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(Expansión, 19-11-2025) | Fiscal

Hacienda disparará el control a los pagos por Bizum y con tarjeta desde 2026

A partir del próximo año desaparecerán los límites que obligaban a los bancos a informar mensualmente al Fisco sobre las operaciones efectuadas mediante Bizum y tarjetas de crédito o débito. Con poco más de un mes para que termine el año, comienza la cuenta atrás para la aplicación de varias medidas fiscales que reforzarán el control tributario a partir de 2026. Tras la aprobación reciente en el Congreso de la transposición de la Directiva europea DAC 8 -que permitirá a Hacienda embargar distintos tipos de criptoactivos a sus deudores-, el organismo tributario también tendrá, desde el 1 de enero, acceso ampliado a los datos sobre pagos realizados con tarjeta o a través de Bizum, una de las plataformas de pago inmediato más extendidas. En esencia, las novedades previstas para 2025 eliminan los umbrales mínimos que hasta ahora limitaban la obligación de los bancos de comunicar los movimientos de sus clientes, entre los que se incluyen tanto particulares como empresas y profesionales autónomos. Los expertos fiscales consultados por EXPANSIÓN coinciden en que estas nuevas exigencias de información ofrecerán a Hacienda más herramientas para combatir el fraude, aunque también advierten de que podrían aumentar las comprobaciones a los contribuyentes, dado que la Administración tendrá más datos sobre las transacciones realizadas por personas físicas, compañías y autónomos, según apunta César García Novoa, coordinador del grupo de expertos en Derechos y Garantías del Contribuyente de la Aedaf. Desde enero, las entidades financieras deberán comunicar mensualmente todas las operaciones realizadas a través de Bizum, sin importar su cuantía. La supresión de los límites también afectará a las operaciones con tarjeta efectuadas o recibidas por empresas y profesionales, lo que ampliará notablemente la capacidad de control del Fisco sobre los pagos digitales y proporcionará mucha más información en caso de inspección. Para García Novoa, la consecuencia más inmediata será un incremento de las actuaciones inspectoras centradas en el movimiento de cuentas y pagos. En este escenario, los autónomos podrían ser uno de los colectivos más afectados, ya que Hacienda ha detectado un uso creciente de Bizum y pequeños cobros con tarjeta entre sus clientes. Solo el año pasado, Bizum registró 58 millones de transacciones comerciales por un total de 3.107 millones de euros. Por este motivo, los asesores fiscales recomiendan encarecidamente separar las cuentas personales de las profesionales para distinguir si una operación realizada por Bizum está vinculada a la actividad económica o no. La supresión de los límites genera también diversas dudas legales y procedimentales. Algunos fiscalistas consideran que estas medidas pueden resultar poco prácticas, ya que los umbrales anteriores permitían "racionalizar el trabajo de la Administración y evitar la atención a importes mínimos o de escasa relevancia". Ahora, Hacienda recibirá datos de operaciones que en muchos casos no tendrán importancia económica, lo que podría vulnerar el principio de proporcionalidad. Para García Novoa, "no parece lógico desplegar un control tan intensivo sobre contribuyentes que realizan pequeñas transacciones, como ventas puntuales en plataformas como Wallapop". Además, la ampliación del acceso a información suscita inquietudes en torno a la privacidad y protección de datos. Los asesores recuerdan que conocer sin límites los pagos de una persona supone acceder a parte de su vida privada. Hasta ahora, para que Hacienda pudiera obtener tanta información era necesario iniciar procedimientos más restrictivos, como una comprobación o una inspección formal. Desde el próximo año ya no será imprescindible, pues los bancos estarán obligados a enviar informes mensuales automáticamente. Por ello, García Novoa prevé que será necesario modificar la normativa para respaldar este aumento del control. Junto con la desaparición de los límites de información sobre Bizum y tarjetas, Hacienda también exigirá desde enero que las entidades informen de los contribuyentes que superen los 25.000 euros anuales en pagos con tarjeta. Según los asesores consultados, esta medida profundiza en uno de los objetivos del último Plan de Control Tributario: contrastar el nivel de vida del contribuyente -incluido su patrimonio- con los ingresos declarados. Sin embargo, también advierten de que podría incentivar un mayor uso del pago en efectivo.

