para su adaptación. Al tratarse de un real decreto, no requiere aprobación parlamentaria, por lo que el texto que adopte el Consejo de Ministros será el que se publique directamente en el BOE. Aunque Trabajo ha mostrado cierta disposición a introducir ajustes menores, descarta modificar los plazos de entrada en vigor. Desde el inicio, la patronal ha rechazado esta reforma por su impacto económico y por los posibles riesgos en materia de protección de datos. De hecho, la CEOE ya ha anunciado que recurrirá la norma si finalmente se aprueba, y ha valorado positivamente las críticas del Consejo de Estado. Los argumentos recogidos en el informe del órgano consultivo, que en algunos casos coinciden con los planteados por las organizaciones empresariales, refuerzan la posibilidad de una futura batalla judicial. En particular, el Consejo de Estado cuestiona que el contenido del decreto incluya aspectos que deberían regularse mediante una ley de mayor rango, una crítica que los empresarios llevan tiempo señalando.

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(Cinco Días, 01-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas reclama a los Estados miembros medidas para ahorrar combustible

La crisis energética global derivada del conflicto en Oriente Próximo está afectando sobre todo al precio y al abastecimiento del petróleo. En este contexto, la Comisión Europea ha instado a los países miembros a considerar medidas orientadas al ahorro de combustibles y a evitar aquellas que puedan fomentar su consumo. Así lo recoge una carta enviada el lunes por el comisario de Energía, Dan Jorgensen, a los Estados miembros, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El documento se remitió justo antes de la reunión informal celebrada por videoconferencia entre Jorgensen y los ministros de Energía, en la que analizaron la situación tras el bloqueo del estrecho de Ormuz y el conflicto en Irán. Aunque la misiva hace referencia general al ahorro energético, también alude a las recomendaciones publicadas el 18 de marzo por la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Entre ellas se incluyen propuestas como reducir los límites de velocidad en al menos 10 km/h, fomentar el uso del transporte público, impulsar el teletrabajo o priorizar los trenes de alta velocidad y los servicios nocturnos frente a los vuelos. Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, Bruselas y varios países han subrayado que esta crisis es distinta de la causada por la invasión rusa de Ucrania. En aquel momento, el principal problema fue la escasez de gas natural, dado que Rusia era el principal proveedor. Ahora, el foco está en el petróleo, no tanto por una falta de suministro, sino por el fuerte incremento de los precios. El barril de Brent, referencia en Europa, ha superado los 119 dólares, más de un 60% por encima de su valor previo al inicio de los ataques en Irán. Jorgensen ha insistido en que el suministro energético en la Unión Europea está garantizado, aunque advierte de la necesidad de prepararse ante posibles alteraciones prolongadas en el comercio internacional de energía. Así, la petición de Bruselas no responde al temor de desabastecimiento, sino a la intención de reducir la demanda para aliviar la presión en los mercados, tensionados por el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transitaba alrededor del 20% del petróleo y del gas natural licuado consumidos a nivel mundial. Esta estrategia también se alinea con propuestas recientes como la reducción del nivel obligatorio de reservas de gas del 90% al 80% para noviembre, con el objetivo de disminuir las compras y relajar los mercados. A ello se suma la liberación de parte de las reservas estratégicas de crudo de los países de la AIE. En su carta, Jorgensen pide a los gobiernos que eviten adoptar medidas que incrementen el consumo, como las rebajas fiscales sobre los combustibles, ya que podrían incentivar su uso al abaratar los precios. Tanto él como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, han señalado que la fiscalidad energética puede diseñarse para promover la electrificación y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, algunos países, como España, Portugal o Grecia, han optado por reducir los impuestos sobre gasolinas y diésel. La Comisión también sugiere limitar la libre circulación de productos petrolíferos y desincentivar la actividad de las refinerías dentro de la UE. Además, insta a los Estados a considerar los efectos transfronterizos de sus decisiones y a coordinarse con países vecinos. Un ejemplo de ello se observa en la frontera entre España y Portugal, donde las diferencias fiscales han generado un flujo de conductores que cruzan para repostar más barato. Aunque los líderes europeos pidieron a la Comisión un conjunto de medidas coordinadas para hacer frente a esta crisis, varios países ya han actuado por su cuenta, en ocasiones sin seguir las directrices comunitarias. Desde Bruselas se insiste en evitar políticas que estimulen el consumo y en priorizar ayudas selectivas, además de vigilar el impacto de estas decisiones en las finanzas públicas.

