La Inspección de Trabajo dio a conocer este jueves el balance de su actividad durante 2025. A lo largo del año realizó 1,2 millones de actuaciones -un 27% más que en 2020- y llevó a cabo 281.614 visitas a empresas. Gracias a estas intervenciones se detectaron 122.146 empleos irregulares, se identificaron 47.143 casos de falsos autónomos y se recuperaron más de 51 millones de euros correspondientes a salarios que no habían sido pagados.
Durante un acto conmemorativo por el 120 aniversario de la Inspección de Trabajo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó estos datos y destacó que más de un millón de trabajadores se beneficiaron de las actuaciones del organismo para combatir la economía sumergida. Además, recordó que desde que asumió el cargo en enero de 2020 se han destapado 576.912 empleos irregulares y se han convertido en indefinidos 895.492 contratos que inicialmente eran temporales.
Díaz también puso en valor el reconocimiento internacional del organismo y su eficacia en la lucha contra el fraude laboral. Al mismo tiempo, criticó las voces que cuestionan su utilidad y afirmó que le produce "profunda tristeza" escuchar que la Inspección "no sirve para nada". A su juicio, aunque es necesario dotarla de más recursos, mejores condiciones y mayor plantilla, esas críticas no reflejan la realidad de su trabajo.
En este contexto, la ministra destacó que el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo para el periodo 2025-2027 marca el camino hacia una nueva etapa marcada por la digitalización, además de reforzar la formación a través de la escuela de la Inspección. También subrayó el crecimiento de la plantilla en los últimos años: en 2020 el organismo contaba con unos 2.000 efectivos, mientras que en la actualidad dispone de 2.486. El objetivo es alcanzar los 2.720 profesionales antes de que finalice el año, lo que supondría un aumento del 35% en apenas cinco años, una cifra superior al crecimiento acumulado en todos los años anteriores.
El mercado energético mundial atraviesa un periodo de fuerte inestabilidad desde que Estados Unidos lanzó un ataque contra Irán hace algo más de una semana. La intensificación del conflicto en Oriente Próximo ha añadido una prima de riesgo inmediata a los mercados de materias primas. Lo que hasta hace poco era una subida moderada del precio del petróleo se ha transformado en una carrera por garantizar el abastecimiento de combustible. Este impacto se ha notado especialmente en los productos derivados del crudo, donde el gasóleo está sufriendo un encarecimiento mucho mayor que la gasolina.
En las últimas semanas, el barril de Brent -la referencia en Europa- ha pasado de rondar los 60 dólares a acercarse a los 120. Las sesiones bursátiles se han vuelto extremadamente volátiles, con diferencias entre el precio máximo y mínimo diarios que han llegado a rozar los 30 dólares en Wall Street. Sin embargo, para el consumidor que reposta en una estación de servicio, el precio del crudo es solo uno de los factores. El coste final depende sobre todo de la cotización internacional de los combustibles ya refinados, que se rige por dinámicas propias de oferta y demanda y que, según los expertos, está sufriendo importantes distorsiones.
Mientras el petróleo acumula un incremento cercano al 40%, el precio de la gasolina ha subido alrededor de un 10% y el del diésel cerca de un 20%, lo que implica que este último se encarece el doble de rápido en el surtidor. Si se analizan las cotizaciones internacionales de los combustibles refinados -las que marcan el precio en zonas como el Mediterráneo o el noroeste de Europa- la diferencia es todavía mayor. El gasóleo ha llegado a encarecerse hasta un 55%, frente al 26% de la gasolina y el 33% del Brent, según explica Inés Cardenal, directora de comunicación de la Asociación de la Industria del Combustible de España.
Este desequilibrio ya se refleja en las gasolineras. El precio del diésel ha pasado de 1,383 euros por litro a principios de año a 1,789 euros este lunes, superando claramente al de la gasolina de 95 octanos, que se sitúa en 1,662 euros, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Este cambio resulta llamativo porque tradicionalmente el diésel ha sido más barato gracias a una fiscalidad menor -unos diez céntimos menos por litro- que la gasolina en España. Sin embargo, el fuerte encarecimiento del producto refinado ha neutralizado esa ventaja fiscal.
Parte de este fenómeno se explica por una debilidad estructural del sector energético europeo. Fuentes del sector indican que Europa cuenta con suficiente capacidad de refino para exportar gasolina, pero padece un déficit estructural de gasóleo, lo que la obliga a importar grandes volúmenes para cubrir su consumo. Una parte importante de ese diésel procede de Oriente Próximo, una región que ahora se encuentra marcada por la inestabilidad política y militar, lo que aumenta la vulnerabilidad del suministro.
A esta dependencia se suma otro factor: el bajo nivel de reservas. Las existencias de gasóleo en Europa son mucho menores que las de gasolina, lo que reduce la capacidad de reacción ante posibles interrupciones del suministro y provoca que los precios reaccionen rápidamente ante cualquier riesgo de escasez, según explica Jorge León, responsable de análisis geopolítico de Rystad Energy.
La situación también se ha visto agravada por las decisiones comerciales de China. El gigante asiático anunció la semana pasada la suspensión de sus exportaciones de combustibles ante la escalada del conflicto en Oriente Próximo. Según fuentes oficiales citadas por Reuters, el Gobierno ha pedido a sus refinerías que limiten las ventas al exterior para garantizar su propia seguridad energética.
Esta medida tiene un impacto considerable en el mercado mundial. Aunque China importa grandes cantidades de petróleo, su potente industria de refino la convierte en uno de los mayores exportadores de gasóleo. Al reducir sus exportaciones para asegurar su propio abastecimiento, retira del mercado global un volumen importante de producto, lo que contribuye a presionar los precios al alza.
