Donald Trump estudia medidas para contener el precio de los carburantes en Estados Unidos ante la proximidad de las elecciones legislativas de noviembre. Entre las opciones que maneja la Casa Blanca figura restringir la exportación de diésel con el objetivo de aumentar la oferta disponible en el mercado interno y moderar la escalada de precios. El presidente estadounidense ha confirmado que su Administración está valorando seriamente esta posibilidad, en un contexto marcado por el encarecimiento de los combustibles derivado de la guerra con Irán.
El diésel, fundamental para el transporte, la agricultura y buena parte de la actividad económica, ha registrado máximos en Estados Unidos durante las últimas semanas, llegando a superar los 6,52 dólares por galón, equivalentes a unos 1,72 dólares o 1,51 euros por litro. Según los datos de la Asociación Automovilística Americana (AAA), el precio se ha incrementado un 73% respecto a los niveles previos al conflicto. La situación ha generado presión política dentro del Partido Republicano, con candidatos de estados como Iowa y Michigan reclamando limitar las exportaciones de diésel refinado para reforzar el abastecimiento nacional.
Estados Unidos consume actualmente alrededor de 4,1 millones de barriles de diésel diarios y exporta otros 1,5 millones, según S&P Global Energy. Una reducción significativa de estas ventas al exterior podría afectar al suministro internacional y ha provocado la preocupación de la Comisión Europea, que advierte de posibles efectos sobre los precios y los consumidores a ambos lados del Atlántico. El secretario de Energía, Chris Wright, ha señalado que no se plantea necesariamente una prohibición permanente y que una de las alternativas estudiadas sería limitar las exportaciones durante 90 días.
La evolución del mercado energético está estrechamente vinculada a las negociaciones para tratar de poner fin al conflicto con Irán. Teherán ha aprovechado la Asamblea General de Naciones Unidas para plantear la reapertura del estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos reduce su presión militar, mientras Washington reclama garantías relacionadas con el programa nuclear iraní. Trump, por su parte, no contempla que pueda alcanzarse un acuerdo antes de las elecciones legislativas de noviembre.
El mercado hipotecario registró una evolución desigual en julio. En total se formalizaron 43.372 hipotecas sobre viviendas, un 3,5% menos que en el mismo mes del año anterior, lo que supone alrededor de 1.500 operaciones menos. El dato confirma cierta moderación después del fuerte crecimiento experimentado durante 2025, aunque, teniendo en cuenta la habitual caída de la actividad durante los meses de verano, julio cerró como el segundo mejor registro para este periodo en los últimos 16 años.
La reducción del número de operaciones contrasta con el incremento del importe medio de los préstamos. Las nuevas hipotecas destinadas a la compra de vivienda alcanzaron una cuantía media de 180.785 euros, un 10,9% más que un año antes y el importe más elevado desde que el INE comenzó a recopilar esta estadística en 2015. La evolución refleja el impacto que está teniendo el encarecimiento de la vivienda sobre quienes necesitan recurrir a la financiación para acceder a una casa.
El coste de las nuevas hipotecas también aumentó. El tipo de interés medio se situó en el 3,01%, su nivel más alto desde enero de 2025, cuando alcanzó el 3,08%. La evolución se produce en un contexto de tipos de interés todavía elevados y después de las últimas decisiones del Banco Central Europeo, que mantiene el precio oficial del dinero en el 2,5%.
Los datos de julio muestran, por tanto, un mercado en el que se conceden menos préstamos que hace un año, pero por cantidades considerablemente superiores. La combinación de la resistencia de los precios de la vivienda y unas condiciones de financiación todavía exigentes condiciona la capacidad de acceso de los compradores y refleja la adaptación del mercado al actual escenario monetario.
La evolución por comunidades autónomas fue desigual. Andalucía concentró el mayor número de operaciones, con 8.136 hipotecas, aunque experimentó un descenso mensual del 12,7% y una caída interanual del 9,3%. Madrid registró 5.624 operaciones, un 19,4% menos que en junio y un 5,2% menos que un año antes. También sufrieron retrocesos relevantes País Vasco, Aragón, Canarias, Cantabria y La Rioja.
Cataluña presentó el comportamiento más expansivo entre los grandes mercados. Con 8.858 hipotecas, incrementó las operaciones un 10,1% respecto a junio y un 4,9% en comparación con julio de 2025. También aumentó la actividad en Galicia, Baleares, Castilla y León, Asturias y Murcia, aunque con volúmenes inferiores a los de los principales mercados.
En la comparación interanual, Cataluña volvió a situarse entre las comunidades con mayor crecimiento, con más de 400 operaciones adicionales respecto a julio del año anterior. Galicia, Castilla y León y Baleares también registraron avances. En sentido contrario, Andalucía sufrió el mayor descenso en términos absolutos, con alrededor de 835 hipotecas menos que un año antes, mientras Madrid perdió más de 300 operaciones y Canarias presentó uno de los retrocesos porcentuales más acusados.
