El Tribunal de Cuentas ha dado su visto bueno a la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024, aunque ha señalado algunas irregularidades. Entre ellas, destaca el uso de fondos europeos no utilizados para cubrir gastos como pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos, por un total de 2.389,4 millones de euros.
Estos recursos se destinaron a ese fin al considerar que no ponían en riesgo ni el cumplimiento del plan de recuperación ni la capacidad de absorción de los fondos del mecanismo europeo. No obstante, el Tribunal entiende que esta decisión debería haberse sustentado en una justificación jurídica más sólida.
Según el organismo, esta situación es en parte consecuencia de la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado para 2024, lo que obligó a realizar ajustes presupuestarios para hacer frente a un gasto adicional de 77.341,9 millones de euros. De no haber sido por el buen comportamiento de los ingresos, este incremento se habría financiado principalmente mediante deuda pública.
El informe también subraya que la Seguridad Social acumula por octavo año consecutivo un patrimonio neto negativo, que a finales de 2024 alcanzaba los 106.138,7 millones de euros. Este desequilibrio se sostiene fundamentalmente gracias a préstamos del Estado, cuyo volumen total ascendía ese año a 126.170,2 millones, equivalentes al 7,91% del PIB. El Tribunal viene alertando de esta situación desde hace tiempo y considera necesario adoptar medidas que aseguren la viabilidad financiera del sistema a medio y largo plazo.
Por último, el órgano fiscalizador pone de relieve la existencia de un déficit estructural significativo en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes -las bajas por enfermedad común- en las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que alcanza los 2.677,3 millones de euros.
España arrastra un problema estructural de desempleo incluso en fases de crecimiento económico. En el primer trimestre de 2026, el número de parados se situó en 2,7 millones, de los cuales un 35% llevaba en esa situación durante largos periodos. Además, la tasa de paro apenas desciende del 10% incluso en los momentos más favorables del ciclo, pese al dinamismo del mercado laboral tras la pandemia. La última reforma impulsada en 2024 para abordar esta situación -y vinculada a la recepción de fondos europeos- no ha dado los resultados esperados, según reconocen fuentes internas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
La medida principal de esta reforma, el complemento de apoyo al empleo (CAE), no ha conseguido aumentar de forma significativa el número de desempleados que compatibilizan el cobro de prestaciones con la incorporación a un trabajo. Ante esta situación, el SEPE ha solicitado asesoramiento a la OCDE y a la Comisión Europea para analizar posibles mejoras. Tras varios encuentros en los que han participado el Ministerio de Trabajo, el propio SEPE y los agentes sociales, la OCDE prevé publicar un informe con recomendaciones entre octubre y noviembre, momento en el que el Gobierno valorará si introduce cambios.
La aprobación de una nueva reforma no será sencilla, dado el complicado equilibrio político necesario en el Congreso y dentro del propio Ejecutivo. El acuerdo alcanzado en 2024, tras tensiones entre los ministerios de Economía y Trabajo, incluyó la puesta en marcha del CAE, el aumento de las cuantías del subsidio -aunque de forma decreciente- y la ampliación de la cobertura a colectivos antes excluidos.
El CAE permite compatibilizar el cobro de prestaciones o subsidios con un empleo, tanto a tiempo completo como parcial, con el objetivo de evitar que los beneficiarios rechacen ofertas laborales. Sin embargo, su diseño presenta limitaciones. Solo puede aplicarse a partir del décimo mes de prestación contributiva -si esta supera el año-, cuando precisamente la reincorporación al mercado laboral ya resulta más difícil. Antes de la reforma, esta compatibilidad solo existía para quienes cobraban subsidios y trabajaban a tiempo parcial.
Además, la cuantía del complemento -calculada en función del IPREM, congelado desde 2023- es decreciente y tiene una duración máxima de 180 días. A esto se suma que cada día en el que se utiliza el complemento resta un día de derecho a prestación, lo que reduce su atractivo.
Estas condiciones generan varios problemas. Por un lado, el retraso en su aplicación limita su eficacia. Por otro, en muchos casos la suma del salario y el complemento resulta inferior a la prestación, lo que, unido a la pérdida de días de derecho, desincentiva la aceptación de empleo.
