(El País, 17-11-2026) | Laboral

Los salarios de la banca multiplican hasta por cuatro los del sector servicios, la hostelería y el comercio

Las diferencias salariales entre sectores económicos son muy acusadas en España. Los trabajadores de las entidades financieras y aseguradoras cobran, de media, más del doble que los empleados del comercio y el transporte y hasta cuatro veces más que los ocupados en algunas ramas de los servicios. En 2025, los cerca de 390.000 asalariados del sector financiero y asegurador percibieron una remuneración media anual de 53.251 euros. En cambio, los 4,6 millones de trabajadores del comercio y el transporte cobraron 24.111 euros, mientras que los casi 2,8 millones de empleados de otros servicios y actividades de ocio registraron una media de 14.867 euros. Estas diferencias figuran en la estadística del Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, que la Agencia Tributaria ha actualizado con los datos correspondientes a 2025. La información recoge los resultados de todas las provincias españolas, salvo las del País Vasco y Navarra, que disponen de sistemas tributarios propios. Por detrás de las actividades financieras y aseguradoras, que encabezan la clasificación salarial, se sitúan los sectores de información y comunicaciones, con una media de 40.036 euros anuales, y las industrias extractivas, la energía y el agua, con 34.839 euros. Los servicios sociales alcanzaron los 31.009 euros y la industria, los 30.427. En el extremo inferior aparecen la construcción y las actividades inmobiliarias, con 24.379 euros; los servicios a empresas, con 23.551; otros servicios y ocio, con 14.867, y la agricultura y la pesca, con 12.073 euros. Las diferencias no solo se producen entre actividades, sino también dentro de cada sector en función de la provincia. En el ámbito financiero, Madrid registra la remuneración media más elevada, con 70.482 euros anuales, prácticamente el doble que Badajoz, que ocupa la última posición en esta actividad. La capital también lidera los salarios del comercio y el transporte, con una media de 31.000 euros, mientras que Huelva se sitúa en el extremo opuesto, con cerca de 16.000 euros. También se observan contrastes importantes en las distintas ramas de los servicios. En las actividades personales y de ocio, los salarios medios de Baleares casi duplican los de Jaén. En los servicios a empresas, Madrid vuelve a encabezar la clasificación provincial y Jaén registra las remuneraciones más bajas. Por su parte, en los servicios sociales, los salarios medios de Ceuta y Melilla superan en más de 15.000 euros anuales a los de las dos provincias extremeñas. La comparación entre territorios y actividades permite apreciar la amplitud de estas diferencias. Madrid, que presenta el salario medio general más alto entre las provincias incluidas en la estadística, también registra la mayor remuneración del sector financiero. En el otro extremo, Jaén, que ocupa la última posición en el promedio general, concentra los salarios más bajos de toda la tabla en los servicios personales y de ocio. La distancia entre ambos registros supera los 59.000 euros anuales. En otras actividades también aparecen diferencias territoriales destacadas. Las industrias extractivas, la energía y el agua alcanzan sus salarios más elevados en Madrid, mientras que Cuenca presenta las remuneraciones más bajas. En la construcción y las actividades inmobiliarias, las diferencias son menos pronunciadas, aunque siguen siendo relevantes. La agricultura muestra uno de los contrastes más acusados: Cantabria supera los 23.000 euros de salario medio anual, frente a los poco más de 5.000 euros de Jaén. Para interpretar correctamente estos datos es necesario tener en cuenta el alcance de la estadística de la Agencia Tributaria. Las cifras reflejan la remuneración media anual percibida por cada asalariado, pero no el salario por hora ni el equivalente a una jornada completa. El cálculo incluye, por tanto, a trabajadores a tiempo parcial y a personas que solo han estado ocupadas durante una parte del ejercicio. Este factor tiene especial incidencia en actividades caracterizadas por la temporalidad y el empleo estacional. La agricultura constituye un ejemplo significativo. La estadística contabiliza una media nacional de 2,39 percepciones salariales por persona durante el año, lo que evidencia la fragmentación de los ingresos a lo largo del ejercicio. En Jaén, el salario medio anual de esta actividad se sitúa en 5.263 euros, con 4,2 percepciones por trabajador. Esta cantidad no equivale necesariamente al sueldo de una persona que haya trabajado a jornada completa durante los doce meses, sino que refleja en buena medida la concentración del empleo en campañas y periodos determinados. En cambio, las entidades financieras y aseguradoras y la industria registran cerca de 1,2 percepciones por asalariado a escala nacional, un dato que apunta a una mayor continuidad en el empleo. La composición de las plantillas y las características de los puestos de trabajo también ayudan a explicar las diferencias salariales. Las actividades financieras y aseguradoras concentran ocupaciones que suelen exigir una mayor cualificación y especialización, mientras que el comercio y buena parte de los servicios personales agrupan empleos más diversos, con una presencia superior de salarios reducidos, jornadas parciales y trabajo estacional. Las diferencias de productividad entre sectores constituyen otro factor relevante, aunque la estadística no permite determinar el peso concreto de cada elemento. En términos generales, los datos de 2025 sitúan la remuneración media anual en 28.685 euros para un colectivo cercano a los 17 millones de asalariados. Por su parte, los aproximadamente 9,2 millones de pensionistas incluidos en la estadística recibieron una prestación media de 20.752 euros anuales.

