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(Cinco Días, 09-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo roza los 100 dólares ante la escalada bélica en Oriente Próximo

La escalada militar en Oriente Próximo vuelve a trasladarse al mercado energético y empuja al alza el precio del petróleo. A los ataques estadounidenses contra petroleros iraníes del pasado fin de semana se suma ahora la ofensiva de los hutíes de Yemen, aliados de Teherán, contra instalaciones energéticas de Arabia Saudí, que ha dejado más de 70 heridos. En este contexto, el barril de Brent ha vuelto a acercarse a los 100 dólares y las perspectivas apuntan a que la presión sobre el crudo continuará mientras persista la violencia y se mantengan las dificultades para el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y el mar Rojo. El Brent sube más de un 2% durante la mañana y supera los 99 dólares por barril, acercándose de nuevo a la barrera de los 100 dólares. El crudo había conseguido alejarse de ese nivel en mayo, después de haber alcanzado casi los 120 dólares en marzo, cuando el estallido de la guerra en Irán provocó el mayor repunte registrado durante el conflicto. La situación en Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación para el mercado. Por este estrecho circulaba antes de la guerra alrededor del 20% del petróleo y el gas consumidos a escala mundial, y su bloqueo ha obligado a buscar rutas alternativas. La inestabilidad también se ha extendido al mar Rojo, donde los hutíes yemeníes amenazan el tráfico marítimo a través de Bab el-Mandeb, el paso que separa África de la península Arábiga y conecta el mar Rojo con el canal de Suez. El ataque contra instalaciones saudíes supone una nueva escalada y complica todavía más la capacidad exportadora del principal productor de la región. Arabia Saudí había recurrido al mar Rojo como una vía alternativa para dar salida a parte de su producción ante las dificultades provocadas por el cierre de Ormuz. La prolongación del conflicto y las alteraciones en el transporte marítimo están obligando también a revisar al alza las previsiones sobre el precio del petróleo para los próximos meses. El escenario que hace unos meses contemplaba una posible solución diplomática y cierta recuperación de la normalidad antes de terminar el año pierde fuerza, mientras aumenta el riesgo de que el crudo vuelva a superar los 100 dólares. Goldman Sachs ha elevado en cinco dólares su previsión para el Brent y sitúa ahora su estimación en 85 dólares por barril a finales de año y en 80 dólares para 2027. Sin embargo, la entidad advierte de que el precio podría superar los 120 dólares si la producción media del Golfo durante 2027 se mantiene cuatro millones de barriles diarios por debajo de los niveles anteriores a la guerra, frente a los 500.000 barriles diarios de déficit contemplados en su escenario central. El banco considera, además, que una intensificación de los ataques contra los buques que navegan por Ormuz y el mar Rojo sería el principal factor capaz de provocar una nueva escalada de las cotizaciones. Pese a todo, el encarecimiento del crudo está siendo más contenido que el de los carburantes. El cierre del estrecho de Ormuz ha generado un fuerte shock energético, pero el petróleo acumula una subida aproximada del 40% desde el comienzo de la guerra, mientras que los combustibles han llegado a duplicar su precio. La diferencia responde, entre otros factores, a las limitaciones de la capacidad mundial de refino. Las refinerías rusas continúan afectadas por los ataques de Ucrania y las estadounidenses operan cerca de sus límites de capacidad, lo que incrementa el riesgo de nuevas tensiones en caso de averías. En Estados Unidos, el precio de la gasolina vuelve a situarse por encima de los cuatro dólares por galón, mientras que en España se aproxima de nuevo a sus máximos del año. El mercado petrolero ha conseguido amortiguar parcialmente el impacto del conflicto gracias, en buena medida, a la utilización de reservas estratégicas por parte de los países de la OCDE y a la menor demanda de crudo de China. Según Goldman Sachs, los inventarios comerciales terrestres de la OCDE, uno de los elementos determinantes para la evolución de los precios, apenas han disminuido desde el inicio de la guerra. Esto apunta a que el déficit de suministro está siendo menor de lo previsto inicialmente gracias a la capacidad del mercado para adaptarse. La entidad calcula que las reservas comerciales se encuentran todavía un 16% por encima de su media de 2003, el nivel más bajo de la serie histórica. Los inventarios mundiales de petróleo almacenados en tierra han pasado de unos 9.100 millones de barriles antes de la guerra a alrededor de 8.600 millones en la actualidad, aunque siguen por encima de lo que Goldman Sachs considera el mínimo necesario para garantizar el almacenamiento operativo. La guerra sí ha reducido progresivamente las reservas de petróleo acumuladas en el mar como consecuencia de las sanciones a la industria rusa. Al mismo tiempo, los productores del Golfo Pérsico están buscando fórmulas para sacar parte de su producción pese a las restricciones en Ormuz, entre ellas desactivar temporalmente los sistemas de localización por satélite o realizar transferencias de crudo entre buques en alta mar. La evolución de la demanda china también puede actuar como elemento de contención. El repunte de los precios podría llevar a Pekín a mantener reducidas sus compras de petróleo, contribuyendo así a limitar la presión sobre las cotizaciones internacionales. Para Norbert Rücker, director de Investigación Económica y Next Generation de Julius Baer, existe una diferencia significativa entre la situación del mercado físico y la evolución de los mercados financieros. Aunque persisten los temores sobre el suministro, las exportaciones de Oriente Próximo y las reservas mundiales permanecen relativamente estables. La elevada negociación financiera del petróleo, que moviliza diariamente alrededor de medio billón de dólares, estaría contribuyendo a amplificar la percepción de riesgo y, con ella, las cotizaciones. El experto considera que actualmente existe una prima de riesgo excepcionalmente elevada en el precio del crudo y mantiene una recomendación de cautela ante la posibilidad de que nuevas escaladas militares vuelvan a tensionar el mercado.