La OCDE ya había advertido en un informe de noviembre de 2025 de la necesidad de reformar el sistema de subsidios, especialmente en el caso de los mayores de 52 años, que pueden percibir ayudas de forma indefinida hasta la jubilación y cotizan por encima de lo que lo harían en empleos de bajos salarios. Entre sus recomendaciones figuraban restringir estas condiciones, endurecer los requisitos de acceso, acortar la duración de las ayudas y reforzar la obligación de búsqueda activa de empleo.
A la espera del informe definitivo, se manejan algunas propuestas preliminares, como reducir la duración de los subsidios pero aumentar su cuantía mensual para facilitar la transición al empleo. También se estudian modelos aplicados en países como Francia, Países Bajos o Noruega. No obstante, los sindicatos rechazan medidas que penalicen a quienes no acepten ofertas laborales mientras las políticas activas de empleo sigan siendo poco eficaces, ya que los servicios públicos apenas logran insertar a los desempleados.
Los datos más recientes reflejan el escaso impacto del CAE. En marzo de 2026, solo el 2,3% de los beneficiarios de prestaciones compatibilizaban el cobro con un empleo, frente al máximo del 5% alcanzado en noviembre de 2025. Desde su puesta en marcha a finales de 2024, apenas 40.857 personas han utilizado este complemento, frente a una media de 1,65 millones de perceptores de prestaciones. La mayoría de quienes lo utilizan pertenecen al nivel asistencial, donde las ayudas mensuales -entre 480 y 570 euros- hacen más necesario complementar ingresos.
Aún es pronto para actuar, pero todo apunta a que el Banco Central Europeo está preparado para subir los tipos en junio. Esa fue la posición adoptada la semana pasada, cuando decidió mantenerlos sin cambios por séptima vez consecutiva, evitando precipitarse. No obstante, esta prudencia no significa relajación: la institución reconoce que los riesgos de inflación han aumentado y que el contexto económico es cada vez más complejo. De hecho, los mercados ya anticipan un movimiento en unas cinco semanas, lo que supondría la primera subida en dos años y medio.
En este contexto, el Tesoro ha estrenado mayo con una subasta de letras a seis y doce meses en la que ha logrado captar 6.463 millones de euros. Las previsiones de tipos más elevados y una inflación persistente se han reflejado directamente en las rentabilidades, especialmente en las letras a un año, que alcanzan niveles no vistos desde septiembre de 2024.
Más de dos meses después del inicio de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, las perspectivas de resolución del conflicto siguen alejándose. Mientras el estrecho de Ormuz permanezca cerrado, continuará el riesgo de una inflación más alta y un menor crecimiento económico a nivel global.
Invertir en un entorno de estanflación resulta especialmente complicado. Aunque la deuda pública ha sido uno de los activos más afectados, los instrumentos a corto plazo siguen destacando como una alternativa atractiva. Su menor sensibilidad a las variaciones de tipos y su capacidad de adaptación rápida los convierten en una opción refugio, especialmente para pequeños inversores. Así lo demuestra la demanda: las solicitudes alcanzaron los 11.586,54 millones, de los cuales 2.397,6 millones procedían de ahorradores particulares.
La mayor parte de la emisión, 4.429,26 millones, correspondió a letras a doce meses. Con una inflación en abril del 3,2% y el encarecimiento de la energía presionando al alza, aumentan las expectativas de nuevas tensiones inflacionistas y de un entorno de tipos más altos. Esto ha impulsado los rendimientos, situando el tipo marginal en el 2,651%, su nivel más alto desde septiembre de 2024. Los inversores, en especial los minoristas, buscan aprovechar estas rentabilidades, lo que explica que las peticiones no competitivas superaran los 1.120 millones, aunque ligeramente por debajo de la subasta anterior.
Por su parte, las letras a seis meses concentraron 2.033,7 millones. En este caso, la rentabilidad apenas varió, situándose en el 2,389%, muy similar a la de abril. La demanda de los particulares incluso aumentó, alcanzando los 1.277,2 millones frente a los 1.020 millones anteriores.
Aunque estos niveles de rentabilidad resultan atractivos, todavía no generan el entusiasmo visto en 2023, cuando el fin de los tipos cero provocó un fuerte desplazamiento del ahorro hacia la deuda pública. Además, el contexto actual es diferente.
Durante la pandemia, el ahorro de los hogares se disparó debido a las restricciones, generando un colchón financiero importante. En la actualidad, aunque las familias siguen en mejor situación que los gobiernos, muy endeudados, ese margen se está reduciendo. El aumento del coste de la energía y las dificultades para acceder a la vivienda están presionando las finanzas domésticas y limitando progresivamente la capacidad de ahorro.