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(Expansión, 19-11-2025) | Fiscal

El nuevo criterio de la Dirección General de Tributos diferencia claramente el gasto en inmobiliarias del tratamiento fiscal de las arras penitenciales

La Dirección General de Tributos (DGT) ha resuelto una cuestión relevante para quienes compran vivienda: la comisión pagada a una agencia inmobiliaria no puede considerarse una pérdida patrimonial deducible en el IRPF cuando el comprador se retracta y decide no seguir adelante con la operación. Con esta interpretación, el organismo distingue de forma precisa este gasto del régimen fiscal aplicable a las arras penitenciales. En una resolución vinculante, la DGT afirma que la pérdida del importe entregado como arras sí supone una disminución patrimonial que reduce la base imponible general, ya que implica una variación negativa en el patrimonio del contribuyente. No obstante, el organismo subraya que la comisión abonada a la inmobiliaria -incluso cuando únicamente se retenga una parte por los servicios ya prestados- tiene una naturaleza diferente. Basándose en el artículo 33.5 de la Ley del IRPF, la DGT considera ese pago como una "aplicación de renta al consumo". Es decir, se trata del precio de un servicio de intermediación que el cliente ha recibido y del que ha disfrutado, aunque finalmente no se formalice la compraventa. Por ello, a diferencia de las arras, que funcionan como una penalización, la comisión constituye la retribución por un trabajo efectivamente realizado. En consecuencia, este importe no puede deducirse en la declaración de la Renta, fijando así un criterio relevante para casos futuros en los que la operación no llegue a buen término. Esta interpretación obliga a los compradores a distinguir claramente entre la penalización por desistir -las arras, que sí se pueden deducir- y el pago por los servicios profesionales de la agencia -la comisión, que no resulta deducible-, redefiniendo el impacto fiscal de echarse atrás en una compra inmobiliaria.

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(La Vanguardia, 19-11-2025) | Fiscal

Hacienda acelera y eleva el techo de gasto del Estado un 8,5% hasta los 212.000 millones

