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(Expansión, 29-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La subida del euro amenaza con forzar al BCE a recortar los tipos

La debilidad del dólar está ejerciendo una presión adicional a la baja sobre una inflación que ya se sitúa muy cerca del objetivo del 2% fijado por el banco central. Mientras tanto, el euro continúa apreciándose con fuerza. En lo que va de 2026, la moneda única acumula una subida cercana al 1,5% y cotiza ligeramente por debajo de los 1,20 dólares, un nivel que no se alcanzaba desde 2021. Este movimiento no responde tanto a una mejora de la economía europea como a la creciente desconfianza que genera Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la presidencia. Las políticas erráticas de Washington -como el inicio de una guerra arancelaria contra socios tradicionales o los cuestionamientos a la independencia de la Reserva Federal- han erosionado el atractivo del dólar, que durante décadas fue considerado la principal divisa de reserva y uno de los activos refugio por excelencia. Aunque el origen de la fortaleza del euro esté al otro lado del Atlántico, las consecuencias se sienten con claridad en Europa. Varios miembros del Banco Central Europeo han alertado en los últimos días sobre el avance de la moneda única y su posible impacto a la baja sobre la inflación. "El BCE está observando atentamente esta apreciación del euro y sus efectos sobre la evolución de los precios", señaló recientemente el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, quien añadió que este factor será determinante para la orientación de la política monetaria en los próximos meses. Tradicionalmente, el BCE ha defendido que no persigue un nivel concreto del tipo de cambio euro-dólar y que acepta sus fluctuaciones. No obstante, cuando los movimientos son demasiado abruptos, los responsables del organismo suelen dejar entrever posibles actuaciones indirectas para contenerlos. El problema de una apreciación excesiva del euro, especialmente cuando no está respaldada por una mejora económica, es doble. Por un lado, reduce la competitividad de las empresas exportadoras; por otro, abarata las importaciones y presiona a la baja los precios, lo que dificulta el cumplimiento del objetivo de estabilidad de precios del BCE. Actualmente, la institución mantiene los tipos de interés en el 2% desde junio de 2025. Sin embargo, las previsiones de inflación se mueven en niveles muy ajustados al objetivo del 2%, y una mayor fortaleza del euro podría obligar a reconsiderar la estrategia. El BCE prevé una inflación del 1,9% en 2026, del 1,8% en 2027 y del 2% en 2028, cifras que dejan poco margen de maniobra. Cualquier revisión a la baja implicaría situarse por debajo del objetivo durante varios años. En este contexto, incluso los miembros más conservadores del Consejo de Gobierno comienzan a abrir la puerta a una reacción. El gobernador del Banco de Austria, Martin Kocher, reconoció que si el euro sigue apreciándose, podría ser necesario actuar desde el punto de vista de la política monetaria, una afirmación significativa viniendo de uno de los perfiles tradicionalmente más restrictivos del BCE. La cuestión clave es determinar a partir de qué nivel el tipo de cambio empieza a ser realmente problemático. El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ya señaló el pasado verano que cotizaciones en torno a 1,17 o incluso 1,20 dólares no resultaban preocupantes, pero que superar claramente ese umbral sí podría generar tensiones. Si el euro termina rebasando con claridad la barrera de los 1,20 dólares, como amenaza con hacer en los últimos días, el BCE podría verse obligado a responder con una bajada de tipos para frenar su apreciación. Los mercados ya han comenzado a anticipar este escenario. Los futuros sobre tipos de interés en la eurozona descuentan ahora un recorte adicional este año, un giro notable respecto a hace apenas unos meses, cuando se esperaba incluso una subida de 25 puntos básicos entre marzo y junio. Con todo, no se prevé una intervención directa del BCE en el mercado de divisas. De hecho, el euro solo ha sido objeto de una actuación coordinada una vez en su historia, en septiembre de 2000, cuando el BCE y la Reserva Federal intervinieron conjuntamente para frenar su fuerte depreciación poco después de su creación. Repetir una operación similar hoy, pero en sentido contrario -vendiendo euros para debilitar la moneda-, no entra por ahora en los planes del banco central, siempre que los mercados sigan funcionando con normalidad.

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(El Economista, 29-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los jueces reactivarán 60.000 desahucios paralizados tras el fin del decreto ómnibus

