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(Cinco Días, 20-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los aranceles de Trump acaban con el 10% de las exportaciones españolas de alimentos y bebidas a EE UU

La industria española de alimentación y bebidas sufrió en 2025 el impacto de la política arancelaria impulsada por la administración de Donald Trump. Las exportaciones del sector hacia Estados Unidos descendieron un 9,6% durante el pasado año, hasta situarse en 3.041 millones de euros, lo que provocó que el país bajara del cuarto al quinto puesto entre los principales destinos de los productos españoles de alimentación y bebidas. Pese a esta caída, Estados Unidos continúa siendo el mercado más importante fuera de la Unión Europea para la industria alimentaria española. Así lo destacó Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), durante la presentación de los resultados del sector correspondientes a 2025. Según explicó, la imposición de aranceles y la incertidumbre regulatoria han perjudicado claramente el comercio exterior con el mercado estadounidense, aunque insistió en que se trata de un problema "estrictamente político" y no comercial. García de Quevedo defendió que los productos españoles mantienen una buena aceptación en Estados Unidos y que la relación con distribuidores y compradores sigue siendo positiva. A su juicio, la situación depende sobre todo de las negociaciones entre Washington y Bruselas y de los equilibrios geopolíticos, lo que genera un entorno de volatilidad e inseguridad jurídica. El directivo señaló además que 2026 ha comenzado en una línea similar, aunque con algo más de estabilidad tras la decisión de la Corte Suprema estadounidense de frenar gran parte de la política arancelaria impulsada por Trump. Entre los productos españoles con mayor presencia en Estados Unidos destacan especialmente el aceite de oliva y el vino, aunque FIAB no precisó qué categorías concretas fueron las más afectadas el pasado ejercicio. En conjunto, la industria alimentaria y de bebidas exportó productos por valor de 52.564 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 2,9% respecto al año anterior. En términos de volumen, el crecimiento fue cercano al 5%. A pesar del retroceso en el mercado estadounidense, los principales destinos europeos mostraron una evolución positiva. Francia, principal cliente exterior del sector, incrementó sus compras un 3,2%, hasta los 7.695 millones de euros. Italia aumentó un 3,1%, hasta 6.483 millones, mientras que Portugal y Alemania registraron avances del 8,2% y del 8,8%, respectivamente. En el lado negativo también destacaron las caídas en Reino Unido y China. Las exportaciones al mercado británico retrocedieron ligeramente, un 0,3%, mientras que las ventas a China descendieron un 4,5%, hasta 1.706 millones de euros. García de Quevedo vinculó parte de este descenso a las dificultades del sector porcino, afectado por los aranceles impuestos por Pekín como respuesta a las tasas europeas sobre los coches eléctricos chinos. China aprobó en diciembre aranceles de hasta el 19,8% para el porcino europeo, aunque dejó fuera al jamón ibérico. Además, las exportaciones españolas también se vieron perjudicadas por los brotes de peste porcina africana detectados en Cataluña a finales del año pasado. A pesar de ello, desde FIAB confían en recuperar terreno en el mercado chino. García de Quevedo destacó el interés creciente de la población china por la gastronomía y la cultura españolas, así como el potencial derivado de la expansión de la clase media en el país. Japón, segundo mercado asiático más relevante para el sector, registró un descenso aún más acusado, cercano al 14%. En materia comercial, la industria alimentaria española mantiene grandes expectativas respecto al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Desde FIAB consideran que este tratado abrirá oportunidades importantes para acceder a un mercado de más de 270 millones de consumidores. No obstante, desde el Ministerio de Agricultura advierten de que los beneficios no serán inmediatos, ya que consolidar relaciones comerciales estables requiere tiempo. En términos generales, la producción de la industria alimentaria y de bebidas alcanzó en 2025 los 137.188 millones de euros, un 1,7% más que el año anterior, gracias a la recuperación del consumo interno y al buen comportamiento de la demanda internacional. De cara a 2026, el sector observa con preocupación las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Próximo. El principal temor se centra en el encarecimiento de la energía y de los costes logísticos, especialmente si persisten las tensiones en el estrecho de Ormuz. García de Quevedo volvió a reclamar ayudas directas al Gobierno y la suspensión del impuesto al plástico para aliviar el impacto económico sobre las empresas del sector.

