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(El Economista, 10-04-2026) | Fiscal

Los ciudadanos pagarán más de 1.000 euros de diferencia en el IRPF según su comunidad autónoma

Con el inicio de la campaña de la Renta, las diferencias en la carga fiscal entre ciudadanos se hacen más evidentes según la comunidad autónoma en la que residan. Para contribuyentes con ingresos bajos y medios, entre 20.000 y 45.000 euros anuales, la variación en el IRPF puede superar los 1.000 euros, situándose Cataluña como la región más cara y el País Vasco como la más favorable para estos niveles de renta. El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas publicó recientemente un informe sobre la fiscalidad autonómica en 2026, en el que se ejemplifica esta desigualdad tomando como referencia a un contribuyente tipo: soltero, menor de 65 años, sin hijos y con ingresos únicamente procedentes del trabajo. Según el estudio, una persona que percibe 20.000 euros anuales -aunque no esté obligada a presentar la declaración- paga de media 1.772 euros en IRPF mediante retenciones, salvo en Navarra, donde abona unos 1.200 euros, y en el País Vasco, donde no paga este impuesto en ese nivel de renta. Si los ingresos ascienden a 30.000 euros, la diferencia entre territorios es de unos 463 euros: en Cataluña se pagarían 4.958 euros, frente a los 4.495 euros del País Vasco. Para quienes ganan 45.000 euros, la brecha aumenta hasta superar los 1.000 euros, con 9.689 euros en Cataluña frente a 8.626 en el País Vasco. En niveles de renta más altos, como 70.000 euros anuales, Extremadura es la comunidad con mayor carga fiscal (19.365 euros), mientras que el País Vasco vuelve a ser la más baja (17.446 euros), con una diferencia cercana a los 2.000 euros. En el caso de los salarios más elevados, entre 110.000 y 600.000 euros, Madrid se posiciona como la región con menor presión fiscal, mientras que la Comunidad Valenciana es la más gravosa. Por ejemplo, un contribuyente con ingresos de 600.000 euros pagaría unos 251.049 euros en Madrid, frente a 297.152 euros en la Comunidad Valenciana, lo que supone una diferencia de más de 46.000 euros. Estas diferencias se explican porque las comunidades autónomas gestionan el 50% del IRPF y pueden modificar aspectos como los tipos impositivos o los mínimos personales y familiares, es decir, la parte del salario que queda exenta por cubrir necesidades básicas. El tipo mínimo estatal es del 9,5%, aunque algunas comunidades lo reducen. Mientras cinco regiones lo mantienen, otras lo sitúan entre el 9% y el 8%, lo que reduce la carga fiscal total en las rentas más bajas. En este sentido, La Rioja y Extremadura presentan algunos de los tipos más reducidos, aunque Navarra destaca con un tipo mínimo conjunto del 13%. En el extremo contrario, el País Vasco aplica el tipo mínimo más alto para rentas bajas, con un 23%, seguido de varias comunidades que alcanzan el 19%. En cuanto al tipo máximo, que afecta a las rentas más altas, parte del 24,5% estatal y, sumado al autonómico, puede llegar hasta el 54% en la Comunidad Valenciana, frente al 45% en Madrid. Como novedad, Asturias y Cataluña han reducido recientemente sus tipos mínimos. Además, varias comunidades han incrementado los mínimos personales y familiares -la parte exenta del impuesto- por encima de los niveles estatales, entre ellas Andalucía, Galicia, Madrid o la Comunidad Valenciana, lo que también influye en el resultado final del impuesto.

