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(Cinco Días, 24-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Más de la mitad de los caseros en España tienen dos o más viviendas en alquiler

La regulación del mercado del alquiler para contener la subida de precios genera un fuerte rechazo entre muchos propietarios, especialmente entre aquellos que poseen varias viviendas, ya que consideran que estas medidas pueden reducir los ingresos que obtienen por las rentas. Sin embargo, cuantificar con exactitud cuántos arrendadores existen en España resulta complicado, dado que no hay un registro oficial que identifique ni a los propietarios ni a sus inmuebles. Aun así, un estudio del Ministerio de Consumo, elaborado junto al CSIC, estima que, entre los arrendadores particulares, son ligeramente mayoría quienes alquilan dos o más viviendas (52,8%), frente a quienes solo disponen de una (47,2%). Si se incluyen también empresas y entidades públicas, el peso de los llamados multiarrendadores aumenta hasta el 60,8%, frente al 39,2% de los pequeños propietarios. El informe busca analizar el perfil de los propietarios particulares a partir de los ingresos por alquiler declarados a Hacienda en 2023. A partir de estos datos, concluye que predominan quienes cuentan con varias viviendas en alquiler, aunque no se especifica un límite máximo. Este grupo se denomina multiarrendadores, una categoría más amplia que la de "gran tenedor", que la legislación reserva para quienes poseen diez o más inmuebles residenciales o más de 1.500 metros cuadrados construidos. Según el estudio, la figura del propietario con una única vivienda no es la más habitual. Para dimensionar su peso en el mercado, el informe compara el número de arrendadores con el de inquilinos. Así, señala que solo el 4,9% de la población total (5,7% de los adultos) obtiene ingresos por alquiler, cifra que asciende al 9,3% si se mide por hogares. En cambio, los inquilinos representan alrededor del 20% de la población o de los hogares, lo que evidencia una notable diferencia entre ambos grupos. El análisis también muestra cómo se distribuyen territorialmente los propietarios con varias viviendas. Las mayores concentraciones se encuentran en ciudades insulares: en Las Palmas de Gran Canaria, el 64,9% de los arrendadores posee al menos dos inmuebles; en Santa Cruz de Tenerife, el 64,6%. Les siguen Palma (63,1%), Barcelona (60,8%) y Madrid (56,4%). En Valencia y Málaga los porcentajes son algo menores (55% y 51,6%), mientras que Sevilla destaca como la única gran ciudad analizada donde predominan los propietarios con una sola vivienda (53,2%). Según los autores, estos datos reflejan que la presencia de propietarios con varias viviendas no es algo puntual, sino una característica estructural del mercado del alquiler en las grandes ciudades. Además, apuntan que cuanto mayor es la presión inmobiliaria, mayor es también la concentración de viviendas en manos de estos perfiles. El estudio cuestiona, por tanto, la imagen extendida del pequeño propietario como figura dominante. Esta percepción se aleja aún más de la realidad cuando se incluyen actores como fondos de inversión, sociedades y entidades públicas, que operan en el mercado de forma profesional. En ese caso, los multiarrendadores representarían alrededor del 60%, frente al 40% de los pequeños tenedores. Finalmente, el informe explica que esta situación es resultado del crecimiento del mercado del alquiler entre 2016 y 2023, periodo en el que el número de viviendas arrendadas por particulares aumentó de forma significativa, pasando de cerca de 1,9 millones a más de 2,5 millones. Este incremento ha favorecido en mayor medida a los propietarios con varias viviendas, consolidando su peso frente a quienes solo alquilan una.