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(Expansión, 20-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La UE sella definitivamente el polémico acuerdo arancelario firmado con EEUU

El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE han dado luz verde a la activación de la rebaja al 0% de los aranceles comunitarios acordada hace diez meses, aunque el texto incorpora mecanismos de protección frente a la incertidumbre generada por Donald Trump. El pacto comercial alcanzado el pasado verano entre la Unión Europea y Estados Unidos en la localidad escocesa de Turnberry entrará finalmente en vigor. El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que reúne a los ministros de los Estados miembros, alcanzaron este martes un acuerdo para aplicar la eliminación de aranceles a las exportaciones estadounidenses, a cambio de que Washington reduzca sus gravámenes hasta el 15% pactado. "Un acuerdo es un acuerdo, y la UE cumple sus compromisos. Juntos podemos garantizar un comercio transatlántico estable, predecible, equilibrado y beneficioso para ambas partes", afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de las redes sociales. Las negociaciones se prolongaron durante meses y estuvieron marcadas por las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, para acelerar la aplicación del acuerdo. Aun así, las instituciones europeas necesitaron más de cinco horas de conversaciones a puerta cerrada para cerrar definitivamente el texto. El contexto no era sencillo, ya que el pacto, percibido como muy favorable a Estados Unidos, no había aportado la estabilidad comercial que la Comisión Europea esperaba obtener a cambio de aceptar ese desequilibrio. El acuerdo había permanecido bloqueado desde principios de año, principalmente por la oposición de varios eurodiputados, como reacción a las amenazas de anexión lanzadas por Trump sobre Groenlandia y a sus reiterados mensajes planteando incrementos arancelarios contra distintos países de la UE. "Mantener una asociación transatlántica estable, equilibrada y predecible beneficia a ambas partes. Hoy la Unión Europea cumple sus compromisos", señaló Michael Damianos, ministro de Energía, Comercio e Industria de Chipre, país que ocupa este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. La Unión Europea y Estados Unidos mantienen la relación comercial y de inversión bilateral más importante del mundo. En conjunto, ambos representan cerca del 30% del comercio global de bienes y servicios y el 43% del PIB mundial. En 2024, antes del regreso de Trump a la Casa Blanca y del inicio de la guerra arancelaria, el intercambio comercial transatlántico superó los 1,68 billones de euros. Las discrepancias entre las instituciones europeas se centraron especialmente en las denominadas cláusulas de salvaguarda, impulsadas por el Parlamento Europeo para proteger a la UE frente a la volatilidad política y comercial de Trump. Entre las medidas incluidas figura la posibilidad de que la Comisión Europea suspenda automáticamente el acuerdo si Estados Unidos incumple sus compromisos o vuelve a lanzar amenazas comerciales o territoriales contra la Unión o alguno de sus miembros. Asimismo, los colegisladores otorgaron poderes a la Comisión para retirar el trato arancelario favorable al acero y al aluminio estadounidenses si, antes del 31 de diciembre de 2026, Washington mantiene impuestos superiores al 15% sobre las exportaciones europeas de estos productos. El Parlamento Europeo también consiguió incorporar la denominada cláusula sunset, que fija el final del régimen arancelario pactado para 2029, aunque la fecha podrá ampliarse y finalmente se retrasó un año respecto a la propuesta inicial de la Eurocámara. Antes de esa fecha, la Comisión Europea realizará una evaluación detallada sobre el impacto del acuerdo en la industria, la agricultura y las pequeñas y medianas empresas europeas, además de analizar posibles cambios en las relaciones comerciales con terceros países. "Hemos mejorado de forma significativa la propuesta de la Comisión Europea al introducir mayores garantías para la economía europea", aseguró Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. La Eurocámara sí renunció finalmente a la denominada cláusula sunrise, que condicionaba la entrada en vigor de las ventajas arancelarias europeas a que Estados Unidos cumpliera previamente todos los puntos del acuerdo. La UE ha optado por dejar de lado esa exigencia y conceder margen a Trump para redefinir su política arancelaria tras el revés sufrido en la Corte Suprema estadounidense sobre sus decisiones comerciales, en un gesto de buena voluntad por parte del bloque comunitario.

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(La Vanguardia, 20-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Consejo de Ministros lanza el fondo España Crece con la vivienda como gran prioridad