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(Cinco Días, 01-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio del petróleo roza los 120 dólares y marca récord desde junio de 2022

El conflicto en Oriente Próximo cumple su primer mes sin señales de que se reabra el estrecho de Ormuz, mientras el precio del petróleo alcanza niveles no vistos desde junio de 2022 y se acerca a los máximos de 2008. Este martes, el barril de Brent -referencia en Europa- ha subido un 5% y ronda los 120 dólares. En lo que va de mes, acumula un incremento superior al 60%, el mayor de su historia, situándose en cifras similares a las registradas al inicio de la guerra en Ucrania. Según el Wall Street Journal, el presidente de Estados Unidos habría comunicado a su equipo su disposición a dar por finalizada la operación militar, incluso si el estrecho de Ormuz sigue bloqueado. A esto se suman las declaraciones de Donald Trump dirigidas a países como Reino Unido y Francia, que han evitado implicarse en acciones contra Irán. A través de Truth Social, instó a Londres a priorizar compras a Estados Unidos y a intervenir directamente en el estrecho. Además, advirtió de que EE. UU. dejaría de respaldar a sus aliados si estos no actúan por su cuenta, asegurando que Irán ya ha quedado prácticamente neutralizado. Pese a la tensión y al encarecimiento del crudo, los mercados han reaccionado con cierto optimismo. La percepción de que el conflicto podría no agravarse ha permitido a las Bolsas europeas cerrar la jornada con subidas cercanas al 0,5%, mientras que en Estados Unidos los índices avanzan más del 2% a media sesión. Según Salman Ahmed, responsable global de macro y estrategia en Fidelity International, la situación actual refleja una escalada desordenada, aunque parcialmente anticipada. A su juicio, no se trata de un descontrol total, sino de un proceso con señales claras y cierto grado de gestión, aunque persisten riesgos de errores de cálculo. También destaca que la falta de ataques generalizados a infraestructuras clave indica que todavía existe cierto nivel de contención. La guerra ha cambiado radicalmente el panorama para los inversores. Tras un periodo en el que predominaba el optimismo -impulsado por bajadas de tipos de interés y expectativas de estímulos fiscales-, ahora se enfrentan a un entorno más incierto. La combinación de inflación elevada y bajo crecimiento está provocando ajustes en los mercados, poniendo fin a la tendencia alcista de los últimos meses. Las Bolsas europeas cierran marzo con su peor resultado desde junio de 2022. Índices como el CAC 40 francés o el Euro Stoxx 50 registran caídas cercanas al 9%, las más pronunciadas desde el inicio de la pandemia. La deuda tampoco ha actuado como refugio, mientras que el euro pierde valor frente al dólar. El encarecimiento de la energía, denominada en dólares, ha reforzado la moneda estadounidense, que firma su mejor comportamiento frente al euro desde julio de 2025. La divisa europea cae un 2% en el mes y se sitúa en torno a 1,15 dólares, lejos de los 1,20 alcanzados a finales de enero. El Ibex 35 también acusa el impacto. Tras un comienzo de año sólido, impulsado por el sector bancario, el índice rompe su racha positiva: pierde un 7,14% en marzo, su mayor descenso desde junio de 2022, y pone fin a ocho meses consecutivos de subidas. En pocas semanas, el mercado ha pasado de celebrar resultados empresariales a temer una posible recesión, en un contexto que recuerda al de hace varios años, cuando los bancos centrales trataban de frenar la inflación. El conflicto añade aún más incertidumbre a un escenario ya complejo. Los gestores se enfrentan a una falta de visibilidad, mientras analistas y organismos internacionales revisan sus previsiones. Lo que inicialmente parecía una intervención rápida en Irán se ha transformado en una guerra sin una resolución clara a corto plazo, con el riesgo de interrupciones en el suministro energético como principal preocupación. Según Sebastian Paris Horvitz, de LBP AM, la volatilidad en el discurso político estadounidense y la falta de coherencia podrían terminar afectando negativamente a la confianza de los mercados.