El Consejo de Ministros dio luz verde este martes a un techo de gasto estatal de 212.000 millones de euros. Esto supone un aumento del 8,5% y ofrece al Gobierno un amplio margen para negociar con las distintas fuerzas políticas los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Para 2025, el límite de gasto había crecido un 3,2%, de modo que, pese a que el avance nominal de la economía es menor que el estimado hace un año, el incremento aprobado ahora casi triplica al anterior. La clave para lograrlo es la elevada previsión de recaudación de impuestos que también baraja el Gobierno. En este sentido, Montero estimó que el ejercicio 2025 acabará arrojando "unos ingresos tributarios por encima de los 325.000 millones", lo que implicaría un incremento del 10,3% respecto a los 295.000 de 2024, y más de 30.000 millones de recursos adicionales. A partir de ahí, detalló, la previsión de Hacienda es que en el año 2026 la recaudación se eleve otro 8,5%, lo que supondría rondar los 353.000 millones, casi 28.000 millones extra respecto a 2025. Una cuantía que se alcanzaría "sin ningún tipo de actuación" ni de "medidas adicionales en materia fiscal o nuevas figuras impositivas". Es decir, sin subir impuestos, por pura inercia, gracias al efecto del crecimiento económico (del 2,9% este año y el 2,2% en 2026, según las nuevas previsiones económicas del Gobierno), de la renuncia de Hacienda a deflactar el IRPF con la evolución de precios y salarios, y de la última reforma fiscal, que según Montero aún se está "estrenando" y que incluye palancas "tributarias que tienen todavía capacidad de rendimiento" por delante. Aunque el Gobierno tiene pendientes compromisos con Bruselas como la equiparación fiscal del diésel a la gasolina, la titular de Hacienda admitió que el Gobierno renuncia a impulsar nuevas medidas fiscales dada "la dificultad que tenemos para acometer reformas de este tipo en el Congreso de los Diputados". A partir de esta previsión de ingresos y gastos, el Gobierno aprobó ayer una nueva senda fiscal que pasa por reducir el déficit desde el 2,5% del PIB previsto para 2025 al 2,1% en 2026, el 1,8% en 2027 y el 1,6% en 2028. El grueso del ajuste recaería en la Administración General del Estado, que debe rebajar su agujero fiscal al 1,8%, el 1,5% y el 1,4%, respectivamente. A su vez, las autonomías mantendrían de margen una décima de déficit anual todo el periodo; la Seguridad Social, dos décimas iniciales, a reducir a una en 2028, mientras los ayuntamientos deberán tener equilibrio presupuestario. Este nuevo límite de gasto permite al Estado disponer de 16.600 millones adicionales respecto al techo fijado para 2025 (que sigue siendo válido aunque no hubiera nuevas cuentas). A esto se suman los 4.200 millones restantes procedentes de las transferencias de los fondos europeos. Con este planteamiento, Hacienda propone un aumento sustancial del gasto para intentar atraer el apoyo de los grupos parlamentarios. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió que se trata de "unos presupuestos atractivos, capaces de ampliar derechos y consolidar las políticas del Estado del bienestar". "Serán expansivos y responsables", insistió, confiando en que susciten el respaldo de otras formaciones. Las cifras también contemplan una transferencia adicional de 23.000 millones de euros a la Seguridad Social para seguir compensando el déficit contributivo del sistema de pensiones. Es la misma cuantía que la asignada el año pasado, motivo por el cual el organismo no reducirá su déficit en 2026. El objetivo fijado para la Seguridad Social se mantiene en un 0,2%, igual que en el ejercicio actual. El grueso del incremento del techo de gasto se reserva, por tanto, para políticas que gestionará directamente la Administración Central. Además, el Consejo de Ministros aprobó la nueva senda de estabilidad presupuestaria, que deberá ser refrendada por el Congreso. Como ya se planteó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del lunes, se propone un objetivo de déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas, una meta que el Parlamento rechazó el año pasado con el voto negativo de Junts. Para 2026, el déficit previsto del Estado será del 1,8% y el de la Seguridad Social del 0,2%, mientras que los ayuntamientos deberán mantener equilibrio presupuestario hasta 2028. El fuerte ritmo de crecimiento de los ingresos públicos, impulsado por la actividad económica y la inflación, permitirá seguir reduciendo el déficit en los próximos ejercicios. Hacienda confirma que el déficit se situará en el 2,5% del PIB este año, bajará al 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y llegará al 1,6% en 2028. Si las previsiones se cumplen, España alcanzará este año su primer superávit primario (antes del pago de intereses de la deuda) desde 2007.

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(El Economista, 19-11-2025) | Fiscal

El Ejecutivo endurece la ley del juego para evitar fraudes y prohíbe el uso de medios de pago anónimos

