(Cinco Días, 09-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La vivienda subió un 12,9% en el primer trimestre, el mayor ritmo desde comienzos de 2007

Seguir la evolución del mercado inmobiliario a través de los distintos indicadores estadísticos genera una sensación cada vez más familiar. La crisis de acceso a la vivienda continúa agravándose y los datos vuelven a reflejar una tendencia de encarecimiento sostenido que parece lejos de corregirse. La última referencia publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma esta dinámica: el precio de la vivienda aumentó un 12,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata del mismo ritmo de crecimiento registrado en el último trimestre de 2025 y del mayor incremento observado desde principios de 2007, cuando la subida alcanzó el 13,1%. La comparación con los niveles previos al estallido de la burbuja inmobiliaria resulta inevitable, aunque las circunstancias actuales son muy diferentes. En 2007, el mercado estaba impulsado por una abundante concesión de crédito, una intensa actividad constructora y una oferta creciente. En cambio, el actual aumento de los precios se produce en un contexto caracterizado por una producción insuficiente de viviendas, una demanda elevada alimentada por factores demográficos y laborales y unos tipos de interés que, aunque han permanecido relativamente contenidos, podrían comenzar una nueva fase de incrementos por parte del Banco Central Europeo. La coincidencia en la intensidad de las subidas pone de manifiesto la magnitud del problema actual, aunque las causas sean distintas a las de hace casi dos décadas y respondan a desequilibrios estructurales más que a un ciclo especulativo tradicional. El encarecimiento fue generalizado durante los primeros meses del año, si bien se observaron diferencias según el tipo de inmueble. La vivienda nueva moderó su crecimiento hasta el 9,1% interanual, mientras que el mercado de segunda mano concentró las mayores presiones, con un aumento del 13,5%, por encima de la media nacional. Estos resultados coinciden prácticamente con los datos publicados recientemente por el Ministerio de Vivienda sobre el valor medio del metro cuadrado. Entre enero y marzo de 2026, el precio medio alcanzó los 2.315,7 euros por metro cuadrado, un 13,9% más que un año antes, apenas un punto porcentual por encima del incremento registrado por el índice del INE. No obstante, ambas estadísticas responden a metodologías distintas. El indicador del Ministerio de Vivienda refleja el precio medio de las compraventas formalizadas y ofrece una referencia directa del importe pagado por los inmuebles, aunque puede verse influido por el tipo de viviendas que se venden en cada momento. Por su parte, el Índice de Precios de Vivienda del INE mide la evolución de los precios corrigiendo las diferencias de calidad entre los inmuebles, lo que permite comparar viviendas equivalentes y aislar el verdadero incremento del mercado. Desde el punto de vista territorial, las mayores subidas se registraron en Aragón y la Región de Murcia, donde los precios aumentaron un 15,6% en comparación con el primer trimestre del año anterior. Les siguieron Castilla y León y Ceuta, con incrementos del 14,9%. En el otro extremo se situaron Canarias, con una subida del 10,7%, así como Cataluña y Navarra, ambas con un aumento del 10,5%, y el País Vasco, con un 10,3%. Pese a presentar las menores variaciones, todas estas comunidades registraron igualmente crecimientos de dos dígitos. La principal conclusión que dejan los datos es que la presión sobre el mercado residencial se ha extendido de forma prácticamente uniforme por todo el territorio nacional. Las diferencias regionales persisten, pero el encarecimiento de la vivienda se ha convertido en un fenómeno generalizado que afecta a todas las comunidades autónomas y continúa dificultando el acceso a la vivienda para una parte creciente de la población.

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(Expansión, 09-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de las hipotecas toca máximos de 14 meses

