(Cinco Días, 02-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las Bolsas se disparan y el petróleo cae ante la esperanza de que la guerra acabe pronto, pero el anuncio de Trump las devuelve a los números rojos

Las palabras del presidente de EE UU (ayer noche) caen como un jarro de agua fría en los mercados. Tras la euforia de ayer, los futuros europeos pierden cerca del 2% y el crudo escala un 6%. Donald Trump había enviado un mensaje de calma a los inversores en relación con el conflicto con Irán, coincidiendo con el inicio de abril y cuando la guerra se acerca a las cinco semanas de duración. El presidente de Estados Unidos ha afirmado que el enfrentamiento podría terminar en "dos o tres semanas", y el discurso previsto en Washington sobre esta cuestión ha impulsado el optimismo en los mercados. Wall Street ya reaccionó con una de las mayores subidas del año, cerrando un marzo marcado por caídas y preocupación ante el impacto económico del conflicto y el encarecimiento de la energía. Europa y Asia han seguido esta tendencia alcista, con subidas cercanas al 3% en los principales índices europeos, mientras que el precio del crudo Brent cae un 14% y baja de los 100 dólares por barril, influido también por un cambio en el contrato de referencia en el mercado de Londres. El discurso de Donald Trump en horario estelar en Estados Unidos del que se esperaban más detalles sobre el fin del conflicto en Oriente Próximo ha decepcionado a los mercados que en la jornada del miércoles echaron las campanas al vuelo. Las declaraciones del presidente estadounidense de que golpearía a Irán "extremadamente duro" ha frustrado todas las esperanzadas de claridad sobre cuando podría terminar realmente la guerra. Las Bolsas, por lo tanto, recortan este jueves, el petróleo sube un 6% y el dólar recupera la senda alcista. Los futuros europeos caen un 1,9% y los de EE UU recortan un 1% mientras las Bolsas asiáticas se disponen a cerrar la jornada con recortes de más del 1%. La perspectiva del fin de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, que va por su quinta semana, impulsó las Bolsas mundiales ayer - el Ibex cerró la jornada con un repunte del 3%, su mayor subida en un año- y provocó la caída del dólar desde sus máximos recientes en las dos últimas sesiones, después de un marzo brutal en el que el alza de los precios del petróleo provocó una caída en picado de los activos de riesgo. Esta es la tercera vez que Trump lanza un mensaje tranquilizador para frenar la escalada del precio del petróleo. Sin embargo, inmediatamente después del discurso, los inversores volvieron a vender casi todo excepto el dólar estadounidense, lo que provocó un alza en los precios del petróleo. "La intervención de Trump no fue lo que el mercado esperaba, es decir, señales que apuntaran al fin del conflicto", afirma Jumpei Tanaka, director de estrategia de inversión de Pictet Asset Management Japan. "En cambio, sugirió una posible escalada. Las declaraciones se están interpretando como un factor negativo para el mercado de valores", agrega el experto. En el discurso, de casi 20 minutos de duración, Trump no esbozó ningún cambio en la política hacia Irán, ni dio detalles sobre cómo se desarrollarían las operaciones más allá de lo que ya había dicho anteriormente. Trump afirmó que los objetivos estratégicos fundamentales están a punto de alcanzarse, en su discurso desde la Casa Blanca. No obstante, el presidente sugirió que las operaciones militares podrían intensificarse pronto, al decir: "En las próximas dos o tres semanas, vamos a devolverlos a la Edad de Piedra, donde pertenecen". "El mercado ansiaba algo de claridad sobre cuándo terminará el conflicto, pero este discurso solo ha añadido más incertidumbre", dijo Nick Twidale, analista jefe de mercados de AT Global Markets. "Es evidente que los inversores no están impresionados y creo que hoy podríamos ver más caídas en los mercados mundiales". En Europa, el índice Stoxx 600 avanzó un 2,3% y se encaminó a su mayor subida diaria en un año, impulsado principalmente por las empresas de viajes y defensa. El Ibex 35 también subió más del 3% y ronda los 17.600 puntos, en línea con otros índices como el Euro Stoxx 50, el Cac 40 o el Dax. El dólar perdió ligeramente valor y la deuda estadounidense continúa recuperándose tras las declaraciones de Trump. El rendimiento del bono a diez años, que había rozado el 4,5% días atrás, se sitúa ahora en torno al 4,27%. En la Bolsa española, casi todos los valores del Ibex registraron subidas, con la excepción de Repsol, que cayó un 5%. Destacan las alzas de IAG, Banco Santander, ArcelorMittal y ACS, superiores al 5%, seguidas por otras compañías como Fluidra, Sacyr, Acerinox, BBVA, CaixaBank, Bankinter, Unicaja y Sabadell, que superan el 3%. La reacción del petróleo no se ha hecho esperar y el contrato de brent para junio sube más del 6%, superando los 108 dólares por barril después de que los inversores encontraran poca tranquilidad en el discurso, que no especificó cuándo ni cómo se reabriría el Estrecho de Ormuz, una ruta crítica para el transporte de combustible, para aliviar las interrupciones del suministro. Los comentarios de Trump también reavivaron las preocupaciones sobre la estanflación, la combinación tóxica de alta inflación y crecimiento débil que sacudió los mercados en marzo.