El Gobierno ha decidido reforzar la normativa del juego para combatir posibles fraudes, poniendo fin al uso de métodos de pago anónimos. Los cambios introducidos obligarán a los jugadores a utilizar únicamente medios de pago que estén a su nombre y sean de su propiedad. De forma paralela, las empresas del sector solo podrán aceptar "medios de pago nominativos y cuyo titular sea el participante". Las compañías deberán verificar que las tarjetas bancarias, transferencias, monederos electrónicos o pagos mediante móvil pertenecen realmente a quien juega. El objetivo es evitar, entre otros problemas, casos de suplantación de identidad que a menudo salen a la luz cuando Hacienda atribuye al contribuyente suplantado el pago del IRPF correspondiente. Una vez que la modificación legislativa entre en vigor, los jugadores dispondrán de un plazo de seis meses para registrar los métodos de pago de los que sean titulares. Durante este periodo podrán seguir jugando, pero no podrán retirar sus premios hasta completar la identificación. Si transcurren los seis meses sin cumplir con esta obligación, las empresas deberán cancelar el contrato y devolver tanto los saldos acumulados como los premios pendientes, aunque esto no impedirá que la Administración investigue posibles delitos de fraude. El Ejecutivo ha incorporado estas medidas a la ley que regula los servicios de atención al cliente, aprobada por el Congreso el 13 de noviembre y actualmente en trámite en el Senado. Los cambios obedecen, en parte, a la sentencia del Tribunal Supremo del 2 de abril de 2024, que anuló varios artículos del Real Decreto de 2020 sobre publicidad del juego por carecer de respaldo legal. Ahora, el Gobierno introduce directamente las modificaciones en una ley. Las novedades se dividen en dos bloques: publicidad y control del juego. En materia de control, se exigirá a los operadores que las cuentas bancarias donde los usuarios ingresen o retiren fondos estén radicadas en España. Además, se creará el Registro de Proveedores de Juego, en el que deberán inscribirse obligatoriamente todas las empresas que quieran ofrecer apuestas o juegos de azar en el país. Únicamente se homologarán en España los sistemas y programas informáticos inscritos previamente en dicho registro. Las compañías que operen sin autorización en territorio español incurrirán en una infracción grave, sancionada con multas de entre 100.000 euros y 1 millón, así como con la suspensión de su actividad durante un máximo de seis meses. Tendrán seis meses para adaptarse desde la entrada en vigor de la ley. El texto también prevé un nuevo reglamento para regular límites y prohibiciones en publicidad. El Gobierno quiere impedir que se envíen promociones a usuarios que no hayan dado su consentimiento. Asimismo, solo se podrán enviar ofertas a jugadores con una cuenta activa desde hace al menos 30 días y que hayan sido verificados documentalmente. La normativa permitirá vetar la participación de personas famosas o influencers en anuncios de juegos de azar y apuestas, así como restringir la difusión de promociones en plataformas como YouTube, Twitch o redes sociales si no cuentan con mecanismos eficaces para evitar que lleguen a menores. También se impondrán límites a los patrocinios y a la colocación de publicidad en eventos deportivos sujetos a apuestas o loterías.

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(Expansión, 19-11-2025) | Laboral

La AIReF critica que Seguridad Social use recursos para llenar la hucha de pensiones

La Autoridad Fiscal pone en duda que tenga sentido destinar fondos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social cuando el sistema de pensiones necesita cada año más de 48.000 millones adicionales a las cotizaciones para mantenerse. Uno de los mensajes clave del Gobierno para destacar la reforma de las pensiones aprobada entre 2021 y 2023 -y para defender que las medidas garantizan la viabilidad del sistema en el medio y largo plazo, especialmente ante las fuertes tensiones financieras previstas a partir de 2030 con la jubilación masiva de los baby boomers- es que el aumento estructural del gasto convive con la recuperación progresiva de la llamada hucha de las pensiones. Sin embargo, tres años después de que comenzara a aplicarse la nueva cotización adicional destinada a nutrir este Fondo de Reserva, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) cuestiona abiertamente su utilidad. Es más, duda de que este mecanismo contribuya realmente a sostener el sistema en el futuro. Conviene recordar que la hucha está aumentando gracias a la recaudación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cuota añadida sobre los salarios. "Si la Seguridad Social sigue registrando déficit, no veo lógico que parte de sus ingresos se derive al Fondo de Reserva, obligando al mismo tiempo a recurrir a más transferencias estatales o a endeudarse", criticó la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, durante su comparecencia este martes en la comisión del Pacto de Toledo. Con estas declaraciones, la Autoridad Fiscal coincide con las advertencias de otras instituciones que han cuestionado la conveniencia de aplicar esta cotización añadida -que este año grava un 0,8% de los salarios y que subirá al 1,2% en 2029- cuando la Seguridad Social presenta un déficit contributivo, es decir, recauda menos en cotizaciones de lo que necesita para pagar las pensiones contributivas. Los últimos datos presupuestarios muestran que el MEI ha generado 3.658 millones de euros en cuotas pagadas por empresas y trabajadores, incluidos los autónomos, lo que supone un 32,5% más que el año pasado en el mismo periodo, impulsado por la subida del tipo desde el 0,7% al 0,8%. El Ministerio de Seguridad Social prevé que la hucha alcance los 14.000 millones en 2025, un 49% más que los algo más de 9.300 millones acumulados al cierre del ejercicio anterior. La crítica de la Airef se centra en que este aumento de ingresos por el MEI se produce al mismo tiempo que crecen con fuerza las transferencias del Estado, provenientes de los impuestos, necesarias para cubrir el gasto total en pensiones debido a que las cotizaciones no bastan. Solo en los primeros nueve meses del año, el Estado ha aportado 42.805 millones de euros, cifra que ya supera los 42.200 millones transferidos en todo 2024 y que supone un incremento del 18% respecto al ejercicio anterior.

