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(Expansión, 04-11-2025) | Laboral

Un despido disciplinario debe ser justificado con criterios de proporcionalidad

Demostrar la validez de un despido disciplinario no siempre resulta sencillo. Una empresa de transporte decidió despedir a una empleada alegando que no avisó a un cliente sobre un retraso en un envío, que utilizó reiteradamente el correo electrónico corporativo para asuntos personales, que retiró cajas de la empresa sin justificarlo y que modificó la contraseña de su correo de trabajo. Aunque a primera vista estos motivos podrían parecer suficientes para justificar el despido, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictaminado que se trata de un despido improcedente, al considerar que la conducta de la trabajadora no reviste la gravedad ni la culpabilidad necesarias para adoptar una medida tan severa. Según los hechos probados, la empleada -una auxiliar administrativa- comenzó a trabajar para la empresa en mayo de 2021 con un contrato temporal que se transformó en indefinido un año después. En agosto de 2023, la compañía abrió un expediente disciplinario en su contra y le notificó el inicio del procedimiento mediante un burofax enviado a la dirección que figuraba en los registros de recursos humanos. No obstante, la trabajadora no llegó a recibir ni retirar ese burofax. Más adelante, en octubre del mismo año, la empresa le comunicó el despido disciplinario mediante otro burofax remitido a la misma dirección, que en esta ocasión sí fue recibido correctamente. Tras ello, la empleada presentó una demanda en la que solicitaba la nulidad del despido, una indemnización por daños y perjuicios, la extinción del contrato laboral, además del pago de diferencias salariales y vacaciones pendientes. El Juzgado de lo Social nº 1 de Tortosa le dio la razón, declarando el despido improcedente, decisión que la empresa recurrió ante el TSJC. El tribunal catalán, sin embargo, confirmó la sentencia inicial. En su resolución, reconoce que la empresa cumplió formalmente con el trámite de audiencia previa al enviar la notificación al domicilio que tenía registrado, y que la falta de recepción inicial no puede atribuirse a la empresa, ya que la trabajadora no informó de un cambio de dirección. En cuanto a los hechos que se le imputaban, el TSJC considera probado únicamente que la empleada fue negligente al no avisar al cliente del retraso y que utilizó el correo electrónico de la empresa con fines personales, sin que existiera una prohibición expresa sobre ello. Para el tribunal, estos comportamientos no son lo suficientemente graves ni culpables como para justificar un despido disciplinario, calificando la sanción como desproporcionada. La sentencia subraya que el principio de proporcionalidad es fundamental en este tipo de decisiones: aunque el trabajador pueda haber incurrido en una falta, no toda infracción o descuido justifica la medida más severa, que es la pérdida del empleo. El TSJC recuerda además que el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores establece que, para que un despido disciplinario sea procedente, el incumplimiento debe ser grave y culpable, lo que exige valorar tanto los aspectos objetivos como subjetivos del comportamiento del empleado. Asimismo, el tribunal señala que el poder sancionador del empresario debe aplicarse considerando factores como la trayectoria laboral del trabajador, la intencionalidad de su conducta, el grado de negligencia, el perjuicio económico causado y el impacto en la confianza depositada en él. En este caso, el tribunal concluye que el hecho de que la trabajadora no avisara del retraso en un transporte constituye una falta leve, pero no de la entidad suficiente como para justificar un despido disciplinario, por lo que considera que la medida adoptada fue excesiva.

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(El Economista, 04-11-2025) | Laboral

El SEPE aflora 570.000 prestaciones de paro a fijos discontinuos hasta septiembre

