El Tribunal Supremo ha considerado ilegal y discriminatoria la política aplicada por la empresa Ayesa Ibermática que dejaba fuera del cálculo de la retribución variable los días de baja por incapacidad temporal y los permisos retribuidos previstos en la normativa laboral.
Según ha informado el sindicato en un comunicado, el Alto Tribunal ha dado la razón a FeSMC-UGT y ha ratificado en todos sus términos la sentencia anterior de la Audiencia Nacional. Esta decisión supone, en palabras del sindicato, "un serio revés a las prácticas empresariales que penalizan a las personas trabajadoras por enfermar, atender cuidados o ejercer derechos de conciliación".
Ayesa Ibermática había establecido un sistema de incentivos vinculado a las denominadas "jornadas productivas", excluyendo del cómputo tanto las bajas médicas como determinados permisos legalmente reconocidos. No obstante, en su sentencia de 16 de enero de 2026, el Supremo concluye que esta forma de cálculo constituye una discriminación directa por motivos de salud, prohibida expresamente por la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación.
En consecuencia, el tribunal determina que la situación de incapacidad temporal no puede servir de justificación para minorar salarios ni incentivos económicos. Asimismo, la resolución protege de manera expresa los permisos retribuidos recogidos en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, incluidos los relacionados con enfermedad grave u hospitalización de familiares, el ejercicio de funciones sindicales y los vinculados al embarazo, parto, adopción o acogimiento.
Tal y como subraya UGT, la sentencia recuerda que estos permisos son derechos legales que deben mantenerse íntegramente retribuidos, y que excluirlos del acceso a incentivos salariales implica una discriminación indirecta, especialmente hacia las mujeres, al estar estrechamente relacionados con las labores de cuidado y conciliación.
Pasar la noche en un hotel es cada vez más caro y, en muchos casos, se ha convertido en una opción difícilmente asumible, especialmente para familias y viajeros de negocios. En 2025, el precio medio de una habitación de hotel en España subió un 4,8%, hasta situarse en 166,1 euros por noche, marcando así un nuevo récord histórico. Estos datos proceden del barómetro anual elaborado por Cushman & Wakefield junto con STR, que analiza la evolución de 1.425 establecimientos hoteleros y cerca de 184.000 habitaciones en todo el país.
La fuerte escalada de precios registrada en los últimos tres años ha tenido un impacto directo en la rentabilidad del sector. Esto se refleja en el ingreso por habitación disponible (RevPAR), el indicador clave para medir los resultados de los hoteles, que en 2025 creció un 5,5% y alcanzó los 125,4 euros. Según destacó Elvira Arjona, responsable de STR en España, tanto el aumento de tarifas como el de rentabilidad se sitúan muy por encima de los registrados en Europa y en el sur del continente.
Dentro de esta tendencia alcista, Marbella fue el destino donde más se encarecieron los precios, con una tarifa media de 365 euros por noche, la más alta del país, tras un incremento anual del 11%. Solo Fuerteventura registró una subida mayor, del 13,1%. En contraste, Barcelona experimentó un ligero descenso del 0,8%, lo que dejó su tarifa media en 186,4 euros por noche.
Pese a este ajuste puntual, las tarifas hoteleras se mantienen en niveles récord, impulsadas por una demanda que continúa siendo sólida y por la presión inflacionaria. De cara a 2026, las previsiones apuntan a nuevas subidas, ya que ciudades como Madrid y Barcelona aún presentan precios inferiores a los de otros grandes destinos europeos como Londres o París, según explicó Bruno Hallé, socio y codirector de Cushman & Wakefield Hospitality en España.
A esta evolución contribuirá también la apertura de numerosos hoteles de alta gama, especialmente en Madrid. De acuerdo con CBRE, la capital concentrará el 17% de las nuevas inauguraciones hoteleras, con nueve establecimientos de cinco estrellas previstos para este año, operados por marcas como Ilunion, Mercer, Nobu, Radisson, Hilton o Lopesan, entre otras. Aun así, Barcelona sigue registrando una tarifa media superior a la de Madrid -178,4 euros frente a una cifra algo menor en la capital-, aunque la diferencia entre ambas ciudades se está reduciendo.
En términos de rentabilidad, seis destinos superan la media nacional: Marbella, Baleares, Barcelona, Madrid, Canarias y Málaga. De nuevo, Marbella lidera con claridad el ranking, con un ingreso por habitación disponible de 245,8 euros, muy por encima de Baleares (153,2 euros) y Barcelona (145,3 euros).
La ocupación hotelera alcanzó el 75,5% de las plazas disponibles, lo que supone un aumento del 0,7% respecto al año anterior y consolida una situación de estabilidad en niveles históricamente altos. Según Albert Grau, socio y codirector de Cushman & Wakefield Hospitality en España, el dato más positivo de 2025 es que, con una ocupación sostenida en máximos, el sector ha logrado seguir incrementando precios e ingresos, una tendencia que podría prolongarse en 2026 si se mantiene la fortaleza de la demanda nacional y el interés de los mercados internacionales por España.