El encarecimiento de las hipotecas comienza a reflejar el impacto de la guerra en Oriente Próximo y la subida del euríbor, aunque la actividad del mercado sigue manteniéndose en niveles elevados. El tipo de interés medio de las nuevas hipotecas destinadas a la compra de vivienda se situó en abril en el 2,80%, su nivel más alto desde febrero de 2025, según los datos más recientes del Banco de España. Este repunte supone volver a registros de hace más de un año, después de que en marzo el coste medio permaneciera estable en el 2,75%. En aquel momento, las entidades financieras optaron por mantener sin cambios las condiciones de sus préstamos al considerar que el conflicto tendría una duración limitada. Sin embargo, la prolongación de la guerra y las nuevas previsiones sobre los tipos de interés en la eurozona, reflejadas en la evolución del euríbor a doce meses, han llevado a la banca a revisar su estrategia. Los mercados prevén que el Banco Central Europeo (BCE) apruebe este jueves una primera subida de los tipos oficiales hasta el 2,25%. El euríbor, además, apunta a que podrían producirse nuevos incrementos. Tras registrar tres avances consecutivos entre marzo y mayo y alcanzar máximos no vistos desde septiembre de 2024, el índice volvió a subir ligeramente en junio hasta el 2,81%. Esta evolución obliga a las entidades a ajustar al alza sus ofertas hipotecarias para preservar su rentabilidad. A falta de conocer nuevos datos oficiales, los analistas consideran que la subida del tipo medio hipotecario observada en abril también se prolongó durante mayo y, si la situación geopolítica no mejora, podría mantenerse en junio. Aun así, los préstamos más competitivos continúan ofreciendo condiciones relativamente favorables. En abril se formalizaron nuevas hipotecas por valor de 7.275 millones de euros. Aunque la cifra es inferior a los 7.856 millones registrados en marzo, el mejor dato mensual del año, sigue mostrando una actividad sólida pese a que el conflicto ya había comenzado. Entre enero y abril, las entidades concedieron financiación hipotecaria por 27.665 millones de euros, un 4,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Estos datos apuntan a que la nueva producción hipotecaria podría volver a superar en 2026 los 80.000 millones de euros alcanzados en 2025. Se trata de unos niveles de actividad que no se observaban desde 2008, año en que estalló la burbuja inmobiliaria y la concesión de hipotecas alcanzó los 87.082 millones de euros. No obstante, los expertos advierten de que este crecimiento de la financiación se desarrolla en un contexto de desaceleración de las compraventas de vivienda, una tendencia que previsiblemente acabará afectando al volumen de nuevos préstamos. De acuerdo con la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores, las compraventas de viviendas descendieron un 3,2% en abril respecto al mismo mes del año anterior, hasta unas 52.500 operaciones. Con ello, encadenan ya cuatro meses consecutivos de retrocesos. Esta evolución está estrechamente relacionada con el continuo aumento de los precios. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la vivienda libre se encareció un 12,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, igualando la tasa registrada en el último trimestre de 2025. Se trata del mayor incremento interanual desde el primer trimestre de 2007.

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(Expansión, 09-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los ayuntamientos piden al Gobierno desbloquear 23.000 millones para vivienda

La aprobación por parte del Consejo de Ministros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros que deberán financiar conjuntamente el Estado y las comunidades autónomas durante los próximos cinco años, ha sido recibida con reservas por numerosos actores del sector. Aunque el programa busca ampliar la oferta de vivienda protegida, impulsar la rehabilitación del parque residencial y reforzar las ayudas al alquiler y a la compra para los jóvenes, persisten las dudas sobre su capacidad para responder a un problema estructural que sigue agravándose. La insuficiencia de recursos y la pretensión de que las autonomías asuman el 40% de la financiación alimentan el escepticismo, especialmente en un contexto en el que el déficit de viviendas podría aproximarse al millón de unidades este mismo año. Ante esta situación, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que agrupa a ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares, remitió una carta al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana poco después de la aprobación del plan. En ella reclamaba la posibilidad de utilizar cerca de 23.000 millones de euros procedentes de remanentes de tesorería acumulados durante los últimos ejercicios para desarrollar políticas de vivienda. Según su secretario general, Luis Martínez-Sicluna, el nuevo plan supone un avance respecto a los anteriores, pero continúa siendo insuficiente para afrontar la magnitud del desafío. Esta cantidad se añadiría a los 45.000 millones de euros de superávit correspondientes a 2024 cuyo uso autorizó el Gobierno para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), entre las que se incluyen actuaciones destinadas a aliviar las tensiones del mercado inmobiliario. Sin embargo, desde la FEMP consideran que el plazo fijado para ejecutar estos recursos, hasta 2027, resulta demasiado limitado para desarrollar proyectos residenciales de cierta envergadura. Por ello, solicitan una regulación más flexible que permita ejecutar estas inversiones en horizontes temporales más amplios. A su juicio, levantar una promoción de viviendas requiere plazos superiores a uno o dos años para poder materializar adecuadamente los fondos disponibles. La federación recuerda además que las entidades locales presentan una situación financiera especialmente sólida, con la mayoría de los ayuntamientos cerrando sus cuentas con superávit. Esta circunstancia, sostienen, convierte al ámbito municipal en un actor clave para impulsar la construcción de vivienda pública y aumentar la oferta residencial. Con el objetivo de acelerar estos procesos, la FEMP ha elaborado una guía de recomendaciones dirigida a las administraciones locales para agilizar los procedimientos urbanísticos y reducir los tiempos de tramitación. El documento identifica varios factores que están ralentizando la concesión de licencias, llegando en algunos casos a prolongar los plazos hasta dos años. Entre ellos figuran la presentación de documentación incompleta por parte de los promotores, los retrasos en la emisión de informes sectoriales por otras administraciones, la falta de criterios homogéneos entre los técnicos municipales y un nivel insuficiente de digitalización de los procedimientos. Para corregir estas deficiencias, la guía apuesta por reforzar la formación y especialización de los técnicos municipales con el fin de homogeneizar criterios y aportar mayor seguridad jurídica a los promotores. También propone avanzar hacia una gestión completamente digital de los expedientes, incorporando sistemas automatizados de validación documental y herramientas de inteligencia artificial capaces de detectar errores de forma anticipada, permitiendo que los funcionarios concentren su trabajo en tareas de mayor complejidad técnica y jurídica. Entre las medidas planteadas destaca la implantación de una licencia básica que permita iniciar determinadas actuaciones constructivas a partir de un proyecto preliminar que cumpla los requisitos esenciales. De esta manera, las obras podrían comenzar mientras continúa la tramitación del proyecto definitivo. Como referencia, la FEMP señala la experiencia de Zaragoza, donde existe una modalidad de autorización rápida que permite ejecutar trabajos previos, como movimientos de tierras o cimentaciones, en un plazo de apenas 24 horas. La propuesta también contempla cambios en la organización interna de los ayuntamientos. Entre ellos figura la creación de un responsable de expediente encargado de coordinar todas las áreas implicadas en cada promoción para evitar bloqueos administrativos. Asimismo, plantea la constitución de comisiones técnicas con capacidad para emitir directrices vinculantes que unifiquen la interpretación de la normativa y reduzcan la discrecionalidad en la toma de decisiones. Por último, la federación considera conveniente establecer incentivos vinculados a la productividad de los técnicos municipales, de forma que parte de sus complementos salariales dependa del volumen de informes y expedientes tramitados, con el objetivo de mejorar la eficiencia administrativa y acelerar la puesta en marcha de nuevas promociones residenciales.