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(El País, 17-11-2026) | Laboral

El Gobierno aprobará la subida del sueldo de los funcionarios para 2027 y eleva las sanciones a las empresas que oculten información contractual o salarial a sus empleados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un incremento de las retribuciones de los empleados públicos para el próximo año del 4,5%. Durante una entrevista en Telecinco, el jefe del Ejecutivo también ha confirmado que el Gobierno dará luz verde a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), tal como había avanzado horas antes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sánchez ha defendido las medidas adoptadas por su Ejecutivo frente a lo que considera un retroceso en las políticas sociales y económicas que podría producirse con un Gobierno del PP y Vox. Como ejemplo, ha destacado el aumento del salario mínimo registrado durante los últimos ocho años. La subida del SMI aprobada por el Gobierno será del 5,3%, hasta situarlo en 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 18.004 euros anuales. A este incremento se sumará la mejora salarial de los empleados públicos, por lo que, según ha señalado Sánchez, alrededor de cinco millones de trabajadores se beneficiarán de ambas decisiones. Si se añade la actualización de las pensiones conforme a la evolución del IPC, el número de ciudadanos que verán aumentar su poder adquisitivo ascenderá a unos 15 millones. A esta mejora se sumará, durante el primer trimestre de 2027, otro 0,5% correspondiente a la desviación de la inflación del año pasado, una compensación que ya estaba prevista en el acuerdo con los sindicatos y que dejaría la revisión en el 5% anunciado en octubre de este año. El Consejo de Ministros de este martes aprobará, además de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, un conjunto de medidas laborales promovidas por el Ministerio de Trabajo mediante un decreto-ley. El Ejecutivo confía en que estas disposiciones obtengan posteriormente el respaldo de la Diputación Permanente. Entre las principales novedades figura el endurecimiento de las sanciones a las empresas que incumplan sus obligaciones de información sobre las condiciones contractuales y salariales de sus trabajadores. La reforma también pretende reforzar la transparencia retributiva y avanzar en la adaptación de la legislación española a una directiva europea sobre igualdad salarial que debería haberse incorporado al ordenamiento jurídico antes del 7 de junio. La nueva regulación reconocerá a todos los trabajadores el derecho a conocer los salarios medios de otros empleados que desempeñen puestos equivalentes, así como a acceder a información más detallada sobre los registros retributivos. Este derecho se aplicará a todas las relaciones laborales, con independencia de su duración, y dejará de estar limitado a los contratos de más de cuatro semanas. El proyecto también introduce nuevas obligaciones en los procesos de selección. Las ofertas de empleo deberán especificar la retribución inicial correspondiente al puesto, las empresas no podrán preguntar a los candidatos por su historial salarial y tanto los anuncios de vacantes como las denominaciones de los puestos deberán utilizar un lenguaje neutro en materia de género. El objetivo de Trabajo es evitar diferencias salariales injustificadas por la realización de trabajos de igual valor. Uno de los cambios más relevantes afecta al régimen sancionador. La falta de información sobre aspectos esenciales del contrato dejará de considerarse una infracción leve y pasará a calificarse como grave. De esta manera, las multas podrán elevarse desde los actuales 750 euros hasta un máximo de 7.500 euros. También tendrán la consideración de infracciones graves los incumplimientos de las obligaciones relacionadas con los planes de igualdad. Por su parte, determinadas conductas empresariales pasarán a considerarse infracciones muy graves. Entre ellas se encuentra solicitar a los candidatos información personal o datos cuyo requerimiento esté prohibido durante los procesos de contratación o de promoción y cambio de puesto dentro de la empresa. El paquete normativo incluye asimismo un decreto específico para reforzar la transparencia salarial. La norma permitirá que cualquier empleado pueda conocer las retribuciones medias de los puestos equivalentes y obligará a las empresas a ofrecer información más amplia sobre los criterios utilizados para determinar los salarios y los ascensos. También se reforzarán las auditorías retributivas y los mecanismos de seguimiento de la brecha salarial. La iniciativa modifica distintos aspectos del real decreto de 2020 que ya había ampliado las obligaciones empresariales en esta materia. La reforma pretende reducir las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres. Según los datos del INE correspondientes a 2024, el salario bruto mensual medio de las mujeres se situó en 2.163 euros, frente a los 2.593 euros de los hombres. Esto significa que las trabajadoras percibieron, de media, el 83% de la remuneración masculina. Trabajo considera que facilitar el acceso a la información salarial puede mejorar la capacidad de negociación de las empleadas y contribuir a corregir estas desigualdades. La iniciativa responde a la obligación de incorporar al ordenamiento español la directiva europea sobre transparencia retributiva, cuyo plazo de transposición expiró el pasado 7 de junio. Aunque el Ministerio de Trabajo mantuvo conversaciones con los interlocutores sociales, no logró cerrar un acuerdo formal. No obstante, las organizaciones sindicales consideran que el planteamiento del departamento dirigido por Yolanda Díaz se aproxima a algunas de sus reivindicaciones. El Gobierno aprovechará también para aprobar una parte de la transposición pendiente de la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. La mayor parte de esta normativa se incorporó a la legislación española a principios de septiembre, mediante el correspondiente real decreto, que introdujo, entre otras medidas, mayores restricciones a los periodos de prueba superiores a seis meses.