El resultado es un mercado hipotecario territorialmente heterogéneo, en el que algunas comunidades mantienen el crecimiento pese al contexto de tipos de interés y precios elevados, mientras otras experimentan una pérdida significativa de actividad. En conjunto, la estadística de julio apunta a una moderación del número de operaciones, pero también a un aumento considerable del volumen de financiación necesario para adquirir una vivienda.
El Gobierno limitará desde este martes la subida de la tarifa regulada del gas y del precio de la bombona de butano para contener el impacto del encarecimiento de la energía durante los próximos meses. La medida se incorporará al nuevo decreto de respuesta a la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Próximo y afectará a los más de 3,1 millones de hogares acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR), alrededor del 40% del total. Sin esta intervención, la revisión prevista para el 1 de octubre habría elevado el recibo del gas más de un 45%.
El incremento de la TUR quedará limitado inicialmente a alrededor del 15%, mientras que en las revisiones posteriores se aplicará un mecanismo para contener las subidas hasta que el sistema recupere el equilibrio. El coste derivado de esta limitación no se financiará directamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sino que generará un déficit para las comercializadoras de último recurso que se compensará posteriormente cuando disminuyan los precios de la materia prima.
La intervención también afectará al butano, utilizado por unos siete millones de consumidores, especialmente en zonas rurales. El precio de la bombona podrá situarse como máximo en 19,55 euros hasta junio de 2027, frente a los 18,84 euros actuales. El eventual déficit generado se absorberá mediante el mecanismo habitual de revisión del gas licuado de petróleo envasado, que limita las variaciones a un 2% al alza o a la baja en cada actualización bimestral.
Las medidas llegan en un contexto de fuerte tensión en los mercados energéticos internacionales. El precio del gas en los principales mercados europeos supera los 70 euros por megavatio hora, frente a niveles inferiores a 30 euros antes del inicio de la escalada bélica con Irán. Las dificultades en el transporte a través del estrecho de Ormuz, los daños en infraestructuras energéticas y las nuevas sanciones europeas contra Rusia están contribuyendo a mantener elevada la presión sobre la oferta y los precios de los hidrocarburos.
El Ejecutivo pretende así evitar que el encarecimiento del gas y los combustibles se traslade al conjunto de la economía mediante un aumento de los costes de producción. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha advertido del riesgo de que se produzcan efectos de segunda ronda sobre la inflación, especialmente en productos como los alimentos. La Comisión Europea, sin embargo, ha recomendado a los Estados miembros limitar las medidas que puedan estimular la demanda de hidrocarburos, lo que introduce un elemento adicional de debate sobre el alcance de las intervenciones nacionales.
La inflación anual se situó en el 4,9% en septiembre de 2026, según el indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone un repunte de seis décimas respecto al 4,3% registrado en agosto. El avance refleja principalmente el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos, cuyos precios aumentaron en septiembre frente al descenso registrado un año antes, así como una menor caída de los precios de los paquetes turísticos.
La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, también aceleró su evolución, aunque de forma más moderada, al aumentar dos décimas hasta el 3,1%. De confirmarse estos datos, la evolución de los precios mantendría la presión sobre los hogares y las empresas en un contexto marcado por el fuerte incremento de los costes energéticos.
En términos mensuales, los precios de consumo aumentaron un 0,3% en septiembre respecto a agosto. Por su parte, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) elevó su tasa anual cuatro décimas, hasta el 5%, mientras que la inflación subyacente armonizada se situó en el 3,2%. La variación mensual estimada del IPCA fue del 0,6%.
El Gobierno afronta la recta final de septiembre con un margen fiscal muy reducido para aprobar un nuevo paquete de medidas contra el encarecimiento de la energía sin alejarse de los compromisos asumidos con Bruselas. El Ejecutivo prevé aprobar este martes un nuevo escudo anticrisis junto al decreto de vivienda y estudia solicitar a la Comisión Europea una mayor flexibilidad en la aplicación de las reglas fiscales para disponer de capacidad adicional de gasto.
Desde el inicio de la escalada del precio del petróleo tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, España ha puesto en marcha dos paquetes de medidas. El primero, aprobado en marzo, incluyó importantes reducciones fiscales y ayudas sobre los carburantes, mientras que el segundo, aprobado posteriormente, prorrogó parte de estas actuaciones con un alcance menor. En conjunto, ambos programas han movilizado alrededor de 10.000 millones de euros.
Este esfuerzo ha reducido de forma considerable el margen disponible dentro de la senda fiscal pactada con Bruselas para el periodo 2025-2031. El acuerdo establece un crecimiento medio anual del 3% del gasto público neto, una magnitud que excluye, entre otros conceptos, los intereses de la deuda y determinados gastos extraordinarios. España ya se encontraba cerca del límite de cumplimiento antes de que fuera necesario plantear un nuevo paquete de ayudas.