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(Cinco Días, 10-04-2026) | Fiscal

La directora de la Agencia Tributaria advierte sobre hacer la declaración de la renta con ChatGPT

Los contribuyentes que tengan que cumplir con sus obligaciones fiscales ya pueden presentar la declaración de la renta. El plazo se abrió el 8 de abril y permanecerá activo hasta el 30 de junio. Durante la presentación de la campaña, la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, aclaró las dudas sobre el uso de inteligencia artificial para realizar la declaración. Fue tajante al respecto, señalando que, dado el nivel de herramientas de ayuda y asistencia que ofrece la propia Agencia, no considera recomendable recurrir a soluciones como ChatGPT. Hacer un copia-pega del borrador de la Renta en ChatGPT para la IA compruebe que se ha cumplimentado correctamente tiene riesgos: si bien hay contribuyentes que recurren a esta u otras herramientas de IA supuesta garantía de que la declaración de la renta está correctamente hecha, los expertos y la la propia Agencia Tributaria desaconsejan usarlo por distintos motivos. Fernández defendió que los recursos disponibles en la web oficial son suficientemente completos y fiables, por lo que no ve necesario acudir a otras herramientas externas. No obstante, sí reconoció que los contribuyentes pueden optar por asesoramiento profesional si lo prefieren, como gestores o asesores fiscales de confianza. En esta misma línea, el presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Jesús Santiago Ollero, alertó sobre el creciente uso combinado del borrador de Hacienda con herramientas de inteligencia artificial como garantía de corrección. Según explicó, este enfoque es problemático, ya que una declaración no se limita a cálculos automáticos, sino que requiere interpretar la situación personal de cada contribuyente, algo que ni el borrador ni la IA pueden hacer plenamente. Por su parte, la Agencia Tributaria centrará este año sus esfuerzos en prevenir errores y mejorar la información proporcionada. Para ello, enviará más de 3,5 millones de avisos preventivos relacionados con aspectos como criptomonedas, rentas en el extranjero, ventas en plataformas digitales o alquileres. También notificará a algunos contribuyentes sobre posibles deducciones autonómicas que no hayan aplicado, con el fin de que no pierdan ventajas fiscales. Entre las novedades de esta campaña destaca la incorporación automática de la deducción para quienes perciben el salario mínimo interprofesional, introducida en 2025. En general, la Agencia calculará esta deducción y la incluirá directamente en la declaración.

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(Expansión, 10-04-2026) | Fiscal

La Campaña de Renta arranca con varias deducciones autonómicas inoperativas

De manera excepcional, Hacienda no ha dispuesto de tiempo suficiente para incorporar al sistema las últimas rebajas fiscales aprobadas por la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, que afectan a conceptos como alquileres, actividades deportivas, musicales, gastos médicos o veterinarios. Nada más iniciarse la Campaña de la Renta a medianoche del pasado miércoles, la Agencia Tributaria ya estaba tramitando alrededor de 2.000 declaraciones por minuto. En solo 19 horas hábiles, se habían gestionado cerca de 1,3 millones de declaraciones del IRPF de 2025, y ese mismo día comenzaron a abonarse las primeras devoluciones. Sin embargo, pese a este ritmo, millones de contribuyentes de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha deberán esperar antes de presentar su declaración si desean aplicar las deducciones aprobadas recientemente por sus comunidades autónomas, ya que Hacienda no ha podido incluirlas a tiempo antes del inicio de la campaña. El problema se limita a algunas deducciones fiscales relacionadas con alquiler de vivienda, ahorro para la compra de vivienda, gastos deportivos, musicales, sanitarios o veterinarios. Aunque corresponden al ejercicio fiscal 2025, estas medidas fueron aprobadas o validadas por los gobiernos autonómicos hace muy poco, e incluso en algunos casos se publicaron en los boletines oficiales el mismo día en que comenzó la campaña. Desde la Agencia Tributaria reconocen que no hay precedentes de una situación similar, causada por la tardanza en la aprobación de estas deducciones autonómicas. Cabe recordar que la orden ministerial que regula el modelo de declaración de la Renta 2025 se aprobó el 26 de marzo, mientras que algunas de estas novedades fiscales no se confirmaron hasta finales de ese mismo mes y se publicaron el 8 de abril. Aun así, Hacienda asegura que ya está trabajando para incorporar estos cambios al sistema y que, una vez comprobados, estarán disponibles para los contribuyentes en los próximos días. Por ahora, quienes quieran aplicar estas deducciones se encuentran con el aviso de que la casilla correspondiente está temporalmente desactivada debido a modificaciones normativas autonómicas, junto con la recomendación de esperar antes de presentar la declaración. En los casos en que se han modificado deducciones ya existentes, las casillas aparecen bloqueadas temporalmente. Sin embargo, en las nuevas deducciones ni siquiera figuran todavía en el borrador, lo que podría llevar a algunos contribuyentes a presentar su declaración sin tener en cuenta estos beneficios. Ante esta situación, los expertos recomiendan esperar a que se actualicen las casillas o, si ya se ha presentado la declaración, realizar posteriormente una rectificación para incluir las deducciones. Entre las medidas afectadas destaca, en la Comunidad Valenciana, la deducción por gastos deportivos y actividades saludables, que permite desgravar el 30% de estos gastos hasta un máximo de 150 euros, y que este año amplía el límite de renta de 32.000 a 60.000 euros. También se incrementa el umbral de ingresos para beneficiarse de la deducción por gastos sanitarios, que cubre un 30% de costes como dentista, psicólogo u óptica, hasta 150 euros. Además, se introduce una nueva deducción relacionada con la formación musical, que permite deducir el 30% de gastos en conservatorios, escuelas, cuotas o instrumentos, con un límite de 150 euros. En Castilla-La Mancha, una de las deducciones aún no disponibles es la del alquiler de vivienda habitual, cuyo máximo aumenta a 500 euros y amplía los colectivos beneficiarios. También están pendientes otras medidas, como una deducción por aportaciones a cuentas de ahorro para vivienda de hasta 3.000 euros anuales, o la que permite deducir el 30% de los gastos veterinarios de perros de asistencia, con un límite de 100 euros.