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(El Economista, 17-11-2026) | Laboral

La Inspección de Trabajo podrá elevar las multas al acumular todas las infracciones de una misma investigación

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede contabilizar conjuntamente a los trabajadores afectados por distintas actas de infracción cuando estas procedan de una misma investigación sobre una empresa. Así lo establece el Tribunal Supremo en una sentencia de unificación de doctrina de 6 de octubre de 2026, que avala la aplicación de incrementos porcentuales en las sanciones en función del número total de personas perjudicadas. El pronunciamiento confirma que no es necesario que todas las infracciones queden recogidas en una única acta administrativa para acumular el número de trabajadores afectados. Basta con que las distintas actuaciones sancionadoras formen parte de una misma investigación inspectora y respondan a una unidad material de actuación. La resolución, cuyo ponente es el magistrado Martínez Moya, examina el caso de una empresa a la que se levantaron dos actas de infracción tras las comprobaciones realizadas por la Inspección. En la primera se detectaron 28 trabajadores que prestaban servicios sin estar dados de alta en la Seguridad Social, mientras que en la segunda se identificó a tres perceptores de prestaciones por desempleo que realizaban actividades incompatibles con su situación. La Administración sumó los afectados de ambos expedientes, hasta alcanzar un total de 31 personas, y aplicó en la segunda sanción un incremento del 50%. La empresa impugnó esta decisión al considerar que cada acta debía valorarse de manera independiente, sin acumular los trabajadores identificados en procedimientos distintos. El Tribunal Supremo rechaza esta interpretación y señala que la normativa permite aplicar el incremento cuando las infracciones se detectan en el marco de una misma actuación inspectora. La Sala aclara, además, que no se contabiliza dos veces a una misma persona, sino que se agregan los distintos trabajadores afectados por irregularidades diferentes dentro de una misma investigación. El artículo 40.1.e) de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) establece una escala de incrementos de las sanciones vinculada al número de personas afectadas. Los porcentajes previstos son del 20% cuando hay dos trabajadores, del 30% para tres, del 40% para cuatro y del 50% cuando el número alcanza cinco o más personas. La sentencia considera que este criterio de acumulación es compatible con el principio de legalidad sancionadora, recogido en el artículo 25.1 de la Constitución, y con el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3. Según el tribunal, se trata de una circunstancia agravante expresamente contemplada y delimitada por la ley, por lo que su aplicación no vulnera las garantías del procedimiento sancionador. Asimismo, descarta que deban prevalecer argumentos como el principio in dubio pro reo o la interpretación restrictiva de las normas sancionadoras, al entender que la regla legal de graduación establece de forma suficientemente clara cómo debe calcularse el número de afectados en estos supuestos.

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(Cinco Días, 17-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE plantea una oleada de inspecciones a los bancos por la inteligencia artificial y el fraude

El Banco Central Europeo (BCE) intensificará la supervisión de los riesgos tecnológicos y de ciberseguridad de las entidades financieras ante el avance de la inteligencia artificial. El organismo prepara una nueva ronda de inspecciones a los principales bancos de la eurozona, entre ellos Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, para comprobar cómo están protegiendo los datos y los fondos de sus clientes frente a las nuevas amenazas asociadas a esta tecnología, según fuentes financieras. Una de las principales preocupaciones del supervisor es la aparición de Mythos, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic, así como el incremento de los fraudes que utilizan herramientas de IA. El temor del BCE se centra especialmente en la capacidad de estos sistemas para identificar vulnerabilidades en los programas informáticos y explotarlas. Si estas herramientas caen en manos de ciberdelincuentes, podrían facilitar ataques informáticos a gran escala y comprometer tanto la información como los ahorros de los clientes bancarios. La preocupación por esta tecnología aumentó a comienzos de año, cuando el BCE conoció las capacidades de Mythos. Desde entonces, la institución presidida por Christine Lagarde ha mantenido reuniones con las principales entidades financieras europeas para evaluar su grado de preparación. Posteriormente, remitió comunicaciones a sus presidentes y consejeros delegados, conocidas en el sector como cartas Dear CEO, para reclamar medidas concretas de protección y planes de contingencia frente a los riesgos derivados de la inteligencia artificial. El plazo para presentar estas propuestas finalizó el pasado 31 de octubre. Estas comunicaciones constituyen uno de los instrumentos de supervisión más relevantes del BCE y ya se utilizaron, por ejemplo, durante la pandemia para recomendar a las entidades que suspendieran el reparto de dividendos. En esta ocasión, el organismo dispone de los planes presentados por los bancos y pretende comprobar ahora que los compromisos adquiridos se traducen en actuaciones efectivas. La revisión se integrará previsiblemente en el ejercicio supervisor del próximo año, conocido como SREP, en el que el BCE establece las prioridades y evalúa la situación de las entidades. Durante los próximos meses, el organismo analizará la documentación remitida por los bancos y realizará inspecciones presenciales para verificar sus sistemas de protección. Uno de los aspectos que centrará las comprobaciones será el volumen de recursos económicos destinados a ciberseguridad. El supervisor considera necesario que las entidades aumenten sus presupuestos para responder a la velocidad con la que evolucionan las amenazas tecnológicas. También examinará cómo se integra la inteligencia artificial en los modelos de gobierno corporativo y si los riesgos asociados a esta tecnología se abordan directamente en los consejos de administración. Además, el BCE quiere que los bancos mejoren los procedimientos para detectar vulnerabilidades en sus sistemas y corregirlas con mayor rapidez. También recomienda diversificar las herramientas de inteligencia artificial utilizadas para identificar fallos de seguridad, sin depender exclusivamente de modelos como Mythos. Si las inspecciones detectan deficiencias relevantes en estos ámbitos, el organismo podría elevar los requerimientos de capital de las entidades a partir de 2028. La ciberresiliencia lleva varios años ocupando un lugar prioritario en la agenda del supervisor europeo, especialmente por el aumento de los fraudes asociados a la digitalización de los servicios financieros. En 2024, esta materia ya tuvo un papel destacado en los test de estrés inversos del BCE, unos ejercicios que, a diferencia de las pruebas de resistencia de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), no se centran en medir la capacidad de los bancos para soportar una crisis económica, sino en identificar qué escenarios podrían provocar un deterioro crítico de su capital y cómo responderían ante ellos. La expansión de la inteligencia artificial añade nuevas amenazas a este escenario. Además de facilitar la identificación de vulnerabilidades informáticas, estas herramientas permiten desarrollar técnicas de fraude más sofisticadas, como los deepfakes, capaces de suplantar la identidad de personas mediante imágenes, vídeos o voces generados artificialmente. El cambio en la estrategia supervisora ya fue anticipado por Pedro Machado, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, durante un encuentro celebrado recientemente en Madrid. El responsable defendió la necesidad de adaptar los modelos de gobernanza de las entidades financieras al desarrollo de la inteligencia artificial. Para ello, reclamó una mayor implicación de los órganos de dirección, que deberán conocer el impacto de estas herramientas, controlar sus riesgos y garantizar que la intervención humana siga desempeñando un papel adecuado en los procesos de toma de decisiones.

