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(El Economista, 25-11-2025) | Laboral

Siete de cada diez contratos bonificados por el SEPE son temporales

El 70,3% de los 136.276 contratos subvencionados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) entre enero y octubre de este año fueron temporales. Este porcentaje supera ampliamente el 58,3% de temporalidad registrado en las contrataciones no bonificadas gestionadas por el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, que en 2023 reformó estas ayudas precisamente para orientarlas hacia el empleo estable. Los datos, sin embargo, no terminan de despejar las dudas sobre si estas bonificaciones generan realmente nuevas contrataciones o si, por el contrario, suponen un "peso muerto", es decir, si las empresas contratarían igualmente sin recibirlas. En comparación con el año pasado, los contratos con bonificación han caído un 7,5%. Los indefinidos han descendido un 9,5% y los temporales un 6,8%, cuando entonces representaban el 69,8% del total. En términos interanuales, se observa una reducción de ayudas y un freno en la disminución de la temporalidad. Aunque el Real Decreto-Ley que regula este sistema se aprobó en enero de 2023, las nuevas condiciones no empezaron a aplicarse hasta septiembre. Si se analiza el periodo de enero a octubre de 2023, momento del cambio normativo, el número total de contratos bonificados cae un 46,3%, los indefinidos un 18,1% y los temporales un 58,2%. En ese entonces, estos últimos suponían un 75,9%, cinco puntos y medio más que en la actualidad. La caída de las bonificaciones no solo coincide con el descenso del desempleo, sino que también era uno de los principales propósitos de la reforma impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que unificó en un solo marco jurídico todos los incentivos a la contratación financiados mediante reducciones en las cotizaciones sociales. La norma pretendía, por un lado, favorecer los contratos indefinidos dirigidos a colectivos prioritarios y, por otro, facilitar la conversión de algunos contratos temporales en fijos, simplificando los trámites para las empresas. Además, buscaba cumplir con el compromiso adquirido con la Unión Europea de revisar un sistema que tradicionalmente ha sido cuestionado por su escasa eficacia debido al posible efecto de "peso muerto". Pese a la reforma, persisten las dudas, especialmente si se analiza la calidad del empleo. Aunque la temporalidad entre los contratos bonificados se ha reducido unos cinco puntos desde 2023, la mejora es modesta en comparación con la caída más acusada que se produjo previamente debido a la reforma laboral que afectó al conjunto del mercado de trabajo. Para cuando entraron en vigor los nuevos incentivos, en septiembre de 2023, la reforma laboral llevaba ya un año y medio aplicándose con un impacto evidente, también en los contratos con bonificación. En 2019, solo el 17,8% de los contratos bonificados eran indefinidos, frente al 9,6% de los no incentivados. En 2022, tras la reforma del Estatuto de los Trabajadores, estas cifras subieron al 23,3% y al 38,1% respectivamente. En 2023, los empleos fijos dentro del conjunto de bonificados aumentaron ligeramente hasta el 24%, mientras que entre el resto de contratos alcanzaron el 43,8%.

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(El Economista, 25-11-2025) | Laboral

Los sindicatos presentan su propuesta para llevar el SMI por encima de 1.200 euros en 2026