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(El Economista, 09-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La ley antiblanqueo refuerza el celo sobre las fundaciones y ONG

La normativa antiblanqueo refuerza el control sobre fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, al considerarlas ámbitos especialmente sensibles frente a la financiación del terrorismo y otras actividades ilegales, según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estas organizaciones deberán recopilar y conservar información sobre donantes y beneficiarios cuando sus proyectos se desarrollen en países de riesgo y las operaciones superen los 1.000 euros. En los casos en que no sea posible identificar individualmente a los donantes, tendrán que analizar el perfil global del colectivo y sus características principales. Estas exigencias se recogen en un proyecto de Real Decreto que el Gobierno está preparando para adaptar la normativa española al futuro marco europeo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, cuya aplicación está prevista para 2027. Con ello, España busca adelantarse y alinearse progresivamente con la regulación comunitaria. Hasta ahora, estas entidades estaban sujetas a obligaciones más flexibles, centradas en identificar riesgos y aplicar mecanismos de control adecuados según el nivel de exposición, especialmente en relación con el uso de los fondos y la correcta ejecución de sus actividades. Dentro de este grupo se incluyen organizaciones con fines de interés general, como las de carácter benéfico, religioso, educativo, cultural o social. El nuevo decreto obligará además a realizar análisis de riesgos a nivel sectorial y a verificar de forma más estricta el destino de los fondos en proyectos desarrollados en zonas sensibles, lo que podría conllevar la necesidad de auditorías externas. En paralelo, la normativa también endurece las obligaciones de las entidades financieras, que deberán evaluar con mayor detalle los riesgos asociados a clientes pertenecientes a este tipo de organizaciones, así como las medidas de prevención que aplican. En caso de rechazar su relación con ellas, los bancos tendrán que justificar por escrito los motivos. Cabe destacar que el Consejo de Seguridad de la ONU reconoce a estas entidades una excepción que les permite movilizar fondos para ayuda humanitaria, incluso en contextos donde existen sanciones o congelación de activos. Muchas de estas organizaciones operan precisamente en zonas de conflicto o en situaciones extremas para asistir a poblaciones vulnerables. A nivel europeo, esta particularidad también se contempla, estableciendo sistemas de certificación para aquellas organizaciones que cumplen con estándares elevados de transparencia y control, con el fin de evitar usos indebidos. Desde el ámbito del Tercer Sector se ha pedido al Gobierno que estas nuevas obligaciones no dificulten su labor mediante cargas excesivas, ni provoquen bloqueos de cuentas bancarias por parte de entidades que actúan con cautela ante posibles sanciones o incumplimientos normativos. Asimismo, reclaman una mayor coordinación entre organismos como el Tesoro, el Sepblac, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el sector financiero, mediante mecanismos estables que ayuden a interpretar correctamente tanto las obligaciones como las excepciones previstas en la normativa.