Los juzgados reactivarán alrededor de 60.000 procedimientos de desahucio que habían quedado en suspenso tras la derogación del decreto ómnibus. Esta norma, aprobada en diciembre, incluía la revalorización de las pensiones, pero también otras medidas, entre ellas la prórroga de la suspensión de los desalojos de inquilinos vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2026. La prohibición de ejecutar desahucios en estos casos se aprobó inicialmente en marzo de 2020, como respuesta al impacto económico de la pandemia. El objetivo era proteger a las familias que habían perdido ingresos. Sin embargo, la medida se fue prorrogando año tras año, lo que ha impedido a miles de propietarios recuperar sus viviendas. Según datos del Observatorio Desca, unos 58.000 arrendadores se han visto afectados. Desde la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) recuerdan que, aunque otros países adoptaron medidas similares durante la crisis sanitaria, España ha sido el único que las ha mantenido una vez superada la pandemia. Con la derogación del decreto, los propietarios pueden volver a impulsar los procedimientos de desahucio que habían quedado paralizados. Carlos Muñoz, CEO y socio de CIM Tax & Legal, explica que los caseros ya pueden solicitar a los juzgados la reanudación de los procesos, aunque los plazos y trámites variarán según el tipo de propietario. En el caso de los pequeños arrendadores, basta con pedir el levantamiento de la suspensión para que el procedimiento continúe. A partir de ahí, el juzgado debe conceder a los servicios sociales un plazo de dos meses para intentar ofrecer una alternativa habitacional a los inquilinos. Si no se presenta ninguna solución en ese tiempo, se fijará la fecha del lanzamiento. No obstante, Muñoz advierte de que el ritmo dependerá del juzgado concreto, ya que muchos están saturados, lo que puede retrasar los procesos entre tres y cuatro meses incluso cuando solo queda ejecutar el desahucio. La situación cambia cuando el propietario es un gran tenedor -es decir, quien posee diez o más viviendas, o cinco o más si están en zonas tensionadas-. En estos casos se aplica el procedimiento específico previsto en la Ley de Vivienda. El propietario debe acreditar ante el juzgado que, durante los cinco meses previos, ha intentado una mediación con la Administración y los servicios sociales. Si estos no responden en un plazo de dos meses, el proceso puede continuar. Si sí intervienen, debe acreditarse el resultado de esa mediación. Además, los servicios sociales disponen de hasta cuatro meses para buscar una alternativa habitacional si el inquilino se encuentra en situación de vulnerabilidad. La eliminación del decreto también ha reducido el margen de los propietarios para solicitar compensaciones económicas por los impagos sufridos durante la moratoria. Aunque el Gobierno había ido ampliando año tras año el plazo para solicitar estas ayudas, el último decreto establecía como fecha límite el 31 de enero de 2027. Al decaer la norma, vuelve a aplicarse el plazo anterior, que finaliza el 31 de enero de 2026, ampliado al 2 de febrero al coincidir en sábado. Ante esta situación, Carlos Muñoz recomienda a los afectados presentar la solicitud de compensación cuanto antes, incluso aunque no tengan toda la documentación preparada, ya que la Administración concede posteriormente un plazo de diez días para subsanar errores o completar la información. Estas compensaciones no cubren íntegramente las rentas dejadas de percibir, ya que suelen estar limitadas a los importes fijados por el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI) o por los baremos autonómicos. Además, los plazos de pago son largos: según los casos conocidos, en Madrid se tarda alrededor de un año y en Cataluña entre año y medio y dos años. Desde Asval señalan que en 2024 el 80% de las viviendas recuperadas lo fueron mediante acuerdos extrajudiciales, generalmente mediante el pago de una compensación al ocupante. La mayoría de los procedimientos judiciales quedaron bloqueados por la falta de respuesta de los servicios sociales. De hecho, en el 99% de los casos en los que los jueces solicitaron informes para acreditar la vulnerabilidad de los inquilinos, estos no llegaron o no se ofreció una alternativa habitacional, lo que terminó paralizando los procesos.

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(Expansión, 28-01-2026) | Fiscal

De la revalorización de pensiones a incentivos fiscales: todo lo que decae con el rechazo al decreto ómnibus

