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(Cinco Días, 03-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro paga un 2,4% por las letras a seis meses, el tipo más alto desde enero de 2025

Las tensiones inflacionistas continúan marcando el comportamiento de los mercados y siguen lejos de disiparse. El esperado acuerdo entre Estados Unidos e Irán que permitiría normalizar el tránsito por el estrecho de Ormuz sigue sin concretarse y, conforme se prolonga el conflicto, aumenta la presión sobre los precios de la energía. El encarecimiento del petróleo y del gas vuelve a alimentar el temor a que el impacto termine extendiéndose al conjunto de la economía, lo que refuerza las expectativas de nuevas subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales. En este escenario, el Tesoro español mantiene un ritmo sólido de financiación y ha inaugurado junio con una colocación de 6.481,63 millones de euros en letras a seis y doce meses, apenas una semana después de realizar la tercera emisión sindicada del año. Las perspectivas de tipos más elevados y de una inflación persistente están impulsando las rentabilidades ofrecidas por la deuda pública, especialmente atractivas para los perfiles más conservadores interesados en preservar capital con un riesgo limitado. En las letras a seis meses, la rentabilidad marginal alcanzó el 2,398%, el nivel más elevado desde enero de 2025. A estas rentabilidades se suma la percepción positiva sobre la economía española, considerada una de las más dinámicas de la eurozona, lo que continúa favoreciendo el interés por la deuda soberana nacional. La demanda conjunta de ambas referencias ascendió a 12.297,45 millones de euros, casi el doble de la oferta disponible, en línea con el comportamiento observado en las subastas celebradas durante el año. El interés inversor es amplio, aunque el freno en la caída de las rentabilidades, iniciado tras las primeras bajadas de tipos, ha vuelto a atraer especialmente a los pequeños ahorradores hacia las letras del Tesoro. Las peticiones no competitivas, protagonizadas en gran medida por inversores minoristas, alcanzaron los 2.727,8 millones de euros. Aunque la deuda soberana se ha visto penalizada desde el estallido del conflicto bélico, los plazos más cortos siguen percibiéndose como activos relativamente estables y menos volátiles. Además, el menor tiempo de inmovilización del dinero y la ausencia de vinculaciones típicas de algunos productos bancarios siguen reforzando su atractivo entre quienes buscan rentabilidad adicional con bajo riesgo. No obstante, los rendimientos siguen situándose por debajo de la inflación, que alcanzó el 3,2% el mes pasado. La mayor parte de la emisión correspondió a las letras a doce meses, con un importe adjudicado de 4.500 millones de euros. Su rentabilidad marginal quedó en el 2,567%, todavía en niveles considerados atractivos, aunque por debajo del 2,651% registrado en la subasta anterior, celebrada cuando los mercados comenzaron a anticipar posibles subidas de tipos del Banco Central Europeo en un contexto de petróleo próximo a los 110 dólares por barril. Aunque el precio del crudo sigue generando inquietud, las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticando a Israel por incumplir el alto el fuego, han alimentado de nuevo las expectativas de una posible resolución próxima del conflicto. En este contexto, la demanda de los pequeños inversores para las letras a doce meses aumentó en más de 500 millones de euros, hasta alcanzar los 1.648,67 millones, superando incluso las cifras registradas a comienzos de 2024, cuando las rentabilidades rondaban el 4% y los tipos oficiales del BCE se situaban en el 4,5%. Por su parte, las letras a seis meses absorbieron los 1.981,63 millones restantes. La rentabilidad marginal subió de forma más moderada que en las dos subastas anteriores, hasta el 2,398%, máximos desde enero de 2025. La demanda minorista superó los 1.079 millones, ligeramente por debajo de los 1.277 millones registrados en la emisión precedente. La próxima prueba para el Tesoro llegará este jueves, cuando acudirá de nuevo al mercado con emisiones de deuda a medio y largo plazo. El organismo prevé captar entre 4.750 y 6.250 millones de euros mediante bonos a tres años y obligaciones a cinco y quince años, además de deuda vinculada a la inflación. En un entorno condicionado por la incertidumbre geopolítica y la persistencia de las presiones inflacionistas, el Tesoro continuará poniendo a prueba el apetito de los inversores, en un momento en el que la relación entre rentabilidad y riesgo adquiere una relevancia creciente. La evolución del conflicto y su efecto sobre los mercados energéticos seguirán siendo determinantes para el comportamiento de los tipos de interés y de la inversión en los próximos meses.