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(El Economista, 19-11-2025) | Laboral

El Estado transferirá casi 23.000 millones para pagar pensiones

La necesidad de que el Estado aporte fondos adicionales a la Seguridad Social para garantizar el pago de las pensiones también influye de forma significativa en la elaboración del techo de gasto y en la senda fiscal prevista para las Administraciones Públicas el próximo año. Hacienda calcula que estas transferencias alcanzarán los 22.881 millones de euros en 2025. Según el Ministerio, esta cantidad representa una parte muy relevante del déficit de la Administración central: equivale a 1,4 puntos del PIB de los 1,8 puntos de déficit previstos. Gracias a estas aportaciones, se evitará un desajuste mayor en las cuentas de la Seguridad Social, que, según las previsiones, mantendrá un déficit del 0,2% del PIB entre 2025 y 2027, reduciéndose al 0,1% en 2028. Aunque las transferencias desde los Presupuestos Generales del Estado para financiar las pensiones se han convertido en una herramienta cada vez más frecuente, su volumen actual aún no es suficiente para resolver las tensiones financieras que afronta el sistema. De hecho, este año la Seguridad Social agotó la totalidad de las transferencias estatales tres meses antes de que terminara el ejercicio, según el Resumen de Ejecución Presupuestaria del Ministerio. El año pasado esto no ocurrió hasta noviembre. Hasta septiembre, último dato disponible, la Seguridad Social había recibido 38.926 millones de euros del Estado para cubrir su déficit, lo que supone el 100,62% de la cuantía prevista para el conjunto del año (38.688 millones), es decir, ya ha consumido 238 millones más. En comparación, las transferencias usadas hasta septiembre representaron el 74% de lo presupuestado en 2021 (24.754 millones), el 72% en 2022 (25.123 millones en cifras absolutas), el 77% en 2023 (30.110 millones) y el 83% en 2024.

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(Expansión, 19-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La banca clama ante la carga de la reforma digital europea