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(Cinco Días, 02-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMC avala los prefijos para separar la atención al cliente de las llamadas comerciales

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha respaldado la propuesta del Gobierno para separar de forma obligatoria los números de teléfono según su uso. El objetivo de esta medida es diferenciar claramente entre las llamadas de atención a la clientela y las comunicaciones comerciales no solicitadas, con el fin de proteger a los usuarios y reducir los fraudes por suplantación de identidad. Esta iniciativa, promovida por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, se basa en lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones y en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Según el informe aprobado el 19 de marzo por la Sala de Supervisión Regulatoria, se pretende aumentar la transparencia y permitir que los usuarios identifiquen el tipo de llamada antes de responder. La normativa establece que los servicios de atención a la clientela solo podrán prestarse a través de tres tipos de numeración: números cortos internos de operadores, líneas gratuitas de los rangos 800 y 900, y números geográficos tradicionales con prefijos provinciales. El regulador prohíbe expresamente utilizar cualquier otro tipo de numeración para este fin. La CNMC considera que esta medida beneficia tanto a los consumidores como a la propia supervisión del sistema, al facilitar el control del uso de los recursos de numeración. Además, se prohíbe que los números destinados a atención a la clientela se empleen como identificadores en llamadas comerciales. En cuanto a los costes, se establece que las llamadas a números cortos y a los rangos 800 y 900 deberán ser gratuitas. En el caso de los números geográficos, deberán estar incluidos en las tarifas planas o, en su defecto, ofrecerse una alternativa sin coste para el usuario. Por otro lado, el organismo también apoya la creación de un nuevo rango específico para llamadas comerciales, identificado con el prefijo 400. Esta medida busca que los usuarios reconozcan fácilmente este tipo de comunicaciones. Además, se plantea que devolver la llamada a estos números también sea gratuito, dado que el contacto inicial no ha sido solicitado. La CNMC recomienda identificar claramente este rango con las tres cifras "400" para evitar confusiones. Aunque el informe es favorable en términos generales, el regulador ha propuesto algunos ajustes técnicos, como adaptar la terminología utilizada a la de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Asimismo, recuerda que existen excepciones para pequeñas y medianas empresas. Las comercializadoras de electricidad, gas y telecomunicaciones con menos del 5% de cuota de mercado no estarán obligadas a aplicar esta diferenciación de numeración, aunque en ningún caso podrán usar números móviles para estos servicios. El organismo considera adecuado el plazo de cuatro meses previsto para que operadores y empresas adapten sus sistemas, ya que muchos de estos rangos ya estaban contemplados en normativas anteriores. Una vez publicada la medida en el Boletín Oficial del Estado, la CNMC se encargará de supervisar su cumplimiento, sin perjuicio de las competencias de otras autoridades de consumo.

