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(Cinco Días, 24-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo se hunde un 10% y la Bolsa rebota el 4% en pocos minutos tras el anuncio de Trump de conversaciones con Teherán

Donald Trump parece reaccionar más a la evolución de los mercados financieros que a la opinión pública. En una jornada especialmente negativa en las bolsas internacionales, el presidente estadounidense decidió rectificar su propio ultimátum -que expiraba esa misma madrugada- y anunció una pausa de cinco días en los ataques contra infraestructuras energéticas de Irán. Este giro fue tan brusco como el de los mercados: el precio del petróleo cayó por debajo de los 100 dólares por barril y el Ibex 35 pasó de perder un 2,5% a registrar subidas del 1%. No obstante, la reacción positiva se moderó tras las primeras respuestas procedentes de Teherán, donde algunas agencias restaron credibilidad al anuncio de la Casa Blanca. El temor a una escalada militar había generado nerviosismo entre los inversores al inicio de la semana, la cuarta desde el comienzo del conflicto. Durante el fin de semana, Trump había dado un plazo de 48 horas a Irán para garantizar el tránsito por el estrecho de Ormuz, advirtiendo de posibles ataques contra su infraestructura eléctrica. En respuesta, Irán amenazó con actuar contra instalaciones energéticas en la región del Golfo. Según analistas, un escenario de represalias cruzadas habría agravado notablemente la situación económica global, con nuevas caídas en los mercados de deuda y renta variable. Antes del cambio de postura, los mercados registraban fuertes pérdidas: el Ibex acumulaba un descenso del 11% desde el inicio de los ataques, el petróleo para entrega en mayo alcanzaba los 114 dólares y activos como los bonos, el oro y la plata caían con fuerza, en una jornada marcada por ventas generalizadas que favorecieron al dólar. Posteriormente, Trump comunicó en su red social que Estados Unidos e Irán habían mantenido conversaciones "positivas y productivas" en los últimos días, orientadas a una posible resolución del conflicto. Como resultado, ordenó suspender temporalmente cualquier acción militar contra instalaciones energéticas iraníes durante cinco días. Por el momento, no ha habido confirmación oficial por parte de Irán. No es la primera vez que los mercados reaccionan a cambios de postura del presidente estadounidense anunciados a través de su plataforma. De hecho, se ha popularizado el término "TACO" (Trump always chickens out) para describir estos episodios en los que el mandatario da marcha atrás tras adoptar posiciones contundentes. Situaciones similares se han producido en el pasado con los aranceles, la Reserva Federal o incluso propuestas geopolíticas. La reacción de los mercados fue inmediata y muy intensa. El petróleo Brent, por ejemplo, pasó de cotizar en torno a 113 dólares a caer hasta los 96 en apenas unos minutos, lo que supone un desplome cercano al 15% en muy poco tiempo. El Ibex 35 también experimentó una fuerte recuperación en cuestión de minutos, con un avance superior al 4%. Sin embargo, no todos los valores se comportaron igual: compañías como Repsol sufrieron caídas destacadas, mientras que otras como IAG registraron importantes subidas. A la espera de una confirmación oficial por parte de Irán, los inversores interpretan este movimiento como un posible punto de inflexión en un conflicto que ya entra en su cuarta semana. De hecho, muchos analistas estimaban desde el inicio que las tensiones podrían resolverse en un plazo de tres o cuatro semanas. El riesgo de un cierre prolongado del estrecho de Ormuz y los daños a la industria petrolera han provocado episodios de gran volatilidad, con subidas acumuladas del petróleo que llegaron a superar el 60% en los momentos más tensos, aunque actualmente ese incremento se sitúa en torno al 42%.