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(El Periódico, 09-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprobará en mayo la ley que prohíbe a los menores de 16 años ceder su imagen a las redes sociales

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha informado de que el Gobierno enviará en mayo al Congreso el proyecto de ley sobre el derecho al honor y a la intimidad personal. Esta norma considerará ilegítima la utilización y difusión de imágenes o audios alterados mediante Inteligencia Artificial sin el consentimiento de la persona afectada, lo que se conoce como deepfakes. Durante su intervención en la Comisión Constitucional del Congreso, el ministro explicó que, una vez se reciban los informes necesarios, el texto será aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria. Según detalló, la futura ley aclarará en el entorno digital qué implica el consentimiento al compartir imágenes en redes sociales. Además, reforzará la protección de los menores al fijar en 16 años la edad mínima para autorizar el uso de su propia imagen. La normativa también pretende ofrecer mayores garantías a las víctimas de delitos, al impedir que los responsables obtengan beneficios económicos o ventajas difundiendo relatos que puedan afectar a la dignidad de quienes los han sufrido.

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(El País, 09-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las empresas españolas ya han recibido 5.550 millones para aliviar los aranceles de Trump pero apenas piden avales del ICO

Las empresas españolas ya han recibido 5.550 millones de euros para mitigar el impacto de los aranceles impulsados por Donald Trump, lo que representa cerca de la mitad de los fondos movilizados por el Gobierno. Un año después del inicio de esta guerra comercial, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha presentado en el Congreso un balance de la situación y de las medidas adoptadas. Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, Comercio e Industria, ha repasado las iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo, destacando su buena acogida en general, aunque con una excepción notable: la escasa utilización de la línea de avales del ICO, dotada con 5.000 millones. Cuerpo subrayó la importancia de seguir respaldando a las empresas en un entorno de incertidumbre, especialmente para mantener su presencia en el mercado estadounidense y prepararlas ante posibles futuros impactos. Su intervención sirvió para dar a conocer el primer informe de ejecución del Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, activado al inicio del conflicto. De los 11.730 millones de euros previstos en este plan, distribuidos en siete áreas, las empresas habían recibido hasta el cierre del primer trimestre de 2026 un total de 5.550 millones, es decir, el 47,3% del total. Sin embargo, este porcentaje oculta el bajo uso de los avales del ICO, que apenas han alcanzado los 173 millones desde abril de 2025, lo que supone solo un 3,4% de su capacidad. Aun así, el ministro destacó que la mayoría de las operaciones han sido realizadas por pymes y que gran parte de las solicitudes proceden del sector de la automoción, uno de los más afectados por los aranceles. El informe también refleja una ejecución limitada de la línea ICO Crecimiento, dotada con 750 millones más 180 millones adicionales de fondos europeos Next Generation para proyectos de inversión y modernización. En este caso, la baja utilización se explica por su reciente puesta en marcha, en febrero, lo que ha permitido movilizar hasta ahora 73,4 millones, un 7,8% del total. En contraste, otros instrumentos han tenido una elevada demanda. Entre ellos, destacan los 1.578 millones canalizados a través de seguros de crédito gestionados por Cesce, que han beneficiado a 52 operaciones, con otras solicitudes en estudio por valor de 800 millones. También sobresalen los 1.500 millones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y los 1.161 millones concedidos mediante líneas de financiación del ICO para inversión y capital circulante. Durante su intervención, el ministro reiteró el compromiso del Gobierno de apoyar a las empresas exportadoras hacia Estados Unidos, pero también animó a diversificar mercados para reducir la dependencia de ese país y sortear políticas proteccionistas. En este sentido, señaló la importancia de reforzar relaciones comerciales con socios considerados más estables, como los países de Mercosur o economías como India, Australia e Indonesia. Asimismo, destacó el valor del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que entrará en vigor el 1 de mayo, y que eliminará más del 90% de los aranceles a productos europeos. Según explicó, esta medida supondrá un ahorro anual de unos 4.000 millones de euros para las empresas europeas y de 500 millones para las españolas, lo que representa una oportunidad relevante para los sectores más perjudicados por las medidas comerciales de Estados Unidos.

