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(El Mundo, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprobará 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales

El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación urgente de dos reales decretos para crear 700 nuevas plazas de jueces y fiscales en 2027. De ellas, 500 corresponderán a la carrera judicial, lo que permitirá ampliar la planta judicial un 7,8%, mientras que las 200 restantes se incorporarán al Ministerio Fiscal, cuya plantilla aumentará un 6,6%. La medida da continuidad a la política de refuerzo de los efectivos judiciales y fiscales impulsada por el Gobierno y forma parte del proceso de transformación de la Justicia promovido por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Esta estrategia combina cambios procesales y organizativos con la digitalización para mejorar la capacidad de respuesta del servicio público ante las necesidades actuales y futuras. De las 500 nuevas plazas judiciales, 172 se destinarán a la jurisdicción civil, con 102 para los tribunales de instancia y 70 para las audiencias provinciales. La jurisdicción social contará con 109 nuevos puestos y la penal, con 69. Además, se crearán 87 plazas para reforzar órganos mixtos de audiencias provinciales y tribunales de instancia en provincias y localidades de menor tamaño, junto con otras 42 de adscripción territorial, que podrán trasladarse en función de la evolución de las cargas de trabajo. El plan incluye también 11 plazas para las secciones de Violencia sobre la Mujer y seis para las especializadas en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. En el caso de la violencia machista, el Gobierno destaca el avance de la especialización durante la legislatura, con un incremento del 55,4% de las plazas, que han pasado de 121 a 188. Por primera vez, se crearán ocho plazas para presidencias liberadas de tribunales de instancia, destinadas exclusivamente a coordinar la organización de estos órganos, unificar criterios y mejorar su funcionamiento. Este modelo, implantado ya en las principales ciudades españolas, se extenderá a Murcia, Almería, Córdoba, Granada, A Coruña, Vigo, Santander y Valladolid. Asimismo, la Audiencia Nacional incorporará cuatro nuevas plazas. Por comunidades autónomas, Andalucía y Catalunya recibirán 94 plazas judiciales cada una, seguidas de Madrid, con 74, y la Comunitat Valenciana, con 53. La distribución responde a las necesidades de refuerzo identificadas en cada territorio. Las 200 nuevas plazas fiscales se repartirán entre las comunidades autónomas y los órganos centrales. Catalunya contará con 47 nuevos fiscales, un aumento del 9,9% de su plantilla, mientras que Andalucía incorporará 31, con un crecimiento del 5,6%, y Madrid sumará 26, un 6,9% más. En términos porcentuales, Canarias registrará el mayor incremento, con 13 nuevas plazas, que elevarán sus efectivos un 8,9%. La asignación de los nuevos puestos se ha realizado atendiendo a criterios como la carga de trabajo, el volumen de litigios y la población. El Ministerio trasladará la propuesta al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con competencias transferidas y los tribunales superiores de Justicia para recabar sus observaciones y propuestas.

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(El Economista, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El FMI alerta del gran riesgo: los países se quedan sin munición para afrontar la próxima crisis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte de que el elevado endeudamiento público y la persistencia de los déficits presupuestarios están aumentando la vulnerabilidad de los mercados financieros internacionales ante posibles subidas de los tipos de interés. El organismo ya anticipó en su Monitor Fiscal de abril que la deuda pública mundial alcanzaría el 100% del PIB en 2030, un nivel que no se registra desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Además, prevé que el déficit global se sitúe en el 3,3% del PIB este año. En su último informe sobre estabilidad financiera, el FMI alerta de que el endeudamiento acumulado, las presiones inflacionistas y las crecientes necesidades de financiación de los gobiernos pueden desencadenar episodios de inestabilidad en los mercados de deuda soberana. La situación resulta especialmente delicada porque los Estados disponen de un margen fiscal limitado y las políticas monetarias tienen menos capacidad de respuesta que en crisis anteriores. Según el organismo, los riesgos asociados a la elevada deuda y a su refinanciación siguen sin resolverse, lo que aumenta la posibilidad de que las rentabilidades de los bonos experimenten subidas bruscas. Los expertos del FMI Era Dabla-Norris y Rodrigo Valdés explican que, cuando el endeudamiento público ya es elevado, el aumento de los tipos de interés agrava tanto el déficit presupuestario como el volumen de deuda. Entre los factores que están impulsando al alza los rendimientos de los bonos de las economías avanzadas figuran el encarecimiento del petróleo, la persistencia de la inflación, las mayores necesidades de inversión y las expectativas de crecimiento futuro relacionadas con la inteligencia artificial. Esta presión ya se refleja en los mercados. Entre febrero y septiembre, la rentabilidad media de los bonos públicos a diez años de los países del G7 aumentó más de un punto porcentual, hasta alcanzar su nivel más elevado en dos décadas. El encarecimiento de la financiación coincide con un periodo en el que los gobiernos deben hacer frente a importantes obligaciones acumuladas. El FMI calcula que el coste medio de financiación de los países de renta alta pasará del 2,3% registrado en 2021 al 3,7% en 2031. El aumento de los intereses de la deuda supone una carga cada vez mayor para las cuentas públicas y reduce los recursos disponibles para otras políticas. Según los expertos del organismo, esta situación limita la capacidad de los gobiernos para financiar inversiones públicas y mantener el gasto social, al tener que destinar una proporción creciente de sus ingresos al pago de los compromisos financieros. El FMI también alerta de que la evolución del déficit mundial no es compatible con la estabilización de la deuda. Aunque prevé que se sitúe en el 3,3% del PIB global este año, considera que debería reducirse al 2,6% para estabilizar la ratio de endeudamiento. La diferencia entre ambas cifras es de siete décimas del PIB mundial. Además, dado que la deuda continuará aumentando, el organismo considera necesario aplicar ajustes adicionales de magnitud similar en los próximos ejercicios. La consolidación fiscal, sin embargo, deberá llevarse a cabo en un contexto de crecientes necesidades de gasto. Los gobiernos afrontan presiones para incrementar la inversión en defensa y seguridad energética, además de asumir los costes derivados del envejecimiento de la población y el aumento de los pagos por intereses. Esta combinación dificulta la reducción de los déficits y obliga a establecer prioridades presupuestarias. Ante este escenario, el FMI insta a los países a mejorar su saldo primario -la diferencia entre ingresos y gastos públicos antes del pago de intereses- para contener el crecimiento de la deuda y evitar que alcance niveles insostenibles. El organismo también advierte de que aplazar las medidas de ajuste puede agravar las dificultades futuras y obligar a aplicar correcciones más severas.