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(Expansión, 24-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor continúa imparable y supera el nivel del 2,7%

La subida del euríbor a 12 meses continúa sin freno. Después del fuerte avance del viernes, cuando el índice diario reaccionó a la reunión previa del Banco Central Europeo (BCE) con un repunte hasta el 2,65%, su nivel más alto del año, ayer volvió a registrar un incremento notable hasta el 2,74%. Para encontrar cifras superiores hay que retroceder hasta octubre de 2024. El ascenso del euríbor se está acelerando. Tras un inicio de año marcado por ligeras bajadas, el indicador ha cambiado bruscamente de rumbo y la media provisional de marzo se ha elevado hasta el 2,45%, su nivel más alto desde noviembre de 2024. Sin embargo, la referencia clave es la comparación con marzo del año pasado, cuando cerró en el 2,39%. Esto implica que, a falta de pocas jornadas para terminar el mes, todo apunta a que las hipotecas variables volverán a encarecerse por primera vez desde marzo de 2024. Desde la semana pasada, todas las hipotecas vinculadas al euríbor están aumentando su coste. Con la media actual, un préstamo de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1% y revisión anual, pasaría a pagar unos 872 euros mensuales, aproximadamente 5 euros más. En el caso de revisiones semestrales, que ya venían subiendo desde el año pasado, el incremento supera los 20 euros. Si la tendencia no cambia en el corto plazo, estas subidas podrían intensificarse a partir de abril. Conviene recordar que en ese mismo mes de 2024 el euríbor cayó hasta el 2,14%, tras uno de los mayores descensos del año, y que en julio alcanzó mínimos de 2025 en torno al 2,07%. El repunte registrado ayer sugiere que el euríbor está anticipando una posible subida de medio punto en los tipos de interés de la eurozona. Este aumento podría producirse en dos fases, con una primera subida ya en abril, algo que dejó entrever recientemente la presidenta del BCE, Christine Lagarde, al afirmar que la institución está preparada para actuar con flexibilidad y garantizar que la inflación se sitúe en el 2% a medio plazo. La evolución futura del euríbor, que ha subido en la mayoría de las sesiones de marzo, dependerá en gran medida del desarrollo del conflicto en Oriente Próximo y de su impacto en la inflación. En este sentido, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha señalado que, aunque la política monetaria no puede evitar los efectos iniciales de la guerra sobre los precios y el crecimiento, el organismo permanecerá vigilante para actuar si se producen efectos adicionales, sin tener una decisión previa fijada sobre los tipos de interés.

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(El País, 24-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Díaz anima a los inquilinos a que prorroguen sus alquileres antes de que la congelación se vote en el Congreso

El Gobierno dio luz verde el pasado viernes a dos decretos diferentes. El primero incluye rebajas fiscales sobre la energía para frenar la subida de precios provocada por el conflicto con Irán y cuenta con posibilidades de ser aprobado en el Congreso gracias al apoyo de partidos de la derecha. El segundo, centrado en la vivienda, plantea extender hasta dos años los contratos de alquiler y limitar las subidas al 2%, aunque tiene pocas opciones de salir adelante tras el rechazo anunciado por PP, Vox y Junts. En este contexto, Yolanda Díaz ha animado a los inquilinos a aprovechar el tiempo en el que la norma esté en vigor -desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado hasta su posible rechazo parlamentario- para renovar sus contratos. En una entrevista en Radio Nacional, explicó que el Gobierno retrasará la votación en el Congreso hasta el último momento permitido, es decir, dentro del plazo máximo de 30 días, con el objetivo de que más personas puedan beneficiarse de la medida antes de que previsiblemente sea anulada. La vicepresidenta segunda pidió a los arrendatarios que soliciten la prórroga de sus contratos para mantener las condiciones actuales. Advirtió de que, en caso contrario, los propietarios podrían aplicar subidas muy superiores al 2%, llegando incluso a incrementos del 20%, 30% o más, como -según señaló- ya ocurre en muchas ciudades. No obstante, la renovación de los contratos no depende únicamente de los inquilinos, sino también de la voluntad de los propietarios. Por ello, aunque algunos arrendatarios cuyos contratos vencen en estos días podrían acogerse a la medida, resulta más complicado que lo hagan aquellos cuyos alquileres finalicen más adelante. Díaz hizo estas declaraciones al ser preguntada por la fecha en la que el decreto de vivienda se llevará al Congreso, donde este jueves sí se votará el paquete de medidas fiscales. Insistió en que se agotará el plazo legal antes de someterlo a votación, lo que situaría el debate hacia finales de abril. Además, criticó duramente a los partidos que ya han anunciado su oposición, asegurando que tumbar la medida tendrá un coste político. También instó a organizaciones sociales, como los sindicatos de inquilinos, a movilizarse en su defensa, especialmente en un contexto que calificó de excepcional. Por otro lado, minimizó las tensiones internas dentro del Gobierno durante la reunión del viernes, que se retrasó por las diferencias entre PSOE y Sumar sobre la inclusión de medidas de vivienda. Finalmente, estas iniciativas se aprobaron en un decreto separado de las medidas económicas, que sí cuentan con mayor respaldo parlamentario. Díaz también reflexionó sobre la situación internacional, subrayando la gravedad del contexto actual, y se refirió al futuro del espacio político a la izquierda del PSOE. Aunque ha descartado volver a liderarlo, defendió la necesidad de repetir una fórmula similar a la que permitió la victoria electoral del 23 de julio, advirtiendo de que quienes no se sumen deberán dar explicaciones.