A todo ello se suma que el diésel presenta una demanda poco flexible. A diferencia de la gasolina, cuyo consumo puede disminuir si los ciudadanos reducen el uso del coche privado, el gasóleo es esencial para el transporte de mercancías por carretera y para numerosos sectores industriales estratégicos, donde existen pocas alternativas inmediatas y la demanda apenas puede reducirse. En periodos de tensión geopolítica, este papel estratégico se intensifica, según el análisis de Rafael Salas, investigador del ICAE.
Esta baja elasticidad de la demanda hace que cualquier alteración en la oferta tenga un efecto más intenso sobre el precio. Incluso la simple posibilidad de escasez puede provocar fuertes subidas en el diésel, más acusadas que en otros combustibles. La elevada volatilidad del Brent, con subidas y bajadas bruscas en cuestión de horas, refleja un mercado dominado por la incertidumbre y por la especulación vinculada a la situación geopolítica. Los analistas advierten de que la evolución futura dependerá en gran medida de la duración del conflicto con Irán, de su intensidad y de la respuesta de la comunidad internacional.
Ante este escenario, la Agencia Internacional de la Energía decidió el miércoles liberar reservas estratégicas de petróleo en la mayor intervención de su historia para intentar estabilizar el mercado. Por su parte, la OPEP sigue atentamente la evolución del conflicto para decidir si ajusta su producción. No obstante, mientras las refinerías europeas continúen operando cerca de su límite y la dependencia de las importaciones de gasóleo desde regiones inestables persista, el diésel seguirá siendo el punto más vulnerable del sistema energético.
El impacto de esta situación no se limita al sector del transporte. También tiene consecuencias directas sobre la inflación. Según el último avance del ICAE, el encarecimiento conjunto de los carburantes y la electricidad podría aumentar la inflación de marzo en 1,02 puntos porcentuales. El estudio indica que el gasóleo ha subido un 25,6% desde el inicio del conflicto, lo que supone una contribución de medio punto a la inflación general. La gasolina, por su parte, ha aumentado un 13,2%, aportando 0,25 puntos al IPC. Dado que combustibles y electricidad representan alrededor del 7,5% de la cesta del índice de precios, el organismo advierte de que la evolución del coste de la vida dependerá en gran medida de cuánto se prolongue el conflicto en el estrecho de Ormuz, cuya normalización sería clave para relajar la presión sobre los mercados internacionales.
Los seis principales países de la Unión Europea están mostrando una creciente impaciencia por los escasos avances en la integración de los mercados de capitales y reclaman acelerar este proceso con medidas concretas. Entre sus propuestas figura reforzar las competencias del supervisor bursátil europeo para que pueda vigilar directamente a grandes operadores del mercado, como Deutsche Börse o Euronext. Sin embargo, esta no es la única iniciativa planteada. En una carta enviada a la Comisión Europea y al Consejo de la UE, los ministros de Economía de España, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Polonia enumeran otras acciones destinadas a completar una parte todavía incompleta del mercado único. Entre ellas destacan la armonización de la legislación sobre servicios financieros, la creación de un régimen administrativo común que permita a las empresas operar en distintos países sin tener que adaptarse a 27 marcos normativos distintos -conocido como "régimen 28"- y la unificación de las normas de quiebra dentro de la Unión.
El gesto tiene además una importante carga simbólica. La misiva de estos seis grandes países, adelantada por Financial Times y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, no solo busca influir en las instituciones europeas, sino también presionar al resto de Estados miembros, algunos de los cuales se muestran más reticentes a avanzar en esta dirección. De hecho, varias de las propuestas recogidas en el documento -de cinco páginas- ya cuentan con iniciativas legislativas presentadas por la Comisión y se encuentran actualmente en proceso de negociación entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. En este contexto, los ministros subrayan su apoyo a una mayor convergencia y eficiencia en la supervisión de los mercados de capitales, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de supervisión más centralizado para las infraestructuras de mercado con mayor peso sistémico.
Con esta postura, el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, junto con sus homólogos, respalda la propuesta presentada por la Comisión en diciembre, que actualmente se debate entre los Estados miembros. No obstante, dentro del Consejo de la UE esta iniciativa está encontrando resistencia por parte de algunos países que, pese a su menor tamaño, tienen un papel relevante en el ámbito financiero. Luxemburgo es uno de los ejemplos más claros. Uno de los puntos clave del debate es la ampliación de las competencias de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), el supervisor bursátil europeo con sede en París, cuya mayor expansión suele ser defendida con especial firmeza por Francia.
En la actualidad, la ESMA desempeña principalmente un papel de coordinación y asesoramiento para los supervisores nacionales, como la CNMV en España. Sin embargo, la propuesta de la Comisión contempla otorgarle atribuciones directas para supervisar entidades clave del mercado, como Deutsche Börse o Euronext, así como a los depositarios centrales de valores y a todos los proveedores de servicios relacionados con criptoactivos. En defensa de esta iniciativa, la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, ha señalado que muchas veces se expresa apoyo a la llamada Unión de Ahorros e Inversiones -nombre que la Comisión utiliza para referirse a la integración de los mercados de capitales- y que respaldar este proyecto implica necesariamente impulsar medidas como estas.