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(El País, 09-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio del petróleo se desploma tras el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas en Irán

El petróleo se ha convertido en un indicador clave del sentimiento de los inversores respecto al desarrollo del conflicto con Irán. La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplazar el ultimátum contra el país y anunciar un alto el fuego temporal de dos semanas ha dado un respiro momentáneo a los mercados energéticos, que llevaban semanas marcados por una fuerte inestabilidad desde el inicio de los ataques sobre Teherán a finales de febrero. Tras conocerse la tregua -condicionada a que Irán permita el tránsito por el estrecho de Ormuz-, los precios del crudo en Estados Unidos y Europa registraron fuertes caídas. El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia en EE. UU., que había estado cerca de los 110 dólares, descendió hasta situarse en torno a los 91 dólares. La caída llegó a alcanzar el 19,4%, la mayor desde la guerra del Golfo de 1991, después del anuncio de Trump poco antes de que venciera su ultimátum. En Europa, el brent también se desplomó hasta un 16%, situándose cerca de los 93 dólares por barril. Por su parte, el gas europeo -referenciado en el contrato TTF- retrocedió un 17%, hasta los 44 euros por megavatio hora. En contraste, el mercado de los metales preciosos cotiza al alza. El oro sube el 3% hasta los 4.820 dólares por onza, mientras que la plata se dispara un 7% hasta los 77 dólares. De su parte, el bitcoin gana un 4,5% hasta rebasar los 71.500 dólares, aunque los que más deslumbran esta sesión son los indicadores bursátiles. Las bolsas internacionales reaccionaron con fuertes subidas. Japón fue el primer mercado en reflejar el optimismo, con un avance del 5,5%. En Europa, los principales índices comenzaron la jornada con ganancias significativas: el Ibex superó el 3% y el Euro Stoxx 50 se acercó al 4,5%. En Estados Unidos, los futuros de Wall Street apuntaban a subidas cercanas al 4%. En el mercado de divisas, el dólar, que se había fortalecido durante el conflicto, perdió valor frente a otras monedas del G-10; el euro pasó de cotizar en torno a 1,15 dólares a alcanzar los 1,168 tras el anuncio. Desde el inicio de las hostilidades, el 28 de febrero, la Guardia Revolucionaria iraní había bloqueado el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, un tercio del gas natural y productos clave para sectores como el farmacéutico o el de fertilizantes. Este cierre ha supuesto una de las mayores interrupciones del suministro global de energía, elevando con fuerza los precios y generando tensiones en mercados como el de derivados o materias primas. De hecho, la escasez llegó a impulsar el precio del brent al contado hasta un máximo histórico de 144 dólares. A través de su red social Truth, Trump anunció la suspensión temporal de los ataques, condicionada a la apertura "total, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz. El mandatario señaló que existe un principio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre varios puntos clave, aunque consideró necesario este periodo de dos semanas para cerrar los detalles. Poco después, el ministro de Asuntos Exteriores iraní también se pronunció, en su caso en la red social X, indicando que el tránsito por el estrecho podría restablecerse de forma segura siempre que se coordine con las fuerzas armadas iraníes y se tengan en cuenta ciertas limitaciones técnicas.