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(Expansión, 09-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE subirá los tipos al 2,5%

El encarecimiento del dinero parece estar condicionado por la evolución de la inflación, aunque dentro del Banco Central Europeo ya hay voces que reclaman un endurecimiento mayor de la política monetaria. La institución se prepara para acometer la segunda subida de tipos de este nuevo episodio de presión sobre los precios. El Banco Central Europeo afrontará el inicio del nuevo curso con un incremento de los tipos de interés que situará el precio oficial del dinero en el 2,5%. La decisión, que se da prácticamente por descontada para la reunión del jueves, elevará las tasas hasta niveles que no se veían desde marzo del año pasado. Ninguno de los miembros del Consejo de Gobierno del BCE que preside Christine Lagarde se ha manifestado públicamente en contra de esta subida, una medida que ya había quedado prácticamente anunciada durante la reunión de política monetaria celebrada en julio. El repunte de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, unido a las consecuencias sobre el estrecho de Ormuz y su posible impacto en los precios energéticos, refuerza las expectativas de un nuevo incremento de los tipos, que los mercados prácticamente dan por seguro. El presidente del Banco de Lituania, Gediminas Šimkus, considera que el escenario inflacionista se ha deteriorado y que existen argumentos sólidos para elevar los tipos. En términos similares se ha expresado el gobernador del Banco de Eslovenia, Primo Dolenc, quien ha defendido que las circunstancias justifican una subida en septiembre para garantizar el cumplimiento del objetivo de inflación. La reunión tendrá lugar en un centro recreativo del Deutsche Bundesbank situado en el distrito berlinés de Steglitz-Zehlendorf. El Banco Central alemán ha escogido este emplazamiento para acoger la reunión, que, una vez al año, se celebra fuera de la sede habitual del BCE en Fráncfort. El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, también ha respaldado abiertamente el nuevo incremento de los tipos y ha considerado que el resultado de la reunión es bastante previsible. La principal incógnita aparece a partir de ahora. Mientras existe prácticamente unanimidad sobre la subida de septiembre, no está claro cuál será el siguiente paso del BCE. Lagarde ha insistido en que el escenario actual no es comparable con el vivido durante 2022 y 2023, cuando la crisis energética provocó tasas de inflación superiores al 10%. En la actualidad, el crecimiento de los precios se mantiene en torno al 3%. El gobernador del Banco de Irlanda, Gabriel Makhlouf, considera que todavía no está claro que sea necesario volver a subir los tipos después del movimiento previsto para esta semana. En la misma línea, el gobernador del Banco de Bulgaria, Dimitar Radev, ha defendido la necesidad de mantener una actitud prudente y esperar a conocer la evolución de los datos. Frente a estas posiciones más cautelosas se encuentra Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, que a finales de agosto apuntó que con el nivel actual de los tipos resulta poco probable que la inflación regrese al objetivo a medio plazo. A su juicio, podría ser necesario aplicar un mayor endurecimiento monetario, aunque la magnitud de ese ajuste dependerá de los datos que se vayan conociendo. Si el BCE mantiene la estrategia seguida durante este nuevo ciclo monetario, el escenario más probable sería una pausa en la reunión de octubre, manteniendo los tipos sin cambios. Posteriormente, la institución volvería a analizar la evolución de la inflación y del resto de indicadores para decidir si es necesario acometer un nuevo incremento en diciembre.

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(El País, 09-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El buscador de vivienda pública arranca con críticas por su escasa oferta