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(El Mundo, 02-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La tasa de ahorro bajó al 12% en 2025

La tasa de ahorro de los hogares en España se redujo hasta el 12% de su renta disponible bruta en 2025, lo que supone siete décimas menos que el año anterior, aunque sigue siendo un nivel elevado si se compara con el promedio del 7,2% registrado entre 2015 y 2019. Así lo reflejan los datos publicados por el INE, que también muestran que esta caída coincidió con un aumento del 6% en el gasto en consumo final de las familias durante el año. Entre las razones que explican este descenso del ahorro destacan la mejora del empleo, ya que una menor tasa de paro suele reducir el ahorro por precaución. En 2025, el desempleo continuó bajando hasta situarse por debajo del 10% por primera vez desde 2008. También influyeron la reducción de la incertidumbre económica, tras cierta estabilización de los aranceles, y el impacto progresivo de unos tipos de interés más bajos. En este sentido, el Banco Central Europeo inició en 2025 una senda de recortes en los tipos, que pasaron del 2,9% en febrero al 2,15% al cierre del año, lo que hizo menos atractivo el ahorro. A ello se suma el efecto de la inflación, que limita la capacidad de ahorro al reducir el poder adquisitivo. Aunque los precios se moderaron hasta mayo, posteriormente repuntaron y cerraron diciembre en el 2,9%. Este contexto, junto con un aumento medio del 5,3% en la renta disponible de los hogares, favoreció el consumo frente al ahorro. De hecho, ya se preveía una caída de la tasa de ahorro en 2025 y una estabilización en niveles más bajos en los próximos años, aunque el descenso final fue mayor de lo esperado por algunas entidades, que estimaban que se situaría en torno al 13%. De cara a 2026, sin embargo, las perspectivas han cambiado debido al conflicto en Irán. Se espera una inflación más elevada, posibles cambios en la política monetaria del BCE -incluida la posibilidad de frenar o revertir las bajadas de tipos- y un posible impacto negativo en la actividad económica y el empleo. Todo ello, unido a un aumento de la incertidumbre, podría impulsar de nuevo el ahorro. En cualquier caso, el nivel actual sigue estando claramente por encima de la media histórica en España.

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(Expansión, 01-04-2026) | Fiscal

La Agencia Tributaria ingresa 56.700 millones de euros en los dos primeros meses del año

La Agencia Tributaria dio a conocer ayer los primeros datos oficiales de recaudación correspondientes a 2026. Después de cerrar el año anterior con un aumento del 10,4% y alcanzar la cifra récord de 325.356 millones de euros, los ingresos fiscales no solo han mantenido su dinamismo, sino que han crecido aún más, con un incremento interanual del 13,5% en los dos primeros meses del año. En concreto, entre enero y febrero de 2026, la recaudación tributaria ascendió a 56.702 millones de euros, lo que supone 6.755 millones más que en el mismo periodo de 2025. Por figuras impositivas, el IRPF aumentó un 8,1%, hasta situarse en 29.637 millones de euros; el IVA registró un alza del 9,9%, alcanzando los 25.715 millones; y los Impuestos Especiales crecieron ligeramente, un 0,5%, hasta los 3.587 millones, a la espera de que comience la liquidación del Impuesto sobre Sociedades. Desde la Agencia Tributaria señalan que febrero es un mes especialmente relevante para la recaudación, ya que en él se concentran las declaraciones del cuarto trimestre del IVA, los pagos fraccionados del IRPF, así como impuestos como los que gravan el alcohol o el de la producción de energía eléctrica. Como novedad, este ejercicio ha incluido el primer pago a cuenta del nuevo impuesto sobre la banca, que ha aportado 543 millones de euros, a diferencia del año pasado, cuando este tributo se abonó en junio. De cara a los próximos meses, la evolución de los ingresos estará condicionada por las rebajas fiscales aplicadas por el Gobierno en el ámbito energético, como la reducción del IVA de la luz, el gas y los carburantes del 21% al 10%, así como otros ajustes en los impuestos sobre la electricidad.