Las primeras medidas se diseñaron bajo la expectativa de que el conflicto de Oriente Próximo tendría una duración limitada y de que los precios energéticos comenzarían a normalizarse después del verano. Por este motivo, la prórroga aprobada en julio eliminó algunas actuaciones, como determinadas rebajas del IVA de la electricidad, y redujo otras, entre ellas las bonificaciones aplicadas al diésel.
Sin embargo, la prolongación del conflicto ha cambiado el escenario. Los precios del gas mantienen una trayectoria ascendente y podrían terminar trasladando nuevas presiones al mercado eléctrico. La inflación española cerró agosto en el 4,3% y las previsiones apuntan a que podría aproximarse al 5% en septiembre.
Bruselas ya había advertido durante la primavera de que España se encontraba en riesgo de incumplir los compromisos fiscales asumidos para los próximos ejercicios. El cumplimiento se vio facilitado por la activación de una excepción parcial de las reglas fiscales destinada exclusivamente al incremento del gasto en Defensa entre 2025 y 2028.
Esta primera flexibilización dejó a España un margen adicional equivalente a unas dos décimas de PIB, alrededor de 3.400 millones de euros. Después de la aprobación del segundo paquete de medidas y ante la necesidad de poner en marcha un tercero, el Gobierno busca ahora ampliar ese espacio. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló recientemente en el Congreso que el Ejecutivo estaba negociando con Bruselas la flexibilidad adicional necesaria para mantener el cumplimiento del marco fiscal europeo.
La vía que estudia el Gobierno pasa por utilizar una segunda cláusula nacional de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, independiente de la excepción ya activada para Defensa. Si España pudiera acogerse a este mecanismo para determinadas actuaciones relacionadas con la crisis energética, dispondría de un margen acumulado de hasta el 0,6% del PIB hasta 2028. La cifra rondaría los 10.000 millones de euros, aunque no podría utilizarse íntegramente en un solo ejercicio. El límite anual se situaría en tres décimas de PIB, unos 5.000 millones.
La utilización de esta excepción, además, estaría condicionada al tipo de medidas que se financien. La Comisión Europea ha establecido que las actuaciones deben contribuir a la transición energética y reforzar la resiliencia del sistema energético europeo. Entre las iniciativas que pueden quedar cubiertas figuran las ayudas a las energías renovables, la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, las inversiones en redes eléctricas o determinadas actuaciones relacionadas con la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares.
Por el contrario, las orientaciones comunitarias excluyen expresamente medidas como las reducciones de impuestos sobre los combustibles fósiles, las ayudas directas a estos productos, los precios regulados o determinadas subvenciones destinadas exclusivamente a compensar el impacto de los elevados precios energéticos sin generar mejoras estructurales en el sistema.
Esta limitación condiciona las opciones del Ejecutivo para diseñar el nuevo paquete. El Gobierno está negociando con Bruselas qué actuaciones podrían acogerse a la cláusula de salvaguardia antes de comprometer un mayor gasto, ya que solicitar más margen fiscal no permitiría posteriormente utilizarlo para medidas que queden fuera de las condiciones fijadas por la Comisión.
Entre las propuestas que presentan más dificultades se encuentra la recuperación de mecanismos destinados a limitar directamente el precio del gas. La denominada excepción ibérica, que actuaba sobre el mercado mayorista para evitar que el encarecimiento del gas se trasladara íntegramente al precio de la electricidad, vuelve a estar sobre la mesa, aunque existen dudas sobre su compatibilidad con las exigencias europeas y sobre sus posibles efectos en el sector fotovoltaico.
El funcionamiento actual del mercado hace que el gas determine el precio de la electricidad únicamente durante determinadas horas, principalmente al final de la tarde. Sin embargo, esas horas tienen importancia para las instalaciones renovables, ya que permiten compensar parcialmente los precios más bajos registrados durante las horas de mayor producción solar.
Otra de las alternativas que se estudian es limitar el incremento de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas. Esta medida tendría impacto sobre los aproximadamente tres millones de consumidores acogidos a esta tarifa y permitiría amortiguar la subida prevista para los próximos meses, ante el riesgo de que el precio regulado del gas aumente de forma significativa durante el otoño.
El Ejecutivo afronta así una doble restricción: por un lado, la necesidad de responder al repunte de los precios energéticos y evitar una mayor pérdida de poder adquisitivo; por otro, el reducido margen presupuestario disponible y las condiciones que Bruselas impone para flexibilizar temporalmente las reglas fiscales. La composición final del nuevo paquete de ayudas dependerá en buena medida de qué medidas puedan ser aceptadas dentro de este marco europeo.