El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde a los mecanismos necesarios para poner en marcha el fondo España Crece, una iniciativa con la que el Gobierno pretende extender el impacto del Plan de Recuperación más allá de 2026. El instrumento contará inicialmente con 13.300 millones de euros y permitirá al Instituto de Crédito Oficial (ICO) reforzar sus recursos propios para financiar proyectos destinados a modernizar la economía y mejorar la productividad. Uno de los principales ejes del fondo será el impulso a la vivienda, especialmente a la promoción de vivienda social y asequible. El Ejecutivo prevé movilizar hasta 23.000 millones de euros en este ámbito, con el objetivo de contribuir a la construcción de unas 15.000 viviendas anuales. Además, el programa priorizará inversiones ligadas a la transición ecológica y a proyectos innovadores vinculados a sectores como las tecnologías sanitarias, la economía de los cuidados o la digitalización. El Gobierno define España Crece como el instrumento que permitirá mantener en el tiempo el impulso inversor generado por los fondos europeos Next Generation. La iniciativa forma parte de la adenda de simplificación del Plan de Recuperación aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre de 2025 y busca dar continuidad a los recursos europeos una vez finalice el plazo de ejecución previsto para agosto de 2026. Al mismo tiempo, el Ejecutivo quiere consolidar una herramienta estable de financiación pública con vocación de largo plazo. El acuerdo aprobado autoriza la transferencia de hasta 10.500 millones de euros al ICO procedentes de los préstamos del Plan de Recuperación europeo. Esa cantidad se destinará a ampliar el capital del organismo y fortalecerá de forma estructural sus recursos para desplegar los instrumentos financieros asociados al fondo. A ello se suman otros 2.800 millones de euros no reembolsables destinados a compensar el coste concesional que asumirá el ICO en determinadas operaciones financiadas por el fondo. Según el Ejecutivo, esos recursos permanecerán en una cuenta independiente y se irán incorporando progresivamente a los fondos propios del organismo conforme se formalicen las operaciones. Gracias a esta estructura financiera, España Crece podrá ofrecer financiación en condiciones más favorables, tanto en plazos como en costes, en aquellas inversiones donde el respaldo público resulte decisivo. El diseño del fondo pretende, además, mantener intactos los criterios de prudencia financiera y la solvencia patrimonial del ICO como banco público de promoción. Con esta ampliación de capital, el ICO tendrá capacidad para financiar hasta 60.000 millones de euros. Sumando la participación de inversores privados, el Gobierno calcula que el volumen total de inversión movilizada podría alcanzar los 120.000 millones de euros. El fondo utilizará diferentes instrumentos financieros, entre ellos préstamos, financiación de proyectos, avales y participaciones de capital, dirigidos especialmente a apoyar a las pequeñas y medianas empresas durante todas las fases de su desarrollo. El Ejecutivo ha señalado que el fondo dará prioridad a proyectos considerados estratégicos para la transformación económica del país. Entre ellos figuran la construcción de vivienda en alquiler asequible, la transición energética y las iniciativas innovadoras vinculadas a sectores de alto valor añadido, con el objetivo de favorecer un crecimiento equilibrado en todo el territorio. España Crece también aspira a coordinar y complementar el conjunto de herramientas públicas de financiación orientadas a impulsar la productividad y el crecimiento económico sostenible a largo plazo. Además, el acuerdo aprobado habilita a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para aprobar la futura Estrategia de Inversión del fondo, a propuesta del Ministerio de Economía. Ese documento fijará las líneas generales de actuación, los criterios sectoriales prioritarios y las operaciones que podrán financiarse, siguiendo las condiciones establecidas por la Comisión Europea dentro del marco del Plan de Recuperación. La estrategia incorporará además los criterios ambientales exigidos por Bruselas, incluido el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, y priorizará proyectos con capacidad transformadora y potencial para elevar la productividad de la economía española a largo plazo. Las líneas de actuación podrán revisarse periódicamente para adaptarse a las necesidades de inversión y a la evolución del tejido empresarial. La transferencia de recursos al ICO aprobada este martes y la futura Estrategia de Inversión constituyen los dos compromisos adquiridos con la Comisión Europea para completar definitivamente el despliegue del fondo España Crece.

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(Expansión, 19-05-2026) | Fiscal