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(Cinco Días, 09-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Euforia en las Bolsas tras el alto el fuego temporal en Irán: el Ibex sube un 4%

El reciente cambio de rumbo en el conflicto con Irán ha provocado una nueva jornada de gran impacto en los mercados financieros, que este martes reaccionan con fuertes subidas. El anuncio de un alto el fuego de dos semanas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump -tras aceptar una propuesta de Pakistán para facilitar el diálogo-, se produjo con las bolsas cerradas, lo que ha llevado a una apertura claramente alcista en Europa y Estados Unidos: el Ibex sube en torno a un 4% y el Euro Stoxx cerca de un 5%. Al mismo tiempo, el petróleo se desploma alrededor de un 14% y cae por debajo de los 100 dólares, el gas baja en la misma proporción en Europa y el oro repunta más de un 2,5%. La tregua era el escenario que esperaban los inversores tras semanas de gran inestabilidad desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El conflicto, más prolongado de lo previsto, amenazaba con agravarse y mantener bloqueado el estrecho de Ormuz, una vía clave por la que circula cerca del 20% del suministro energético mundial. El anuncio supone un primer indicio de distensión, con el compromiso de Irán de garantizar el tránsito seguro por esa ruta durante al menos dos semanas. El acuerdo llegó poco antes de que expirara el ultimátum de Trump para intensificar la ofensiva militar. La posibilidad de un escenario más grave se ha disipado, lo que ha sido recibido con optimismo por los mercados: el Ibex se aproxima a los 18.140 puntos, mientras el Euro Stoxx avanza con fuerza. En Estados Unidos, los futuros del S&P 500 y del Nasdaq también anticipan importantes subidas, al igual que en Asia, donde destacan los avances del Nikkei japonés y del índice de Shanghái. Pese a la euforia inicial, los analistas mantienen la prudencia y señalan que la evolución dependerá de si la tregua se traduce en un acuerdo estable. Algunas previsiones apuntan a que el pacto podría incluir mecanismos para regular el paso por Ormuz, incluso con el cobro de tasas, pero advierten de que la volatilidad podría continuar mientras duren las negociaciones. Aunque el petróleo ha retrocedido con fuerza, sigue cotizando unos 20 dólares por encima de los niveles previos al conflicto. Esto refleja que los inversores aún no asumen plenamente un escenario de normalización, a la espera de una paz duradera que reduzca definitivamente el riesgo. La reacción ha sido especialmente intensa en el mercado energético. El crudo Brent baja con fuerza hasta situarse en torno a los 94 dólares por barril, con caídas intradía que han llegado a rozar el 19%, algo no visto desde principios de los años noventa. El gas europeo también registra descensos pronunciados, situándose en niveles cercanos a los 45 euros por megavatio hora. Aun así, los inversores siguen pendientes de la evolución de los acontecimientos. Israel ha aceptado la tregua, aunque mantiene reservas respecto a otros frentes como el Líbano. En general, se considera un desenlace positivo dentro de las alternativas posibles, al haber evitado un escenario más grave. En el mercado de divisas, el dólar pierde terreno frente al euro y otras monedas tras haber actuado como refugio durante la crisis. No obstante, los precios energéticos continúan muy por encima de los niveles de inicio de año, con subidas acumuladas relevantes. También se han producido movimientos destacados en la deuda, con caídas rápidas en las rentabilidades de los bonos. Esto se debe a que la bajada del petróleo reduce las expectativas de inflación, lo que a su vez influye en las previsiones sobre los tipos de interés. El oro, otro activo considerado refugio, también sube, beneficiado por la expectativa de tipos más bajos, al igual que la plata, que registra avances aún mayores. Por último, los mercados han revisado sus previsiones sobre la política monetaria. Ahora se incrementa la probabilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés antes de final de año, tras haber sido prácticamente descartada esa posibilidad días atrás. Aun así, la evolución dependerá de cómo se desarrollen las negociaciones en los próximos días.