La influencia de países como Francia, Alemania, Noruega o Catar en empresas cotizadas en España -entre ellas Iberdrola, Santander, BBVA y Airbus- ha crecido de forma muy notable. Por primera vez, la inversión pública extranjera en compañías españolas que cotizan en Bolsa ha superado el umbral simbólico de los 100.000 millones de euros, según un análisis realizado por EXPANSIÓN.
Este aumento de la presencia pública internacional en el mercado bursátil español ha sido especialmente intenso en el último año. En 2024, países como Noruega, Italia, Francia, Alemania y Catar controlaban algo más de 70.000 millones de euros en la Bolsa española; en 2025 la cifra ascendió a 84.000 millones, y actualmente se sitúa en torno a los 124.000 millones. En conjunto, los inversores públicos extranjeros poseen cerca del 10% de la capitalización total, lo que equivale aproximadamente a uno de cada diez euros del mercado.
¿A qué se debe este incremento? Curiosamente, no es porque haya más inversores públicos internacionales, sino todo lo contrario. Si en 2024 y 2025 había alrededor de veinte -incluyendo casos poco habituales como Ghana-, ahora son solo dieciséis. Sin embargo, aunque son menos actores, manejan mayores volúmenes de inversión. Esto se explica, en parte, por la fuerte revalorización bursátil de compañías como Iberdrola, Endesa y Santander, lo que ha alterado significativamente el ranking de inversores.
En la actualidad, el Estado italiano ocupa el primer puesto como mayor inversor público extranjero en una empresa española concreta. Esto se debe a su participación en Endesa a través de Enel, empresa semiestatal de la que posee el 26% y que, a su vez, es el accionista mayoritario de Endesa. La participación italiana en esta compañía -en torno al 70%- tiene un valor aproximado de 27.000 millones de euros. Noruega, mediante su fondo soberano Norges, había liderado tradicionalmente esta clasificación durante años.
Francia presenta un caso particular: su influencia, valorada en unos 30.000 millones de euros, se canaliza a través de cuatro vías distintas: la participación estatal directa (como en Airbus), La Banque Postale -con presencia en 23 empresas cotizadas- y dos entidades mutualistas, Crédit Agricole y Banque Fédérative, que participan en más de 60 compañías. Aunque estas últimas no son estrictamente públicas, funcionan de manera similar a las antiguas cajas de ahorro españolas, con una notable influencia de las administraciones públicas.
España ha comunicado a Bruselas que, para seguir respetando las normas fiscales europeas, prevé aumentar este año el peso de los ingresos sobre el PIB del 41,7% al 42,2%, mientras que el gasto público apenas subiría del 44,1% al 44,2%, todo ello a pesar de las rebajas fiscales adoptadas por el impacto de la guerra en Irán.
El Gobierno apuró el plazo establecido por la Unión Europea y presentó, casi a medianoche del jueves pasado y coincidiendo con el inicio del puente del Primero de Mayo, su hoja de ruta fiscal para 2026. En este documento -el Informe de Progreso Anual del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo- se actualiza la situación presupuestaria del país y se detallan las medidas para garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales en los próximos años. En él se contempla un aumento de la presión fiscal de unos 8.500 millones de euros para 2026, pese a las rebajas tributarias aprobadas para mitigar los efectos del conflicto en Irán.
Según el informe remitido a la Comisión Europea, los ingresos públicos crecerán medio punto del PIB, pasando del 41,7% al 42,2%, lo que equivale a esos 8.500 millones adicionales. No obstante, el propio Ejecutivo reconoce que este crecimiento será algo más moderado, con una subida del 6,5%, debido a las medidas adoptadas para aliviar el impacto económico de la guerra, lo que hará que las decisiones discrecionales en materia de ingresos sean menores que en 2025.
El Ministerio de Hacienda confía, aun así, en elevar la recaudación gracias a cambios en el IRPF, la fiscalidad patrimonial, los Impuestos Especiales y, sobre todo, el Impuesto de Sociedades. Una parte importante de este incremento -alrededor de una cuarta parte- proviene de la decisión de no ajustar el IRPF a la inflación y a la evolución de los salarios, lo que genera unos 2.300 millones de euros anuales adicionales.