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(Cinco Días, 01-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE da paso a las ‘stablecoins’ en euros para impulsar la autonomía europea en pagos

El Banco Central Europeo está impulsando iniciativas para que los países de la eurozona ganen autonomía en los sistemas de pago. En un contexto internacional cada vez más inestable y fragmentado, las instituciones europeas buscan reducir su dependencia de proveedores estadounidenses como Visa y Mastercard. En esta línea, el miembro del comité ejecutivo del BCE, Piero Cipollone, afirmó recientemente que Europa debe tomar el control de su propio futuro. Para ello, el organismo plantea una estrategia que incluye el desarrollo de un mercado tokenizado en la región, la creación de soluciones europeas para pagos mayoristas, el apoyo a iniciativas privadas paneuropeas y la mejora de las operaciones transfronterizas. Entre las herramientas previstas destacan el euro digital, los depósitos tokenizados y también las stablecoins vinculadas al euro y reguladas bajo el marco MiCA. Más allá del euro digital, pensado para el uso cotidiano, el BCE propone modernizar profundamente la infraestructura financiera que gestiona grandes volúmenes de transacciones. A través de proyectos como Pontes y Appia, pretende establecer un sistema de pagos mayoristas basado en tecnología de registro distribuido (DLT), que permita a grandes empresas realizar operaciones de forma casi inmediata mediante dinero tokenizado emitido por el banco central. En este nuevo entorno, el euro actuaría como referencia principal, facilitando la interoperabilidad entre distintos activos tokenizados y favoreciendo la integración del mercado. No obstante, el BCE considera que este modelo debe complementarse con soluciones privadas, como los depósitos tokenizados -aún en fase inicial- y las stablecoins. El organismo subraya que desarrollar un ecosistema europeo sólido de activos de liquidación tokenizados, denominados en euros y apoyados en infraestructuras propias, es clave para reforzar tanto la soberanía como la estabilidad financiera. Además, estos instrumentos podrían aumentar la presencia internacional del euro al responder a necesidades globales donde otras alternativas no resultan tan adecuadas. En este contexto, el BCE reconoce el papel potencial de las stablecoins en euros que cumplan con la regulación europea. Ya existen iniciativas en marcha, como la impulsada por el consorcio bancario Quivalis, en el que participan entidades como CaixaBank, ING o BBVA, con previsión de lanzamiento en 2026. Por su parte, el Banco Santander estudia emitir una stablecoin vinculada a varias monedas internacionales junto a grandes bancos como Citi o Goldman Sachs. El BCE admite que estas monedas digitales pueden aportar ventajas en determinados usos, especialmente en pagos internacionales, gracias a características como la automatización, la rapidez en la liquidación o su alcance global. Sin embargo, mantiene una postura prudente respecto a sus posibles riesgos. Incluso las stablecoins reguladas pueden presentar problemas como desviaciones en su valor respecto a la moneda de referencia, limitaciones técnicas, fragmentación del mercado o impactos sobre el sistema bancario. De hecho, la institución ha advertido en varias ocasiones de los riesgos asociados a su expansión, especialmente por la posibilidad de que los usuarios trasladen sus ahorros desde depósitos bancarios tradicionales hacia estos activos digitales. Esto podría reducir la capacidad de los bancos para conceder crédito, obligándolos a buscar nuevas fuentes de financiación y alterando la estructura de los depósitos. Por todo ello, el BCE ha decidido incorporar las stablecoins a su estrategia, pero manteniendo un seguimiento estrecho de su evolución. Aunque este mercado ya supera los 300.000 millones de dólares a nivel global -principalmente en monedas vinculadas al dólar-, el organismo deja claro que su posición podría adaptarse en función de cómo evolucionen tanto el mercado como la regulación en el futuro.