Las materias primas profundizan en una corrección de gran magnitud que pone de manifiesto el fuerte componente especulativo detrás de las recientes subidas de unos activos tradicionalmente vistos como refugio. El anuncio de Donald Trump de proponer a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal, en sustitución de Jerome Powell, ha desbaratado las expectativas alcistas del mercado y ha desencadenado una caída sin precedentes. El precio del oro ha llegado esta mañana a los 4.400 dólares por onza, después de haber rozado los 5.600 dólares el jueves anterior, lo que supone un desplome cercano al 20% en poco más de dos sesiones. El viernes, el metal precioso ya había retrocedido un 8,95% en el mercado al contado, según Bloomberg, aunque en los momentos de mayor tensión llegó a perder hasta un 12%. Este lunes, las caídas continúan con descensos en torno al 5%. La plata presenta un ajuste aún más severo: cotiza en 74,26 dólares por onza y acumula una pérdida del 40% desde los máximos recientes, cuando alcanzó los 121 dólares hace apenas unos días.
Según Manuel Pinto, analista de XTB, el retroceso del oro está directamente relacionado con la designación de Warsh. A su juicio, tanto el oro como la plata, e incluso activos como el bitcoin, podrían seguir corrigiendo ante un escenario de fortalecimiento del dólar, aumento de la rentabilidad de los bonos y menor liquidez en los mercados, mientras que el sector bancario empieza a captar mayor interés. Aunque las últimas declaraciones de Warsh apuntan a posibles recortes de tipos, el mercado lo percibe como una figura con amplia experiencia en la Reserva Federal y en Wall Street, lo que reduce la probabilidad de decisiones extremas que debiliten de forma significativa al dólar. En la misma línea, Sergio Ávila, analista de IG, considera que el desencadenante principal es de naturaleza político-monetaria, ya que el perfil más restrictivo de Warsh enfría la expectativa de un entorno prolongado de tipos muy bajos y fuerza a los inversores a recoger beneficios en los activos que habían subido con excesiva rapidez.
La brusquedad del ajuste en los metales preciosos refleja que su escalada no respondía únicamente a la búsqueda de protección frente a la debilidad del dólar, sino también a estrategias de corto plazo orientadas a obtener ganancias rápidas. Muchas posiciones alcistas se han visto obligadas a cerrarse de manera acelerada. Para Robert Gottlieb, exoperador de JPMorgan y ahora analista independiente, el mercado se encontraba claramente sobrecargado. Ávila coincide al señalar que no se trata de un cambio de tendencia estructural, sino de una corrección destinada a eliminar los excesos acumulados.
El hundimiento de los metales preciosos está teniendo repercusiones en el conjunto de los mercados financieros, en una jornada marcada por caídas generalizadas en las Bolsas. Tim Waterer, analista de KCM Trade, explica a Bloomberg que los cierres forzosos de posiciones en oro y plata están provocando ventas en otros activos, generando un efecto en cadena. Este tipo de movimientos es habitual en el mercado de futuros cuando un activo que ha subido con fuerza sufre un giro brusco: las posiciones apalancadas entran en pérdidas y los inversores se ven obligados a aportar más garantías, lo que les lleva a vender otros activos para cubrirlas. De hecho, además de los metales, también retroceden las Bolsas y la deuda soberana de referencia.
Este desplome llega después de una revalorización igualmente excepcional. Impulsado por la intensa demanda de pequeños inversores, el oro había duplicado su precio desde comienzos de 2025 y solo en 2026 acumulaba una subida del 25%. La plata, en un mercado más reducido y volátil, llegó a cuadruplicar su valor desde finales de 2024 y registró un avance del 60% en 2026. Las tensiones geopolíticas avivaron aún más estas compras a comienzos de año, con factores como la intervención estadounidense en Venezuela, el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Europea por Groenlandia y las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal, circunstancias que presionaron al dólar y dispararon los precios de los metales preciosos. A ello se sumó el acuerdo para evitar un cierre parcial del Gobierno estadounidense, que dio algo de oxígeno al dólar y añadió presión bajista al oro.
Pese a la fuerte corrección, Antonio Di Giacomo, analista senior de XS.com, sostiene que el oro sigue manteniendo su función defensiva en un entorno de elevada incertidumbre. Aunque ha retrocedido desde niveles próximos a los 5.000 dólares, considera que conserva un soporte estructural como activo refugio frente a los riesgos políticos y geopolíticos globales, si bien no está exento de episodios de ajuste tras las recientes subidas históricas.
El Ibex 35 ha marcado un hito histórico al alcanzar por primera vez los 18.000 puntos (18.115,2). El índice de referencia de la Bolsa española, que comenzó la jornada en terreno negativo, ha dado la vuelta a la sesión y ha entrado en máximos históricos, con una subida cercana al 0,7%. Tras haber cerrado ya la semana anterior en niveles récord, el mercado español encabeza hoy las ganancias en Europa. Entre los valores más destacados figuran Mapfre, que avanza alrededor de un 1,5%, y Amadeus e IAG, ambas con repuntes próximos al 1,3%. En el lado opuesto, Solaria lidera las caídas con un descenso del 2,2%, mientras que Repsol, lastrada por el fuerte retroceso del crudo, baja un 1,7% e Indra retrocede un 1,3%.