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(Expansión, 03-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España, Francia e Italia reclaman limitar los poderes del BCE y la EBA

España, Francia e Italia consideran necesario limitar el alcance de actuación del Banco Central Europeo (BCE) y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para favorecer la competitividad de la banca europea. Así lo recogen en un documento conjunto, al que ha accedido EXPANSIÓN, con el que buscan coordinar una posición común de cara a la próxima reforma del marco bancario europeo. Los tres países alertan de que las entidades financieras de la Unión Europea están soportando una creciente "inflación regulatoria", una expresión utilizada desde hace tiempo por el sector para denunciar la acumulación de normas y exigencias técnicas que, según sostienen, exceden lo establecido por la legislación comunitaria. En el informe, España, Francia e Italia subrayan que una parte cada vez más amplia de la regulación procede de los desarrollos técnicos de la EBA -conocidos como normas de nivel 2-, así como de las orientaciones y recomendaciones supervisoras del BCE, encuadradas en el denominado nivel 3. Para frenar este aumento de requisitos, los tres países reclaman que la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE asuman un papel más activo en la supervisión de los estándares técnicos elaborados por la EBA. Además, piden evaluaciones de impacto más completas antes y después de desarrollar la normativa bancaria, teniendo en cuenta factores como la acumulación de cargas regulatorias y la comparación con otros mercados internacionales. El documento también plantea que esos análisis puedan ser elaborados por expertos independientes o académicos especializados en el sector financiero. Respecto al BCE y sus directrices supervisoras, aunque estas no son legalmente vinculantes, los países advierten de que en la práctica pueden actuar como regulaciones encubiertas, difíciles de interpretar, costosas de aplicar y susceptibles de generar diferencias de criterio. A su juicio, esta situación incrementa la inseguridad jurídica y añade exigencias que van más allá de lo previsto inicialmente. Los ministros de España, Francia e Italia defienden que los supervisores deban justificar que sus recomendaciones se limitan estrictamente a lo necesario para controlar riesgos y preservar la estabilidad financiera. Asimismo, consideran que debería ser obligatorio abrir procesos de consulta antes de imponer modificaciones en las prácticas corporativas de los bancos. Entre las propuestas incluidas en el texto figura también la creación de una Junta Europea de Estabilidad Financiera y Competitividad, concebida como un órgano asesor independiente encargado de emitir recomendaciones no vinculantes al Consejo de Supervisión del BCE y a la Junta Única de Resolución (JUR), con el fin de garantizar una visión más amplia sobre el impacto de las decisiones regulatorias en el sector bancario. Además, España, Francia e Italia abogan por reconocer expresamente en la legislación el derecho de las entidades financieras a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) las directrices generales de los supervisores, reforzando así el control judicial sobre las autoridades bancarias. Aunque actualmente el TJUE ya permite impugnar determinadas decisiones del BCE, esta vía apenas se utiliza dentro de la UE. "El uso de directrices y expectativas supervisoras puede contribuir a la convergencia, pero no debería derivar en un sistema paralelo de obligaciones", señalan los tres países, que consideran que el exceso de complejidad regulatoria genera costes innecesarios, resta seguridad jurídica, incrementa las cargas de cumplimiento y limita recursos que podrían destinarse a la financiación y la innovación. Por el momento, tanto el BCE como la EBA han evitado pronunciarse sobre este documento, ya que se trata de una propuesta aún en fase de elaboración y que no ha sido difundida oficialmente.

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(La Vanguardia, 03-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno inyecta 260 millones a la empresa estatal de vivienda para construir 1.629 casas asequibles

El Consejo de Ministros aprobó este martes una aportación de 260 millones de euros para Casa 47 con el objetivo de impulsar 22 nuevos proyectos residenciales repartidos por distintas comunidades autónomas. Estas actuaciones contemplan la construcción de 1.629 viviendas asequibles, según informó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La financiación se canaliza mediante una nueva adenda al convenio firmado entre el ministerio encabezado por Isabel Rodríguez y la entidad pública. Con esta nueva inyección económica, el volumen total de recursos destinados por el Estado a la promoción de vivienda asequible asciende ya a 2.080 millones de euros. En total, el programa acumula 68 proyectos activos y más de 3.000 viviendas previstas, con la intención de aumentar la oferta residencial y contribuir a aliviar los problemas de acceso a la vivienda. Desde el ministerio destacan que esta nueva tanda de ayudas refuerza una de las principales líneas de actuación de Casa 47, organismo presentado a finales del pasado año para liderar la promoción pública de vivienda. Desde entonces, el Ejecutivo ha ido ampliando progresivamente su capacidad financiera para desarrollar proyectos en todo el territorio nacional. De las 68 actuaciones actualmente en marcha, 44 corresponden a proyectos de construcción residencial, con una previsión de 3.266 viviendas, mientras que las 24 restantes se centran en la urbanización de suelos con capacidad potencial para levantar hasta 22.000 viviendas adicionales, según fuentes ministeriales. Los 22 proyectos aprobados este martes se distribuyen entre distintos municipios de Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja y Murcia. Entre las localidades beneficiadas figuran Gines, Granada, Roquetas de Mar, Gijón, Puerto del Rosario, Ávila, León, Valladolid, Talavera de la Reina, Girona, Roda de Barà, Santa Coloma de Gramenet, Castellón, Alicante, Ibi, Badajoz, Cáceres, A Coruña, Carballo, Lugo, Logroño y Murcia. El Ejecutivo subraya además que estas promociones se complementarán con la rehabilitación y puesta en uso de 40.000 viviendas procedentes de la Sareb y de otros organismos públicos, que se irán incorporando al mercado una vez reúnan las condiciones adecuadas de habitabilidad. Por otra parte, la ministra llevó también al Consejo de Ministros el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas para distribuir los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros. Según explicó Rodríguez, las autonomías dispondrán desde julio de un primer desembolso de 800 millones para iniciar sus proyectos residenciales. El modelo de financiación establece que el Estado asumirá el 60% del coste, mientras que las comunidades aportarán el 40% restante. En paralelo, continúa desarrollándose la convocatoria piloto para adjudicar 171 viviendas, mientras se prepara una nueva fase que incluirá más de 600 inmuebles adicionales, que estarán disponibles a través del portal del inquilino. Asimismo, Casa 47 avanza en su primera oferta pública de adquisición de viviendas, con una inversión prevista de 100 millones de euros destinada a incorporar inmuebles procedentes de particulares y fondos de inversión. Desde el Ministerio de Vivienda consideran que Casa 47 constituye un elemento esencial en el cambio de enfoque de las políticas públicas de vivienda, al tratar de corregir una de las principales debilidades históricas de España respecto a otros países europeos: la escasez de parque público residencial capaz de influir en el mercado privado. Las viviendas gestionadas por este organismo estarán destinadas al alquiler asequible, con rentas que no superen el 30% de los ingresos de los inquilinos, y contarán con contratos de larga duración que podrán extenderse hasta 75 años.