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(El País, 24-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Australia y la UE sellan un acuerdo de libre comercio que eliminará aranceles

Australia y la Unión Europea alcanzaron este martes un acuerdo de libre comercio tras cerca de diez años de negociaciones, con el objetivo de suprimir aranceles y facilitar los intercambios comerciales entre ambas partes. Este pacto permitirá mejorar el acceso de los productos australianos al mercado europeo. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció el acuerdo en una comparecencia en Camberra, donde lo calificó como un hito relevante para el país. Destacó que se trata de un entendimiento con la segunda mayor economía mundial y que contribuirá a eliminar obstáculos tanto al comercio como a la inversión. Según Albanese, el acuerdo tendrá un impacto económico estimado de unos 10.000 millones de dólares australianos al año (alrededor de 6.000 millones de euros), gracias a la reducción de barreras comerciales. El tratado contempla la eliminación de aranceles para productos clave de exportación australiana, como el vino, el marisco o los productos hortícolas. Además, ampliará las cuotas de entrada en Europa para otros bienes como la carne de vacuno y ovino, los lácteos, el arroz y el azúcar, y permitirá que los productos industriales australianos accedan sin tarifas. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que el acuerdo será beneficioso para ambas economías y fortalecerá la cooperación en un contexto internacional incierto. Indicó que el pacto podría aportar cerca de 8.000 millones de dólares al PIB y remarcó que todos los bienes industriales australianos exportados al mercado europeo quedarán libres de aranceles. Von der Leyen también defendió la relevancia de este tipo de acuerdos en un entorno global cambiante, destacando que el comercio abierto basado en normas claras genera resultados positivos. El acuerdo no solo facilitará el comercio de bienes, sino que también permitirá a empresas y profesionales australianos ofrecer servicios en la Unión Europea con mayor facilidad. Asimismo, abrirá nuevas oportunidades para los exportadores europeos, cuyas ventas a Australia podrían aumentar en los próximos años. En paralelo, ambas partes anunciaron una nueva alianza en materia de seguridad y defensa, con el fin de reforzar la cooperación en ámbitos como la industria militar, la seguridad marítima, el ciberespacio o la lucha contra el terrorismo y la desinformación. Además, Australia y la Unión Europea acordaron iniciar conversaciones para que el país oceánico participe en el programa de investigación Horizon Europe a partir de 2027, lo que facilitará el acceso a financiación y la colaboración en proyectos científicos internacionales. Las negociaciones, que comenzaron hace casi una década, se vieron retrasadas por desacuerdos en cuestiones como las cuotas agrícolas o el uso de denominaciones de origen europeas -como "feta" o "prosecco"-, lo que ha demorado la firma definitiva del acuerdo hasta ahora.