Este comportamiento positivo se produce en un contexto de prudencia generalizada en los mercados. La venta masiva de metales preciosos tras el anuncio de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal ha elevado la tensión financiera en el arranque de una semana cargada de citas clave. A la intensa temporada de resultados empresariales se suman varias reuniones de bancos centrales, incluida la del Banco Central Europeo, y la publicación de indicadores macroeconómicos relevantes, como el informe oficial de empleo de Estados Unidos previsto para el viernes. Después de una sesión claramente negativa en Asia, con descensos cercanos al 2%, y con los futuros de Wall Street anticipando caídas antes de la apertura, las Bolsas europeas muestran un tono más moderado y avanzan en torno al 0,5% tras un inicio de jornada bajista.
La relativa estabilidad de Europa contrasta con los fuertes ajustes registrados en los mercados asiáticos. El Hang Seng de Hong Kong cerró con un retroceso del 2,4%, mientras que el Nikkei japonés perdió un 1,23%, pese a las expectativas de una amplia victoria del Partido Liberal Democrático en las próximas elecciones, lo que podría allanar el camino a nuevas medidas de estímulo.
En el plano macroeconómico, la economía de la eurozona creció un 1,5% en 2025, tras anotar un avance del 0,3% en el cuarto trimestre. Alemania, por su parte, registró un crecimiento del 0,3% en el tramo final del año y cerró el ejercicio con una expansión del 0,2%.
En Estados Unidos, Wall Street despidió un enero especialmente volátil con descensos generalizados. El Dow Jones cedió un 0,36%, el S&P 500 bajó un 0,43% y el Nasdaq retrocedió un 0,94%. Para la sesión actual, los futuros apuntan a nuevas pérdidas, con caídas del 1,2% en el S&P 500 y del 1,6% en el Nasdaq, a la espera de los resultados de grandes compañías tecnológicas como Alphabet, Amazon o AMD. El foco está puesto en los costes y la rentabilidad vinculados a la inteligencia artificial, tras la decepción generada por las cifras de Microsoft.
No obstante, la atención de los inversores sigue centrada en la política monetaria. Buena parte de la inquietud del mercado responde a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de proponer a Kevin Warsh como sustituto de Jerome Powell al frente de la Fed. Este movimiento ha llevado a revisar las expectativas sobre la evolución de los tipos de interés. Desde XTB señalan que el nombramiento ha reforzado la previsión de tipos más elevados durante más tiempo y de un dólar más fuerte, y apuntan que con Warsh se anticipa un giro hacia una política monetaria más basada en convicciones económicas que en datos estrictamente macroeconómicos.
En una línea similar, Renta 4 destaca que la designación de Warsh, considerado de perfil más técnico, ha provocado un aumento de la aversión al riesgo, con ventas en Bolsas, criptomonedas y, de forma especialmente acusada, en los metales preciosos. Aun así, los analistas coinciden en que el futuro presidente de la Fed mantendrá la independencia del banco central, lo que debería resultar favorable para los mercados bursátiles a medio plazo. Según los expertos de Renta 4, el perfil más académico que político de Warsh contribuiría a preservar la autonomía de la Fed, calmando al mercado de bonos y al dólar, mientras que los metales preciosos deberán digerir las fuertes subidas previas que los llevaron a máximos históricos.
Uno de los movimientos más llamativos de la jornada ha sido el desplome del oro y la plata. El oro ha llegado a cotizar en torno a los 4.400 dólares por onza, después de haber rozado los 5.600 dólares la semana pasada, lo que implica una corrección cercana al 20% en apenas dos sesiones y media. La plata amplía aún más las pérdidas y acumula un descenso de alrededor del 40% desde sus máximos recientes. Pese a este ajuste, algunos analistas identifican oportunidades de entrada. Vivek Dhar, estratega de materias primas de CBA, considera que el actual nivel de precios supone una oportunidad de compra tanto para el oro como para la plata y mantiene su previsión de que el oro alcance los 6.000 dólares por onza en el cuarto trimestre de 2026.
En el mercado de divisas, el euro registra un ligero avance frente al dólar y se mueve en torno a los 1,1864 dólares. El petróleo, por su parte, cae cerca de un 5% tras las declaraciones de Trump sobre que Irán estaría negociando "seriamente" con Washington, lo que reduce el riesgo de una escalada militar. El barril de Brent cotiza en el entorno de los 65 dólares.
Con este escenario, los inversores encaran una semana intensa, atentos a la evolución de las materias primas, al mensaje de los bancos centrales y a si los próximos datos macroeconómicos confirman o no un giro hacia un contexto de mayor cautela en los mercados.
