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(El Periódico, 10-09-2025) | Laboral

Menos impuestos a las empresas y coto a las bajas laborales: la hoja de ruta de Foment para "impulsar la productividad"

Foment del Treball ha lanzado una campaña para difundir su Plan para la Productividad y la Competitividad, un informe que analiza las principales carencias de la economía catalana y plantea medidas concretas para revertirlas y favorecer su crecimiento. La organización advierte de que la productividad en Cataluña lleva años sin avances significativos, lo que limita tanto el aumento de la renta per cápita como la mejora del bienestar social. El plan establece un marco de actuación con ocho áreas prioritarias orientadas a incrementar el valor añadido de la economía y recoge propuestas como: Fiscalidad: reducción de la presión tributaria, incentivos a la inversión productiva, supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, límite del 5% en Sucesiones y Donaciones, rebaja fiscal a los autónomos y eliminación del gravamen extraordinario a la banca. Vivienda: refuerzo de la seguridad jurídica, eliminación de la reserva del 30% y colaboración público-privada para movilizar suelo. Infraestructuras: inversión anual de 5.500 millones de euros para paliar un déficit acumulado de más de 42.500 millones. Energía y sostenibilidad: impulso a las renovables, extensión de la vida útil de las centrales nucleares y mejora en la gestión del agua. Mercado laboral: fortalecimiento de la negociación colectiva, rechazo a la reducción de jornada a 37,5 horas y al control horario obligatorio, además de un plan contra el absentismo. Innovación y digitalización: aumento de la inversión en I+D, desarrollo de la inteligencia artificial y fomento de competencias digitales. Talento y formación: programas de recualificación, refuerzo de la FP dual y atracción de profesionales internacionales. Administración: simplificación de trámites y plan urgente para aliviar la sobrecarga judicial. El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, señaló que mejorar la productividad es esencial para favorecer el crecimiento económico y el bienestar social, y que este objetivo debe implicar a empresas, administraciones y ciudadanía en la construcción de un modelo más competitivo e inclusivo.

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(El Mundo, 10-09-2025) | Laboral

España tiene el doble de jóvenes entre 15 y 19 años en FP superior o la universidad que la UE y la OCDE

En España, el 20% de los jóvenes de entre 15 y 19 años están matriculados en educación terciaria (universidad y Formación Profesional de grado superior), una cifra que casi duplica la media de la OCDE y de la UE, ambas en torno al 11%. Este fenómeno se explica, principalmente, por el auge de la FP superior en nuestro país. Según el informe Panorama de la Educación 2025. Indicadores de la OCDE, publicado este martes, España presenta particularidades en el acceso a los estudios superiores. El 39% de los estudiantes llega a través de la FP de grado superior, frente al 16% en la OCDE y al 10% en la UE25. En cambio, un 47% accede por la vía universitaria, lejos del 78% en la OCDE y del 81% en la UE. El 14% restante lo hace en programas equivalentes a másteres universitarios. El estudio también resalta la baja tasa de abandono en este nivel educativo: un 14%, muy inferior al 21% en la OCDE y al 24% en la UE. Además, las mujeres completan los estudios en mayor proporción que los hombres: un 49% frente a un 30% a los cuatro años de iniciar sus estudios, y un 80% frente al 65% a los siete años. Otro dato destacado es que España lidera en la OCDE el porcentaje de jóvenes de entre 25 y 34 años con estudios superiores, lo que refuerza la idea de un sistema flexible y con alta capacidad de retención. En 2024, el 53% de los jóvenes de este grupo de edad tenía un título superior, frente al 48% de la OCDE y el 45% de la UE. En cuanto a la formación de la población adulta, en los últimos 14 años España ha reducido notablemente la proporción de personas con solo la primera etapa de secundaria como máximo nivel educativo: del 47,1% en 2010 al 34,7% en 2024. Sin embargo, persisten debilidades: el porcentaje de población con bajo nivel educativo en España aún duplica al de la UE (15,5%) y supera en 16 puntos la media de la OCDE (18,5%). Aun así, el nivel de educación terciaria sitúa a España en una posición similar, e incluso algo más ventajosa, que la de sus referencias internacionales: en 2024, el 42,3% de la población adulta tenía estudios superiores, frente al 41,9% en la OCDE y al 38,6% en la UE.