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(El País, 01-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación en la zona euro escala hasta el 2,5% en marzo por el encarecimiento de los combustibles

La inflación en la zona euro experimentó un notable repunte en marzo, situándose en el 2,5%, lo que supone un aumento de seis décimas en solo un mes. Para encontrar una subida similar hay que remontarse a octubre de 2022, según los datos de Eurostat. Al igual que entonces, el origen del encarecimiento está vinculado a un conflicto bélico y su impacto en la energía: en aquel momento fue la invasión de Ucrania por Rusia y el encarecimiento del gas; ahora es la guerra en Oriente Próximo la que ha elevado el precio del petróleo. Esta situación vuelve a presionar al Banco Central Europeo, que ya ha advertido de que podría subir los tipos de interés si la inflación se aleja de su objetivo del 2%. El incremento ya se intuía tras conocerse los datos de algunas de las principales economías del euro. En España, la inflación subió un punto, hasta el 3,3%; en Alemania, aumentó ocho décimas, hasta el 2,8%; y en Francia, también ocho décimas, alcanzando el 1,9%. Aunque en países como Lituania o Luxemburgo los aumentos han sido incluso mayores, su impacto en el conjunto de la eurozona es más limitado. Antes de la publicación de estas cifras, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ya había señalado que la institución está preparada para actuar ante el repunte de los precios. En un discurso reciente, subrayó que las decisiones sobre los tipos de interés dependen de la evolución de los datos. En este sentido, indicó que una inflación por encima del 2%, aunque no sea persistente, podría justificar un endurecimiento moderado de la política monetaria, lo que apunta a posibles subidas del precio del dinero. No obstante, el BCE contempla distintos escenarios. Si la inflación se mantiene de forma significativa y prolongada por encima del objetivo, la respuesta podría ser más contundente, según advirtió Lagarde. A la vista de los últimos datos, la incertidumbre sobre la duración del conflicto y las previsiones de los analistas, todo apunta a que el BCE podría actuar en los próximos meses. Antes del estallido de la guerra, la propia Lagarde consideraba que la economía de la zona euro estaba en una posición sólida, pero ese escenario ha cambiado. Diversos servicios de estudios prevén que la inflación supere el 3% en breve. Tanto Goldman Sachs como el propio BCE manejan estimaciones en esa línea, con previsiones de un IPC medio del 3,1% en el segundo trimestre. Los expertos advierten de que las expectativas de inflación se sitúan en niveles comparables a los de principios de los años noventa o a los de 2022. Además, cuanto más se prolongue la crisis, mayor será el riesgo de que el aumento de precios se extienda a más sectores. Ese es precisamente uno de los principales temores: que el encarecimiento de la energía se traslade al resto de la economía, afectando a bienes y servicios como alimentos, bebidas o transporte. Para evitarlo, algunos gobiernos han optado por reducir los impuestos sobre los carburantes, tratando de contener el impacto. Sin embargo, si la subida se generaliza, será más difícil y lento reducir la inflación. El análisis detallado muestra que el principal factor detrás del repunte ha sido la energía, impulsada por el aumento del precio del petróleo y su efecto en los combustibles. Tras varios meses de descensos -en febrero, por ejemplo, los precios energéticos habían caído un 3,1% interanual-, en marzo registraron un aumento del 4,9%. En cambio, el resto de componentes ha evolucionado con mayor moderación. Los servicios subieron un 3,2%, dos décimas menos que el mes anterior, mientras que la inflación subyacente, que excluye elementos más volátiles como la energía o ciertos alimentos, se situó en el 2,3%, ligeramente por debajo del dato de febrero.

