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(Expansión, 29-12-2025) | Fiscal

Todos los impuestos que llegan en 2026: Tasa de basura, plusvalía y otros tributos

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado del Consejo General de Economistas, ha elaborado un compendio con las principales novedades normativas ya aprobadas que tendrán efectos en el ejercicio 2025, así como de las modificaciones previstas para 2026. En este documento se recogen las claves fiscales que afectarán el próximo año a trabajadores por cuenta ajena, autónomos, profesionales y empresas. Régimen Económico y Fiscal de Canarias (RIC). Desde 2025 se amplía el alcance de la RIC, de manera que también podrán beneficiarse de este incentivo fiscal las inversiones destinadas a la rehabilitación de viviendas protegidas que se destinen al alquiler para personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias. De este modo, no solo la construcción de este tipo de inmuebles, sino también su rehabilitación, pasa a estar incluida dentro del ámbito de aplicación de la RIC. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. A partir del 1 de enero de 2025 entran en vigor nuevos coeficientes máximos para este impuesto municipal, conocido comúnmente como plusvalía municipal, que grava el incremento de valor del suelo urbano cuando se transmite un inmueble, ya sea mediante compraventa, donación o herencia. Estos coeficientes se emplean para determinar la base imponible cuando se aplica el método objetivo, que calcula la cuota a partir del valor catastral del suelo en el momento del devengo y del tiempo transcurrido desde la adquisición hasta la transmisión. La revisión aprobada para 2025 introduce cambios en prácticamente todos los tramos temporales, ajustando los coeficientes -al alza o a la baja- en función del periodo durante el cual se ha generado el incremento de valor. En los supuestos de generación muy corta, inferiores a un año o de uno a tres años, los coeficientes máximos se mantienen estables o registran incrementos moderados; por ejemplo, en los periodos inferiores a un año pasan del 0,15 al 0,16. En los tramos intermedios, especialmente entre los cuatro y los doce años, los ajustes son más dispares, con subidas significativas en determinados casos. Así ocurre con el coeficiente aplicable a incrementos generados en ocho años, que se eleva del 0,19 al 0,23. Estas modificaciones pretenden adaptar el impuesto a la evolución real del mercado inmobiliario y a los cambios en el valor del suelo, con el objetivo de que el método objetivo refleje de forma más fiel la ganancia obtenida. En los periodos de tenencia más largos, superiores a quince años, los cambios son más moderados y, en general, se traducen en una reducción de los coeficientes máximos. Un ejemplo destacado es el coeficiente correspondiente a incrementos generados en veinte años o más, que baja del 0,40 al 0,35, lo que implica una menor base imponible cuando el inmueble se transmite tras largos periodos de posesión. La tasa de basuras se ha convertido en uno de los tributos locales más controvertidos de los últimos años. Aunque no es una figura nueva y la Ley de Haciendas Locales siempre ha permitido a los ayuntamientos establecerla, el debate se ha intensificado a raíz de la exigencia de la normativa europea de que el coste real del servicio de gestión de residuos sea asumido por los ciudadanos. Como consecuencia, muchos municipios han reactivado, incrementado o reformulado esta tasa, después de largos periodos en los que permanecía congelada o integrada en otros recibos municipales. El origen del conflicto está en el creciente coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos. La Unión Europea obliga a implantar sistemas más sostenibles, con mayores exigencias en separación, reciclaje y control de vertidos, lo que encarece notablemente el proceso. La normativa comunitaria establece además que el coste debe recaer en quien genera los residuos, es decir, en el ciudadano. Hasta ahora, muchos ayuntamientos sufragaban parte del servicio con impuestos generales, como el IBI, pero al tener que repercutir el coste real han aplicado subidas importantes que han sorprendido a numerosos contribuyentes. Otro aspecto controvertido es el sistema de cálculo de la tasa. En la mayoría de los municipios no se tiene en cuenta la cantidad real de residuos que genera cada vivienda, sino que se aplican criterios indirectos como la superficie del inmueble, su uso o su ubicación. Esto provoca una sensación de falta de equidad, especialmente entre personas que viven solas, hogares con hábitos de reciclaje muy estrictos o viviendas ocupadas solo de forma ocasional, que acaban pagando importes similares a los de familias numerosas o actividades con mayor producción de residuos. A esta situación se suma la percepción de una comunicación insuficiente por parte de algunos ayuntamientos al reintroducir o incrementar la tasa, lo que ha generado confusión entre los vecinos. En determinados municipios, la tasa llevaba años incluida de forma indirecta en otros recibos o en el IBI, y su cobro separado ha sido interpretado por muchos como la creación de un nuevo impuesto, aunque técnicamente no lo sea. La falta de claridad ha dado lugar, en algunos casos, a protestas ciudadanas y a la presentación de recursos administrativos. También ha sido objeto de debate la aplicación de importes diferenciados a locales comerciales, establecimientos hosteleros y actividades industriales, donde las cuantías pueden ser muy superiores a las de las viviendas. Estos sectores denuncian que los importes no siempre guardan relación con la cantidad real de residuos generados y que, en algunos casos, el coste se ha incrementado de forma muy brusca en apenas un año. Las organizaciones empresariales advierten de que esta tasa supone una presión adicional para negocios ya afectados por otros aumentos de costes. En definitiva, la tasa de basuras se ha convertido en el reflejo de un debate más amplio sobre cómo financiar los servicios municipales en un contexto de mayores exigencias normativas europeas y de presupuestos locales muy ajustados. El desafío consiste en equilibrar la necesidad de cubrir el coste real del servicio, fomentar la reducción de residuos y evitar que la tasa sea percibida como un impuesto más difícil de justificar.