Los sindicatos CCOO y UGT definirán este martes sus prioridades de cara a la negociación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026. Las ejecutivas de ambas organizaciones llevan meses trabajando para acordar una propuesta conjunta antes de sentarse con el Ministerio de Trabajo. En esta ocasión, ya han adelantado que su enfoque no estará centrado únicamente en la cifra de actualización del SMI, como ha ocurrido en ejercicios anteriores, sino en modificar la redacción del Real Decreto que lo establece cada año. Su intención es impedir que las empresas puedan ajustar o absorber complementos salariales para adaptarse al nuevo mínimo obligatorio, algo que sí pueden hacer actualmente. Esta línea ya ha sido aceptada por el Ministerio de Trabajo y reflejada en el último borrador presentado en la mesa para transponer la directiva europea sobre salarios mínimos. Por su parte, las patronales CEOE y Cepyme se oponen frontalmente a este cambio, argumentando que contraviene una práctica respaldada por el Tribunal Supremo y por el Estatuto de los Trabajadores, ya que la norma actual permite estos ajustes mientras no estén prohibidos expresamente por los convenios colectivos aplicables. La patronal ha advertido que acudirá a los tribunales si Yolanda Díaz modifica así la estructura salarial. Además, se espera que los sindicatos hagan públicas este martes sus demandas respecto al incremento del SMI. Para ellos, es fundamental que los salarios más bajos ganen poder adquisitivo, lo que implica que la subida aplicada debe superar el aumento medio de los precios del último año. Según el dato más reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente a octubre, la inflación media fue del 3,1%. A esto se suma que CCOO y UGT suelen vincular su propuesta a los incrementos salariales pactados en convenios, que en octubre alcanzaban un 3,5% de media, llegando al 4,15% en los acuerdos firmados durante 2023. Los negociadores esperan que el aumento se sitúe dentro de este rango. Los empresarios contemplan un alza del 3%, lo que situaría el SMI en 1.219 euros brutos mensuales, mientras que los sindicatos apuestan por la franja más alta o incluso superarla. Si Trabajo decidiera aplicar un incremento del 3,5%, el SMI alcanzaría los 1.225 euros en 14 pagas, lo que supondría un incremento de 59 euros respecto al año anterior, frente a los 50 euros de la subida a comienzos de 2023 y los 54 euros de la anterior. En cualquier caso, se da por seguro que en 2026 el salario mínimo superará los 1.200 euros, ya que los sindicatos llevan años reclamando situarlo en este entorno. Incluso un incremento modesto del 2%, inferior a la inflación, lo colocaría en 1.207 euros mensuales. Desde 2019, cuando Pedro Sánchez fijó el SMI en 900 euros, este umbral ha crecido un 61%. No obstante, la propuesta concreta de los sindicatos tiene un peso limitado frente a la recomendación que emita la Comisión de Expertos creada por el Ministerio de Trabajo, compuesta por representantes de Economía, Hacienda, academia y sindicatos, dado que los empresarios rechazaron formar parte. Aunque el Gobierno ha empleado distintas estrategias de negociación en los últimos años, la cifra recomendada por este comité suele ser la base que lleva al Ejecutivo a la mesa, incorporando al acuerdo otras demandas. Este comité analiza estadísticas laborales como la Encuesta de Estructura Salarial (EES), la Estadística de Convenios Colectivos (ECC) y la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ECTL) para determinar la evolución de los salarios y calcular el salario neto que equivaldría al 60% de la media. El año pasado, la recomendación del grupo consideró que los perceptores pagarían IRPF por la parte del salario que superara el "mínimo exento". En esta ocasión, Díaz ha solicitado dos cifras, para permitir que el SMI suba más si Hacienda determina que estos sueldos tributen por primera vez. Trabajo, sindicatos y patronal llevan meses sin reunirse en la mesa para transponer la directiva de salarios mínimos, en la que el Ministerio busca consolidar la función de esta comisión. A mediados de mes, la justicia europea se pronunció sobre la norma, presentada con denuncias de Dinamarca y Suecia, validando la mayor parte del texto y eliminando artículos que enumeraban criterios para determinar el aumento y que impedían reducir el SMI si el IPC del año anterior había sido negativo.

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(Expansión, 25-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

EEUU presiona a la UE con los aranceles al acero para que recorte sus leyes digitales

Los delegados de Estados Unidos han reclamado a la Unión Europea que revise la normativa que ha sancionado a sus compañías tecnológicas, a cambio de ampliar las reducciones arancelarias aplicadas a los metales. La recepción en Bruselas tuvo forma de cumbre de alto nivel, aunque el ambiente distó de ser cordial pese a las sonrisas de los asistentes. La reunión de ministros de Comercio de la UE celebrada ayer despertó una gran expectación por la presencia del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y del embajador comercial, Jamieson Greer. Sin embargo, el encuentro terminó convirtiéndose en la puesta en escena de un pulso entre los dos principales socios comerciales del planeta. La delegación de Estados Unidos aprovechó su estancia para pedir abiertamente a los europeos que modifiquen su regulación digital hacia "un marco con el que nosotros nos sintamos cómodos". Bajo un tono amable, Greer y Lutnick deslizaron una presión que terminó expresándose sin rodeos ante los medios: "Si logran ese enfoque equilibrado, podremos trabajar juntos en los problemas del acero y el aluminio y resolverlos", afirmaron, dejando claro que no contemplan otras vías de negociación. Desde el pasado verano, el acero y el aluminio europeos soportan aranceles del 50% impuestos por Washington. Aunque existe un acuerdo que fija un límite del 15% a las tasas comerciales, estos productos siguen afectados por gravámenes muy elevados. Además, la Casa Blanca ha ampliado estas medidas a un número creciente de derivados, lo que está lastrando la economía europea. La UE, por su parte, sostiene que está cumpliendo sus compromisos. El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, subrayó los avances en la aplicación del acuerdo comercial recordando que "desde enero, la UE ha adquirido energía estadounidense por valor de 200.000 millones de dólares y se han registrado inversiones europeas en la economía de EEUU superiores a los 154.000 millones". Pero para los representantes de la Administración de Donald Trump esto no es suficiente. Aunque reconocen que estos son pilares básicos para un comercio equilibrado, consideran necesario ir más allá para relajar los aranceles al acero y a otros sectores. Estados Unidos ha vinculado en repetidas ocasiones la legislación digital europea con las conversaciones comerciales, a pesar de que Bruselas insiste en que se trata de asuntos distintos y que sus normas digitales son una cuestión de soberanía. En un principio, la reducción arancelaria al acero dependía de presentar un frente común contra la sobreproducción china, objetivo en el que la UE ha invertido esfuerzos. Sin embargo, el escenario ha cambiado. Fuentes diplomáticas señalan que esta estrategia de Washington pretende enturbiar la negociación, dificultando la aplicación del acuerdo comercial. Tras la reunión, parece más probable que se amplíe la lista de derivados del acero y el aluminio sujetos a aranceles reforzados que una reducción de los mismos. "Nos gustaría tranquilizar al secretario Lutnick: nuestras normas no discriminan a nadie ni están dirigidas contra las empresas estadounidenses", defendió Sefcovic. Pero Estados Unidos se mantiene firme. "Sugerimos que la Unión Europea y sus ministros de Comercio busquen un enfoque equilibrado que funcione para nosotros", remarcó Greer, presionando abiertamente para que Europa cambie su legislación y evite "afectar a los ingresos globales de nuestras compañías". Los representantes comerciales estadounidenses también se reunieron con el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, quien reiteró la importancia de lograr un acuerdo que reduzca el impacto de los aranceles sobre los metales europeos. En un plano más nacional, Cuerpo defendió además la conveniencia de excluir el aceite de oliva de dichos gravámenes.

