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(ABC, 21-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España y el "efecto refugio": recibió un 6% más de viajeros internacionales en marzo

En un contexto en el que Oriente Próximo se ha convertido en un foco de gran tensión y con la posibilidad de que el conflicto se prolongue -algo que, según los analistas, podría afectar al crecimiento mundial en mayor o menor medida dependiendo de su duración y de los problemas en rutas clave como el estrecho de Ormuz-, el turismo español está aprovechando su imagen de destino seguro para los viajeros internacionales. De hecho, Exceltur estimó recientemente que el desvío de turistas desde esa región podría generar hasta 4.239 millones de euros adicionales, siempre que la guerra sea breve, limitada geográficamente y termine con una estabilidad razonable. Aunque todavía es complicado cuantificar con precisión este efecto "refugio", los datos apuntan a una evolución positiva. España cerró marzo, el primer mes del conflicto, con un notable incremento en la llegada de pasajeros internacionales por vía aérea. En ese mes, el país recibió 8,6 millones de viajeros extranjeros, lo que supone un aumento del 6,6% respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras de Turespaña basadas en datos de Aena. En el conjunto del primer trimestre, las llegadas rozaron los 22,4 millones de pasajeros internacionales, un 5,8% más que en el mismo periodo de 2025, es decir, unos 1,2 millones adicionales. Además, el dato de marzo sugiere una cierta aceleración en el crecimiento, coincidiendo con el momento de mayor intensidad de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel en Irán. El año pasado, unos 181 millones de turistas eligieron destinos del Mediterráneo Oriental, pero la actual inestabilidad pone en riesgo esa preferencia, ya que muchos viajeros -especialmente europeos- podrían optar por alternativas más seguras. En marzo, el 85,7% de los pasajeros que llegaron a España procedían de Europa, lo que supone un incremento del 7,3%, mientras que los provenientes de América crecieron un 7,6% y representaron el 9,5% del total. Sin embargo, la guerra también está teniendo efectos negativos en ciertos mercados. Destaca la fuerte caída de los viajeros procedentes de Asia, que descendieron un 36,3% y apenas representaron el 1,7% del total. Asimismo, se redujeron las llegadas desde países del Golfo como Emiratos Árabes Unidos y Catar, así como desde Israel, en gran medida debido a la situación bélica y a las tensiones en la región. En cuanto a los principales mercados emisores, la mayoría mostró una evolución positiva en marzo. Reino Unido lideró el crecimiento con un aumento del 10,9%, alcanzando los 1,78 millones de pasajeros (el 20,8% del total). Alemania, tras un inicio de año más débil, recuperó impulso con un crecimiento del 3,2% hasta 1,1 millones, impulsado sobre todo por destinos como Baleares y Andalucía, aunque cayó en otros como Canarias, Madrid o País Vasco. Italia también registró un incremento del 5%, con cerca de 897.000 viajeros, concentrados principalmente en Cataluña y Madrid. Por su parte, Países Bajos apenas creció un 0,6%, mientras que Francia fue la excepción entre los grandes mercados, con una caída del 1,4% y unos 575.600 turistas, aunque con comportamientos desiguales según las regiones. Esta debilidad del mercado francés abre interrogantes sobre si se trata de un caso puntual o de una tendencia más amplia. Organismos internacionales como la OCDE y el FMI han revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para Europa en 2026 debido al impacto del conflicto en Irán y a sus efectos inflacionistas. En la misma línea, la firma Lazard advirtió recientemente de que, incluso con una desescalada rápida, el deterioro económico ya es inevitable en cierta medida. La incógnita ahora es cómo afectará este contexto a la demanda turística en los próximos meses, especialmente con la temporada de verano próxima. Por el momento, España continúa ampliando su base de mercados emisores: los países no tradicionales aumentaron un 6% en marzo, superando los 2,23 millones de viajeros, con un crecimiento destacado de llegadas desde China, Corea del Sur y Brasil.