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(El País, 01-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo anula las hipotecas multidivisa por abusivas y faltas de transparencia

El Tribunal Supremo ha asestado un duro revés a uno de los productos financieros más controvertidos de los últimos años. En una reciente sentencia, ha declarado nulas las hipotecas multidivisa comercializadas por Barclays -posteriormente asumidas por CaixaBank tras la adquisición de su negocio minorista en 2014- al considerarlas abusivas y carentes de transparencia, debido a que no se informó adecuadamente a los clientes sobre los riesgos que implicaban. Como consecuencia, se ordena eliminar la cláusula multidivisa en estos contratos y convertirlos a euros, lo que supone un respiro para numerosos afectados. Esta decisión llega tras un largo proceso judicial impulsado por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que presentó una demanda colectiva hace casi diez años, liderada por la abogada María José Lunas. La asociación aún mantiene abiertos procedimientos similares contra productos de Bankinter y del antiguo Banco Popular, ahora en manos de Santander. Aunque no es la primera vez que los tribunales cuestionan estas hipotecas, la sentencia refuerza la idea de que se comercializaron sin explicar correctamente sus riesgos. Las hipotecas multidivisa eran préstamos complejos, referenciados a monedas extranjeras como el yen japonés o el franco suizo, pese a que los clientes operaban en euros. Se popularizaron entre 2006 y 2009 como una opción aparentemente más económica, en un contexto en el que el euríbor rondaba el 5%. La clave de su atractivo residía en los bajos tipos de interés de países como Japón o Suiza, lo que permitía cuotas iniciales más reducidas. Sin embargo, muchas entidades no explicaron adecuadamente el riesgo de tipo de cambio. Esto implicaba que la deuda no solo dependía del interés, sino también de la evolución de la divisa. Si el euro se debilitaba frente a esas monedas, como ocurrió tras la crisis, los clientes veían cómo aumentaban tanto sus cuotas mensuales como el capital pendiente, incluso después de años pagando. Esta situación llevó a miles de familias a escenarios muy complicados, llegando a deber más dinero del que habían solicitado inicialmente. Por ejemplo, un préstamo de 200.000 euros podía transformarse en una deuda superior a 240.000 únicamente por la evolución de la divisa, generando una oleada de reclamaciones. El Supremo considera probado que Barclays no proporcionó información suficiente para que un consumidor medio entendiera el funcionamiento real del producto. Según la sentencia, no se explicó correctamente el impacto que podía tener la variación del tipo de cambio, lo que impidió a los clientes comparar esta oferta con una hipoteca convencional en euros. El tribunal insiste en que no basta con conocer que las divisas fluctúan, sino que es esencial comprender que esas variaciones pueden disparar la deuda y las cuotas hasta niveles difíciles de asumir. Por ello, concluye que la falta de transparencia genera un desequilibrio grave en perjuicio del consumidor y vulnera el principio de buena fe. La resolución obliga a sustituir todas las referencias a monedas extranjeras por euros en los contratos afectados, eliminando definitivamente el carácter multidivisa. Para muchas familias que no reclamaron en su momento, esta conversión supone salir de un producto que les había generado importantes dificultades económicas. No obstante, la sentencia no contempla la devolución automática de los importes pagados de más, ya que esta cuestión no formaba parte del procedimiento. Para recuperar ese dinero, los afectados deberán iniciar demandas individuales en las que se recalculen sus hipotecas como si siempre hubieran estado referenciadas en euros. Fuentes jurídicas señalan que el alcance de la sentencia se limita a las hipotecas originadas en Barclays, una cartera concreta y relativamente reducida. CaixaBank será la encargada de aplicar el fallo, no por haber comercializado estos productos, sino por haber asumido los contratos. También se apunta que una parte relevante de estos préstamos está vinculada al yen, una divisa que desde 2024 ha evolucionado de forma favorable para algunos clientes, lo que podría hacer que no todos estén interesados en aplicar esta resolución. No existen cifras exactas sobre el número de afectados, aunque en 2015 se estimaba que varias entidades comercializaron este tipo de hipotecas por un volumen superior a 4.700 millones de euros. Barclays figuraba entre las principales. Desde Asufin valoran positivamente la anulación de la cláusula y la conversión a euros, pero critican que los clientes tengan que reclamar de forma individual para recuperar el dinero pagado de más. Consideran que lo deseable sería una solución colectiva que evitara este proceso.