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha puesto en marcha este lunes Casa47, un nuevo portal destinado a facilitar a los ciudadanos la búsqueda y el acceso a las viviendas públicas gestionadas por el Estado. Sin embargo, el estreno de la plataforma ha estado acompañado de críticas por parte de los usuarios, que han cuestionado tanto su funcionamiento como, especialmente, el reducido número de inmuebles disponibles. El principal motivo de las quejas es la limitada oferta inicial. Aunque el Ministerio anunció que el buscador comenzaba a operar con unas 800 viviendas, las primeras consultas mostraron que la cifra real era considerablemente inferior. En concreto, el portal contabilizaba este martes 638 viviendas disponibles. A ello se suma su distribución territorial, ya que por el momento no aparece ninguna vivienda en Madrid o Barcelona, dos de los mercados donde existe una mayor presión sobre los precios y una elevada demanda de vivienda. Las críticas se han concentrado especialmente en las respuestas al mensaje publicado en la red social X por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con motivo de la presentación de la plataforma. El lanzamiento tuvo lugar en un acto en el que también participó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde el Ministerio explican que las primeras viviendas incorporadas al buscador proceden de los activos transferidos desde la Sareb, el conocido como banco malo, y que se concentran principalmente en el arco mediterráneo debido a la localización de estos inmuebles. Además, aseguran que está previsto ampliar la oferta próximamente y avanzan que antes de que termine el año se incorporarán viviendas situadas en Madrid y Sevilla. La diferencia entre las 800 viviendas anunciadas inicialmente y las 638 que figuran actualmente en el portal se explica, según fuentes del Ministerio, porque una primera convocatoria piloto puso a disposición de los ciudadanos 171 viviendas que ya han sido adjudicadas. A esto se añade el estado en el que se encontraba buena parte de los inmuebles procedentes de la Sareb. Según Vivienda, muchos de ellos no estaban en condiciones adecuadas para ser habitados y necesitan trabajos de rehabilitación y acondicionamiento antes de poder incorporarse al parque disponible. El Ministerio defiende que estas actuaciones requieren tiempo y que las viviendas se irán incorporando al portal progresivamente conforme concluyan las reformas. En cuanto a la ausencia de inmuebles en territorios con una elevada necesidad de vivienda pública, como Madrid o Cataluña, el departamento de Isabel Rodríguez insiste en que la oferta se ampliará durante los próximos meses. En Madrid, además de las futuras incorporaciones al portal, recuerda proyectos como la Operación Campamento, que contempla la construcción de 10.700 viviendas, de las que una parte importante contará con algún tipo de protección. En Cataluña, el Estado ha asumido también 8.000 contratos de alquiler social, que mantendrán sus actuales condiciones de protección. Casa47 nace con el objetivo de concentrar en una única plataforma la oferta estatal de vivienda pública en alquiler. Para poder optar a uno de estos inmuebles, al menos uno de los integrantes de la unidad familiar debe tener nacionalidad española o residencia legal en España, ser mayor de edad y no disponer de otra vivienda en propiedad, salvo determinadas excepciones. Además, los ingresos de la unidad de convivencia deben encontrarse entre dos y 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y los solicitantes deben estar al corriente de sus obligaciones fiscales. El alquiler tampoco podrá superar el 30% de la renta disponible del hogar. Los contratos tendrán una duración inicial de 14 años y podrán prolongarse hasta alcanzar los 75 años, mientras que la adjudicación de las viviendas se realizará mediante criterios objetivos y sorteos ante notario. Los precios estarán vinculados a la capacidad económica de cada hogar.

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(La Vanguardia, 09-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas prepara restricciones a los alquileres turísticos y a las segundas residencias

Los ayuntamientos y las administraciones locales podrían contar con respaldo legal para limitar la compra de segundas residencias y restringir los alquileres turísticos en aquellas zonas europeas donde la falta de vivienda se haya convertido en un problema especialmente grave. Así se desprende del borrador de la nueva Ley de Vivienda Asequible que prepara la Comisión Europea, que no plantea prohibir las segundas residencias, pero sí establecer un marco que permita restringir la adquisición de nuevas viviendas destinadas a este uso en los mercados más tensionados. La propuesta, que presentarán este miércoles la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia y Competitiva, Teresa Ribera, y el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, condiciona cualquier limitación a que las autoridades aporten datos objetivos que acrediten el impacto negativo de estas viviendas sobre la accesibilidad al mercado residencial. Además, deberán demostrar que no existen otras alternativas menos restrictivas para hacer frente al problema. El planteamiento comunitario permitiría actuar sobre las nuevas compras de segundas residencias, sin afectar a aquellas que ya hayan sido adquiridas. Para ello, Bruselas pretende crear un sistema de control que permita aplicar estas medidas sin entrar en conflicto con la legislación europea y con las libertades del mercado interior. El borrador también contempla una mayor capacidad de actuación de los gobiernos locales frente a las plataformas de alquiler turístico. Los ayuntamientos podrían establecer sistemas de autorización, registros o incluso límites al número de alojamientos turísticos, siempre que puedan justificar que la expansión de este tipo de oferta ha provocado un perjuicio real sobre el mercado del alquiler residencial. Para imponer restricciones a las segundas residencias, las autoridades deberán acreditar mediante pruebas objetivas que este tipo de adquisiciones ha deteriorado la asequibilidad de la vivienda en el territorio afectado durante, al menos, los tres años anteriores. El objetivo es evitar que estas medidas se adopten de forma arbitraria y garantizar que exista una relación demostrable entre el incremento de las segundas residencias y las dificultades de acceso a la vivienda. Una de las principales novedades afecta precisamente a los alquileres de corta duración. La propuesta establece que no podrán imponerse restricciones cuando el alojamiento turístico se encuentre en la vivienda habitual del propietario. La Comisión considera que, en estos casos, los ingresos obtenidos mediante el alquiler constituyen una fuente legítima de financiación para numerosos hogares. La situación será diferente cuando el inmueble destinado al alquiler turístico no sea la residencia principal de su propietario. En esos casos, los ayuntamientos sí podrán establecer mecanismos de autorización, registros y límites cuantitativos si pueden demostrar que el aumento de este tipo de alojamientos ha tenido un efecto negativo, comprobable y real sobre el mercado tradicional del alquiler durante los tres años anteriores. Bruselas también reclama que las administraciones estudien primero soluciones menos restrictivas antes de recurrir a las medidas más severas. Entre las alternativas figuran establecer límites al número de viviendas turísticas en las zonas tensionadas, introducir excepciones para situaciones especialmente graves o recurrir a incentivos fiscales. El nuevo marco pretende ofrecer seguridad jurídica a las administraciones que ya están aplicando o estudiando este tipo de medidas y que, en algunos casos, se enfrentan a litigios con grandes plataformas de alquiler turístico como Airbnb o Booking. La intención es evitar que los gobiernos locales tengan que afrontar durante años procedimientos judiciales por posibles conflictos entre sus regulaciones y las normas europeas sobre libertad de mercado. Fuentes comunitarias señalan que la propuesta ha tenido en cuenta las demandas de la alianza Mayors for Housing, integrada por alcaldes europeos que reclaman mayores competencias para actuar frente a la crisis residencial. Entre ellos se encuentra el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha defendido ante Bruselas la necesidad de disponer de mayor cobertura jurídica y de definir claramente qué territorios pueden considerarse zonas sometidas a estrés habitacional. Desde la Comisión Europea reconocen que el planteamiento está «muy inspirado» en las propuestas formuladas por estos alcaldes. No obstante, la aprobación del texto por parte del Colegio de Comisarios, si finalmente se mantiene el contenido del borrador, será solo el primer paso. La propuesta tendrá que ser negociada y aprobada posteriormente por el Consejo de la Unión Europea, que representa a los Estados miembros, y por el Parlamento Europeo. El proceso puede ser especialmente complejo porque las fuerzas de derecha cuentan con una posición mayoritaria en ambas instituciones. De hecho, representantes del Partido Popular Europeo ya han expresado su rechazo a las restricciones sobre los alquileres de corta duración y las segundas residencias, al considerar que este tipo de medidas podrían perjudicar a las economías locales y provocar destrucción de empleo.