El sector considera que Bruselas está desaprovechando una ocasión importante para lograr una verdadera simplificación. Elaborar legislación es un proceso complejo y, en ocasiones, las nuevas normas terminan generando consecuencias no deseadas. Ese parece ser el caso de la reforma de la normativa digital que la Comisión Europea presenta hoy y que, según denuncia la banca europea, implicará un aumento de la carga administrativa, justo lo contrario del objetivo oficial. Entre todas las regulaciones que prepara el equipo de Ursula von der Leyen, la que más inquieta al sector financiero es la relacionada con la ciberseguridad. Las entidades confiaban en que la iniciativa de simplificación normativa del Ejecutivo comunitario pusiera fin a la excesiva complejidad existente en esta materia, pero los cambios que se conocen hasta ahora apuntan a que Bruselas no aliviará realmente esta presión, o al menos no de forma que satisfaga a la banca. El problema radica en que las entidades financieras deben cumplir dos marcos regulatorios distintos en el ámbito digital: la Ley de Ciberresiliencia (CRA) y la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA). La Comisión propondrá hoy la creación de una plataforma única donde todas las empresas que ofrezcan productos o servicios digitales tendrán que notificar sus incidentes de ciberseguridad, un riesgo cada vez más frecuente en sectores en constante evolución tecnológica, como el bancario. Sin embargo, este nuevo hub no cambia significativamente la situación de las entidades, que denuncian que seguirán teniendo que duplicar sus procedimientos de notificación en caso de ataques informáticos. Esto, advierten, provoca procesos redundantes y un incremento de los costes de cumplimiento en un momento en que las nuevas leyes deberían precisamente reducir la burocracia. Desde Bruselas afirman que las coincidencias entre ambas normativas son escasas y que cada una cumple una función distinta. "La CRA se orienta a evitar ciberataques mediante productos digitales seguros, mientras que DORA aborda la recuperación de una entidad tras un ataque o un fallo en sus proveedores tecnológicos", explican expertos comunitarios, que consideran lógico que el sector financiero tenga que ajustarse a ambas exigencias. No obstante, las entidades insisten en que en la práctica esa separación no existe y que el solapamiento es evidente, ya que las tecnologías que regulan los productos supervisados por la CRA también afectan a la operativa de los bancos y de sus proveedores dentro del ámbito de DORA. Según la banca, en la mayoría de los casos se acaba reportando conforme a los dos reglamentos a la vez, pero con criterios y requisitos distintos debido a la falta de armonización entre ellos. El sector también cuestiona la utilidad del nuevo hub, pues entiende que no solo no reducirá la carga regulatoria, sino que incluso podría convertirse en un punto vulnerable desde el punto de vista de la ciberseguridad al concentrar toda la información sobre los incidentes y las respuestas de las empresas. Para resolver esta complejidad normativa, la banca recurre al propio reglamento de la CRA, que contempla la posibilidad de eximir de sus requisitos a los sectores ya sujetos a su propia regulación digital, como ocurre con DORA en el ámbito financiero. Por ello, las entidades sostienen que la Comisión Europea únicamente tendría que activar esa cláusula de exención para evitar las duplicidades contra las que protestan. El inconveniente, señalan fuentes financieras, es que Bruselas ya ha dejado bastante claro que no tiene intención de utilizar esa facultad.

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(El País, 19-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno mejora al 2,9% la previsión de crecimiento de la economía española para 2025

Las perspectivas sobre la evolución de la economía española continúan mejorando, impulsadas por la solidez del consumo doméstico y del ritmo inversor. El Gobierno ha revisado al alza su estimación de crecimiento para 2025, situándola en el 2,9%, dos décimas más que en su previsión anterior. Así lo comunicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, donde presentó la actualización de las proyecciones macroeconómicas. Esta es la tercera modificación que realiza el Ejecutivo a lo largo del año. En febrero ya había incrementado la previsión del PIB hasta el 2,6% -dos décimas más- y en septiembre volvió a ajustarla, elevándola al 2,7%. Con esta nueva revisión, las expectativas del Gobierno se equiparan a las del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, que también apuntan a un crecimiento del 2,9%, aunque siguen ligeramente por debajo de las de BBVA Research y el Consejo General de Economistas, que prevén un avance del 3%. Los últimos datos publicados apuntaban ya a esta posible corrección. A finales de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística revisó al alza el crecimiento del PIB del segundo trimestre, que finalmente se situó en el 0,8% entre abril y junio, una décima más de lo inicialmente estimado. Esto confirmó que España superó con solidez uno de los periodos más turbulentos recientes, marcado por las tensiones comerciales protagonizadas por Donald Trump. En el tercer trimestre, no obstante, el aumento se moderó al 0,6%, lo que supone una ligera desaceleración, aunque mantiene la cadena de nueve trimestres consecutivos con crecimientos iguales o superiores a seis décimas. La menor dependencia económica de España respecto a Estados Unidos, en comparación con otros países europeos, ha contribuido a amortiguar el impacto de la inestabilidad internacional. Aun así, el sector exterior está frenando un posible comportamiento aún mejor de la actividad económica. En contraste, el dinamismo del gasto de los hogares -favorecido por un notable crecimiento demográfico de un millón de personas en dos años, la previsión de superar los 50 millones de habitantes en 2026, un empleo en máximos históricos y un desempleo en mínimos de casi veinte años- está sosteniendo el conjunto de la economía y consolidando a España como el país avanzado que más crece por segundo año consecutivo. El Ejecutivo también ha dado a conocer un aumento del techo de gasto para los Presupuestos de 2026, que alcanzará los 212.026 millones de euros, la cifra más alta registrada hasta ahora y un 8,5% superior a la del ejercicio anterior. Si se suman los 4.151 millones procedentes de fondos europeos, el total asciende a 216.177 millones. En materia fiscal, el Gobierno ha fijado los objetivos de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas: un 2,1% en 2026, un 1,8% en 2027 y un 1,6% en 2028. Para este año se mantiene la meta del 2,5%, por lo que, si se cumple la trayectoria prevista, el desequilibrio presupuestario irá reduciéndose progresivamente. La Administración Central asumirá la mayor parte del desfase (1,8%), mientras que la Seguridad Social aportará un 0,2% y las comunidades autónomas un 0,1%.