El rechazo parlamentario a la norma vuelve a obligar a las personas desempleadas a presentar la declaración del IRPF y deja sin efecto distintas rebajas fiscales, la ampliación de las cuotas reducidas para autónomos y la actualización del Impuesto de Plusvalía Municipal. Por segundo año seguido, el Ejecutivo se verá obligado a aprobar la subida de las pensiones mediante un decreto específico, separado del resto de iniciativas incluidas en el llamado escudo social. Este paquete fue rechazado ayer por PP, Vox, Junts y UPN, cuyos votos conjuntos bastaron para tumbar el denominado decreto ómnibus. La norma incorporaba tanto la revalorización de las pensiones como diversas medidas fiscales y sociales, y fue criticada por la oposición por considerar que el Gobierno pretendía forzar el respaldo del Congreso mezclando iniciativas de distinta naturaleza. El texto fue derogado con 178 votos en contra frente a 171 a favor. En esta ocasión, las críticas lanzadas desde el Gobierno de coalición no lograron modificar la postura de los grupos contrarios al decreto. Estos centraron su rechazo en el anexo que prorrogaba la suspensión de desahucios y lanzamientos de familias vulnerables sin alternativa habitacional, pese a que contemplaba compensaciones económicas para los propietarios afectados y la creación, por vía reglamentaria, de avales para cubrir posibles impagos del alquiler. Sobre este punto, PP y Junts justificaron su voto negativo alegando que el Ejecutivo "ampara" la ocupación ilegal y utiliza a los pensionistas como "rehenes" para sacar adelante el escudo social. De este modo, queda en suspenso -al menos por ahora- la revalorización de las 10,4 millones de pensiones contributivas que reciben 9,4 millones de personas, aunque el incremento del 2,7% ya ha sido aplicado en las nóminas de enero. Este fue uno de los principales argumentos empleados por el Gobierno. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que el Partido Popular "no está perjudicando al Gobierno, sino a casi 10 millones de pensionistas", y aseguró que "el PP les ha arrebatado 50 euros". Desde la oposición, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, instó a Pedro Sánchez a tramitar de forma independiente la ley de revalorización de las pensiones y a dejar de utilizar a los pensionistas como "rehenes de la inquiokupación". En cualquier caso, la continuidad de la subida de las pensiones contributivas depende exclusivamente de que el Gobierno presente un nuevo decreto centrado únicamente en esta medida y que logre su convalidación en las Cortes. Además del aumento del 2,7% de las pensiones contributivas, el texto rechazado contemplaba incrementos de entre el 7% y el 11,4% para las pensiones mínimas, así como una subida del 11,4% para las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. Más allá de la paralización de la revalorización de las pensiones y de las medidas del escudo social -como la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional o el veto a los cortes de suministros básicos-, la nueva derrota parlamentaria del Ejecutivo tiene efectos relevantes en el ámbito laboral y fiscal. Entre ellos, decae la rectificación del Gobierno respecto a la obligación de los desempleados de presentar la declaración de la Renta para no perder la prestación. Esta exigencia, promovida inicialmente por el Ministerio de Trabajo para reforzar el control sobre los perceptores del paro, fue retirada tras la polémica generada. Si la medida no se recupera antes del inicio de la Campaña de la Renta en abril, quienes hayan cobrado prestaciones por desempleo en 2025 estarán obligados a declarar el IRPF, incluso si no alcanzan los umbrales mínimos de ingresos: 22.000 euros anuales con un solo pagador o 15.876 euros con dos o más. Según el propio Gobierno, esta situación afecta a cerca de 2,5 millones de personas. Las familias con hijos podrían ser de las más perjudicadas, ya que podrían perder hasta 1.200 euros de deducción por cada descendiente si estos deben presentar su propia declaración y dejan de figurar en la de sus progenitores, según advierte la asesoría fiscal digital TaxDown. Asimismo, la decisión del Congreso deja sin efecto las exenciones en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades para las ayudas concedidas a los damnificados por la dana que afectó a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024. También quedan anuladas la prórroga de los incentivos fiscales por obras de eficiencia energética en viviendas y por la adquisición de vehículos eléctricos. Otro efecto destacado es la caída de los nuevos coeficientes del Impuesto de Plusvalía Municipal. Ante la ausencia de Presupuestos Generales, el Ministerio de Hacienda había utilizado el real decreto ley para incrementar la carga fiscal sobre las ventas de inmuebles realizadas poco tiempo después de su compra, con el objetivo de frenar operaciones de carácter especulativo. Por último, con la derogación del decreto también desaparecen la ampliación de las cuotas reducidas para autónomos y la prolongación del sistema de módulos.

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(Expansión, 28-01-2026) | Fiscal

Hacienda ha subido este año los precios de referencia para calcular los impuestos a pagar por comprar o heredar coches, motos y embarcaciones

Adquirir un coche o una embarcación de segunda mano, así como recibirlos por herencia o donación, será más caro este año. El motivo es la actualización que ha realizado Hacienda de los valores de referencia y de los porcentajes de depreciación que se utilizan para calcular el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT). El Ministerio de Hacienda publicó el pasado 23 de diciembre en el BOE la orden que revisa los precios medios de venta y fija nuevas tablas de valoración, que sirven de base para determinar la cuantía sobre la que se aplican los impuestos correspondientes. Como principal novedad, este año se han renovado por completo las tablas, con un incremento medio de entre el 5% y el 7%, un aumento claramente superior a la inflación, según señalan expertos fiscales consultados por EXPANSIÓN. Además, por primera vez se distingue entre vehículos híbridos enchufables y eléctricos puros a la hora de fijar su valor medio. La actualización también incluye la incorporación de los motores marinos eléctricos y un nuevo sistema simplificado para valorar las motos acuáticas en función de su potencia. Asimismo, se han ajustado los porcentajes de uso y depreciación de embarcaciones y motores para adaptarlos mejor a la situación real del mercado. La orden ministerial recoge los valores de referencia de todos los vehículos, motocicletas y quads durante su primer año desde la matriculación, teniendo en cuenta el modelo, el periodo de comercialización, el tipo de motor y la potencia. Al comparar estas cifras con las del ejercicio anterior, se observa que los precios han aumentado en todos los casos, lo que se traducirá en una mayor carga fiscal para quienes realicen este tipo de operaciones. En el caso de las embarcaciones de recreo, Hacienda especifica que la valoración debe realizarse por separado, diferenciando entre el casco y el motor. Una vez determinado el valor fiscal del bien, el contribuyente debe aplicar los coeficientes reductores establecidos para calcular la base imponible del impuesto correspondiente. En el caso de los vehículos, estos coeficientes van desde el 100% si tienen menos de un año de antigüedad hasta el 10% cuando superan los 12 años. A partir de ahí se aplica el tipo impositivo que corresponda en cada comunidad autónoma, que puede variar según las bonificaciones existentes. En paralelo al incremento general de los valores de referencia, otra de las principales novedades es la modificación de los coeficientes de depreciación para las embarcaciones de recreo y sus motores. Se han añadido nuevos tramos en función de la antigüedad y se han elevado muchos de los porcentajes aplicables, lo que en la práctica supondrá un mayor pago de impuestos por la compra o herencia de barcos usados. Este incremento se producirá aunque los tipos impositivos y las bonificaciones autonómicas permanezcan sin cambios durante el año. Así lo señala Ángel Luis Valverde, miembro del Grupo de Expertos en Imposición Patrimonial y Empresa Familiar de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), quien subraya que el aumento de las bases imponibles será el principal factor que encarezca estas operaciones.