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(El Economista, 09-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tribunal Supremo suspende cautelarmente la inscripción de los beneficiarios de la "ley de nietos"

El Tribunal Supremo ha acordado suspender de forma cautelar la inscripción y los efectos electorales en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las personas que hayan adquirido la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha adoptado esta medida tras estimar la petición cautelar planteada en los recursos presentados contra el acuerdo aprobado por la Junta Electoral Central el pasado mes de julio. La Abogacía del Estado y la Fiscalía habían defendido ante el tribunal que los nuevos ciudadanos españoles tienen reconocido el derecho fundamental de sufragio. El auto judicial analiza también el alcance de la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, relativa al derecho de opción a la nacionalidad española previsto en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Dicha instrucción amplió el criterio para acreditar la condición de exiliado al establecer que podía bastar con demostrar que los ascendientes abandonaron España entre 1936 y 1955. De este modo, se equiparó a los emigrantes de ese periodo sin exigir, en determinados supuestos, la acreditación individual de una persecución o perjuicio de carácter político. El Tribunal Supremo establece una diferenciación entre las personas cuya inscripción en el CERA todavía se encuentra en tramitación y aquellas que ya figuran en el censo exterior. En el primer caso, los procedimientos administrativos deberán continuar hasta su finalización, aunque, una vez concluidos, la incorporación efectiva al censo quedará suspendida hasta que exista una resolución definitiva sobre el fondo del asunto. Para quienes ya hayan sido inscritos en el CERA mediante este procedimiento, la suspensión afecta a los efectos electorales de esa inscripción en los próximos procesos electorales que pudieran celebrarse. La resolución contempla, sin embargo, una excepción. La suspensión no se aplicará cuando los registros consulares acrediten de forma individualizada que los solicitantes son descendientes de españoles que se exiliaron por motivos políticos, ideológicos, religiosos o relacionados con su orientación o identidad sexual, y que como consecuencia de ello perdieron o renunciaron a la nacionalidad española. La excepción exige que esa condición no se haya reconocido únicamente mediante una presunción administrativa de carácter general. Para determinar qué casos cumplen este requisito, el tribunal ordena recabar de inmediato la documentación correspondiente a las oficinas consulares. Además, el Supremo ordena a la Oficina del Censo Electoral clasificar y separar los distintos expedientes, diferenciando aquellos en los que exista una acreditación directa de la condición de exiliado de los que se hayan tramitado aplicando los criterios interpretativos establecidos por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. La Junta Electoral Central deberá trasladar las instrucciones necesarias a las demarcaciones consulares para llevar a cabo esta diferenciación. El auto también mantiene las previsiones del acuerdo de la Junta Electoral Central relativas a la elaboración de los informes complementarios que permanecían pendientes. La Oficina del Censo Electoral dispondrá de un plazo máximo de quince días para aportar la documentación solicitada, mientras que posteriormente la Junta Electoral Central contará con otros diez días para aprobar la instrucción definitiva. Los magistrados han decidido no imponer las costas del procedimiento, al considerar que el asunto presenta una especial complejidad jurídica y plantea dudas de derecho suficientemente fundadas.