La industria española ha arrancado el año profundizando en la senda descendente que ya se manifestó en diciembre y sumando nuevos focos de preocupación, especialmente en lo relativo a los pedidos y al empleo. Los datos del Índice de Gestores de Compras (PMI) correspondientes a enero, difundidos por S&P Global, indican además que la escasez de demanda está llevando a muchas compañías a rebajar sus precios de venta para sostener los ingresos, pese al encarecimiento de los costes, lo que termina erosionando la rentabilidad.
"El sector manufacturero español ha iniciado el año con debilidad", afirma Jonas Feldhusen, economista del Hamburg Commercial Bank y autor del informe, en referencia a un PMI de 49,2 puntos, cuatro décimas por debajo del registro de diciembre y nuevamente por debajo del umbral de 50 que separa la expansión de la contracción. "Las cifras decepcionantes de diciembre ya planteaban la duda de si se trataba de un episodio puntual o del inicio de una fase más prolongada de desaceleración. Los datos de enero apuntan ahora claramente hacia esta segunda opción", añade.
En particular, el empeoramiento de la demanda comienza a generar una preocupación creciente. Los nuevos pedidos, tanto del mercado interno como del exterior, continuaron cayendo a pesar de partir ya de niveles contenidos, una evolución que las empresas atribuyen en gran medida a la incertidumbre internacional que afecta también a otros países de la eurozona. Esta debilidad no solo se refleja en la entrada de nuevos encargos, sino también en la cartera de pedidos pendientes, que se está reduciendo a un ritmo cada vez más rápido.
La falta de tracción del mercado tiene, además, un impacto directo sobre los márgenes de beneficio. "La presión de los costes se ha intensificado debido al encarecimiento de insumos clave como el aluminio o el cobre", señala Feldhusen. Sin embargo, la fuerte competencia y la demanda limitada están restringiendo la capacidad de los fabricantes para repercutir esos mayores costes en los precios finales. "Como consecuencia, la combinación de costes al alza y menor poder de fijación de precios está frenando la contratación", concluye, lo que se ha traducido en el quinto descenso consecutivo del empleo, más acusado que en meses previos.
Pese a este contexto adverso, las empresas del sector mantienen un tono relativamente optimista a medio plazo. Según el informe, muchos fabricantes confían en una recuperación progresiva de la demanda a lo largo de los próximos doce meses, lo que explica que ni el empleo ni la inversión se hayan ajustado con la misma intensidad que los pedidos, y que se mantengan en marcha numerosos proyectos de largo recorrido. No obstante, desde S&P Global advierten de que persisten riesgos relevantes, como el aumento de la competencia procedente de fuera de la Unión Europea o las tensiones geopolíticas con Estados Unidos.
En el conjunto de la eurozona, aunque comienzan a apreciarse señales de estabilización en la industria, todavía no puede hablarse de una recuperación clara, lo que apunta a que la demanda externa sigue siendo débil. El PMI manufacturero de la región se situó en enero en 49,5 puntos, siete décimas por encima del dato de diciembre, pero aún por debajo del nivel que indica crecimiento. Por países, Grecia encabeza la clasificación con 54,2 puntos, seguida de Francia (51,2) y Países Bajos (50,1), mientras que Austria presenta el peor comportamiento, junto con Italia (48,1) y Alemania (49,2).
"Se aprecian algunos avances en la industria manufacturera, pero a un ritmo muy lento", resume Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank y responsable del informe para Europa. En su análisis destaca mejoras puntuales en determinados países: "En Francia la expansión gana tracción, y en Alemania la fuerte contracción de diciembre ha dado paso a un retroceso mucho más moderado".
Los dos grandes bloques que concentran los sistemas de pagos instantáneos en Europa comenzaron a colaborar el año pasado con el objetivo de hacer compatibles sus plataformas. Por un lado está EuroPA, que agrupa soluciones como la española Bizum, junto a los sistemas de Italia y Portugal, entre otros. Por otro, EPI, impulsora de Wero, muy extendido en Francia, Alemania y Bélgica. En ambos casos se trata de iniciativas promovidas por el sector bancario.
Este martes se confirmó oficialmente que esa interoperabilidad será una realidad a lo largo de este mismo año. En la práctica, esto permitirá que un usuario en España pueda enviar o recibir dinero de forma inmediata desde Bizum a un destinatario en Francia o Alemania, y viceversa. El avance es significativo. Hasta ahora, Bizum solo permitía transferencias dentro del territorio nacional, aunque recientemente había alcanzado acuerdos con sistemas de pago de Italia, Portugal, Andorra y algunos países nórdicos que operan con la aplicación Vipps.
Gracias a la conexión entre plataformas, unos 130 millones de ciudadanos de trece países podrán realizar pagos transfronterizos directamente desde sus aplicaciones habituales, como Bizum u otras equivalentes, utilizando únicamente el teléfono móvil. El alcance del sistema cubrirá aproximadamente al 72% de la población de la Unión Europea y Noruega, con la posibilidad de incorporar en el futuro a Suiza y a otros países fuera del ámbito comunitario.