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(El País, 29-12-2025) | Fiscal

Los ingresos acumulados alcanzan hasta el mes de noviembre los 301.355 millones de euros

De acuerdo con la información más reciente difundida por la Agencia Tributaria, los ingresos fiscales acumulados hasta noviembre alcanzan los 301.355 millones de euros. Esta cifra no solo representa un aumento interanual del 10%, sino que además supera ampliamente, con un mes aún pendiente para cerrar el ejercicio, el total recaudado en todo 2024, que ascendió a 294.734 millones de euros y marcaba hasta ahora el máximo histórico. Con estos datos, todo apunta a que 2025 cerrará de nuevo con un récord de recaudación. El fuerte crecimiento de los principales impuestos, impulsado por la evolución positiva de la economía, junto con una serie de modificaciones normativas de gran impacto, explican un avance de los ingresos que, en términos homogéneos, se sitúa en el 11%. A ello se suman aportaciones extraordinarias derivadas de regularizaciones, adelantos en devoluciones y cambios en los calendarios de cobro. Tras el desplome registrado en 2020 como consecuencia de la pandemia, los ingresos tributarios en España han encadenado máximos históricos año tras año, favorecidos tanto por el crecimiento económico como por los efectos de la inflación en figuras clave como el IRPF y el IVA. A pesar de ello, la presión fiscal -medida como la proporción de ingresos públicos sobre el PIB- se ha mantenido relativamente estable y se situó en torno al 36,7% en 2024, último dato disponible, un nivel sensiblemente inferior al de otras grandes economías europeas como Alemania, Francia o Italia. El impuesto sobre la renta se consolida como el principal impulsor del aumento de la recaudación en lo que va de año. Hasta noviembre, el IRPF aportó 133.282 millones de euros, un 10,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Las retenciones sobre salarios y actividades económicas crecieron un 8,5%, apoyadas en el aumento del empleo y en una aceleración de los incrementos salariales durante la segunda mitad del año, así como en el fuerte avance de las retenciones sobre pensiones, que en los últimos meses han superado el 11%. A estos factores se añade el impacto extraordinario de la campaña del IRPF. El importe positivo de las declaraciones anuales se incrementó un 25,9% en términos brutos y un 83,2% en términos netos, tanto por el buen comportamiento general de la campaña como por una comparación distorsionada con 2024. En ese ejercicio, los efectos de la dana obligaron a aplazar automáticamente el segundo pago del IRPF en la provincia de Valencia, desplazando cerca de 300 millones de euros a 2025. Este efecto elevó artificialmente la recaudación de noviembre, mes en el que el resultado neto de la campaña alcanzó los 5.572 millones de euros, frente a los 4.163 millones del mismo mes del año anterior. El impuesto sobre sociedades sumó 35.942 millones de euros hasta noviembre, con un crecimiento del 5,9%, muy influido por las modificaciones introducidas en la reforma fiscal aprobada a finales de 2024. Esta reforma incorporó cambios relevantes al trasponer el impuesto complementario destinado a garantizar una tributación mínima global para las grandes multinacionales. Según detalla la Agencia Tributaria, el avance se explica en gran medida por la limitación a la compensación de bases imponibles negativas en los grupos consolidados, los ajustes en los pagos fraccionados y la creación del nuevo gravamen sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras. En conjunto, los cambios normativos asociados a esta ley han aportado más de 5.400 millones adicionales, de los cuales unos 3.600 millones corresponden exclusivamente a la imposición sobre las empresas. Los pagos fraccionados crecieron un 7,5% y los resultados positivos de la última declaración anual aumentaron un 16,7%, especialmente entre los grupos empresariales y las pymes. Además, las devoluciones de la última campaña se redujeron en más de un 9%, lo que también contribuyó a elevar la recaudación neta de 2025. El IVA mantiene igualmente un comportamiento sólido, con ingresos acumulados de 94.416 millones de euros y un incremento del 9,3%, mientras que el IVA bruto creció un 8,3%. Solo en noviembre, este impuesto generó 5.537 millones de euros, un 18% más que en el mismo mes de 2024, impulsado por el aumento del 12,6% en las declaraciones mensuales correspondientes al devengo de septiembre. A la fortaleza del consumo interno se suma la normalización de los tipos impositivos tras la retirada de las rebajas fiscales aplicadas a la electricidad y a los alimentos básicos, cuya reversión aportó 228 millones adicionales en el IVA eléctrico y otros 1.936 millones en el de alimentación. Los impuestos especiales alcanzaron los 21.309 millones de euros hasta noviembre, con un crecimiento del 5%, aunque con una evolución dispar según la figura. Destaca el fuerte aumento del impuesto sobre la electricidad, que avanzó un 47,9% gracias a la recuperación del tipo ordinario y al fin de las medidas excepcionales adoptadas durante la crisis energética. También creció la recaudación del impuesto sobre el tabaco, con un 12,2% más en noviembre y un 6% en el conjunto del año. En cambio, los ingresos derivados del alcohol retrocedieron un 2,3% en el acumulado. Por su parte, el nuevo impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos ha aportado ya 26 millones de euros. No obstante, Hacienda también ha tenido que hacer frente a una merma de ingresos derivada de diversas sentencias judiciales, como las relacionadas con los mutualistas o con empresas beneficiadas por recientes fallos del Tribunal Constitucional, que anuló varias medidas adoptadas por el anterior Gobierno del PP. En total, la Agencia Tributaria ha devuelto hasta noviembre 2.339 millones de euros por estos conceptos.