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(Cinco Días, 13-10-2026) | Fiscal

El Gobierno prevé que la cuenta Financia Europa eleve la recaudación de impuestos

El Ministerio de Economía sostiene que los incentivos fiscales previstos para la cuenta Financia Europa no reducirán los ingresos públicos, sino que podrían aumentar la recaudación. El departamento dirigido por Carlos Cuerpo argumenta que las ventajas fiscales compensarán su coste al favorecer el traslado de parte del ahorro depositado en cuentas bancarias hacia inversiones con mayor rentabilidad potencial, como acciones, fondos de inversión y ETF. Actualmente, los depósitos ofrecen una remuneración media inferior al 1,6% y los hogares españoles mantienen en ellos alrededor de 1,1 billones de euros. Según Economía, aunque las plusvalías de estas inversiones disfruten de determinadas exenciones, el aumento de las ganancias patrimoniales y de los rendimientos distribuidos generaría una base imponible superior a la actual. Los últimos datos anuales disponibles de la Agencia Tributaria, correspondientes a 2024, sitúan la base imponible del ahorro cerca de los 60.000 millones de euros, frente a los poco más de 22.000 millones registrados en 2014. Ese año, Hacienda recaudó unos 13.300 millones de euros por la tributación del ahorro. El Ministerio considera que una mayor participación de los ciudadanos en los mercados financieros podría elevar estos ingresos. El departamento también confía en que la iniciativa atraiga un volumen significativo de ahorradores, tomando como referencia la experiencia de otros países europeos. En el Reino Unido, las cuentas Individual Savings Accounts (ISA) alcanzaron 9,3 millones de usuarios durante su primer año y actualmente superan los 22 millones de titulares. En Suecia, las cuentas de inversión ISK sumaron 2,2 millones de usuarios en cuatro años y ya están extendidas entre el 36% de la población. En Francia, el Plan d'Épargne en Actions (PEA) superó los seis millones de cuentas durante sus seis primeros años. La puesta en marcha del nuevo producto está pendiente de varios trámites. Las entidades financieras esperan que el Ministerio de Hacienda apruebe una orden ministerial que concrete las obligaciones de información a la Agencia Tributaria. Esta norma es imprescindible para iniciar la comercialización, que también requiere la convalidación del real decreto por parte de la Diputación Permanente del Congreso. Economía reconoce que todavía no hay una fecha definida, aunque prevé que la oferta pueda desplegarse con rapidez una vez aprobadas las disposiciones necesarias y adaptados los sistemas de las entidades. La cuenta Financia Europa permitirá invertir hasta 150.000 euros en acciones, fondos de inversión y ETF, con un diferimiento de la tributación de las plusvalías hasta el momento en que se retire el dinero. Si la inversión se mantiene durante más de cinco años, los primeros 10.000 euros de ganancias quedarán exentos y el resto disfrutará de una reducción fiscal del 20%. Así, en una operación que genere 20.000 euros de plusvalías, solo tributarán 8.000 euros. Sin esta cuenta, las ganancias estarían sujetas a los tipos habituales del ahorro, del 19% para los primeros 6.000 euros y del 21% para el tramo siguiente de hasta 50.000 euros. Los dividendos, por su parte, seguirán tributando en el IRPF conforme a las reglas generales. El producto estará sujeto a requisitos de inversión para favorecer la financiación de la economía europea. Los fondos deberán destinar al menos el 70% de sus activos al Espacio Económico Europeo, un mínimo del 50% a Bolsa y un 35% a acciones de ese ámbito. La cuenta no permitirá invertir directamente en bonos. Para Sara Gutiérrez Campiña, socia cofundadora de finReg360, esta limitación podría dificultar la incorporación de ahorradores con menos experiencia en los mercados financieros, precisamente uno de los colectivos a los que se dirige la iniciativa. La propuesta se enmarca en la estrategia europea para movilizar el ahorro privado hacia la inversión productiva dentro de la Unión Europea. Los informes de Mario Draghi y Enrico Letta ya habían advertido de la salida de capital europeo hacia Estados Unidos. Letta estima que unos 300.000 millones de euros abandonan cada año la UE con destino a Wall Street. Además, distintos estudios apuntan a que los europeos mantienen una proporción de su riqueza financiera en depósitos y efectivo superior a la de los estadounidenses: el 32%, frente al 13%. En este contexto, la Comisión Europea ha defendido el desarrollo de instrumentos que incentiven a los pequeños ahorradores a invertir en los mercados bursátiles europeos, con el objetivo de aumentar sus posibles rendimientos y reforzar la financiación de la economía comunitaria.