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(Expansión, 01-04-2026) | Fiscal

Las deducciones que más vigilará Hacienda en esta campaña de Renta 2025

Los asesores fiscales han identificado los aspectos en los que la Agencia Tributaria centrará su atención a partir del 8 de abril, fecha en la que comienza la nueva campaña de la Renta, marcada por algunos cambios relevantes. En apenas una semana se inicia este proceso, en el que los contribuyentes deberán declarar los ingresos obtenidos y los gastos deducibles correspondientes al IRPF del año anterior. Aunque no se trata de una campaña con grandes reformas, los expertos advierten de ciertas novedades que recibirán especial seguimiento por parte de Hacienda, especialmente en lo relativo a deducciones y al régimen de módulos de los autónomos. Desde Talenom señalan que "este año será imprescindible extremar la precisión al confeccionar la declaración". Por ello, recomiendan conocer bien tanto las novedades como los ámbitos que estarán bajo mayor control, con el objetivo de evitar comprobaciones posteriores o retrasos en las devoluciones. Cabe recordar que, si la declaración sale a devolver, Hacienda puede demorar el pago hasta el 31 de diciembre sin abonar intereses, e incluso más allá si detecta posibles inconsistencias, tal y como han apuntado fuentes de la Inspección de Hacienda. Entre las principales novedades destaca el aumento de la tributación del ahorro para patrimonios superiores a 300.000 euros, elevando el tipo estatal del 14% al 15%. Este cambio afectará principalmente a rendimientos como dividendos, intereses y ganancias patrimoniales derivadas de la venta de activos como acciones, fondos, criptomonedas o inmuebles. Según los expertos, este incremento supone un mayor control sobre grandes patrimonios y operaciones financieras, por lo que será fundamental declarar correctamente este tipo de ingresos para evitar revisiones. Asimismo, el Gobierno ha prorrogado determinadas deducciones, como las vinculadas a instalaciones de autoconsumo energético renovable o sistemas que sustituyan energías fósiles, permitiendo su amortización libre. Estas inversiones, junto con las deducciones por la compra de vehículos eléctricos, también estarán bajo vigilancia, al igual que la correcta aplicación de las deducciones autonómicas, donde se han introducido cambios en varias comunidades. Una aplicación incorrecta podría derivar en ajustes posteriores. Como es habitual, los trabajadores autónomos volverán a ser objeto de especial seguimiento. En particular, se revisará la aplicación del 5% de gastos de difícil justificación y la coherencia de los gastos declarados. También se controlará el cumplimiento de los requisitos del régimen de módulos, sobre todo en actividades próximas a los límites establecidos. Por otro lado, tras la implantación del sistema de cotización por ingresos reales, los autónomos deberán reflejar en esta campaña la regularización de cuotas correspondiente a 2023. Además, Hacienda cruzará la información declarada con la Seguridad Social, una vez finalice la campaña el 30 de junio, para verificar que las cotizaciones de 2025 se ajustan a lo debido. En definitiva, esta campaña combina cierta continuidad con ajustes técnicos que exigen mayor rigor. La digitalización y el intercambio de datos entre administraciones hacen más necesario que nunca revisar con detalle cada apartado de la declaración.

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(El País, 01-04-2026) | Fiscal

La tarifa regulada del gas baja un 16,6%, incluido ya el descenso del IVA

La Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural baja desde el 1 de abril un 16,6% para el nuevo trimestre en comparación con el precio fijado el 1 de enero. Esta reducción incorpora las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 7/2026, dentro del plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio, entre las que destaca la rebaja del IVA del 21% al 10%. En el caso de la TUR vecinal, la disminución oscila entre el 10,8% y el 16%, según el Ministerio para la Transición Ecológica. La TUR es una tarifa regulada a la que pueden acogerse los consumidores conectados a redes de menos de 4 bar de presión y con un consumo anual igual o inferior a 50.000 kWh. Este precio se revisa cada tres meses, concretamente el 1 de enero, abril, julio y octubre. Se actualiza cuando el coste de la materia prima varía más de un 2% respecto al valor anterior o cuando se aprueban nuevos peajes o cánones. Los precios resultantes se publican en el Boletín Oficial del Estado. En la revisión de abril, el coste se calcula únicamente con el gas base, ya que el gas estacional solo se considera en invierno. Por este motivo, la tarifa baja alrededor de un 16% respecto al trimestre anterior, a pesar de que el precio del barril de Brent ha subido un 4% y el euro se ha apreciado un 0,4%. A esta bajada se añade la reducción del IVA al 10%, vigente hasta el 30 de junio. También se aplica un canon de cero euros para el almacenamiento adicional que supere los 20 días de consumo, medida que será compensada por el Gobierno con 45 millones de euros. En función del tipo de consumidor, un usuario medio de la TUR 1 verá una reducción del 15,2% con el IVA rebajado; sin esta medida, la bajada habría sido del 6,7%. Para la TUR 2, el descenso será del 16,2% (frente al 7,8% sin la rebaja fiscal), y para la TUR 3, del 16,9% (8,6% sin el recorte del IVA). En el caso de comunidades de propietarios y servicios energéticos, las reducciones del término variable van desde el 10,8% en las TUR 4 y 5 hasta el 16% en la TUR 11, con distintos niveles intermedios. Estas comunidades pueden acogerse a la TUR desde cambios normativos introducidos en 2022 y 2024, siempre que dispongan de contadores individuales. Actualmente, cuatro compañías están autorizadas a ofrecer esta tarifa regulada: Comercializadora Gas & Power (Naturgy), Iberdrola Comercializadora de Último Recurso, Energía XXI (Endesa) y Baser (TotalEnergies). Las condiciones de la TUR las establece el Ministerio para la Transición Ecológica, a diferencia del sistema eléctrico regulado, que depende en parte del mercado mayorista. Desde 2024, solo pueden acogerse a esta tarifa los hogares y las microempresas con menos de 10 empleados y una facturación inferior a dos millones de euros. De las 60.000 pequeñas y medianas empresas que la utilizaban, unas 3.000 tuvieron que abandonarla y pasar al mercado libre. En la actualidad, diversas asociaciones de consumidores consideran que la TUR sigue siendo la opción más competitiva disponible.