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(El Economista, 09-04-2026) | Laboral

De la "guerra por el talento" a hacer cola por un empleo

En los últimos años se ha generalizado la idea de que en España existe un gran número de puestos sin cubrir en todos los sectores, pero los datos no reflejan una auténtica "guerra por el talento" entre empresas. Según InfoJobs, en 2025 se ofertaron 4,25 millones de vacantes frente a 2,46 millones de candidatos. Sin embargo, estos pueden inscribirse en tantas ofertas como deseen, y de hecho lo hacen de forma masiva: se alcanzó un máximo de 136,6 millones de inscripciones, lo que supone una media de 56 candidaturas por cada puesto disponible. La evolución de estos indicadores es desigual. Mientras el número de candidatos crece con más fuerza -un 4,75% en el último año y un 15,4% desde 2019-, las ofertas apenas aumentan un 0,5% interanual y siguen un 3,5% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Por su parte, las inscripciones suben un 6,6% en el último año y un 26,6% respecto a antes de la crisis sanitaria. Estos datos difieren de otras fuentes, como la Encuesta Trimestral de Costes Laborales o plataformas como Indeed, que apuntan a un volumen de vacantes superior al de antes de la pandemia, aunque sin detallar cifras concretas ni su distribución por sectores. Además, las estadísticas mensuales presentan una alta volatilidad. En el caso de InfoJobs, los datos anuales reflejan una fuerte caída de la demanda en 2020, seguida de una recuperación intensa en los dos años posteriores y una posterior estabilización. También influye la reforma laboral, que ha incrementado el peso del empleo indefinido, reduciendo la necesidad de publicar tantas vacantes. De hecho, en marzo, el 44% de las ofertas correspondían a contratos indefinidos, en línea con los datos del SEPE. Por tanto, una menor publicación de ofertas no implica necesariamente una menor creación de empleo. En cuanto a los candidatos, su evolución ha sido más constante y sin grandes alteraciones por la pandemia. Su aumento no implica necesariamente más paro, ya que muchas personas con empleo también buscan nuevas oportunidades o trabajos adicionales, cada vez más a través de plataformas digitales. Actualmente, la diferencia entre vacantes y candidatos alcanza el 73%, el nivel más alto desde la pandemia (cuando llegó al 139%) y muy por encima del 44% de 2019. Este contexto explica el récord de inscripciones registrado. La media de 56 candidaturas por vacante es la más alta si se excluye 2020, cuando la ratio alcanzó 79 debido al desplome de ofertas. La tendencia actual refleja una mayor oferta de trabajadores frente a una demanda de empleo más estable, superando claramente las 42 inscripciones por puesto que se registraban en 2019. Por sectores, el mayor nivel de competencia en 2025 se da en comercio minorista, con 219 candidatos por vacante, seguido de administración de empresas (140), diseño y artes gráficas (81), recursos humanos (71) y marketing y comunicación (67). En cambio, los sectores con menor presión son administración pública (24), educación (26), ingeniería y áreas técnicas (30), calidad e I+D (33), inmobiliario y construcción (34), comercial y ventas (36) y oficios (37). Si se analiza el número de inscripciones por candidato, la media es de 32, una cifra bastante estable en los últimos años y solo ligeramente superior a la de etapas anteriores. Esto sugiere que el aumento total de candidaturas se debe principalmente a que hay más personas buscando empleo, y no a que cada una de ellas se inscriba en más ofertas. El perfil más habitual del candidato sería el de una mujer (53%), de entre 25 y 34 años (32%), con estudios universitarios (31%) y más de diez años de experiencia laboral (34%). Generalmente ha trabajado en atención al cliente (16%), posee conocimientos de idiomas (19%), reside en Madrid (19%) y ocupa un puesto de nivel empleado (73%).