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(Expansión, 13-10-2026) | Fiscal

El FMI mejora el PIB de España al 2,5% este año, pero alerta de la abultada inflación

El Fondo Monetario Internacional (FMI), dirigido por Kristalina Georgieva, ha elevado en cuatro décimas su previsión de crecimiento de la economía española para 2026, hasta el 2,5%. Sin embargo, también ha revisado al alza sus estimaciones de inflación, que sitúa ahora en el 3,7%, siete décimas por encima de su cálculo anterior. En el ámbito mundial, el organismo mejora en una décima su pronóstico de crecimiento para este año, hasta el 3,1%, aunque advierte de que la inflación podría alcanzar el 4,7%. Las últimas previsiones de los principales organismos económicos, tanto nacionales como internacionales, coinciden en dos aspectos. Por un lado, la economía mundial está resistiendo mejor de lo esperado el impacto de la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo, que se prolonga desde hace ocho meses sin que se vislumbre una solución cercana. Por otro, persiste el riesgo de que las tensiones inflacionistas se intensifiquen y se mantengan durante más tiempo, con las consiguientes repercusiones sobre la actividad económica si los bancos centrales se ven obligados a subir los tipos de interés para contener los precios. De este modo, las estimaciones más recientes ofrecen una perspectiva desigual: mejoran las expectativas de crecimiento, pero empeoran las de inflación. Además, los efectos de la crisis energética están siendo muy diferentes según el país. El FMI, que esta semana celebra sus reuniones mundiales en Bangkok, ha actualizado sus proyecciones en el último informe Panorama Económico Mundial, publicado este martes. El organismo calcula que el PIB mundial crecerá un 3,1% en 2026, una décima más de lo previsto en julio, y mantiene en el 3,4% su estimación para 2027. Según explica, la actividad económica durante la primera mitad de 2026 evolucionó mejor de lo esperado, pese a la prolongación de la guerra en Oriente Próximo y a las tensiones comerciales. Una de las razones que explican esta resistencia es el impulso del sector tecnológico, especialmente por el fuerte volumen de inversión en inteligencia artificial (IA), que está contribuyendo a sostener la demanda. También han influido las medidas adoptadas por los gobiernos para amortiguar las consecuencias de la crisis y la capacidad de adaptación de las economías. A estos factores se suma una menor dependencia energética que en décadas anteriores, circunstancia que ha ayudado a reducir el impacto del conflicto sobre la actividad, según el organismo que dirige Kristalina Georgieva. No obstante, el FMI advierte de que esta capacidad de resistencia presenta importantes diferencias entre países y de que los recursos disponibles para afrontar nuevas perturbaciones no son ilimitados. La reducción de las reservas, la vulnerabilidad de los mercados de materias primas y la fragmentación económica podrían agravar la situación. Además, una incertidumbre prolongada puede deteriorar la confianza, mientras que las restricciones en el suministro energético podrían frenar el impulso de la inteligencia artificial. El organismo también alerta de que las condiciones de financiación podrían cambiar de forma repentina, entre otros motivos, por las dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas. Pese a este escenario internacional complejo, la economía española vuelve a destacar por su fortaleza. El FMI ha mejorado de forma significativa sus previsiones para España y espera ahora que el PIB avance un 2,5% en 2026, cuatro décimas más que en su estimación de julio. Para 2027, mantiene la previsión de crecimiento en el 1,8%. La nueva estimación del Fondo es ligeramente inferior a las de otros organismos, como la OCDE y el Banco de España, que sitúan el crecimiento previsto para este año en el 2,6%, en línea con las expectativas del Gobierno. En cualquier caso, España continuará entre las economías más dinámicas de la eurozona y crecerá a un ritmo superior al de las principales potencias europeas. Entre estas economías, Alemania registra una de las revisiones más favorables. El FMI prevé que su PIB aumente un 1,3% en 2026, seis décimas más de lo calculado en julio. Francia, en cambio, afronta un panorama menos favorable, marcado por la inestabilidad política y las dificultades de sus finanzas públicas. El organismo estima que su economía crecerá apenas un 0,4%, dos décimas menos de lo previsto anteriormente. Italia mejora sus perspectivas en tres décimas, hasta alcanzar un crecimiento del 0,8%. En conjunto, la eurozona crecerá un 1,1% en 2026, dos décimas por encima de la previsión publicada en julio, aunque a un ritmo inferior a la mitad del esperado para España. Las proyecciones del FMI también sitúan a la economía española por delante de la estadounidense en términos de crecimiento porcentual, ya que Estados Unidos registrará un avance del 2,3% este año. Las perspectivas de crecimiento, sin embargo, están condicionadas por el repunte de los precios. El FMI advierte de que una prolongación del conflicto o una nueva escalada de las tensiones en Oriente Próximo o Ucrania podría encarecer las materias primas y mantener su volatilidad durante más tiempo, intensificando las presiones inflacionistas. En este contexto, el organismo prevé que la inflación general mundial alcance el 4,7% en 2026 y se modere hasta el 4,1% en 2027. En España, la inflación media se situará previsiblemente en el 3,7% este año, siete décimas por encima de la estimación anterior y un punto porcentual más que en 2025. Para 2027, el FMI espera que se reduzca al 2,7%. En la eurozona, por su parte, el incremento medio de los precios será del 3,1% en 2026 y del 2,8% el próximo año. La evolución de los precios en España resulta especialmente relevante porque mantendrá una diferencia desfavorable respecto a varios de sus principales socios europeos durante el resto del año. Esta brecha puede perjudicar la competitividad de las exportaciones españolas, al encarecer relativamente los productos y servicios nacionales. El FMI calcula que la inflación media de Alemania será del 2,7% en 2026, un punto menos que la española, mientras que Francia registrará un 2,4% e Italia, un 3,3%. Por último, el organismo internacional también anticipa una desaceleración progresiva de la economía china, en línea con las previsiones de la OCDE. Tras crecer un 5% en 2025, el PIB de China aumentará un 4,5% en 2026 y un 4% en 2027. Ambas estimaciones suponen una rebaja de una décima respecto a las publicadas por el FMI en julio.