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(El País, 10-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El proyecto de ley del tabaco veta el humo en las terrazas, prohíbe fumar a los menores y limita el vapeo

El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de reforma de la ley del tabaco, cuya principal novedad es la prohibición de fumar en terrazas. La norma también iguala el tratamiento de los cigarrillos electrónicos al del tabaco tradicional y, por primera vez, veta su consumo en menores de edad -no solo su venta-. Antes de entrar en vigor, deberá superar la tramitación parlamentaria, donde el Gobierno no tiene garantizada la mayoría suficiente. Sanidad intentó incluir en el texto otra medida anunciada previamente: el empaquetado genérico. Esta propuesta, que comenzó como real decreto, se incorporó inicialmente al anteproyecto, pero finalmente se eliminó tras el rechazo de varios ministerios y un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que cuestionaba su utilidad. El empaquetado neutro, ya vigente en más de 20 países, obliga a que todas las cajetillas sean iguales, sin logotipos, y con un diseño y tipografía estándar. Estudios internacionales señalan que reduce el consumo y frena la incorporación de nuevos fumadores. Rodrigo Córdoba, portavoz del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, lamenta su exclusión: "El empaquetado genérico podría ayudar a que hasta 80.000 personas dejaran de fumar. Sin embargo, Sanidad ha dado más peso al criterio de la CNMC que a la evidencia científica". La medida central de la reforma será la ampliación de los espacios sin humo. Además de las terrazas, quedará prohibido fumar -ya sea tabaco convencional o electrónico- en un radio de 15 metros alrededor de accesos a edificios públicos, centros educativos, sanitarios y parques infantiles. Los vehículos de uso laboral también se considerarán centros de trabajo y, por tanto, quedará vetado el tabaco en ellos. Tampoco se permitirá fumar en campus universitarios, centros de formación de adultos, recintos deportivos, piscinas públicas y espacios destinados a espectáculos, tanto cubiertos como al aire libre. La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la iniciativa como un nuevo paso para situar a España "a la cabeza en la lucha contra el tabaquismo". Recordó que ya lo fue en 2005, con la prohibición de fumar en espacios de trabajo cerrados, y en 2010, cuando se amplió a bares y restaurantes. García subrayó la urgencia de actualizar la normativa: "El tabaco provoca la muerte de 140 personas al día, unas 50.000 al año, y está detrás del 30% de los cánceres". El texto también establece un marco legal para productos que hasta ahora no tenían regulación específica, como cigarrillos electrónicos, bolsitas de nicotina, productos herbales para fumar o vaporizar (como shishas o mezclas vegetales sin tabaco) y dispositivos para tabaco calentado. Todos ellos tendrán las mismas restricciones que el cigarrillo tradicional, con prohibiciones de consumo en espacios cerrados y exteriores ya delimitados, venta y uso en menores, y restricciones absolutas a la publicidad, promoción y patrocinio, también en redes sociales y entornos digitales. La nueva ley incluye, además, la prohibición de dispositivos desechables de un solo uso, que Sanidad considera especialmente nocivos para el medioambiente y muy atractivos para los jóvenes. Paralelamente, el Ministerio tramita un Real Decreto para prohibir los saborizantes en los vapeadores, en fase de consulta en la Unión Europea, donde algunos países temen que choque con las normas de competencia. La ausencia de una regulación clara había permitido hasta ahora que estos productos se promocionaran en conciertos, festivales y redes sociales a través de influencers con gran impacto en adolescentes y jóvenes, entre quienes el uso del vapeo no deja de crecer.

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(El País, 10-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo de Estados Unidos estudiará por la vía rápida la legalidad de los aranceles de Trump