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(Cinco Días, 17-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Madrid despunta como la ciudad europea más atractiva para invertir en hoteles

El récord de visitantes internacionales que España espera alcanzar este año y las elevadas rentabilidades que está generando el negocio hotelero han reforzado el interés de los inversores por el mercado nacional. Los ingresos por habitación disponible han pasado de 81,7 euros en 2019 a 125,4 euros durante el primer semestre de 2026, una evolución que ha impulsado el atractivo del sector. La última encuesta de Cushman & Wakefield, realizada entre 138 directivos europeos de compañías hoteleras para identificar los destinos más interesantes desde el punto de vista inversor, sitúa a Madrid en cabeza de las ciudades de la Unión Europea. La capital española obtiene 3,9 puntos sobre cinco, por delante de Roma y Milán, ambas con 3,6, y de Londres y Barcelona, que alcanzan los 3,5 puntos. La posición de Madrid también destaca en la clasificación específica de la península ibérica. En este caso, consigue una valoración de 4,7 puntos sobre cinco y el 78% de los encuestados manifiesta un elevado interés por invertir en la ciudad. Barcelona ocupa el segundo puesto, con 4,5 puntos, seguida de Lisboa, con 4,3, y Sevilla, con 3,9. Todos estos destinos urbanos se sitúan por delante de enclaves tradicionalmente asociados al turismo de sol y playa, como la Costa del Sol (3,8), Baleares (3,4), Algarve (3,1), Canarias y Costa Blanca (3). El auge de la inversión hotelera en Madrid, que se viene consolidando desde hace seis años, se ha extendido a todas las categorías de alojamiento, desde los establecimientos de lujo hasta los de bajo coste. En el segmento de alta gama, el movimiento comenzó incluso antes de la pandemia, con las costosas renovaciones de los hoteles Ritz, propiedad de Mandarin Oriental, y Palace, perteneciente a Archer. La reforma del Ritz se desarrolló entre 2018 y 2021 y supuso una inversión de 99 millones de euros, mientras que la renovación del Palace se prolongó durante 20 meses y requirió un desembolso de 90 millones. En plena pandemia abrió sus puertas el Four Seasons y, en 2021, culminó la transformación del Villa Magna, que pasó a operar bajo la marca Rosewood. El establecimiento había sido adquirido en 2018 por el grupo turco Dogus por 210 millones de euros, una cifra récord en aquel momento. La llegada de grandes cadenas internacionales continuó en los años siguientes. Marriott desembarcó en 2022 con el hotel Edition y, un año después, anunció la apertura de su primer establecimiento JW en España, situado frente al Four Seasons. Posteriormente, la expansión se trasladó a la Gran Vía, donde comenzaron a instalarse enseñas como CR7, Brach y Curio Collection, esta última con un hotel inaugurado por Hilton en 2024. Entre 2014 y 2024 se abrieron 26 nuevos establecimientos en la Gran Vía y sus alrededores, que incorporaron más de 3.500 habitaciones a la oferta hotelera de la capital. La incorporación más reciente ha sido Nobu, que abrió sus puertas el pasado 1 de septiembre. El interés inversor también ha crecido con fuerza en el segmento de los hoteles económicos. Accor, el mayor grupo hotelero europeo por volumen, dispone de 25 establecimientos en Madrid. De ellos, diez operan bajo la marca Ibis Budget, nueve con la enseña Ibis y cuatro como Ibis Styles, todas ellas pertenecientes a su cartera de marcas de precios más asequibles. Otra cadena con una presencia destacada es B&B Hotels, propiedad íntegra de Goldman Sachs, que suma actualmente 72 hoteles operativos en España. Dieciocho de ellos, una cuarta parte del total, se encuentran en Madrid. También tiene presencia en este mercado Travelodge, considerada la segunda mayor cadena hotelera del Reino Unido, que cuenta con doce establecimientos en España: cuatro en Madrid, otros cuatro en Barcelona y uno en Málaga, Valencia, Alicante y Murcia. La compañía prevé ampliar su implantación en la capital con una nueva apertura en 2027.