Shakira se une al selecto elenco de personalidades que derrotaron a Hacienda

La Audiencia Nacional ha reprendido a Hacienda por sancionar a la artista sin haber acreditado que residiera en España más de los 163 días constatados en 2011, cuando la normativa exige superar los 183 días para determinar la residencia fiscal. Pese al revés judicial, la Agencia Tributaria prevé llevar el caso ante el Tribunal Supremo. "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", canta Shakira en uno de sus temas más conocidos, donde también lamentaba haberse quedado "con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda". Después de ocho años de batalla judicial, la cantante colombiana ha conseguido una victoria que anula la reclamación tributaria pendiente y puede marcar un precedente relevante para otros rostros conocidos enfrentados al Fisco. La sentencia fija con claridad el umbral de los 183 días de permanencia en España dentro de un año natural para exigir la tributación como residente fiscal, lo que podría reforzar la posición de otras celebridades inmersas en disputas similares con la Agencia Tributaria. El fallo se suma a otros éxitos judiciales logrados por figuras como Ana Duato o Xabi Alonso, que combatieron las acusaciones fiscales, a diferencia de Leo Messi o Cristiano Ronaldo, que optaron por pactar. La defensa de Shakira ha estado liderada por José Luis Prada, especialista en derecho tributario y socio director de Prada Tax Advisors. El abogado, antiguo responsable de EY Abogados en Barcelona, creó recientemente su propio despacho centrado en fiscalidad patrimonial, empresarial y procesal. Entre sus clientes figuran compañías del Ibex, filiales de multinacionales, empresas familiares y grandes patrimonios. Con esta representación, la artista logró que la Audiencia Nacional anulase una reclamación de 55 millones de euros vinculada a supuestos incumplimientos fiscales de 2011, en un fallo que puede limitar la estrategia de Hacienda contra presuntos falsos residentes fiscales. Los magistrados concluyen que el Fisco no logró demostrar que Shakira viviera en España más de 163 días ese año, lejos del mínimo de 183 exigido legalmente. La resolución deja sin efecto las liquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes a 2011, así como las sanciones asociadas, después de que Hacienda y el Tribunal Económico-Administrativo Central consideraran que la cantante debía tributar en España por todas sus rentas mundiales. La decisión judicial elimina además la multa por infracción muy grave, los intereses y obliga a la Administración a asumir las costas. Aunque la cuantía total en disputa rondaba los 60 millones de euros, los técnicos de Gestha estiman que la devolución efectiva sería aproximadamente la mitad, dado que Shakira no abonó la sanción mientras recurría. Los jueces sostienen que las liquidaciones y sanciones "son contrarias a Derecho" porque parten de la premisa de que la cantante tenía su domicilio fiscal en España en 2011 sin que ello haya quedado probado. La Audiencia recuerda que corresponde a Hacienda acreditar que el contribuyente permaneció más de 183 días en territorio español, tal y como establece la Ley del IRPF. Para ello, la Agencia Tributaria suele realizar investigaciones exhaustivas analizando consumos domésticos, visitas médicas, escolarización de hijos, movimientos bancarios, actividad telefónica o publicaciones en redes sociales. En el caso de Shakira, sin embargo, los inspectores no consiguieron acreditar 20 días adicionales de permanencia en España y centraron buena parte de su estrategia en cuestionar su residencia en Bahamas y la validez del certificado fiscal aportado. La Audiencia considera irrelevante que Bahamas fuera o no considerado paraíso fiscal en 2011, ya que, según el fallo, la cantante acreditó haber pasado al menos 183 días fuera de España. Tampoco quedó probado que tuviera en España el núcleo principal de sus intereses económicos. Tras conocerse la sentencia, Shakira aseguró en un comunicado que, después de más de ocho años de "señalamiento público", campañas para destruir su reputación y problemas personales derivados del proceso, la Audiencia Nacional "ha puesto las cosas en su sitio". La artista defendió que "nunca hubo fraude" y que la Administración no pudo demostrar lo contrario. No obstante, la cantante evitó mencionar que previamente aceptó una condena de tres años de prisión -que no implicó ingreso en la cárcel- y una multa de 7,3 millones de euros por fraude fiscal entre 2012 y 2014, tras reconocer que debía haber tributado en España durante esos ejercicios. Precisamente ese antecedente fue destacado ayer por la Agencia Tributaria, que ya ha pedido a la Abogacía del Estado recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, donde continuará el enfrentamiento judicial con la artista.

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(El Economista, 19-05-2026) | Fiscal

El Supremo resolverá si la valoración que utiliza Hacienda de una vivienda para pagar impuestos puede corregirse con un informe pericial

El valor de referencia que utiliza Hacienda para calcular los impuestos en la compra o herencia de inmuebles llega al Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo deberá determinar si ese valor fijado por el Catastro, que sirve como base para liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Sucesiones y Donaciones, puede ser sustituido por el que establezca una tasación pericial individualizada de la vivienda. El alto tribunal, en un auto fechado el pasado 29 de abril, ha admitido a trámite el recurso presentado por la Hacienda canaria contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que dio la razón a un contribuyente que recurrió el valor de referencia asignado por el Catastro tras comprar un inmueble. El informe pericial aportado por el propietario, elaborado después de inspeccionar la vivienda y analizar elementos como su superficie, estado de conservación, distribución o número de habitaciones y baños, fijó el valor del inmueble en 255.000 euros. Sin embargo, la Administración sostiene que debe tributar por el valor de referencia establecido por el Catastro, situado en 302.000 euros. El Supremo considera necesario pronunciarse debido a la ausencia de doctrina sobre esta cuestión y al elevado número de contribuyentes afectados. La sentencia deberá aclarar si el valor de referencia de la Dirección General del Catastro debe prevalecer obligatoriamente como base imponible del impuesto o si puede ser cuestionado ante los tribunales mediante otras pruebas, como informes periciales independientes. La futura resolución del alto tribunal será clave para miles de personas que compran o heredan una vivienda y mantienen litigios con Hacienda por el valor fiscal asignado al inmueble. Desde el 1 de enero de 2022, las haciendas autonómicas utilizan este valor de referencia calculado por el Catastro, que se basa en los precios medios de compraventa de cada zona y en parámetros tipo de los inmuebles. Los contribuyentes pueden impugnarlo una vez abonado el impuesto correspondiente. En esos casos, Hacienda solicita al Catastro un informe vinculante que confirme o rectifique el valor inicialmente fijado y que acaba siendo el aplicado en la liquidación. Lo que ahora deberá aclarar el Supremo es si ese segundo pronunciamiento del Catastro también puede ser combatido judicialmente mediante otras pruebas. El tribunal recuerda además que el Tribunal Constitucional avaló el pasado 12 de febrero la legalidad del valor de referencia, aunque dejó claro que puede ser rebatido utilizando cualquier medio probatorio. Según recoge el Supremo, el Constitucional entiende que este sistema funciona como una presunción "iuris tantum", es decir, válida salvo que se demuestre lo contrario, permitiendo a los contribuyentes acreditar un valor diferente incluso mediante informes periciales. Ante la negativa habitual de Hacienda a aceptar valoraciones distintas a las del Catastro, el Supremo deberá definir ahora el alcance real del derecho de los ciudadanos a impugnar este indicador y si las tasaciones realizadas por expertos pueden utilizarse para desvirtuarlo ante los tribunales. Si la respuesta es afirmativa, se abriría la puerta a recurrir numerosas liquidaciones tributarias apoyándose en informes periciales individualizados.