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(El Economista, 01-04-2026) | Fiscal

Los autónomos ya tributan a un tipo un 25% mayor que las pymes por la inflación

El aumento de la diferencia fiscal entre autónomos y pymes está empujando a unos 57.000 trabajadores por cuenta propia a constituirse como sociedades para reducir su carga impositiva. Así lo refleja la última Estadística de pymes societarias y no societarias publicada por la Agencia Tributaria correspondiente a 2024, que pone de manifiesto el incremento de los tipos efectivos que soportan los autónomos frente a las empresas. En concreto, los autónomos tributaron por sus beneficios a un tipo medio del 21,73% en el IRPF, mientras que las pymes afrontaron un tipo medio del 17,31% en el Impuesto de Sociedades. Esta diferencia se ha ampliado en los últimos años, en gran medida debido a la inflación y a la falta de actualización de los tramos estatales del IRPF. Si se compara con 2017 -primer año con datos disponibles-, los autónomos soportaban entonces un tipo medio del 17,37%, frente al 16,81% de las pymes. Desde entonces, la carga fiscal de los trabajadores por cuenta propia ha aumentado un 25%, mientras que en el caso de las empresas el incremento ha sido de apenas un 3%. Hacienda atribuye esta brecha al carácter progresivo del IRPF, cuyos tipos oscilan entre el 19% y el 47%, lo que implica que a mayores ingresos, mayor tributación. Por el contrario, el Impuesto de Sociedades aplica un tipo general del 25%, que puede reducirse mediante deducciones, incentivos y planificación fiscal. El incremento de la presión fiscal sobre los autónomos también está vinculado al aumento de sus ingresos, en parte impulsado por la inflación. Sin embargo, esta subida ha sido similar en las pymes: los ingresos brutos de los autónomos han crecido un 73% desde 2017, mientras que los de las empresas lo han hecho un 75%. A pesar de ello, la evolución del pago de impuestos ha sido muy distinta entre ambos. Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) advierten de que esta desigualdad está provocando que muchos pequeños negocios abandonen el régimen de personas físicas para operar como sociedades, como demuestra el hecho de que 57.000 autónomos dieran este paso en 2025. La organización explica que las sociedades cuentan con mayores posibilidades de deducción -como gastos estructurales, vehículos, suministros o amortizaciones- y permiten una mejor planificación fiscal. Además, ofrecen opciones como diferir dividendos, combinar retribuciones vía salario o aplicar incentivos como las reservas de capitalización o nivelación, lo que facilita ajustar cuándo y cómo se tributa. Desde 2022, las asociaciones de autónomos reclaman al Gobierno la actualización de los tramos del IRPF conforme a la inflación. El encarecimiento de costes como la energía, los suministros básicos o el alquiler ha obligado a muchos profesionales a subir precios, elevando sus ingresos nominales... pero también su factura fiscal. En la práctica, parte de esas subidas de precios destinadas a compensar el aumento de costes acaba en manos del Estado a través del IRPF, al no haberse adaptado los tramos del impuesto al incremento del coste de la vida.