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(El Economista, 31-03-2026) | Fiscal

El Supremo aclara que la indemnización de la empresa por salarios impagados tributa en el IRPF

El Tribunal Supremo ha determinado que las indemnizaciones que las empresas abonan a sus trabajadores por salarios no percibidos deben tributar en el IRPF. En una sentencia fechada el 10 de marzo, el alto tribunal recuerda que la Ley del IRPF contempla en su artículo 7 la exención fiscal únicamente para las indemnizaciones derivadas de responsabilidad civil por daños personales, siempre en la cuantía fijada judicialmente. Sin embargo, aclara que este beneficio no se aplica a compensaciones por perjuicios económicos, sino exclusivamente a aquellas vinculadas a daños de carácter personal. El fallo resuelve un caso entre un trabajador y la Agencia Tributaria. El empleado había recibido una indemnización tras no ser reincorporado a su puesto después de una excedencia. El juzgado consideró que dicha compensación tenía como finalidad resarcir el lucro cesante ocasionado por la negativa de la empresa a readmitirlo, calculando la cuantía en función de los salarios que dejó de cobrar desde la fecha en que debía haberse reincorporado hasta que finalmente lo hizo. Hacienda exigió que esa cantidad tributara en el IRPF al no tratarse ni de una indemnización por daños personales ni de un despido. El Tribunal Supremo respalda este criterio y concluye que se trata de una compensación vinculada a la relación laboral. En concreto, subraya que es una indemnización por daño patrimonial, es decir, por una pérdida económica, y no por un daño personal. La sentencia, cuya ponente es la magistrada María de la Esperanza Córdoba Castroverde, insiste en que la exención fiscal está limitada a daños físicos, psíquicos o morales, quedando fuera el lucro cesante -como los salarios no percibidos-, que no se considera dentro de los supuestos exentos.

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(El Periódico, 31-03-2026) | Fiscal

Muchos padres ya están poniendo la casa a nombre de sus hijos antes de morir

Cada vez más familias deciden sustituir la herencia por una donación en vida con el objetivo de reducir el coste fiscal del impuesto de sucesiones. Esta opción es legal y está contemplada en la normativa, pero no implica eliminar los impuestos, sino adelantarlos y modificar su forma de aplicación En España, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones grava tanto los bienes que se reciben tras un fallecimiento como los que se transmiten en vida, y la diferencia principal está en el momento en que se realiza la transmisión. Si unos padres ponen una vivienda a nombre de su hijo antes de fallecer, deja de considerarse una herencia y pasa a tributar como donación La fórmula más frecuente consiste en ceder la nuda propiedad de la vivienda a los hijos mientras los padres mantienen el usufructo vitalicio, lo que les permite seguir residiendo en ella aunque ya no sean propietarios plenos. Cuando los padres fallecen, el usufructo desaparece y el hijo adquiere la propiedad completa. En ese momento no hay transmisión hereditaria sobre ese inmueble, por lo que no se aplica el impuesto de sucesiones en ese caso concreto De ahí surge la idea de que este impuesto puede evitarse, aunque en realidad hay matices importantes. La operación no está exenta de costes, sino que cambia la forma de tributar. Por un lado, el hijo debe pagar el impuesto de donaciones al recibir la vivienda en vida. Por otro, los padres pueden tener que declarar en el IRPF la ganancia patrimonial generada. Además, también puede aplicarse la plusvalía municipal. Esto significa que la carga fiscal no desaparece, sino que se traslada al momento en que se realiza la donación. El impacto final depende en gran medida de la comunidad autónoma, ya que este impuesto está cedido y existen diferencias relevantes entre territorios. En algunas regiones, las bonificaciones para donaciones entre padres e hijos son muy altas, lo que puede suponer un ahorro considerable. En otras, en cambio, la tributación sigue siendo elevada. También influyen otros elementos como el valor actual de la vivienda, su antigüedad o la situación económica y patrimonial de la familia Más allá de los impuestos, esta decisión tiene consecuencias legales y económicas, ya que puede afectar al reparto entre herederos, generar conflictos o incluso implicar un mayor coste fiscal si no se planifica bien. En definitiva, no existe una solución única para pagar menos impuestos al transmitir una vivienda. Lo que sí es posible es cambiar el momento de la transmisión y su tratamiento fiscal, y el resultado final dependerá de cada caso concreto y del territorio en el que se aplique.