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(El Economista, 21-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Garamendi pide no enfrentarse con Estados Unidos ante la dependencia energética y el interés empresarial en esta potencia mundial

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, considera que no es acertado que España mantenga una postura de confrontación con Estados Unidos, teniendo en cuenta la dependencia energética y los intereses empresariales vinculados a ese país. Durante un encuentro organizado por el grupo vasco del Club de Roma en la Sociedad Bilbaína, advirtió de que "no es el momento de desafiar a EEUU". Asimismo, señaló como problemático que España no esté actuando en sintonía con sus socios europeos y haya optado por una posición más independiente. Garamendi explicó que el multilateralismo ha perdido fuerza durante la administración de Donald Trump, a quien acusó de centrarse en los asuntos internos y de abandonar el liderazgo basado en valores democráticos. En este escenario internacional, subrayó que Europa es una de las grandes perjudicadas. Retomando una idea del diplomático Javier Solana, indicó que, aunque ya no existe la división entre bloques comunista y capitalista, sí persiste una separación entre países que representan la libertad y otros que no, lo que obliga a posicionarse con claridad. No obstante, matizó que las discrepancias con el actual liderazgo estadounidense no deben traducirse en una ruptura con el país. Afirmó que, aunque Trump no actúe de la manera adecuada, eso no convierte a Estados Unidos en un enemigo, sino que sigue siendo un socio estratégico clave para España. En este sentido, recordó que Estados Unidos es uno de los principales destinos de inversión española, con más de 80.000 millones de euros. También advirtió de que, a los efectos de los aranceles, se suma ahora el impacto de la guerra, que calificó de inaceptable, señalando que se están produciendo excesos similares a los vividos en el conflicto de Gaza. Ante este contexto, defendió que España debería coordinarse más estrechamente con Europa y actuar de forma conjunta. A su juicio, uno de los problemas es que se están mezclando intereses políticos internos, como campañas electorales, con decisiones que deberían responder a una estrategia económica común a nivel europeo. Garamendi también destacó la dependencia energética respecto a Estados Unidos: actualmente, el 20% del petróleo y cerca del 40% del gas que consume España provienen de ese país, especialmente tras sustituir importaciones que antes llegaban desde Rusia. Por ello, insistió en que no es momento de tensar las relaciones. En relación con la guerra, alertó no solo del impacto en los precios, sino también de los riesgos para el suministro. Criticó que, mientras la Unión Europea estudia cómo afrontar posibles problemas de abastecimiento, en España se esté planteando el cierre de la central nuclear de Almaraz. Además, mostró su preocupación por el distanciamiento con Israel, recordando la importancia de este país como socio. El dirigente empresarial subrayó que Europa depende en gran medida de tecnología estadounidense e israelí. También recordó que Estados Unidos es el principal inversor en España, con más de 120.000 millones de euros y alrededor de 600.000 empleos directos, lo que, a su juicio, demuestra la relevancia de mantener una relación sólida. Insistió en que es necesario diferenciar entre la opinión sobre un líder político y la relación con su país. En cuanto a la situación económica, reconoció que España ha crecido por encima de la media europea, pero rechazó que la desigualdad se deba a las empresas o a los salarios. En su opinión, el problema radica en el papel del Estado, al que acusó de concentrar demasiados recursos y de tener una fuerte presión recaudatoria. Señaló que, pese a un aumento de la recaudación superior a 50.000 millones el pasado año, el Estado incrementó su deuda en 80.000 millones, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad futura, especialmente en escenarios de menor crecimiento. Por último, defendió la importancia de la gestión pública eficiente y de la propiedad privada. Criticó que se responsabilice a los propietarios de viviendas de la falta de oferta, cuando, a su juicio, el problema es la falta de políticas de inversión adecuadas. En este sentido, pidió cautela frente a un exceso de intervencionismo y reclamó decisiones más acertadas desde el ámbito gubernamental.