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(El Economista, 09-04-2026) | Laboral

Los sindicatos demandan que los contratos sean por defecto fijos y a jornada completa

Tras el fracaso de la propuesta para reducir la jornada laboral a 37,5 horas y con la reforma del registro horario aún sin concretar, CCOO y UGT se han fijado como nuevo objetivo promover un cambio en la legislación laboral que establezca el contrato a jornada completa como la opción general, dejando el trabajo a tiempo parcial limitado a situaciones específicas, siguiendo una lógica similar a la aplicada en 2022 con los contratos temporales. Ambos sindicatos pretenden que las empresas tengan que justificar las razones por las que optan por contratar a alguien con una jornada inferior a la completa establecida en su sector o compañía. Con ello buscan frenar lo que consideran un uso abusivo de las horas complementarias, es decir, aquellas que los empleados realizan fuera de su horario habitual en función de las necesidades empresariales. Según explicó el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, se está consolidando un modelo que permite a las empresas disponer de una flexibilidad excesiva mediante este tipo de contratos, utilizando el trabajo a tiempo parcial como una fórmula para ajustar la disponibilidad de los trabajadores de manera unilateral. Desde el punto de vista sindical, obligar a justificar el uso del contrato parcial ayudaría a que solo quienes realmente desean trabajar menos horas se encuentren en esta situación. De hecho, datos de la Encuesta de Población Activa indican que el 44% de quienes trabajan a tiempo parcial lo hacen porque no han encontrado un empleo a jornada completa, lo que supone alrededor de 1,3 millones de personas, de las cuales cerca del 73% son mujeres. Actualmente, tras la última reforma laboral, los contratos se presumen indefinidos por defecto. Si prospera esta propuesta, también pasarían a ser mayoritariamente a jornada completa, salvo en casos justificados. Esto supondría una reducción significativa de la flexibilidad para las empresas. El Estatuto de los Trabajadores permite en la actualidad formalizar contratos a tiempo parcial siempre que se pacte una jornada inferior a la de un trabajador a tiempo completo en la misma empresa, incluyendo la posibilidad de acordar horas complementarias, que pueden llegar hasta el 75% de la jornada contratada según el convenio colectivo. Dado que estos trabajadores no pueden realizar horas extraordinarias, las horas complementarias se convierten en la principal herramienta para ajustar la carga de trabajo. Sin embargo, los sindicatos consideran que este sistema genera precariedad, ya que estas horas no siempre se remuneran mejor que las ordinarias y no existe garantía de que se vayan a realizar. Por ello, proponen que las empresas estén obligadas a convertir en contratos a jornada completa aquellos casos en los que el trabajador haya alcanzado más del 80% de la jornada completa sumando horas complementarias durante el año anterior. Además, plantean que estos empleados tengan prioridad para ocupar vacantes a tiempo completo dentro de la empresa tras seis meses de antigüedad, en línea con lo previsto para los fijos discontinuos en la última reforma. Así, las organizaciones sindicales sugieren fijar en el 80% de la jornada máxima el límite entre trabajo parcial y completo. Para quienes trabajen menos horas, plantean que puedan incorporar a su jornada habitual el promedio de horas complementarias realizadas el año anterior. También proponen ampliar de tres a siete días el plazo de preaviso que debe dar la empresa para cancelar horas complementarias previamente asignadas, así como permitir que el trabajador pueda desvincularse de este pacto tras un año. Actualmente, esta posibilidad está restringida a situaciones concretas como el cuidado de familiares, la formación o la compatibilidad con otro empleo. En conjunto, esta propuesta de reforma laboral va más allá del acuerdo alcanzado en 2022 con el Gobierno y la patronal, y busca, entre otros objetivos, reducir la brecha salarial de género, muy vinculada al uso del trabajo a tiempo parcial. Asimismo, reabre debates que quedaron fuera en la anterior reforma, como el de la indemnización por despido. Desde UGT, su vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, defendió que es necesario eliminar el contrato a tiempo parcial como foco de precariedad, al considerar que se ha convertido en una herramienta que permite abusar de los trabajadores mediante el uso de horas complementarias, ajustando su jornada en función de las necesidades empresariales.

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