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(Cinco Días, 31-03-2026) | Laboral

Las azafatas de vuelo acarician el sueño de la jubilación anticipada que las igualaría a los pilotos

La reivindicación histórica del sector aéreo para que los tripulantes de cabina de pasajeros puedan acceder a la jubilación anticipada ha ganado impulso recientemente. Esta demanda, impulsada por los sindicatos debido a la dureza de la profesión -muy feminizada- y que hasta ahora no contaba con el respaldo de la patronal CEOE, se ve ahora reforzada por una sentencia del Tribunal Supremo del 18 de febrero. A ello se suman una resolución favorable de un juzgado madrileño y una proposición no de ley presentada por el grupo Sumar para equiparar sus condiciones a las de los pilotos. Los sindicatos consideran que se trata de una cuestión de desigualdad de género. Tras una denuncia presentada por CGT contra el Real Decreto 402/2025, que regula la posibilidad de adelantar la jubilación mediante coeficientes reductores, el Supremo ha señalado que la norma permite que las solicitudes sean presentadas de forma independiente por sindicatos o asociaciones empresariales. Aunque el fallo no va más allá, abre la puerta a que el colectivo avance en su reconocimiento sin necesidad de contar con el respaldo de la patronal. Hasta ahora, organizaciones sindicales como UGT, USO, Stavla y Sitcpla no han logrado el apoyo de la Asociación de Líneas Aéreas ni de la CEOE. Por este motivo, Sitcpla ha presentado alegaciones para evitar que se paralice el expediente iniciado en julio de 2025 ante el Ministerio de Trabajo. El departamento que dirige Yolanda Díaz es consciente de la falta de acuerdo entre trabajadores y empresas, y deberá decidir si continúa con la tramitación pese a que el decreto prioriza el consenso entre ambas partes. Desde ALA, que agrupa a la mayoría de aerolíneas en España, se limitan a señalar que no tienen una postura definida, lo que refleja la falta de unanimidad entre las compañías. En este contexto, UGT ha propuesto modificar el Real Decreto 1995/1986 para incluir expresamente a los tripulantes de cabina dentro de los trabajos aéreos, lo que permitiría reconocer su derecho sin necesidad de procedimientos específicos. El sindicato confía en que tanto la CEOE como Comisiones Obreras se sumen a esta iniciativa, apoyándose en distintas resoluciones judiciales que avalan que estos profesionales deberían tener los mismos derechos que otros colectivos de vuelo. Insisten en que lo contrario supondría una discriminación evidente, especialmente teniendo en cuenta el alto porcentaje de mujeres en el sector. Las organizaciones empresariales deberán posicionarse nuevamente, aunque su principal reticencia está en el aumento de costes derivados de las cotizaciones. Algunas fuentes apuntan a que Iberia estaría ahora más dispuesta a respaldar esta medida, considerándola positiva para mejorar las condiciones del colectivo. Los tripulantes de cabina, que en España superan los 8.000 profesionales y en su mayoría son mujeres, cuentan con informes que alertan sobre los efectos de su trabajo en la salud, como la exposición a radiación, la presión de cabina o la alteración constante de los horarios, factores vinculados al envejecimiento y a determinados riesgos de enfermedad. Algunos de estos estudios han sido trasladados a las instituciones europeas por el sindicato Sitcpla. En 2023, este sindicato denunció a España ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo por discriminación, lo que dio lugar a un proceso de diálogo para abordar el problema. Desde Sitcpla defienden que, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo con la patronal, la Administración no debería bloquear su solicitud. La propuesta presentada por Sumar también pone el foco en la desigualdad de género, al señalar que muchas profesiones con acceso a jubilación anticipada -como mineros, maquinistas, bomberos o policías- están mayoritariamente ocupadas por hombres. Aunque la legislación considera a los tripulantes de cabina como personal de vuelo, estos profesionales denuncian que, pese a estar expuestos a riesgos similares a los de los pilotos, no cuentan con las mismas condiciones de jubilación anticipada. En cambio, otros perfiles del sector sí disfrutan de este derecho. Tras años de reivindicaciones y con el respaldo creciente de decisiones judiciales y propuestas políticas, el colectivo ve ahora más cerca la posibilidad de lograr una solución a una demanda que lleva décadas sin resolverse.