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(Expansión, 20-04-2026) | Fiscal

460.000 autónomos tendrán que incorporar a su base imponible la devolución del exceso de cotización de 2023

El 1 de enero de 2023 comenzó a aplicarse el nuevo sistema de cotización para autónomos basado en sus ingresos reales. Según este modelo, los trabajadores por cuenta propia deben pagar sus cuotas en función de sus rendimientos netos, es decir, la diferencia entre lo que ingresan y los gastos deducibles asociados a su actividad. Más de un año después, tras finalizar la campaña de la Renta de 2024 en octubre, la Seguridad Social comparó estos datos con los de la Agencia Tributaria y puso en marcha el primer proceso de regularización. En él, ajustó las cotizaciones para adaptarlas a lo que cada autónomo debería haber pagado según sus ingresos reales. Este proceso terminó a finales de mayo del año pasado, dejando como resultado que unos 796.000 autónomos habían cotizado por debajo de lo que les correspondía y tuvieron que abonar la diferencia, mientras que alrededor de 460.000 recibieron devoluciones por haber pagado de más, siempre con su conformidad. No obstante, las consecuencias de este nuevo sistema aún no han finalizado. Más de tres años después de su implantación, Hacienda volverá a ajustar estos importes en la declaración de la Renta correspondiente a 2025, cuyo plazo de presentación comenzó el 8 de abril. Estos cambios afectarán a más de 1,2 millones de autónomos, aproximadamente un tercio de quienes estuvieron dados de alta en el RETA en algún momento de 2023. Muchos de ellos verán modificada su base imponible, lo que podría provocar un cambio de tramo en el IRPF y, en algunos casos, un aumento de la carga fiscal sin haber incrementado sus beneficios. En particular, los 460.000 autónomos que recibieron devoluciones deberán tener en cuenta que las cuotas a la Seguridad Social son un gasto deducible. Por ello, al compensar lo devuelto con lo cotizado el año pasado, la deducción será menor y su base imponible aumentará. En cambio, quienes cotizaron por debajo de sus ingresos reales y regularizaron pagando la diferencia el año pasado podrán añadir ese importe a las deducciones por cuotas, lo que reducirá su base imponible y, potencialmente, su tipo efectivo de IRPF. Dado que estos cálculos pueden resultar complejos y existe el riesgo de errores al confeccionar la declaración, la Agencia Tributaria ha indicado que serán los propios autónomos quienes deberán incorporar esta información. No obstante, el sistema sí automatizará el efecto del ajuste, sumando o restando el resultado de la regularización a las deducciones correspondientes. En cuanto a las cantidades implicadas, los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indican que la devolución media fue de unos 600 euros, mientras que quienes tuvieron que pagar lo hicieron por una media de 450 euros. Aunque no son cifras elevadas, podrían ser suficientes para provocar un cambio de tramo en el IRPF. La forma de reflejar esta regularización ha generado numerosas dudas desde la puesta en marcha del sistema. La Dirección General de Tributos estableció en 2022 que estos ajustes deben incluirse en la declaración del ejercicio en el que se realizan -en este caso, 2025-, en lugar de modificar la correspondiente a 2023. Este criterio fue posteriormente ratificado por la Agencia Tributaria. Sin embargo, varios expertos fiscalistas discrepan, ya que consideran que esta interpretación vulnera el principio de devengo, que establece que los ingresos y gastos deben imputarse al momento en que se generan. Por este motivo, prevén un aumento significativo de reclamaciones que podrían acabar resolviéndose en los tribunales.