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(El Economista, 01-04-2026) | Fiscal

El Supremo niega la exención del IBI a los partidos políticos

El Tribunal Supremo ha determinado que los partidos políticos no pueden acogerse a la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) prevista para las entidades sin ánimo de lucro. En una sentencia fechada el 19 de marzo, con ponencia de la magistrada María Dolores Rivera Frade, el alto tribunal estima el recurso presentado por el Ayuntamiento de Barcelona contra la posibilidad de que el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) no pagara este impuesto por su sede en la ciudad. El fallo concluye que la Ley Orgánica de financiación de los partidos políticos de 2007 no contempla de forma expresa este tipo de beneficio fiscal. El PSC defendía que el artículo 9.2 de dicha norma permitía aplicar esta exención, ya que remite, en lo no regulado, a la normativa tributaria general y a la aplicable a entidades sin ánimo de lucro, en relación con sus ingresos y financiación. Sin embargo, el Supremo aclara que esta remisión no implica equiparar a los partidos políticos con las entidades sin ánimo de lucro, sino que simplemente sirve para completar un marco tributario que la propia ley deja incompleto, recurriendo a normas generales o a las de ese tipo de entidades. El tribunal subraya además que cualquier exención fiscal debe estar recogida de manera expresa en una norma con rango de ley, tal y como exige la Ley General Tributaria, algo que no ocurre en este caso. Asimismo, recuerda que durante la tramitación de la ley de financiación de partidos sí se contempló inicialmente incluir la exención del IBI en su articulado. No obstante, esta previsión fue eliminada tras aprobarse una enmienda impulsada por Izquierda Unida, a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias. Por ello, el Supremo considera que el legislador tuvo la oportunidad de reconocer este beneficio fiscal a los partidos políticos, pero finalmente decidió no hacerlo.

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(El Economista, 01-04-2026) | Fiscal

La recaudación fiscal en 2025 hace historia al subir un 10,4% y superar los 325.000 millones

El Gobierno se muestra muy satisfecho con la evolución de los principales indicadores macroeconómicos en 2025. Tanto los ingresos fiscales como el déficit público registraron resultados especialmente positivos, según los datos de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda. Destaca especialmente la recaudación tributaria, que alcanzó los 325.356 millones de euros, un 10,4% más que en 2024, marcando un récord histórico. El IRPF volvió a ser la principal fuente de ingresos, con 142.466 millones recaudados, lo que supone un incremento del 10,1%. El Ejecutivo atribuye este crecimiento al aumento del empleo, al dinamismo del mercado laboral y a mejoras en la gestión y normativa. No obstante, también influye el hecho de que este impuesto no se haya ajustado a la inflación desde 2015, lo que ha elevado la recaudación al aumentar las bases imponibles, incluso sin incrementos reales del poder adquisitivo de los contribuyentes. Además, las subidas salariales derivadas de la inflación han tenido un mayor impacto fiscal al no actualizarse los tramos ni las deducciones. El IVA fue el segundo impuesto con mayor aportación, con casi 100.000 millones de euros, un 9,9% más. Este aumento se apoya principalmente en el crecimiento del consumo, uno de los motores de la economía española. También influyó la recuperación de tipos impositivos en sectores como la electricidad, el gas o la alimentación, que aportaron 2.566 millones adicionales tras la retirada de las rebajas fiscales aplicadas durante la crisis derivada de la guerra en Ucrania. El Impuesto sobre Sociedades también registró un comportamiento positivo, con una recaudación de 42.266 millones de euros, un 8,1% más que el año anterior. Parte de este incremento se explica por medidas como la limitación de compensación de pérdidas en grupos empresariales y la recuperación de límites en la compensación de bases imponibles negativas. Por su parte, los Impuestos Especiales superaron los 23.000 millones de euros, con un crecimiento del 4,3%. Al igual que en el caso del IVA, el consumo fue un factor clave, aunque también influyeron medidas como el aumento de gravámenes sobre la electricidad y el tabaco, así como la introducción de un nuevo impuesto sobre los líquidos de cigarrillos electrónicos. Otro tributo destacado fue el de las Transacciones Financieras, conocido como tasa a la banca, que aportó 1.423 millones de euros al contabilizarse ya plenamente como impuesto. También las tasas estatales y otros ingresos evolucionaron al alza, con un incremento del 7% hasta alcanzar los 2.156 millones. En cuanto al déficit público, se redujo hasta el 2,1% del PIB al cierre de 2025, el nivel más bajo en 18 años según Hacienda. En términos absolutos, el desfase fue de 36.780 millones de euros. Si se incluyen los gastos asociados a la DANA de 2024, la cifra asciende a 40.330 millones, equivalente al 2,39% del PIB, aún por debajo del objetivo del 2,5% comprometido con la Comisión Europea. El Estado registró un déficit del 1,8%, las comunidades autónomas del 0,3%, mientras que las corporaciones locales lograron un superávit del 0,3%. Otro indicador favorable fue el crecimiento del PIB, que se situó en el 2,8%, en línea con las previsiones y por encima del registrado en la eurozona (1,4%), en el conjunto de la Unión Europea (1,5%) y en las principales economías del entorno. En relación con el IRPF, el Gobierno destaca especialmente la mejora del mercado laboral. En 2025, el número de ocupados rozó los 22 millones de personas y la tasa de paro descendió por debajo del 10%, un hito significativo al situarse nuevamente en niveles de un solo dígito.