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(Expansión, 24-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los líderes de la UE piden abrir el proceso de adhesión de Ucrania

Ucrania terminó acaparando la atención de forma inesperada en la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Ayia Napa, en Chipre. Aunque el encuentro estaba centrado principalmente en la situación en Oriente Medio y sus efectos económicos en la Unión Europea, así como en el inicio del debate sobre el presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034, el foco acabó desplazándose hacia un nuevo paso: el inicio del proceso de adhesión de Ucrania a la UE. Este fue el mensaje que transmitieron conjuntamente, antes del inicio de la cumbre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Los líderes europeos pudieron recibir a Zelenski con el respaldo a un préstamo de 90.000 millones de euros destinado a sostener económicamente a Ucrania durante este año y el próximo. A ello se sumó la aprobación del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, con el objetivo de limitar su capacidad para continuar la invasión. Costa señaló que ha llegado el momento de avanzar y dar el siguiente paso, que pasa por iniciar formalmente la apertura de los primeros capítulos de negociación para la adhesión de Ucrania. Von der Leyen respaldó esta idea, subrayando que, teniendo en cuenta las reformas emprendidas por el país, las conversaciones deberían arrancar sin demora. El cambio político en Hungría, tras la derrota de Viktor Orbán, ha modificado el equilibrio dentro de la UE y facilita decisiones que requieren unanimidad, como la ampliación del bloque. En esta línea, la alta representante Kaja Kallas afirmó que Ucrania avanza claramente hacia su integración y que las nuevas circunstancias podrían desbloquear avances antes frenados. Zelenski insistió en la voluntad de su país de integrarse en la Unión Europea lo antes posible, una petición que fue bien acogida por los líderes presentes, en una reunión en la que Hungría no estuvo representada directamente por Orbán. Durante los últimos meses, las instituciones europeas han trabajado de forma discreta con Ucrania para preparar el terreno de cara a una adhesión más ágil una vez superados los obstáculos políticos. El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, defendió que, tras el apoyo financiero y las sanciones, el siguiente objetivo debe ser la incorporación de Ucrania a la UE, señalando además que durante mucho tiempo el proceso ha estado condicionado por el veto húngaro. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a la Comisión Europea que presente en breve un calendario concreto junto con las medidas que deberán cumplir tanto Ucrania como Moldavia para avanzar en la apertura de capítulos de negociación. Los dirigentes europeos coincidieron en que se dan las condiciones necesarias para iniciar este proceso en un plazo próximo, aunque reconocen que la adhesión será un camino largo y con importantes consecuencias para el funcionamiento interno de la Unión, especialmente en ámbitos como el reparto de fondos agrícolas. Tras este giro en las discusiones, la cumbre retomó los asuntos inicialmente previstos, centrados en la evolución del conflicto en Oriente Medio y el impacto energético sobre Europa. Estas conversaciones continuarán, junto a la participación de representantes de países como Líbano, Siria y Jordania. Posteriormente, si no se vuelve a aplazar, se abordará el debate sobre el futuro presupuesto comunitario.

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(Expansión, 24-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El TJUE sentencia que los bancos no pueden cobrar intereses sobre los costes de un crédito al consumo

La justicia europea ha establecido que las entidades bancarias no pueden aplicar intereses sobre las cantidades destinadas a cubrir gastos asociados a un crédito al consumo, sino únicamente sobre el dinero que realmente recibe el cliente. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, se ha pronunciado en este sentido a raíz del caso de un ciudadano polaco que solicitó un préstamo en el que parte del importe se destinó al pago de un seguro vinculado al crédito, de carácter voluntario. Según recoge la resolución, el banco aplicó intereses no solo sobre el capital entregado al consumidor, sino también sobre el coste de ese seguro. Ante esta situación, el afectado acudió a la justicia de su país para reclamar la devolución del préstamo sin intereses ni otros gastos adicionales, al considerar que se habían calculado indebidamente. El tribunal nacional decidió plantear una cuestión prejudicial para aclarar si esta práctica se ajusta a la normativa europea sobre créditos al consumo. La respuesta del tribunal europeo ha sido negativa. El TJUE explica que el importe total del crédito y el coste total del crédito para el consumidor son conceptos distintos y no pueden mezclarse. Por ello, el primero no puede incluir gastos como seguros u otros cargos necesarios para obtener el préstamo. Además, recuerda que el tipo de interés debe aplicarse únicamente sobre el capital efectivamente utilizado por el consumidor. Esto excluye cualquier cantidad que el banco destine directamente a cubrir costes vinculados al crédito y que no llegue a manos del cliente. En consecuencia, la entidad financiera no puede cobrar intereses sobre esos importes. No obstante, el tribunal aclara que esto no impide que los prestamistas repercutan esos costes por otras vías, como mediante un tipo de interés más elevado aplicado al capital prestado. Esta interpretación busca, por un lado, favorecer un funcionamiento más eficiente del mercado europeo de crédito al consumo y, por otro, mejorar la transparencia para que los usuarios puedan comparar con mayor claridad las distintas ofertas, especialmente a través de indicadores como la tasa anual equivalente.