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(El Confidencial, 09-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El ICO se refuerza para gestionar los avales del covid y movilizar 120.000 millones

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), la entidad financiera pública sobre la que el Gobierno pretende articular el denominado fondo soberano español, prepara un refuerzo de su estructura mediante la incorporación de nuevos profesionales especializados y la contratación de asesoramiento externo. El Ejecutivo estudia utilizar parte de los fondos europeos aún no ejecutados para incrementar el capital del ICO y ampliar así su capacidad de financiación e inversión. Aunque se ha popularizado la expresión "fondo soberano", el proyecto se centra en fortalecer financieramente al banco público que preside Manuel Illueca para dotarlo de una mayor capacidad de actuación en ámbitos estratégicos de la economía. Antes de abordar esta nueva etapa, el organismo debe gestionar el importante volumen de préstamos avalados concedidos durante los últimos años. Entre ellos destacan las líneas puestas en marcha durante la pandemia, cuyos vencimientos se prolongan hasta 2028, así como los programas de apoyo vinculados a la guerra de Ucrania, los efectos de la dana y las medidas adoptadas frente al impacto de los aranceles internacionales. Desde el inicio de la pandemia, el ICO se ha consolidado como uno de los principales instrumentos financieros del Estado para respaldar a empresas y autónomos, participando en la movilización de más de 120.000 millones de euros mediante avales públicos y otras líneas de financiación. Con el objetivo de supervisar adecuadamente esta cartera, la entidad ha licitado un contrato de asistencia externa valorado en 3,6 millones de euros. El servicio estará destinado al seguimiento y control de más de 530.000 operaciones avaladas por el Estado, cuyo saldo pendiente ronda los 40.000 millones de euros. La nueva adjudicación sustituirá al contrato actualmente prestado por PwC desde 2021. En esta ocasión tendrá una duración de cinco años sin posibilidad de prórroga y entrará en vigor el próximo 19 de octubre, coincidiendo con la finalización del acuerdo vigente. El futuro adjudicatario deberá supervisar no solo los programas vinculados a la pandemia, sino también las líneas de apoyo relacionadas con la guerra en Ucrania, los nuevos mecanismos creados frente a posibles medidas arancelarias de Estados Unidos, los avales aprobados tras la dana y cualquier otro programa de garantías públicas que pueda aprobar el Gobierno durante la vigencia del contrato. Esta cláusula permite al ICO disponer de un sistema de control permanente para futuras actuaciones sin necesidad de convocar nuevas licitaciones cada vez que se aprueben nuevas líneas de financiación pública. Entre las funciones previstas figuran la revisión de los procesos de recuperación de deuda realizados por las entidades financieras, la comprobación de impagos, el seguimiento de procedimientos concursales, el análisis de créditos fallidos y la verificación de que los bancos cumplen correctamente con las obligaciones de gestión y recuperación de los préstamos avalados. Además, el adjudicatario elaborará informes periódicos sobre la evolución de la cartera y podrá intervenir en determinadas actuaciones de recuperación cuando las entidades financieras decidan abandonar los procedimientos de cobro, incluyendo negociaciones amistosas, acuerdos de pago o procesos de refinanciación. Las exigencias establecidas en el concurso apuntan principalmente a grandes firmas de consultoría, auditoría y servicios profesionales. Los candidatos deberán acreditar experiencia previa en al menos tres contratos similares relacionados con el control de ayudas públicas, subvenciones o programas de financiación, por importes superiores a 500.000 euros, así como una facturación anual mínima de 900.000 euros. Asimismo, deberán disponer de un equipo de al menos diez profesionales con experiencia específica en este tipo de servicios, un requisito que reduce significativamente el número de posibles adjudicatarios y sitúa a las principales consultoras y auditoras del mercado entre las mejor posicionadas para optar al contrato.