El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó este martes estudiar por la vía rápida la legalidad de los aranceles de Donald Trump. En contra de lo que suele ser la práctica habitual −una vista oral que se celebra entre final de año y primavera cuya sentencia tienen los nueve magistrados hasta junio para sopesarla y hacerla pública− esta vez, la audiencia, más breve también que de costumbre, ha quedado fijada para principios de noviembre. Así lo habían pedido los abogados de la Administración de Donald Trump, que se juega mucho con este caso, porque podría desembocar en una estocada mortal para la agenda económica del presidente. Los demandantes, una coalición de cinco pequeñas empresas y una docena de Estados demócratas cuyos negocios consideran afectados por el aislacionismo comercial de Washington están de acuerdo con que el asunto se resuelva cuanto antes. El caso ha llegado al Supremo después de que el mes pasado un tribunal federal de apelaciones considerara que la Casa Blanca está infringiendo la ley al imponer unilateralmente los gravámenes. Esto es: sin pasar por el Congreso y en virtud de la norma excepcionalmente invocada para imponer aranceles sin precedentes a decenas de socios comerciales. Se trata de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. La sentencia del tribunal se resolvió por 7 votos a favor de tumbar las tarifas con las que Trump ha puesto patas arriba el comercio internacional y 4 en contra. Desde que el pasado 2 de abril Trump anunció la imposición de sus aranceles, mal llamados "recíprocos", el Gobierno de Estados Unidos ha recaudado decenas de miles de millones de dólares. Si el Supremo decidiera que estos están en contra de la ley federal, ese dinero deberá ser reembolsado. No está claro cuánto dinero está en juego, pero los cálculos oscilan entre 750.000 millones y un billón de dólares (trillion), según advirtió el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una declaración presentada ante el Supremo la semana pasada. De ahí la prisa de la Administración de Trump en que la situación se aclare cuanto antes. La Constitución otorga al Congreso la facultad de imponer impuestos. La citada ley, de 1977, concede al presidente amplios poderes de emergencia para "hacer frente a cualquier amenaza inusual y extraordinaria" a "la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos". Y eso incluye la facultad de regular las importaciones. La Administración de Trump considera que el "maltrato" que Estados Unidos recibe desde hace décadas de sus socios, que, asegura Trump, se benefician de unas balanzas comerciales desfavorables para Washington, son esa "amenaza inusual y extraordinaria" de la que habla la ley de 1977, porque está en juego recuperar el poderío económico perdido del país. El tribunal de apelaciones no estuvo de acuerdo con esa idea. Los jueces que votaron contra Trump consideraron que los aranceles impuestos son tan extensos y tienen la capacidad de alterar el comercio de un modo tan profundo que deben ser autorizados expresamente por el Congreso. No especificaron si cambiarían de criterio si esos gravámenes fueran más modestos. El Supremo actual, con una supermayoría conservadora inédita desde los años 30, ha dado sobradas muestras de su tendencia a allanar la agenda de Trump, especialmente en lo que respecta a las decisiones que tomaron de urgencia en el curso pasado, el primero en el que parcialmente han coincidido sus nueve magistrados con su segunda presidencia. En total, la Administración de Trump pidió en sus primeros cinco meses, antes del cierre del último curso judicial, que el Supremo actuara a toda prisa 19 veces, las mismas que lo hizo la de Biden en cuatro años. Eso se explica porque el actual presidente batió récords de gobernar a golpe de poder ejecutivo: firmó en ese tiempo 165 decretos, 45 memorandos y 70 proclamaciones presidenciales. También, porque la principal resistencia a su agresiva agenda ha estado hasta ahora en los tribunales inferiores, que admitieron a trámite más de 300 demandas contra la Administración de Trump en esos meses, una tendencia que no se ha revertido durante el resto del verano. Solo la semana pasada magistrados de todo el país tumbaron a Trump su idea de recurrir a la Ley de Enemigos Extranjeros, del siglo XVIII y pensada para tiempos de guerra, para deportar sumariamente a inmigrantes irregulares, le han reprendido por retener 2.200 millones de dólares (casi 1.900 millones de euros) en fondos federales a la Universidad de Harvard como medida de presión para que la institución educativa más poderosa del país se pliegue a las exigencias del Gobierno y han considerado ilícita la orden de desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles. Ahora es el turno del Supremo para sentar precedente sobre todos esos asuntos. Para decidir, también, si paran los pies o no a un Trump desatado en su misión de tintes autoritarios de ampliar el poder ejecutivo. Principios de noviembre será una fecha clave para empezar a salir de dudas. La sentencia se espera que llegue poco después.