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(El Periódico, 08-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Cuerpo avanza que la economía española creció un 0,6% en el tercer trimestre

La economía española continúa mostrando resistencia pese al impacto de la guerra en Oriente Medio. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado este lunes que los datos disponibles apuntan a un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,6% en el tercer trimestre del año, una décima menos que en el trimestre anterior y en línea con las previsiones del Ejecutivo. Cuerpo ha señalado durante su intervención en «Los Desayunos» de RTVE y EFE que la economía «mantiene el pulso de crecimiento», una evolución que, a su juicio, permite sostener la previsión de un avance del 2,6% para el conjunto de 2026. El ministro ha asegurado que las estimaciones internas del Gobierno están «en línea con lo esperado» y que, por ello, se encuentra «cómodo» con las previsiones incluidas en el cuadro macroeconómico presentado el pasado mes de junio. El dato del tercer trimestre confirma, no obstante, una moderación gradual del ritmo de crecimiento. La economía avanzó un 0,8% en los últimos tres meses de 2025, para desacelerarse hasta el 0,6% en el primer trimestre de 2026. Entre abril y junio recuperó una décima, hasta el 0,7%, y ahora volvería a crecer un 0,6%. Según Cuerpo, esta evolución, aunque más contenida, sigue estando respaldada por la fortaleza del consumo y la inversión, además de por los elevados niveles de empleo. El ministro ha descartado por el momento que el Gobierno vaya a modificar sus previsiones macroeconómicas como consecuencia del repunte de la inflación, aunque ha admitido que se está siguiendo con atención la evolución de los precios, especialmente por las consecuencias que el conflicto entre Irán y Estados Unidos pueda tener sobre la energía. En este contexto, Cuerpo no ha cerrado la puerta a prolongar las medidas anticrisis adoptadas para contener el encarecimiento de los costes energéticos. «Veremos cómo evoluciona este mes de septiembre, pero si es necesario, ya lo dijo el presidente del Gobierno, no dejaremos de acompañar y de apoyar a las familias ante estas subidas», ha afirmado. El ministro ha recordado además que desde el 1 de septiembre la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicada al gasóleo se elevó hasta los 20 céntimos por litro, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos para este mes. La decisión responde al fuerte incremento registrado por el precio de este combustible, que en julio se encareció más de un 15%. En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado de 2027, Cuerpo no ha confirmado que las cuentas vayan a llegar al Congreso antes de que termine septiembre, tal y como establece el calendario constitucional, aunque ha garantizado que el Ejecutivo las presentará «lo antes posible». El ministro ha avanzado que en las próximas semanas comenzarán los contactos con los distintos grupos parlamentarios con el objetivo de reunir los apoyos necesarios. Cuerpo también ha asegurado que los Presupuestos se presentarán incluso aunque no exista un acuerdo previo con las fuerzas parlamentarias. «Hay un compromiso por parte del presidente del Gobierno. Vamos a presentar esos Presupuestos Generales del Estado», ha recalcado. El vicepresidente ha defendido asimismo que la ausencia de nuevas cuentas durante los últimos ejercicios no ha impedido que España haya mantenido un fuerte ritmo de crecimiento ni que haya reducido su deuda pública en más de 22 puntos de PIB. Respecto al Plan de Recuperación europeo, Cuerpo ha asegurado que las sucesivas prórrogas presupuestarias tampoco han obstaculizado la ejecución de los fondos comunitarios. España prevé solicitar a Bruselas antes de que termine septiembre el último desembolso, por un importe aproximado de 26.000 millones de euros. El objetivo del Ejecutivo es completar la recepción de la totalidad de los fondos del Plan de Recuperación antes de que termine el año. Una vez finalizado el programa, el Gobierno pretende mantener capacidad de financiación para impulsar la economía y estudia utilizar parte de los recursos europeos más allá de 2026, siempre dentro de la normativa comunitaria. Entre las actuaciones previstas figura el refuerzo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con 10.000 millones de euros.

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(La Vanguardia, 07-09-2026) | Fiscal

Hacienda y las transferencias de boda: qué poner en el concepto para evitar problemas