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(El País, 08-06-2026) | Fiscal

Hacienda pide a los ministerios enviar sus propuestas para los Presupuestos antes del 29 de junio

Hasta hace pocos días, los responsables económicos del Gobierno seguían defendiendo públicamente que el Ejecutivo presentaría unos Presupuestos Generales del Estado para 2026. Sin embargo, en privado reconocían que la posibilidad era cada vez más remota debido al calendario y a la fragilidad de los apoyos parlamentarios. Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio por superada esa fase y anunció que el Ejecutivo comenzaría a trabajar ya en las cuentas públicas correspondientes a 2027. La decisión se formalizó este viernes con la publicación en el BOE de la orden ministerial de Hacienda que pone en marcha el proceso presupuestario. La orden fija las directrices que deberán seguir los distintos ministerios y organismos públicos para elaborar sus propuestas de gasto y, de forma implícita, confirma un escenario que ya se daba prácticamente por hecho: los Presupuestos aprobados en 2023 permanecerán vigentes al menos durante cuatro años consecutivos. El calendario previsto obliga a los departamentos ministeriales a remitir antes del 29 de junio sus previsiones de gasto y los informes sobre impacto transversal. Todo este procedimiento se desarrollará además en paralelo a la reforma del sistema de financiación autonómica. Según recoge el documento, las futuras cuentas para 2027 buscarán reforzar el Estado del bienestar mediante medidas orientadas a fortalecer la atención primaria sanitaria y ampliar la oferta de vivienda asequible, especialmente enfocada a facilitar la emancipación de los jóvenes. También se plantea impulsar una política industrial verde basada en la descarbonización y en el fortalecimiento de la autonomía estratégica mediante energías renovables. La elaboración de estos Presupuestos coincidirá además con la entrada en vigor del nuevo marco europeo de gobernanza económica. Hacienda incorporará por primera vez el análisis de la llamada "dimensión marrón", destinado a identificar partidas con impacto ambiental negativo, y aplicará de forma obligatoria las evaluaciones de eficiencia del gasto elaboradas por la Autoridad Fiscal bajo el principio de "cumplir o explicar". Pese al inicio formal del procedimiento, nada garantiza todavía que España vaya a disponer finalmente de nuevos Presupuestos. Ni siquiera está asegurado que el Gobierno llegue a registrar el proyecto en el Congreso. El Ejecutivo encadena ya tres ejercicios consecutivos sin presentar nuevas cuentas públicas y, en todos esos casos, también se publicó previamente una orden ministerial similar a la difundida este viernes. Durante este tiempo, el Gobierno ha argumentado distintas razones para justificar la prórroga presupuestaria, desde procesos electorales hasta las consecuencias económicas derivadas de los conflictos internacionales, como la guerra en Irán. Sin embargo, el principal obstáculo ha sido la dificultad para reunir mayorías parlamentarias estables en un clima político cada vez más polarizado. De hecho, ya en septiembre de 2025, Pedro Sánchez defendió que los Presupuestos eran "un instrumento y no un fin en sí mismo", descartando adelantar elecciones en caso de no lograr apoyos suficientes y dejando abierta la puerta a nuevas prórrogas de las cuentas de 2023. El arranque del proceso presupuestario implica no solo recopilar las peticiones de los ministerios, sino también actualizar el cuadro macroeconómico que servirá de base para calcular las previsiones de crecimiento, empleo y déficit, elementos clave para fijar el techo de gasto. El Ministerio de Hacienda, dirigido por Arcadi España, deberá además establecer una nueva senda fiscal que determine el reparto del déficit entre las distintas administraciones públicas. Ese objetivo necesitará el respaldo del Congreso, algo especialmente complejo dada la actual fragmentación parlamentaria, y posteriormente tendrá que trasladarse a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Fuentes gubernamentales señalan que estos pasos llegarán más adelante. Por ahora, el Ejecutivo trabaja en la actualización de las previsiones económicas oficiales, que considera desfasadas. Hace apenas un mes, en el Informe de Progreso Anual remitido a Bruselas, el Gobierno estimaba un crecimiento del PIB del 2,2% para 2026, aunque esa previsión quedó condicionada por la incertidumbre derivada de la guerra en Oriente Próximo y las tensiones sobre los mercados energéticos. El Ministerio de Economía ya reconoció entonces que el impacto del conflicto geopolítico podría reducir el crecimiento económico hasta en ocho décimas. Además de revisar el cuadro macroeconómico, la aprobación de unos nuevos Presupuestos requiere superar varias etapas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Tras aprobar los objetivos de déficit y deuda pública y fijar el límite de gasto no financiero -el conocido techo de gasto-, el Ejecutivo deberá presentar el proyecto presupuestario en el Congreso antes del 30 de septiembre para permitir su tramitación parlamentaria y una eventual aprobación antes del inicio de 2027. Este jueves, durante su primera comparecencia en la Comisión de Hacienda desde que asumió el cargo, Arcadi España aseguró que el Gobierno pretende negociar previamente con los grupos parlamentarios el contenido de las cuentas antes incluso de registrar el proyecto en el Congreso. Consciente de la presión de sus socios, el ministro insistió en la necesidad de dialogar antes de cerrar definitivamente el denominado "libro amarillo" presupuestario.