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(El Economista, 13-10-2026) | Fiscal

Hacienda recauda un 30% más en el IRPF de las rentas del ahorro e inversión

La recaudación del IRPF mantiene su tendencia al alza y, hasta agosto de 2026, ha aumentado un 11,6% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 109.995 millones de euros, según los últimos datos de la Agencia Tributaria. La mayoría de los tributos también han incrementado sus ingresos, con la excepción de los Impuestos Especiales, cuya recaudación ha disminuido un 7,9%. El mayor crecimiento corresponde al Impuesto sobre Sociedades, que ha registrado un avance del 24,4%, aunque el IRPF continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos públicos. El aumento de la recaudación del IRPF se ha concentrado especialmente en julio, coincidiendo con el primer pago de la Campaña de la Renta correspondiente a 2025. Hacienda atribuye esta evolución al fuerte incremento de las rentas que no están sometidas íntegramente a retenciones y pagos a cuenta, como las ganancias patrimoniales, los rendimientos inmobiliarios y los ingresos de las empresas personales. Destacan especialmente las ganancias patrimoniales, que crecieron por encima del 30% por segundo año consecutivo. A ello se suma el efecto de la subida del tipo impositivo aplicable a las bases del ahorro superiores a 300.000 euros, incorporada en la declaración anual. Las retenciones sobre las ganancias patrimoniales procedentes de fondos de inversión han aumentado un 29,8% en el conjunto del año. Este crecimiento se produce en un contexto de elevada fiscalidad del ahorro financiero en España. Un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) sitúa la tributación efectiva de los fondos de inversión en el 27%, frente al 21% de media de la Unión Europea y el 24% de la OCDE. El incremento de los ingresos tributarios refleja también el peso creciente de los impuestos sobre las rentas del ahorro. Actualmente, estas rentas están sometidas a una escala progresiva de cinco tramos, con tipos que van del 19% al 30% para las bases liquidables superiores a 300.000 euros. Según el IEE, la tributación efectiva de los productos financieros alcanza el 22% en España, frente al 16% de media de la OCDE y el 14% de la UE. Los autores del estudio consideran que estas diferencias sitúan a España entre los países donde la fiscalidad reduce con mayor intensidad la rentabilidad neta que obtienen las familias por sus inversiones. Esta valoración también es compartida por la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros (EFPA España), que ha participado en el informe. El estudio señala asimismo que la Ley 35/2006 del IRPF ha experimentado numerosas modificaciones desde su aprobación. Entre ellas, destaca la reforma introducida por la Ley 26/2014, cuyas medidas sobre la tributación del ahorro, según los autores, respondieron principalmente a objetivos recaudatorios y ofrecieron incentivos limitados para fomentar la inversión a largo plazo. En cuanto a los ingresos procedentes de los productos financieros, las retenciones sobre el capital mobiliario apenas han variado en agosto, mientras que el incremento acumulado desde enero se sitúa en el 0,8%. La Agencia Tributaria explica que los intereses de las cuentas bancarias siguen disminuyendo, aunque a un ritmo cada vez menor. Esta caída se compensa con los ingresos procedentes de los dividendos. El tipo marginal máximo aplicado a estos últimos alcanza el 30% en España, cinco puntos por encima de la media de la OCDE y nueve puntos superior a la de la Unión Europea. En conjunto, los ingresos tributarios entre enero y agosto de 2026 han ascendido a 230.277 millones de euros, un 9,7% más que en el mismo periodo de 2025. El crecimiento habría sido mayor sin las medidas fiscales adoptadas para amortiguar el impacto de la inflación, entre ellas las reducciones de los impuestos sobre los hidrocarburos y la electricidad. La recaudación del Impuesto sobre Hidrocarburos ha caído un 11,8% hasta agosto. Sin embargo, la Agencia Tributaria estima que, sin la reducción de los tipos impositivos, los ingresos habrían aumentado un 2,1%. La evolución de este tributo responde al comportamiento favorable del consumo de gasolina, frente al descenso registrado en los gasóleos de automoción y los sujetos a bonificación. El Impuesto Especial sobre la Electricidad también presenta una evolución negativa, con una caída acumulada del 21,5% hasta agosto. Este resultado se explica por la rebaja fiscal que estuvo vigente entre marzo y mayo. Tras su eliminación en la revisión de las medidas contra la inflación, los ingresos han comenzado a recuperarse, tanto por la vuelta a los tipos anteriores como por el encarecimiento de la electricidad. Otros tributos especiales también registran retrocesos. La recaudación del impuesto sobre el alcohol ha disminuido un 3,4% en los ocho primeros meses del año, una evolución que Hacienda relaciona con la reducción del consumo de bebidas alcohólicas y no con cambios en los tipos impositivos. Por su parte, el Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico No Reutilizables ha recaudado un 2,9% menos, aunque en agosto sus ingresos aumentaron un 2,4%. El Impuesto sobre las Labores del Tabaco muestra un comportamiento algo más favorable, con un incremento acumulado del 0,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Su evolución, al igual que ocurre con el alcohol, está estrechamente vinculada a los hábitos de consumo.