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(El País, 25-11-2025) | Laboral

La presidenta del Banco Central Europeo reclama fortalecer el mercado único para aumentar el crecimiento y depender menos del exterior

Christine Lagarde parece exasperada de repetir el mismo mensaje, pero continúa insistiendo. La presidenta del Banco Central Europeo trasladó este viernes a los líderes de la UE su frustración por la falta de avances en la integración real del mercado único europeo, bloqueada desde hace años en áreas como la unión bancaria, los servicios digitales, los mercados de capitales o la armonización fiscal. "Si conseguimos que nuestro Mercado Único sea verdaderamente único, el crecimiento europeo dependerá de nuestras propias decisiones y no de factores externos. Este mensaje lo di hace seis años y hoy es aún más urgente. Otros seis años de pasividad -y de crecimiento desaprovechado- no serían solo decepcionantes, sino irresponsables", advirtió durante un congreso bancario en Fráncfort. Lagarde ilustró las dificultades con el ejemplo de la compleja maraña fiscal a la que se enfrentan las empresas, que termina frenando el desarrollo tecnológico europeo. "Una plataforma digital que ofrezca servicios de software o en la nube en toda la UE debe adaptarse hoy a 27 sistemas distintos de IVA, cada uno con su propio criterio sobre dónde se genera valor. Esta complejidad beneficia a las grandes firmas estadounidenses, que pueden soportar esos costes, justo lo contrario de lo que Europa necesita si quiere impulsar líderes digitales propios", señaló. Tras años en los que la UE ha intentado presentarse como defensora del libre comercio frente al proteccionismo de Donald Trump, firmando acuerdos con Canadá, Mercosur o Japón, Lagarde considera que ha llegado el momento de dejar de mirar fuera y centrarse en las oportunidades internas del continente. Y reconoce que el sector exterior no ha funcionado como se esperaba, afectando a economías muy dependientes de las exportaciones, como Alemania. "A mediados de 2023, nuestros equipos preveían que las exportaciones crecerían un 8% para mediados de 2025. La realidad es que no han crecido nada. Y se espera que resten crecimiento en los próximos dos años. El impacto ha sido especialmente fuerte en países con gran peso industrial", explicó. La pérdida de competitividad externa no es el único problema. También preocupa la enorme dependencia de la industria europea respecto a determinados suministros. "Más del 80% de las grandes empresas de la zona euro dependen de un único proveedor chino de tierras raras con apenas tres intermediarios. Las recientes interrupciones -como la falta de chips para la automoción- han mostrado cómo un único cuello de botella puede paralizar sectores enteros", alertó Lagarde. A ello se suma que los ciudadanos europeos están trasladando buena parte de su ahorro a Estados Unidos, favoreciendo el crecimiento de sus compañías. Los residentes en la zona euro tienen ya casi un 10% de sus inversiones en acciones estadounidenses, por valor de 6,5 billones de euros, el doble que en 2015. Lagarde no les culpa: "Es lógico. Los mercados estadounidenses han ofrecido rendimientos cinco veces mayores que los europeos desde el año 2000". Pero esta dinámica "ha creado un círculo vicioso": cuanto más capital europeo cruza el Atlántico, más se amplía la distancia entre ambas economías, y más ahorro vuelve a fluir hacia EE UU. Aun así, la presidenta del BCE también destacó algunos elementos positivos. Subrayó que el mercado laboral europeo está mostrando un comportamiento "extraordinariamente sólido" desde la pandemia, rompiendo la correlación tradicional entre crecimiento del empleo y PIB. "Esta fortaleza ha generado un círculo virtuoso: más empleo impulsa el consumo, que sostiene la actividad en los servicios y crea todavía más puestos de trabajo", celebró. Asimismo, señaló que las inversiones europeas en inteligencia artificial e infraestructuras digitales crecen con intensidad, y que la inversión pública compensará alrededor de un tercio del impacto negativo del comercio exterior hasta 2027. También resaltó paquetes fiscales como el alemán, centrado en defensa e infraestructuras, que considera "oportunos para Europa" y con un "impacto relevante en el crecimiento". Pero las buenas noticias terminaron ahí. Lagarde volvió a criticar el bloqueo que provoca la necesidad de unanimidad en muchas decisiones de la UE y defendió recurrir con más frecuencia a la mayoría cualificada. Propuso además simplificar los procedimientos para que las empresas puedan acogerse a normas europeas únicas en ámbitos concretos, sin necesidad de armonización completa entre países. Un primer paso, sugirió, podría ser crear una identidad digital empresarial común que permita operar en línea en toda la UE con un único perfil. Pese a casos como el de España -que lleva dos años liderando el crecimiento entre las economías avanzadas-, la actividad económica europea no ha alcanzado lo previsto por Fráncfort. "A mediados de 2023 se proyectaba un crecimiento acumulado del 3,6% hasta mediados de 2025. La realidad es del 2,3%, lo que equivale a un año perdido de crecimiento normal, y con una productividad aún peor", lamentó Lagarde. Por ello, la gran pregunta sigue siendo cómo derribar las barreras internas que persisten en el mercado único. Un estudio del BCE indica que esas trabas equivalen a aranceles de alrededor del 100% en los servicios y del 65% en los bienes, lo que evidencia el amplio margen de mejora existente.