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(Expansión, 28-01-2026) | Fiscal

El Parlamento Europeo advierte que la fragmentación tributaria actúa como un freno para la competitividad de las pymes

Mientras la economía avanza hacia la digitalización y los flujos de capital circulan sin apenas barreras, las administraciones fiscales europeas continúan funcionando con esquemas propios del siglo pasado. Esta es la principal conclusión del informe El futuro de la armonización de la política fiscal de la UE, elaborado por el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo. El estudio señala que la defensa férrea de la soberanía fiscal por parte de los Estados miembros tiene un coste elevado. La diversidad de normativas genera lo que los expertos denominan el "coste de la no-Europa". Para las empresas, el diagnóstico es claro: operar en varios países de la Unión Europea sigue siendo un proceso complejo, costoso y lleno de obstáculos administrativos. Uno de los datos más reveladores del informe pone cifras a este problema. Las compañías que desarrollan su actividad en más de un Estado miembro soportan unos costes de cumplimiento fiscal un 67% superiores a los de aquellas que solo operan en su país de origen. No se trata de pagar más impuestos, sino del esfuerzo que implica cumplir con ellos: formularios distintos, calendarios fiscales descoordinados, programas contables incompatibles entre países y la necesidad de contratar asesores locales en cada jurisdicción. Para las grandes multinacionales, esta carga es asumible. Para las pequeñas y medianas empresas, en cambio, se convierte en una barrera difícil de superar. El informe estima que las pymes destinan alrededor del 2,5% de su facturación anual a cumplir con sus obligaciones fiscales, frente al 0,7% que destinan las grandes empresas. En la práctica, la burocracia fiscal actúa como un impuesto encubierto que penaliza el emprendimiento. El estudio también revela grandes diferencias en la eficiencia administrativa entre países. Dependiendo de dónde esté establecida una empresa, la relación con la administración tributaria puede ser ágil o extremadamente lenta. En países como Estonia o Irlanda, una empresa mediana necesita menos de 60 horas al año para preparar y presentar sus impuestos. En cambio, en otros como Bulgaria, el mismo proceso puede superar las 400 horas anuales. Estas diferencias generan distorsiones competitivas evidentes. Una empresa estonia dispone de cientos de horas más al año para innovar o vender que una búlgara, simplemente por el funcionamiento de su administración pública. La digitalización, que debería aliviar estos problemas, está contribuyendo en parte a agravarlos por la falta de criterios comunes. El informe destaca el desarrollo desigual de la facturación electrónica y de los sistemas de información en tiempo real. Mientras países como España o Italia avanzan hacia modelos obligatorios de facturación electrónica, especialmente en las relaciones entre empresas y con la administración, otros Estados siguen utilizando sistemas manuales y declaraciones periódicas tradicionales. Esta falta de armonización obliga a muchas empresas a duplicar procesos y mantener sistemas paralelos. Por ejemplo, una empresa tecnológica belga que opere en Alemania y España debe adaptarse a plataformas digitales distintas y no compatibles entre sí, lo que incrementa los costes y la complejidad operativa. El Parlamento Europeo subraya que la ausencia de un portal único o de estándares comunes de datos impide que la tecnología cumpla su función de simplificar la gestión tributaria. A ello se suma la inseguridad jurídica en sectores emergentes como el de los criptoactivos, donde no existe una clasificación homogénea: según el país, pueden considerarse moneda, activo financiero o bien intangible. Esta disparidad normativa genera riesgos de doble imposición y favorece que las empresas elijan su sede no por razones económicas, sino por claridad regulatoria. El resultado es una fragmentación del mercado de capitales europeo que dificulta la financiación y el crecimiento de las empresas innovadoras. El mensaje del informe es claro: no es necesario que todos los países tengan el mismo impuesto de sociedades para mejorar el entorno empresarial. El verdadero avance pasa por simplificar los procedimientos administrativos. Entre las propuestas destacan la eliminación de duplicidades en la información que deben presentar las empresas, la creación de un punto único de acceso digital para gestionar impuestos como el IVA y la unificación de criterios y definiciones fiscales. La advertencia final del estudio es contundente. La fragmentación fiscal ha dejado de ser un simple inconveniente administrativo y se ha convertido en una amenaza real para la competitividad europea. En un contexto de competencia global con potencias como Estados Unidos o China, el Mercado Único es la principal ventaja estratégica de la UE. Sin embargo, ese mercado sigue fragmentado por 27 sistemas fiscales distintos. Mientras una empresa estadounidense o china puede escalar su actividad en un mercado amplio bajo un marco normativo homogéneo, una compañía europea se enfrenta a barreras cada vez que cruza una frontera. Cada euro y cada hora invertidos en interpretar normativas nacionales son recursos que no se destinan a innovación, contratación o expansión. Un lastre autoimpuesto que limita la productividad y frena la aparición de grandes empresas europeas capaces de competir a escala global.