Las entidades que respaldan este amplio ecosistema de aplicaciones nacionales -una por cada país- tienen previsto constituir una nueva sociedad para culminar este proyecto, con el objetivo de que el sistema esté plenamente operativo en 2026. La interoperabilidad no se limitará a los envíos de dinero entre particulares. A partir de 2027, también se integrarán los pagos en comercios físicos y en el comercio electrónico. En este contexto, Bizum, que ya cuenta con 30 millones de usuarios, trabaja en el lanzamiento de Bizum Pay.
Ese será el gran desafío del proyecto: competir con el dominio histórico de Visa y Mastercard. Bizum Pay aspira a ofrecer comisiones más reducidas para los comercios que las redes internacionales de tarjetas y, además, una ventaja clave: la liquidación de pagos y cobros se realizará en el mismo día. Con la alianza anunciada esta semana, los pagos internacionales dentro de Europa pasarán a ser una realidad sin apenas cambios para el usuario final. Los clientes de Bizum continuarán utilizando la aplicación de la misma forma que hasta ahora, sin necesidad de instalar nuevas apps en sus dispositivos.
No obstante, esta experiencia podría evolucionar en el futuro. Los promotores del proyecto contemplan la creación de una nueva marca común que coexistirá con las soluciones nacionales actuales. "Europa dispone de la infraestructura, la escala y la ambición necesarias para construir una alternativa europea, soberana y fiable en el ámbito de los pagos. EuroPA ya opera desde marzo en cuatro países -España, Italia, Portugal y Andorra- y demuestra que las soluciones existentes son eficaces y rápidamente adoptadas. Con este acuerdo, ampliamos el acceso de ciudadanos y comercios europeos a medios de pago seguros que protegen los datos, algo que solo puede lograrse mediante un esfuerzo colectivo", señala Ángel Nigorra, director general de Bizum.
En la misma línea, Martina Weimert, consejera delegada de EPI, subraya que "este acuerdo confirma que la soberanía europea en pagos no es solo una aspiración, sino una realidad en construcción. Estamos sentando las bases de un auténtico ecosistema de pagos paneuropeo".
La Unión Europea terminó 2024 con el nivel más alto de sanciones a auditores y sociedades de auditoría registrado en los últimos cinco años. Las autoridades nacionales de control dictaron 1.517 sanciones y actuaciones administrativas, un máximo histórico que evidencia el aumento gradual de la supervisión sobre el sector. Así lo recoge el último informe del Comité de Organismos Europeos de Supervisión de la Auditoría, que agrupa a los reguladores de los Estados miembros y de varios países del Espacio Económico Europeo. En este escenario, España se sitúa entre los países más activos en materia sancionadora, aunque no ocupa el primer puesto en cifras totales.
Estos datos se producen justo antes del cambio de rumbo en Estados Unidos con la llegada de la Administración Trump, que ha cesado a la anterior cúpula del organismo supervisor de la auditoría (PCAOB) y plantea su integración en la SEC. El sector prevé un entorno de inspecciones menos exigente, un giro que ha despertado la preocupación de los supervisores europeos. Desde el CEAOB se advierte de que desmantelar este modelo de referencia debilitaría la confianza en los mercados y bloquearía durante años la cooperación internacional, al dejar sin efecto los actuales acuerdos de intercambio de información, una posición que también respalda el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
El informe pone de relieve una elevada concentración geográfica de las sanciones. En número de expedientes, Hungría, Rumanía, Alemania y Polonia lideraron la actividad sancionadora en 2024, concentrando una parte muy relevante del total, en muchos casos como consecuencia de revisiones generalizadas de calidad y del fortalecimiento de las facultades de sus autoridades supervisoras.
Si se atiende al importe económico, las sanciones más elevadas se localizaron en pocos países. Alemania impuso la multa individual más alta a un auditor, por valor de 300.000 euros, mientras que Noruega encabezó las sanciones a firmas de auditoría por trabajos vinculados a entidades de interés público, con penalizaciones que alcanzaron los 500.000 euros. España también destacó en este apartado, con multas a firmas que superaron los 230.000 euros en auditorías de grandes entidades.
El documento diferencia entre sanciones relacionadas con entidades de interés público y aquellas correspondientes a auditorías de entidades que no tienen esa consideración. Las primeras incluyen bancos, aseguradoras, empresas cotizadas, fondos de pensiones, instituciones de inversión colectiva y otras organizaciones con especial relevancia económica o social, sometidas a un régimen de control más estricto.
Durante 2024 se contabilizaron 79 sanciones económicas vinculadas a auditorías de entidades de interés público, una cifra muy similar a la de años anteriores, lo que sugiere una evolución estable en este ámbito. En cambio, las sanciones asociadas a auditorías de empresas no consideradas de interés público aumentaron con fuerza, hasta 443, lo que supone un incremento del 38% respecto a 2023. Este repunte explica en gran medida el récord europeo y está relacionado con auditorías de menor tamaño y con incumplimientos de otras obligaciones profesionales, como formación, comunicación de información o colaboración con los supervisores.
El presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Santiago Durán, atribuye esta tendencia al fortalecimiento progresivo del marco de supervisión europeo tras la reforma de la Directiva de Auditoría. Recuerda que dicha directiva se modificó en 2014, con un plazo de dos años para su transposición, y que introdujo criterios más estrictos de independencia y transparencia para las autoridades nacionales encargadas de vigilar la actividad auditora.
Durán señala también que este refuerzo no ha avanzado de forma homogénea en todos los países. Explica que el sistema español de supervisión pública es uno de los más veteranos de Europa, creado en 1988, mientras que en otros Estados miembros la vigilancia ha evolucionado desde modelos de autorregulación entre auditores hacia sistemas públicos progresivamente más independientes del propio sector.
A su juicio, esta convergencia tardía ayuda a entender el aumento actual de sanciones. Considera que la implantación reciente de sistemas públicos de supervisión en varios países, junto con una mayor dotación de medios y competencias, ha permitido ampliar el alcance de las inspecciones y someter a control un número creciente de trabajos de auditoría.
La economía española siempre destruye empleo en los meses de enero, sin excepción. Pero este año el recorte ha sido especialmente pronunciado, ya que la Seguridad Social ha perdido 270.782 afiliados respecto a diciembre, con lo que el número total de cotizantes ha bajado a 21,57 millones, frente al récord histórico de 21,84 millones de trabajadores con el que cerró 2025. Se trata del peor mes de enero de los últimos 14 años, desde 2012, cuando se recortaron más de 271.000 afiliaciones en el arranque del año, según las cifras publicadas este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Incluso analizando los datos proporcionales, ya que el número total de afiliados es significativamente mayor ahora que hace 13 años, los datos del pasado enero son también los peores en un periodo de tiempo parecido. Así, el mes pasado el número de cotizantes cayó un 1,2% en un solo mes, mientras que hay que remontarse a 2013 y 2012, para encontrar mayores descensos porcentuales significativos: un 1,60% y 1,58%, respectivamente. Este pinchazo contrasta con los datos excepcionales de comportamiento del empleo con los que cerró el pasado año la Encuesta de Población Activa (EPA), tras la creación de más de 600.000 nuevos puestos de trabajo en 2025.
Además se da la circunstancia de que, en esta ocasión, las cifras facilitadas por la Seguridad Social no permiten averiguar en qué actividades se ha producido esta destrucción de las afiliaciones, ya que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha llevado a cabo un cambio estadístico en la distribución de los cotizantes por los distintos sectores de actividad (denominados CNAE) que impide la comparación con el mes anterior, así como con el mismo mes de años precedentes.
No obstante, hay dos datos algo mejores. El primero lo ofrece la serie desestacionalizada de afiliados, que corrige las variaciones estacionales y de calendario y, por tanto, refleja mejor la tendencia en la marcha del empleo. Según dicha evolución, el número de cotizantes habría experimentado un pequeño incremento de poco más de 17.000 trabajadores. Además, a pesar de la fuerte caída de enero, el sistema ha ganado en los últimos 12 meses 477.818 afiliados, lo que supone un crecimiento interanual de la fuerza laboral del 2,26%, un ritmo muy similar al de los pasados meses de verano y apenas una décima menos del cierre del año pasado.
De hecho, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se aferra a estos últimos datos. "Gracias a un importante crecimiento interanual, termina el mes de enero con más trabajadores de la serie. Hay que mirar con detenimiento el dato desestacionalizado y se ve que el comportamiento del mercado laboral sigue siendo muy sólido", asegura.
Este martes, el Ministerio de Trabajo también ha hecho públicas las cifras del paro registrado en enero, reflejando también un incremento del número de desempleados inscritos en las oficinas del SEPE de 30.392 personas. Si bien, en este caso es el menor aumento en un mes de enero desde 2022, cuando este registro solo anotó 17.173 nuevos parados respecto al mes anterior.
El número de desempleados y de desempleadas registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de enero, ha aumentado en 30.392 en relación con el mes anterior (1,26%). El paro registrado total se ha situado en 2.439.062 personas. En términos interanuales, el paro registrado ha descendido en 160.381 personas (-6,17%). También se reduce el dato desestacionalizado que baja en 25.402 personas.
De hecho, aunque no se puede analizar en este mes el comportamiento del empleo por sectores debido al citado cambio estadístico, fuentes de la administración han asegurado que las fuertes lluvias registradas en enero habrían condicionado mucho a la baja el empleo agrario, entre otros. Por sectores económicos, el paro registrado desciende en Construcción en 3.793 personas (-2,13%), Industria en 14 personas (-0,01%) y en el Colectivo Sin Empleo Anterior en 1.755 personas (-0,79%).