El Gobierno afronta los últimos días de septiembre con una agenda económica especialmente intensa, que anticipa buena parte de los asuntos que marcarán la actividad del Ejecutivo y del Congreso hasta final de año. Entre las cuestiones pendientes se encuentran la reforma del sistema de financiación autonómica y la condonación de parte de la deuda de las comunidades, que deberán pasar por el Parlamento, así como la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, las primeras cuentas de la actual legislatura.
Uno de los principales asuntos de la semana será la solicitud del séptimo y último desembolso de los fondos europeos. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa deberá remitir a la Comisión Europea, entre hoy y el miércoles, la petición correspondiente a los 148 hitos que todavía quedan por completar. España aspira con este trámite a recibir alrededor de 26.000 millones de euros.
La solicitud, no obstante, llegará con uno de los compromisos pendientes después de que el Congreso rechazara el pasado 16 de septiembre el real decreto-ley que regulaba la actividad de los grupos de interés y contemplaba, entre otras medidas, la creación de un registro público estatal de lobbies. Este compromiso estaba vinculado al último pago de los fondos europeos, cuya evaluación deberá realizar Bruselas antes del 31 de diciembre. El incumplimiento podría suponer una reducción de hasta 1.500 millones de euros, aunque el Ministerio de Economía considera que el impacto final podría ser inferior.
El segundo gran frente económico de la semana está relacionado con la evolución de los precios. La prolongación del conflicto en Oriente Próximo continúa presionando al alza el coste de los carburantes y ha contribuido a que la inflación alcanzara el 4,3% en agosto. El encarecimiento energético empieza además a trasladarse a otros componentes de la cesta de consumo.
Ante esta situación, el Consejo de Ministros aprobará un nuevo decreto de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Irán. La decisión llega en un momento en el que el margen fiscal del Ejecutivo es limitado, una circunstancia que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha señalado en sus últimos análisis.
Los sectores profesionales consultados por el Gobierno en las últimas semanas consideran que la mera prolongación de las ayudas actualmente vigentes no será suficiente para contener el aumento de los precios. Entre las propuestas planteadas figura la ampliación de las bonificaciones existentes. El sector del transporte reclama, por ejemplo, un descuento de 40 céntimos por litro de combustible hasta final de año. También se estudia recuperar determinadas ventajas fiscales en el IRPF para los agricultores por la adquisición de gasóleo profesional y fertilizantes.
El nuevo paquete se incorporará a las medidas aprobadas anteriormente por el Ejecutivo para hacer frente al impacto económico del conflicto. Los dos primeros programas movilizaron unos 10.000 millones de euros y fueron convalidados por el Congreso. Según las estimaciones del Gobierno, estas actuaciones habrían reducido en aproximadamente un punto la inflación desde el inicio de la guerra de Irán a finales de febrero.
El tercer gran asunto de la agenda económica será el nuevo decreto de vivienda. Las negociaciones entre el Gobierno y sus socios parlamentarios se aceleraron la semana pasada después del desahucio de una mujer de 87 años de una vivienda de renta antigua en Madrid, un caso que generó una amplia repercusión pública.
El Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, llevará al Consejo de Ministros un texto acordado con Junts y Sumar que recupera algunas medidas rechazadas por el Congreso en abril. Entre ellas figura una nueva prórroga de los contratos de alquiler que venzan antes de junio de 2028. La extensión tendría inicialmente una duración de un año y podría prolongarse durante otro ejercicio si así lo solicita el inquilino.
El decreto también podría incorporar un incremento del IVA aplicado a las viviendas destinadas al alquiler turístico, que pasaría del 10% al 21%, además de un aumento de las sanciones para los propietarios que incumplan las condiciones establecidas para los contratos de alquiler temporal.
Otra de las medidas que se negocian afecta a las empresas y fondos de inversión dedicados al alquiler residencial. El texto podría incluir restricciones para que determinados fondos no puedan efectuar desahucios y, en algunos supuestos, limitar también su capacidad para adquirir nuevas viviendas destinadas al arrendamiento. Esta propuesta forma parte de las demandas de Sumar y habría contado con el respaldo de Junts a cambio de incorporar medidas fiscales destinadas a favorecer el alquiler y el acceso a la vivienda.
Entre las propuestas planteadas por Junts figuran nuevas desgravaciones fiscales para propietarios e inquilinos, deducciones en el IRPF dirigidas a quienes adquieran una vivienda mediante una hipoteca y la creación de una cuenta de ahorro destinada a facilitar la compra de una vivienda en el futuro, con incentivos fiscales asociados.
La intensa agenda económica prevista para esta semana dejará, en cambio, pendiente otra de las medidas comprometidas por el Ministerio de Trabajo: el nuevo sistema de registro horario. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había anunciado su intención de llevarlo al Consejo de Ministros antes de que terminara septiembre, en un contexto marcado por las advertencias de los sindicatos sobre una posible ruptura de las negociaciones con el Ejecutivo.
La falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado alcanza ya los mil días desde que vencieron las últimas cuentas aprobadas, correspondientes a 2023. Durante este periodo, el Gobierno ha tenido que recurrir de forma creciente a modificaciones presupuestarias, ampliaciones de crédito y transferencias de recursos entre ministerios para adaptar unas cuentas que ya no responden plenamente a las necesidades económicas y políticas actuales. En conjunto, estos movimientos superan los 330.000 millones de euros.
La situación supone un periodo excepcionalmente prolongado de prórroga presupuestaria y se produce en una etapa marcada por importantes cambios en las necesidades de gasto público. Entre ellos se encuentran la gestión de los fondos europeos, el incremento de la demanda sobre los servicios públicos como consecuencia del crecimiento de la población, la presión derivada del mercado de la vivienda y el aumento del gasto en Defensa provocado por el contexto internacional y las guerras de Ucrania y Oriente Próximo.
El Gobierno ha defendido durante estos años que la ausencia de unas nuevas cuentas no le ha impedido desarrollar su programa y mantener el funcionamiento de la Administración. Sin embargo, la prórroga obliga a introducir modificaciones sobre las partidas inicialmente aprobadas para responder a circunstancias que no estaban contempladas en los Presupuestos de 2023.
Los datos de la Intervención de la Administración General del Estado muestran que este recurso a los ajustes presupuestarios se ha intensificado. Entre enero y julio de este año se realizaron modificaciones por cerca de 118.000 millones de euros, una cantidad que prácticamente alcanza la registrada durante todo 2025 y que supera la correspondiente a 2024, primer ejercicio completo bajo prórroga. Si se suman los tres ejercicios, el volumen de modificaciones y transferencias supera los 330.000 millones.
El mantenimiento de las cuentas prorrogadas también ha sido posible gracias al aumento de los ingresos públicos y al recurso al endeudamiento. La recaudación tributaria de la Agencia Tributaria superó el año pasado los 325.000 millones de euros, frente a los aproximadamente 272.000 millones obtenidos en 2023. La diferencia se sitúa en torno a 53.000 millones. La evolución continúa este año, ya que entre enero y julio los ingresos procedentes de los impuestos superaron los 200.000 millones, un 10,1% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Los fondos europeos han constituido otra fuente de financiación utilizada para atender determinadas necesidades de gasto en ausencia de nuevos Presupuestos. El Tribunal de Cuentas señaló que en 2024 se emplearon 2.389,4 millones de euros procedentes de fondos europeos que habían quedado disponibles para financiar el pago de pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos.
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, sostuvo posteriormente que esta actuación no implicaba la comisión de actuaciones ilegales. No obstante, el Congreso rechazó recientemente la Cuenta General del Estado en un contexto de críticas por la gestión presupuestaria de los fondos Next Generation EU. El último desembolso de este mecanismo deberá ser evaluado por la Comisión Europea a partir de octubre, antes de que pueda efectuarse el pago previsto hasta finales de diciembre.
La prolongación de la prórroga comienza, además, a limitar el margen de actuación del Ejecutivo en materia fiscal. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advirtió en julio de que España debía realizar un ajuste de unos 10.000 millones de euros durante este año para cumplir los compromisos fiscales asumidos con la Unión Europea. El organismo señaló que el gasto primario neto estaba creciendo a un ritmo del 6,4%, frente al límite del 3,5% acordado con Bruselas.
El margen para aplicar este ajuste se ha reducido también por el coste de las medidas adoptadas como respuesta al conflicto de Oriente Próximo. Según los cálculos del vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, estas actuaciones han supuesto alrededor de 10.000 millones de euros, mientras el Ejecutivo prepara nuevas medidas para afrontar el impacto sobre los costes provocado por la guerra de Irán.
En este contexto, la Airef ha reclamado que Hacienda cumpla su compromiso de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027. Su presidenta, Inés Olóndriz, ha defendido que la prórroga no debería prolongarse indefinidamente y que la propia presentación de unas nuevas cuentas tendría relevancia, aunque finalmente no lograran obtener el respaldo parlamentario necesario para su aprobación.
El principal obstáculo para que el Ejecutivo pueda poner fin a la actual situación sigue siendo su limitada capacidad para reunir apoyos suficientes en el Congreso. Mientras no se alcance un acuerdo parlamentario, el Gobierno continuará gestionando unas cuentas diseñadas para una realidad económica y política diferente, recurriendo a modificaciones presupuestarias para adaptar el gasto a las nuevas necesidades.