La transferencia bancaria puede llegar al móvil de los novios incluso antes de que comience el banquete. En el concepto puede aparecer simplemente "regalo", una broma privada, el nombre de la pareja o, en ocasiones, no figurar ninguna referencia. Para los invitados se trata de una forma rápida y cómoda de hacer llegar el regalo, pero para quienes reciben el dinero ese pequeño detalle puede adquirir importancia si en el futuro tienen que justificar ante Hacienda el origen de esos ingresos. La cuestión no se limita a determinar si el dinero recibido en una boda puede tener la consideración de donación. También resulta relevante poder acreditar que esas cantidades proceden realmente de regalos realizados por los invitados. Para ello, tanto el concepto de la transferencia como los justificantes bancarios y la documentación relacionada con el enlace pueden desempeñar un papel importante. Las transferencias dejan un registro documental de los movimientos de dinero. Si la Agencia Tributaria decide revisar las operaciones de una cuenta, los ingresos recibidos por los recién casados podrían ser objeto de comprobación. En ese escenario, no solo importa que el dinero haya llegado a la cuenta, sino que exista una relación razonable entre las cantidades recibidas, la celebración de la boda y las personas que realizaron los pagos. Patricia Ebrat, abogada de Ebrat Advocats, recomienda conservar los comprobantes de las transferencias y los extractos bancarios. También considera conveniente que, siempre que sea posible, el concepto indique de manera expresa que se trata de un regalo de boda. Una referencia al enlace, al nombre de los novios o al motivo del ingreso puede facilitar posteriormente la identificación de la operación. Joana Marín, directora y abogada del Bufete Marín Fonseca, coincide en la importancia de poder justificar adecuadamente cualquier incremento patrimonial. En el caso de una boda, esta acreditación puede apoyarse tanto en los movimientos bancarios como en otros documentos relacionados con la celebración. Entre ellos pueden encontrarse las propias invitaciones o la lista de invitados. Según Ebrat, conservar esta documentación puede ayudar a demostrar que las cantidades ingresadas corresponden efectivamente a regalos realizados con motivo del enlace y no a otro tipo de ingresos. Esta precaución cobra especial relevancia cuando los novios reciben numerosas transferencias durante un periodo corto, especialmente si los conceptos utilizados son poco claros o las cantidades presentan importes similares. Disponer de los justificantes bancarios y de una relación de los invitados permite reconstruir con mayor facilidad el origen de cada movimiento y relacionarlo con la celebración. Marín recomienda además guardar facturas y contratos vinculados a los regalos o a los servicios contratados para la boda. El objetivo es disponer de documentación suficiente para explicar cualquier aumento patrimonial en caso de que la Administración solicite información dentro del correspondiente plazo de comprobación. El principal problema aparece cuando no existe una explicación suficientemente acreditada sobre el origen de determinadas cantidades. Si Hacienda detecta movimientos relevantes y los contribuyentes no pueden justificar de dónde procede el dinero, esas cantidades podrían ser objeto de una comprobación y recibir una consideración fiscal diferente a la de un simple regalo de boda. Marín advierte de que, cuando no se consigue justificar un incremento patrimonial, este puede llegar a calificarse como una ganancia patrimonial no justificada. En ese supuesto, los contribuyentes podrían tener que incorporarlo a su declaración de la renta, con las consecuencias fiscales correspondientes. Ebrat señala que las comprobaciones suelen prestar especial atención a operaciones de mayor importe o a aquellas que presentan determinados indicios de riesgo fiscal. Por ello, aunque la existencia de un regalo de boda no implique por sí misma un problema, contar con documentación que permita demostrar el origen de los fondos facilita la respuesta ante una eventual solicitud de información por parte de Hacienda. Una medida sencilla consiste en evitar conceptos demasiado genéricos, bromas privadas o referencias que no permitan identificar el motivo de la transferencia. Expresiones como "regalo boda", "regalo enlace" o el nombre de los novios pueden aportar contexto al movimiento bancario. En cualquier caso, el concepto de la transferencia no constituye por sí solo una prueba definitiva. Los justificantes bancarios, los extractos de cuenta y la documentación relacionada con la celebración son los elementos que, conjuntamente, pueden ayudar a demostrar que las cantidades recibidas proceden de los invitados y están vinculadas al enlace.

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(El Periódico, 07-09-2026) | Fiscal

Hacienda garantiza el quorum para llevar la reforma de la financiación al Congreso tras fracasar el boicot de Madrid