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(La Vanguardia, 24-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La compraventa de viviendas desacelera en España pero crece con fuerza en Cataluña, Navarra y Canarias

El mercado inmobiliario empieza a mostrar signos de enfriamiento. En febrero, el número de compraventas de viviendas descendió un 0,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, situándose en 59.689 operaciones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo descenso consecutivo, después de la caída del 5% registrada en enero. Esta ligera bajada interanual se explica tanto por el retroceso en las operaciones de vivienda de segunda mano, que disminuyeron un 0,2% hasta las 45.881, como por la reducción en la venta de vivienda nueva, que cayó un 1,6% hasta las 13.808 transacciones. La gran mayoría de las viviendas vendidas, el 93,7%, correspondía a vivienda libre, que mantuvo niveles similares a los del año anterior, mientras que la vivienda protegida experimentó un descenso del 7,9%. En cambio, si se compara con el mes anterior, las compraventas aumentaron un 3,8%, impulsadas por el crecimiento tanto en vivienda nueva (1,7%) como en usada (4,5%). A pesar de este repunte mensual, el balance acumulado de los dos primeros meses del año refleja una caída del 2,8% respecto al mismo periodo de 2025. Por comunidades autónomas, Andalucía lideró el número de operaciones en febrero con 12.037 compraventas, seguida de Cataluña (10.389) y la Comunidad Valenciana (8.944). En términos interanuales, ocho regiones registraron aumentos en las ventas, mientras que en nueve se produjeron descensos, destacando las caídas de Murcia (-14,8%), La Rioja (-12,5%) y Galicia (-12%). En el lado opuesto, sobresalen los incrementos de Navarra (+18,7%), Canarias (+7,9%), Cataluña (+5,7%) y Aragón (+5%). En el caso de Cataluña, febrero se convirtió en el segundo mejor mes de este periodo en toda la serie histórica, solo superado por febrero de 2007. Además, en el acumulado de los dos primeros meses del año, las operaciones han crecido un 3,55% interanual, aunque a un ritmo más moderado que en diciembre, cuando se alcanzaron cifras récord. Este comportamiento llevó el total de compraventas a 112.610 operaciones, superando ligeramente el máximo registrado en 2007. Con estos datos iniciales de 2026, la comunidad catalana apunta nuevamente hacia cifras históricas. Según los expertos, esta leve caída a nivel nacional refleja una fase de ajuste tras los altos niveles alcanzados el año anterior. Aun así, destacan que la demanda sigue siendo muy sólida, lo que permitirá mantener un volumen elevado de transacciones, aunque con un crecimiento más contenido. No obstante, advierten de la importancia de observar la evolución del contexto económico y financiero en los próximos meses.

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(Expansión, 23-04-2026) | Laboral

La OCDE allana el camino para que la Seguridad Social incentive la vuelta del trabajador de baja