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(Expansión, 19-05-2026) | Laboral

El Supremo obliga al SEPE a conceder el pago único del paro a los autónomos familiares

El Tribunal Supremo ha reforzado el derecho de los autónomos colaboradores a capitalizar la prestación por desempleo para incorporarse a un negocio familiar y darse de alta en la Seguridad Social. En una sentencia fechada el 11 de marzo de 2026, la Sala de lo Social corrige el criterio restrictivo que venía manteniendo el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y reconoce que estos trabajadores pueden acceder plenamente al pago único del paro cuando deciden integrarse en la actividad de un familiar. El caso parte de una trabajadora de Barcelona que, tras quedarse en paro, solicitó cobrar de forma anticipada su prestación para darse de alta como autónoma colaboradora en el negocio de su marido. Aunque inicialmente el SEPE autorizó la ayuda, posteriormente revocó la decisión y reclamó la devolución del dinero. El organismo entendía que la capitalización del desempleo está pensada para financiar inversiones necesarias para iniciar una actividad económica y defendía que, al tratarse de una empresa ya en marcha, no existía una inversión que justificara la concesión. La sentencia del Supremo, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, rechaza de forma tajante ese planteamiento. Los magistrados recuerdan que la finalidad de la norma es favorecer el autoempleo y subrayan que ninguna disposición legal excluye expresamente a los autónomos colaboradores del acceso a esta modalidad de cobro de la prestación. El tribunal destaca además que estos trabajadores, aunque se incorporen a un negocio ya existente, deben asumir personalmente el pago de sus cotizaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Precisamente, la legislación contempla que el pago único pueda destinarse a cubrir esas cuotas mensuales a la Seguridad Social, un gasto que el Supremo considera suficiente para justificar el acceso a la ayuda. Hasta ahora existían resoluciones contradictorias sobre esta cuestión. Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respaldó la posición de la trabajadora, otros órganos judiciales, como el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, habían avalado la interpretación del SEPE. Con esta resolución, el Supremo unifica doctrina y deja claro que el objetivo de la norma es facilitar la reincorporación al mercado laboral, sin que el vínculo familiar con el titular del negocio suponga un impedimento. La sentencia insiste en que el autónomo colaborador afronta con su propio patrimonio el coste de las cotizaciones sociales, lo que justifica la necesidad de apoyo económico mediante la capitalización del paro. Por ello, los magistrados concluyen que debe reconocerse "el derecho a percibir la prestación por desempleo en pago único en la modalidad de subvención para el abono de las cotizaciones de Seguridad Social". El fallo supone además un respaldo importante para los pequeños negocios familiares, ya que permitirá que cónyuges e hijos de autónomos utilicen las prestaciones acumuladas por desempleo para incorporarse a la actividad y aliviar el impacto económico que supone asumir desde el primer día la cuota mensual de autónomos.

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(Expansión, 19-05-2026) | Laboral