La profundización de la unión de los mercados financieros es considerada por la Comisión Europea y varios gobiernos como una pieza clave para aumentar la inversión privada y mejorar la competitividad de las empresas europeas. Con frecuencia, desde las instituciones comunitarias se advierte de que una parte significativa del ahorro europeo termina invirtiéndose en Estados Unidos en busca de mayores rentabilidades. A juicio de Bruselas, avanzar hacia una verdadera integración financiera -aunque la unión bancaria aún esté incompleta- permitiría aumentar la liquidez de los mercados europeos y favorecer que ese capital se canalice hacia la economía del propio continente.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha decidido liberar 400 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de sus 32 países miembros, en una decisión adoptada por unanimidad. Esta intervención supera ampliamente los 182,7 millones de barriles que se pusieron en el mercado en 2022 tras el inicio de la guerra en Ucrania, por lo que se trata de la mayor operación de este tipo realizada hasta ahora. Sin embargo, el impacto en los mercados ha sido limitado: el miércoles, el precio del barril de Brent incluso subió un 4,7%, y al día siguiente continuó aumentando hasta situarse cerca de los 100 dólares, después de que la propia AIE advirtiera en su último informe de que se avecina la mayor caída de suministro de crudo registrada.
Los analistas señalan que, pese al carácter histórico de la medida, su efecto es menor frente a otros factores, especialmente la duración del conflicto. El hecho de que una liberación de esta magnitud no logre frenar la subida de los precios evidencia el enorme déficit de suministro que podría producirse si la guerra en Oriente Próximo continúa y el estrecho de Ormuz permanece cerrado.
Las últimas declaraciones del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí -hijo del anterior ayatolá asesinado por Estados Unidos- han reforzado esa preocupación. En su primer mensaje público afirmó que el país no renunciará a vengar a sus "mártires" y defendió que el cierre del estrecho de Ormuz puede utilizarse como instrumento de presión contra sus adversarios.
Para los analistas del banco ING, la reacción del mercado demuestra que ni siquiera una liberación récord de reservas es suficiente para contener el precio del petróleo. Según la entidad, existe preocupación sobre la rapidez con la que ese crudo llegará al mercado y sobre si será suficiente para compensar las pérdidas de suministro derivadas de la situación en Ormuz. Sus cálculos indican que, sumando las aportaciones anunciadas por distintos países como Estados Unidos, la liberación equivaldría a unos 3,3 millones de barriles diarios, muy por debajo de lo que podría dejar de circular si el estrecho permanece bloqueado.
El propio informe publicado por la AIE confirma la gravedad del escenario. La organización advierte de que podría producirse la mayor interrupción de suministro de petróleo de la historia. Solo en marzo, la oferta mundial -estimada en 98,8 millones de barriles diarios- podría reducirse en unos 8 millones de barriles al día, lo que supondría una caída equivalente al 7,5% del suministro global y niveles similares a los registrados en el primer trimestre de 2022.
El banco UniCredit comparte este diagnóstico. En un análisis previo a la decisión de la AIE, en el que ya se preveía una liberación de unos 350 millones de barriles, estimaba que esa cantidad solo podría sustituir el petróleo procedente de Oriente Próximo durante unos 140 días. Además, advertía de que recurrir a las reservas estratégicas no resuelve el problema estructural del mercado.
Según la entidad italiana, incluso si el suministro físico fuese suficiente a corto plazo, reducir las reservas estratégicas puede tener efectos negativos. Por un lado, no siempre consigue estabilizar los precios, ya que el mercado interpreta estas medidas como una señal de la gravedad de la crisis. Por otro, si los niveles de reservas caen demasiado, los inversores pueden percibir una mayor vulnerabilidad ante futuras interrupciones del suministro.
Mientras los expertos calculan que el cierre de Ormuz podría provocar pérdidas de hasta 8 millones de barriles diarios -e incluso más si el bloqueo fuese total-, la liberación de la AIE apenas cubriría una parte de ese déficit. De hecho, el estrecho transporta aproximadamente 20 millones de barriles diarios, lo que lo convierte en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.
Los analistas de Capital Economics también subrayan que utilizar reservas estratégicas para sustituir el suministro solo funciona como solución temporal. Si el conflicto se prolonga y provoca daños duraderos en la infraestructura energética del Golfo Pérsico, las pérdidas de crudo podrían superar incluso el volumen total de reservas disponibles entre los países miembros de la AIE.
Hamad Hussain, analista de esta firma, señala además que el ritmo al que los países pueden liberar petróleo es limitado. Históricamente nunca se han superado los 2,5 millones de barriles diarios procedentes de reservas, y alcanzar los 5 millones sería complicado sin desplazar parte del suministro privado. En un escenario relativamente optimista, la pérdida de suministro durante un mes podría alcanzar los 10 millones de barriles diarios, una cifra muy difícil de compensar.
Estimaciones similares maneja Rapidan Energy Group, una consultora especializada en mercados energéticos. Según sus cálculos, los países de la AIE podrían aportar entre 2 y 3 millones de barriles diarios desde sus reservas estratégicas en caso de interrupción en Ormuz, lo que apenas representaría una sexta parte de las exportaciones combinadas de los países del Golfo Pérsico. Otros expertos, como los de Ballast Markets, coinciden en que las reservas estratégicas no pueden sustituir completamente el petróleo perdido si el estrecho permanece cerrado durante un largo periodo. En el mejor de los casos, los inventarios globales podrían cubrir parte del déficit durante entre 60 y 90 días si se liberan al máximo ritmo posible.
A ello se suma un obstáculo adicional: el tipo de crudo almacenado en muchas reservas estratégicas podría no ser el más adecuado para algunas refinerías, especialmente en Asia, que están diseñadas para procesar petróleo pesado procedente de Arabia Saudí. En este contexto, la liberación de reservas podría moderar temporalmente los precios del petróleo, pero no resolverá el problema si la tensión militar continúa. Solo una reducción de las hostilidades permitiría estabilizar el mercado de forma duradera.
En medio de este escenario, algunos analistas apuntan a un actor que podría desempeñar un papel decisivo: China. El país asiático ha acumulado en los últimos años enormes reservas de crudo, que según diversas estimaciones podrían situarse entre 1.100 y 1.400 millones de barriles si se suman las estratégicas y las comerciales. Firmas como Kpler creen que esa cifra ronda los 1.400 millones, lo que triplicaría las reservas de Estados Unidos.