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(La Vanguardia, 24-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las reservas en Semana Santa crecen un 50% al ser España un país refugio

El turismo en España se encamina nuevamente hacia cifras récord este año. Aunque siempre es complicado hacer previsiones exactas, los datos disponibles indican que la Semana Santa, uno de los momentos clave del calendario vacacional, podría alcanzar niveles de ocupación muy elevados. Según la plataforma de viajes Destinia, las reservas han aumentado un 50% respecto al mismo periodo del año pasado. En el caso de los visitantes internacionales, el crecimiento ha sido del 29%, impulsado en gran parte por las reservas de última hora. Desde la compañía destacan que España sigue siendo percibida como un destino seguro, lo que favorece la llegada de turistas extranjeros. En la misma línea, desde la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) señalan que este fenómeno ya se ha producido en otras ocasiones, ya que el país actúa como un destino refugio en contextos de incertidumbre internacional. Además, apuntan que las reservas anticipadas han crecido entre un 5% y un 10%, y confían en que unas buenas condiciones meteorológicas impulsen aún más las contrataciones de última hora, tanto nacionales como internacionales. La imagen de España como lugar seguro también está atrayendo a mercados emisores importantes, especialmente europeos. De hecho, estimaciones de BBVA Research indican que entre el 30% y el 36% del aumento de las pernoctaciones de turistas extranjeros se debe a tensiones geopolíticas en países competidores, especialmente en zonas del Mediterráneo como Egipto o Turquía. En ciudades como Barcelona, los datos también reflejan una evolución positiva. Las reservas han crecido cerca de un 20% y, aunque el precio medio ha descendido ligeramente, la duración de las estancias está aumentando. Desde la plataforma SiteMinder señalan que, pese a la incertidumbre en el sector, los hoteles afrontan una Semana Santa con buenas perspectivas. También destacan que los viajeros están reservando con menos antelación, adaptando sus planes de forma más flexible. Sin embargo, no todo son buenas noticias. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha expresado su preocupación por el encarecimiento de los combustibles y por los problemas en infraestructuras clave, como el transporte ferroviario de alta velocidad, que están generando dudas a la hora de organizar viajes, sobre todo en el mercado interno. Desde el sector hotelero advierten de que, si estas incidencias se prolongan, podrían tener un impacto relevante en un momento crucial para la actividad turística. En algunas zonas, especialmente en Andalucía, donde los problemas ferroviarios están siendo más acusados, ya se observan descensos de la demanda de entre el 15% y el 30%, con pérdidas económicas que podrían superar los 300 millones de euros. A pesar de ello, el interés por destinos como Sevilla o Málaga sigue siendo elevado, con importantes incrementos en las búsquedas de viajes, lo que sugiere que la demanda potencial continúa siendo fuerte.

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(La Razón, 24-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Más de 4.700 "golden visa" a extranjeros por la compra de vivienda