La Comisión Europea sitúa a España entre los países de la Unión Europea con mayor necesidad de desarrollar sistemas de ahorro complementario para la jubilación, debido a la presión que el envejecimiento de la población ejercerá sobre las cuentas públicas. El organismo comunitario también advierte del reducido grado de implantación que mantienen actualmente en España tanto los planes de pensiones de empleo como los individuales.
La reforma de las pensiones aprobada entre 2021 y 2023 no incorporó ajustes relevantes sobre el gasto futuro del sistema, por lo que el Gobierno planteó medidas complementarias destinadas a contener el impacto financiero que tendrá la jubilación de la generación del baby boom. Entre ellas se encuentran los cambios para compatibilizar pensión y trabajo y favorecer el retraso voluntario de la jubilación, así como el impulso del ahorro privado destinado a complementar las prestaciones públicas.
Sin embargo, varios años después de reducir los incentivos fiscales de los planes de pensiones individuales, aumentar los correspondientes a los planes de empleo y poner en marcha el denominado fondo público de pensiones, este último todavía no ha conseguido reunir una oferta significativa de planes colectivos de ahorro. España continúa, por tanto, entre los países europeos con menor desarrollo de la previsión social complementaria.
Esta situación adquiere especial relevancia ante el deterioro previsto de las cuentas de la Seguridad Social. El déficit contributivo ronda ya los 60.000 millones de euros y el sistema requiere una creciente aportación de recursos tributarios para afrontar sus obligaciones. La escasa acumulación de ahorro privado a largo plazo añade así otro elemento de presión sobre un modelo público que deberá afrontar en las próximas décadas el incremento del número de pensionistas.
La Comisión Europea analiza esta cuestión en su informe sobre las finanzas públicas de la Unión Europea, en el que estudia las medidas necesarias para hacer frente al aumento de las necesidades de gasto sin comprometer la estabilidad presupuestaria. El documento concluye que España presenta un amplio margen para desarrollar los sistemas complementarios de pensiones y plantea reforzarlos como una vía para contribuir a la sostenibilidad futura del sistema público y de las cuentas públicas.
El organismo comunitario utiliza dos indicadores para comparar la situación de los distintos países. El primero mide la madurez de los sistemas de previsión complementaria y refleja hasta qué punto están implantados estos mecanismos de ahorro. El segundo evalúa su potencial de expansión en función de las necesidades derivadas de la evolución demográfica y de la situación presupuestaria. La Comisión considera este último indicador de carácter prescriptivo, al señalar las actuaciones que deberían abordarse para reforzar estos sistemas.
En términos generales, Bruselas plantea aumentar el peso de los mecanismos complementarios para diversificar las fuentes de ingresos durante la jubilación y reducir parcialmente la presión que el envejecimiento generará sobre los presupuestos públicos. El objetivo señalado es garantizar unas prestaciones adecuadas utilizando el menor volumen posible de recursos públicos a lo largo del tiempo, sin poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas ni la actividad económica.
Los indicadores elaborados por la Comisión sitúan a España en el segundo lugar de la Unión Europea por potencial y necesidad de expansión de los sistemas complementarios, con una puntuación de 80,5 sobre 100. Solo Luxemburgo obtiene una puntuación superior, con 84 puntos, mientras que la media de la Unión Europea se sitúa en 54,1.
La situación cambia cuando se analiza específicamente la presión fiscal que afrontará el sistema público de reparto. En el periodo comprendido entre 2025 y 2040, España obtiene 25,1 puntos en el indicador que mide esta tensión, la cifra más elevada de toda la Unión Europea. El resultado supera ampliamente la media comunitaria, situada en 12,1 puntos, y también los registros de Italia, con 15,2 puntos, Alemania, con 12, y Francia, con 8,1.
El informe refleja así el elevado impacto que tendrán en España la evolución demográfica y el crecimiento del gasto asociado a las pensiones. El envejecimiento de la población incrementará la presión financiera sobre un sistema de reparto que deberá atender a un número creciente de jubilados durante las próximas décadas.
En cuanto al grado de implantación de los sistemas complementarios, España obtiene únicamente 12 puntos sobre 100 en el indicador de madurez, frente a los 25,7 puntos de media de la Unión Europea. La diferencia es especialmente significativa respecto a países con una mayor tradición de sistemas de capitalización, como Dinamarca, que alcanza 91,8 puntos, o Países Bajos, con 76,7.
España presenta en este apartado niveles similares a Francia, con 11,1 puntos, e Italia, con 12,4, mientras que Alemania alcanza 19,3. La diferencia respecto a algunos de estos países radica, según el análisis de la Comisión, en la evolución prevista del gasto público en pensiones, que crecerá de manera más contenida en Francia y Alemania durante los próximos quince años. En el caso español, esta combinación entre una baja implantación del ahorro complementario y una elevada presión futura sobre el sistema público explica la especial necesidad de desarrollar mecanismos adicionales de previsión para la jubilación.