El informe elaborado por los expertos de la OCDE y remitido al Gobierno, que incluye una comparación internacional de los sistemas de gestión de la incapacidad temporal, podría servir de apoyo a una de las iniciativas que el Ministerio de Seguridad Social ha estado desarrollando en los últimos meses: la introducción de las llamadas altas progresivas. Aunque esta idea comenzó a debatirse públicamente hace algo más de un año, fuentes del diálogo social indican que el departamento liderado por la ministra Elma Saiz mantiene su intención de impulsarla, pese a la falta de respaldo tanto de organizaciones empresariales como de sindicatos. A raíz de las advertencias de la OCDE -recogidas en un informe difundido por EXPANSIÓN- sobre el notable incremento del absentismo y las deficiencias en su gestión en comparación con otros países, el Ejecutivo podría encontrar en este análisis posibles líneas de actuación. El problema tiene un elevado coste: alrededor de 18.000 millones de euros en prestaciones por incapacidad temporal para las arcas públicas y unos 16.000 millones adicionales para las empresas. Según el estudio, en España existe una carencia de incentivos que favorezcan el regreso de los trabajadores a sus puestos tras una baja, algo que sí se observa en otros países. La OCDE considera que, aunque el sistema español es relativamente generoso -tanto por las prestaciones como por los complementos salariales que a menudo aportan las empresas-, no incorpora mecanismos que motiven al empleado a reincorporarse ni al empleador a facilitar ese retorno. Por ello, los expertos recomiendan fijarse en países que combinan sistemas de protección similares con incentivos eficaces, estructuras de gobernanza adecuadas y prácticas orientadas a promover la vuelta al trabajo. A partir del análisis de cinco países (Austria, Bélgica, Alemania, Países Bajos y Suecia), la OCDE identifica medidas que han dado buenos resultados y que podrían adaptarse al caso español para frenar el aumento de las bajas. Entre ellas destaca la incapacidad temporal parcial, aplicada en países como Suecia y Bélgica, que permite reducir la jornada (por ejemplo, al 25%, 50% o 75%) para que el trabajador mantenga cierta actividad laboral mientras percibe la parte proporcional de la prestación. En Alemania y Austria se utiliza un modelo de reincorporación gradual en el que el trabajador, aunque sigue de baja, comienza con pocas horas de trabajo que se incrementan progresivamente según un plan médico. Como durante este periodo el salario lo cubre el seguro y no la empresa, se incentiva que el empleador acepte la reincorporación. En Austria, de hecho, el 75% de quienes participan en este sistema continúan empleados cinco años después. Además, Alemania obliga a las empresas a aplicar un proceso de integración laboral (OIM) cuando un empleado acumula seis semanas de baja en un año, lo que implica adaptar el puesto de trabajo -por ejemplo, mediante cambios de horario o mejoras ergonómicas- antes de que la situación empeore. En materia de control, Suecia establece revisiones obligatorias: a los 90 días se analiza la capacidad del trabajador para su empleo habitual y a los 180 días se valora si podría desempeñar cualquier otro trabajo. Por su parte, los Países Bajos imponen a las empresas la obligación de documentar todo el proceso de reincorporación, con sanciones económicas -como asumir un tercer año de baja- si no se demuestra un esfuerzo suficiente, lo que refuerza la implicación empresarial. El informe también destaca la existencia de figuras de apoyo en países como Suecia y Austria, que actúan como intermediarios entre el sistema sanitario, la empresa y la Administración, reduciendo trámites y facilitando la reincorporación. Asimismo, se proponen programas preventivos como los de Bélgica para tratar problemas como el dolor lumbar o el burnout desde sus primeras fases, mediante fisioterapia y apoyo psicológico intensivo, evitando así bajas prolongadas. En cuanto a las bajas de larga duración (más de 180 días), la Seguridad Social plantea aplicar un sistema de reincorporación progresiva una vez que el trabajador haya sido dado de alta médica. Este proceso tendría una duración máxima de 30 días y se aplicaría tanto a empleados a jornada completa como a aquellos a tiempo parcial con una dedicación superior al 80%. Durante este periodo, el trabajador desempeñaría la mitad de su jornada habitual, percibiendo el salario correspondiente a ese tiempo trabajado y una prestación equivalente al 50% por la parte de jornada no realizada.