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(El País, 25-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los jóvenes ya usan más Bizum que dinero en efectivo

Los jóvenes recurren cada vez menos al dinero en efectivo. Solo un 19% lo utiliza como su forma principal de pago, mientras que un 22% prefiere Bizum, una tendencia que se ha ido consolidando en los últimos años. Este porcentaje disminuye a medida que aumenta la edad. Apenas un 2% de los mayores de 65 años emplea Bizum como método principal, cifra que asciende al 8% entre quienes tienen de 45 a 64 años y al 15% entre los 30 y 44, según el V Barómetro sobre la necesidad de mantener el efectivo, elaborado por GAD3 y la Plataforma Denaria (defensora del uso del dinero físico). Aun así, las tarjetas siguen siendo el medio más habitual entre los jóvenes de 18 a 29 años, con un 42% que afirma usarlas como opción preferente. Por ahora, las transferencias inmediatas están lejos de convertirse en el sistema de pago dominante, pero muestran señales de crecimiento. El 52% de los más de 1.000 entrevistados asegura que las tarjetas son su método principal, seguidas del dinero en metálico (30%) y Bizum (11%). No obstante, en el último año tanto el uso de tarjetas como del efectivo ha descendido -cinco y tres puntos menos, respectivamente-, mientras que Bizum gana terreno con un aumento de cuatro puntos. Ante este panorama, Narciso Michavila, presidente de GAD3, señaló que "lo que sustituirá al dinero en efectivo no será el plástico, sino el silicio", aludiendo al avance tecnológico. Una de las innovaciones previstas es el euro digital, que el Banco Central Europeo espera poner en marcha en 2029. Según la encuesta, el 54% de los ciudadanos no ha oído hablar de él, frente al 46% que sí tiene alguna referencia. Además, genera inquietud sobre su impacto en la privacidad: un 80% cree que incrementará el control gubernamental sobre los pagos, aunque la mitad opina que convivirá con el efectivo sin llegar a reemplazarlo totalmente. Pese al avance de los métodos digitales, más del 80% de la población considera que pagar en metálico sigue siendo "imprescindible". Tres de cada cuatro encuestados destacan su accesibilidad para todo el mundo, un 74% cree que garantiza mayor privacidad y un 73% lo percibe como más seguro frente al fraude y los ciberataques. Asimismo, el 83% se declara contrario a su desaparición, aunque hay diferencias generacionales: el 17% de los jóvenes cree que el efectivo terminará extinguiéndose, frente al 6% de los mayores de 65. El estudio también señala que el apagón tecnológico registrado en abril reforzó la percepción de la importancia del dinero físico. Un 35% de los participantes afirma guardar ahora más efectivo en casa. Además, el 15% lo considera el segundo recurso más importante en caso de emergencia, solo por detrás del agua y los alimentos básicos, y por delante de medicamentos o energía. Entre los principales obstáculos para usar efectivo, los ciudadanos mencionan el cierre de oficinas bancarias, la obligación de realizar pagos públicos mediante transferencia y las comisiones asociadas. El uso del dinero en metálico también varía según el nivel económico. La mitad de quienes ingresan menos de 1.200 euros al mes lo prefieren como método habitual de pago, mientras que entre quienes superan los 3.500 euros solo lo utiliza el 20%. Algo similar ocurre según el nivel educativo: el 23% de las personas con estudios universitarios elige el efectivo como opción principal, porcentaje que asciende al 50% entre quienes no han completado la enseñanza secundaria.