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(Expansión, 20-04-2026) | Fiscal

Seguridad Social arranca la regularización de cuotas de 2024

Aunque los autónomos que tuvieron desajustes en sus cotizaciones de 2023 aún no han cerrado por completo ese ejercicio -algo que harán al presentar la actual declaración de la Renta, cuyo plazo finaliza el 30 de junio-, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por la ministra y portavoz del Gobierno Elma Saiz, ya ha iniciado el proceso de regularización correspondiente a 2024. Fuentes del Ministerio han confirmado a Expansión que la Tesorería ya está comunicando a los trabajadores por cuenta propia el resultado de este ajuste, una vez que la Agencia Tributaria ha enviado el informe definitivo sobre el IRPF declarado en la última campaña. En aquellos casos en los que la regularización resulte a favor de la Tesorería, los autónomos deberán abonar las cantidades pendientes antes de que finalice el mes siguiente al de la notificación. Esto implica que el plazo ya está en marcha para miles de profesionales. Según el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, este nuevo proceso estaría repitiendo "los mismos fallos e incidencias que ya se detectaron en la regularización de 2023", especialmente en lo relativo a autónomos en situación de pluriactividad, societarios y colaboradores. A juicio de Amor, esto demuestra que el objetivo del Gobierno en las reuniones del pasado otoño era aplicar un fuerte incremento de las cuotas de cara a 2026, una medida que finalmente se descartó en el último momento a finales del año pasado.

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(Expansión, 20-04-2026) | Fiscal

La sombra de la sospecha sobre el impuesto "temporal" a las energéticas

El Gobierno busca reintroducir como una figura de carácter europeo el recargo aplicado al sector energético, aunque las compañías temen que acabe convirtiéndose en otro impuesto "temporal" que, en la práctica, nunca se elimina. El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que ha sustituido a María Jesús Montero, debutó en el Parlamento defendiendo la creación de un nuevo gravamen provisional. En esta ocasión, la propuesta consiste en aumentar la carga fiscal sobre los beneficios de las empresas energéticas debido al encarecimiento de la energía derivado del conflicto en Oriente Próximo. La medida no es nueva, pero llama la atención que se plantee justo después de que el Estado haya encadenado cuatro récords consecutivos de recaudación y haya superado por primera vez los 300.000 millones de euros en ingresos. El ministro justificó la iniciativa apelando a la "justicia fiscal" en el reparto de los costes de la guerra. Sin embargo, el Gobierno de PSOE y Sumar no dispone de apoyos suficientes en el Congreso para aprobarla, por lo que ha solicitado a la Comisión Europea -junto a Alemania, Italia, Austria y Portugal- que impulse este gravamen a nivel comunitario, lo que facilitaría su aprobación y homogeneizaría criterios. Este asunto formará parte de las conversaciones entre Pedro Sánchez y el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, en la Moncloa. Pese a ello, las empresas del sector desconfían de que este recargo tenga una duración limitada, y no les faltan motivos. En anteriores ocasiones, el Ejecutivo ha intentado aumentar por decreto la fiscalidad de eléctricas y gasistas, pero se ha encontrado con el rechazo del Congreso -incluidos socios como Junts y PNV, además de PP y Vox-, al considerar que estas medidas podrían afectar negativamente a las inversiones en infraestructuras y redes. El Ejecutivo ha señalado al sector energético, junto con el bancario, como objetivo de mayores cargas fiscales. De hecho, lo ocurrido con el impuesto sobre los beneficios "extraordinarios" de la banca refuerza las dudas del sector energético. Este tributo, aprobado en 2022 con carácter temporal para 2023 y 2024, sigue vigente tras su prórroga hasta 2027 acordada con el PNV, y existe la intención de convertirlo en permanente. Un ejemplo claro de cómo un impuesto temporal puede acabar prolongándose es el Impuesto sobre el Patrimonio. Creado en 1977 con un fin censal, fue posteriormente bonificado al 100%, pero se reactivó durante la crisis financiera para compensar la caída de ingresos públicos. Aunque algunas comunidades autónomas lo neutralizaron con bonificaciones, el actual Gobierno introdujo el denominado "Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas" para armonizar la tributación. Aunque en teoría es provisional, ligado a la reforma de la financiación autonómica, desde la izquierda se plantea mantenerlo de forma indefinida. Asimismo, la disputa judicial sobre los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, instaurados en 2016 durante la etapa de Cristóbal Montoro para adelantar ingresos en plena crisis de deuda, refleja la dificultad de eliminar medidas fiscales concebidas como temporales. La reciente y polémica sentencia del Tribunal Constitucional, que avaló este sistema, evidencia la tendencia de la Administración a conservar este tipo de instrumentos más allá de su carácter inicial.