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(El Economista, 03-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Madrid y Cataluña, superan ya los 10.000 euros de media en la morosidad que sufre el alquiler residencial

Madrid y Cataluña, los dos grandes mercados inmobiliarios del país, ya superan los 10.000 euros de deuda media vinculada a los impagos en el alquiler residencial. Madrid ha rebasado recientemente ese umbral y cerró 2025 con una morosidad media de 10.420 euros, según la Radiografía del alquiler en Madrid elaborada por el Observatorio del Alquiler. Aun así, Cataluña continúa encabezando la clasificación nacional, con una deuda media de 11.619 euros. El estudio alerta de que los impagos se están consolidando como uno de los principales riesgos del mercado del alquiler madrileño, en un escenario caracterizado por la falta de oferta, una demanda en máximos históricos y un encarecimiento continuado de las rentas. En Cataluña, además, la morosidad sigue aumentando a ritmos superiores al 4% anual y alcanza importes equivalentes a más de siete mensualidades de alquiler. En el caso de Madrid, el incremento de la deuda por impagos alcanza el 18% respecto a 2024, situando a la comunidad como el sexto territorio español donde más crece este fenómeno. El Observatorio atribuye este deterioro a la pérdida de capacidad económica de los hogares y al elevado esfuerzo financiero que supone acceder a una vivienda de alquiler en la región. Actualmente, los madrileños destinan de media el 36% de sus ingresos netos al pago de la vivienda arrendada, claramente por encima del límite del 30% que los expertos consideran recomendable. Aunque este porcentaje es ligeramente inferior al 38% registrado un año antes, el informe sostiene que la reducción no responde a una mejora salarial, sino a que muchas familias están alcanzando su límite de capacidad de pago. La situación financiera de los potenciales inquilinos también preocupa. Según un informe del Departamento de Riesgo de Alquiler Seguro al que ha tenido acceso elEconomista.es, el 56% de los hogares que buscan vivienda en alquiler en Madrid presenta algún nivel de riesgo de impago. Dentro de ese grupo, un 25% se encuentra en una situación de riesgo muy elevado y, además, un 9% acumula incidencias en registros de morosidad y solvencia, lo que representa el escenario más delicado. Este aumento de la deuda coincide con un fuerte incremento de los precios del alquiler. La renta media en Madrid ha pasado de 1.156 euros mensuales en 2019 a 1.606 euros en el primer trimestre de 2026. La subida acumulada, cercana al 40% en siete años, ha tensionado las economías familiares en un contexto en el que los salarios no han evolucionado al mismo ritmo. El informe destaca que la deuda media acumulada equivale ya a entre seis y siete meses de alquiler, lo que incrementa la percepción de riesgo entre los propietarios y afecta directamente a la oferta disponible. El Observatorio señala que la evolución de la morosidad influye de forma decisiva en la decisión de muchos propietarios de mantener o retirar viviendas del mercado del alquiler de larga duración. Parte de ellos opta por destinar los inmuebles a otros usos o incluso mantenerlos vacíos por temor a sufrir impagos. El estudio recuerda además que el mercado español del alquiler está dominado por pequeños propietarios particulares, que representan el 93,4% del total. En muchos casos, se trata de ahorradores que dependen de esos ingresos para complementar salarios o pensiones. La combinación de impagos crecientes, precios récord y escasez de oferta está reforzando así el desequilibrio estructural del mercado madrileño. Mientras la demanda continúa disparada, con 118 personas interesadas por cada vivienda disponible en apenas diez días, la oferta sigue lejos de recuperar los niveles anteriores a la pandemia. El informe advierte de que la situación podría agravarse en los próximos años debido al crecimiento demográfico previsto para la región. Las estimaciones del INE apuntan a que Madrid incorporará cerca de 576.000 nuevos hogares hasta 2039, lo que aumentará todavía más la presión sobre un parque de vivienda ya insuficiente. La tensión del mercado ya no se limita a la capital ni a las zonas tradicionalmente más exclusivas. La presión se está desplazando hacia el sur metropolitano, donde municipios como Getafe, Parla, Móstoles y Leganés se han convertido en algunos de los puntos más saturados de la comunidad. Getafe encabeza la clasificación con 133 interesados compitiendo por cada vivienda disponible en apenas diez días, seguido de Parla y Móstoles con 132, y Leganés con 126. El indicador utilizado por el informe refleja el fuerte desequilibrio existente entre oferta y demanda. Los expertos consideran que un mercado equilibrado debería registrar alrededor de 15 interesados por vivienda, mientras que Madrid multiplica ya casi por ocho esa referencia. Incluso la capital, con 106 interesados por inmueble, presenta niveles de presión inferiores a varios municipios periféricos. El fenómeno evidencia cómo muchas familias están abandonando las zonas más caras y trasladando la demanda hacia localidades tradicionalmente más asequibles. Sin embargo, el sur de Madrid tampoco dispone de suficiente oferta para absorber ese incremento de población, lo que está provocando nuevas subidas de precios. En municipios como Móstoles, Leganés, Pinto o Valdemoro, el alquiler medio mensual ronda ya los 1.130 euros.