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(El País, 19-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La compra de vivienda en septiembre alcanzó el mayor nivel en este mes desde que existen registros, hasta 63.794 casas

El mercado inmobiliario suele mostrar fuertes variaciones estacionales. Tras un verano tradicionalmente más débil, septiembre acostumbra a marcar un repunte, pero el de este año ha sido especialmente llamativo: en el noveno mes se registraron 63.794 compraventas de viviendas, la cifra más alta para un septiembre desde que el INE comenzó a recoger estos datos hace 18 años, según publicó este martes el organismo estadístico. Este repunte compensa el mal dato de agosto -el peor en un mes de agosto desde la pandemia- y devuelve el volumen mensual a niveles superiores a las 59.000 operaciones que se han promediado en 2024. En términos mensuales, el incremento ha sido del 33,7%, y en comparación interanual del 3,8%. El comportamiento de este septiembre no tiene precedentes en toda la serie histórica. Las 63.794 operaciones suponen 2.322 más que las registradas en el mismo mes de 2023, que ya marcó un récord desde 2007. Además, duplican holgadamente las cifras de hace diez años, cuando en septiembre de 2015 apenas se formalizaban unas 30.000 transacciones. José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), valora el aumento como "una señal de la fortaleza y capacidad de recuperación del mercado", incluso "a pesar de los precios elevados y la escasez de oferta". A su juicio, el auge responde tanto al empuje de la vivienda nueva como a la falta de alternativas en el alquiler, que está empujando a muchos arrendatarios hacia la compra. "Las operaciones crecen, pero la oferta sigue siendo insuficiente, sobre todo en las grandes ciudades, lo que mantiene la presión sobre los precios", advierte. Las estadísticas del INE reafirman la hegemonía de la vivienda usada (78,3% de las operaciones) frente a la nueva (21,67%), y muestran también un ligero aumento en la venta de viviendas protegidas respecto a agosto (+1.239). Solo en julio se vendieron más VPO que en septiembre (4.456 frente a 4.388). "Tras un mes de leve retroceso, las cifras vuelven a subir; aunque el crecimiento es más moderado que hace un año, seguimos en niveles históricamente altos", señala Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com. En cuanto a las comunidades autónomas, Andalucía encabeza el listado con 19.303 operaciones, seguida de la Comunidad Valenciana (15.514), Cataluña (13.864) y Madrid (12.212). No obstante, en territorios como la Comunidad Valenciana, Baleares o Madrid se aprecia cierta desaceleración. "Esto indica un mercado con precios en máximos, donde la demanda empieza a mostrar cautela y dificultades para acceder", explica Alfaro. Por el contrario, regiones como Castilla-La Mancha -que ha pasado de 3.932 compraventas en agosto a 4.897 en septiembre- reflejan "el desplazamiento gradual de compradores hacia zonas periféricas menos tensionadas, donde los precios siguen siendo accesibles", apunta el presidente de la FAI. "Las expectativas de nuevas subidas de precios seguirán impulsando la actividad del sector, que probablemente mantenga este ritmo tan dinámico", coincide Font. A pesar del buen desempeño de septiembre, los problemas estructurales del mercado de la vivienda continúan intactos. La escalada de precios y la falta de obra nueva siguen asfixiando la oferta y comprometiendo la viabilidad del sector. La situación es tan grave y extendida que el Defensor del Pueblo informó este lunes de que ha recibido 822 quejas en 2024 sobre la crisis de acceso a la vivienda e instó a las Administraciones a ampliar el parque público y destinarlo mayoritariamente al alquiler.