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(El Economista, 08-06-2026) | Fiscal

El Congreso deberá convocar un pleno extra en julio para debatir los objetivos de déficit

El anuncio del presidente del Gobierno de que se presentarán los Presupuestos Generales del Estado para 2027, realizado la semana pasada ya en junio, ha obligado a acelerar una tramitación que de por sí es larga y compleja. Al mismo tiempo, confirma que el Ejecutivo ha descartado presentar las cuentas de 2026, una opción que se había mantenido en el discurso oficial hasta hace pocas semanas pero que ya no se contempla. Con ello se pone en marcha el proceso legislativo de la norma más relevante para cualquier Gobierno, aunque en este caso con retraso respecto a los plazos habituales. La primera consecuencia es que el Congreso podría tener que convocar un pleno extraordinario en julio, mes inhábil parlamentariamente, para debatir y votar los objetivos de déficit y deuda pública, asociados al techo de gasto o límite de gasto no financiero, que no se somete a votación. Ya se han iniciado algunos pasos previos. El pasado viernes, el Boletín Oficial del Estado publicó la orden del Ministerio de Hacienda que establece los plazos y normas para que los ministerios, organismos dependientes y entidades públicas empresariales remitan sus previsiones de gasto. Esta publicación, que este año se ha producido con retraso, debería haberse realizado en marzo, mientras que en ejercicios anteriores incluso llegó a retrasarse hasta después del verano. Los distintos departamentos tienen hasta el 29 de junio para enviar sus planes presupuestarios a Hacienda. A partir de esa información se elaborará el techo de gasto y la senda de estabilidad presupuestaria. La normativa establece que estos objetivos deberían haberse presentado antes de finalizar el primer semestre del año, algo que previsiblemente no se cumplirá debido a los plazos actuales. El siguiente paso es la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se informará a comunidades autónomas y entidades locales de los objetivos de déficit fijados para cada nivel de administración. En 2025, estos objetivos fueron rechazados en dos ocasiones en el Congreso. El calendario, por tanto, se encuentra ajustado al límite. En función de la fecha en la que se reúna el CPFF, el Gobierno tendrá margen o no para llevar la senda fiscal al Congreso durante julio, lo que podría obligar a convocar un pleno extraordinario a través de la Diputación Permanente. Si no fuera posible, la tramitación se trasladaría a septiembre. En ese caso, el Ejecutivo tendría hasta el 30 de septiembre, fecha límite establecida por la Constitución, para presentar el proyecto de Presupuestos. Esto obligaría a concentrar la tramitación en un periodo muy reducido. Más allá de los plazos formales, el principal obstáculo del Gobierno es político. La minoría parlamentaria complica la aprobación de las cuentas, especialmente tras la falta de acuerdos en ejercicios anteriores, que ha derivado en varias prórrogas de los Presupuestos de 2023. La composición actual del Congreso hace especialmente difícil la negociación, con Junts como uno de los grupos clave para alcanzar mayorías. Según fuentes parlamentarias, la formación mantiene su posición de rechazo, en un contexto además marcado por tensiones políticas y judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo. Aun así, no se descarta que en los próximos meses se reabran negociaciones, aunque con un alto coste político en caso de acuerdo. Mientras tanto, el Ministerio de Economía tiene previsto dar a conocer esta semana el nuevo cuadro macroeconómico, primer paso técnico en la elaboración de las nuevas cuentas públicas.

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(El Economista, 08-06-2026) | Fiscal

La nueva ley para mutualistas permitirá traspasar los fondos a la Seguridad Social sin tributar IRPF