La destrucción de empleo afectó más a las mujeres, que vieron desaparecer del registro 141.515 afiliaciones, que a los hombres, entre los que se recortaron 129.268. Asimismo, el colectivo de autónomos siguió perdiendo peso, ya que perdió 19.021 cotizantes. Al igual que ocurre con el régimen general de asalariados, el colectivo mantuvo un crecimiento internanual del 1,1%, al registrar 37.796 afiliados más que un año antes. El desempleo femenino aumenta en 25.284 mujeres (1,75%) hasta las 1.469.283 en relación al mes de diciembre. Es la cifra más baja en un mes de enero en los últimos 18 años. Con respecto al mes de enero de 2025 el paro femenino cae en 94.148 (-6,02%). El desempleo masculino se sitúa en 969.779 al ascender en 5.108 personas (0,53%). Si lo comparamos con enero de 2025, el paro masculino baja en 66.233 (-6,39%). El desempleo de los jóvenes menores de 25 años asciende en el mes de enero en 4.040 personas (2,28%) respecto al mes anterior y marcan su registro más bajo en un mes de enero.
A pesar de todo lo destacado, enero también ha dejado algún otro dato positivo en materia de contratación. En concreto, y en consonancia con la destrucción de afiliaciones, el número de contratos registrados en las oficinas del SEPE disminuyó en 66.801 (un 5,4% menos que en diciembre). Aunque, en términos netos, todo el recorte fue de contratos temporales, de los que se anotaron 92.288 menos que el mes anterior (una caída del 12%), mientras que el número de contrataciones indefinidas, aumentó en casi 25.500, lo que supuso un aumento del 5,5% mensual. Casi la mitad de estos nuevos contratos fijos fueron a tiempo completo, que son, dentro de los indefinidos, los de mejor calidad. Le siguieron 132.940 fijos discontinuos y otros 116.971 indefinidos a tiempo parcial.
En enero pasado tampoco se vio resentido el peso de los contratos fijos sobre el total de nuevas contrataciones, ya que representaron el 41,6%, un porcentaje prácticamente idéntico al de enero de hace un año y casi cuatro puntos superior al de diciembre de 2025.
Cada vez son más los ciudadanos en España que se preguntan a qué se destina la histórica recaudación fiscal, en un contexto en el que se multiplican los retrasos en el transporte público, se alargan las listas de espera sanitarias y el funcionamiento de la Justicia empeora. En las últimas semanas -incluso antes del trágico siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) y del colapso de Rodalies en Cataluña- las redes sociales se han visto inundadas de quejas de ciudadanos anónimos por el deterioro generalizado de los servicios públicos.
El foco principal de las críticas se sitúa en el transporte, la sanidad y la Justicia. Retrasos cada vez más frecuentes en las líneas ferroviarias con mayor demanda (muchos de ellos sin compensación tras el cambio de política de Renfe), esperas interminables para acceder a la atención médica, fallos en los sistemas de prevención de enfermedades, agravamiento del atasco judicial o errores en los mecanismos de control de dispositivos electrónicos destinados a proteger a mujeres víctimas de violencia machista son solo algunos ejemplos. Todo ello contribuye a que crezca la desconfianza sobre el destino de los ingresos récord obtenidos por Hacienda en los últimos años.
La más reciente encuesta del CIS -un organismo poco sospechoso de actuar contra el Ejecutivo- sobre fiscalidad ya mostraba que el 48,4% de los españoles considera que soporta una presión impositiva excesiva. Este porcentaje ha ido aumentando a medida que también lo hacía la carga fiscal, impulsada en gran medida por la decisión del Ministerio que dirige María Jesús Montero de no deflactar el IRPF. Al mismo tiempo, se ha incrementado notablemente el número de ciudadanos (57,9%) que cree que la sociedad recibe poco o ningún retorno por lo que paga en impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. El mismo sondeo reflejaba que el 71,5% se declara poco o nada satisfecho con el funcionamiento de la Justicia; el 61,9%, con la atención a personas dependientes; el 59,8%, con las infraestructuras públicas; y el 51,9%, con la asistencia sanitaria. El dato más revelador, no obstante, es que el 79,2% opina que la Administración hace escasos o nulos esfuerzos por explicar en qué se emplea el dinero recaudado.
Una posible explicación la aporta Santiago Calvo, doctor en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela y profesor en la Universidad de las Hespérides. Según sus estimaciones, desde 1995 el gasto público en España ha aumentado en 4.324,5 euros por habitante en términos reales, pero más de la mitad de ese incremento se ha destinado al pago de pensiones (52,5%). En cambio, solo el 18,8% del aumento de ingresos se ha dirigido a la sanidad (813,2 euros por persona) y el 7,7% a la educación (336,1 euros). En clara contradicción con el discurso oficial, el gasto estatal en políticas de transporte se ha reducido en 138,7 euros por habitante y el destinado a vivienda ha caído en 66,4 euros por persona.
En la práctica, el sistema de pensiones absorbe la mayor parte de los nuevos recursos obtenidos por el Estado a través de trabajadores y empresas, pese a que Pedro Sánchez y María Jesús Montero insisten en que su prioridad es fortalecer los servicios públicos.