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(El Economista, 20-04-2026) | Fiscal

Las medidas dirigidas a los trabajadores por cuenta propia han ganado peso en las agendas económicas

Los equipos económicos de PP, Vox y Junts están preparando propuestas para replantear el sistema de cotización acordado en 2022, después de exigir al Gobierno que dé marcha atrás en el aumento de cuotas aplicado sin previo aviso a los autónomos societarios. El Partido Popular presentó en noviembre un conjunto de diez medidas dirigidas a este colectivo, tras el bloqueo de las negociaciones entre la Seguridad Social y las asociaciones de autónomos para revisar los tramos y las cuotas. Desde entonces, ha ido perfilando su propuesta a través de encuentros en distintas comunidades autónomas, configurando un plan que incluye, entre otras cosas, la posibilidad de aplazar hasta tres mensualidades al año. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo considera necesario revisar el sistema de cotización por ingresos reales aprobado en 2022 -al que dio su apoyo en su momento-, aunque por ahora no propone una reforma completa. Entre sus planteamientos, defiende actualizar las cuotas conforme a la inflación y permitir que las aportaciones a planes de pensiones privados puedan descontarse de las cotizaciones, con el objetivo, entre otros, de reforzar el sistema público. Además, el PP recoge algunas de las reivindicaciones habituales del colectivo, como que los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros queden exentos de gestionar el IVA, en línea con la normativa europea, o reducir el número de declaraciones fiscales anuales a dos -y a una en el caso de nuevos autónomos-, a quienes también propone aplicar una tarifa cero. Algunas de estas ideas coinciden con las defendidas por Vox, como incentivar la contratación mediante bonificaciones del 100% en las cotizaciones sociales durante el primer año. El partido liderado por Santiago Abascal presentó en el Congreso una moción con diez medidas orientadas a evitar la desaparición del trabajo autónomo en España. No obstante, a diferencia del PP, Vox plantea derogar directamente la ley de 2022 que regula el RETA y negociar un nuevo marco laboral que tenga en cuenta, según afirma, a los "verdaderos agentes sociales". Entre sus propuestas, Vox incluye eximir del pago de cuotas a quienes ganen menos que el Salario Mínimo Interprofesional, ampliar a seis meses el plazo para abonar impuestos como el IRPF o el IVA, y fijar un tipo del 15% en el IRPF para rentas inferiores a 70.000 euros anuales. Aun así, la formación no ha decidido todavía si llevará estas medidas al terreno legislativo, pese a haber asumido el compromiso de corregir el aumento del 42% en la base mínima de cotización de los autónomos societarios aplicado en marzo. Por su parte, Junts ha mostrado una posición firme en los últimos días, incorporando las demandas de los autónomos a sus negociaciones con el Ejecutivo. El grupo encabezado por Miríam Nogueras ya condicionó su apoyo al decreto anticrisis a la implantación de la exención del IVA para autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros. Según señaló en redes sociales, el Gobierno debe tener en cuenta que dispone de siete votos que priorizan los intereses de los autónomos frente a los del propio Ejecutivo.