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(El Confidencial, 03-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación de la eurozona escala al 3,2% en mayo

La inflación de la eurozona continúa lejos de los máximos registrados durante la crisis energética de 2022, pero sigue aumentando la presión sobre la economía y sobre la política monetaria del Banco Central Europeo. En mayo, el índice de precios alcanzó el 3,2%, según los datos publicados por Eurostat, encadenando cuatro meses consecutivos de subidas y acumulando un incremento de 1,5 puntos desde comienzos de año. La persistencia de la guerra en Oriente Próximo y la incertidumbre sobre una posible solución al conflicto siguen alimentando las tensiones sobre los mercados energéticos. Las negociaciones avanzan y retroceden constantemente, lo que dificulta prever cuándo podrán estabilizarse los precios del petróleo y del gas. Este contexto genera numerosas incógnitas sobre la evolución económica inmediata. En el caso de España, la inflación armonizada -la que se calcula con los criterios europeos- se situó en mayo en el 3,6%, por encima de la media de la eurozona. Además, este mes expiran varias de las medidas aprobadas por el Gobierno para amortiguar el impacto de la crisis energética, aunque el Ejecutivo podría optar por prolongarlas o sustituirlas por nuevas ayudas. España no ha sido el único país en aplicar mecanismos para contener el encarecimiento de la energía y evitar que se trasladara al resto de bienes y servicios, un escenario que complica aún más las decisiones del BCE sobre los tipos de interés. La próxima reunión del Consejo de Gobierno del banco central se celebrará la próxima semana en Fráncfort y buena parte de los analistas anticipan un nuevo aumento de tipos. Entre ellos figuran los economistas del banco neerlandés ING, que consideran probable una subida, aunque advierten de que el camino posterior será especialmente complejo debido a la combinación de crisis energética, inflación persistente y deterioro del crecimiento económico. La principal preocupación es ahora el posible traslado del encarecimiento energético al resto de precios de la economía. La energía mantiene tasas de crecimiento de dos dígitos y en mayo se encareció un 10,9% respecto al mismo mes del año anterior. Los primeros síntomas de contagio ya comienzan a apreciarse en otros indicadores. La inflación subyacente -que excluye elementos más volátiles como energía, tabaco y alimentos frescos- aumentó tres décimas en mayo hasta el 2,5%. Al mismo tiempo, el componente de servicios pasó del 3% al 3,5%. Precisamente estos sectores fueron los últimos en incorporarse a la espiral inflacionista de 2022 y también los que tardaron más tiempo en moderar los precios. Desde ING advierten además de que cada vez más empresas industriales prevén elevar sus precios de venta en los próximos meses, señal de que la primera oleada inflacionista, inicialmente concentrada en la energía, comienza a extenderse gradualmente a otras actividades. El banco considera que el impacto sobre transporte y alimentación podría hacerse visible en poco tiempo. La intensidad de esa transmisión dependerá en gran medida de la duración de las tensiones en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la escalada bélica transitaba alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado mundial. Si el tráfico marítimo se normaliza pronto, el impacto podría ser limitado; si el conflicto se prolonga, el efecto inflacionista sería previsiblemente mayor. Aunque la inflación de la eurozona aumentó dos décimas en mayo, la evolución no ha sido uniforme entre los distintos países. Alemania logró reducir su tasa del 2,9% al 2,7%, mientras que España elevó una décima su inflación armonizada hasta el 3,6%, pese a que el índice general nacional permaneció estable en el 3,2%. Los niveles más elevados dentro de la zona euro corresponden actualmente a Bulgaria, con una inflación del 6,1%, y Lituania, con el 5,1%. En el extremo contrario se sitúa Malta, que mantiene la tasa más contenida, con un 2,1%. También permanecen por debajo del 3% las dos grandes economías continentales, Alemania y Francia, esta última con un 2,8%.