Entre las novedades más destacadas figura la implantación de un tipo mínimo global del 15% para grandes multinacionales, con el que se espera recaudar 1.708 millones. Esta medida, en línea con el acuerdo internacional impulsado por la OCDE (conocido como Pilar II), afecta a empresas con ingresos superiores a 750 millones anuales.
Además, España se adelantó a este acuerdo internacional estableciendo un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para compañías que facturan más de 20 millones de euros, lo que aportará otros 621 millones. En contraste, la reducción del tipo al 23% para pymes con ingresos inferiores a 10 millones supondrá un alivio fiscal de 307 millones.
Por otro lado, la recuperación de medidas fiscales sobre sociedades aprobadas en 2016 durante el mandato de Cristóbal Montoro, y posteriormente anuladas por el Tribunal Constitucional, permitirá ingresar 2.629 millones adicionales este año.
En el ámbito del IRPF, destaca la subida del tipo máximo sobre las rentas del ahorro hasta el 30% para ingresos superiores a 300.000 euros, que generará 472 millones extra. Asimismo, el Gobierno prevé obtener 466 millones más por el aumento del Impuesto Especial sobre el tabaco y otros 623 millones mediante el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, aunque parte de esta recaudación se trasladará al Impuesto sobre el Patrimonio tras su reactivación en varias comunidades autónomas.
Con todas estas medidas y manteniendo prácticamente estable el gasto público, el Ejecutivo espera limitar el crecimiento del gasto computable al 4,2% y reducir el déficit desde el 2,4% hasta el 2,1% del PIB (o del 2% al 1,5% si se excluyen gastos extraordinarios como los derivados de la dana).
El Gobierno ha admitido de forma explícita que el aumento de la inflación derivado de las sucesivas crisis geopolíticas le ha permitido incrementar la recaudación fiscal. En el último informe remitido a la Comisión Europea sobre el avance del plan fiscal, el Ejecutivo reconoce haber ingresado 2.294 millones de euros adicionales en 2025 por no ajustar el IRPF a la inflación, lo que le ha ayudado a cumplir los objetivos de déficit sin necesidad de aplicar nuevas medidas.
Los datos más recientes de la Contabilidad Nacional muestran que esta tendencia continúa al alza. Los ingresos no financieros del Estado alcanzaron los 72.157 millones de euros, un 4,4% más que en marzo del año anterior y un nuevo máximo histórico tras el inicio del conflicto en Irán. De esa cantidad, 62.474 millones proceden de impuestos, lo que representa el 86,6% del total, con un incremento del 5,4%, es decir, 3.216 millones más que un año antes.
Por tipos impositivos, destaca el aumento de la recaudación por IVA, que creció un 4,9% hasta situarse en 31.855 millones. En términos brutos, este impuesto alcanzó los 33.110 millones, un 5,4% más que en 2025, mientras que las devoluciones aumentaron un 19,3%. En marzo, además, comenzaron a reflejarse -aunque aún sin cuantificar completamente- los efectos de medidas como la rebaja del IVA de productos energéticos del 21% al 10% y la reducción del impuesto eléctrico del 5,11% al 0,5%.
También se incrementaron los ingresos por IRPF en un 4,3%, hasta los 19.443 millones, y los del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, que crecieron un 8,2% hasta los 1.345 millones. En cambio, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades descendió un 7,6%, quedándose en 1.370 millones.
El documento enviado a Bruselas recoge que el plan fiscal estructural para el periodo 2025-2028 contempla elevar los ingresos públicos de forma sostenida en un 0,3% del PIB, con la previsión de añadir una décima adicional. El Ejecutivo considera ya cumplido el primer objetivo gracias a medidas adoptadas en los últimos años, cuyo impacto se mantendrá en el tiempo. Parte de ese aumento adicional se atribuye precisamente a la falta de actualización del IRPF, que aportó 2.294 millones, equivalentes al 0,14% del PIB, aunque no se detalla cuánto supondrá esta medida en los próximos ejercicios.
Entre las iniciativas que han contribuido a elevar la recaudación destacan la limitación en la compensación de pérdidas de grandes grupos empresariales, el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas y la implantación de un tipo mínimo efectivo para multinacionales, al que se añadirá un gravamen complementario en adelante.
Por otro lado, el déficit del Estado cerró el primer trimestre de 2026 en 3.944 millones de euros, lo que supone un aumento del 32,1% respecto al mismo periodo del año anterior y equivale al 0,22% del PIB, ligeramente por encima del 0,18% registrado en 2025.