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(El Economista, 13-10-2026) | Fiscal

La Justicia refrenda el ITP reducido de familia numerosa al comprar vivienda con el tercer hijo en gestación

El Tribunal Supremo ha establecido que las familias pueden beneficiarse del tipo reducido del 4% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) por la compra de su vivienda habitual cuando la madre esté embarazada de su tercer hijo en el momento de formalizar la adquisición, siempre que el bebé nazca vivo posteriormente. Así lo determina una sentencia del 24 de septiembre de 2026, que fija doctrina jurisprudencial sobre la aplicación de este incentivo fiscal. La magistrada ponente, Córdoba Castroverde, fundamenta la decisión en el artículo 39 de la Constitución Española, que encomienda a los poderes públicos la protección social, económica y jurídica de la familia. También se apoya en el artículo 29 del Código Civil, que considera nacido al concebido para todos los efectos que le resulten favorables. La Sala realiza una interpretación finalista de la Ley de Protección a las Familias Numerosas y se aparta del criterio estrictamente literal defendido por la Administración tributaria autonómica. Este razonamiento sigue la línea de la doctrina del Tribunal Constitucional recogida en su Sentencia 77/2015, que prioriza la efectividad de los beneficios fiscales destinados a facilitar el acceso a la vivienda habitual. Además, el Supremo recuerda que el título oficial de familia numerosa tiene carácter declarativo, no constitutivo, por lo que reconoce una situación familiar preexistente en lugar de crearla. El caso se originó cuando un matrimonio casado en régimen de separación de bienes adquirió una vivienda y autoliquidó el ITP al tipo general del 6%. Posteriormente, la madre solicitó la devolución de los ingresos indebidos al alegar que estaba embarazada de su tercer hijo cuando se otorgó la escritura pública de compraventa. Aunque la Administración tributaria rechazó la petición, tanto el Tribunal Económico-Administrativo Regional como el Tribunal Superior de Justicia reconocieron su derecho a aplicar el beneficio fiscal. La sentencia incluye un voto particular del magistrado Toledano Cantero, que discrepa de la decisión mayoritaria. A su juicio, el derecho a la reducción tributaria debe determinarse en la fecha del devengo del impuesto y la ficción jurídica prevista en el artículo 29 del Código Civil debe limitarse a proteger los derechos del concebido. Por ello, considera que esta disposición no puede extenderse para reducir las obligaciones fiscales de los progenitores.

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(Expansión, 13-10-2026) | Laboral

Las empresas están obligadas a notificar a sus empleados cuando exista una vacante

La mayoría de los trabajadores desconoce que tiene derecho a conocer las vacantes disponibles en su empresa, independientemente del tipo de contrato que tenga o de la categoría profesional del puesto ofertado. Las compañías están obligadas a informar a sus plantillas de estas oportunidades laborales y, si incumplen esta obligación, pueden enfrentarse a sanciones económicas por infracción leve. Esta exigencia está recogida en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), que establece las penalizaciones aplicables en caso de incumplimiento. En concreto, el artículo 6.5 de esta última norma considera infracción no informar de las vacantes existentes a los trabajadores a tiempo parcial, a distancia, con contratos temporales -incluidos los formativos- y fijos-discontinuos, conforme a lo establecido en los artículos 12.4, 13.3, 15.7 y 16.7 del Estatuto de los Trabajadores. La finalidad de esta obligación es favorecer la estabilidad en el empleo y reducir la temporalidad, facilitando que quienes tienen contratos menos estables puedan acceder a puestos indefinidos o ampliar su jornada laboral. El incumplimiento puede dar lugar a multas de entre 70 y 150 euros en su grado mínimo, de 151 a 370 euros en el grado medio y de 371 a 750 euros en el máximo. Las cuantías están reguladas en el artículo 40 de la LISOS, disponible en el Boletín Oficial del Estado. Para determinar el importe de la sanción se tienen en cuenta distintos factores, como la intencionalidad o negligencia de la empresa, la existencia de advertencias previas, el número de trabajadores afectados y las consecuencias del incumplimiento. La normativa presta especial atención a cuatro colectivos que pueden encontrar mayores dificultades para acceder a nuevas oportunidades dentro de la empresa. Entre ellos figuran los trabajadores a tiempo parcial, que deben ser informados de las vacantes para poder optar a un contrato a jornada completa o ampliar sus horas de trabajo, de acuerdo con lo previsto en el convenio colectivo aplicable. También deben recibir esta información los empleados temporales y los fijos-discontinuos, que pueden optar a puestos estables cuando existan vacantes. De este modo, la ley facilita que estos trabajadores puedan acceder a empleos indefinidos ordinarios, en los términos establecidos por la normativa y el convenio colectivo correspondiente. El cuarto colectivo protegido es el de los trabajadores a distancia. Al desempeñar sus funciones fuera de las instalaciones de la empresa, pueden tener más dificultades para conocer las oportunidades laborales que surgen internamente. La obligación de informarles pretende garantizar que tengan las mismas posibilidades de acceder a nuevas vacantes que quienes trabajan presencialmente. La legislación no impone un canal específico para comunicar las ofertas internas, por lo que las empresas pueden recurrir a diferentes medios, como los tablones de anuncios del centro de trabajo, la intranet corporativa o el correo electrónico. No obstante, la información debe facilitarse antes de cubrir la vacante con una persona externa, de manera que los trabajadores que reúnan las condiciones puedan conocer la oportunidad y optar al puesto.