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(El Economista, 19-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno pondrá fin "al fraude" del alquiler de habitaciones, limitará los precios y regulará el arrendamiento de temporada

El Gobierno continúa adelante con sus planes de reforzar el control sobre la vivienda y centra ahora su atención en el alquiler de habitaciones y en los alquileres de temporada. Este martes, el PSOE y el PNV han alcanzado un acuerdo en el Congreso con Sumar, ERC y Bildu -promotores de la iniciativa para regular estos tipos de alquiler- para respaldar la propuesta a cambio de introducir ciertos cambios, entre ellos ampliar de nueve a doce meses la duración máxima de los contratos temporales. El pacto se ha cerrado durante la reunión de la ponencia encargada de esta ley, que ha aprobado su informe con el rechazo del PP, Vox y Junts. Al documento, que será debatido la próxima semana en la Comisión de Vivienda, se le han añadido 19 enmiendas transaccionales consensuadas entre los grupos. Uno de los aspectos más relevantes afecta al alquiler de habitaciones, cuyo precio pasaría a quedar regulado. En la práctica, esto implica que la suma de las rentas de las habitaciones no podrá superar el límite fijado para las viviendas completas y que los inquilinos contarán con las mismas garantías que en un contrato de arrendamiento tradicional. Por otra parte, el texto original fijaba que, si un contrato temporal superaba los nueve meses, debía considerarse un alquiler de vivienda habitual, aplicándosele así los mismos plazos, prórrogas y condiciones recogidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Tras las negociaciones, este umbral se ha ampliado a los doce meses. Estos mismos grupos parlamentarios han pactado también otra enmienda para modificar la LAU, de manera que no puedan establecerse nuevas condiciones que carguen al inquilino gastos adicionales -como impuestos, tasas, servicios o contribuciones- que no estuvieran recogidos en el contrato previo. Además, cuando el edificio tenga un único propietario, se prohibirá que el arrendatario asuma los gastos de comunidad. Asimismo, las enmiendas incorporadas establecen que los contratos de temporada o de habitaciones disfrutarán de las mismas garantías que un alquiler habitual, como la prohibición de cobrar honorarios al inquilino, los límites en la fianza y el control de precios. También se veta el cobro de servicios inmobiliarios como visitas, cambios de suministros o asesoramiento, con el fin de evitar prácticas abusivas. Otra novedad es que se permitirá al inquilino realizar reparaciones y descontar su coste del alquiler en caso de que el propietario no cumpla con sus obligaciones. Desde el grupo socialista han destacado que el acuerdo es resultado del trabajo conjunto del partido, del Ministerio de Vivienda, de los sindicatos de inquilinas y de los grupos que lo han suscrito, con el propósito de proteger a miles de arrendatarios en España. Los socialistas consideran que regular los alquileres de temporada y de habitaciones es "fundamental para frenar el fraude" que se da en este tipo de contratos, especialmente en las grandes ciudades, y confían en que prevalezca el interés general para su aprobación final. Por su parte, el Sindicato de Inquilinos de Cataluña -impulsor de la Iniciativa Legislativa Popular que sirve de base a esta ley- recuerda que la propuesta retoca "de forma precisa" varios artículos de la LAU para poner fin a las prácticas fraudulentas que buscan esquivar la regulación, garantizando así que los límites de precios se apliquen también a los alquileres de temporada y de habitaciones.

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