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(Expansión, 02-06-2026) | Fiscal

La factura fiscal de luz y gas aumenta este mes en 300 millones al concluir las ayudas por la guerra

La carga fiscal sobre la electricidad y el gas natural aumentó de forma repentina ayer en torno a 300 millones de euros. Esa es la estimación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre los ingresos extra que obtendrá Hacienda este mes tras la desaparición de parte de las rebajas fiscales aplicadas a la energía, medidas que el Gobierno había puesto en marcha para amortiguar las consecuencias de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos. A pesar de las peticiones de sindicatos, oposición e incluso del socio minoritario del Ejecutivo, el Gobierno no ha frenado por ahora la retirada automática de parte de estas ayudas, que estaban condicionadas a la evolución de la inflación. Las rebajas vinculadas a los carburantes, no obstante, seguirán vigentes hasta finales de junio. El Real Decreto-ley aprobado el pasado 20 de marzo para responder al impacto económico del conflicto en Oriente Próximo movilizaba cerca de 5.000 millones de euros y fue ratificado por el Parlamento una semana más tarde. El plan contemplaba unos 3.000 millones en ayudas directas para los sectores más afectados y más de 2.000 millones en rebajas fiscales para los consumidores, inicialmente previstas hasta el 30 de junio. Solo durante los últimos diez días de marzo, la Agencia Tributaria calculó que estas medidas redujeron la recaudación en 115 millones de euros. Sin embargo, el decreto incluía una cláusula que supeditaba la continuidad de las rebajas fiscales a la evolución de los precios. Si en abril la inflación interanual de la electricidad, el gas o los carburantes se situaba por debajo del 15%, las ayudas fiscales desaparecerían automáticamente. El efecto del propio paquete de medidas y la menor dependencia energética de España respecto a Oriente Próximo contribuyeron a abaratar el gas un 9,6% y la electricidad un 4,3% en ese periodo. Como consecuencia, desde ayer 1 de junio se han revertido de forma automática las rebajas fiscales sobre la energía. El IVA aplicado a la electricidad, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña pasa del 10% reducido al tipo general del 21%. También vuelve a su nivel habitual el Impuesto Especial sobre la Electricidad, que deja atrás el tipo reducido del 0,5% para regresar al 5,11%. Desde Endesa advierten de que muchos hogares empezarán a notar el incremento en sus próximas facturas, especialmente aquellos que utilizan tanto electricidad como gas. Según sus cálculos, el aumento podría situarse entre 10 y 20 euros mensuales para una vivienda media, dependiendo del consumo y de la tarifa contratada. En un hogar con un gasto reducido de unos 40 euros al mes en electricidad antes de impuestos, el encarecimiento rondará los 7 euros mensuales; en uno con consumo medio y una factura de 70 euros, el aumento será de unos 12 euros; y en hogares o negocios con facturas de alrededor de 120 euros, el sobrecoste se acercará a los 20 euros al mes. La compañía considera que los consumidores con un mayor uso energético percibirán más claramente el impacto a partir del verano. Mientras tanto, las medidas destinadas a contener el precio de los carburantes seguirán activas durante junio, ya que los precios continúan elevados. Entre ellas figura la reducción del Impuesto sobre Hidrocarburos hasta los mínimos permitidos por la Unión Europea -4,9 céntimos por litro en el gasóleo y 14,5 céntimos en la gasolina sin plomo-, con un coste estimado de 660 millones de euros, según Airef. También continúa vigente la rebaja del IVA de los combustibles del 21% al 10%, una medida cuestionada por la Comisión Europea y valorada en unos 750 millones. Además, se mantiene la devolución parcial de 20 céntimos por litro para el gasóleo profesional, cuyo coste supera los 1.000 millones de euros. Desde el Ministerio de Economía señalaron ayer que el Gobierno sigue evaluando el impacto económico y social de la guerra en Irán y analiza junto a agentes sociales y sectores afectados la eficacia de las medidas adoptadas, con el objetivo de decidir si continúan o se modifican más allá del 30 de junio, fecha en la que expira el resto del paquete actualmente en vigor. El departamento encabezado por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, defiende que estas medidas están sirviendo para preservar el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas. La pasada semana, el ministro presidió una primera reunión con patronal y sindicatos para analizar posibles actuaciones de cara a afrontar un verano marcado por la incertidumbre energética. Según Economía, en las próximas semanas se celebrarán nuevos encuentros con los distintos sectores para estudiar la evolución de la situación y determinar qué nuevas ayudas podrían ser necesarias cuando finalicen las actuales.