Según Capital Economics, las decisiones que adopte Pekín podrían influir más en el mercado que la propia liberación de reservas de la AIE. No solo por la posibilidad de liberar parte de ese petróleo, algo que pocos analistas consideran probable, sino también porque un simple cambio en su estrategia de acumulación podría alterar significativamente la demanda global.
Hasta ahora, China solo ha recurrido una vez a sus reservas estratégicas, con una liberación de prueba de 7,4 millones de barriles. Por ello, no está claro que vaya a utilizarlas de forma más agresiva. Sin embargo, incluso una desaceleración en el ritmo al que el país sigue acumulando crudo podría aliviar parte de la presión sobre los precios internacionales.
La inflación se mantuvo estable en febrero en el 2,3% interanual, según ha confirmado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ratifica así el dato adelantado a finales del mes pasado. El índice de precios al consumo (IPC) repite la tasa registrada en enero y consolida, por ahora, una etapa de relativa estabilidad tras las oscilaciones registradas a lo largo de 2025. La moderación se explica, fundamentalmente, por la caída del precio de la electricidad, que compensó el encarecimiento de algunos servicios vinculados al consumo cotidiano, como la restauración, y de determinados alimentos. Sin embargo, es un dato que nade obsoleto a la luz de la esperada sacudida que experimentarán los precios en este marzo, a raíz de la guerra de Irán.
La inflación subyacente -que excluye energía y alimentos no elaborados por su mayor volatilidad- también se mantuvo en febrero en el 2,7%, una décima por encima del registro de enero. Este indicador, que suele utilizarse para medir la tendencia estructural de los precios, refleja la persistencia de ciertas tensiones en los costes de servicios y bienes más ligados al ciclo económico.
El comportamiento del IPC en el segundo mes del año refleja el equilibrio entre presiones contrapuestas. Por un lado, los precios energéticos ejercieron un efecto a la baja, en especial la electricidad, cuya evolución amortiguó el impacto de otros componentes más ligados a la demanda interna. Por otro, el encarecimiento de la restauración y de algunos productos alimentarios empujó al alza el índice general, aunque sin suficiente intensidad para alterar la tasa global.
El Ministerio de Economía interpreta el dato como una señal de estabilidad en el proceso de normalización de los precios tras el episodio inflacionario vivido en 2022. Desde el departamento que dirige Carlos Cuerpo destacan que la inflación española se mantiene en niveles compatibles con el objetivo del Banco Central Europeo, aunque reconocen que persisten focos de presión en determinados sectores de consumo. La evolución de los precios en los servicios, especialmente los relacionados con el ocio y la hostelería, sigue siendo uno de los elementos más vigilados por los analistas.
Pero la aparente calma que refleja el dato de febrero podría tener un carácter transitorio. Los analistas han comenzado a centrar su atención en el comportamiento de los precios durante marzo, un mes que podría marcar un cambio de tendencia. Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research, considera que la previsión provisional del 3,1% para ese mes se ha convertido en un "suelo" tras el fuerte encarecimiento de los carburantes registrado en las últimas semanas como consecuencia del conflicto en Oriente Próximo.
Según explica, el repunte de los combustibles tendrá un impacto inmediato en el IPC, debido al peso que tienen los carburantes en la cesta de consumo. Otros efectos derivados del encarecimiento energético podrían tardar más en trasladarse al consumidor final. Entre ellos figuran el precio de la electricidad o el coste de los alimentos, especialmente aquellos más dependientes del uso intensivo de fertilizantes, cuyo precio está estrechamente ligado a los mercados energéticos.
Una visión similar mantiene Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, quien advierte de que el encarecimiento energético ya empieza a filtrarse al conjunto del tejido económico. Torres señala especialmente la evolución de los alimentos frescos, que partían de tasas superiores al 6% y que, según sus estimaciones, podrían superar el 7% interanual durante marzo. "Esto nos llevaría a una inflación por encima del 3% en marzo, posiblemente entre el 3% y el 3,5%", apunta el economista.
Más allá del posible repunte puntual, la cuestión clave para los economistas es la persistencia de la inflación. Torres subraya que el tejido económico es hoy mucho más sensible a los movimientos de precios que hace cuatro años, cuando el estallido de la guerra en Ucrania coincidió con la reapertura de las economías tras la pandemia y con una fuerte desorganización de las cadenas globales de suministro.
Hoy, Europa se enfrenta, a su juicio, a una economía más debilitada. Y aunque España mantiene un crecimiento relativamente sólido en comparación con sus socios comunitarios, los indicadores comienzan a mostrar cierta moderación. Ese enfriamiento del consumo podría actuar como un freno natural para la inflación subyacente, evitando por ahora un impacto estructural más profundo a través de los llamados efectos de segunda ronda, es decir, el traslado generalizado de los aumentos de costes a salarios y precios, alimentando una espiral.
La ministra de Hacienda contempla recurrir a la cláusula de escape de las reglas fiscales europeas para poder compatibilizar el aumento del gasto en Defensa con el paquete de medidas que el Gobierno prepara como respuesta al conflicto en Irán. El Ejecutivo tiene la "voluntad firme de mantener la inversión pública" en materia de Defensa después de haber alcanzado en 2025 el 2% del PIB. De hecho, prevé elevar esa cifra hasta el 2,1% durante este año, según anunció en el Senado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Para lograrlo, el Gobierno planea repetir el elevado gasto militar del ejercicio anterior y aumentarlo en unos 2.300 millones de euros adicionales.