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(El País, 28-01-2026) | Laboral

CC OO y UGT plantean a la patronal que los sueldos suban como mínimo un 4% anual hasta 2028

CC OO y UGT trasladarán a las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme su propuesta para que el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva recomiende incrementos salariales de al menos el 4% anual durante los años 2026, 2027 y 2028. Este acuerdo marco sirve de referencia para los negociadores de convenios colectivos sectoriales y de empresa y suele renovarse cada tres años. El anterior expiró el pasado 31 de diciembre y este martes se abre oficialmente la negociación del nuevo texto, con la presentación de las propuestas sindicales, que ahora deberán contrastarse con las planteadas por la patronal para pactar un documento válido para el próximo trienio. La propuesta presentada por los secretarios generales de CC OO y UGT no se limita a la cuestión salarial, sino que incluye reivindicaciones en ámbitos como la organización del tiempo de trabajo, el empleo, la protección social o la conciliación. Sin embargo, como es habitual, el apartado retributivo ocupa un lugar central. En este punto, los sindicatos plantean que a la subida del 4% se sume una cláusula de garantía que añada un incremento adicional del 1,5% si la inflación interanual de diciembre supera el aumento salarial pactado para cada año, con efectos desde el 1 de enero del ejercicio siguiente. Como elemento novedoso, las centrales proponen negociar criterios para aplicar subidas adicionales, de entre el 1% y el 3%, en aquellos convenios donde el salario medio anual se sitúe por debajo del promedio estatal. En concreto, sugieren que cuando las tablas salariales estén un 10% por debajo de ese salario medio se aplique un aumento extra del 1% anual; si la diferencia alcanza el 20%, el incremento adicional sería del 2%; y si el desfase llega al 30%, la subida extra ascendería al 3%. En estos supuestos, los salarios podrían crecer entre un 5% y un 7% cada año, al margen de la cláusula vinculada al IPC. Desde UGT, Pepe Álvarez ha defendido esta propuesta señalando que las empresas están obteniendo elevados beneficios y que ha llegado el momento de repartirlos. En la misma línea, Unai Sordo, de CC OO, ha subrayado que los márgenes empresariales llevan años aumentando de forma generalizada y que hoy existen datos suficientes para constatarlo. Las orientaciones del AENC no son obligatorias, pero suelen servir de referencia en la negociación colectiva. El acuerdo anterior recomendaba subidas del 4% en 2023 y del 3% en 2024 y 2025, con una cláusula de revisión del 1% adicional si la inflación superaba lo pactado. Según las estadísticas, los incrementos salariales acordados fueron del 3,7% en 2023, del 3,4% en 2024 y del 3,5% en 2025. En materia retributiva, los sindicatos también pedirán a la patronal un compromiso para promover complementos salariales que ayuden a mejorar el acceso a una vivienda, especialmente en territorios donde este problema es más acusado. Asimismo, plantean abrir espacios de diálogo social para buscar soluciones en las comunidades autónomas con mayor tensión residencial y en sectores especialmente afectados, como la construcción, la hostelería o el turismo. El documento aborda además otras cuestiones que forman parte de los más de 4.000 convenios colectivos vigentes o en negociación, que regulan las condiciones laborales de más de 11 millones de trabajadores. Entre ellas, los sindicatos avisan de que serán especialmente exigentes con la reducción de la jornada laboral en los convenios, después de que la iniciativa legislativa para acortar el tiempo de trabajo no prosperara en el Parlamento. En este contexto, reclaman que el Gobierno recupere las ayudas a las pequeñas y medianas empresas que reduzcan jornada, planteadas durante la negociación de la ley de las 37,5 horas. El texto incorpora también un nuevo apartado centrado en la corresponsabilidad, en el que se propone que los convenios incluyan fórmulas como la jornada continuada, la jornada intensiva durante parte del año o determinados días de la semana, así como la adaptación de horarios sin merma salarial como alternativa a la reducción de jornada para el cuidado de familiares, que sí conlleva una disminución del sueldo.

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(El Economista, 28-01-2026) | Laboral