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(Expansión, 02-06-2026) | Fiscal

Hacienda recauda un 24% más por la Renta en los dos primeros meses de campaña

Hasta el 1 de junio, más de 3,2 millones de contribuyentes con declaraciones de la Renta a pagar habían ingresado ya más de 5.700 millones de euros en las arcas públicas durante los dos primeros meses de la campaña de 2025, iniciada el pasado 8 de abril. La recaudación obtenida hasta ahora supera en un 23,8% la registrada en el mismo periodo del ejercicio anterior. Aun así, el incremento todavía queda por debajo de las previsiones de la Agencia Tributaria, que espera elevar en esta campaña los ingresos netos por IRPF en torno a un 60%, lo que supondría unos 11.000 millones adicionales. La mayor parte de ese crecimiento previsiblemente llegará a lo largo de junio, ya que muchos contribuyentes con resultado a ingresar suelen esperar hasta las últimas semanas para presentar su declaración. En total, 16,8 millones de personas ya habían formalizado su declaración correspondiente a los ingresos obtenidos el año pasado, lo que representa un aumento del 5,4% respecto al cierre de mayo de 2025. De ellas, 3,2 millones presentaron declaraciones con resultado a pagar, un 7,83% más que el año anterior, mientras que 10,9 millones solicitaron devoluciones, con un crecimiento del 3,8%. La Agencia Tributaria ya ha efectuado 8,2 millones de devoluciones, lo que equivale al 75,5% de las solicitudes presentadas y al 61% del importe total reclamado por los contribuyentes. En paralelo, Hacienda ha comenzado a remitir avisos a ciudadanos en cuyas declaraciones detecta posibles errores o discrepancias para que puedan corregirlos antes de que finalice el periodo voluntario de presentación. Según fuentes de la Agencia Tributaria, ya se han enviado unas 50.000 notificaciones de un total previsto de 130.000 antes del cierre de campaña, fijado para el 30 de junio. El objetivo, según explica el organismo, es fomentar el cumplimiento voluntario y evitar fallos u omisiones que posteriormente puedan derivar en comprobaciones o regularizaciones fiscales. La recepción de estas comunicaciones no obliga a modificar la declaración presentada, ya que tienen carácter meramente informativo. Sin embargo, en los últimos años algunos sectores han criticado esta práctica al considerar que transmite a los contribuyentes la posibilidad de futuras inspecciones si no rectifican los datos inicialmente declarados. En la campaña pasada, unas 45.000 declaraciones fueron corregidas durante el periodo voluntario tras el envío de estas advertencias, lo que representó más de un tercio de las cartas remitidas entre mayo y junio. Entre los colectivos sometidos a una vigilancia especial este año figuran los trabajadores autónomos. Los profesionales por cuenta propia deberán reflejar por primera vez en la declaración de la Renta el resultado de la regularización de cuotas correspondiente a 2023, tras la implantación del nuevo sistema de cotización basado en ingresos reales. De acuerdo con los datos de la Seguridad Social, alrededor de 1,2 millones de autónomos tendrán que ajustar la deducción aplicada por sus cotizaciones. Aproximadamente 460.000 deberán incorporar devoluciones de cuotas, aumentando así su base imponible, mientras que cerca de 800.000 podrán incrementar la deducción por las cantidades abonadas, reduciendo su base imponible y, en algunos casos, accediendo a un tramo inferior de tributación efectiva en el IRPF.

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(El País, 02-06-2026) | Fiscal

Hacienda arranca la negociación con las CCAA sobre la reforma de financiación autonómica