El Gobierno ha superado el primer obstáculo para sacar adelante un nuevo modelo de financiación autonómica. El Consejo de Política Fiscal y Financiera dio ayer su respaldo a la propuesta elaborada por el Ministerio de Hacienda y pactada inicialmente con ERC, cuyo origen se encuentra en el acuerdo que permitió la investidura de Salvador Illa en Catalunya. El actual sistema lleva vigente desde 2009 y acumula ya doce años de prórroga, en un contexto económico y demográfico muy diferente al de entonces. El siguiente paso será mucho más complicado: la tramitación en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo necesitará negociar con Junts para intentar reunir los apoyos necesarios. La reforma plantea incrementar en 21.000 millones de euros los recursos destinados a las comunidades autónomas, aunque deja fuera una de las principales reivindicaciones de Catalunya: la cesión completa del IRPF, una posibilidad que Hacienda no contempla. El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió tras la reunión la aprobación de una propuesta inicialmente impulsada por María Jesús Montero y señaló que deberá ser ratificada por el Consejo de Ministros en las próximas semanas antes de llegar al Parlamento. España calificó el acuerdo como positivo para el país y para la financiación de los servicios públicos y apeló a buscar un equilibrio en el reparto de los recursos. Su objetivo es que el nuevo sistema pueda comenzar a aplicarse el 1 de enero de 2027. La votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se desarrolló, en buena medida, según las previsiones. La propuesta recibió el respaldo de Catalunya y Canarias, esta última gobernada por Coalición Canaria y con el PP en el Ejecutivo de coalición, aunque su consejera de Hacienda no asistió al encuentro. Hacienda controla la mitad de los votos del órgano de coordinación financiera, por lo que la aprobación de su propuesta estaba garantizada. Todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP rechazaron el modelo, pese a que la reforma contempla un aumento de recursos para el conjunto de los territorios. Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Cantabria, Murcia y La Rioja votaron en contra. También lo hicieron Ceuta y Melilla. Madrid, que había pedido que se boicoteara la reunión, no acudió y dejó vacante su representación. Las comunidades populares justificaron su rechazo argumentando que el modelo había sido negociado previamente con ERC y que, por tanto, se trataba de una reforma impuesta al resto de territorios. Desde Hacienda respondieron recordando que el PP también alcanzó en el pasado acuerdos económicos relevantes con la antigua CiU de Jordi Pujol. La oposición al proyecto no se limitó a las autonomías gobernadas por el PP. Castilla-La Mancha y Asturias, ambas presididas por dirigentes socialistas, también votaron en contra de la propuesta planteada por el Gobierno. En conjunto, el modelo fue rechazado por el 87% de los territorios representados. La Generalitat, en cambio, valoró muy positivamente el resultado. La consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, destacó la satisfacción de Catalunya por el avance hacia un nuevo sistema de financiación que, según defendió, llevaba años reclamando. El nuevo modelo supondría para las finanzas catalanas una aportación adicional cercana a los 4.700 millones de euros, recursos que permitirían reforzar la financiación de los servicios públicos. Arcadi España cuestionó que algunas comunidades con problemas reconocidos de infrafinanciación, como la Comunidad Valenciana o Murcia, hubieran votado contra la reforma. Uno de los objetivos de Hacienda era precisamente conseguir que el bloque autonómico del PP se dividiera, algo que finalmente no ocurrió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El ministro también criticó algunas de las alternativas planteadas por las comunidades populares porque, a su juicio, podían beneficiar a unos territorios en detrimento de otros. Como ejemplo citó una propuesta de Andalucía sobre el cálculo de la población ajustada, que incorpora factores como la despoblación o el envejecimiento y que, según Hacienda, habría perjudicado a Castilla y León. El proyecto afronta ahora su principal prueba con la negociación parlamentaria y, especialmente, con Junts. La formación de Carles Puigdemont reclama avanzar hacia un modelo de concierto económico para Catalunya. Su portavoz económico en el Congreso, Josep Maria Cruset, ya anticipó que Junts presentará una enmienda a la totalidad cuando la reforma llegue a la Cámara. A su juicio, la propuesta de Hacienda confirma que no habrá una financiación singular ni capacidad de Catalunya para controlar sus recursos fiscales y supone mantener el principio de un modelo común para todas las comunidades. Junts ya ha negociado anteriormente con Hacienda acuerdos relevantes, entre ellos el paquete fiscal de diciembre de 2024, que se desbloqueó tras las conversaciones entre Puigdemont y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, la relación entre ambas partes atraviesa actualmente un momento más complicado. Hacienda tampoco contempla entregar a Catalunya la gestión integral del IRPF. Arcadi España rechazó expresamente esa posibilidad y defendió, en cambio, un sistema de gestión compartida y coordinada del impuesto. El ministro sí mostró disposición a estudiar las enmiendas que puedan presentar los grupos durante la tramitación parlamentaria. El actual sistema de financiación autonómica fue aprobado en 2009 sin ningún voto en contra. En aquel momento, el Gobierno estaba presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y Elena Salgado ocupaba la vicepresidencia segunda y el Ministerio de Economía y Hacienda. En Catalunya, el conseller de Economía era Antoni Castells. El Ejecutivo consiguió entonces el respaldo de las comunidades gobernadas por el PSOE, además de Cantabria, gobernada conjuntamente por PRC y PSOE, y Canarias, en manos de CC y PP. Las comunidades gobernadas por el PP optaron por abstenerse siguiendo las instrucciones del entonces presidente del partido y líder de la oposición, Mariano Rajoy. Desde entonces, el modelo ha permanecido vigente pese a que su periodo de aplicación terminó hace doce años.