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(El Economista, 17-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El "alquiler exprés" se dispara: uno de cada seis pisos vuela del mercado en menos de 24 horas

El 16% de las viviendas alquiladas a través de idealista durante el tercer trimestre de 2026 permaneció menos de 24 horas anunciada en el mercado, según un estudio publicado por el portal inmobiliario. Este fenómeno, conocido como alquiler exprés, refleja la elevada presión de la demanda sobre la oferta disponible. Ceuta encabezó la clasificación de capitales, con la mitad de los inmuebles alquilados en menos de un día, seguida de San Sebastián (37%) y Huesca (36%). En los casos de Ceuta y Huesca, los porcentajes están condicionados por el reducido tamaño de sus mercados, donde un número limitado de operaciones puede alterar considerablemente los resultados. Tras estas ciudades aparecen Barcelona, con un 35%; Lleida, con un 32%; Vitoria, con un 30%, y Girona, con un 28%. La clasificación continúa con Pamplona (25%), Zaragoza (23%), Logroño, Toledo y Huelva (22%), Guadalajara, Palencia y Tarragona (21%) y A Coruña (20%). Entre las principales ciudades españolas, Bilbao registra la mayor proporción de alquileres formalizados en menos de 24 horas, con un 16%. A continuación figuran Palma (15%), Málaga (14%), Valencia (13%), Madrid (10%) y Sevilla y Alicante, ambas con un 9%. En el extremo opuesto, Teruel fue la única capital de provincia en la que no se registraron operaciones de alquiler exprés durante el tercer trimestre. También presentaron porcentajes reducidos Segovia (4%), Ávila y Cuenca (5%). Por provincias, Guipúzcoa lideró el ranking, con un 44% de las viviendas alquiladas en menos de 24 horas, seguida de Barcelona (35%), Navarra y Girona (28%), y Álava, Lleida y Tarragona (26%). También superaron el umbral del 20% Vizcaya (23%), Zaragoza (22%) y Guadalajara (21%). Baleares y La Rioja alcanzaron el 20%. Por el contrario, Segovia registró la menor incidencia de este fenómeno, con un 3%, seguida de Teruel (6%), Ávila (7%) y Cáceres y Salamanca, ambas con un 8%.

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(El Economista, 16-11-2026) | Fiscal

¿Nuevo impuesto a fondos y grandes propietarios por la vivienda vacía, turística o a precios abusivos?

El PSOE propone crear un nuevo impuesto dirigido a combatir la especulación inmobiliaria de los fondos de inversión y los grandes propietarios. El tributo gravaría de forma progresiva la tenencia de viviendas que no se destinen al alquiler residencial a precios asequibles. La medida figura en el programa electoral que los socialistas han presentado este domingo para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Según recoge el documento, el nuevo impuesto afectaría a las viviendas destinadas al uso turístico, las que permanezcan vacías y aquellas que se alquilen a precios considerados abusivos. El objetivo es limitar la acumulación de inmuebles con fines especulativos y favorecer su incorporación al mercado del alquiler asequible. El programa electoral incluye también un amplio conjunto de propuestas en materia de vivienda. Entre ellas, el PSOE plantea mantener y garantizar las restricciones a la adquisición de inmuebles por parte de fondos especulativos. Asimismo, propone modificar la Constitución para reconocer la vivienda como un derecho fundamental, de manera que los ciudadanos puedan exigir a los poderes públicos que garanticen su cumplimiento. Otra de las iniciativas consiste en crear un registro específico de fondos de inversión y sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (Socimi), con el propósito de mejorar la trazabilidad de sus operaciones y reforzar la supervisión de los principales participantes en el mercado inmobiliario. A esta medida se añadiría un registro de los precios de los contratos de alquiler, que permitiría disponer de mayor transparencia y conocimiento sobre la evolución del mercado residencial. En el ámbito urbanístico, los socialistas se comprometen a aprobar una Ley de Sostenibilidad y Movilización del Suelo para simplificar y acelerar los procedimientos de desarrollo urbanístico. El programa contempla también importantes recursos económicos destinados a impulsar tanto la construcción de nuevas viviendas como la rehabilitación del parque existente. En concreto, el PSOE prevé movilizar más de 25.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), mediante avales, préstamos e instrumentos de financiación para promover vivienda asequible. A esta cantidad se sumarían 4.700 millones procedentes del Plan Social del Clima, destinados a financiar la construcción y rehabilitación de viviendas sostenibles, así como 400 millones anuales del Fondo de Vivienda de Impacto Social para respaldar diferentes proyectos. El documento establece como una de sus principales prioridades destinar cada año el equivalente al 1% del producto interior bruto (PIB) a garantizar el acceso a la vivienda, que se configura como el objetivo central de la próxima legislatura.    En materia de alquiler, el partido plantea ampliar la duración de los contratos para proporcionar mayor estabilidad a los inquilinos y contempla la congelación temporal de las rentas que superen los índices de referencia, con la finalidad de evitar subidas consideradas abusivas en las zonas declaradas de mercado residencial tensionado. Por último, el PSOE se compromete a incrementar la oferta de vivienda pública y protegida hasta aproximarla a la media de los países del entorno europeo. Para ello, propone constituir un parque público estatal de 100.000 viviendas, que se formaría tanto mediante la construcción de nuevos inmuebles como a través de la adquisición de viviendas ya existentes.