El Ministerio de Hacienda ha dado este lunes un nuevo paso en la reforma del sistema de financiación autonómica con la intención de que el proyecto llegue al Congreso después del verano y pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero. El departamento que dirige Arcadi Espada ha enviado una carta a todas las comunidades autónomas de régimen común y a las ciudades autónomas para proponer reuniones inmediatas que permitan cerrar los últimos aspectos pendientes de la negociación. La iniciativa llega después de que el Gobierno presentara en enero una propuesta global que supondría aportar 21.000 millones de euros adicionales a las comunidades, además de aumentar su participación en los grandes impuestos estatales hasta el 55% del IRPF y el 56% del IVA. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que el secretario de Estado, Jesús Gascón, será el encargado de mantener encuentros bilaterales con las distintas autonomías. Las reuniones podrán celebrarse tanto de manera presencial como telemática, dependiendo de las preferencias de cada administración regional. El Gobierno mantiene además la intención de convocar próximamente el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un paso considerado imprescindible antes de que el Consejo de Ministros pueda aprobar formalmente la reforma del modelo. La propuesta del Ejecutivo parte de un nuevo cálculo de la llamada población ajustada, el criterio utilizado para distribuir los recursos entre territorios teniendo en cuenta el coste real de prestar servicios públicos. El sistema incorpora variables como la dispersión geográfica, la insularidad o el envejecimiento de la población, factores que elevan el gasto de algunas comunidades. La ministra María Jesús Montero ya defendió en enero que intentó consensuar este modelo con las autonomías, aunque las posiciones quedaron divididas en función de los intereses de cada territorio. El nuevo esquema diseñado por Hacienda concede un peso del 30% a la población empadronada. La denominada población protegida equivalente, vinculada principalmente al gasto sanitario y calculada según los distintos tramos de edad, representa el 38% del modelo. La financiación de la educación primaria, secundaria y de los alumnos desplazados suma un 20,5%, mientras que los servicios sociales destinados a mayores de 65 años y desempleados sin prestación concentran un 8,5%. A estos criterios se añaden otros vinculados a las características territoriales: la superficie tiene un peso del 1,6%; la dispersión de la población, un 0,5%; la insularidad, otro 0,5%; y los costes fijos, un 0,4%. Aunque el núcleo del sistema sigue girando alrededor de los costes sanitarios, educativos y sociales, Hacienda sostiene que el modelo favorece especialmente a las regiones afectadas por la despoblación. Pese a ello, la propuesta ha generado dudas desde su nacimiento, especialmente entre las comunidades gobernadas por el PP y diversos expertos económicos. Uno de los más críticos ha sido Ángel de la Fuente, quien recientemente reconoció que el planteamiento del Gobierno incluye elementos positivos, aunque considera necesario seguir negociando para despejar las incógnitas sobre un posible modelo singular para Cataluña, uno de los puntos de mayor conflicto entre las distintas autonomías.

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(El Economista, 02-06-2026) | Fiscal

La deducción del 20% por elevar fondos propios, principal beneficio para las pymes en el impuesto de Sociedades

El Ministerio de Hacienda ha aprobado el nuevo modelo de declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a 2025, cuya campaña comenzará el próximo 1 de julio. Entre las principales novedades destaca el aumento del incentivo fiscal para las pymes por el refuerzo de fondos propios, que pasa del 15% al 20%. Las empresas que durante el ejercicio anterior hayan destinado beneficios a incrementar sus recursos propios podrán aplicar una deducción del 20% sobre las cantidades reservadas, siempre que la reducción no supere el 20% de la base imponible. En el caso de las micropymes -aquellas con una facturación inferior al millón de euros- el límite se eleva al 25%. Para acceder a este beneficio, será necesario mantener esas reservas durante un periodo mínimo de tres años. Además, la deducción podrá incrementarse si la empresa aumenta su plantilla y mantiene ese crecimiento durante el mismo plazo. En función del incremento del empleo, la deducción puede elevarse al 23% si el aumento de trabajadores se sitúa entre el 2% y el 5%; al 26,5% si está entre el 5% y el 10%; y hasta el 30% si supera ese último umbral. Según explica el secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales-Consejo General de Economistas (REAF-CGE), Rubén Gimeno, el objetivo de esta medida es fomentar la autofinanciación empresarial, incentivando que las compañías no distribuyan beneficios y refuercen su capitalización. En su opinión, se trata del principal incentivo fiscal disponible actualmente para las pymes. En paralelo, se introduce una reducción progresiva de los tipos impositivos. Las micropymes tributarán los primeros 50.000 euros al 21% y el exceso al 22%. En 2026, estos tipos bajarán al 19% y al 21%, respectivamente, y en 2027 al 17% y al 20%. Las pymes, por su parte, verán reducido su tipo general por primera vez al 24%, frente al 25% actual. Esta rebaja continuará de forma gradual hasta situarse en el 23% en 2026, el 22% en 2027, el 21% en 2028 y el 20% en 2029. En cuanto a la compensación de bases negativas, los grupos fiscales aplicarán por última vez en 2025 el límite del 50% para deducir pérdidas de sus filiales, salvo que el Gobierno prorrogue la medida. De forma estructural, las grandes empresas seguirán sujetas a restricciones: aquellas con ingresos entre 20 y 60 millones podrán compensar solo el 50% de sus pérdidas, y las que superen los 60 millones, el 25%. Otra novedad es la prórroga de la libertad de amortización para la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de infraestructuras de recarga, siempre que las inversiones se realicen entre 2024 y 2026. Las grandes compañías y grupos multinacionales con ingresos superiores a 750 millones deberán declarar por primera vez el impuesto mínimo global, que establece un tipo efectivo mínimo del 15% tanto para matrices como para filiales en el extranjero. Hacienda estima una recaudación de unos 1.700 millones de euros anuales por esta figura. También se actualiza la clasificación de actividades económicas, incorporando nuevas categorías vinculadas a la digitalización y la transición tecnológica, como servicios en la nube, comercio electrónico especializado, plataformas digitales, gestión de datos o energías renovables. Asimismo, se refuerza el control sobre las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), que deberán informar obligatoriamente de sus socios, un requisito que hasta ahora era voluntario. El objetivo es mejorar la supervisión de las deducciones aplicadas, especialmente en proyectos de I+D+i, donde Hacienda ha detectado posibles abusos en la declaración de gastos. Por último, se mantienen las deducciones para empresas de nueva creación, que podrán aplicar un tipo reducido del 15% durante el primer año con beneficios y el siguiente. Las startups con menos de cinco años de antigüedad -o siete en sectores como energía, industria o biotecnología- también podrán beneficiarse de este tipo reducido en el primer ejercicio rentable y los tres siguientes. Las donaciones a entidades sin ánimo de lucro seguirán permitiendo deducciones de hasta el 40% del importe aportado, con un límite del 15% de la base imponible, que se eleva al 45% en caso de aportaciones recurrentes.