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(La Vanguardia, 29-12-2025) | Fiscal

Acuerdo para que las comunidades autónomas puedan optar a recaudar el IVA que generan las pymes en su territorio

Alcanzar un acuerdo de financiación que satisfaga a todas las Comunidades Autónomas y que Cataluña puede presentar como un modelo singular es el objetivo que se ha marcado el Gobierno de Pedro Sánchez de cara a un intenso primer semestre electoral en 2026 que le permita mostrarse como el garante del Estado del Bienestar. Después del batacazo electoral de los socialistas en Extremadura y con el PP y VOX tratando de delimitar el alcance de sus acuerdos, que se podrían extrapolar al resto de comunidades donde se celebrarán elecciones autonómicas el próximo año en caso de que los populares no obtengan la mayoría necesaria para gobernar en solitario, el ministerio de Hacienda trata de allanar el camino para un nuevo modelo de financiación autonómica que sirva para contentar a todas las partes o, al menos, que ninguna pueda sentirse agraviada. Los cálculos del ministerio dirigido por María Jesús Montero, quien a su vez será la candidata socialista para las elecciones en Andalucía el próximo mes de junio, son que serán necesarios 20.000 millones de euros más para el sostenimiento de este nuevo modelo. Un volumen que no saldría necesariamente de los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde 2023, sino del excedente de recaudación que el ministerio atesora por no ajustar los tramos impositivos y las deducciones del IRPF a la tasa de inflación, lo que los expertos denominan una subida de impuestos encubierta. De momento, según adelantó ayer, los negociadores del PSC, ERC y Hacienda han acordado que las comunidades autónomas puedan optar a recaudar el IVA que generan las pymes en su territorio de una nueva manera: en lugar de recaudar el impuesto en función del consumo que se genera en una comunidad, con el nuevo modelo será a partir del domicilio social de las empresas. Y, lo más importante, no se recibirá el 50% de lo recaudado por el IVA sino el 56,5%. Esta cambio beneficiaría sobre todo a Cataluña, ya que es la comunidad autónoma que cuenta con más pymes, lo que le permitiría obtener un incremento de la recaudación de casi 1.400 millones de euros al año por este concepto, según los cálculos del diario catalán. Le seguiría Madrid con casi 500 millones extra, lo que muestra que el cambio de modelo de recaudación del IVA de las pymes tiene pocos incentivos excepto para Cataluña. Este acuerdo sobre el tramo del IVA de las pymes es el primer paso para la negociación de IRPF. Y se e enmarca en las negociaciones del PSC, el partido de Salvador Illa, y ERC para la aprobación de presupuestos en Cataluña. "Sin financiación no habrá presupuestos", advirtió Oriol Junqueras, quien recalcó que la gestión de la recaudación del IRPF por parte de la Generalitar es un requisito "imprescindible" para alcanzar un acuerdo.

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(Expansión, 29-12-2025) | Laboral

A partir del 1 de enero de 2026 se producirán novedades que tener en cuenta a la hora de afrontar el proceso de la jubilación

¿A qué edad puede jubilarse un trabajador en función de los años que haya cotizado? ¿Qué recortes se aplican sobre la pensión si se decide adelantar la jubilación? ¿Qué fórmulas existen actualmente para compatibilizar el empleo con el cobro de la pensión? La reforma de 2011 estableció un calendario gradual para retrasar la edad ordinaria de jubilación y aumentar los años de cotización necesarios para cobrar el 100% de la pensión. Posteriormente, la reforma aprobada en dos etapas entre 2021 y 2023 introdujo nuevos criterios tanto para la jubilación anticipada -que siguen desplegándose en la actualidad- como para el cálculo de la pensión, cuyos cambios comienzan a aplicarse desde este año. Desde el 1 de enero de 2026, la edad legal de jubilación se situará en los 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses de cotización. En cambio, las personas que no alcancen ese umbral deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para jubilarse. Además, a partir del próximo año entrarán en vigor los cambios relativos al periodo de cotización que se utiliza para calcular la pensión. Actualmente se toman como referencia los últimos 25 años cotizados. Sin embargo, entre enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2040, los trabajadores podrán optar entre el sistema actual o el nuevo modelo introducido por la reforma de marzo de 2023, que contempla los últimos 29 años cotizados, eliminando automáticamente los dos con peor cotización. El ligero ajuste en la edad legal de jubilación previsto para 2026 también afectará a la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada voluntaria. Dado que esta modalidad permite adelantar el retiro hasta 24 meses respecto a la edad ordinaria, se podrá solicitar a partir de los 64 años y 10 meses si no se alcanzan los 38 años y 3 meses de cotización, o desde los 63 años si se supera dicho periodo. En estos supuestos de jubilación anticipada voluntaria se mantienen los coeficientes reductores vigentes en la actualidad. Así, las penalizaciones oscilarán entre el 3,26% y el 21% cuando la cotización sea inferior a 38 años y 6 meses; entre el 3,11% y el 19% si se han cotizado entre 38 años y 6 meses y 41 años y 6 meses; entre el 2,96% y el 17% con cotizaciones de entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses; y entre el 2,81% y el 13% para carreras de cotización iguales o superiores a 44 años y 6 meses. Sí se introducen cambios en la jubilación anticipada de quienes tengan derecho a una pensión superior a la cuantía máxima establecida, fijada en 3.359,6 euros mensuales (47.034,4 euros anuales). En 2026 se aplicará el tercer año del despliegue progresivo de los coeficientes reductores. En estos casos, las penalizaciones irán del 1,33% al 9,10% si se ha cotizado menos de 38 años y 6 meses; del 1,28% al 8,5% si la cotización está entre 38 años y 6 meses y 41 años y 6 meses; del 1,24% al 7,9% con entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses; y del 1,19% al 6,7% cuando se superan los 44 años y 6 meses cotizados. También se han introducido novedades en las modalidades que permiten compatibilizar el empleo con la pensión. En primer lugar, la jubilación parcial, que posibilita seguir trabajando antes de alcanzar la edad legal de jubilación mientras se percibe parte de la pensión. Tras la última reforma, esta opción puede solicitarse hasta tres años antes de la edad ordinaria correspondiente, siempre que se acrediten al menos 33 años cotizados. Esto equivale a los 62 años si se han cotizado 38 años y 3 meses o más, o a los 63 años y 10 meses si el periodo cotizado es inferior. Cuando la jubilación parcial se produce con más de dos años de antelación respecto a la edad legal, durante el primer año solo se permite una reducción de jornada de entre el 20% y el 33%, porcentaje que coincide con la parte de pensión percibida. El resto de los ingresos procede del salario. En los dos años previos a la jubilación ordinaria, la reducción de jornada puede situarse entre el 25% y el 75%. Se mantienen, además, los requisitos de contar con un mínimo de seis años de antigüedad en la empresa y tener un contrato indefinido a jornada completa. Estas condiciones se aplican a la jubilación parcial vinculada a un contrato de relevo, mediante el cual se contrata a otra persona para cubrir el puesto del trabajador que se jubila parcialmente hasta su retiro definitivo. El relevista debe ser una persona desempleada o un trabajador temporal o fijo discontinuo de la empresa, y su contrato debe ser indefinido y a tiempo completo. Asimismo, dicho contrato debe mantenerse al menos dos años después de la jubilación total del trabajador sustituido. Por su parte, la jubilación activa permite compatibilizar trabajo y pensión una vez superada la edad legal de jubilación. Para acceder a ella, debe haber transcurrido al menos un año desde la edad ordinaria que corresponda según los años cotizados. En 2026, esto implica poder acogerse a partir de los 66 años si se han cotizado 38 años y 3 meses, o desde los 67 años y 10 meses si no se alcanza ese periodo. Si se accede a la jubilación activa un año después de la edad legal, se percibe el 45% de la pensión; a los dos años, el 55%; a los tres años, el 65%; a los cuatro años, también el 65%; y se alcanza el 100% de la prestación si se accede cinco años después, es decir, a los 70 años o a los 71 años y 10 meses, según el caso. Además, una vez iniciada esta modalidad, el porcentaje de pensión aumenta un 5% por cada año adicional trabajado, con el límite del 100%. Por último, continúan vigentes los incentivos para retrasar voluntariamente la jubilación más allá de la edad legal. Para beneficiarse de ellos es necesario haber cotizado al menos 15 años y posponer el retiro al menos un año. Cada año completo de demora conlleva un incremento del 4% en la pensión. A partir del segundo año, cuando ya se acumula un 8%, es posible añadir un 2% adicional por cada seis meses extra de actividad. De este modo, una demora de dos años y medio podría traducirse en un aumento del 6% sobre la pensión que correspondería al alcanzar la edad legal de jubilación.