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(Expansión, 24-11-2025) | Fiscal

Cuestiones clave de fin de año para bajar la factura de la declaración de la Renta

Con la llegada del final del año, es momento de revisar y ajustar la situación fiscal para que la próxima declaración del IRPF resulte lo más favorable posible. EXPANSIÓN y el Consejo General de Economistas-REAF ofrecen estos días una relación de 60 consejos destinados a reducir la carga tributaria. Ahorro en planes de pensiones, beneficios para autónomos, vivienda, criptomonedas, inversiones en bolsa... todo con el objetivo de mejorar el resultado de la declaración de la renta. Un año más, EXPANSIÓN y el Consejo General de Economistas-Asesores Fiscales (REAF) han elaborado la Guía Fiscal del IRPF, con 60 recomendaciones para planificar con antelación la campaña de la Renta de 2025-2026, que se presentará la próxima primavera. A continuación, avanzamos algunas de estas pautas, que se detallarán en próximas entregas. Al acercarse el cierre del ejercicio, es conveniente analizar qué medidas podemos adoptar para disminuir el importe del IRPF correspondiente a 2025, que deberemos liquidar en 2026. Para ello, es fundamental repasar las rentas obtenidas a lo largo del año e identificar las operaciones económicas realizadas, así como aquellas que estemos valorando acometer antes del 31 de diciembre. Asimismo, conviene revisar los saldos negativos de ejercicios anteriores para comprobar si aún es posible compensarlos. Si este año hemos recibido ingresos distintos a los habituales, puede resultar útil hacer una estimación previa del impuesto, con el fin de valorar decisiones que permitan reducir la cuota o recuperar parte de las retenciones soportadas. A la hora de determinar qué acciones tomar, además de las herramientas que ofrece la normativa vigente -como reducciones de la base imponible o diversas deducciones-, es importante considerar las novedades fiscales aprobadas en 2025, ya que aún queda margen para beneficiarse de determinados incentivos y recortar la factura tributaria. Entre las medidas destacadas figura la ampliación de ciertos incentivos relacionados con la sostenibilidad y la eficiencia energética. En particular, se ha prorrogado durante un año más la deducción por la compra de vehículos eléctricos o de pila de combustible, así como por la instalación de puntos de recarga, por lo que estarán vigentes todo 2025. Respecto a las medidas habituales de planificación fiscal, sigue siendo posible reducir la base imponible mediante aportaciones a planes de pensiones o a otros mecanismos de previsión social. La aportación individual máxima continúa limitada a 1.500 euros, aunque puede aumentarse si el empleador también contribuye a un plan de empleo o, en el caso de autónomos y empresarios, si se cuenta con un plan de empleo simplificado. Otra recomendación recurrente es la compensación de ganancias y pérdidas patrimoniales, e incluso la posibilidad de combinar plusvalías y minusvalías con rendimientos del capital mobiliario de signo contrario. También continúa vigente, aunque únicamente para quienes compraron su vivienda antes de 2013, la deducción por adquisición de vivienda habitual: permite deducir el 15% de los pagos destinados a intereses y amortización del préstamo hipotecario, con un máximo de 1.356 euros por declaración. Por último, las recomendaciones varían según la situación personal y económica de cada contribuyente. Por ello, es fundamental prestar especial atención a las operaciones más relevantes realizadas durante el año y, en caso de tratarse de movimientos complejos o de importe elevado, es aconsejable contar con el asesoramiento de un profesional especializado en fiscalidad.

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(El País, 24-11-2025) | Fiscal

Hacienda interpreta que retirar dinero de la cuenta bancaria de un fallecido supone aceptar la herencia