Ante este esfuerzo presupuestario, Montero señaló que, si fuera necesario, el Ejecutivo solicitará la activación de la cláusula de escape de las normas fiscales europeas. El objetivo sería evitar que el incremento de la inversión en Defensa compita con el gasto social, que también aumentará debido al plan de apoyo que el Gobierno está preparando para afrontar las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo.
Según explicó la ministra, mientras continúe la situación de incertidumbre derivada de la guerra en Irán, el Gobierno acompañará estos créditos con medidas urgentes destinadas a paliar sus efectos. El Ejecutivo trabaja en un conjunto de iniciativas dirigidas a amortiguar el encarecimiento de los precios y apoyar al tejido productivo. Estas medidas se irán aprobando en diferentes Consejos de Ministros en función de la evolución de variables como el precio del petróleo, de la energía y de otras materias primas.
En este contexto, Montero presidirá hoy una reunión con los principales ministros del área económica -entre ellos los responsables de Trabajo, Energía, Economía y Seguridad Social- a la que también asistirán representantes de las patronales CEOE y Cepyme y de los sindicatos CCOO y UGT para analizar posibles actuaciones. Aún sin concretar el volumen total de las ayudas, la ministra afirmó ante la Comisión de Hacienda del Senado que, si la situación lo requiere, el Gobierno podría solicitar a la Comisión Europea la activación de la cláusula de escape para que el incremento de la inversión en Defensa no limite el gasto social.
En cuanto al ámbito militar, y a falta de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2026 que consoliden el punto de partida actual, mantener el nivel de gasto alcanzado en 2025 obligaría ya a buscar mecanismos para movilizar unos 10.500 millones de euros. Además, el crecimiento del PIB y el incremento adicional anunciado supondrán unos 2.300 millones más para alcanzar el objetivo del 2,1%.
Según las estimaciones de la OTAN, España destinó el año pasado 33.123 millones de euros a Defensa, lo que equivale al 2% de su PIB. Este objetivo estaba inicialmente previsto para 2029, pero el Gobierno lo adelantó tras las presiones del entonces presidente estadounidense Donald Trump para que todos los miembros de la Alianza llegaran a la cumbre de La Haya con ese mínimo de inversión.
En esa reunión, los 32 países de la OTAN acordaron reforzar sus capacidades militares hasta alcanzar en 2035 un gasto equivalente al 5% del PIB: un 3,5% en Defensa y un 1,5% adicional en ciberseguridad e infraestructuras. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostiene que España podrá cumplir los compromisos de capacidades con una inversión del 2,1% del PIB, el nivel que el Ejecutivo pretende consolidar este año.
Para alcanzar el 2% en 2025, sin nuevos presupuestos y sin el respaldo de sus socios parlamentarios, el Gobierno puso en marcha el Plan Industrial Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, dotado con 10.470 millones de euros y aprobado sin pasar por el Parlamento.
Montero explicó que la financiación de este plan procedió de distintas fuentes: menores aportaciones a la Unión Europea (641,56 millones), créditos no ejecutados de organismos del Ministerio de Defensa (97,4 millones), partidas ya utilizadas en ejercicios anteriores sin continuidad (1.744,8 millones), reducción de provisiones por reclamaciones patrimoniales (103 millones), ingresos por servicios del propio ministerio (632 millones), menor necesidad de liquidez gracias a la mejora del déficit público (2.819 millones), devolución de préstamos del Ministerio de Industria (1.680 millones), recursos del Fondo de Contingencia (1.395 millones) y reajustes en distintos programas del Gobierno central (1.356 millones).
En términos generales, el 35% de esos fondos se destinó a mejorar las condiciones laborales de la tropa y la marinería; el 31% a nuevas capacidades en telecomunicaciones y ciberseguridad; el 19% a la modernización de los sistemas de defensa y disuasión de las Fuerzas Armadas; el 17% a reforzar capacidades duales para responder a emergencias y catástrofes naturales; y el 3% restante a misiones internacionales de paz.
La ministra subrayó que este aumento del gasto militar se llevó a cabo sin recortar el gasto social, sin subir impuestos y sin incrementar el endeudamiento público. Por otro lado, durante su intervención también descartó modificar la regla de gasto para permitir a las comunidades autónomas utilizar su superávit, al considerar que esa opción no contaría con el respaldo de la Unión Europea.
El salario ya no se percibe únicamente como una cantidad de dinero. La forma en que se recibe -a través de beneficios adicionales y ventajas fiscales- empieza a tener más peso que la cifra final, ya que permite mejorar tanto el ahorro como el bienestar de los trabajadores en España. Tradicionalmente, la pregunta "¿cuánto gano?" ha sido el principal atractivo para quienes buscan empleo o desean mantenerse en su puesto. El sueldo mensual sigue siendo el factor más visible a la hora de aceptar o conservar un trabajo. Sin embargo, cada vez cobra más importancia "cómo" se paga esa remuneración.
El informe Compensación salarial e innovación 2026: un análisis del mercado español, elaborado por Coverflex, refleja que el modelo basado únicamente en el salario fijo está perdiendo protagonismo. Solo el 9% de los trabajadores en España considera que el sueldo base es suficiente como única forma de compensación. En consecuencia, para el 91% restante, una oferta laboral centrada exclusivamente en dinero resulta incompleta. La llamada compensación total -que incluye beneficios económicos y no económicos- se ha convertido en un elemento esperado que puede marcar la diferencia al elegir o cambiar de empleo.
Esto no significa que los beneficios estén reemplazando al salario, pero sí que los trabajadores son cada vez más conscientes del impacto de los impuestos sobre sus ingresos. En el estudio, realizado entre 1.208 personas, se planteó una elección: un sueldo bruto anual de 25.000 euros o uno de 21.000 euros acompañado de un paquete de beneficios flexibles valorado en 5.000 euros y exento de impuestos. El 39% optó por la primera opción, mientras que el 45% prefirió la segunda. Un 16% no se inclinó por ninguna de ellas.