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(El País, 23-04-2026) | Laboral

Bruselas renuncia a recomendar el teletrabajo obligatorio en su lista de medidas contra la crisis energética

La Comisión Europea ha decidido finalmente no incluir la recomendación de imponer un día obligatorio de teletrabajo a la semana como medida para ahorrar energía dentro de su paquete de respuesta a la crisis provocada por la guerra en Oriente Próximo. Aunque esta propuesta aparecía en los primeros borradores del documento, no figura en la versión definitiva aprobada por el colegio de comisarios. El texto, que la presidenta Ursula von der Leyen presentará este jueves ante los líderes europeos en el Consejo Europeo informal que se celebra en Chipre, sí contempla, en cambio, la flexibilización de las normas sobre ayudas de Estado y distintas iniciativas para fomentar el uso de la electricidad frente a los combustibles fósiles, entre ellas una reducción de su carga fiscal. Según cálculos del Ejecutivo comunitario, la crisis energética ha supuesto hasta ahora un sobrecoste de 24.000 millones de euros para los ciudadanos europeos. La idea de establecer un día de teletrabajo obligatorio se recogía en anexos de varios borradores previos -uno de ellos adelantado por EL PAÍS-, pero fue descartada en la fase final. Fuentes comunitarias explican que existían reticencias a imponer una medida de carácter obligatorio, además de dudas jurídicas sobre su aplicación y la dificultad de adaptarla a sectores económicos muy diversos. El paquete energético presentado tras más de un mes de trabajo se limita finalmente a una serie de recomendaciones y mecanismos de coordinación entre Estados miembros. La medida más relevante desde el punto de vista regulatorio es la flexibilización de las ayudas públicas, cuya implementación recaerá en la vicepresidenta Teresa Ribera. Esta iniciativa responde a los criterios marcados por Bruselas para afrontar la crisis: que las medidas sean oportunas, específicas y de carácter temporal. El documento también menciona los beneficios extraordinarios que están obteniendo algunas empresas energéticas debido al alza de precios. En este sentido, se señala que los Estados miembros pueden adoptar medidas sobre estos llamados "beneficios caídos del cielo" para garantizar la equidad social. Ribera ha mostrado su disposición a colaborar con los países que opten por este tipo de medidas. Sin embargo, la Comisión no ha propuesto un mecanismo común a nivel europeo, como ocurrió en 2022, pese a la petición de países como España, Alemania, Italia, Portugal y Austria. La propia vicepresidenta ha explicado que la creación de un impuesto común exigiría unanimidad, algo difícil de lograr dadas las diferentes posiciones entre los Estados. En defensa del paquete presentado, Ribera ha subrayado que su objetivo es reforzar la coordinación europea, proteger a los colectivos más vulnerables y acelerar la transición hacia energías limpias y la electrificación. Ha insistido en que no hay alternativa al Pacto Verde si se quiere garantizar la seguridad energética y la competitividad, especialmente en un contexto marcado por el encarecimiento del petróleo y otros combustibles fósiles. En la misma línea, el comisario de Energía, Dan Jorgensen, ha advertido de que Europa afronta una nueva crisis vinculada a los combustibles fósiles, que debe servir como punto de inflexión para avanzar hacia una mayor autonomía energética basada en fuentes limpias. Tanto él como Ribera defienden mantener el rumbo del Pacto Verde pese al contexto geopolítico actual. Por su parte, Ursula von der Leyen ha reiterado en varias ocasiones desde el inicio del conflicto que esta situación evidencia la necesidad de apostar por fuentes energéticas que refuercen la independencia de Europa, destacando especialmente las energías renovables y la nuclear, ambas claves también para avanzar en la descarbonización de la economía.