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(El Mundo, 07-09-2026) | Fiscal

El Gobierno propone a la UE más impuestos al petróleo y al gas en plena escalada de precios

El Gobierno de Pedro Sánchez pretende elevar la presión fiscal sobre el sector energético y ha planteado ante la Unión Europea la creación de un impuesto sobre los beneficios de las compañías petroleras y gasistas. El objetivo sería destinar la recaudación a financiar medidas de adaptación y protección frente al cambio climático, en un contexto marcado por la sequía y los graves incendios forestales que afectan a distintos puntos de Europa. La propuesta llega, además, en un momento de fuerte incremento de los precios energéticos y con los carburantes en niveles máximos. La iniciativa aparece recogida en un documento elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Sara Aagesen, y remitido al comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra. El Ejecutivo español plantea la creación de un Fondo Europeo para la Adaptación al Cambio Climático, que contaría con nuevos recursos financieros. Entre las vías para dotarlo de fondos figura un gravamen europeo sobre los beneficios obtenidos por las empresas de los sectores del petróleo y el gas, denominado por España impuesto para la Resiliencia Climática. La propuesta se plantea, sin embargo, en plena escalada de los precios energéticos provocada por la situación en Oriente Medio. El gas TTF neerlandés, principal referencia para el mercado europeo, ha superado los 73 euros por megavatio hora, su precio más elevado en más de tres años. El coste del gas en Europa duplica actualmente el registrado hace un año y el que existía antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, cuando se situaba en torno a los 32 euros por MWh. Aun así, permanece muy por debajo de los casi 340 euros por MWh alcanzados en agosto de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania. El mercado petrolero también refleja el aumento de la tensión geopolítica. El Brent para entrega en noviembre, referencia en Europa, continúa por encima de los 95 dólares por barril y se aproxima a los 100 dólares, mientras persisten los ataques cruzados en Oriente Próximo y el estrecho de Ormuz no se considera todavía una vía de navegación plenamente segura. Con estos niveles, el Brent acumula una subida del 54,6% respecto a los 61,92 dólares con los que terminó 2025. El año pasado el crudo había bajado un 17%, después de las caídas del 3% en 2024 y del 6% en 2023. En 2022, coincidiendo con el inicio de la guerra en Ucrania, había aumentado un 5%. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en Estados Unidos, ronda los 92 dólares por barril y durante la jornada ha llegado a superar los 93 dólares. La evolución del petróleo se está trasladando directamente al precio que pagan los consumidores por los carburantes. La gasolina y el diésel acumulan ya nueve semanas consecutivas de incrementos y se han encarecido un 24% desde la aplicación de las rebajas del IVA al 10% a comienzos del pasado julio. Según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, los precios se encuentran actualmente en máximos desde la tercera semana de marzo. Llenar un depósito de diésel cuesta ahora unos 102,57 euros, frente a los 77,44 euros de hace un año, lo que supone un aumento de aproximadamente 25 euros. En el caso de la gasolina, un depósito medio de 55 litros requiere actualmente un desembolso de unos 95,26 euros, casi 14 euros más que los 81,29 euros registrados un año antes. En este escenario, el Ministerio para la Transición Ecológica defiende que la nueva fiscalidad serviría para proporcionar recursos al desarrollo de una estrategia europea más amplia frente a los riesgos climáticos. El planteamiento incluye anticipar y evaluar mejor estas amenazas, incorporar criterios de resiliencia climática en la planificación y en las decisiones de inversión, reforzar los mecanismos de respuesta ante emergencias y garantizar la financiación necesaria para acelerar las medidas de adaptación en el conjunto de la Unión Europea. España también propone estudiar nuevos mecanismos de financiación europeos, incluidos instrumentos de deuda comunes. El Ministerio considera necesario que Europa disponga de una evaluación científica y compartida de los riesgos climáticos y plantea que estos análisis se realicen cada cinco años tanto a escala europea como nacional y regional. El documento contempla además la creación de nuevos instrumentos financieros comunes, entre ellos un sistema europeo de reaseguro público-privado destinado a afrontar las pérdidas ocasionadas por fenómenos meteorológicos extremos y otros acontecimientos relacionados con el clima. Una de las posibilidades planteadas sería financiar este mecanismo mediante la emisión de bonos vinculados al riesgo climático. La propuesta española defiende igualmente que la resiliencia frente al cambio climático quede plenamente integrada en la arquitectura financiera de la Unión Europea y que se incorporen criterios específicos en el diseño del Marco Financiero Plurianual. En esta línea, España considera que el sector financiero europeo debe continuar incorporando los riesgos climáticos en sus programas de inversión, en la concesión de créditos y en las pólizas de seguros. Para ello, el Ministerio reclama la puesta en marcha de un Fondo Europeo específico para la Adaptación al Cambio Climático que cuente con nuevas fuentes de financiación, entre ellas el impuesto europeo sobre los beneficios de las empresas petroleras y gasistas que el Gobierno español ha bautizado como impuesto para la Resiliencia Climática.

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(La Razón, 07-09-2026) | Fiscal

Hacienda endurece el control sobre ingresos y retiradas de efectivo

Hay determinadas operaciones bancarias que, aunque sean completamente legales, pueden llamar la atención de la Agencia Tributaria si no se realizan o justifican adecuadamente. En los últimos años, Hacienda ha reforzado la vigilancia sobre los movimientos de efectivo para combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, aumentando el control sobre las operaciones realizadas tanto por particulares como por empresas. Las entidades financieras tienen la obligación de comunicar a Hacienda determinadas operaciones, entre ellas los ingresos o retiradas de efectivo superiores a 3.000 euros y las transacciones en las que intervengan billetes de 500 euros, independientemente de la cuantía total de la operación. Esta comunicación no significa que exista una irregularidad ni que el movimiento sea ilegal, pero puede provocar que la Agencia Tributaria solicite al titular información que permita acreditar el origen del dinero. En cuanto al transporte de efectivo, también existen límites que obligan a realizar una declaración. Dentro de España, cualquier persona que traslade más de 100.000 euros en efectivo debe presentar el modelo S1. Si se entra o sale del territorio nacional con 10.000 euros o más, también es obligatorio efectuar esta declaración, incluso cuando el desplazamiento se produzca dentro de la Unión Europea. La ausencia de controles fronterizos internos no elimina esta obligación. No cumplir estas exigencias puede dar lugar a importantes sanciones económicas, especialmente cuando se manejan cantidades elevadas o existen indicios que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales. Las multas pueden derivarse tanto de la falta de presentación de las declaraciones obligatorias como de la existencia de operaciones cuyo origen no pueda justificarse adecuadamente. Las sanciones se calculan en función de la cantidad de dinero que no haya sido declarada. En determinados supuestos, la multa puede alcanzar hasta el 150% del importe omitido. Así, un traslado de 100.000 euros sin presentar el modelo S1 cuando era obligatorio podría llegar a generar una sanción de hasta 150.000 euros. Además, las autoridades pueden retener temporalmente el efectivo hasta que se acredite su procedencia. Las consecuencias pueden ser todavía mayores cuando la Administración detecta indicios de ocultación, información falsa o ausencia de explicaciones suficientes sobre el origen del dinero. En estas situaciones, además de la sanción económica, las autoridades pueden intervenir o inmovilizar los fondos mientras investigan la operación y reclaman documentación adicional. Por este motivo, los expertos aconsejan cumplir siempre con las obligaciones de declaración cuando se superen los límites establecidos. El hecho de que una entidad bancaria permita realizar determinadas retiradas de efectivo, incluso por importes próximos a 3.000 euros, no significa que esas operaciones queden fuera de los sistemas de control. Una sucesión habitual de retiradas o ingresos de cantidades importantes puede generar alertas en los mecanismos de prevención del fraude y provocar que Hacienda solicite explicaciones sobre el origen y destino de los fondos.

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