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(El Confidencial, 02-06-2026) | Fiscal

Eurostat mejora la métrica del peso del IRPF en el salario y España supera la media de la UE

Desde 2021, los salarios en España han perdido capacidad adquisitiva por una doble razón. Por un lado, las subidas salariales nominales aprobadas en un contexto de fuerte inflación acumulada -cercana al 25%- no han sido suficientes para generar mejoras reales en los ingresos. Por otro, la falta de actualización de los tramos del IRPF conforme al aumento de los precios ha provocado un incremento de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo. Como consecuencia, los trabajadores han visto reducido su poder de compra en términos netos y descontando el efecto de la inflación. Este análisis ha sido respaldado por organismos como la AIReF, la OCDE, el Banco de España y el Banco Central Europeo. Aunque la situación también se ha producido en otros países europeos, en muchos casos el impacto ha sido menor gracias a mayores aumentos salariales reales o a mecanismos de ajuste fiscal que evitan parcialmente el fenómeno conocido como "progresividad en frío", por el cual las subidas salariales destinadas a compensar la inflación terminan desplazando a los trabajadores hacia tramos impositivos superiores. En este contexto, España ha escalado posiciones en los rankings internacionales sobre presión fiscal sobre los salarios. Tanto la OCDE como Eurostat reflejan un incremento de la carga impositiva sobre las rentas del trabajo, aunque utilizando metodologías diferentes. Mientras la OCDE sitúa ya a España prácticamente al nivel de los países de su entorno, Eurostat concluye que la presión fiscal española supera incluso la media comunitaria en más de un punto. La diferencia entre ambas estadísticas se debe principalmente a un cambio metodológico introducido por Eurostat en 2024. Hasta entonces, los cálculos comunitarios utilizaban como referencia los datos de la OCDE, basados en salarios ajustados a equivalencia de jornada completa. El nuevo sistema europeo, apoyado en los datos de Euromod -un modelo desarrollado por el centro de investigación de la Comisión Europea-, utiliza salarios medios reales sin ese ajuste, incorporando el peso efectivo del empleo a tiempo parcial y completo existente en cada país. Según la metodología tradicional de la OCDE, un trabajador soltero y sin hijos que percibió el salario medio en España durante 2025 soportó una carga de IRPF del 17,1%, 1,1 puntos más que el año anterior y prácticamente igual a la media europea de los países analizados por la organización, situada en el 17,2%. Con este nivel, España se equipara prácticamente a Alemania y supera a Francia. En gran medida, esta convergencia responde a decisiones fiscales adoptadas por distintos gobiernos. Mientras países como Alemania han aprobado medidas para corregir parcialmente la progresividad en frío, España mantiene sin actualizar la tarifa estatal del IRPF desde 2015. Además, al menos una docena de países de la Unión Europea cuentan con mecanismos automáticos o parciales de adaptación de los tramos impositivos a la inflación, con el objetivo de evitar que las subidas salariales destinadas a compensar la pérdida de poder adquisitivo terminen generando una mayor carga tributaria. Entre los países que aplican sistemas automáticos de actualización figuran Países Bajos, Francia, Dinamarca, Bélgica, Suecia, Finlandia, Noruega y Lituania, mientras que Austria y Alemania disponen de fórmulas discrecionales para corregir este efecto. El nuevo método de Eurostat introduce diferencias relevantes especialmente en economías con un elevado peso del empleo parcial, como Alemania o Países Bajos, donde los salarios medios sujetos a tributación son menores. En el caso español, el impacto metodológico es más reducido. Aun así, los datos sitúan a España por encima de la media comunitaria tanto en 2024 como en 2025. De acuerdo con Eurostat, un trabajador medio del sector privado, soltero y sin hijos, que percibió el salario medio en 2025 soportó un tipo efectivo de IRPF del 15,8%, frente al 14,6% de media en la Unión Europea. Este dato coincide además con las cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda, precisamente porque ambos utilizan salarios medios reales y no corregidos por equivalencias de jornada completa.

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