La vivienda lleva tiempo situándose entre las mayores inquietudes de la ciudadanía en España. En diciembre de 2024 alcanzó el primer puesto en el barómetro del CIS, cuando un 22,3% la señalaba como su principal problema, y desde entonces no ha dejado de crecer su importancia. En marzo de este año, esa cifra ya se elevaba al 43,5%, consolidándose claramente como la preocupación dominante. Durante años, además, el mercado inmobiliario español ha servido como vía de entrada para inversores extranjeros con alto poder adquisitivo, que encontraban en la compra de vivienda una forma sencilla de obtener permiso de residencia. Se trata de los conocidos como visados de oro o "golden visa". Según datos obtenidos a través del Portal de Transparencia, desde la puesta en marcha de este programa en 2013, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, hasta su eliminación en abril de 2025 por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se concedieron un total de 7.995 visados de este tipo. Es la primera vez que se hacen públicas estas cifras. De ese total, la gran mayoría -7.686 permisos, es decir, más del 96%- se otorgaron a personas que realizaron inversiones inmobiliarias superiores a 500.000 euros. Solo 309 correspondieron a otras modalidades de inversión, como aportaciones de capital. Este sistema se creó tras la crisis financiera de 2008 con el objetivo de atraer inversión extranjera procedente de fuera de la Unión Europea. Para acceder al permiso de residencia, se ofrecían distintas opciones: invertir más de un millón de euros en empresas o depósitos bancarios, adquirir deuda pública por al menos dos millones o comprar inmuebles por un valor mínimo de 500.000 euros. Sin embargo, esta última fórmula fue con diferencia la más utilizada. La supresión de este mecanismo fue impulsada por el Gobierno de Sánchez tras la presión de sus socios de izquierda, especialmente Sumar y Podemos. Aunque el anuncio se realizó en abril de 2024, la eliminación no se hizo efectiva hasta un año después, en abril de 2025. Pese a su desaparición, el debate sobre las golden visa ha vuelto a cobrar protagonismo recientemente, tanto por la crisis de vivienda como por la polémica en torno a la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno. El Partido Popular ha criticado esta regularización, mientras que desde el Ejecutivo se ha recordado que fue el Gobierno de Rajoy quien creó estos visados. No obstante, los datos muestran que ha sido durante el mandato de Sánchez cuando más permisos de este tipo se han concedido, tanto en cifras absolutas como en promedio anual.

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(Cinco Días, 23-03-2026) | Fiscal

El Gobierno bajará al 10% el IVA de gasolina, gasóleo, luz y gas

El Gobierno ha dado luz verde este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario convocado para abordar las primeras consecuencias de la guerra en Oriente Próximo, a un conjunto de medidas fiscales que afectan a los carburantes, la electricidad y el gas. Entre las principales decisiones destaca la bajada del IVA de los combustibles del 21% al 10%, junto con la reducción del impuesto especial sobre hidrocarburos, la rebaja del IVA de la luz y el gas y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, según fuentes cercanas al plan que deberá ser aprobado en el Congreso. Más allá de la fiscalidad, el paquete incluye la prohibición de despedir por motivos económicos a los trabajadores en aquellas empresas que reciban ayudas públicas durante esta crisis. También contempla el control de los márgenes empresariales y una congelación de los alquileres, aunque esta última medida se aprobará mediante un decreto independiente ante la previsión de dificultades para sacarla adelante en el Parlamento. Con estas iniciativas, el Ejecutivo pretende reducir el coste de la gasolina, el diésel y el consumo energético en los hogares, además de proteger el empleo en un contexto de fuerte tensión en los mercados. La reducción del IVA de los carburantes busca trasladarse directamente al precio final que pagan los consumidores al repostar, ya que este impuesto se aplica sobre el importe total, que incluye tanto la base imponible como el impuesto especial. A falta de concretar los detalles, la medida debería abaratar el precio de la gasolina y el gasóleo. Esta decisión se complementa con un recorte en el impuesto de hidrocarburos, que afecta a una amplia gama de productos utilizados como combustible o para calefacción, como gasolinas, gasóleos, querosenos, fuelóleos, gas natural, gases licuados del petróleo y biocarburantes, entre otros. En el ámbito energético, el plan también prevé reducir el IVA de la electricidad y el gas del 21% al 10%, además de rebajar el impuesto especial sobre la electricidad. A ello se suma la suspensión del impuesto sobre la producción eléctrica, con el objetivo de disminuir los costes del sistema y evitar que se trasladen a la factura de los consumidores. El impuesto eléctrico grava el consumo con un tipo del 5% y lo abonan los usuarios a través de la factura, aunque son las compañías las encargadas de ingresarlo en Hacienda. Por su parte, el impuesto sobre la producción eléctrica, del 7%, recae sobre las empresas generadoras y se calcula en función de sus ingresos por la energía producida. En el plano laboral, se incorpora una medida impulsada por Sumar que impide a las empresas beneficiarias de ayudas públicas despedir trabajadores en este contexto. Además, se adelantará la aplicación de los planes de movilidad sostenible, que fomentan el transporte colectivo de empleados para reducir el gasto en combustible. El paquete también incluye la prórroga de incentivos fiscales para la rehabilitación de viviendas y la compra de vehículos eléctricos. En total, se articula en dos decretos: uno principal, que reúne las medidas fiscales, laborales y de control de márgenes, junto con cambios estructurales en el sector energético; y otro centrado en vivienda, que contempla, entre otras cuestiones, la extensión de contratos de alquiler próximos a vencer. Con este conjunto de medidas, el Ejecutivo busca mitigar el impacto de la crisis energética derivada del conflicto internacional, contener la inflación y proteger tanto a familias como a empresas en un entorno de incertidumbre creciente. En las últimas semanas, el encarecimiento del petróleo ha elevado el precio medio de la gasolina hasta 1,709 euros por litro y el del diésel hasta 1,837 euros en España. El presidente, Pedro Sánchez, ha presentado un paquete menos amplio que el aprobado al inicio de la guerra en Ucrania. Esto responde, por un lado, a que el impacto económico actual se considera menor y se opta por medidas más ajustadas al margen fiscal disponible. Por otro, la fragilidad parlamentaria del Gobierno y las dificultades recientes en el Congreso han llevado a diseñar una propuesta más moderada para facilitar su aprobación.