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(Expansión, 29-12-2025) | Laboral

El gasto en pensiones subirá hasta los 230.000 millones en 2026

El próximo año las pensiones experimentarán un aumento medio del 3,44%, resultado de una subida del 2,7% en las contributivas y de incrementos más elevados en las pensiones mínimas y no contributivas, que oscilarán entre el 7% y el 11,4%. El impacto presupuestario de esta revalorización alcanzará los 7.300 millones de euros. Además, las pensiones de quienes acceden ahora al sistema son, de media, un 15% superiores a las de los beneficiarios que lo abandonan. El gasto anual en pensiones continúa una trayectoria claramente ascendente, con un impulso especialmente intenso desde que el Ejecutivo recuperó la actualización anual de las prestaciones en función de la inflación. Con la nómina de diciembre, el importe total de las catorce pagas correspondientes a las 10,4 millones de pensiones contributivas que reciben actualmente 9,4 millones de personas alcanzó en 2025 los 190.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,2% respecto al ejercicio anterior. Esta cifra representa un 62% más que hace diez años, cuando el desembolso anual fue de 115.185 millones, y un 50% más que en 2018, justo antes de que se restableciera la revalorización ligada al IPC. No obstante, la vinculación de las pensiones al coste de la vida no es el único factor que explica el crecimiento del gasto. También influye de forma decisiva el relevo generacional dentro del sistema: las nuevas pensiones que se conceden son sensiblemente más elevadas que las que dejan de abonarse. Este efecto explica que en 2025 el aumento del gasto, del 6,2%, haya sido más del doble del incremento aprobado para las pensiones ese mismo año, que fue del 2,8%. Este mismo patrón se prevé para el próximo ejercicio. A partir del 1 de enero, las pensiones contributivas subirán un 2,7%, pero el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) calcula que el gasto total crecerá en torno a un 5,8%, de nuevo más del doble de la revalorización aplicada. De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Seguridad Social, las nuevas altas en el sistema percibieron una pensión media de jubilación de 1.594 euros mensuales, considerando todos los regímenes. Esta cifra supera en un 5,4% la pensión media de jubilación actualmente en vigor, que se sitúa en 1.512 euros. En el régimen general, que concentra el mayor número de beneficiarios -4,96 millones de personas, el 47,5% del total-, las nuevas jubilaciones de noviembre alcanzaron los 1.700 euros al mes. Este importe es un 1,8% superior a la pensión media de jubilación ya existente en dicho régimen (1.670 euros), un 12,4% mayor que la media de jubilación del conjunto del sistema y un 29% más elevado que la pensión media total, que incluye todos los regímenes y tipos de prestación y se sitúa en 1.317 euros. Sin embargo, el principal impacto sobre el gasto procede del denominado efecto sustitución, es decir, la diferencia entre las cuantías de las pensiones que causan baja y las nuevas altas. Los últimos datos disponibles, correspondientes a octubre, indican que las pensiones medias de jubilación del régimen general que dejaron de abonarse eran de unos 1.500 euros mensuales, mientras que las nuevas altas equivalentes alcanzaron los 1.725 euros, lo que supone una diferencia del 15%. En conjunto, la revalorización de las pensiones, el aumento del número de beneficiarios -en 2025 se han abonado 153.379 pensiones más y se han incorporado al sistema 134.519 nuevos perceptores- y el efecto sustitución elevan el gasto total en pensiones hasta los 217.400 millones de euros este año, incluyendo las prestaciones contributivas, las mínimas y las no contributivas. Esta tendencia al alza se mantendrá en los próximos años, a medida que el compromiso de preservar el poder adquisitivo de los pensionistas incremente las obligaciones financieras de la Seguridad Social. En este contexto, la subida del 2,7% de las pensiones contributivas, junto con los incrementos de entre el 7% y el 11,4% en las mínimas y no contributivas, situará el coste de la revalorización en 7.311 millones de euros, según las estimaciones del Ivie. Tal como subrayan los expertos, el mayor peso de las pensiones mínimas y no contributivas hace que el aumento medio del conjunto de las prestaciones alcance el 3,44%. Conviene recordar que el incremento del 2,7% también se aplica a las pensiones de Clases Pasivas del Estado, que corresponden a los funcionarios de carrera. Este colectivo suma 735.663 beneficiarios, con una pensión media mensual de 2.332 euros. El resto del aumento del gasto previsto para el próximo año se debe al efecto sustitución, derivado de la diferencia entre las nuevas pensiones y las que se extinguen. Según los especialistas, este factor añadirá otros 5.299 millones de euros al gasto total. De este modo, el desembolso en pensiones crecerá en 12.610 millones y se acercará a los 230.000 millones de euros en el conjunto del ejercicio. En términos comparativos, la financiación total del sistema de pensiones de la Seguridad Social será el próximo año un 64% superior a la de hace una década. Además, las proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) apuntan a que esta tendencia ascendente continuará, hasta situar el gasto en pensiones en torno al 16,1% del PIB en 2050, lo que equivaldría, a precios actuales, a unos 250.000 millones de euros.