El sueldo medio en el tercer sector subirá un 23% con la equiparación

"Europa se dirige hacia un modelo de prestaciones sociales que alcance también a las clases medias y trabajadoras", sostiene la consellera de Afers Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo. "No podíamos permitir que hubiera profesionales de primera y de segunda dentro del tercer sector", explica Martínez Bravo, doctora en Economía y responsable del departamento desde el verano de 2024. La consellera atiende a EXPANSIÓN tras cerrar un acuerdo con sindicatos y patronales para elevar los salarios y aproximar gradualmente las condiciones laborales del sector a las de los empleados públicos. La medida beneficiará a unas 120.000 personas, que verán incrementados sus salarios un 23% cuando el acuerdo se complete en 2030. "Desde el primer momento el Govern consideró esta cuestión una prioridad, porque el ámbito social es donde se concentran los salarios más bajos y donde existía más margen de mejora", afirma. Martínez Bravo admite que la equiparación no era sencilla debido a la gran cantidad de convenios existentes en el sector. Por ello, el Ejecutivo catalán impulsará un nuevo sistema para fijar tarifas que premie a las entidades que mejoren las condiciones salariales de sus trabajadores. "Queremos implantar un modelo basado en incentivos: entre dos proveedores, recibirá una mayor retribución quien pague mejor a sus profesionales", explica. Para hacer viable esta equiparación, la Generalitat destinará 150 millones de euros adicionales al año durante los próximos cuatro ejercicios. El tercer sector engloba áreas como la dependencia, la atención a la infancia y juventud, la salud mental o la asistencia a personas mayores. Precisamente en este último ámbito se registraban las mayores diferencias salariales respecto al sector público, con brechas de hasta el 42%. El salario medio pasará de 18.402 euros brutos anuales a 26.019 euros. Otro de los grandes desafíos de la consellera es la gestión de las ayudas económicas. Su departamento administra directamente 33 prestaciones, a las que se suman las destinadas a hogares con menores acogidos y el ingreso mínimo vital (IMV), cuya gestión asumirá la Generalitat "después del verano". Según detalla Martínez Bravo, será el Govern quien tramite las solicitudes, las valide y remita posteriormente la información al Instituto Nacional de la Seguridad Social, encargado de efectuar los pagos. La intención es avanzar hacia una ventanilla única junto a la renta garantizada de ciudadanía (RGC) para facilitar el acceso a más beneficiarios. La consellera recuerda que, de acuerdo con un estudio de Ivàlua, más del 65% de las familias que podrían recibir el IMV no lo solicitan, mientras que en el caso de la RGC el porcentaje asciende al 89,2%. Esta ayuda autonómica complementa el ingreso mínimo vital estatal. "Con una gestión centralizada será mucho más sencillo llegar a quienes tienen derecho a estas prestaciones, y ya hemos aprobado la creación de 115 plazas de empleo público para asumir esta tarea", señala. Martínez Bravo considera que las prestaciones sociales sí cumplen una función redistributiva, especialmente en el caso de las pensiones. "El sistema de pensiones redistribuye riqueza de forma muy significativa entre las personas mayores, pero en otros segmentos de edad el estado del bienestar tiene más dificultades para reducir desigualdades", apunta. A su juicio, existen estudios que evidencian que el sistema fiscal ha perdido capacidad redistributiva, lo que hace necesario reforzar las ayudas públicas más allá de la lucha contra la pobreza extrema. "Los países europeos avanzan hacia modelos de prestaciones dirigidos también a las clases medias y trabajadoras", insiste. En materia fiscal, critica los discursos que prometen rebajas de impuestos sin recortes de gasto público. "Resulta sorprendente que partidos de tradición centrista sostengan que bajar impuestos aumentará automáticamente la recaudación y evitará ajustes. Es una teoría ampliamente desacreditada por la ciencia económica", afirma. Respecto al debate migratorio y el auge de la ultraderecha, Martínez Bravo defiende el papel de la inmigración en Cataluña. "El Govern de Salvador Illa mantiene una posición firme frente a los discursos que criminalizan a la población migrante", asegura. La consellera recuerda que cada día unas 700.000 personas extranjeras trabajan en Cataluña y contribuyen de manera decisiva a la economía. "Sin ellas, estaríamos ante una crisis económica y también demográfica", sostiene. Según añade, sin inmigración el crecimiento vegetativo habría sido negativo desde 2018. Cataluña acaba de superar los ocho millones de habitantes y las previsiones apuntan a que podría alcanzar los diez millones en la década de 2040. Para Martínez Bravo, el debate no debe centrarse tanto en la cifra de población como en la capacidad de reforzar el estado del bienestar. "Si se fortalecen adecuadamente los servicios públicos y las políticas sociales, hay margen de crecimiento para todos", concluye.

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(El Economista, 19-05-2026) | Laboral