La ley destinada a mejorar las pensiones de los mutualistas profesionales -entre ellos abogados, procuradores, médicos o arquitectos- afronta su última fase en el Congreso con la votación prevista en el Pleno del 11 de junio. El dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el 26 de mayo incorporó cambios relevantes introducidos a última hora. En el ámbito fiscal, los mutualistas que se acojan a la llamada "pasarela" para incorporarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) no tendrán que tributar en el IRPF por los fondos acumulados en sus mutualidades que se transfieran al sistema público. Estos fondos incluyen tanto las aportaciones realizadas durante años como la rentabilidad generada. Sin esta exención, dicha retirada habría estado sujeta a tributación como rendimiento. El texto añade que esta transferencia de derechos económicos no tendrá efectos fiscales en el IRPF, aunque las pensiones resultantes sí tributarán en el impuesto como cualquier otra prestación de jubilación. Otra novedad relevante es el mantenimiento del sistema alternativo de las mutualidades. Las versiones anteriores del proyecto preveían que los nuevos colegiados debieran incorporarse obligatoriamente al RETA a partir de 2028. Finalmente, se permitirá seguir eligiendo entre mutualidad o Seguridad Social, aunque el Gobierno elaborará un informe antes de finales de 2030 para evaluar la continuidad de este modelo. La norma establece que podrán acceder a la pasarela todos aquellos profesionales que no estén jubilados y que no hayan generado aún derecho a pensión en la Seguridad Social, es decir, quienes no hayan alcanzado los 15 años mínimos de cotización. Quienes ya dispongan de ese derecho podrán completar su carrera para acceder a la pensión contributiva correspondiente. En cuanto al traspaso de fondos, el texto no concreta el procedimiento de salida del capital acumulado, que queda pendiente de desarrollo reglamentario. Las mutualidades defienden una transferencia progresiva vinculada al momento de jubilación para no comprometer sus inversiones a largo plazo, pero este aspecto deberá definirse más adelante mediante normativa específica. También se deja para un reglamento posterior la conversión de los fondos acumulados en años cotizados en el sistema público. La ley establece que se tomará como referencia la base mínima del RETA correspondiente, actualizada según se determine, y se aplicará un coeficiente reductor del 0,77 para el cómputo de años. El texto incluye además medidas específicas para los profesionales que tengan 52 años cumplidos a 31 de diciembre de 2026. En su caso, los meses cotizados en mutualidades se computarán como si hubieran estado de alta en el RETA a efectos de alcanzar el 100% de la pensión. Para los mutualistas que abandonaron el sistema antes de 2005 y no alcanzan los 15 años de cotización en la Seguridad Social, se habilita la posibilidad de suscribir un convenio especial que permitirá reconocer hasta cinco años de aportaciones previas en la mutualidad. En relación con las aportaciones futuras, la norma obliga a que las mutualidades garanticen prestaciones equivalentes al 100% de la pensión mínima que correspondería en el sistema público. Este objetivo se vincula a un calendario progresivo de aportaciones que alcanzará el 100% en 2028. El texto también introduce cambios en la regulación de las prestaciones sociales de las mutualidades, que deberán priorizar a colectivos vulnerables como jubilados, personas dependientes o con discapacidad, viudedad u orfandad, siempre bajo supervisión de la Dirección General de Seguros o de los organismos autonómicos competentes. La reforma surge ante las bajas pensiones que perciben muchos de estos profesionales tras décadas cotizando en sistemas alternativos, en algunos casos con aportaciones inferiores a las del régimen público. Sin esta reforma, se estima que una parte significativa de los abogados mutualistas habría accedido a pensiones inferiores a 700 euros mensuales. Según las previsiones del sector, la norma no sufrirá cambios sustanciales en su paso por el Congreso y podría quedar definitivamente aprobada tras su tramitación en el Senado durante el verano.

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(Expansión, 08-06-2026) | Laboral