Las faltas al trabajo por enfermedad superan el umbral del millón

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejan que al cierre de 2025 España superó por primera vez el millón de trabajadores que no acudieron a su puesto por motivos de salud. En el cuarto trimestre se contabilizaron 1,04 millones de personas en esta situación, de las cuales 105.400 eran autónomos y 937.500 asalariados. Este récord no se explica únicamente por el aumento del empleo, sino porque la proporción de ausencias también ha crecido, especialmente entre los asalariados del sector privado, que alcanzaron los 753.200 trabajadores ausentes, el 4,9% del total de ocupados. Esta evolución apunta a un cambio profundo en el mercado laboral que empieza a preocupar seriamente a las empresas. La EPA mide a los ocupados que no trabajaron durante la denominada "semana de referencia" y clasifica las causas de esa ausencia. Aunque en esa categoría se incluyen también las vacaciones -lo que distorsiona los datos-, si se descuentan, destacan los permisos por nacimiento, las interrupciones de actividad, los expedientes de regulación y, sobre todo, las bajas por incapacidad temporal. Estas últimas representan el 48% del total de ausencias y llegan al 81% si se excluyen descansos y libranzas, el porcentaje más alto registrado en un cierre de año. El incremento más significativo se concentra en el sector privado. En 2019, los asalariados privados representaban el 66% de las ausencias por enfermedad; a finales de 2025 ya suponen el 72%, un nuevo máximo histórico. Aunque parte de este aumento se explica por el crecimiento del empleo, también implica un impacto económico cada vez mayor para las empresas, tanto por el coste salarial como por la pérdida de productividad. Algunas estimaciones sitúan este impacto en torno al 10% del PIB en determinadas comunidades autónomas. Cuando se habla de absentismo en el debate económico, en realidad se hace referencia sobre todo a las bajas por incapacidad temporal, que son las más frecuentes y las que generan mayores costes. Aunque este fenómeno no es nuevo y ha sido objeto de varias reformas en los últimos quince años, su intensidad actual es mayor que nunca. Y no se debe únicamente al número de trabajadores que faltan, sino al aumento de su incidencia. En el sector privado, la tasa de ausencias cerró 2025 en el 4,9%, frente al 2,8% registrado en el mismo periodo de 2019. En el sector público el aumento ha sido más moderado, del 3,7% al 5,1%, aunque este último dato no supone un récord, ya que en 2022, con el repunte de la covid por la variante ómicron, se alcanzó el 5,9%. A primera vista, una subida de algo más de dos puntos puede parecer limitada, pero refleja un cambio estructural que está alterando el funcionamiento de muchas empresas y desmonta uno de los tópicos más extendidos: que el absentismo es mayor en el sector público. Hoy esa diferencia ya no es tan clara. El análisis histórico muestra que las ausencias por enfermedad o accidente son más volátiles entre los empleados públicos que entre los privados, algo que suele atribuirse a la mayor temporalidad y estacionalidad. Sin embargo, también ha alimentado la percepción de que los trabajadores con mayor estabilidad laboral tienden no solo a cogerse más bajas, sino a prolongarlas, lo que obliga a recurrir a sustituciones temporales. En el sector privado ocurre lo contrario: la tasa de ausencias es menor y mucho más estable. Esto suele explicarse por la mayor inseguridad laboral, que disuade a muchos empleados de ausentarse salvo que sea estrictamente necesario. En los primeros años de la serie histórica, que comienza en 2008, se observa un descenso de las ausencias tanto en el sector público como en el privado, coincidiendo con la crisis financiera y los ajustes presupuestarios. En 2012, en pleno pico de la Gran Recesión, ambos sectores registraban una tasa similar, en torno al 1,8%. Es decir, cuando la economía se contrae, el absentismo por incapacidad temporal tiende a reducirse. Con la recuperación ocurrió lo contrario: las ausencias aumentaron en ambos ámbitos y la brecha entre ellos volvió a ampliarse. Sin embargo, resulta llamativo que, justo antes de la pandemia, el sector público había vuelto a niveles similares a los de 2008, mientras que el privado los superaba. La llegada del covid disparó todas las cifras. Lo más sorprendente es que, una vez superada la crisis sanitaria, los niveles no hayan regresado a los valores anteriores, ni en número absoluto ni en proporción. Las causas no están del todo claras. Se apuntan factores como el aumento del empleo indefinido, los cambios en la legislación laboral, el envejecimiento de la población activa o incluso cambios culturales entre los trabajadores más jóvenes. Lo que sí parece evidente es que el sistema de gestión de las bajas médicas tiene un papel relevante en el problema. Los retrasos en diagnósticos y tratamientos prolongan innecesariamente los procesos, perjudicando tanto a las empresas como a los propios trabajadores. Mientras tanto, el debate sigue abierto y las propuestas se acumulan, pero la falta de acuerdos políticos y sociales mantiene enquistado un problema que, lejos de remitir, sigue creciendo año tras año.

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(El Economista, 28-01-2026) | Laboral

El Gobierno aprueba una regularización urgente de inmigrantes que impone tres requisitos para acogerse a la medida

Los extranjeros en situación administrativa irregular que soliciten acogerse al proceso de regularización aprobado este martes por el Consejo de Ministros podrán incorporarse al mercado laboral en cuanto su solicitud sea admitida a trámite. Así lo ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras anunciar que el Ejecutivo ha aprobado por la vía de urgencia un real decreto que permitirá obtener el permiso de residencia a quienes hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025. El nuevo reglamento establece una serie de requisitos. Los solicitantes de una autorización de residencia temporal deberán demostrar una permanencia continuada en el país de al menos cinco meses, haber entrado en territorio español antes de la fecha límite fijada y no contar con antecedentes penales ni representar un riesgo para el orden público. En el caso de las personas que hayan pedido protección internacional, deberán acreditar que su solicitud fue presentada antes del 31 de diciembre de 2025. La estancia en España podrá justificarse mediante cualquier tipo de documento, ya sea público, privado o una combinación de ambos. En la práctica, la medida regulariza a quienes ya se encontraban en España antes de comenzar este año. Según explicó la ministra tras el Consejo de Ministros, el plazo para presentar solicitudes se abrirá previsiblemente a comienzos de abril y permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026. De acuerdo con el Ministerio de Inclusión, la autorización permitirá trabajar en cualquier punto del territorio nacional y en cualquier sector económico. Además, aunque el plazo máximo de resolución será de tres meses, bastará con que la solicitud sea admitida a trámite -un proceso que se resolverá en un máximo de 15 días- para que la persona pueda empezar a trabajar de inmediato. El permiso tendrá una validez de un año y, una vez finalizado ese periodo, los beneficiarios deberán acceder a otras vías de residencia previstas en el Reglamento de Extranjería. El real decreto es fruto de un acuerdo con Podemos, formación que calcula que la medida permitirá regularizar la situación de al menos 500.000 personas que actualmente residen en España sin autorización administrativa, una estimación que también comparte el Gobierno. No obstante, un informe publicado este mismo martes por Funcas eleva esa cifra. Según sus cálculos, en enero de 2025 el número de extranjeros en situación irregular podría haber alcanzado los 840.000, lo que representaría el 17,2% del total de población inmigrante procedente de países extracomunitarios. El estudio, titulado La población extranjera en situación irregular, subraya además que desde 2017 se ha producido un crecimiento constante de este colectivo. En aquel año, según sus estimaciones, el número de personas en situación irregular apenas superaba las 100.000.