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(El País, 23-03-2026) | Fiscal

El Ejecutivo ha concentrado en dos reales decretos 80 medidas para contener los efectos económicos de la guerra en Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes, tras un Consejo de Ministros extraordinario, un conjunto de medidas destinadas a mitigar el impacto económico derivado de la ofensiva militar que desde hace un mes llevan a cabo Estados Unidos e Israel contra Irán. Con el objetivo de asegurar la aprobación de iniciativas orientadas a frenar el aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto en Oriente Medio, el Ejecutivo ha optado por agruparlas en un único real decreto que incluye diversas actuaciones fiscales. Las medidas relacionadas con la vivienda se tramitarán por separado en otro decreto, después de que Sumar presionara para incorporar una prórroga de los alquileres. En total, ambos textos reúnen 80 iniciativas y movilizarán 5.000 millones de euros. La mayoría estarán vigentes hasta el 30 de junio, aunque su duración podría ampliarse en función de la evolución del conflicto. Entre las decisiones adoptadas figura la reducción de impuestos sobre la electricidad para abaratar la factura energética de hogares y empresas. El IVA pasa del 21% al 10%, y el impuesto especial sobre la electricidad se rebaja hasta el 0,5%. También se suspende de forma temporal el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, que grava con un 7% a las compañías generadoras. Aunque no lo abonan directamente los consumidores, suele repercutir en el precio final, por lo que se busca reducir el coste de generación. En cuanto a los combustibles, el IVA del diésel y la gasolina se reduce igualmente al 10%, con la intención de compensar el encarecimiento registrado desde el inicio de la guerra. Esta rebaja se aplica también al gas natural, los pellets y la leña, combustibles habituales en numerosos hogares, especialmente en entornos rurales. Se establece además una ayuda directa de 20 céntimos por litro de carburante destinada a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, sectores especialmente afectados por el aumento del gasóleo. A estas medidas se suma una rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea, con el fin de contener aún más los precios. El Gobierno también fija un límite al precio de la bombona de butano, que no podrá superar los 16,35 euros, y establece un tope aproximado para el propano cercano a los 12 euros. En el ámbito social, se refuerza el bono eléctrico hasta diciembre de 2026, manteniendo descuentos del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para los más afectados. Además, se prohíbe cortar suministros básicos en estos hogares. Las industrias con un alto consumo eléctrico recibirán una bonificación del 80% en determinados costes, lo que permitirá reducir significativamente sus gastos y mejorar su competitividad internacional. También se introducen medidas para flexibilizar los contratos energéticos de empresas y autónomos, facilitando su modificación según las necesidades. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contará con mayores competencias para supervisar el cumplimiento de estas medidas y sancionar posibles abusos. El plan incluye además incentivos fiscales en el IRPF para fomentar la instalación de energías renovables, como placas solares o sistemas de climatización eficientes. En el ámbito laboral, no se activan por ahora mecanismos amplios como los ERTE, aunque sí se incorporan dos medidas específicas. Por un lado, se prohíbe el despido por causas relacionadas con la crisis energética en empresas que reciban ayudas públicas. Por otro, se adelanta la obligación de implantar planes de movilidad sostenible en empresas de cierto tamaño, fijando como fecha límite el 5 de diciembre de 2026. Asimismo, se plantea limitar los márgenes empresariales para evitar subidas injustificadas de precios en el contexto de la crisis. Por último, en un decreto independiente centrado en la vivienda, se aprueba la congelación durante dos años de los alquileres que finalicen en 2026. En estos casos, al renovar el contrato, el precio deberá mantenerse sin incrementos más allá de la actualización anual vinculada al IPC.