Este fenómeno no es exclusivo de España, ya que se observa en toda Europa, aunque en nuestro país resulta especialmente intenso debido a la decisión -respaldada por la mayoría de las fuerzas políticas- de volver a vincular la actualización anual de las pensiones al IPC medio. De acuerdo con los datos recopilados por Pablo García-Guzmán, economista asociado al Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el gasto público en pensiones y servicios para mayores ha aumentado un 111% en España desde 2004, mientras que el resto del gasto estatal, excluida la sanidad, solo ha crecido un 31%. Solo Finlandia presenta una brecha mayor entre ambas partidas: allí el gasto en pensionistas se ha incrementado un 108% en dos décadas, frente a apenas un 13% en el resto. En Portugal, la diferencia alcanza los 64 puntos porcentuales, y en Bélgica, los 50. Alemania e Italia, en cambio, muestran un reparto mucho más equilibrado, con diferencias de apenas 4 y 1 punto, respectivamente.
Desde la llegada de Sánchez al Gobierno, la presión fiscal en España ha pasado del 34,4% al 36,7% del PIB, un aumento que triplica el promedio de la OCDE. Sin embargo, este mayor esfuerzo tributario no se ha traducido en una mejora de los servicios públicos, sino más bien en lo contrario, como demuestra el incremento sostenido de las quejas ante el Defensor del Pueblo por la falta de citas administrativas, los retrasos en trámites esenciales o las dificultades para acceder a consultas con médicos especialistas.
El Ejecutivo ha confirmado que el salario mínimo interprofesional se incrementará ya este año hasta los 17.094 euros brutos anuales repartidos en 14 pagas, lo que supone un aumento del 3,1% respecto a 2025. Una vez resuelta la incógnita sobre la cuantía final de la subida -tras varias semanas de negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales-, el siguiente paso será ajustar el impuesto sobre la renta para que quienes perciban el nuevo mínimo salarial continúen sin pagar IRPF. Hacienda contemplaba ampliar la deducción vigente para adaptarla al nuevo SMI y, según fuentes del departamento, la medida ya está decidida y se aprobará próximamente mediante una ley.
La finalidad de este ajuste es compensar por completo el efecto fiscal derivado del incremento del salario mínimo, como ya ocurrió el año anterior. La deducción actual, fijada en 340 euros anuales, resulta insuficiente tras la subida, por lo que se elevará hasta una cantidad cercana, aunque algo inferior, a los 600 euros. El funcionamiento será similar al actual: durante 2026 los trabajadores soportarán las retenciones correspondientes y, al presentar la declaración de la renta al año siguiente, recibirán una devolución equivalente.
Con este planteamiento, el Gobierno cumple su compromiso de situar el salario mínimo en el 60% del salario medio, tal y como recoge la Carta Social Europea, sin necesidad de aplicar un incremento mayor del salario bruto. El énfasis se pone en el salario neto, es decir, en la cantidad que finalmente percibe el trabajador. El razonamiento es que, si el salario mínimo comenzara a tributar, parte de la mejora salarial se diluiría. Para alcanzar el 60% del salario medio en términos netos habría sido necesario un aumento mayor del SMI. La ampliación de la deducción evita ese escenario.
En la práctica, el coste del ajuste se reparte entre las empresas y la Hacienda pública. Los empleadores asumen una subida más moderada del salario bruto, mientras que el Estado soporta una menor recaudación fiscal, con un impacto estimado de unos 200 millones de euros anuales. El trabajador, por su parte, percibe íntegramente la mejora salarial. Este enfoque era relevante para el Ejecutivo, que buscaba sumar el respaldo, al menos simbólico, de la patronal. Sin embargo, los empresarios finalmente se desmarcaron del acuerdo por la falta de actualización de los contratos públicos, y el Gobierno solo logró el apoyo de los sindicatos.
La adaptación del IRPF también evita reabrir el conflicto surgido hace un año entre los socios de la coalición por la tributación del salario mínimo. Tras la subida anterior, por primera vez algunos perceptores del SMI -principalmente personas solteras sin hijos que no podían beneficiarse de deducciones familiares- comenzaron a pagar IRPF de forma regular, con un coste aproximado de 340 euros anuales.
Aquella decisión generó una de las mayores tensiones internas de la legislatura. Desde el área económica del Gobierno se defendía que, tras los sucesivos incrementos, el salario mínimo debía empezar a contribuir a la recaudación, mientras que el Ministerio de Trabajo consideraba incoherente gravar a los trabajadores con ingresos más bajos. El desacuerdo se resolvió con una solución intermedia y, en principio, provisional: Hacienda devolvería al año siguiente lo abonado, de modo que el efecto sobre el salario neto fuera nulo.
Con la nueva subida ya cerrada para 2026, el Ejecutivo ha optado por evitar un nuevo enfrentamiento y repetir el mismo esquema. La comisión de expertos convocada por Trabajo había planteado dos opciones: una subida moderada hasta los 17.094 euros brutos anuales y otra más elevada, hasta los 17.360 euros, asumiendo que el salario mínimo comenzara a tributar. La elección del primer escenario, acompañada de una deducción similar a la prevista, permite neutralizar el impacto fiscal y cumplir el objetivo salarial sin necesidad de elevar más el salario bruto.
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