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(El Periódico, 28-01-2026) | Laboral

El paro en España cae por debajo del 10% por primera vez en 17 años tras crearse 605.000 empleos en 2025

La trayectoria del mercado laboral continúa ofreciendo señales positivas en España: por primera vez desde 2008, la tasa de desempleo baja ligeramente del 10%. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, publicada este martes, el paro se sitúa en el 9,93% de la población activa, siete décimas menos que un año antes. La última vez que el desempleo se mantuvo por debajo de ese umbral fue en el primer trimestre de 2008, cuando alcanzó el 9,6%, justo antes de que comenzara a dispararse con la crisis financiera. Este descenso coincide con un nuevo ejercicio de intensa creación de empleo: en 2025 se sumaron 605.400 ocupados, elevando el total hasta un máximo histórico de 22,46 millones de personas trabajando. Una vez más, España lidera la generación de empleo dentro de la Unión Europea. La mejora del empleo se enmarca en un contexto de sólido crecimiento económico. El producto interior bruto avanzó un 2,9% el año pasado y el Banco de España prevé un incremento adicional del 2,2% en 2026. El Fondo Monetario Internacional es incluso algo más optimista y eleva la previsión al 2,3%, situando a España entre las economías avanzadas con mayor dinamismo. En el tercer trimestre de 2025, y en comparación interanual, los datos desestacionalizados de Eurostat muestran que España creó alrededor de medio millón de puestos de trabajo, muy por encima de países como Francia (+223.000), Portugal (+160.000) o Grecia (+69.000), mientras que Alemania y Italia registraron pérdidas de empleo. El aumento de 605.400 ocupados en 2025 supera el ya notable crecimiento registrado en 2024, cuando el empleo avanzó en 468.200 personas, un 2,2%. En el último ejercicio, el incremento fue del 2,8%. El año de mayor impulso reciente fue 2023, con 749.000 nuevos empleos y un crecimiento del 3,6%, aunque conviene recordar que fue el primer año plenamente normalizado tras la pandemia. La evolución trimestral también respalda esta tendencia positiva. Entre el tercer y el cuarto trimestre de 2025, el empleo creció en 76.200 personas, más del doble que en el mismo periodo del año anterior. De este modo, el número total de ocupados alcanza un nuevo récord histórico. Una parte muy relevante de esta creación de empleo vuelve a proceder de la población extranjera. En el último año, este colectivo aportó 258.000 nuevos puestos de trabajo, lo que representa el 43% del total. Los trabajadores de nacionalidad española sumaron 342.000 empleos, mientras que las personas con doble nacionalidad añadieron 6.000. Estas cifras contrastan con las de 2024, cuando el crecimiento entre los nacionales fue mucho menor y el de los trabajadores con doble nacionalidad, significativamente mayor. Como resultado, el número de extranjeros ocupados se eleva a 3,58 millones y el de personas con doble nacionalidad alcanza los 1,2 millones. En conjunto, ambos grupos ya suponen el 21,4% del empleo total, el porcentaje más alto registrado en un cuarto trimestre. El desglose por sexo muestra que el empleo femenino vuelve a crecer ligeramente más que el masculino. En 2025, las mujeres ganaron 306.300 puestos de trabajo, frente a los 299.200 de los hombres. Esta evolución continúa estrechando la brecha entre ambos, aunque de forma gradual. Los hombres superan de nuevo los 12 millones de ocupados, una cifra que no se alcanzaba desde 2008, mientras que las mujeres marcan un máximo histórico con 10,46 millones. Actualmente, ellos representan el 53,4% del empleo y ellas el 46,6%, cuando hace veinte años la proporción era del 60% y el 40%, respectivamente. Por ramas de actividad, la industria manufacturera lidera la creación de empleo en 2025, con 96.500 nuevos puestos. También destacan el comercio (+83.700), las actividades administrativas (+79.800) y la construcción (+79.500). En sentido contrario, pierden ocupación el suministro de energía (-11.300), la hostelería (-24.300) y otros servicios (-31.000). Si se amplía la perspectiva desde 2019, se observa una reducción del empleo en sectores con salarios más bajos, como la agricultura y el empleo doméstico, mientras que los mayores avances se concentran en la sanidad, la construcción y las actividades científicas y técnicas. El análisis trimestral vuelve a poner de relieve la elevada estacionalidad del empleo en la educación. En el cuarto trimestre de 2025, este sector gana 189.700 ocupados respecto al tercero, tras los parones estivales, mientras que la hostelería pierde 92.300 empleos con la llegada del invierno. También destaca el aumento del transporte y almacenamiento (+41.000) y el ligero retroceso del comercio (-1.500) en un trimestre que incluye la campaña navideña. El descenso del número de parados, aunque positivo, es menos intenso que en ejercicios anteriores. A cierre de 2025 hay 118.400 desempleados menos que un año antes, frente a las caídas de 265.300 en 2024 y 220.800 en 2023. Aun así, la reducción relativa del 4,6% mejora la registrada en el periodo previo a la pandemia. En términos trimestrales, el paro baja en 136.100 personas, situando el total de desempleados en 2,48 millones, por primera vez desde 2008 por debajo de los 2,5 millones. Pese a la bajada de la tasa de paro hasta el 9,9%, la mejora pierde algo de intensidad, ya que en 2023 y 2024 el descenso anual fue de 1,2 puntos. España continúa figurando entre los países con mayor desempleo de la UE, muy por encima de la media comunitaria del 6%, aunque mantiene una evolución favorable en los últimos años. Por territorios, las mayores tasas de paro se registran en Andalucía (14,7%), Extremadura (13,4%) y Canarias (12,6%), mientras que las más bajas corresponden al País Vasco (7,5%), la Comunidad de Madrid (7%) y Cantabria (6,8%). En comparación interanual, el desempleo aumenta con fuerza en Navarra y también repunta en Canarias, mientras que desciende de forma destacada en la Región de Murcia y en la Comunidad Valenciana.