Según el análisis, el desafío para las empresas no es convencer a los empleados de la utilidad de la retribución flexible, sino lograr que realmente resulte ventajosa. De hecho, siete de cada diez trabajadores consideran que el paquete de beneficios es determinante para incorporarse o permanecer en una organización. La eficiencia fiscal es especialmente valorada por la Generación Z -personas nacidas entre 1996 y 2010- y por los empleados con hijos. El informe indica que estos colectivos aprecian especialmente las estrategias financieras inteligentes de las empresas. Un ejemplo es el cheque guardería, que está exento de IRPF sin límite, lo que permite a los trabajadores aumentar su poder adquisitivo sin incrementar el salario bruto.
La compensación total, por tanto, no sustituye al dinero, sino que lo optimiza. A través de la retribución flexible -que permite destinar hasta el 30% del sueldo bruto a productos o servicios libres de IRPF- el trabajador puede incrementar su capacidad de gasto real sin que la empresa tenga que elevar su coste salarial. No obstante, el estudio también señala una limitación: el 54% de los empleados aún no disfruta de este tipo de beneficios y solo el 18% afirma conocer bien sus ventajas.
Esta evolución también aparece en el informe Global Talent Trends de Mercer, que señala que la idea de "salario justo" ha cambiado. Ya no se trata únicamente de cuánto se paga, sino de cómo la empresa contribuye al bienestar del trabajador. De hecho, uno de cada tres empleados en el mundo estaría dispuesto a renunciar a un aumento salarial directo a cambio de mayor flexibilidad laboral o beneficios personalizados relacionados con la salud.
En la misma línea, el informe de compensación total de WTW destaca que las empresas están pasando de modelos cerrados de beneficios -donde el trabajador elegía entre unas pocas opciones- a presupuestos abiertos centrados en el bienestar. Según sus datos, el 75% de las compañías a nivel global ha revisado su estrategia de beneficios durante el último año antes que los salarios base. Para esta consultora, el sueldo fijo es un elemento básico, pero la compensación total es lo que realmente diferencia a una empresa.
Tras la pandemia, la consultora Gartner ya advirtió de que el contrato laboral estaba evolucionando: de un intercambio puramente económico -dinero por tiempo- a una relación más centrada en las personas. Actualmente sostiene que las empresas que ofrecen una compensación integral enfocada en el bienestar financiero, el propósito y la salud logran aumentar en un 20% la intención de permanencia de sus empleados, incluso cuando sus salarios están ligeramente por debajo de la media del mercado.
Julia Abarca, responsable de Coverflex en España, coincide con esta tendencia. Explica que en 2025 se observaba una brecha entre lo que valoraban los trabajadores y lo que ofrecían las empresas, pero en 2026 el nivel de exigencia ha aumentado: el 91% de los profesionales espera que la compensación vaya más allá del salario base. Además, la convivencia de cuatro generaciones distintas en el mercado laboral obliga a las compañías a diseñar sistemas de compensación más completos y adaptables. El reto consiste en crear un modelo que integre salario, beneficios y experiencia del empleado de forma coherente y estratégica.
El estudio Human Capital Trends: Beyond Pay, de Deloitte, respalda esta idea. Señala que, especialmente entre la Generación Z, el talento busca beneficios alineados con sus valores, como permisos para voluntariado o fondos de inversión sostenibles. Además, el 64% de los trabajadores considera que las prestaciones relacionadas con la salud mental y el bienestar financiero son tan importantes como el salario base al valorar una oferta laboral.
En definitiva, el dinero sigue siendo relevante, pero ha perdido parte de su protagonismo dentro de los modelos de compensación. El hecho de que solo el 9% de los empleados considere suficiente el salario base demuestra que la compensación se ha transformado en algo más amplio. Como señala Abarca, "la compensación ya no es un complemento, sino una forma de expresar cómo entiende una empresa su relación con el talento".
Otro dato significativo es que el 64% de los trabajadores afirma que los beneficios vinculados al bienestar tienen la misma importancia que el sueldo base a la hora de aceptar un empleo, según Deloitte. Además, el informe de Coverflex indica que el 78% de las personas reconoce que el modelo de trabajo -parte de la compensación total- influye mucho o bastante en su decisión de quedarse en una empresa o cambiar de empleo.
Los conductores españoles abonarán este año cerca de 3.000 millones de euros a los ayuntamientos en concepto del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido popularmente como impuesto de circulación. Sin embargo, la cantidad que paga cada automovilista puede variar enormemente según el municipio donde esté registrado el vehículo, llegando en algunos casos a ser hasta diez veces mayor que en otros.
Así lo señala un estudio elaborado por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que analiza las importantes diferencias fiscales existentes entre municipios españoles en relación con este impuesto. Por ejemplo, el propietario de un turismo medio de 11,99 caballos fiscales paga 89,25 euros en San Sebastián, mientras que en localidades madrileñas como La Hiruela, Navacerrada, Moralzarzal o Brunete el mismo vehículo abona solo 8,52 euros, lo que supone una diferencia de más de diez veces.
El informe también identifica los municipios donde el impuesto resulta más caro y los que aplican tarifas más bajas. Además, advierte de la existencia de auténticos "paraísos fiscales" municipales: pequeñas localidades de provincias como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante o Málaga en las que numerosas empresas de alquiler y renting registran sus flotas para beneficiarse de una fiscalidad más favorable.