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(El Economista, 20-04-2026) | Fiscal

La pequeñas empresas cobran con retrasos cerca del 70% de sus facturas

El sistema de pagos entre empresas en España ha afianzado los retrasos respecto a los plazos acordados al cierre del último año. De acuerdo con el Observatorio de la Morosidad de Cepyme, ha disminuido la puntualidad en los pagos: solo el 30,4% de las facturas se abonaron a tiempo o antes de su vencimiento, frente al 32,6% del ejercicio anterior. Actualmente, la mayoría de las operaciones comerciales se concentran en retrasos de corta duración. Los pagos efectuados dentro de los 30 días posteriores al vencimiento ya suponen el 66,6% del total, tras aumentar 2,7 puntos porcentuales en el último año. En cambio, los retrasos más graves -los que superan ese plazo- representan el 3%, debido principalmente al incremento de pagos realizados entre los 60 y 90 días. Aunque los tipos de interés han empezado a bajar, el coste financiero asociado a la deuda comercial sigue siendo elevado para las empresas. En el cuarto trimestre de 2025, este esfuerzo alcanzó los 5.568 millones de euros. De ellos, cerca de 2.000 millones correspondieron a pymes: 611 millones asumidos por microempresas (frente a 715 millones un año antes) y 781 millones por pequeñas empresas (frente a 915 millones en el mismo periodo de 2024). El Periodo Medio de Pago (PMP) en España se situó en 80,5 días durante 2025. Aunque supone una ligera mejora respecto al año anterior, continúa superando en más de 20 días el límite legal de 60 días fijado por la normativa de morosidad. Las pequeñas empresas fueron la excepción a esta leve mejoría, ya que su PMP aumentó ligeramente, pasando de 78,7 días a finales de 2024 a 78,9 días en el mismo periodo de 2025. Aun así, encadenan siete trimestres seguidos por debajo de los 80 días. En cuanto a la gestión de pagos aplazados, las empresas medianas presentan un comportamiento singular. Su índice de morosidad (Imfvp) creció un 12,8% en 2025, en contraste con las grandes compañías, donde cayó un 71,2%. A pesar de ello, las medianas siguen en una posición relativamente mejor que la media nacional. Las empresas más pequeñas muestran mayor resistencia en este indicador. En las pequeñas, el índice se mantuvo estable, mientras que en las microempresas descendió, aunque sin corregir su desventaja estructural. Estas últimas continúan siendo las más afectadas por la morosidad, con un nivel un 17% superior al promedio nacional, aunque se trata del dato más bajo desde 2008. Por su parte, las grandes empresas registraron una desviación del 13,2% respecto a la media nacional, lo que supone su mejor resultado en tres años, en línea con la fuerte reducción de su índice de morosidad. Los plazos de pago varían de forma significativa según el sector y la región. La construcción presenta el mayor retraso, con un PMP de 96,5 días, niveles no vistos desde principios de 2024. Le sigue el sector agroalimentario, con 74,4 días. En cambio, los servicios y la industria han reducido sus plazos, situándose en 70,6 y 74,3 días, respectivamente. Dentro de los subsectores, el transporte lidera los mayores retrasos en servicios con 75,5 días, mientras que en la industria destaca maquinaria y equipo, con 88,8 días. Por comunidades autónomas, Madrid encabeza los mayores plazos de pago con 90,9 días, seguida de Murcia (89,1) y Galicia (88,7). En el extremo contrario, Aragón (68,7 días) y Baleares (69 días) registran los periodos más reducidos. El informe también señala que el índice general de morosidad en ventas a plazo (Imfvp) rompió su tendencia descendente al situarse en 54,1 puntos. Las microempresas siguen encabezando este indicador, superando la media nacional en un 17%, aunque en su nivel más bajo desde 2008. Las medianas, en cambio, continúan en mejor situación relativa. Cepyme advierte que, pese a la moderación actual de la morosidad gracias al abaratamiento de la financiación, la incertidumbre en los precios de la energía y las materias primas podría provocar un repunte a corto plazo. En el caso de los autónomos, la situación sigue siendo especialmente delicada. Según el último barómetro de ATA, el 38,3% asegura sufrir retrasos en el cobro de sus facturas. El origen principal de estos impagos se encuentra en el sector privado: un 19,6% los padece exclusivamente de empresas privadas, mientras que un 10,4% los sufre tanto del ámbito público como del privado. Además, un 8,3% señala directamente a las administraciones públicas. Estos retrasos tienen consecuencias directas en el empleo. El 17,9% de los autónomos que tenía previsto contratar personal ha tenido que renunciar a ello por problemas de liquidez. Todo ello se produce en un contexto de fuerte presión económica: el 68,9% de los autónomos ya ha subido precios en lo que va de año y un 64,5% prevé hacerlo de nuevo si la situación no mejora. Además, existe un notable descontento con la respuesta institucional, ya que solo el 5,6% considera suficientes las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar la situación económica actual.