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(Cinco Días, 28-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El euro toca los 1,1932 dólares y el Ibex se mantiene en niveles históricos

La incertidumbre generada por la estrategia geopolítica impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está debilitando al dólar. Los inversores están reduciendo su exposición a la divisa estadounidense, lo que ha llevado al euro a escalar hasta los 1,1932 dólares, un nivel que no se veía desde junio de 2021. Este clima de cautela también se refleja en el mercado del oro, que continúa moviéndose en zona de máximos históricos como activo refugio. La pérdida de confianza en el dólar no se limita al cruce con el euro. Frente al conjunto de las principales monedas internacionales, el billete verde cotiza en mínimos de los últimos cuatro años, niveles que no se registraban desde marzo de 2022. Entre los factores que presionan a la divisa figuran la imprevisibilidad de las decisiones políticas de la Casa Blanca -con episodios recientes como el de Groenlandia-, el elevado déficit público de Estados Unidos y la amenaza de un nuevo cierre de la Administración federal. Según Thomas Hempell, responsable de análisis macroeconómico y de mercados en Generali AM, la mejora paulatina de la economía de la eurozona y el estrechamiento de los diferenciales en las expectativas de crecimiento de beneficios dejan margen adicional para la apreciación del euro. No obstante, advierte de que superar de forma sostenida la cota de 1,20 dólares podría resultar complicado, dado el buen momento de la economía estadounidense -con un crecimiento interanual del PIB superior al 5% en el cuarto trimestre- y el impulso continuado del sector de la inteligencia artificial, que siguen respaldando al dólar. En los mercados bursátiles, la Bolsa española consigue mantener un sesgo positivo en una sesión en la que el índice se ha topado nuevamente con sus máximos históricos. A mediodía, el selectivo avanza un 0,2%, mientras que el Euro Stoxx 50, referencia europea, suma un 0,3%. La prudencia de los inversores sigue reflejándose en la fortaleza del euro, que prolonga su tendencia alcista. En Estados Unidos, los futuros anticipan una apertura desigual: el S&P 500 apunta a una subida del 0,2%, mientras que el Dow Jones podría ceder un 0,5%, con el sector tecnológico mostrando un mejor comportamiento en una semana clave para la publicación de resultados de las grandes compañías del sector. La atención de los mercados también se dirige a Japón, donde persiste un clima de inestabilidad. El yen continúa perdiendo terreno frente al dólar, con un tipo de cambio en torno a las 155 unidades por billete verde, mientras que los rendimientos de la deuda repuntan en un entorno de incertidumbre. Aunque las especulaciones sobre una posible intervención oficial frenan las apuestas contra los activos japoneses, los analistas muestran preocupación por el resultado de la subasta de deuda pública a 40 años prevista para mañana. Desde ING señalan que el dólar está tratando de estabilizarse tras dos jornadas de fuertes caídas, con ligeros avances mientras los inversores evalúan los últimos acontecimientos, y no esperan movimientos significativos adicionales salvo que se confirme una intervención en el mercado de divisas. Pese a este intento de estabilización, la moneda estadounidense sigue cerca de sus mínimos y ha vuelto a situarse en el entorno de los 1,19 dólares por euro por segundo día consecutivo. En este contexto, el director de inversiones de Amundi, Vincent Mortier, prevé que el oro continúe ganando atractivo a medida que los inversores reduzcan el peso del dólar en sus carteras. Según explica, la gestora ha mantenido posiciones en el metal precioso durante los últimos dos años y medio y considera que sigue siendo una cobertura eficaz a largo plazo frente a la depreciación del dólar y una vía para preservar el poder adquisitivo. La agenda de la semana está marcada además por la reunión de la Reserva Federal estadounidense, prevista para el miércoles. Aunque los cambios en los tipos de interés no son el principal foco, la cita cobra especial relevancia al tratarse de la primera comparecencia pública de Jerome Powell desde que la Administración estadounidense iniciara una investigación penal contra él, un episodio que ha reavivado los temores del mercado sobre una posible erosión de la independencia del banco central. Dentro del Ibex 35, los mayores avances del día corresponden a Laboratorios Rovi y a buena parte del sector financiero, con valores como Mapfre, Bankinter, Sabadell, Unicaja, BBVA y CaixaBank entre los más destacados, aunque con subidas que no superan el 1,5%. En el lado negativo, Cellnex lidera las caídas con descensos superiores al 2%, acompañada por valores como Acerinox, Repsol y Telefónica, que también cotizan en rojo.

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