Las empresas que renuncian a contratar por el coste salarial tocan máximos

El desajuste entre la oferta y la demanda de trabajadores en España atraviesa una fase llamativa. Aunque el país todavía registra 2,6 millones de desempleados, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el número de vacantes sin cubrir alcanzó máximos históricos al cierre de 2025, con cerca de 156.000 puestos pendientes de ocupar. A este escenario se suma un fenómeno adicional: compañías que no buscan empleados no porque no los necesiten, sino porque consideran demasiado elevado el coste de incorporarlos a la plantilla. En 2025, este motivo alcanzó cifras récord, reflejando cómo las tensiones del mercado laboral ya afectan de lleno a las nóminas. El debate sobre las dificultades para encontrar trabajadores suele centrarse precisamente en los salarios y en el coste de contratación. Mientras sindicatos y Gobierno defienden que la escasez de mano de obra se resuelve mejorando las retribuciones, las patronales sostienen que el aumento de los costes laborales, derivado de mayores cotizaciones, impuestos y subidas del salario mínimo impulsadas por razones políticas, limita la capacidad de muchas empresas para contratar más personal. La Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) pregunta a las empresas por el número de vacantes disponibles y, cuando no tienen ninguna, indaga en los motivos. La mayoría, un 91%, asegura que simplemente no necesita trabajadores. Sin embargo, este porcentaje se situó a finales de 2025 en el nivel más bajo desde que comenzó la serie estadística en 2013. En cambio, las compañías que atribuyen la ausencia de contrataciones al elevado coste laboral alcanzaron el 5,3%, el porcentaje más alto registrado hasta ahora. Como ya ha señalado elEconomista.es, las cifras de vacantes en España siguen siendo reducidas en comparación con otros países europeos. De hecho, el INE refleja que existen alrededor de 16 desempleados por cada puesto vacante. Aun así, muchos analistas consideran que la evolución de esta encuesta evidencia un mercado laboral dinámico, coherente con el crecimiento del empleo y del PIB, aunque todavía marcado por un elevado desempleo estructural. Organismos como la AiRef ya advierten, además, de que este impulso económico podría estar perdiendo fuerza. Dentro de este contexto, el aumento de empresas que renuncian a contratar debido a los costes laborales dibuja una tendencia singular. Durante los años de recuperación posteriores a la crisis financiera, entre 2013 y 2018, el peso de este factor disminuyó progresivamente. Sin embargo, tras la pandemia volvió a repuntar con intensidad, pese a que el empleo continuó creciendo con fuerza. Una de las explicaciones apunta al fuerte incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), que subió un 22,3% en 2019. No obstante, el impacto de esta medida quedó parcialmente oculto por la irrupción de la pandemia, que paralizó gran parte de la actividad económica y redujo temporalmente las necesidades de contratación de muchas empresas. Con la recuperación económica, el coste salarial no actuó inicialmente como un gran freno a la creación de empleo, aunque la preocupación empresarial comenzó a intensificarse a partir de 2022, coincidiendo con la entrada en vigor de la reforma laboral. Aunque la norma no encareció directamente las contrataciones -salvo en los contratos de muy corta duración-, las restricciones al uso de contratos temporales, más baratos de extinguir que los indefinidos, llevaron a muchas compañías a replantearse sus costes laborales. A ello se sumó el aumento de las cotizaciones derivado de la reforma de las pensiones aprobada también en 2022. Todo ello coincidió con un fuerte episodio inflacionista agravado por la guerra en Ucrania y posteriormente alimentado por nuevas tensiones geopolíticas y comerciales, especialmente tras las políticas arancelarias impulsadas por la administración Trump en Estados Unidos. La combinación de todos estos factores ha llevado a máximos la proporción de empresas que descartan contratar por el coste que supone incorporar trabajadores. Lo más llamativo, además, es que este impacto afecta tanto a los empleos con salarios más elevados como a aquellos con remuneraciones más bajas.

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(La Vanguardia,19-05-2026) | Laboral

Sánchez Llibre renueva como presidente de Foment del Treball hasta 2030

La asamblea general de Foment del Treball ha reelegido este lunes a Josep Sánchez Llibre como presidente de la organización, cargo que mantendrá hasta 2030. El dirigente afrontaba el proceso electoral sin oposición, ya que no se presentó ninguna candidatura alternativa, por lo que la renovación se desarrolló sin sorpresas. Será su tercer mandato al frente de la patronal catalana, lo que supondrá acumular doce años en la presidencia al finalizar este nuevo periodo. Sánchez Llibre logró el respaldo de 290 avales de la junta directiva y fue recibido entre aplausos en el auditorio de la sede de la organización, acompañado por la música de la película Carros de fuego. Durante su intervención ante la asamblea, el presidente aseguró que su proclamación sin rival supone una muestra de confianza hacia el proyecto de la entidad y afirmó que ello le obliga a mantener el máximo nivel de exigencia. "No celebramos un simple trámite, sino la renovación de un compromiso", señaló. El dirigente explicó que este nuevo mandato estará marcado por la continuidad y fijó tres grandes prioridades: la defensa de la libertad de empresa, la protección de la propiedad privada y la garantía de la seguridad jurídica. En relación con las negociaciones entre el PSC y ERC para sacar adelante los próximos presupuestos de Cataluña, Sánchez Llibre expresó su deseo de que ambas formaciones alcancen un acuerdo, al considerar que un territorio no puede funcionar adecuadamente sin cuentas públicas aprobadas. No obstante, advirtió de que ese eventual pacto no debería traducirse en un aumento de la presión fiscal sobre empresas y familias, denunciando lo que calificó como un "ahogo fiscal" en Cataluña. Asimismo, anunció que durante esta nueva etapa pretende reforzar la relación entre Foment y la Generalitat con el objetivo de consolidar un espacio de diálogo permanente. En su discurso reivindicó el papel de la patronal como principal interlocutor económico de Cataluña y aseguró que la organización seguirá defendiendo a las empresas frente a discursos que, a su juicio, las sitúan bajo sospecha permanente o las criminalizan. En el acto participaron también el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi; el presidente de Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor; y la presidenta de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Ángela de Miguel. Durante su intervención, Garamendi reivindicó la responsabilidad que representan las organizaciones empresariales en un contexto que definió como marcado por el sectarismo y la radicalización, y afirmó que muchos empresarios no se sienten cómodos en el actual clima político y social. La renovación de Sánchez Llibre llega después de que la junta directiva de Foment aprobara a mediados de abril adelantar dos meses el calendario electoral y convocar las elecciones para este 18 de mayo. Además, hace dos años la patronal modificó sus estatutos para eliminar el límite de mandatos consecutivos en la presidencia. Hasta entonces, el reglamento impedía ocupar el cargo durante más de dos periodos seguidos de cuatro años. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales ya había adoptado previamente una reforma similar.