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(Cinco Días, 16-11-2026) | Laboral

La inteligencia artificial pone en riesgo hasta 55.000 empleos en una década en los grandes bancos españoles

La expansión de la inteligencia artificial (IA) ha intensificado la preocupación por su impacto en el empleo, especialmente en sectores como el financiero. Aunque los máximos responsables de los principales bancos españoles han insistido en que la incorporación de esta tecnología no supondrá recortes de plantilla, un estudio de Funcas advierte de que hasta 55.000 puestos de trabajo podrían desaparecer en el escenario más desfavorable de los contemplados en su análisis. El informe, elaborado por un equipo de catedráticos de la Universidad de Granada y profesores de las universidades Rey Juan Carlos y Autónoma de Madrid, plantea tres posibles escenarios sobre la evolución del empleo bancario hasta 2035. Las estimaciones tienen en cuenta tanto los puestos de trabajo que podrían desaparecer por la automatización como los nuevos perfiles profesionales que surgirían como consecuencia de la transformación tecnológica. No obstante, el estudio matiza que la inteligencia artificial no debe interpretarse exclusivamente como un factor de destrucción de empleo. Su implantación tendría principalmente un carácter complementario al trabajo humano, al asumir tareas rutinarias y repetitivas, mejorar la productividad de los profesionales y favorecer la aparición de nuevas especialidades relacionadas con el análisis de datos, el desarrollo tecnológico, la supervisión de modelos y la gobernanza de la IA. Por ello, los investigadores consideran que el principal efecto de esta transformación no será necesariamente una reducción generalizada de las plantillas, sino un cambio profundo en su composición y en las competencias que necesitarán los trabajadores de las entidades financieras. El primero de los escenarios, el más prudente, contempla una incorporación de la IA como herramienta de apoyo a los empleados, aumentando su productividad sin provocar una sustitución generalizada de puestos de trabajo. En este supuesto, podrían desaparecer entre 8.000 y 14.000 empleos, mientras que se crearían entre 4.000 y 7.000 nuevos puestos. El resultado sería una reducción neta de entre 4.000 y 8.000 trabajadores, con unas plantillas conjuntas que quedarían entre los 150.000 y los 157.000 empleados. El escenario intermedio, considerado el más probable, prevé una integración más profunda de la inteligencia artificial en los procesos operativos de las entidades. En este caso, la destrucción de empleo oscilaría entre 18.000 y 35.000 puestos, frente a la creación de entre 6.000 y 12.000 nuevas ocupaciones. La diferencia supondría una pérdida neta de entre 12.000 y 23.000 trabajadores, lo que situaría el volumen agregado de empleo bancario entre 128.000 y 148.000 personas. Por último, el estudio contempla una hipótesis más desfavorable, en la que la IA alcanza un elevado nivel de desarrollo, fiabilidad y capacidad operativa. Esto permitiría extender la automatización a actividades de mayor complejidad técnica y regulatoria, como la evaluación del riesgo crediticio o scoring -el sistema utilizado por las entidades para calcular la probabilidad de impago de un cliente y decidir si conceden financiación-, determinados procedimientos de gestión de riesgos y algunas funciones de cumplimiento normativo. En este escenario, podrían desaparecer entre 35.000 y 55.000 empleos, mientras que se generarían entre 8.000 y 15.000 nuevos puestos de trabajo. El saldo sería una reducción neta de entre 20.000 y 47.000 trabajadores, con una pérdida mínima de 25.000 empleos respecto a la situación actual. Los autores consideran que esta última hipótesis es la menos probable a corto plazo, debido a las exigencias regulatorias, las limitaciones tecnológicas todavía existentes y la necesidad de mantener la supervisión humana en determinados procedimientos. Por el contrario, identifican el escenario intermedio como el más factible, aunque reconocen que la evolución real podría combinar elementos de las tres posibilidades. La magnitud del impacto dependerá de diversos factores, como la velocidad con la que se extienda esta tecnología, la proporción de tareas que puedan automatizarse efectivamente, los cambios normativos y la capacidad de adaptación de las propias entidades financieras. En este contexto, el informe subraya que la ventaja competitiva de los bancos no dependerá únicamente de la rapidez con la que incorporen herramientas de inteligencia artificial, sino también de cómo gestionen la transformación de sus plantillas. La formación continua, la actualización de conocimientos y la adaptación de la organización del trabajo serán fundamentales para facilitar la transición hacia un modelo financiero más digitalizado. El estudio también pone de relieve el importante esfuerzo inversor que está realizando el sector. El gasto tecnológico de los diez principales bancos españoles ha pasado de 2.313 millones de euros en 2014 a 5.578 millones en 2025. Las previsiones apuntan a que esta inversión podría superar los 8.000 millones de euros en 2031. Paralelamente, el nivel de implantación de la inteligencia artificial en las diez mayores entidades financieras aumentó un 32% entre 2021 y 2025, situándolas por delante de otros bancos europeos en grado de adopción. Aunque las grandes entidades mantienen una mayor implantación de estas herramientas, los bancos medianos y pequeños están avanzando a un ritmo más intenso, lo que está contribuyendo a reducir progresivamente la distancia tecnológica.