Las pensiones de los nuevos jubilados del Régimen General, que constituyen la prestación más extendida y corresponden aproximadamente al 48% de los 10,5 millones de pensionistas, alcanzaron en agosto una media de 1.826 euros mensuales en catorce pagas. Equivalente a repartir la misma cantidad en doce mensualidades, la cuantía asciende a unos 2.130 euros al mes. Este importe refleja las prestaciones generadas por trabajadores que, en general, han acumulado carreras de cotización más prolongadas y estables y bases reguladoras más elevadas. La previsión es que la cuantía continúe aumentando a medida que las generaciones del baby boom accedan a la jubilación.
El incremento de las nuevas pensiones tiene, sin embargo, una repercusión directa sobre las cuentas de la Seguridad Social. El sistema afronta un déficit contributivo de alrededor de 60.000 millones de euros anuales, que se cubre mediante recursos procedentes de los impuestos y transferencias del Estado.
La presión es especialmente relevante porque el modelo español funciona mediante un sistema de reparto, en el que las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las prestaciones de los pensionistas. Su equilibrio depende, por tanto, de la relación entre el número de cotizantes y el de jubilados. Las previsiones demográficas de la Airef apuntan a que España mantendrá durante las próximas décadas una de las tasas de natalidad más reducidas del mundo, con una cifra cercana a un hijo por mujer en 2050, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional, situado en 2,1 hijos. Como consecuencia, la tasa de dependencia podría pasar del entorno del 30% actual a aproximarse al 40%.
La comparación entre las pensiones de los nuevos jubilados y los salarios actuales permite apreciar el elevado importe relativo de estas prestaciones. Los últimos datos del INE sobre distribución salarial por deciles, correspondientes a 2024, muestran que una pensión equivalente a 2.130 euros mensuales en doce pagas se encuentra por encima de la remuneración media de una parte mayoritaria de los trabajadores. De acuerdo con esta distribución, la cuantía se sitúa en torno al nivel del sexto decil, por lo que supera los salarios medios de los cinco primeros grupos, que reúnen al 50% de los asalariados con menores ingresos.
La diferencia es especialmente amplia respecto a los trabajadores situados en los tramos inferiores de la distribución salarial. La pensión de 2.130 euros supera en un 199,9% el salario medio del primer decil, situado en 710,2 euros; en un 66,3% el del segundo, de 1.280,9 euros; en un 43,1% el del tercero, de 1.488,5 euros; y en un 26,7% el del cuarto, de 1.681,5 euros. Frente al quinto decil, cuyo salario medio alcanza 1.888,7 euros, la pensión resulta un 12,8% superior. El sexto decil registra exactamente los mismos 2.130 euros.
A partir de ese nivel, la relación se invierte. La pensión media de los nuevos jubilados es un 13% inferior al salario medio del séptimo decil, situado en 2.448 euros; un 26,9% menor que el del octavo, de 2.914,7 euros; un 40,3% inferior al del noveno, de 3.567,3 euros; y un 62,9% por debajo del salario correspondiente al décimo decil, que alcanza los 5.741 euros mensuales.
Incluso si los salarios aumentaran un 6%, manteniendo sin cambios la pensión de 2.130 euros, la prestación seguiría situándose por encima de los ingresos de aproximadamente entre el 52% y el 55% de los trabajadores. Este supuesto toma como referencia una evolución salarial coherente con incrementos acumulados próximos a los registrados en los convenios colectivos durante 2025 y 2026.
Los datos de Fedea muestran además cómo ha evolucionado esta relación durante las últimas décadas. Entre 1995 y 2023 se ha producido un incremento significativo de las pensiones de jubilación del Régimen General en comparación con los salarios netos, especialmente en el caso de las nuevas altas. En 2023, la pensión media en vigor, cercana a 1.550 euros, equivalía al 107,3% del salario más frecuente, al 89% del salario mediano y al 73,8% del salario medio.
La distancia era todavía mayor entre quienes acababan de incorporarse al sistema de pensiones. Las nuevas altas, con importes próximos a 1.800 euros en 2023, representaban el 123,4% del salario más habitual, superaban ligeramente el salario mediano, al alcanzar el 102,4%, y equivalían al 84,8% del salario medio neto de los trabajadores.
Una de las razones que explican esta elevada relación entre pensiones y salarios es la tasa de reemplazo del sistema español, que se encuentra entre las más altas de los países de la OCDE. Para un trabajador con un salario equivalente al promedio, la tasa bruta de reemplazo alcanza el 80,4% de los ingresos anteriores a la jubilación.
En el caso de los trabajadores con ingresos equivalentes a la mitad del salario medio, la tasa bruta se sitúa en el 80,6%, mientras que para quienes perciben el doble del salario medio desciende hasta el 49,9%. En este último caso influye el efecto del límite máximo de cotización y de la pensión máxima, que reduce la proporción de los ingresos previos que puede cubrir la prestación.