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha establecido un criterio que puede cambiar de manera significativa cómo muchas personas manejan las cuentas bancarias compartidas con un familiar fallecido. Según una reciente resolución del tribunal, disponer de fondos que eran propiedad exclusiva del causante, aunque se encuentren en una cuenta compartida, se considera una aceptación tácita de la herencia. El caso analizado parte de una situación común: una cuenta conjunta o solidaria entre dos familiares. Tras el fallecimiento de uno de ellos, el otro, que era su heredero, retiró y utilizó parte del dinero. Para Hacienda, este hecho equivale automáticamente a asumir la condición de heredero. El criterio del TEAC tiene importantes implicaciones tanto en el impuesto de sucesiones y donaciones (ISD) como en posibles responsabilidades derivadas de la aceptación de una herencia, por ejemplo si esta incluye deudas. Daniel Armendáriz, experto fiscal de TaxDown, señala que esta resolución puede orientar a muchas personas sobre cómo actuar ante situaciones similares, recomendando en general "no mover fondos hasta tener claros todos los detalles". María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado, recuerda que ante una herencia existen tres opciones: aceptarla, rechazarla o hacerlo a beneficio de inventario, modalidad que limita las deudas al valor de los bienes heredados. La aceptación puede ser formal o tácita, "manifestándose a través de actos que implican que la persona acepta la herencia". Algunos casos son evidentes, como poner en alquiler un inmueble heredado, mientras que otros, como disponer de una cuenta bancaria conjunta, son más ambiguos. El TEAC argumenta que cualquier movimiento de dinero tras el fallecimiento no puede considerarse simplemente una gestión o conservación, sino que se trata de una disposición patrimonial, un acto que solo puede realizar quien actúa "como heredero". Disponer de los fondos supone "una voluntad necesaria de aceptación" y es un acto que "no podría ejecutarse sin la condición de heredero", ya que solo este puede adquirir la propiedad de los bienes. El tribunal distingue entre administrar y disponer. Existen actos que no implican aceptación, pero en este caso, la operación realizada superó claramente esa línea. La persona no se limitó a custodiar los fondos, sino que los utilizó. Elena de la Plaza, responsable del área de sucesiones en Vestalia Abogados, señala que no hay aceptación tácita si los movimientos se circunscriben a gastos de funeral, pagos urgentes o inaplazables, recolección de frutos perecederos o liquidación de impuestos vinculados al causante, incluido el propio ISD. La clave, añade De la Plaza, es diferenciar entre actos conservativos o de mera administración y actos de disposición que solo un heredero que acepta plenamente puede realizar. Barea apunta que el problema suele ser "determinar a quién pertenecían los fondos y con qué finalidad se utilizaron", por lo que es fundamental contar con asesoramiento antes de mover cualquier dinero. Una vez aceptada la herencia, los efectos fiscales son inmediatos. Armendáriz explica que se activa la obligación de liquidar el ISD sobre los bienes o derechos aceptados tácitamente. Este impuesto, de carácter estatal pero gestionado por las comunidades autónomas, varía según la región, el monto heredado y el parentesco con el fallecido. El TEAC recuerda un criterio tradicional de la Agencia Tributaria: si se inicia un procedimiento para exigir la liquidación del ISD y el heredero intenta posteriormente renunciar a la herencia ante notario, esta renuncia no revierte lo ocurrido. Según la normativa civil, la aceptación tácita es "irrevocable". Solo circunstancias excepcionales, como vicios del consentimiento o la aparición de un testamento desconocido, podrían anularla. En conclusión, disponer de fondos privativos del fallecido consolida la condición de heredero ante Hacienda, y cualquier conflicto entre aceptación tácita y renuncia debe resolverse por la vía civil, ya que la decisión se considera "irrevocable" desde el punto de vista sucesorio. Elena de la Plaza advierte: "Este criterio es una señal clara para quienes compartan cuentas con el causante: mover fondos puede implicar la aceptación tácita de la herencia, y una vez aceptada, no se puede renunciar a ella".

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(Expansión, 24-11-2025) | Laboral