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(Expansión, 16-11-2026) | Laboral

46 sectores crean empleo en España

El mercado laboral español mantiene un ritmo de crecimiento significativo, aunque su evolución muestra síntomas de desaceleración en los últimos trimestres. Dos indicadores ponen de manifiesto esta pérdida de impulso. En el tercer trimestre del año se contabilizaron 465.500 ocupados más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, un incremento notable, pero inferior a los más de 600.000 empleos creados al cierre del año pasado. Asimismo, el número de ramas de actividad que aumentaron sus plantillas se redujo a 46, frente a las 60 que registraban avances en trimestres anteriores. Pese a esta moderación, el empleo continúa creciendo en un contexto marcado por las dificultades de la economía europea y mantiene una evolución positiva en buena parte de los sectores. La educación y otras actividades relacionadas con el sector público, junto con la hostelería, la consultoría, la arquitectura y los servicios financieros, concentraron buena parte de los nuevos puestos de trabajo, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La educación encabezó la creación de empleo, con 107.600 nuevos ocupados en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior. Este avance responde al aumento de las necesidades formativas en las distintas etapas educativas. En la enseñanza obligatoria, la atención a las necesidades específicas derivadas de la inmigración ha impulsado las contrataciones. En las etapas posteriores, el crecimiento de la formación profesional y universitaria, la diversificación de la oferta académica y la expansión de la formación continua han contribuido también a ampliar las plantillas. A ello se suma la prolongación de las carreras profesionales y la rápida transformación tecnológica, que exigen una actualización constante de las competencias. En conjunto, el empleo educativo aumentó un 7,5% durante el último año. Junto a la educación, otras actividades estrechamente vinculadas a la financiación pública también han contribuido de forma importante al avance de la ocupación. La Administración Pública, incluida la defensa y la Seguridad Social, incorporó 51.600 trabajadores; la asistencia social en establecimientos residenciales sumó 41.500 y las actividades sanitarias, otros 25.900. De este modo, el sector público, tanto de manera directa como indirecta, concentró aproximadamente la mitad de los nuevos empleos generados en los últimos doce meses. La hostelería fue otro de los principales motores del mercado laboral. Los servicios de comidas y bebidas incorporaron 65.600 trabajadores, hasta alcanzar una plantilla de 1.423.600 personas. Este comportamiento se apoya en la fortaleza de la actividad turística que, pese a la incertidumbre internacional, la debilidad de la demanda europea y el aumento de los costes consiguió crecer un 3,5% interanual durante la temporada de verano, según Exceltur. Asimismo, los ingresos procedentes de los visitantes extranjeros aumentaron un 8,1% entre enero y septiembre respecto al mismo periodo del año anterior. El dinamismo turístico también se trasladó a otras actividades relacionadas con el sector. El comercio al por mayor y los servicios de intermediación sumaron 34.800 ocupados; los alojamientos, 26.700; el transporte aéreo, 24.800; y el almacenamiento y las actividades auxiliares del transporte, 20.100. También aumentó el empleo en las actividades deportivas y recreativas, con 12.500 nuevos trabajadores, las agencias de viajes y operadores turísticos, con 5.900, las actividades artísticas y de espectáculos, con 5.200, y el comercio minorista, con 3.200. En el ámbito de los servicios privados, las actividades de las sedes centrales y la consultoría lideraron la creación de empleo, con 42.500 nuevos puestos de trabajo. A continuación se situaron la arquitectura, la ingeniería y los análisis técnicos, con 37.800 ocupados más; los servicios financieros, con 35.300; y la programación y consultoría informática, con 31.200. También registraron avances los servicios a edificios y jardinería, con 20.500 nuevos empleos; la venta y reparación de vehículos de motor, con 18.900; los seguros, reaseguros y fondos de pensiones, con 18.100; y la investigación y el desarrollo, con 17.000. La evolución positiva de los servicios relacionados con la construcción coincide con el incremento de la actividad en el propio sector. La construcción especializada, que engloba trabajos como pintura, fontanería, electricidad y acabados, generó 21.200 empleos adicionales, mientras que la construcción de edificios incorporó otros 10.000 trabajadores. No obstante, las empresas del sector siguen advirtiendo de las dificultades para encontrar profesionales con la cualificación necesaria. La industria manufacturera también presenta un balance favorable en distintas ramas de actividad, aunque el crecimiento está repartido de manera desigual. Entre los subsectores que aumentaron sus plantillas destacan la fabricación de otro material de transporte, con 17.900 nuevos ocupados; la industria textil, con 14.900; la fabricación de productos minerales no metálicos, con 14.600; y la industria química, con 9.900. También registraron incrementos la metalurgia, con 8.000 trabajadores; la industria alimentaria, con 7.300; la fabricación de productos de caucho y plástico, con 6.500; y las coquerías y el refino de petróleo, con 5.100. A estas actividades se suma la recogida y el tratamiento de residuos, que incorporó 11.600 personas y mantiene una estrecha relación con el tejido industrial y los servicios urbanos. Sin embargo, la industria afronta importantes dificultades por el encarecimiento de la energía, agravado por el cierre del estrecho de Ormuz. Los costes energéticos aumentaron un 21,7% interanual en septiembre, lo que supone un factor adicional de presión sobre la competitividad de las empresas y sus niveles de facturación. La pérdida de dinamismo también se refleja en el elevado número de actividades que destruyen empleo. Aunque las ramas que crean puestos de trabajo lo hacen con mayor intensidad, 38 sectores registraron descensos de ocupación durante el último año. La mayor caída correspondió a la agricultura y la ganadería, que perdieron 31.000 trabajadores. A continuación se situaron los servicios sociales sin alojamiento, con 25.100 empleos menos; la fabricación de maquinaria, con una reducción de 21.100; y otros servicios personales, que retrocedieron en 20.800 ocupados. También disminuyó el empleo en las actividades administrativas, con 19.700 puestos menos, y en las profesionales, científicas y técnicas, con 19.400. La fabricación de muebles perdió 18.900 trabajadores, mientras que la programación y emisión de radio y televisión registró un descenso de 14.800. Las artes gráficas y los servicios de grabado redujeron sus plantillas en 13.500 personas, y las bibliotecas, archivos y museos, en 13.100. Asimismo, la fabricación de productos metálicos perdió 12.800 ocupados y el transporte terrestre, 12.100. Por último, las actividades relacionadas con la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, la publicidad y los estudios de mercado registraron 11.100 empleos menos cada una, mientras que el empleo doméstico retrocedió en 10.800 trabajadores.