El Papa León XIV aboga por el "diálogo social" ante patronal y sindicatos

El papa León XIV ha reclamado que las empresas sitúen a las personas en el centro de su actividad y no consideren a los trabajadores como un elemento más dentro de sus objetivos económicos. Además, ha defendido que el empleo siga siendo una fuente de oportunidades y esperanza para la sociedad. Sus palabras coincidieron con una intervención conjunta de CEOE, Cepyme, UGT y CCOO, que apostaron por impulsar un nuevo contrato social capaz de responder a los desafíos planteados por la inteligencia artificial. En una imagen que evocó algunos de los principios recogidos en su primera encíclica, Magnifica Humanitas, el Pontífice participó este domingo en un encuentro con representantes de los ámbitos social, económico, cultural y deportivo de España. Durante el acto, celebrado en el Movistar Arena de Madrid bajo el título "Tejer Redes", insistió en la importancia de que la Iglesia mantenga un diálogo abierto con la sociedad contemporánea. Ante representantes empresariales y sindicales, León XIV destacó el valor del diálogo social en el contexto actual, marcado por la rápida expansión de la inteligencia artificial. Según señaló, este diálogo debe basarse en el encuentro, la escucha mutua, el respeto y la cooperación entre las distintas partes implicadas. El Papa sostuvo que las compañías deben reconocer la dignidad de cada persona y evitar que los empleados sean percibidos únicamente como recursos al servicio de intereses económicos. También subrayó que el trabajo debe conservar su papel como herramienta de progreso y esperanza. Dirigiéndose al ámbito académico, defendió una universidad conectada con la realidad laboral y comprometida con la búsqueda de la verdad. Asimismo, reivindicó una cultura accesible para toda la sociedad, un deporte que vaya más allá del espectáculo y del negocio, y un desarrollo tecnológico que tenga presentes las necesidades de los países más desfavorecidos. Estas reflexiones respondían a las intervenciones previas de los principales representantes de los agentes sociales. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y el líder de CCOO, Unai Sordo, compartieron escenario para lanzar un mensaje común sobre la necesidad de construir un nuevo marco de convivencia social adaptado al siglo XXI y a la revolución tecnológica. Garamendi defendió la importancia de preservar el diálogo social y la negociación colectiva como instrumentos de estabilidad, consenso y cooperación. A su juicio, las sociedades más sólidas son aquellas que logran alcanzar acuerdos duraderos. Por su parte, Unai Sordo planteó la necesidad de renovar el contrato social para construir sociedades más equitativas y con mayores niveles de bienestar y dignidad. Pepe Álvarez destacó que la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral a una velocidad inédita y advirtió de que la cuestión fundamental es decidir si esa transformación se produce al margen de los trabajadores o contando con su participación. Ángela de Miguel, en representación de las pequeñas y medianas empresas, señaló que el avance tecnológico hace aún más necesaria la dimensión humana en las relaciones económicas y laborales. El encuentro reunió también a representantes de otros sectores de la sociedad. El actor Antonio Banderas intervino en nombre del mundo de la cultura; el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello, representó al ámbito académico; mientras que las deportistas Carolina Marín y Teresa Perales participaron como referentes del deporte. Además, la bailaora Sara Baras y la cantante Rozalén aportaron la representación del sector musical. Miles de personas asistieron al evento, entre ellas empresarios, personalidades de distintos ámbitos y responsables políticos como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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(Cinco Días, 08-06-2026) | Laboral

La justicia avala la legalidad de las indemnizaciones por edad en ERE

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la legalidad del expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado por Telefónica de España en enero de 2024. El tribunal considera que el sistema de compensaciones por tramos de edad no vulnera el principio de igualdad ni constituye una forma de discriminación, según la sentencia fechada el 5 de marzo y difundida por EL PAÍS/Cinco Días. La resolución desestima el recurso presentado por un ex trabajador de 57 años, que reclamaba una indemnización por daños morales tras considerar que había sufrido un trato desigual. El fallo ratifica una sentencia anterior del Juzgado de lo Social número 20 de Madrid, que ya había dado la razón a la empresa. El caso se enmarca en el despido colectivo acordado entre Telefónica y la representación sindical en enero de 2024. El demandante, con una antigüedad en la compañía desde 1989 y un salario de referencia cercano a los 93.400 euros anuales, se acogió voluntariamente al plan y causó baja en febrero de ese año. El diseño del ERE establecía distintas condiciones económicas en función del año de nacimiento de los empleados. Se definieron tres tramos de edad con diferentes porcentajes del salario regulador para las rentas de prejubilación. El grupo más joven percibía un 68% hasta los 63 años y un 38% hasta los 65; el tramo intermedio, donde se encontraba el demandante, recibía un 62% y un 34%; y el grupo de mayor edad, un 52% y un 34%. Además, el acuerdo incluía una prima de adhesión de 10.000 euros. El trabajador alegaba que la diferencia respecto al tramo superior suponía una reducción económica equivalente a unos 467 euros mensuales en el primer periodo de prejubilación, lo que a su juicio constituía una discriminación por razón de edad contraria a la Constitución y a la legislación vigente. También sostenía que podía tratarse de una represalia por no haberse adherido a anteriores planes de bajas incentivadas. El TSJM rechaza estos argumentos al considerar que las condiciones del ERE derivan de un acuerdo colectivo negociado con la representación sindical, y no de una decisión unilateral de la empresa. El tribunal entiende que la diferenciación por edad responde a criterios objetivos vinculados a la proximidad de la jubilación y al acceso al sistema público de pensiones. La sentencia se apoya además en la doctrina del Tribunal Supremo, que en una resolución de enero de 2023 avaló que las diferencias indemnizatorias en despidos colectivos pueden ser legítimas si están justificadas dentro de la negociación colectiva. Según este criterio, la posición de los trabajadores varía en función de su edad y del tiempo que les resta hasta la jubilación, lo que permite establecer mecanismos diferenciados de compensación. En el caso concreto, los magistrados concluyen que no existe un perjuicio desproporcionado para el demandante, ya que las rentas pactadas garantizan un nivel de ingresos acorde con su trayectoria profesional. Asimismo, descartan que existiera represalia empresarial, al constatar que el trabajador no se acogió voluntariamente a planes anteriores y mantuvo su salario hasta el ERE de 2024. La resolución refuerza la validez jurídica de los esquemas de prejubilación por tramos de edad en procesos de reestructuración empresarial, al considerar que pueden ajustarse a derecho cuando se negocian colectivamente. El ERE de 2024 afectó finalmente a 3.393 empleados, dentro de un plan inicial ligeramente superior. Las condiciones incluyeron rentas mensuales y una prima de salida voluntaria. Posteriormente, en 2025, la compañía acordó un nuevo proceso de ajuste que afecta a más de 4.500 trabajadores, con un esquema similar de salidas incentivadas por edad.