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(El Periódico, 19-05-2026) | Laboral

El Gobierno prepara el mayor cambio en el fichaje laboral desde 2019: registro digital obligatorio y multas de hasta 10.000 euros

El registro horario obligatorio lleva en vigor en España cerca de seis años, pero el Gobierno quiere reforzar ahora el sistema mediante una reforma que obligará a implantar un fichaje digital y permitirá a la Inspección de Trabajo acceder de forma remota a los datos. Además, el Ejecutivo estudia endurecer las sanciones para las empresas que incumplan la normativa. La iniciativa forma parte del Plan Anual Normativo y se integra en la reforma del control horario impulsada por el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz. Entre las medidas planteadas figura la desaparición progresiva de métodos considerados poco seguros o fácilmente manipulables, como los registros en papel o determinados sistemas basados en hojas de cálculo Excel. Las nuevas multas podrían llegar hasta los 10.000 euros por cada trabajador afectado en los supuestos más graves. No obstante, el nuevo modelo todavía no ha sido aprobado definitivamente y varias de las medidas siguen pendientes de desarrollo normativo. Lo que sí está plenamente vigente desde mayo de 2019 es la obligación de registrar diariamente la jornada laboral. Esta exigencia se introdujo mediante el Real Decreto-ley 8/2019, que modificó el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores y obligó a las empresas a dejar constancia de la hora exacta de entrada y salida de cada empleado. Desde entonces, las compañías pueden utilizar distintos sistemas de control horario siempre que los registros sean fiables y estén disponibles para la Inspección de Trabajo. Muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, continúan utilizando hojas firmadas, cuadrantes o archivos Excel para cumplir con esta obligación. El objetivo del Ministerio de Trabajo es avanzar hacia un sistema "objetivo, fiable y accesible". Los borradores conocidos hasta ahora apuntan a un modelo completamente digital, con trazabilidad de los datos y capacidad de supervisión inmediata por parte de la Inspección. Según el planteamiento del Gobierno, la reforma busca reforzar el control de las horas extraordinarias y evitar posibles manipulaciones de los registros de jornada. Trabajo considera que algunos de los métodos actuales dificultan la labor inspectora y no garantizan plenamente la autenticidad de la información. Entre las principales medidas que se estudian destacan la obligatoriedad de utilizar formatos digitales, la conservación segura y accesible de los registros, el acceso remoto para la Inspección de Trabajo, sistemas de identificación fiables para los empleados y un mayor control sobre las horas extra realizadas. La reforma también prevé modificar el régimen sancionador. Actualmente, las infracciones relacionadas con el registro horario se castigan conforme a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), pero el Ejecutivo quiere elevar de forma significativa las cuantías y aplicar las multas de manera individualizada por cada trabajador afectado. Pese a ello, el proyecto sigue generando debate tanto en el ámbito jurídico como empresarial. El Consejo de Estado ha planteado objeciones sobre algunos aspectos del futuro sistema, especialmente en cuestiones relacionadas con la protección de datos, la carga administrativa para las pymes y el alcance técnico de determinadas obligaciones. También persisten dudas sobre cómo se aplicará la futura normativa al teletrabajo, a los empleados con horarios flexibles o a sectores donde el control de jornada resulta más complejo. Por el momento, el fichaje en papel no ha sido prohibido de forma general y tampoco existe una fecha definitiva para la entrada en vigor del futuro modelo digital obligatorio. Lo que sí parece claro es la intención del Gobierno de avanzar hacia un sistema de control horario mucho más automatizado, supervisable y sometido a vigilancia directa por parte de la Inspección de Trabajo.

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