Para ello, las compañías únicamente necesitan abrir una pequeña oficina en el municipio donde desean matricular los vehículos. Este procedimiento legal les permite ahorrar grandes cantidades en el impuesto de circulación, mientras que el ayuntamiento recibe ingresos importantes por las tasas de vehículos que, en realidad, no circulan por sus calles.
El estudio también considera como destinos fiscalmente ventajosos algunas capitales de provincia como Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Ceuta, Zamora, Palencia, Badajoz, Cáceres o A Coruña. Por ejemplo, mientras que un turismo medio paga 34,08 euros en Santa Cruz de Tenerife, en San Sebastián el importe es casi el triple: 89,25 euros, es decir, un 161% más.
Junto a San Sebastián, los municipios con el impuesto de circulación más elevado se encuentran en ciudades como Vitoria (76,17 euros), Bilbao (71,45), Barcelona (68,16), Girona (67,24), Tarragona (68,16), Lleida (68,15), Ciudad Real (68,16), Jaén (68,16), Granada (68,16), Huelva (68,16), Salamanca (67,76), Santander (67,96) y Cádiz (67,25).
Según AEA, el origen de estos "paraísos fiscales" se remonta a septiembre del año 2000, cuando desapareció el indicativo provincial de las matrículas en España. Este cambio permitió a las empresas con grandes flotas de vehículos de alquiler o renting concentrar las matriculaciones en municipios con menor presión fiscal.
El impuesto de circulación se calcula en función de la potencia fiscal del vehículo en el caso de los turismos. Existe una tarifa mínima común en España -salvo en el País Vasco y Navarra-, aunque la normativa permite a los ayuntamientos aumentar libremente estas cuotas e incluso aplicar bonificaciones de hasta el 75% según el tipo de combustible o las características del motor. Además, los consistorios pueden eximir del pago a los vehículos históricos o con más de 25 años de antigüedad.
Según AEA, esta libertad de los ayuntamientos para fijar las tarifas ha provocado que el sistema se desvirtúe, dando lugar a verdaderos "paraísos fiscales" dentro del ámbito local para un impuesto que afecta a cerca de 38 millones de contribuyentes. Este año, algunas ciudades como Jaén, Pamplona, San Sebastián, Soria y Vitoria han incrementado las tarifas del impuesto, mientras que otras como Almería, Huesca y Valladolid las han reducido. En el resto de municipios se han mantenido sin cambios, teniendo en cuenta que en siete capitales ya se aplica desde hace años el máximo permitido por la ley.
El informe también señala que aproximadamente el 35% de los coches de empresa matriculados en España -unos 244.921 vehículos de un total nacional de 694.559- se concentran en solo diez municipios con entre 600 y 15.000 habitantes gracias a su baja fiscalidad. Entre ellos destacan localidades madrileñas como Moralzarzal, Venturada, Navacerrada, Las Rozas de Puerto Real, Robledo de Chavela, Brunete, Collado Mediano y Patones; además de Finestrat, en Alicante, y Tejeda, en Gran Canaria. A estos se suman otros quince municipios que también funcionan como destinos fiscales atractivos para las flotas empresariales.
El estudio identifica además 25 ayuntamientos donde el número de vehículos matriculados supera al de habitantes censados, generando niveles de motorización muy superiores incluso a los de países como Estados Unidos o Japón. Un ejemplo llamativo es La Hiruela, en Madrid, con solo 88 vecinos y donde el año pasado se registraron 69 vehículos por habitante.
Entre los municipios considerados "paraísos fiscales" por AEA se encuentran varias localidades de la Comunidad de Madrid -como La Hiruela, Las Rozas de Puerto Real, Patones, Venturada, Robledo de Chavela, Navacerrada, Moralzarzal, Collado Mediano y Brunete-, además de otros pequeños municipios repartidos por distintas provincias españolas como Castellón, Barcelona, Mallorca, Zaragoza, Las Palmas, Málaga, Valencia, Alicante, Ciudad Real y Tarragona.
La Comisión Europea ha decidido este miércoles denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber incorporado a su normativa interna, dentro del plazo establecido, dos directivas comunitarias vinculadas al IVA. Una de ellas introduce varias modificaciones, entre las que destaca la posibilidad de que los Estados miembros liberen de este impuesto a los trabajadores autónomos con una facturación anual de hasta 85.000 euros. Bruselas, además, pedirá que se impongan sanciones económicas al considerar que el incumplimiento se mantiene pese a las advertencias previas.
Los países de la Unión Europea tenían de plazo hasta el 31 de diciembre de 2024 para adaptar su legislación a estas dos normas. Ante la ausencia de avances, la Comisión activó el procedimiento de infracción enviando a España una carta de emplazamiento el 31 de enero de 2025 y, más adelante, un dictamen motivado en julio del mismo año. No obstante, según indica el Ejecutivo comunitario, España continúa sin comunicar la transposición completa de ambas directivas y es el único Estado miembro que todavía no lo ha hecho.
Una de estas normas introduce cambios en el sistema del IVA aplicable a las pequeñas empresas. Su objetivo es reducir los trámites administrativos y los costes derivados del cumplimiento fiscal para pymes y autónomos, además de facilitar la supervisión por parte de las autoridades tributarias. Entre las medidas previstas se incluye la posibilidad de fijar un límite de facturación anual -de hasta 85.000 euros- por debajo del cual pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia podrían quedar exentos de aplicar el impuesto. Esto implicaría no tener que incluir el IVA en sus facturas ni presentar las declaraciones periódicas relacionadas con este tributo.