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(El País, 13-10-2026) | Laboral

Los sindicatos registran la petición a la Seguridad Social para que adelante la jubilación a las trabajadoras de ayuda a domicilio

Los sindicatos CC OO y UGT han presentado ante la Seguridad Social una solicitud para que se analice la posibilidad de adelantar la edad de jubilación de las trabajadoras de ayuda a domicilio. La iniciativa, registrada este viernes, pone en marcha un procedimiento que estas profesionales reclaman desde hace tiempo debido al desgaste físico que implica su actividad. El proceso contempla estudiar los índices de incapacidad temporal y siniestralidad laboral para determinar si procede aplicar coeficientes reductores, un mecanismo que permite anticipar la jubilación al computar el tiempo trabajado de forma más favorable. Esta medida ya beneficia a colectivos como los mineros y los bomberos forestales. La patronal del sector, sin embargo, no respalda la petición sindical. El servicio de ayuda a domicilio ocupa a unas 161.000 personas, en su inmensa mayoría mujeres, muchas de ellas migrantes y con salarios bajos. Aunque la actividad no presenta niveles de siniestralidad tan elevados como los del transporte o la construcción, registra índices importantes de incapacidad temporal. En la solicitud, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, los sindicatos describen unas condiciones laborales caracterizadas por el trabajo en solitario, la ausencia de apoyo, una elevada exigencia física y ritmos intensos, además de la necesidad de desplazarse entre distintos hogares. También advierten de que algunas trabajadoras desempeñan sus funciones en entornos insalubres, tóxicos o peligrosos para su salud. La iniciativa se dirige exclusivamente a las trabajadoras que prestan asistencia en domicilios particulares, aunque las centrales sindicales también estudian extenderla a las profesionales de residencias. Esta segunda posibilidad está menos desarrollada porque el procedimiento establece que los coeficientes reductores solo pueden concederse cuando la penosidad del trabajo no puede eliminarse mediante medidas preventivas. Su aplicación resulta más complicada en viviendas particulares que en centros residenciales. CC OO y UGT argumentan que la prevención en los hogares depende, en gran medida, de la autorización de los propietarios de los inmuebles, al tratarse de domicilios privados. Por ello, sostienen que estas profesionales deben asumir con su propio cuerpo y sin ayuda tareas que requieren un importante esfuerzo físico. Asimismo, señalan que la inviolabilidad del domicilio limita la capacidad de la Inspección de Trabajo para acceder a las viviendas y comprobar directamente las condiciones en las que se desarrolla la actividad. Los sindicatos también denuncian que estas dificultades de supervisión pueden dejar sin respuesta numerosas quejas relacionadas con la exposición a riesgos biológicos, productos tóxicos, cargas físicas excesivas y espacios insalubres, con consecuencias para la salud física y mental de las trabajadoras. A estos problemas añaden los riesgos psicosociales, como el acoso sexual o laboral, la discriminación y los tratos vejatorios por parte de algunos usuarios del servicio o de sus familiares, especialmente en situaciones en las que existen trastornos cognitivos, problemas de personalidad o enfermedades psiquiátricas. La falta de apoyo empresarial constituye otro obstáculo para que la solicitud avance. Los sindicatos aseguran que han intentado alcanzar un acuerdo con la patronal, sin éxito. La Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio manifiesta su compromiso con la mejora de las condiciones laborales, pero considera que la posible aplicación de coeficientes reductores debe sustentarse en un análisis técnico riguroso que, a su juicio, todavía no se ha realizado de forma conjunta. La Seguridad Social prefiere que este tipo de expedientes cuenten con el respaldo tanto de los representantes de los trabajadores como de las organizaciones empresariales. Así ocurre con las solicitudes para anticipar la jubilación en el transporte de mercancías y de viajeros, que se encuentran en fases avanzadas de tramitación. En el primer caso, está prevista la reunión de la comisión de expertos encargada de evaluar el expediente, una vez completados los informes necesarios, mientras que el segundo continúa pendiente de algunos documentos. En ambos sectores, los sindicatos lograron el apoyo de las empresas después de vincular el acuerdo a la desactivación de posibles huelgas. Pese a que el procedimiento cuenta con el respaldo de CEOE y Cepyme en su diseño, las organizaciones empresariales suelen mostrar reticencias porque la aplicación de estos coeficientes implica un aumento de las cotizaciones para compensar el adelanto de la jubilación. La patronal de ayuda a domicilio insiste en que este incremento supondría una carga adicional para un sector que ya atraviesa dificultades financieras. La oposición empresarial también ha frenado el avance de la solicitud correspondiente a la construcción, registrada hace más de un año. El expediente sigue pendiente de información adicional que deben aportar miles de empresas sobre las tareas realizadas por sus empleados, con el objetivo de que la Seguridad Social pueda evaluar los riesgos de cada puesto y diferenciar las actividades según su grado de peligrosidad. El plazo para presentar esos datos se extiende hasta febrero, tras lo cual todavía quedarán trámites por completar. Además de las trabajadoras de ayuda a domicilio, los sindicatos están preparando una solicitud conjunta para las camareras de piso de los hoteles, conocidas como las kellys. En el caso de las tripulantes de cabina, las centrales confían en conseguir la jubilación anticipada mediante una vía distinta al procedimiento general de la Seguridad Social. Hace dos semanas, el Congreso aprobó una proposición no de ley de Sumar para reclamar que estas profesionales puedan acceder a este derecho mediante su incorporación al decreto que ya contempla el adelanto de la jubilación de los pilotos. El PSOE apoyó la iniciativa.