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(Expansión, 10-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El colapso eléctrico abre una guerra empresarial de 100.000 millones

La red de distribución eléctrica en España, que alcanza casi 800.000 kilómetros de extensión, se ha convertido en uno de los principales frentes de disputa empresarial del país. En torno a ella se cruzan intereses enfrentados que involucran a las grandes compañías del sector, al Gobierno, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), e incluso a distintos tipos de consumidores como los centros de datos y la gran industria. En juego están miles de millones de euros en inversiones y el futuro de numerosos proyectos estratégicos. El conflicto se intensificó antes del verano, cuando la CNMC planteó su propuesta de retribución para las redes de distribución de Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. El organismo fijó una rentabilidad del 6,46% anual para el periodo 2026-2031, muy por debajo de lo que reclaman las eléctricas, que piden al menos superar el 7%. La situación estalló definitivamente ayer, tras la publicación obligada de los "mapas de capacidad de la red de distribución eléctrica", que muestran qué puntos de conexión están disponibles para grandes consumidores. Según los datos de Aelec, la patronal del sector, el 83,4% de los nudos de la red se encuentra saturado. Aunque esta es la primera vez que se presenta un mapa unificado, la realidad que refleja es preocupante: los pocos puntos libres se ubican en zonas poco atractivas para los grandes proyectos, lo que en la práctica supone un colapso de la red en los lugares clave. Las eléctricas sostienen que sin una mayor retribución por el uso de sus infraestructuras no podrán afrontar nuevas inversiones, lo que agravará la saturación. Alertan de que cientos de proyectos, desde centros de datos hasta planes de electrificación industrial, corren riesgo de paralizarse o trasladarse a otros países. Las estimaciones apuntan a que el impacto económico de esta situación podría superar los 100.000 millones de euros en los próximos cinco a diez años. Mientras tanto, cada parte intenta deslindar responsabilidades. Aelec atribuye el problema a un marco regulatorio que, en su opinión, no ha acompañado el fuerte crecimiento de la demanda. El Gobierno, por su parte, busca contener el coste de la factura eléctrica de los consumidores y evitar que los peajes disparen los precios. Los centros de datos, en plena expansión, pugnan por conseguir prioridad en las conexiones frente a la gran industria, que necesita electricidad para avanzar en su descarbonización. En este pulso, la CNMC recibe críticas de todos los bandos, aunque su actuación se ajusta al mandato del Gobierno, que es quien puede modificar los criterios para calcular los peajes. El Ejecutivo, además de contener los precios, quiere evitar la especulación. Recuerda que desde 2020 se han otorgado más de 43.000 megavatios de capacidad, que ahora deben desarrollarse, y advierte de que no se repita un fenómeno similar al de la burbuja especulativa vivida con las renovables.

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(El País, 09-09-2025) | Laboral

Arranca la venta de los viajes del Imserso

El programa de viajes del Imserso ya tiene fecha confirmada para su inicio. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales ha comenzado a enviar las cartas de acreditación a los pensionistas para que puedan acceder a alguna de las 879.213 plazas disponibles. La venta de viajes para los 2,8 millones de beneficiarios arrancará el 6 de octubre en nueve comunidades autónomas (Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco) y continuará el 8 de octubre en el resto del país. La mayor parte de las plazas serán gestionadas por las agencias de Ávoris, especialmente BTravel y Halcón Viajes, ya que el grupo Barceló se hizo con el lote 1 (turismo en costa peninsular, con 400.000 plazas) y el lote 3 (viajes de escapada y a Europa, con 210.000 plazas). El lote 2 fue adjudicado a Mundiplan, la UTE integrada este año por W2M (que entra en lugar de IAG), Alsa e IAG7 Viajes. Las ventas se canalizarán a través de esta última y de las distintas agencias de W2M, la división de viajes del grupo Iberostar (Azulmarino, Grand Azulmarino o Cibeles). De esta manera, es el primer año en tres convocatorias en el que Ávoris no logra quedarse con los tres paquetes, algo expresamente prohibido en los pliegos. Entre las novedades de esta edición, el Imserso ha reservado 7.447 plazas con un precio reducido de 50 euros, destinadas a pensionistas que cobren prestaciones no contributivas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social, equivalentes a 7.805,8 euros al año o 568,7 euros en 14 pagas. Otra de las innovaciones del programa es que, por primera vez, se permitirá viajar con animales de compañía en los destinos de costa peninsular e insular. Las empresas adjudicatarias deberán reservar un 2% de las plazas de los lotes 1 y 2 para usuarios que viajen con mascota. En este caso, se considerará animal de compañía únicamente a los domésticos de hasta 10 kilos, incluyendo el transportín.