Si se calcula la tasa en términos netos, teniendo en cuenta la renta disponible después de impuestos y cotizaciones sociales, la proporción aumenta. Para un trabajador con salario medio alcanza el 86,3%, mientras que para los trabajadores con ingresos bajos se sitúa en el 78,6%. En el caso de los salarios elevados, la tasa neta alcanza el 57,9%. La diferencia respecto a las tasas brutas responde, entre otros factores, a la menor carga fiscal y de cotizaciones que soportan las pensiones frente a los ingresos obtenidos durante la etapa laboral.
El Gobierno no aprobará la próxima semana el refuerzo del registro horario, según fuentes del Ejecutivo, incumpliendo así el compromiso anunciado a finales de julio. En aquel momento, los ministerios de Trabajo y Economía aseguraron que habían alcanzado un acuerdo político para sacar adelante en septiembre la reforma pactada con los sindicatos. El calendario sirvió entonces para contener el malestar de UGT y CC OO, que habían advertido de que no cerrarían nuevos acuerdos con el Ejecutivo si la medida no se aprobaba antes de agosto. Finalmente, el plazo de julio no se cumplió, tampoco se hará en septiembre y el Gobierno todavía no ha fijado una nueva fecha.
El retraso estaría relacionado con el dictamen especialmente crítico emitido por el Consejo de Estado sobre el proyecto. El sector socialista del Ejecutivo mantiene reservas sobre la conveniencia de llevar el texto al Consejo de Ministros después de las objeciones planteadas por el órgano consultivo, que cuestionó, entre otros aspectos, la falta de adaptación de la norma a las particularidades de los distintos sectores, el impacto añadido sobre las pequeñas empresas y la posible invasión de materias reservadas a la ley pese a tratarse de un reglamento.
Desde Trabajo se considera que buena parte de estas objeciones se apoyaban en las observaciones realizadas previamente por Economía al proyecto, algo que ya provocó un enfrentamiento entre ambos departamentos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, defendió entonces públicamente la continuidad de la reforma y llegó a asegurar que el nuevo registro horario se aprobaría incluso aunque fuera su última actuación al frente del departamento. Sin embargo, el discurso se ha moderado durante los últimos meses, mientras Trabajo y Economía han ido negociando modificaciones destinadas a responder a las observaciones del Consejo de Estado.
Ahora ninguno de los dos ministerios cuestiona públicamente el nuevo aplazamiento ni ofrece un nuevo calendario. Trabajo señala que su intención es aprobar la norma cuanto antes y que continúa trabajando en ello, mientras Economía insiste en que siempre ha defendido su aprobación con la mayor rapidez posible. La atención política de la próxima reunión del Consejo de Ministros se concentra, no obstante, en las medidas de vivienda que prepara el Ejecutivo ante el impacto social provocado por el desahucio de Maricarmen.
Trabajo ha venido señalando que el texto incorporará determinados ajustes técnicos para responder al dictamen del Consejo de Estado, pero sin alterar el contenido esencial del acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales. Entre las cuestiones que han generado discrepancias entre Economía y Trabajo figura el periodo de adaptación que tendrán las empresas para implantar el nuevo sistema digital. Díaz defendía un plazo de seis meses, mientras que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, planteaba ampliarlo a un año. Los sindicatos aseguran que el Ejecutivo todavía no les ha concretado qué modificaciones introducirá respecto al acuerdo que alcanzaron en diciembre de 2024.
El registro de jornada es obligatorio para las empresas desde 2019. La reforma que impulsa Trabajo pretende que pase a realizarse necesariamente mediante sistemas digitales y que la Inspección de Trabajo pueda acceder directamente a los registros, lo que permitiría comprobar de manera más inmediata el cumplimiento de la normativa sobre jornada laboral.
Según los cálculos del gabinete económico de CC OO a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa, los trabajadores asalariados realizan cada semana una media de 6,43 millones de horas extraordinarias. De ellas, alrededor de 2,54 millones, cerca de cuatro de cada diez, no son compensadas por las empresas, mientras que las 3,89 millones restantes sí reciben algún tipo de compensación.
El Ejecutivo pretende introducir la reforma mediante un real decreto, sin necesidad de tramitarla como proyecto legislativo en el Parlamento. De esta manera, evitaría someter la medida a una votación parlamentaria que podría acabar con su rechazo, como sucedió hace un año con la propuesta de reducción de la jornada laboral. La CEOE coincide con el Consejo de Estado en considerar que esta vía es inadecuada, al entender que el contenido de la reforma afecta a materias que deberían regularse mediante una norma con rango de ley. La patronal ya ha advertido de que recurrirá ante los tribunales el decreto si fina
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