La Comisión señala en un comunicado que "España ha indicado que no prevé aplicar la exención del IVA para las pymes contemplada en la directiva, ya que su adopción es voluntaria para los Estados miembros". Sin embargo, Bruselas subraya que, aunque esta medida sea opcional, sí se espera que España incorpore las disposiciones que permiten a las pequeñas empresas establecidas en el país beneficiarse de ese régimen de exención cuando operen en otros Estados miembros. Para ello, una empresa española que quiera acogerse a la exención en otro país de la UE debe registrarse previamente ante las autoridades nacionales.
Desde el Ministerio de Hacienda explican que el Gobierno ha incorporado recientemente una enmienda durante la tramitación de otra directiva -la conocida como DAC 8- con el fin de adaptar la normativa española al régimen especial para pequeñas empresas.
Esa modificación introduce una disposición adicional en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido que regula la posibilidad de que empresarios o profesionales establecidos en España puedan acogerse al sistema de franquicia del IVA cuando desarrollen su actividad en otros Estados miembros. Para ello deberán comunicar previamente a la Agencia Tributaria, por vía electrónica, su intención de aplicar ese régimen en el país correspondiente.
La propuesta del Ministerio establece que podrán beneficiarse de este mecanismo aquellos negocios cuyo volumen anual de operaciones en toda la Unión Europea no supere los 100.000 euros. Además, detalla cómo debe calcularse esa cifra, incluyendo el total de entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el conjunto de la UE durante el año natural, sin contar el IVA ni, en su caso, el recargo de equivalencia. No obstante, la enmienda no menciona la posible exención para empresas con ingresos de hasta 85.000 euros, lo que sugiere que el Gobierno no tiene previsto implantarla en España.
La Comisión Europea también advierte de que la falta de adaptación de la normativa española en lo relativo al lugar de prestación de los servicios puede generar problemas como la doble imposición o, por el contrario, situaciones en las que no se pague el impuesto. Esto se debe a que los otros 26 países de la UE sí han incorporado ya estas reglas y aplicarán criterios distintos.
La organización de autónomos ATA reclamó hace meses a Bruselas que actuara contra España por no aplicar estos cambios. Según la entidad presidida por Lorenzo Amor, la falta de iniciativa legislativa provoca que la mayoría de los autónomos españoles no puedan acogerse a un régimen simplificado del IVA y deban cumplir las mismas obligaciones formales que las grandes empresas. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció en octubre que, si llega al Gobierno, impulsará una medida para eximir del IVA a los autónomos que facturen hasta 85.000 euros al año, una propuesta inspirada precisamente en esta directiva europea.
La Agencia Tributaria deberá permitir que las empresas se deduzcan el 50% del IVA de los vehículos que ponen a disposición de sus empleados cuando estos se utilizan tanto para fines profesionales como personales. Así lo ha establecido el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que pone fin a la práctica habitual de la inspección de Hacienda de reducir ese porcentaje en función de las horas de trabajo anuales.
Hasta ahora, la Administración solía basarse en los convenios colectivos para calcular el tiempo que los empleados dedicaban al trabajo durante el año y, a partir de ahí, determinar qué parte del uso del vehículo era profesional. Por ejemplo, si el convenio fijaba una jornada anual de 1.826 horas, esa cifra representaba aproximadamente el 20,84% del total de horas del año, teniendo en cuenta fines de semana, festivos, vacaciones y tiempo fuera del horario laboral. Con ese cálculo, Hacienda concluía que el coche solo se utilizaba para la actividad profesional alrededor de un 20% del tiempo, por lo que limitaba la deducción del IVA a ese mismo porcentaje.
Sin embargo, en una resolución del 27 de febrero, el TEAC recuerda que el artículo 95.Tres de la Ley del IVA establece que las empresas pueden deducirse el 50% del IVA soportado en la compra o alquiler de vehículos que se ceden a los trabajadores para un uso mixto. Según el tribunal, la norma presume que la utilización profesional de estos vehículos es del 50%. Por tanto, tanto si la empresa pretende demostrar que el uso profesional es mayor, como si la Administración quiere aplicar un porcentaje inferior, deberán acreditarlo con pruebas.
El TEAC señala que no es conforme a derecho reducir el porcentaje deducible del IVA basándose en el cálculo de la disponibilidad del vehículo para uso personal a partir de la jornada laboral anual recogida en los convenios colectivos. En los casos de vehículos de uso mixto cedidos sin contraprestación, concluye el organismo, debe aceptarse la deducción del 50% mientras la inspección no demuestre lo contrario.
Enrique Vázquez, socio y director del área fiscal de Broseta en Valencia, considera que la actuación de la inspección vulneraba claramente lo establecido en la Ley del IVA, que fija de forma expresa una presunción de uso profesional del 50% para estos vehículos.
Aunque esta presunción admite prueba en sentido contrario, Vázquez señala que demostrar un porcentaje superior por parte de la empresa resulta prácticamente imposible y que, de igual modo, también sería muy difícil que la Administración pudiera justificar un porcentaje inferior.
El experto explica además que la práctica administrativa resultaba improcedente por varias razones. En primer lugar, porque los convenios colectivos regulan derechos y obligaciones dentro de las relaciones laborales y forman parte de la normativa laboral, pero no pueden utilizarse para modificar lo establecido en una ley fiscal. Si la Ley del IVA hubiera querido vincular el porcentaje de deducción a las jornadas laborales de los convenios, lo habría indicado expresamente, algo que no ocurre.
En segundo lugar, añade Vázquez, las empresas no están obligadas a justificar la existencia de jornadas especiales para los trabajadores que utilizan estos vehículos cuando se acogen a la presunción del 50% establecida por la ley. Si la inspección desea apartarse de ese porcentaje, es la propia Administración la que debe demostrar cuál es el uso real del vehículo en la actividad empresarial. Limitarse a aplicar los convenios colectivos, concluye, supone trasladar indebidamente a la empresa la carga de la prueba.
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