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(El Economista, 20-04-2026) | Laboral

La regularización de más de medio millón de inmigrantes marcará la evolución del mercado laboral a lo largo de 2026

Estas personas extranjeras ya residen en España y muchas de ellas trabajan en la economía informal. Por ello, tanto el Gobierno como diversos centros de estudios se muestran optimistas sobre sus posibilidades de acceder a un empleo formal y aumentar las afiliaciones a la Seguridad Social. Sin embargo, desde el ámbito del diálogo social surgen dudas, advirtiendo de que el primer impacto podría ser un incremento de inscritos en las oficinas del SEPE. Se calcula que hay alrededor de 550.000 trabajadores, en su mayoría procedentes de Centro y Sudamérica, con una presencia destacada de mujeres que desempeñan labores en sectores como el servicio doméstico, la hostelería o la construcción. Esta estimación proviene de la diferencia entre los extranjeros afiliados a la Seguridad Social y los ocupados reflejados en la EPA, que incluye parte de la economía sumergida. No obstante, el número real de beneficiarios en edad laboral podría ser mayor, ya que no existe un registro oficial detallado. Tanto sindicatos como organizaciones empresariales alertan de que el paso del empleo irregular al trabajo formal podría no ser tan rápido como se prevé. Señalan que muchos empleadores podrían no estar dispuestos a regularizar a estos trabajadores pagando el salario mínimo o el establecido por convenio, además de asumir las cotizaciones sociales. Por otro lado, también es posible que algunos trabajadores opten por buscar otros empleos, lo que podría incrementar las cifras de desempleo. A diferencia del proceso de regularización de 2005, este nuevo modelo no está vinculado directamente a la obtención de un empleo, por lo que una solicitud aprobada no implica automáticamente el alta en la Seguridad Social. La normativa permite que estas personas puedan empezar a trabajar en cuanto se les notifique que su solicitud está en trámite, aunque muchos tendrán que iniciar entonces la búsqueda activa de empleo. Al haber estado en situación irregular, no tienen derecho a prestaciones por desempleo, pero sí pueden acudir a los servicios públicos de empleo para recibir formación o acceder a determinados sectores. En el marco del diálogo social se prevé que esta opción se utilice especialmente para incorporarse a trabajos en hostelería durante la temporada de verano. Por su parte, las empresas pueden beneficiarse de bonificaciones en las cotizaciones si contratan a personas desempleadas, como parados de larga duración, jóvenes sin formación o colectivos vulnerables. Para acceder a estos incentivos, suele ser necesario que el trabajador esté inscrito en los servicios públicos de empleo, lo que podría fomentar un aumento de registros en el SEPE, ya sea por iniciativa propia o por recomendación durante procesos de selección. El economista Florentino Felgueroso, vinculado a Fedea, matiza estas previsiones y considera que es pronto para evaluar el impacto, aunque no anticipa un aumento significativo del paro registrado, ya que normalmente quienes se inscriben son personas que ya han cotizado previamente. No obstante, sí contempla que puedan recurrir tanto a la formación reglada como a la ofrecida por los servicios de empleo. En este sentido, recuerda que cuando estas acciones formativas se prolongan durante meses, los participantes dejan de contabilizarse como parados y pasan a ser demandantes de empleo no ocupados (DENOS), un grupo que no se incluye en las cifras oficiales de desempleo. Felgueroso también apunta que la regularización amplía las oportunidades laborales de estos trabajadores, lo que podría favorecer su incorporación a empleos formales en sectores con falta de relevo generacional o escasez de mano de obra. A su juicio, los efectos podrían empezar a notarse en las afiliaciones durante el verano y meses posteriores, en función de la evolución de los trámites administrativos. Además, considera que el número de beneficiarios podría estar infravalorado y acercarse más al millón de personas. A medio plazo, el panorama sigue siendo incierto. La economista de Funcas, Mª Jesús Montero, señala que el impacto dependerá de hasta qué punto estas personas ya participan en el mercado laboral, ya sea trabajando, buscando empleo o en situación de desempleo, algo difícil de determinar. También destaca las limitaciones de la EPA para medir el trabajo informal, especialmente en el caso de personas en situación irregular, que pueden mostrar mayor movilidad geográfica o reticencia a participar en encuestas. Según explica, la regularización permitirá que más personas se inscriban en el SEPE, lo que se reflejará en parte en las estadísticas, aunque su impacto en la EPA dependerá de la representatividad de los datos. Además, advierte de que procesos como la reagrupación familiar podrían influir en los flujos migratorios y que el mercado laboral podría tener dificultades para absorber a esta nueva población activa en un contexto de desaceleración económica.