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(El Economista, 13-10-2026) | Laboral

Los despidos en el sector tecnológico crecen el 40% hasta septiembre por culpa de la IA

Más de 130.000 trabajadores del sector tecnológico en todo el mundo han perdido su empleo entre enero y septiembre de 2026, un 40% más que los 92.800 despidos registrados en el mismo periodo del año anterior, según datos sectoriales. Aunque las estadísticas no detallan las causas de estos ajustes, los expertos consultados apuntan a la expansión de la inteligencia artificial (IA), la automatización y la aceleración de los procesos de digitalización como factores determinantes. La incorporación de sistemas capaces de realizar tareas que antes requerían intervención humana está transformando el mercado laboral tecnológico. La proliferación de agentes de IA y chatbots que pueden ejecutar operaciones en internet de forma autónoma está intensificando esta tendencia, especialmente en funciones administrativas y de soporte. Los especialistas advierten de que esta transformación podría extenderse a numerosas profesiones, como ya sucede con la traducción, y anticipan nuevas dificultades para determinados perfiles profesionales. La evolución del empleo tecnológico también pone de relieve los riesgos que afrontan los trabajadores más jóvenes. A los despidos contabilizados hay que añadir los puestos júnior que las empresas han dejado de cubrir, una circunstancia difícil de cuantificar estadísticamente. Un informe del Stanford Digital Economy, actualizado en agosto, señala que el empleo de trabajadores de entre 22 y 25 años en ocupaciones expuestas a la IA se encuentra un 19% por debajo del nivel que habría alcanzado si hubiera evolucionado al mismo ritmo que el de profesiones menos afectadas por estas tecnologías. Otros estudios realizados en Estados Unidos apuntan a que el problema no reside únicamente en los despidos, sino también en la reducción de las nuevas contrataciones. Un análisis de Lightcast publicado en junio detectó que las ofertas para desarrolladores júnior habían disminuido entre un 14% y un 15% respecto a las dirigidas a profesionales sénior, al comparar los periodos anteriores y posteriores a la aparición de ChatGPT. En España, los datos también reflejan esta tendencia. Un estudio de InfoJobs publicado en agosto apuntaba a una caída del 41% en las ofertas de primer empleo para programadores júnior en apenas un año. Asimismo, el Barómetro de Talento Digital 2026, elaborado por el Observatorio del Talento Digital de Digitalent Group y presentado en Madrid hace dos semanas, recoge que el 51,7% de las empresas participantes prevé reducir las oportunidades de contratación para perfiles júnior como consecuencia de la implantación de la IA. Estas cifras contrastan con las previsiones más optimistas sobre el efecto de la inteligencia artificial en el empleo. Eric Kutcher, presidente de McKinsey para Estados Unidos, ha defendido que en 2035 habrá más puestos de trabajo en el país que en la actualidad, al considerar que la IA también está generando nuevas oportunidades, especialmente para desarrolladores de software que trabajan en herramientas y sistemas capaces de programar código. Oracle, Dell, Amazon y Meta figuran entre las compañías que más han contribuido a los ajustes de plantilla del sector durante los nueve primeros meses del año. Oracle afronta un recorte de unos 21.000 puestos de trabajo en su ejercicio fiscal, equivalente al 13% de su plantilla, en un contexto marcado por las elevadas necesidades de financiación asociadas a la construcción de centros de datos. En su caso, la presión financiera se suma a la transformación tecnológica que atraviesa el sector. La intensidad de los ajustes también se aprecia en su distribución a lo largo del año. Entre mayo y julio se eliminaron cerca de 62.000 empleos tecnológicos, una cifra superior al total acumulado durante el segundo semestre de 2025. Por su parte, la plataforma Layoffs.fyi contabilizó 97.473 empleos afectados por ajustes vinculados a la inteligencia artificial en 111 episodios de despidos durante los nueve primeros meses de 2026. Los datos trimestrales reflejan, además, un peso creciente de la IA entre las causas atribuidas a los recortes. Durante el primer trimestre, de un total de 53.230 trabajadores afectados por despidos, 41.764 estaban vinculados a ajustes relacionados con esta tecnología, el 78% del total. Los 11.466 restantes abandonaron sus empresas por otros motivos. En el periodo siguiente, la proporción aumentó hasta aproximadamente el 87%, con 55.900 trabajadores afectados por la IA de un total de 55.990 personas contabilizadas en los ajustes de primavera. En conjunto, la evolución del sector muestra que el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo no se limita a la sustitución directa de trabajadores. La reducción de las oportunidades de entrada al mercado laboral, especialmente para los perfiles júnior, constituye otra de las principales consecuencias de una transformación que está modificando las necesidades de contratación de las empresas tecnológicas.