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(Expansión, 29-12-2025) | Laboral

El SMI pasa a ser el sueldo más común

El aumento del 60,9% del salario mínimo interprofesional (SMI) en los últimos siete años apenas ha tenido un efecto arrastre sobre el resto de los salarios, lo que ha provocado que el SMI se sitúe en el tramo retributivo más habitual y haya dejado de ser una referencia exclusiva para trabajadores sin cualificación o sin experiencia previa. Así lo advierte la comisión asesora encargada del análisis del SMI en su cuarto informe, publicado este mes, en el que señala que este crecimiento tan intenso ha generado una concentración de asalariados "en una franja salarial muy estrecha en torno al salario mínimo", con el riesgo de que trabajadores con experiencia o con un nivel medio de cualificación queden también encuadrados en ese mismo rango. Este fenómeno se explica por la escasa transmisión del incremento del SMI al conjunto de la estructura salarial. El salario mínimo ha pasado de 735,90 euros brutos mensuales en 2018 a 1.184 euros en 2025, pero, aunque existen indicios de un cierto empuje al alza del resto de sueldos, dicho efecto ha sido limitado. La Encuesta de Estructura Salarial correspondiente a 2023, la última disponible y utilizada por la comisión como base para proyectar la subida recomendada para 2026, refleja que el desplazamiento de trabajadores con salarios bajos hacia el tramo de 15.000 a 16.000 euros brutos anuales ha convertido a este intervalo en el más frecuente, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En ese año, el SMI se situaba en 15.120 euros brutos anuales, equivalentes a 1.080 euros mensuales en catorce pagas, y uno de cada cuatro asalariados obtuvo unos ingresos anuales de entre 14.000 y 20.000 euros. El Ministerio de Trabajo mantiene abiertas las conversaciones con los agentes sociales antes de fijar el importe del SMI para 2026, que previsiblemente pasará de 1.184 a 1.221 euros brutos al mes, es decir, 37 euros más, de acuerdo con el incremento del 3,1% propuesto por los expertos, siempre que el salario mínimo continúe exento de tributación en el IRPF. Tras las vacaciones de Navidad, el Ministerio de Trabajo presentará su propuesta, alineada con la recomendación de la comisión asesora en el escenario de que el SMI no tribute. Esta posibilidad cuenta con la apertura del Ministerio de Hacienda, que, según fuentes gubernamentales, estaría dispuesto a mantener la deducción aprobada el año pasado para que, en la práctica, la mayoría de los perceptores del SMI no tengan que tributar. La intención del Gobierno es aprobar la subida a finales de enero, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. El incremento se materializa mediante un real decreto, que no requiere convalidación parlamentaria y cuya aprobación corresponde al Ejecutivo tras consultar a los agentes sociales, aunque desde Trabajo se apuesta por alcanzar un acuerdo, según informa la agencia Efe. No obstante, el consenso se antoja complicado, especialmente con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, en un contexto en el que también está sobre la mesa la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos. Con esta norma, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende garantizar legalmente que las subidas del SMI sean reales y efectivas. Actualmente, la legislación permite a las empresas compensar el incremento del salario mínimo mediante la absorción de determinados pluses y complementos, si bien la jurisprudencia limita esta posibilidad a aquellos vinculados a las condiciones laborales. Se trata de una reclamación histórica de los sindicatos, que denuncian que esta práctica se aplica de forma discrecional y con escasa transparencia, lo que impide conocer cuántos trabajadores que cobran el SMI no perciben realmente la subida, sino únicamente una redistribución de los distintos conceptos salariales. El Ministerio de Trabajo considera que la transposición de la directiva europea puede ser un elemento clave en la negociación del nuevo SMI, en el caso de que la patronal acepte una limitación parcial de la absorción de complementos a cambio de respaldar la subida del 3,1%.

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(El País, 29-12-2025) | Laboral

Los trabajadores mayores de 55 años se quedan atrás en la mejora del mercado laboral