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(La Razón, 20-04-2026) | Laboral

El Gobierno recibe 13.500 solicitudes para la regularización de migrantes en 24 horas

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recibido 13.500 solicitudes online para el proceso extraordinario de regularización de migrantes durante su primer día. Además, según el departamento que dirige Elma Saiz, ya se han gestionado y confirmado 19.633 citas previas para quienes acudirán de forma presencial a partir del lunes 20 de abril a los puntos habilitados. Desde Migraciones señalan que todas las solicitudes se han presentado mediante certificado digital y que, en su mayoría, han sido tramitadas por profesionales autorizados -como abogados, graduados sociales o gestores administrativos-, aunque también hay peticiones realizadas directamente por los propios interesados. Las citas presenciales se atenderán en una red amplia de oficinas: más de 60 de la Seguridad Social, más de 370 de Correos y cinco sedes de Extranjería situadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia. Asimismo, el Ministerio ha recalcado que no se atenderá a nadie sin cita previa y que se han establecido horarios específicos para este proceso, con el fin de no interferir en el funcionamiento habitual del resto de servicios.

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(El Periódico, 20-04-2026) | Laboral

El SEPE recuerda que los días cotizados de más no se pueden acumular para mejorar la prestación por desempleo

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) insiste en la necesidad de conocer bien las normas que regulan el cálculo de la prestación por desempleo. Según este sistema, por cada año trabajado se puede llegar a percibir hasta cuatro meses de paro, aunque los días cotizados que excedan cada tramo no se acumulan. En la actualidad, es necesario haber cotizado al menos 360 días para tener derecho a la prestación, lo que da acceso a 120 días de paro (cuatro meses). A partir de ahí, la duración aumenta de manera gradual en función del tiempo cotizado, hasta un máximo de 720 días de prestación (dos años) para quienes acrediten 2.160 días o más. Un aspecto clave es que los días que superan los tramos establecidos no se guardan ni generan derechos adicionales en el futuro. Es decir, no se pueden acumular para otra prestación. Por ejemplo, una persona con 420 días cotizados percibirá lo mismo que otra con 360 o incluso 539 días: en todos los casos, la prestación será de 120 días. La normativa que regula este sistema es la Ley General de la Seguridad Social, que establece que solo se tienen en cuenta las cotizaciones realizadas en los seis años anteriores a la situación de desempleo, no toda la vida laboral. Además, para poder acceder a la prestación, es imprescindible que la pérdida del empleo haya sido involuntaria, como ocurre en casos de despido o finalización de contrato.

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