El Gobierno ultima la reforma del complemento de la pensión por hijo

El Ministerio de Seguridad Social modificará los requisitos específicos del complemento para evitar la discriminación señalada por el TJUE en sus sentencias de 2019 y 2025, aplicando ahora las mismas condiciones tanto a hombres como, por primera vez, también a mujeres. El Gobierno está ultimando la reforma del complemento de pensión por hijo, creado originalmente para reducir la brecha de género en las pensiones contributivas de jubilación. Este cambio llega tras un nuevo revés del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictaminó en mayo de 2025 que los criterios de acceso resultan discriminatorios para los hombres. Es el segundo intento del Ejecutivo por adaptar la legislación a las exigencias europeas, después de la reforma de 2021, que ya trató de corregir otro fallo del TJUE de 2019 que denunciaba la misma desigualdad en el complemento aprobado en 2015 por el Gobierno del PP. La propuesta actual del departamento que dirige Elma Saiz consiste en unificar los requisitos: las condiciones que hasta ahora solo se exigían a los hombres pasarán a aplicarse también a las mujeres. En la normativa vigente, las mujeres pueden cobrar el complemento simplemente por acreditar el nacimiento o adopción de un hijo; sin embargo, con la reforma deberán demostrar que su carrera laboral se vio afectada por el embarazo o el nacimiento, igual que ocurre en el caso de los hombres. Según el borrador que modifica el artículo 60 de la Ley de Seguridad Social, al que ha accedido EXPANSIÓN, se eliminarán todas las referencias diferenciadas entre hombres y mujeres. Así, cualquier persona beneficiaria de una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente "tendrá derecho a un complemento económico por cada hijo o hija, siempre que su trayectoria profesional se haya visto perjudicada por el nacimiento o adopción". Se considerará que ha habido un impacto en la carrera profesional si se cumple alguna de estas situaciones: haber acumulado más de 90 días sin cotizar entre los nueve meses previos al nacimiento y los seis años posteriores; que la suma de bases de cotización de los 24 meses posteriores al nacimiento o adopción sea más de un 10% inferior a la de los 24 meses anteriores; o haber tenido ausencia de cotizaciones o menos de 180 días cotizados antes del nacimiento o adopción. Estos tres supuestos permitirán acceder al complemento tanto a hombres como a mujeres una vez que comiencen a cobrar una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente. La normativa actual, anulada por la reciente sentencia del TJUE que ha abierto la vía a reclamaciones judiciales, reconoce este complemento automáticamente a mujeres con uno o más hijos que reciban una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad, mientras exige a los hombres acreditar lagunas de cotización. Fuentes del diálogo social consultadas por EXPANSIÓN explican que la intención es definir un marco que permita comprobar las lagunas de cotización de las mujeres sin excluir a los hombres, manteniendo como objetivo final la reducción de la brecha de género en las pensiones. El borrador mantiene el resto de condiciones generales del complemento por hijo: se abonará un plus por cada hijo hasta un máximo de cuatro. En 2025, este complemento oscilará entre 35,9 y 143,6 euros mensuales, pagados en catorce mensualidades. Su importe se actualizará cada año en el mismo porcentaje que las pensiones contributivas. El único criterio que podrá inclinar la balanza a favor de la mujer será el caso en que ambos progenitores soliciten el complemento por el mismo hijo y la pensión de ella sea de menor cuantía, ya que el plus se asigna a quien tenga la pensión más baja. El procedimiento será el siguiente: el complemento se otorgará inicialmente al primer progenitor que lo solicite y cumpla los requisitos. Si posteriormente el otro progenitor también lo pide y acredita las condiciones, el derecho pasará a quien tenga una pensión de menor importe (considerando su cuantía inicial). Si ambas pensiones tienen el mismo valor, el complemento corresponderá a quien hubiera generado primero la pensión. Asimismo, tendrán derecho al complemento los beneficiarios de una pensión de viudedad causada por el otro progenitor de los hijos en común, siempre que este hubiera cumplido alguno de los requisitos establecidos para acceder al complemento destinado a reducir la brecha de género.

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(Expansión, 24-11-2025) | Laboral

La campaña de Navidad generará 127.000 empleos

El buen rendimiento del comercio, la hostelería y el transporte impulsará la creación de empleo durante la campaña de Navidad -que arranca con el Black Friday y se prolonga hasta las rebajas de enero- con más de 127.000 nuevas incorporaciones, según las previsiones de las agencias de colocación. La patronal Asempleo estima que en estas fechas se sumarán al mercado laboral unas 127.000 personas, un 2% más que el año anterior, gracias especialmente al crecimiento del comercio electrónico y de los servicios de mensajería. En total, entre noviembre y enero se firmarán 993.000 contrataciones de puesta a disposición, un 2,3% más, destinadas a cubrir la rotación de personal y las necesidades temporales de las empresas. De ellas, más de 600.000 serán contratos iniciales gestionados por las ETT. Los sectores del comercio, la hostelería y el transporte absorberán aproximadamente el 40% del total. Asempleo señala que la recuperación del consumo interno y el aumento de las compras online permitirán que muchos de estos contratos continúen hasta enero, de modo que tres de cada diez trabajadores temporales podrán mantener su empleo al finalizar la campaña. "El gasto se adelanta y, por tanto, también la contratación: las compras empiezan antes y las empresas refuerzan sus equipos", explica a Efe el presidente de Asempleo, Andreu Cruañas. Aun así, advierte de que podría apreciarse cierta "moderación" en el consumo. Cruañas alerta también sobre las vacantes sin cubrir, las altas tasas de paro juvenil y el desempleo de larga duración, especialmente entre quienes superan los 55 años, y prevé que estos desafíos podrían agravarse en 2026 debido a una desaceleración del PIB y del empleo. "El año cerrará con cifras destacadas en el mercado laboral, pero no debemos ignorar los problemas estructurales", añade. Adecco, por su parte, calcula que la campaña navideña generará un aumento del 5% en la contratación, con cerca de un millón de empleos temporales entre noviembre de 2025 y enero de 2026, según su director comercial, Juan Francisco Rodríguez. Como es habitual, los sectores que más aumentarán sus plantillas serán el transporte y la logística (alrededor del 25% del total), la hostelería (cerca del 10%) y el comercio (entre un 5% y un 8%). En cuanto a los perfiles más buscados, la logística requerirá empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y repartidores, así como personal de atención al cliente debido al auge del comercio online. El comercio reforzará sus equipos con dependientes, promotores y profesionales de ventas, valorando especialmente la cercanía en el trato, las habilidades comunicativas y las competencias digitales. Según Randstad, el empleo generado durante estas fiestas se mantendrá estable respecto al año pasado, con unas 110.830 incorporaciones, debido en parte a que muchas empresas recurren nuevamente a trabajadores fijos discontinuos. Por sectores, el 59,3% de los contratos se concentrará en transporte y logística -65.700 contratos, un 6,8% menos-, mientras que el comercio sumará 45.100 empleos, lo que supone un incremento interanual del 12,1%. Por comunidades autónomas, Cataluña volverá a encabezar el volumen de contratación, con 19.680 incorporaciones, seguida de Andalucía (18.680) y Madrid (18.180). No obstante, Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha serán las regiones que más crecerán en comparación con el año anterior, según datos de Randstad.