El mercado laboral español atraviesa un periodo prolongado de evolución favorable y todo apunta a que la tasa de paro podría caer por debajo del 10% en un futuro cercano -la última Encuesta de Población Activa (EPA) la situó en el 10,4%- si se cumplen las previsiones de instituciones como el Banco de España. Sin embargo, este contexto positivo no beneficia por igual a todos los colectivos. Según un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), los trabajadores mayores de 55 años presentan actualmente una tasa de desempleo superior a la del grupo inmediatamente más joven, el de entre 25 y 54 años. Este hecho resulta especialmente llamativo, ya que tradicionalmente la etapa final de la vida laboral antes de la jubilación se asociaba a una mayor estabilidad en el empleo. El informe, elaborado por el banco español y publicado este lunes -al que ha tenido acceso EL PAÍS-, recuerda que en 1994 los mayores de 55 años registraban una tasa de paro 9,2 puntos inferior a la de las personas de entre 25 y 54 años. No obstante, esa diferencia se ha ido reduciendo desde 2023 hasta invertirse por completo: en 2025, el desempleo entre los mayores alcanzó el 9,8%, frente al 9,4% del grupo de 25 a 54 años. Aunque esta tasa sigue siendo inferior a la media nacional, su deterioro ha despertado la preocupación de los analistas de la Fundación BBVA. Es cierto que quienes permanecen ocupados a edades avanzadas suelen disfrutar de empleos de mayor calidad, pero el informe subraya que existen grandes diferencias entre quienes han logrado mantenerse en activo de forma continuada y quienes, a partir de los 55 años, se ven obligados a buscar trabajo tras perder el suyo, incorporarse por primera vez o regresar al mercado laboral después de un periodo de inactividad. "El nivel de precariedad que sufren estos últimos es más elevado, y tanto sus posibilidades de reincorporación al empleo como las condiciones de los puestos que consiguen son peores que las de los trabajadores más jóvenes", señala el estudio. La antigüedad en la empresa se convierte así en un factor clave, ya que suele ir acompañada de mejores salarios y condiciones laborales. Los datos de la Encuesta de Estructura Salarial más reciente, correspondiente a 2022, reflejan esta realidad. El salario medio anual de los trabajadores mayores de 55 años es superior al del resto de asalariados (30.038 euros frente a 26.855 euros en el grupo de 25 a 54 años). Sin embargo, entre los mayores que llevan menos de un año en su puesto, la retribución cae de forma notable hasta los 19.558 euros anuales, incluso por debajo de la percibida por los trabajadores de 25 a 54 años con la misma antigüedad (19.837 euros). En el extremo opuesto se sitúan los mayores con trayectorias laborales ininterrumpidas y más de 30 años de antigüedad, cuyo salario medio alcanza los 40.520 euros. A esta situación se suma el elevado peso del paro de larga duración entre los mayores de 55 años. Más de la mitad de los desempleados de este grupo -el 57,9%- lleva más de un año buscando trabajo sin éxito, un porcentaje muy superior al registrado entre los parados de 25 a 54 años (36,1%) y entre los jóvenes de 16 a 24 años (17,8%). Esto implica que, además de acceder a empleos de menor calidad, los mayores tienen más dificultades para reincorporarse al mercado laboral. Incluso cuando logran encontrar trabajo, las condiciones suelen ser más inestables. El 52,6% de los mayores que acceden a un nuevo empleo lo hacen con contratos temporales, un 10% mediante contratos de muy corta duración (hasta tres meses) y un 4,5% como fijos discontinuos. En contraste, entre los trabajadores mayores con más de 25 años de antigüedad, la temporalidad se reduce al 2%, el empleo precario es prácticamente inexistente y la proporción de fijos discontinuos baja hasta el 2,4%. Para Lorenzo Serrano, investigador del IVIE y catedrático de la Universitat de València, "las dificultades de empleabilidad de los trabajadores de mayor edad constituyen un problema preocupante, especialmente en un contexto marcado por un fuerte envejecimiento demográfico". Serrano reconoce que se están impulsando políticas para prolongar la vida laboral con el fin de asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones y del Estado del bienestar, pero subraya la necesidad de "romper con los prejuicios y estereotipos asociados a la edad y reforzar la formación". Las cifras respaldan esta afirmación. Entre los trabajadores mayores con más de 25 años de antigüedad, el 45,6% ocupa puestos altamente cualificados -como directivos, profesionales científicos e intelectuales o técnicos especializados-, mientras que solo el 7% desempeña ocupaciones elementales. En cambio, entre los mayores que acceden a un nuevo empleo, la proporción de puestos de alta cualificación cae hasta el 15,6% y las ocupaciones elementales aumentan hasta el 29,4%. Esta situación es incluso peor que la de otros grupos de edad que acaban de incorporarse al empleo. En el caso de los trabajadores de 25 a 54 años, los puestos de mayor calidad representan el 29,1% y los elementales el 20%. Entre los jóvenes de 16 a 24 años, estas cifras se sitúan en el 27% y el 15,5%, respectivamente, lo que evidencia que la cualificación de los nuevos empleos obtenidos por los mayores de 55 años es inferior a la de otros colectivos que también se incorporan recientemente al mercado laboral.

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(El Economista, 29-12-2025) | Laboral