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(El Economista, 23-04-2026) | Laboral

La guerra de Irán y la IA provocan una oleada de ERE en las empresas en España

El empleo en las empresas establecidas en España empieza a verse afectado por la expansión de la inteligencia artificial (IA) y por la incertidumbre económica global derivada del conflicto en Irán. Esta combinación ya tiene consecuencias a nivel empresarial y, entre enero y abril de este año, más de 12.000 puestos de trabajo se han visto comprometidos en compañías del país, bien porque han anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) o porque ya lo están aplicando. Un ejemplo destacado es Telefónica. La compañía presidida por Marc Murtra comunicó a finales de 2025 un plan que podría impactar entre 4.500 y 5.500 empleos en sus principales filiales: Telefónica España, Móviles y Soluciones y Movistar+, siendo la primera la más afectada. La empresa justificó esta decisión por motivos organizativos, técnicos y productivos, en un contexto marcado por pérdidas históricas de 4.318 millones de euros, derivadas principalmente de la venta de activos en Latinoamérica. Este caso refleja cómo la creciente competencia, intensificada por la irrupción de la IA en distintos sectores, está suponiendo un desafío para el empleo. Los ajustes laborales se extienden a múltiples industrias, como demuestra también Amazon. A finales de 2025, la compañía alcanzó un acuerdo con los sindicatos para reducir 920 puestos en Madrid y Barcelona, por debajo de los 1.200 previstos inicialmente. Esta medida forma parte de una estrategia global que incluyó la eliminación de decenas de miles de empleos administrativos, aunque la última fase no afecta a España. Otra empresa que podría protagonizar un importante ajuste es Capgemini. La consultora tecnológica francesa anunció el 10 de abril su intención de llevar a cabo un ERE en España, sin precisar aún el número de trabajadores afectados. Sin embargo, este tipo de procesos suele implicar al menos al 10% de la plantilla, que en su caso asciende a 11.000 empleados. La compañía atribuye esta decisión a la innovación tecnológica y ha comunicado a los sindicatos su intención de reorganizar su estructura laboral. En el ámbito de los servicios, los centros de atención telefónica están siendo especialmente golpeados por la automatización. Majorel es un ejemplo, con 329 salidas todavía en negociación y un nuevo ERE anunciado recientemente que afectará sobre todo a Zaragoza y Barcelona. Los representantes sindicales señalan que detrás de estas decisiones podría haber procesos de deslocalización hacia países latinoamericanos con menores costes laborales. Una situación similar vive Allianz Partners, aunque su plan de recorte de 320 empleos se encuentra actualmente paralizado. A pesar de que el Gobierno ha aprobado medidas que limitan los despidos en empresas que reciben ayudas públicas vinculadas al conflicto en Irán, la realidad económica y los problemas previos de algunas compañías están llevando a que los ERE sigan siendo utilizados. Es el caso de Ficosa, proveedor del sector de automoción, que ya arrastraba dificultades desde la guerra en Ucrania y que ahora plantea un nuevo ajuste de 172 trabajadores, cerca del 20% de su plantilla, en parte por su reorientación hacia el sector de defensa. También Metal Group se ve afectada por la crisis del automóvil y la ruptura de relaciones con Volkswagen, lo que ha llevado a plantear un ERE que afectaría a 139 de sus 183 empleados. Existen también casos que responden a circunstancias propias de cada empresa. Iberia ha anunciado un plan de bajas incentivadas para 1.000 trabajadores por motivos organizativos. Por su parte, Glovo planteó en marzo un ERE de hasta 750 empleados, en gran medida debido al impacto de la Ley Rider, que ha obligado a contratar a repartidores como asalariados en lugar de autónomos, afectando a su operativa en numerosas ciudades. Más recientemente, Nestlé comunicó el inicio de un despido colectivo que afectará a 301 trabajadores. La multinacional justifica esta decisión por el aumento de costes, el crecimiento de las marcas blancas y el avance de la automatización y digitalización. Según los últimos datos provisionales del Ministerio de Trabajo, los despidos colectivos aumentaron un 6,7% en los dos primeros meses del año. En enero se registraron 1.642 afectados, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior, pero en febrero los recortes crecieron un 18,6%, alcanzando los 2.365 trabajadores. En conjunto, ambos meses superan los 4.000 despidos, por encima de los registrados en el mismo periodo de 2025. Durante todo el año pasado, 41.200 personas se vieron afectadas por este tipo de procesos, lo que supuso un incremento del 10,2% respecto a 2024. Por el contrario, otras medidas como la suspensión de contratos descendieron notablemente, en parte debido a situaciones excepcionales como la DANA que afectó a Valencia en 2024.