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(Expansión, 13-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Europa encara el invierno con las reservas de gas bajo mínimos y los precios en máximos

Las reservas de gas de Europa se encuentran al 73% de su capacidad, unos 15 puntos porcentuales por debajo de la media de los últimos cinco años. La situación genera preocupación ante la llegada del invierno, especialmente por las dificultades para recibir suministros a través del estrecho de Ormuz. A esta incertidumbre se suma el encarecimiento del combustible: el precio de referencia del gas europeo alcanza los 80,4 euros por megavatio-hora, el doble que en junio y su nivel más alto desde el invierno de 2022. Desde el inicio de la guerra de Ucrania y la interrupción del suministro ruso, la política energética europea se ha centrado en garantizar las reservas suficientes para afrontar los meses de mayor consumo sin tener que recurrir a cortes de calefacción o interrupciones de la actividad industrial. Para ello, Bruselas estableció como objetivo alcanzar el 90% de almacenamiento antes del 1 de noviembre. Sin embargo, este año la meta parece más difícil de cumplir, ya que los inventarios se encuentran en su nivel más bajo para estas fechas desde 2011. Las temperaturas más frías registradas durante octubre en distintas zonas del continente también están impulsando la demanda, lo que dificulta seguir acumulando reservas. La preocupación aumenta porque Europa consume habitualmente, entre noviembre y marzo, una cantidad de gas equivalente a aproximadamente la mitad de la capacidad total de sus almacenes. Partir de unos niveles inferiores a los habituales reduce el margen disponible para afrontar episodios de frío intenso. Además, el almacenamiento está distribuido de manera desigual entre los países. Polonia cuenta con reservas equivalentes al 99,1% de su capacidad, seguida de Italia, con el 88,3%; Francia, con el 86,1%, y España, con el 76,3%. En cambio, Alemania, Países Bajos y varios países de Europa oriental apenas superan el 50%, lo que aumenta el riesgo de dificultades de suministro en determinadas regiones. La distribución desigual del gas almacenado supone un desafío añadido para la seguridad energética europea. Las limitaciones de las infraestructuras dificultan trasladar el combustible desde los países mejor abastecidos hacia aquellos que disponen de menos reservas. En particular, algunos gasoductos que transportaban gas ruso hacia Europa central no están preparados para funcionar en sentido inverso. Por tanto, el volumen conjunto de las reservas no garantiza que todos los Estados miembros puedan cubrir sus necesidades durante el invierno. El encarecimiento del gas agrava el escenario. El contrato de referencia TTF, negociado en el mercado neerlandés, se sitúa en 80,4 euros por megavatio-hora, aproximadamente el doble que en junio. Si las dificultades de tránsito por el estrecho de Ormuz se prolongan, Europa podría tener que afrontar simultáneamente problemas de abastecimiento y unos costes energéticos más elevados, con consecuencias para los hogares y las empresas. Ante esta situación, la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros que reduzcan el consumo de gas y electricidad durante el invierno. A finales de septiembre, el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, advirtió en una carta a los Gobiernos de que los niveles de almacenamiento eran excepcionalmente bajos y alertó de una crisis de precios vinculada a las dificultades de suministro. Bruselas plantea recuperar medidas similares a las aplicadas durante la crisis energética de 2022, cuando el gas llegó a superar los 300 euros por megavatio-hora. Entre las recomendaciones figuran reducir el consumo eléctrico durante las horas punta, trasladar parte de la demanda a las horas de menor consumo mediante contadores inteligentes y tarifas variables, limitar la calefacción en los edificios públicos, restringir los sistemas de calefacción exterior y apagar durante la noche el alumbrado no esencial. Por el momento, se trata de propuestas dirigidas a los Estados miembros, sin cuotas obligatorias de ahorro ni plazos concretos para cada país. El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero considera que Europa debería reducir su demanda energética un 7% durante el invierno para afrontar la temporada con mayores garantías. Según este organismo independiente, intentar compensar la falta de reservas mediante importaciones adicionales, en lugar de moderar el consumo, resultaría especialmente costoso, dado que los precios se encuentran muy por encima de los registrados en años anteriores. El escenario plantea tres riesgos principales. El más grave, aunque menos probable, sería la necesidad de interrumpir el suministro a los consumidores domésticos, incluida la calefacción. Un segundo riesgo, considerado más probable, sería la reducción del consumo industrial, con efectos negativos sobre la producción, el empleo y las exportaciones. En España, Red Eléctrica ya ha recurrido diez veces en lo que va de año a interrupciones del suministro para consumidores industriales acogidos a mecanismos de desconexión, con el objetivo de preservar la estabilidad de la red. El tercer riesgo es que la escasez de reservas y las dificultades de abastecimiento mantengan la presión alcista sobre los precios a medida que avance el invierno. El encarecimiento de la energía también amenaza la competitividad de la industria europea y puede trasladarse progresivamente al precio de los bienes y servicios. Los bienes industriales no energéticos de la zona euro ya han registrado una aceleración de cuatro décimas entre junio y septiembre, hasta el 11%, una evolución que podría intensificarse si persisten las tensiones energéticas. Esta presión inflacionista añadiría dificultades al Banco Central Europeo, al aumentar el riesgo de nuevas subidas de los tipos de interés, lo que podría frenar la inversión y limitar el crecimiento económico.

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