La economía española continúa mostrando una notable capacidad de resistencia en un entorno internacional cada vez más complicado, inestable e incierto. Sin embargo, empiezan a apreciarse señales de desgaste y cierta desaceleración. El pasado jueves, el INE dio a conocer el avance del PIB correspondiente al primer trimestre de 2026, que registró un crecimiento del 0,6% respecto al trimestre anterior, dos décimas menos que en el cierre de 2025. Este dato ya refleja los primeros efectos de la crisis energética derivada de la guerra en Irán y del prolongado cierre del estrecho de Ormuz, una vía clave por la que antes del conflicto transitaba cerca del 20% del petróleo transportado por mar.
Por su parte, la Airef -que ya había advertido en abril de que el conflicto en Oriente Próximo tendría consecuencias en forma de menor crecimiento, mayor inflación y más déficit- publicó ayer una estimación del comportamiento del PIB por comunidades autónomas. Los datos vuelven a evidenciar importantes diferencias territoriales, con variaciones de hasta cuatro décimas en términos trimestrales y de hasta 1,3 puntos porcentuales en tasa interanual. En el crecimiento trimestral, solo tres regiones superaron la media nacional: la Comunidad de Madrid, que lideró con un avance del 0,8%, seguida de Baleares y Murcia, ambas con un 0,7%.
Madrid prolonga así la dinámica positiva del año anterior, cuando creció un 3%, por encima de la media nacional, y reafirma su posición como principal motor económico del país. Este liderazgo se sustenta en su capacidad para atraer inversiones, la solidez de su mercado laboral, el dinamismo de sus exportaciones de servicios de alto valor añadido y también su creciente atractivo turístico.
Baleares, por su parte, continúa beneficiándose del impulso del turismo, favorecido además por la percepción de España como destino seguro frente a la inestabilidad en Oriente Próximo. En Murcia, al tirón del turismo nacional se suma el posible impacto positivo del aumento del gasto en Defensa, un factor que también podría favorecer a otras regiones como Madrid y Andalucía.
Según la Airef, comunidades como Cataluña, Andalucía, Canarias, Galicia, País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha, La Rioja y Asturias crecieron un 0,6% en el primer trimestre, en línea con la media nacional. Por debajo se situaron Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria y Extremadura, con un 0,5%, mientras que Castilla y León registró el menor crecimiento, con un 0,4%.
Si se observa la evolución interanual, el panorama presenta algunos matices. La Comunidad Valenciana encabeza el crecimiento con un 3,2%, impulsada en parte por el efecto arrastre de finales de 2025 y por el impacto positivo de las ayudas destinadas a la reconstrucción tras la dana, que están estimulando la inversión y la actividad constructora.
Le siguen Madrid, con un crecimiento del 3,1%, manteniendo el buen ritmo del año anterior, y Andalucía, con un 2,8%. En torno a la media nacional del 2,7% se sitúan Cataluña, Baleares, Canarias y Castilla y León, mientras que Castilla-La Mancha crece ligeramente por debajo, con un 2,6%. En el extremo opuesto destacan Asturias, con un avance del 1,9%, claramente por debajo de la media; el País Vasco, con un 2,1%; y Aragón y Navarra, ambos con un 2,2%.
De cara al futuro, BBVA Research apunta que, aunque el crecimiento podría debilitarse en 2026, las regiones del norte podrían ganar protagonismo en 2027 gracias a la recuperación industrial y a una mejora progresiva de la demanda europea, siempre que la situación en Irán no se prolongue y los precios del petróleo se estabilicen.
Por ahora, las perspectivas invitan a la cautela. Los datos del inicio de 2026 son solo un primer indicio de un año que se anticipa complicado y condicionado por la incertidumbre geopolítica. De hecho, el Banco de España ya ha advertido de una posible desaceleración significativa de la actividad en los próximos trimestres.
Además, los componentes del PIB muestran una pérdida de dinamismo: el consumo de los hogares crece a menor ritmo -aunque sigue siendo el principal motor-, las exportaciones han caído y la inversión ha sufrido un notable frenazo, con un crecimiento de apenas el 0,1% en el primer trimestre, frente al 1,6% registrado en el trimestre anterior.