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(La Vanguardia, 23-04-2026) | Laboral

UGT niega la tesis de la patronal de que los complementos pactados en convenio provocan el aumento de las incapacidades temporales.

El incremento de las bajas laborales es una realidad asumida, aunque no existe consenso sobre sus causas. Tanto sindicatos como organizaciones empresariales coinciden en señalar la debilidad del sistema público de salud como uno de los factores explicativos, pero discrepan en el resto de motivos. Una de las ideas defendidas por la patronal -y rechazada por UGT- es que los convenios colectivos que garantizan el 100% del salario desde el primer día de baja fomentan este aumento. El sindicato ha presentado un informe en el que sostiene que el crecimiento de las incapacidades temporales no puede atribuirse a estas cláusulas, sino más bien a un empeoramiento de la salud de los trabajadores. Según UGT, esta situación estaría relacionada con el deterioro del sistema sanitario y con una inversión insuficiente en prevención de riesgos laborales tanto por parte de las empresas como de las administraciones públicas. En esta línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha sido contundente al afirmar que no es cierto que en los lugares donde existen mayores complementos salariales por baja haya más casos de incapacidad temporal. Para respaldar esta postura, el informe destaca que cada vez son menos los convenios que cubren el salario íntegro desde el primer día. En su lugar, predominan mejoras limitadas en el tiempo, con tramos progresivos y porcentajes parciales. Además, no se han producido cambios significativos en este tipo de cláusulas en los últimos años: en muchos casos se mantienen sin modificaciones o incluso incorporan nuevas restricciones. Cuando se introducen mejoras, estas suelen ser de alcance reducido tanto en términos económicos como de protección real. El análisis por sectores tampoco respalda la hipótesis de que estos complementos actúen como incentivo para incrementar las bajas. Comparativas en ámbitos como la radiodifusión, la banca, la hostelería o las telecomunicaciones muestran que hay empresas sin estos beneficios donde se registran más bajas que en aquellas que sí cubren el 100% del salario desde el inicio de la incapacidad. Álvarez añade otro argumento: en las empresas donde existen estos complementos suele haber una mayor presencia sindical, lo que también se traduce en mejores políticas de prevención de riesgos laborales y condiciones de trabajo más favorables. Esto, lejos de aumentar las bajas, contribuiría a reducirlas.

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(La Razón, 23-04-2026) | Laboral

El SEPE tendrá en cuenta tus ahorros para conceder o suspender el subsidio de mayores de 52 años