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(El Economista, 23-03-2026) | Fiscal

El Supremo rechaza que las nuevas empresas tributen solo al 15% si pertenecen a un grupo

El Tribunal Supremo ha establecido que las empresas de reciente creación no pueden beneficiarse del tipo reducido del 15% en el Impuesto sobre Sociedades si forman parte de un grupo empresarial, aunque desarrollen una actividad diferente. En una sentencia fechada el 9 de marzo, con ponencia de la magistrada María Dolores Rivera Frade, el alto tribunal explica que este incentivo fiscal se diseñó para fomentar la creación de compañías verdaderamente independientes. Por ello, busca evitar que los grupos empresariales dividan sus actividades -sean iguales o distintas- mediante la constitución de nuevas sociedades con el objetivo de tributar a un tipo más bajo. La normativa permite que las nuevas empresas que desarrollen una actividad económica apliquen un gravamen del 15% durante sus dos primeros años con beneficios. No obstante, establece varias exclusiones: cuando una persona o entidad vinculada ya realizaba esa actividad con anterioridad, cuando un particular la ejercía previamente y después pasa a controlar más del 50% de la nueva sociedad, o cuando la empresa está integrada en un grupo. En el caso analizado, la Agencia Tributaria negó este beneficio a una compañía que alegaba que la restricción solo debía aplicarse si la empresa matriz desarrollaba la misma actividad. En concreto, la sociedad afectada se dedicaba a la gestión de espacios comerciales y de ocio, mientras que la empresa que poseía el 70% de su capital operaba en el sector inmobiliario. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había dado la razón a la empresa, al considerar que ambas actividades eran distintas. Sin embargo, el Tribunal Supremo corrige este criterio y señala que la ley es clara al excluir a todas las sociedades integradas en un grupo, sin tener en cuenta si su actividad coincide o no con la de la empresa dominante. Según el fallo, el legislador quiso dejar expresamente fuera de este incentivo a las entidades que formen parte de un grupo, independientemente del tipo de actividad que desarrollen. Además, el tribunal subraya que el objetivo de la norma es evitar que la creación de nuevas sociedades se utilice como una vía para aprovechar un beneficio fiscal pensado para empresas que realmente inician una actividad sin continuidad con otras ya existentes vinculadas. Por último, recuerda que, a diferencia de la Ley de apoyo a los emprendedores de 2013 -que sí contempla incentivos fiscales específicos para fomentar la creación de empresas y reducir el desempleo juvenil-, la Ley del Impuesto sobre Sociedades no detalla en su exposición de motivos este tipo de ventajas, aunque fue en este marco donde se introdujo el tipo reducido del 15%.