La reforma para mejorar el "paro de los autónomos" vuelve a quedar en el aire

En el Consejo de Ministros celebrado el pasado martes, el Gobierno dio a conocer su decisión de prorrogar en 2026 las cuotas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) vigentes en 2025, ante la falta de acuerdo con las organizaciones representativas del colectivo. Esta medida, que aún debe ser ratificada por el Congreso de los Diputados, deja nuevamente en suspenso la reforma destinada a mejorar la prestación por cese de actividad, conocida popularmente como el "paro de los autónomos". Cuando el Ministerio de Seguridad Social presentó inicialmente su propuesta para incrementar las cotizaciones, todas las asociaciones de autónomos la rechazaron de forma unánime, ya que contemplaba subidas mensuales de entre 10 y 200 euros a partir de 2026. En ese momento, las organizaciones empresariales dejaron claro que cualquier aumento de las cuotas debía ir acompañado de mejoras en la protección social, especialmente en lo relativo al cese de actividad. Posteriormente, el departamento que dirige Elma Saiz -actual portavoz del Gobierno- planteó una segunda propuesta con incrementos más moderados, de entre 3 y 15 euros al mes, lo que suponía un aumento máximo del 2,5%, frente al 30% previsto inicialmente. No obstante, las asociaciones mantuvieron su postura y condicionaron su apoyo a avances concretos en las prestaciones. La falta de consenso limitó las negociaciones a dos reuniones, ambas sin éxito, en las que se rechazaron las propuestas ministeriales. Finalmente, el Ejecutivo optó por mantener las cuotas actuales durante 2026, sin aclarar el futuro de la reforma del cese de actividad, una prestación con escasa cobertura pese a que los autónomos cotizan por ella desde 2019. Uno de los principales problemas radica en los estrictos requisitos exigidos para acceder al paro de los autónomos. Entre las distintas modalidades existentes destaca el cese por causas económicas, técnicas, productivas u organizativas que hagan inviable continuar con la actividad. Para que sea concedido, es necesario acreditar, entre otros supuestos, pérdidas superiores al 10% de los ingresos en un ejercicio completo, una reducción del 60% de la jornada de los trabajadores o la suspensión temporal de contratos de al menos el 60% de la plantilla, una caída de ingresos o ventas por debajo del 75% respecto a ejercicios anteriores, o que los rendimientos netos sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o a la base de cotización del autónomo. También existe el cese por fuerza mayor, que se aplica cuando una autoridad competente declara una situación de emergencia, como ocurrió durante la pandemia, o cuando la actividad se ve gravemente afectada, ya sea por una reducción de ingresos del 75% respecto al año anterior o porque los ingresos mensuales del autónomo se sitúan por debajo del SMI o de su base de cotización. Debido a la dificultad para cumplir estos requisitos -especialmente para quienes acumulan varios meses de pérdidas y no desean prolongar una situación económica insostenible-, las organizaciones de autónomos reclaman una reforma profunda del sistema. Señalan que, aunque cotizan por esta prestación desde hace seis años, alrededor del 60% de las solicitudes son rechazadas. Entre las mejoras que proponen figuran el reconocimiento de una "no voluntariedad" en el cierre cuando la continuidad del negocio resulta inviable y la unificación de criterios entre las mutuas encargadas de conceder la prestación. La propuesta de aumento de cuotas se enmarca en la reforma del RETA pactada en su día con el anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, hoy gobernador del Banco de España. El objetivo es que, de aquí a 2030, los autónomos coticen en función de sus ingresos reales, tal como establece la cuarta recomendación del Pacto de Toledo, con el fin de mejorar sus futuras pensiones. La prestación por cese de actividad pasó a ser obligatoria en 2019, con el respaldo de la patronal ATA, aunque no estuvo exenta de críticas por parte de algunos autónomos debido al incremento de las cotizaciones. Seis años después, organizaciones como ATA, UPTA y UATAE denuncian su baja efectividad. Los últimos datos, correspondientes a octubre, muestran que el 49,8% de las solicitudes de cese de actividad son rechazadas. De las 14.135 solicitudes registradas por el Ministerio de Seguridad Social en ese mes, se aprobaron 7.084, siendo los motivos económicos y de fuerza mayor los más habituales entre las concesiones, con 4.947 casos que acreditaron estas circunstancias. Entre las principales razones de denegación figuran la falta de acreditación ante la Agencia Tributaria, motivo de rechazo en 4.989 solicitudes, y no haber completado el periodo mínimo de cotización, que exige al menos 12 meses previos, lo que afectó a 783 peticiones. Asimismo, 249 solicitudes fueron denegadas por no estar al corriente del pago de las cuotas. Por último, las organizaciones de autónomos también reclaman al Gobierno la creación de un subsidio específico para los trabajadores por cuenta propia mayores de 52 años. Consideran que se trata de un colectivo especialmente vulnerable, ya que muchos agotan las prestaciones disponibles a lo largo de su vida laboral y, al alcanzar esa edad, quedan sin una red de protección adecuada, en un tramo de edad donde la reincorporación al mercado laboral resulta especialmente difícil.

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(Expansión, 29-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El BOE publica la ley de atención a la clientela que promete acabar con el "spam"

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este sábado la ley de atención a la clientela, una norma destinada a poner fin a prácticas como las llamadas comerciales no solicitadas o spam, las renovaciones contractuales sin consentimiento expreso y la proliferación de reseñas falsas en internet. La ley, que entrará en vigor este domingo, fue aprobada el pasado 11 de diciembre en el último pleno del Congreso del año, tras un largo recorrido iniciado en 2011 que se ha prolongado durante más de una década. Con la entrada en vigor de esta legislación, las empresas estarán obligadas a identificar sus llamadas comerciales mediante un código numérico específico. A su vez, los operadores de telecomunicaciones deberán bloquear aquellas comunicaciones que no cumplan con estos requisitos. La Administración Pública será la encargada de supervisar y validar previamente los protocolos y patrones técnicos que desarrollen los operadores para detectar este tipo de llamadas. La norma también establece garantías en la atención al cliente, fijando que el 95% de las llamadas deberán ser atendidas en un tiempo medio inferior a tres minutos. Además, se prohíbe que la atención se preste exclusivamente a través de contestadores automáticos o sistemas de inteligencia artificial, ya que siempre deberá existir la posibilidad de hablar con una persona. Las reclamaciones deberán resolverse en un plazo máximo de 15 días y se pretende eliminar, asimismo, la aplicación de gastos de gestión ocultos. Otro de los aspectos más destacados -y polémicos- de la ley es la obligación, para las empresas con más de 250 trabajadores o una facturación superior a 50 millones de euros, de ofrecer atención al cliente en las lenguas cooficiales de aquellas comunidades autónomas donde el catalán, el euskera o el gallego tengan ese estatus. Este punto fue especialmente criticado por el Partido Popular durante la tramitación de la norma, según recoge la agencia Efe. La ley ha generado también el rechazo de la patronal DigitalES, que agrupa a las empresas de telecomunicaciones y servicios digitales en España. Esta organización considera que la normativa no logrará erradicar las llamadas comerciales no deseadas, ya que deja fuera de la obligación de identificación y control a las comercializadoras de electricidad, gas o telefonía que tengan una cuota de mercado inferior al 5%. Asimismo, la patronal ha alertado del riesgo de que se bloqueen llamadas comerciales que sí están permitidas por la ley, debido a que los sistemas de control se basarán en criterios técnicos que, en su opinión, no permitirán distinguir con precisión si una llamada tiene carácter comercial o de otro tipo, ni si cuenta o no con el consentimiento previo del consumidor.