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(El Economista, 09-09-2025) | Laboral

La justicia aclara que los trabajadores generan vacaciones durante el permiso parental de ocho semanas

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha establecido que los empleados que se acogen al permiso parental de ocho semanas para el cuidado de hijos menores de ocho años tienen derecho a seguir generando vacaciones durante ese periodo. En otras palabras, las empresas no pueden restar días de descanso a quienes utilicen este permiso. La resolución, fechada el 5 de junio, ratifica una sentencia previa del Juzgado de lo Social nº 28 de Madrid, que en julio de 2024 ya reconoció este derecho. El tribunal desestima así el recurso de una empresa que, tras conceder el permiso parental a una trabajadora con reducción de jornada, la obligó a acudir a su puesto en días que no le correspondían. Además, confirma la indemnización de 3.700 euros por vulnerar su derecho a conciliar la vida laboral y familiar. En el fallo se señala que, aunque la empresa permitió el disfrute del permiso, lo aplicó en condiciones contrarias a la legalidad y perjudiciales para la empleada. Al no existir un acuerdo expreso de suspensión del contrato, el tiempo de permiso debe considerarse como de trabajo efectivo a efectos de generar vacaciones. No hacerlo así, añade el tribunal, supone vulnerar derechos fundamentales de la trabajadora. Es relevante que la compañía suspendió de forma irregular la relación laboral durante el permiso, retirándole incluso el salario. En una segunda sentencia, dictada el 30 de junio sobre el mismo caso, el TSJM reiteró que el permiso parental devenga vacaciones, igual que sucede en situaciones de baja médica o en el permiso por nacimiento de un hijo.

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(Cinco Días, 09-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El oro supera los 3.600 dólares

El oro volvió a marcar un máximo histórico este lunes, impulsado por la ralentización del mercado laboral en Estados Unidos, reflejada en los datos publicados el viernes, que reforzaron las expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal. La cotización del lingote avanzó cerca de un 0,5%, superando los 3.615 dólares por onza (unos 3.080 euros), ligeramente por encima del récord anterior alcanzado el pasado viernes, cuando llegó a subir un 1,5%. El último informe sobre empleo en EE. UU. reveló una menor creación de puestos de trabajo y un aumento del paro hasta su nivel más alto desde 2021. Esto llevó a los inversores de swaps a reforzar sus previsiones de bajadas de tipos, y actualmente descuentan casi tres recortes antes de que acabe el año. En los próximos días, estas expectativas se pondrán a prueba con varios datos clave: el martes se publicarán las revisiones de las cifras de empleo, y el miércoles y jueves se conocerán los índices de precios de producción y consumo. Además, los mercados estarán atentos a la reacción frente a las subastas de bonos del Tesoro a 3, 10 y 30 años. El oro, pese a no ofrecer rentabilidad directa, gana atractivo como activo refugio en un contexto de incertidumbre sobre el rumbo de la política monetaria estadounidense. Tanto el metal como la plata han duplicado su valor en los últimos tres años, favorecidos por los riesgos geopolíticos, económicos y comerciales que han impulsado la demanda. Las tensiones políticas también juegan un papel. El expresidente Donald Trump ha intensificado sus ataques contra la Reserva Federal, generando inquietud por la independencia del organismo. Trump ha prometido hacerse con una "mayoría" en el banco central para forzar una bajada de tipos, y en agosto llegó a pedir la dimisión de la gobernadora Lisa Cook, quien respondió recurriendo a los tribunales. En este escenario, Goldman Sachs advirtió la semana pasada de que el oro podría acercarse a los 5.000 dólares por onza si se debilitara la independencia de la Fed y los inversores trasladaran apenas un 1% de sus posiciones desde los bonos del Tesoro hacia el lingote. Por otro lado, el viernes la Administración Trump decidió excluir al oro y a otros metales de los aranceles por país. La medida aclara un plan para liberar a las barras de oro de esos impuestos, después de que una resolución de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza sorprendiera al mercado al señalar que el lingote debía tributar en frontera. Mientras tanto, el Banco Popular de China continúa reforzando sus reservas: en agosto las incrementó por décimo mes consecutivo, dentro de su estrategia de diversificación y de reducción de su exposición al dólar.