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(El Economista, 23-03-2026) | Laboral

Los sindicatos exigen pactar las alzas salariales como seguro ante la crisis

La situación en Oriente Medio ha reintroducido la incertidumbre económica y, como consecuencia, también afecta al mercado laboral, que este año afronta la negociación de salarios sin una referencia clara. Ante este escenario, los sindicatos reclaman a la patronal CEOE que retome el diálogo para renovar el acuerdo marco que serviría de base a un posible pacto de rentas si el conflicto deriva en una crisis de precios a medio plazo. Desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, defendió recientemente que el contexto actual refuerza la necesidad de impulsar subidas salariales en los convenios, en línea con lo que plantean para el nuevo acuerdo. En una posición similar se expresó el líder de UGT, Pepe Álvarez, quien recordó que ya han solicitado formalmente a la CEOE iniciar estas negociaciones, sin haber obtenido respuesta por ahora. El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) es un marco en el que sindicatos y empresarios fijan orientaciones básicas para los convenios durante un periodo de tres años. El último expiró en 2025, por lo que aún está pendiente definir las pautas que guiarán las negociaciones del próximo ciclo. Aunque este acuerdo aborda distintos aspectos, la cuestión salarial suele ser la más relevante, ya que permite acercar posiciones entre trabajadores y empresas y reducir conflictos laborales. Un eventual pacto de rentas iría más allá, al implicar también al Gobierno y buscar un reparto equilibrado del impacto económico mediante límites tanto a los salarios como a los márgenes empresariales. La experiencia reciente tras la invasión rusa de Ucrania sugiere que alcanzar este tipo de acuerdos en un entorno inflacionario elevado resulta complicado. El último AENC se cerró en 2023 tras un año de negociaciones, y no incluyó subidas retroactivas para 2022, pese a que fue una de las principales demandas sindicales en un momento de fuerte encarecimiento de los precios. Tampoco prosperó entonces un pacto de rentas, pese a los intentos del Ejecutivo. Los sindicatos defendían introducir cláusulas de revisión salarial ligadas al IPC, mientras que los empresarios planteaban incluir también ajustes en sueldos públicos y pensiones, que ya habían sido actualizados sin mecanismos de corrección. Por ahora, la inflación no ha alcanzado niveles como los de 2022, algo que el Gobierno ha subrayado en varias ocasiones. Sin embargo, las tensiones internacionales ya están influyendo en el coste de los combustibles, especialmente el diésel, lo que previsiblemente se reflejará en los datos de precios de marzo y abril. Aun así, el Ejecutivo destaca que la afiliación a la Seguridad Social mantiene un comportamiento estable, lo que indica que, por el momento, la contratación no se ha visto afectada. El empleo ha mostrado una evolución positiva en los últimos años, incluso en 2025, cuando se anticipaba cierta desaceleración. La llegada de trabajadores extranjeros ha sido clave para cubrir vacantes en distintos sectores y sostener la actividad. No obstante, en los primeros meses del año, las organizaciones empresariales han empezado a detectar señales de menor dinamismo en la contratación, que podrían intensificarse si el conflicto se prolonga. En enero y febrero apenas se han registrado 28 convenios colectivos, algunos de ellos firmados antes de finalizar 2025, con una subida salarial media del 3,22%. Este incremento es superior al de acuerdos anteriores aún vigentes, que se sitúan en torno al 2,91%. Sin embargo, estas negociaciones se están llevando a cabo con gran incertidumbre, basándose en previsiones de inflación que podrían verse alteradas por la evolución del conflicto. En cualquier caso, estas subidas quedan lejos de las demandas sindicales para el nuevo AENC. CCOO y UGT proponen incrementos del 4% anual, lo que supondría un 12% en tres años, además de aumentos adicionales para los salarios más bajos, que podrían elevar el total hasta un 21%. Por su parte, las organizaciones empresariales consideran excesivas estas propuestas y, por el momento, rechazan iniciar las conversaciones.

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