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(Expansión, 16-11-2026) | Laboral

Parón del transporte de mercancías por carretera en plena Nochebuena

CCOO estudia convocar una huelga en el transporte de mercancías por carretera los próximos 23 y 24 de diciembre para protestar por la demora del Gobierno en aprobar los coeficientes reductores que permitirían a los conductores profesionales acceder a la jubilación anticipada sin sufrir penalizaciones. Las organizaciones sindicales parecen dispuestas a mantener un papel destacado en el escenario político y social, tanto antes como después de las elecciones. Después de la huelga general del pasado 11 de noviembre, que la oposición y las organizaciones empresariales interpretaron como una movilización de marcado carácter político y electoral y que no consiguió paralizar el país, los sindicatos preparan nuevas protestas para diciembre. En esta ocasión, se trataría de un conflicto sectorial que afecta a una actividad estratégica y que podría tener importantes consecuencias al coincidir con las celebraciones navideñas. En concreto, CCOO está preparando un paro en el transporte de mercancías por carretera para los días 23 y 24 de diciembre, coincidiendo con los preparativos y la celebración de Nochebuena. La protesta responde al retraso del Ejecutivo en aprobar los coeficientes reductores que permitirían a los profesionales del transporte jubilarse anticipadamente sin que ello suponga una reducción de su pensión. La reivindicación no es nueva. Ya se produjeron protestas y movilizaciones por este motivo en otoño de 2024, mientras que los sindicatos han advertido durante todo este año de la posibilidad de convocar una huelga para desbloquear la situación. Sin embargo, el paro se celebraría después de las elecciones generales del 29 de noviembre, cuando el Gobierno ya estaría en funciones. CCOO dará a conocer este lunes los detalles de las movilizaciones y justifica la convocatoria por los continuos retrasos en la tramitación de los informes necesarios para aprobar los coeficientes reductores. El sindicato sostiene que lleva meses denunciando esta situación y asegura que, tras anunciarse la convocatoria electoral, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social interrumpió injustificadamente la emisión de dichos informes. Las principales patronales del transporte han recibido la noticia con sorpresa y preocupación, especialmente por las fechas escogidas para la movilización. Tanto la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la organización mayoritaria del sector, como la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) han expresado su rechazo a una convocatoria que califican de injustificada y desproporcionada. Ambas organizaciones consideran que la huelga perjudicará principalmente a las empresas transportistas, en lugar de ejercer presión efectiva sobre el Gobierno. Además, recuerdan que las patronales han respaldado las reivindicaciones sindicales para que los conductores profesionales puedan beneficiarse de los coeficientes reductores de la edad de jubilación. Fenadismer ha cuestionado especialmente la elección de las fechas y considera difícil de justificar que el paro se programe después de las elecciones generales, cuando el Ejecutivo estará en funciones y la capacidad de presión política sobre él será limitada. La federación también advierte de las consecuencias de hacer coincidir la protesta con Nochebuena, una jornada especialmente sensible para la actividad económica y social. A su juicio, la movilización podría ocasionar perjuicios importantes e innecesarios tanto a las empresas de transporte como a los ciudadanos y al conjunto de la cadena de suministro, precisamente en uno de los periodos de mayor actividad logística del año.

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