Hacienda podrá formalizar actas de inspección sin necesidad de que el contribuyente esté presente para firmarlas, ya sea mostrando conformidad o desacuerdo. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia del 22 de abril, en la que fija criterio al señalar que la ausencia de citación para la firma de las actas no implica automáticamente su nulidad, siempre que esta omisión no afecte al resultado final ni vulnere los derechos o garantías del contribuyente.
El caso analizado por el alto tribunal parte de la reclamación de un ciudadano al que se le practicó una inspección sobre su IRPF correspondiente a los años 2015 a 2017. En ningún momento fue convocado para firmar las actas, que fueron suscritas directamente por el inspector, reflejando la disconformidad del contribuyente. Antes de ello, la Administración le concedió un trámite de audiencia al que no respondió, y posteriormente le notificó el acta sin que presentara alegaciones.
El Supremo recuerda que, según la Ley General Tributaria, para que un acto sea nulo debe haberse prescindido de forma total y absoluta del procedimiento establecido. Es decir, no cualquier irregularidad basta para invalidarlo, sino que debe tratarse de un defecto de tal magnitud que equivalga a la inexistencia del procedimiento o que tenga un impacto decisivo en el resultado.
Para que exista una irregularidad grave, el tribunal explica que deben darse dos posibles circunstancias: que el defecto afecte al fondo del asunto, de modo que el resultado hubiera sido distinto de haberse seguido correctamente el trámite, o que suponga una vulneración muy grave e irreparable de los derechos del contribuyente.
En este caso, el Supremo concluye que no se omitió el procedimiento, sino que, ante la falta de respuesta del inspeccionado, la Administración decidió firmar el acta en disconformidad. Aunque no se detalla el motivo de esta actuación, el tribunal considera que la falta de citación no invalida la liquidación, ya que la firma del acta no constituye un trámite esencial y no se ha acreditado una vulneración grave de derechos. Además, se respetaron otros pasos clave, como el trámite de audiencia previa y la posibilidad de presentar alegaciones después, que el contribuyente no utilizó.
El tribunal también descarta que el defecto haga anulable el acto, al no haber generado indefensión ni afectar a los elementos fundamentales del procedimiento. Asimismo, entiende que no hay indicios de que el resultado hubiera cambiado aunque se hubiera citado al contribuyente para firmar.
No obstante, el Supremo matiza que este tipo de irregularidades no pueden perjudicar al contribuyente. En particular, señala que, si este hubiera manifestado su voluntad de firmar el acta en conformidad, la omisión de ese trámite no debería acarrearle consecuencias negativas, como podría ocurrir en el cálculo de los intereses de demora, que varían según exista o no conformidad con el acta.
Entre 2019 y 2025, el salario mínimo interprofesional aumentó más de un 60% gracias a las subidas anuales aprobadas por el Gobierno. A pesar de ello, el empleo continuó creciendo con fuerza: las afiliaciones a la Seguridad Social se incrementaron en más de 2,3 millones de personas en ese periodo (un 12% más), hasta alcanzar los 21,6 millones de cotizantes al cierre del año pasado. Esta cifra incluso ha sido superada recientemente, situándose en 21,8 millones de afiliados al finalizar el mes de marzo.
No obstante, la evolución del mercado laboral no ha sido uniforme. Según el investigador de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la URJC, Miguel Ángel García Díaz, en su análisis sobre la evolución de la afiliación entre 2019 y 2025, las sucesivas subidas del salario mínimo sí habrían perjudicado a ciertos sectores más vulnerables a estos incrementos. Se trata de actividades con mayor concentración de trabajadores en los niveles salariales más bajos, donde las empresas deben ajustarse cada vez que se eleva el salario mínimo.
En estos ámbitos, el estudio detecta una caída del empleo que contrasta con el crecimiento general. En concreto, durante esos seis años, tanto el sector agrario (con 107.967 afiliados menos) como el de empleados del hogar (con una reducción de 57.290) han sufrido una notable destrucción de empleo, sumando en conjunto una pérdida de 165.257 cotizantes.
A estos descensos se añaden pequeñas caídas en otros regímenes, como el del mar (-1.120) y el del carbón (-565), aunque en estos casos influyen factores distintos. Según el informe, el fuerte incremento del salario mínimo podría explicar, al menos en parte, la evolución negativa del empleo en el sector agrario y en el doméstico, ambos con caídas cercanas al 14%.