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(Expansión, 08-06-2026) | Laboral

El pluriempleo se dispara un 35% tras la reforma laboral y afecta a 611.000 trabajadores

El número de trabajadores que necesitan compaginar dos empleos para alcanzar unos ingresos suficientes continúa aumentando en España. Aunque el Gobierno destaca la transformación del mercado laboral tras la reforma laboral de 2021, diversos expertos y estadísticas oficiales reflejan que persisten algunas situaciones asociadas a la precariedad, entre ellas el crecimiento del pluriempleo. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre de 2026, 611.600 personas tenían una segunda ocupación. Aunque esta cifra es ligeramente inferior a la registrada en el último trimestre de 2025, cuando se alcanzaron los 632.600 trabajadores, sigue situándose en niveles históricamente elevados. De hecho, supone un aumento del 35% respecto al periodo previo a la reforma laboral, ya que en el primer trimestre de 2021 había 452.400 personas en situación de pluriempleo. La comparación con hace una década también refleja una tendencia ascendente. Frente a los 423.000 trabajadores que desempeñaban dos empleos entonces, actualmente hay cerca de 189.000 más, lo que representa un incremento del 44,6%. La mayor parte de quienes tienen más de un trabajo desarrollan su actividad principal como asalariados. En concreto, de los 611.600 pluriempleados contabilizados en el primer trimestre de 2026, casi el 77% trabajan por cuenta ajena como ocupación principal, mientras que algo más de 114.000 son autónomos. No obstante, la evolución más significativa se observa en la naturaleza del segundo empleo. Aunque la mayoría continúa desempeñando esa actividad adicional como asalariado, cada vez son más quienes recurren al trabajo autónomo para complementar sus ingresos. Actualmente, más de 208.000 personas tienen una segunda ocupación como trabajadores por cuenta propia, lo que supone un incremento cercano al 50% respecto al periodo anterior a la reforma laboral. Dentro de este grupo, dos de cada tres proceden de un empleo principal como asalariados, mientras que el resto ya desarrollaban una actividad autónoma como ocupación principal. El fenómeno presenta además una clara concentración sectorial. Cerca del 87% de los trabajadores con más de un empleo pertenecen al sector servicios, que reúne a más de 530.000 personas en esta situación. A considerable distancia se sitúan la industria, la construcción y la agricultura. El aumento del pluriempleo refleja las dificultades de numerosos trabajadores para cubrir sus necesidades únicamente con su salario principal. Factores como el encarecimiento de la vivienda, la inflación y el incremento general del coste de la vida han elevado la presión sobre los hogares. Un estudio reciente de InfoJobs señala que, durante 2025, el alquiler absorbió de media el 50% del salario bruto de los trabajadores en España. Este porcentaje se elevó hasta el 71% en la Comunidad de Madrid y el 70% en Cataluña. La plataforma advierte de que, pese a la mejora de la estabilidad laboral derivada de una mayor contratación indefinida, siguen existiendo elementos de temporalidad y estacionalidad que afectan a la seguridad económica de muchos trabajadores. Además, la evolución de los salarios continúa siendo insuficiente para recuperar plenamente el poder adquisitivo perdido por el efecto de la inflación. Otro de los aspectos que genera debate sobre la calidad del empleo tras la reforma laboral es el fuerte crecimiento de los contratos fijos discontinuos. Esta modalidad, impulsada como alternativa a la contratación temporal, ha experimentado una expansión muy significativa en los últimos cinco años. En mayo de 2026 había más de 1,1 millones de afiliados a la Seguridad Social con contratos fijos discontinuos, frente a los 376.000 registrados en mayo de 2021. Esto supone un aumento de casi el 193%, es decir, prácticamente una triplicación de esta fórmula contractual. Diversos especialistas reclaman una mayor transparencia sobre la situación real de estos trabajadores. Cuando no están llamados a prestar servicios, mantienen su contrato en vigor, pero desaparecen de las estadísticas de afiliación activa y tampoco figuran como desempleados registrados. Sin embargo, sí pueden solicitar prestaciones por desempleo durante esos periodos de inactividad. Esta circunstancia ha llevado a distintos centros de análisis a elaborar indicadores alternativos al paro registrado. Uno de ellos es el denominado "paro efectivo", que suma a los desempleados oficiales los trabajadores fijos discontinuos inactivos que pueden percibir prestaciones. Según los cálculos más recientes de Randstad Research, esta cifra alcanzó los 3,07 millones de personas en mayo, alrededor de 718.000 más que los 2,32 millones contabilizados en el paro registrado oficial.

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