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(Expansión, 01-04-2026) | Laboral

La subida de las pensiones con el IPC dispara el gasto hasta los 240.000 millones al año

La Seguridad Social recaudó 176.918 millones de euros en cotizaciones sociales procedentes de empresas y trabajadores, lo que supone 11.341 millones más que el año anterior. Sin embargo, el déficit contributivo del sistema se aproxima a los 60.000 millones de euros. La actualización constante de las pensiones conforme al IPC -e incluso por encima en el caso de las mínimas y no contributivas- representa uno de los mayores retos para las finanzas públicas a medio y largo plazo. El aumento del gasto supera con creces los ingresos por cotizaciones, lo que obliga cada vez más a recurrir a transferencias financiadas con impuestos para cubrir todas las prestaciones. Así lo refleja el cierre presupuestario de la Seguridad Social en 2025. Sumando pensiones contributivas, ingreso mínimo vital y prestaciones por incapacidad temporal, el gasto alcanzó los 240.169 millones de euros, un 6,46% más que el año anterior, con un incremento de 14.582 millones. Para afrontar este nivel de gasto, los ingresos totales ascendieron a 232.782 millones de euros, un 7,77% más que en 2024, lo que equivale a 16.791 millones adicionales. De este modo, el saldo final arroja un déficit de 7.387 millones, equivalente al 0,4% del PIB, el nivel más bajo desde 2011 según el Ministerio de Seguridad Social liderado por Elma Saiz. No obstante, si se analiza únicamente el sistema contributivo, el desequilibrio es mucho mayor. De los ingresos totales, 176.918 millones corresponden a cotizaciones sociales, que representan el 76% del total y crecieron un 6,85% respecto al año anterior. La diferencia se cubre gracias a las transferencias del Estado, es decir, fondos procedentes de los Presupuestos Generales financiados vía impuestos. En 2025, estas transferencias alcanzaron un máximo histórico de 52.990 millones de euros, un 10,1% más que el año previo. Sin esta aportación, los ingresos ordinarios se quedarían en 179.792 millones, lo que implicaría un desfase cercano a los 60.377 millones, equivalente al déficit contributivo del sistema. Dentro de los ingresos también destaca el papel del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Aunque se contabiliza como ingreso corriente, su finalidad es alimentar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la "hucha de las pensiones". Estas aportaciones tienen carácter finalista y no podrán utilizarse hasta 2033, cuando se prevé un mayor tensionamiento del sistema debido a la jubilación de la generación del baby boom. En 2025, este mecanismo recaudó 4.934 millones de euros, lo que supone 1.223 millones más que el año anterior, con un incremento del 32%. Además, desde el 1 de enero de 2026, la cotización asociada a este instrumento se elevó hasta el 0,9% del salario bruto.

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