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(El País, 31-03-2026) | Laboral

Cuerpo propone dar un año a las pymes para implantar el registro horario digital, pero Díaz plantea seis meses

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuesta por una implantación "equilibrada" del nuevo sistema de registro horario digital. En una entrevista en la Cadena SER, explicó que esto implicaría conceder más tiempo a las pequeñas y medianas empresas para adaptarse. En concreto, planteó ampliar el plazo hasta un año desde la aprobación del real decreto, en lugar de los 20 días que contempla actualmente el texto. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo considera excesivo ese margen y propone limitarlo a seis meses. Según detalló Cuerpo, la norma elaborada por Trabajo establece su entrada en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, sin diferenciar plazos según el tamaño de las empresas o el sector. Aunque ese periodo no figura expresamente en el texto, desde el departamento que dirige Yolanda Díaz han defendido dar a las pymes un plazo de adaptación de medio año, postura que mantienen tras las declaraciones del ministro. La vicepresidenta segunda ha mostrado su malestar con Economía a raíz del dictamen crítico del Consejo de Estado, que incluye observaciones negativas de varios organismos, entre ellos Función Pública y Protección de Datos. No obstante, Trabajo centra sus críticas en los informes del Ministerio de Economía, donde se aboga por un periodo transitorio más amplio y por medidas que reduzcan el impacto en las pymes. Además, se advierte de que una aplicación uniforme podría no ajustarse a las particularidades de algunos sectores. Cuerpo ha defendido que el refuerzo del control horario -que obligará a que sea digital y accesible para la Inspección de Trabajo- es una medida necesaria para avanzar en la reducción de la jornada laboral, un compromiso del Gobierno. No obstante, ha subrayado que el desacuerdo no está en el objetivo, sino en la forma de aplicarlo, insistiendo en la importancia de adaptar la medida a la realidad empresarial para facilitar su cumplimiento. Por su parte, Díaz ha acusado a Economía de alinearse con la patronal tras el dictamen desfavorable, y ha reafirmado su intención de sacar adelante la reforma. Ha asegurado que el registro horario se implantará, introduciendo únicamente ajustes técnicos, pero sin modificar el fondo de la norma. Además, ha defendido la medida como una herramienta para combatir el impago de horas extra y garantizar los derechos laborales. Los sindicatos respaldan el refuerzo del registro y han manifestado su preocupación por el dictamen del Consejo de Estado, mientras que las organizaciones empresariales lo han valorado positivamente, ya que podría facilitar la presentación de recursos judiciales contra la medida.

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