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(El Economista, 09-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La Sepi pacta más tiempo con la UE para recuperar el dinero los rescates

El Gobierno busca dar solución al problema de los 3.000 millones de euros otorgados a grandes empresas españolas durante la pandemia a través del Fasee (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas), creado específicamente para este fin. Según fuentes financieras citadas por elEconomista.es, la SEPI -presidida por Belén Gualda- ha alcanzado un acuerdo con Bruselas para ampliar los plazos legales y permitir la devolución de estas ayudas más allá de 2029, el límite inicialmente fijado, debido a que algunas compañías no han logrado recuperarse al ritmo previsto. Entre los primeros casos que pondrán a prueba esta flexibilización se encuentran Serhs y Duro Felguera. En el caso del grupo catalán, ya se ha cerrado un acuerdo singular vinculado a su plan de reestructuración, que también involucra a la banca y al fondo de deuda BeSpoke. Por su parte, la ingeniería asturiana encara la fase final de su reestructuración tras obtener una prórroga excepcional del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Oviedo. El nuevo plan contempla un esquema de financiación de la SEPI en el que desaparece el tramo participativo y se fijan tres nuevos vencimientos, dos de ellos más allá de 2029 (en 2032 y 2035). Tanto la SEPI como la Comisión Europea han evitado hacer comentarios al respecto. Cabe recordar que Bruselas estableció en julio de 2020 las condiciones del Fasee, imponiendo limitaciones a las empresas beneficiarias, como la prohibición de repartir dividendos o de crecer mediante adquisiciones. Además, fijó que los préstamos participativos tuvieran una duración máxima de siete años, situando 2029 como fecha tope para los reembolsos (las últimas operaciones se firmaron en mayo de 2022). Para extender más allá ese plazo, España debe notificar cada caso de forma individual a la Comisión Europea, que debe dar su aprobación. También se contemplaron recargos para incentivar la devolución anticipada: por ejemplo, si pasados cinco años (o cuatro en el caso de empresas cotizadas) no se hubiera devuelto al menos un 40% de la ayuda, debía aplicarse un sobrecoste mínimo del 10%. La ampliación de plazos supone un respiro para compañías que difícilmente pueden devolver los fondos en los términos acordados en 2021 y 2022. La SEPI ha aceptado esta vía después de rechazar otras alternativas, como condonar parte de la deuda o convertir los préstamos en acciones. Sí se ha mostrado más flexible en la posibilidad de reducir los intereses cobrados a las empresas. El malestar con las condiciones del rescate lo ha expresado públicamente Air Europa, la primera compañía beneficiada por el Fasee: "Hemos pagado ya más de 100 millones de intereses. ¡Vaya rescate!", criticó recientemente su presidente, Juan José Hidalgo.

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(La Vanguardia, 09-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La Generalitat activa su plan para mitigar los aranceles de EEUU

Las compañías catalanas lograron en la primera mitad de este año esquivar el impacto de la inestabilidad geopolítica. Entre enero y junio, las exportaciones aumentaron un 1,4% y alcanzaron los 51.000 millones de euros, aunque todavía por debajo de los 53.000 millones registrados en 2023, ejercicio en el que se batieron todos los récords. No obstante, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha generado un importante "cambio en el escenario geopolítico y económico", lo que exige, según señaló el president de la Generalitat, Salvador Illa, una respuesta decidida desde el sector público. Sus declaraciones tuvieron lugar durante la presentación del plan 2026-2030 para reforzar la internacionalización de la economía catalana. El programa fija como meta que, antes de que termine la década, se incorporen 2.000 nuevas empresas al ámbito internacional, lo que elevaría la cifra total por encima de las 19.000 actuales. De ellas, mil deberán pasar de exportar de manera esporádica a hacerlo de forma regular. Asimismo, se busca fomentar la creación de 300 filiales en el extranjero. El plan pretende "consolidar" a Cataluña como motor del comercio exterior, dado que concentra el 26% de las exportaciones españolas. Para ello, a partir de enero se pondrá en marcha un programa público-privado destinado a introducir a nuevas compañías en el mercado global. "Queremos que la economía funcione a pleno rendimiento", subrayó Illa, quien señaló al sector agroalimentario como uno de los ámbitos estratégicos, ya que representa el 16% del total exportador. Desde este lunes, las empresas catalanas ya pueden acceder a ayudas de hasta 90.000 euros para diversificar mercados y potenciar sus ventas al exterior. Estas subvenciones forman parte del primer paquete de 50 millones aprobado por el Govern en julio para contrarrestar el impacto de los aranceles y se canalizarán a través de Acció, la agencia de internacionalización de la Generalitat.

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