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(El País, 29-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de la plata se vuelve completamente loco

Todo comenzó con una profunda desconfianza. La que compartían los hermanos Hunt -Lamar (impulsor del nombre Super Bowl, el gran campeonato de fútbol americano), Nelson y Herbert-, herederos de una enorme fortuna petrolera, fue inculcada por el patriarca familiar, receloso tanto del dinero fiduciario como del Gobierno de Estados Unidos. Su principio era claro: invertir únicamente en bienes tangibles, como el petróleo, los bienes inmuebles o los metales preciosos. Y siguieron esa máxima al pie de la letra. Nelson Hunt, conocido como Bunker, el miembro más corpulento del clan, vio cómo su fortuna se reducía drásticamente tras la expropiación de sus yacimientos en Libia por el régimen de Muamar el Gadafi en 1969. A partir de entonces, canalizó su escepticismo hacia una apuesta masiva por un solo activo: la plata. Con el objetivo de proteger su patrimonio, él y su familia acumularon entre 1973 y 1979 cerca de 200 millones de onzas del metal, aproximadamente un tercio de la producción mundial de aquel momento. Esta estrategia disparó el precio de la plata hasta un récord histórico de 50 dólares la onza a comienzos de 1980. Sin embargo, el mercado se desplomó con la misma rapidez con la que había subido. En pocos meses, la cotización cayó hasta alrededor de 10 dólares por onza, lo que llevó a los Hunt a la quiebra. Ese máximo no volvió a superarse hasta 45 años después. En la actualidad, la plata ha rebasado los 74 dólares por onza, acumulando una revalorización superior al 150% en menos de doce meses. Este repunte inicial se explica, en parte, por el fuerte encarecimiento del oro, que en diciembre superó repetidamente niveles cercanos a los 4.400 dólares la onza, lo que ha convertido a la plata en una alternativa más asequible. No obstante, la demanda fundamental de ambos metales responde a una misma inquietud: la pérdida de poder adquisitivo del dinero en efectivo, el debilitamiento del dólar y una inflación persistente. A ello se suma la preocupación por el crecimiento de los déficits públicos, que ha generado tensiones en los mercados de deuda soberana. Ante este escenario, los bancos centrales han intensificado la compra de oro y plata con el fin de diversificar sus reservas y reducir su exposición a activos denominados en dólares. Este contexto se ve reforzado por la elevada demanda procedente de China, donde el deterioro del mercado inmobiliario ha redirigido grandes volúmenes de capital hacia activos físicos considerados seguros, como los metales preciosos. Paralelamente, existe una demanda estructural procedente del sector industrial, que absorbe más de la mitad del consumo mundial de plata. "El uso tecnológico y la transición energética, especialmente en el ámbito de la energía solar, sostienen una demanda sólida", explica Soni Kumari, analista del grupo bancario ANZ. En la misma línea, Olen Hansen, responsable de estrategia de materias primas en Saxo Bank, señala que "tras años oscilando entre su papel como metal monetario y como insumo industrial, la plata ha resuelto en 2025 esa dualidad, desempeñando ambas funciones a la vez". El problema es que la oferta no alcanza para cubrir todas estas necesidades. El mercado de la plata acumulará en 2025 su quinto año consecutivo de déficit, una situación que, según los expertos, se prolongará también en 2026. La producción es rígida y no puede incrementarse con rapidez, ya que la mayor parte de la plata se obtiene como subproducto de la extracción de otros metales. De hecho, entre el 70% y el 80% de la plata mundial procede de minas de plomo, zinc, cobre u oro. Además, la producción minera de plata ha caído alrededor de un 3% este año debido al escaso desarrollo de nuevos proyectos. A este escenario se suma la reciente consideración de la plata como mineral crítico por parte de Estados Unidos, lo que ha contribuido a presionar aún más los precios al alza. "Se ha intensificado el traslado de plata hacia Estados Unidos ante la expectativa de que se impongan aranceles el próximo año", señala Hansen. La incertidumbre en torno a posibles impuestos aduaneros ha provocado un importante flujo de metal desde Londres -principal centro de negociación- hacia territorio estadounidense, reduciendo de forma inédita las reservas almacenadas en la capital británica, explica Ewa Manthey, analista de materias primas en ING. Esta distorsión se refleja en el mercado de futuros: durante gran parte del año, los contratos negociados en la bolsa Comex de Nueva York han cotizado a precios superiores a los de Londres. Como consecuencia, las existencias físicas en las bóvedas londinenses han disminuido notablemente. "Esto ha generado tensiones en otras regiones; por ejemplo, las reservas asociadas a la Bolsa de Futuros de Shanghái han caído a su nivel más bajo en casi diez años, y parte del metal se ha enviado a Londres para aliviar la presión", añade Manthey. En este contexto de escasez física y déficits persistentes, la demanda de inversión ha tenido un impacto significativo. Al tratarse de un activo especulativo, muchos inversores no quieren quedarse al margen del movimiento. Prueba de ello es que los fondos cotizados respaldados por plata han registrado las mayores entradas de capital en los últimos tres años. "Una parte de esta demanda responde a una estrategia de 'yo también', similar a la observada en el oro", apunta Neal Brewster, analista de Elementary Economics, quien destaca que la mayoría de estos inversores son minoristas. "Por ahora, los grandes inversores institucionales siguen priorizando el oro como principal activo", añade Hansen. Esta combinación de factores, junto con un volumen de negociación en la plata entre ocho y diez veces inferior al del oro, seguirá generando episodios de elevada volatilidad. Así, pequeños movimientos en el precio del oro pueden provocar oscilaciones mucho más intensas en la plata. "No en vano se la conoce como el 'oro con esteroides', ya que su volatilidad porcentual suele ser mucho mayor", señala Manthey. "Eso la hace más sensible al ciclo económico: puede superar ampliamente al oro en fases alcistas, pero también sufrir caídas más pronunciadas en escenarios de recesión". De cara a 2026, las perspectivas apuntan a que los precios se mantendrán elevados, especialmente si la Reserva Federal continúa reduciendo los tipos de interés. "Una política monetaria más laxa reduce el coste de mantener posiciones en oro y plata y suele debilitar el dólar. Cuando la divisa pierde valor, aumenta la demanda de inversión en estos metales", concluye Kumari, de ANZ.

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