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(Expansión, 24-11-2025) | Laboral

Sumar propone una renta básica universal para los jóvenes de 550 euros al mes entre los 18 y 21 años

En su conferencia política, Movimiento Sumar ha propuesto implantar una Renta Básica Juvenil universal de 550 euros mensuales para jóvenes de entre 18 y 21 años. Esta medida se plantea como "primer paso" hacia la creación de un ingreso garantizado para toda la ciudadanía. Además, la formación apuesta por reducir la jornada laboral a 32 horas semanales, manteniendo así el compromiso aprobado en su segunda asamblea estatal, una propuesta más ambiciosa que la reducción a 37,5 horas que plantea el Ministerio de Trabajo dentro del pacto de coalición con el PSOE. Estas iniciativas figuran en las resoluciones aprobadas por el plenario de la conferencia política, que también incluyen transporte público gratuito para jóvenes, una bajada del precio del alquiler y el descenso de la edad para votar a los 16 años. Asimismo, Sumar reclama establecer una prestación universal por crianza -una demanda que ya ha trasladado para la elaboración de los próximos Presupuestos Generales- y aboga por una reforma fiscal que incremente la contribución de las grandes fortunas mediante nuevos impuestos, con el objetivo de mejorar la redistribución de la riqueza. La organización ha subrayado que uno de los ejes de este encuentro, concebido como un espacio de renovación ideológica antes del nuevo ciclo electoral, es articular una agenda política que reconecte con la juventud. En este marco destaca la propuesta de una Renta Básica juvenil durante tres años. Desde sus inicios, Sumar ha defendido la creación de una "herencia universal", un compromiso incluido en su programa para las elecciones del 23J. Esta medida consistiría en entregar 20.000 euros a los jóvenes al alcanzar la mayoría de edad social, con el fin de facilitar la inversión en estudios o proyectos emprendedores. Una de las resoluciones aprobadas se centra en este colectivo y lleva por título "No somos el futuro, somos el presente". En ella se rechaza la idea de que las nuevas generaciones sean mayoritariamente conservadoras, calificándola de "mito construido" que beneficia únicamente "a los poderosos y a los movimientos reaccionarios". El texto defiende que la realidad es distinta: una juventud activa, inconformista y presente en movilizaciones por Palestina, contra el racismo, por el clima, el feminismo y los derechos LGTBIQA+. También reclama que los jóvenes tengan un papel relevante "sin tutelas ni paternalismo", así como políticas que garanticen el acceso a la vivienda y una intervención urgente en el mercado inmobiliario. Sumar se compromete, además, a librar la "batalla cultural" para fortalecer las ideas progresistas y aumentar la visibilidad política de este sector de la población. Por su parte, la resolución titulada "Un proyecto para el siglo XXI: nuevos derechos contra la desigualdad" subraya la importancia de garantizar "vidas asequibles" a través de servicios públicos sólidos. Advierte de que la desigualdad alimenta la desafección política y favorece a las derechas. La vivienda vuelve a aparecer como prioridad, con propuestas como prohibir la compraventa especulativa de inmuebles y frenar la lógica del rentismo. También insiste en reforzar la sanidad pública, que consideran amenazada por los procesos de privatización en comunidades gobernadas por el PP, y asegurar el derecho al aborto. "Vamos a promover un proyecto político que no solo responda a las necesidades actuales, sino también a las de las próximas generaciones, situando el gasto social en los pilares del Estado del Bienestar y en la media de la zona euro. Tenemos nuevos desafíos y nuevos adversarios, y por ello necesitamos nuevas respuestas para garantizar vidas dignas", recoge el texto citado por Europa Press, donde también se destaca la necesidad de regularizar a las personas migrantes en situación irregular.

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