La discriminación por edad en el ámbito laboral es una realidad en España. A medida que las personas envejecen, aumentan las dificultades tanto para acceder a un empleo como para conservarlo, lo que en muchos casos las empuja a salir antes de tiempo del mercado laboral y a afrontar periodos de paro más prolongados. De hecho, una parte importante de la población admite haber sufrido este tipo de discriminación, especialmente durante los procesos de selección, donde estas barreras dificultan incluso demostrar la experiencia y capacidad profesional. Ante esta situación, el Gobierno puso en marcha en 2019 el subsidio para mayores de 52 años, con el objetivo de ofrecer una mayor protección a quienes quedan fuera del sistema laboral en esa etapa de la vida. Esta ayuda está dirigida a personas que han agotado la prestación por desempleo, no cumplen los requisitos para jubilarse de forma anticipada y carecen de ingresos suficientes. Su cuantía equivale al 80% del IPREM, lo que supone unos 480 euros mensuales en 2026. Sin embargo, el acceso a este subsidio está condicionado al cumplimiento de varios requisitos. Uno de los aspectos que más dudas genera es cómo se calculan las rentas, especialmente cuando existen ingresos puntuales como donaciones o cuando entra en juego el llamado rendimiento presunto del patrimonio. Este último elemento es especialmente relevante, ya que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no solo valora los ingresos reales, sino también una rentabilidad estimada de determinados bienes, como ahorros o segundas viviendas. Este cálculo puede afectar directamente al cumplimiento del requisito de carencia de rentas, cuyo límite se sitúa en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, es decir, 915,75 euros mensuales en 2026. La situación se complica cuando el beneficiario recibe ingresos extraordinarios, como herencias, donaciones o premios. En estos casos, es obligatorio comunicarlo de inmediato al SEPE, sin esperar a la revisión anual. Además, estos ingresos deben incluirse posteriormente en la Declaración Anual de Rentas (DAR), un trámite necesario para acreditar que se siguen cumpliendo las condiciones del subsidio. Si tras declarar estos ingresos se supera el límite establecido, la ayuda se suspende temporalmente. Su recuperación no es automática, ya que el SEPE toma como referencia el mes anterior a la nueva solicitud, lo que puede retrasar su reactivación. A esto se suma el efecto del rendimiento presunto. Por ejemplo, el dinero depositado en cuentas bancarias genera una rentabilidad teórica calculada según el interés legal del dinero, que se distribuye a lo largo de 12 meses. Este ingreso estimado puede hacer que el beneficiario supere el umbral permitido, incluso sin haber percibido ingresos reales adicionales. No obstante, quedan fuera de este cálculo la vivienda habitual y ciertos productos, como los planes de pensiones que no se hayan rescatado. Por último, esta ayuda presenta algunas particularidades frente a otras prestaciones: solo se tienen en cuenta los ingresos individuales, no los de la unidad familiar, y se mantiene hasta la edad ordinaria de jubilación. Además, incluye cotizaciones a la Seguridad Social equivalentes al 125% de la base mínima, lo que contribuye a mejorar la futura pensión del beneficiario.

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(Expansión, 23-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La deuda pública se modera al 101,2% del PIB en febrero, aunque su importe alcanza máximos de 1,723 billones

La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó en febrero un nuevo máximo de 1,723 billones de euros. Esta cifra supone un aumento del 4,7% respecto al mismo mes del año anterior. No obstante, su peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se redujo hasta el 101,2%, lo que representa 1,3 puntos porcentuales menos en comparación interanual, según los datos difundidos por el Banco de España. En términos absolutos, el volumen de deuda creció tanto en comparación con febrero del año pasado como frente a enero, con un incremento mensual del 1%. De este modo, se supera el anterior récord registrado en septiembre, cuando la deuda se situó en 1,709 billones de euros. El Gobierno prevé que la ratio de deuda sobre el PIB continúe descendiendo en los próximos años, situándose en el 100,9% en 2026, en el 100% en 2027 y en el 99,1% en 2028. A más largo plazo, estima que bajará hasta el 90,6% en 2031 y el 76,8% en 2041. Sin embargo, estas previsiones no concretan cuándo se alcanzará el objetivo del 60% del PIB considerado como nivel de referencia por la Unión Europea. Por niveles administrativos, la deuda del Estado ascendió a 1,573 billones de euros, tras aumentar un 5,1% interanual, lo que equivale al 92,4% del PIB. En cambio, las Otras Unidades de la Administración Central registraron un saldo de 33.620 millones de euros (2% del PIB), lo que supone una reducción del 6,1% respecto al año anterior. En el caso de la Seguridad Social, la deuda alcanzó los 136.181 millones de euros, un 7,9% más que hace un año, representando el 8% del PIB. Este incremento se explica por los préstamos otorgados por el Estado a la Tesorería General para cubrir su déficit presupuestario. En cuanto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas se situó en 345.706 millones de euros en febrero de 2026, lo que equivale al 20,3% del PIB, con un aumento interanual del 2,9%. Por su parte, las corporaciones locales registraron una deuda de 20.829 millones de euros (1,2% del PIB), un 9,3% inferior a la del mismo periodo del año anterior. Si se analiza la deuda por tipos de instrumentos y plazos, todos muestran incrementos interanuales. Los valores a largo plazo crecieron un 4,6% y los préstamos con vencimiento superior a un año aumentaron un 7,1%, mientras que los instrumentos a corto plazo registraron un alza del 1,5%.

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