Conviene recordar que un estudio de la Fundación ISEAK sobre la subida del salario mínimo en 2019 concluyó que su impacto negativo fue limitado, pero estimó una destrucción o menor creación de entre 27.000 y 30.000 empleos a tiempo completo. Además, señaló que los efectos fueron graduales y afectaron en mayor medida a mujeres, jóvenes e inmigrantes. El informe, encargado por el Ministerio de Trabajo, recomendaba evaluar con mayor profundidad futuras subidas del salario mínimo, considerando factores como el sector, el tamaño de las empresas o las diferencias territoriales.
Por su parte, el Banco de España también analizó la subida del 22% aplicada en 2019, que situó el salario mínimo en 900 euros mensuales en catorce pagas. Sus conclusiones apuntaban a una pérdida de entre 98.000 y 180.000 empleos, especialmente en sectores con salarios más bajos, donde se observó una reducción en la contratación. Asimismo, advertía de que elevar el salario mínimo puede dificultar el acceso al empleo para determinados colectivos, como los parados de larga duración, y aumentar el riesgo de pérdida de empleo entre trabajadores con sueldos más reducidos.
En línea con estos análisis, el informe reciente de Fedea insiste en el impacto significativo del aumento de los costes laborales en los sectores más expuestos a las subidas del salario mínimo. Precisamente, tener en cuenta la situación de sectores como el agrario o el empleo doméstico ha sido una de las principales demandas de las organizaciones empresariales en las negociaciones impulsadas por el Ministerio de Trabajo, dirigido por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Estas organizaciones han solicitado medidas de apoyo, como bonificaciones, para compensar el aumento de costes en sectores que llevan años perdiendo afiliados.
En este contexto, un estudio de Cepyme publicado a finales de 2022 estimó que las subidas del salario mínimo desde 2018 habrían provocado la pérdida de unos 217.000 empleos en España: alrededor de 71.600 puestos destruidos y otros 145.900 que no llegaron a crearse.
El aumento del salario mínimo también ha tenido un efecto directo en los costes laborales, al elevar las bases mínimas de cotización que deben asumir las empresas. Según datos del INE, en los últimos siete años el coste de las cotizaciones sociales ha aumentado cerca de un 30% (un 29,2% en concreto), pasando de una media de 650,4 euros mensuales por trabajador en el cuarto trimestre de 2018 a 840,9 euros en el mismo periodo de 2025.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha anunciado que el Gobierno presentará este martes en el Consejo de Ministros la oferta de empleo público (OEP) correspondiente a 2026. En una entrevista en TVE, explicó que esta convocatoria pretende ser un ejemplo de modernización, orientada a impulsar la digitalización de la Administración y a incorporar perfiles especializados, como expertos en inteligencia artificial, sin que ello suponga pérdida de empleo, sino más bien su creación.
López también destacó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha logrado revertir los recortes aplicados durante años anteriores en el ámbito de la función pública. No obstante, matizó que el crecimiento no puede mantenerse de forma indefinida, por lo que el objetivo ahora es consolidar el nivel alcanzado, combinando la creación neta de puestos con el proceso de digitalización.
La propuesta llegará al Consejo de Ministros tras varias reuniones con los sindicatos en la Mesa General de la Administración del Estado, sin que se hayan producido avances significativos en la negociación. Las organizaciones sindicales han criticado la falta de información por parte del Ministerio, ya que aseguran no conocer los detalles ni las cifras concretas de la oferta, motivo por el que aún no han dado su respaldo.
En 2025, el Gobierno aprobó un total de 36.588 plazas, incluyendo las destinadas a fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas, lo que supuso una reducción cercana al 9% respecto al año anterior, cuando se alcanzó un máximo histórico de más de 40.000 plazas. De ese total, 26.889 correspondieron a la Administración General del Estado, con un 70% para nuevo ingreso y un 30% para promoción interna.
Aunque desde el Gobierno se ha trasladado que la nueva oferta será similar a la del año pasado, las declaraciones del ministro apuntan a que no se prevé un incremento significativo del número de plazas. Desde el sindicato CSIF ya han expresado su preocupación, recordando que la oferta anterior fue insuficiente para cubrir necesidades estructurales en organismos clave como el SEPE, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la DGT o Instituciones Penitenciarias.
Por su parte, CC.OO. considera que el Ejecutivo debería garantizar un volumen de plazas acorde al número de bajas, que en 2025 superaron las 12.000, con el fin de asegurar una verdadera creación de empleo neto y mantener la calidad de los servicios públicos, cuya demanda sigue aumentando.
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