Durante los nueve primeros meses del año, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha gestionado 245.754 nuevas altas de prestaciones por desempleo a trabajadores fijos discontinuos que habían pasado a la inactividad, además de 324.410 reanudaciones de ayudas previamente suspendidas. En total, se han tramitado 570.164 prestaciones, una cifra un 2,3% inferior a la del año anterior, pero 114% superior a la registrada en el mismo periodo de 2019, el último año de referencia antes de la pandemia y la reforma laboral. Este colectivo, aunque no figura en las estadísticas del paro registrado, sí tiene derecho a recibir prestaciones mientras espera ser llamado de nuevo por su empresa. Solo en septiembre se contabilizaron 49.221 altas o reanudaciones, el nivel más alto desde que existen registros (2017), y un 207% más que en el mismo mes de 2019. Sin embargo, en ese momento había 88.195 beneficiarios efectivos, lo que supone un incremento del 180% respecto a 2019. En lo que va de 2025, la media mensual de perceptores se sitúa en 129.650 personas, un 122,4% más que hace seis años. Así, los trabajadores fijos discontinuos en situación de inactividad representan actualmente un 11% de los beneficiarios de prestaciones por desempleo, frente al 7,7% que suponían en 2019. En solo seis años, han pasado de concentrar un 8,4% de las altas y reanudaciones a un 16,9%, más del doble. Un análisis de los datos del SEPE, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, pone de relieve la gran volatilidad de estas prestaciones, lo que dificulta determinar cuántos trabajadores fijos discontinuos acceden realmente a ellas al entrar en inactividad. Las ayudas que perciben reflejan la misma rotación y temporalidad de sus empleos, marcados por continuas suspensiones y posteriores llamamientos por parte de las empresas (en algunos casos, especialmente los contratados a través de ETT, pueden producirse hasta seis al año). Además, los trabajadores que rechazan reincorporarse sin causa justificada pierden el derecho a la prestación, incluso si posteriormente se quedan sin empleo, ya que la empresa los da de baja como dimisión voluntaria. Aunque el SEPE registra las bajas en la prestación, no especifica los motivos, por lo que resulta imposible conocer qué ocurre exactamente con estos trabajadores. Este vacío estadístico se suma a otros muchos relacionados con la figura del fijo discontinuo, que ha ganado protagonismo -y polémica- desde la reforma laboral de 2021, que impulsó de forma notable el uso de este tipo de contratos. Los datos muestran que el aumento ha sido más acusado en las altas iniciales, que se han disparado un 133%, pasando de 105.427 en 2019 a 245.754 en 2025. En cambio, las reanudaciones han crecido un 102,5%. Las cifras de 2020 y 2021 están distorsionadas por el impacto de la pandemia, durante la cual los fijos discontinuos se beneficiaron de medidas excepcionales similares a las aplicadas en los ERTE, como no agotar el derecho a prestación mientras esperaban ser llamados. A partir de 2022, el incremento ya no se explica por este efecto, sino por la expansión del empleo bajo esta modalidad, que ha pasado de representar el 2,6% al 5% de los asalariados. El hecho de que, cuatro años después de la reforma, los niveles de altas y beneficiarios sigan en máximos históricos evidencia que no se trata de un fenómeno coyuntural, sino de un cambio estructural en el mercado laboral. Muchos contratos fijos discontinuos ya no se limitan a sectores estacionales como el turismo, y los periodos de trabajo tienden a ser más breves. Como consecuencia, los trabajadores agotan antes las prestaciones y deben esperar a generar nuevos derechos, lo que explica el mayor incremento de las altas iniciales frente a las reanudaciones. Este fenómeno también se refleja en el descenso drástico del número de fijos discontinuos que cobran un subsidio asistencial. En 2019 se registraron 56.742 altas y reanudaciones de este tipo de ayudas, mientras que en 2025 apenas se contabilizan 127. Sin embargo, esta caída tiene una explicación técnica: la reforma laboral permitió a estos trabajadores acceder a subsidios ordinarios, similares en duración y cuantía a los del resto de empleados, pero que ya no se contabilizan por separado, lo que impide comparar las cifras con años anteriores. En cualquier caso, tanto los datos mensuales como las medias anuales confirman un aumento sostenido en el número de beneficiarios de prestaciones entre los trabajadores fijos discontinuos, consolidando su peso dentro del sistema de protección por desempleo.

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(El Economista, 04-11-2025) | Laboral

El futuro Estatuto del Becario obligará a las empresas a cubrir los gastos del estudiante

El Consejo de Ministros debatirá hoy en primera lectura el anteproyecto de ley del Estatuto del Becario, una norma impulsada por Yolanda Díaz y pactada hace más de dos años con CCOO y UGT, cuyo objetivo es regular las prácticas de estudiantes en empresas y administraciones públicas para eliminar la figura del falso becario. Este será el primer paso antes de su envío al Congreso de los Diputados, donde la oposición de Junts y las dudas de algunos partidos de izquierda podrían dificultar la aprobación de una ley que obligaría a las empresas a compensar los gastos de los estudiantes en formación. Fuentes del Ministerio de Trabajo ya habían adelantado la semana pasada que era muy probable que el borrador se tratara en la reunión del Ejecutivo de este martes, algo que se confirmó ayer. El texto fue negociado con los agentes sociales durante la anterior legislatura, y el acuerdo se firmó poco antes de las elecciones generales de 2023. Sin embargo, el proyecto no se había impulsado desde entonces, pese a que el proceso de consulta pública terminó hace casi un año, debido a las reservas del ala socialista del Gobierno. Durante el inicio de la actual legislatura, Trabajo expresó su intención de abrir un nuevo proceso de diálogo con patronal y sindicatos sobre el borrador, aunque los sindicatos se opusieron al considerar que el texto ya había sido consensuado en dos ocasiones. Por ello, confían en que el Consejo de Ministros apruebe mañana el texto original, sin modificaciones sustanciales. El borrador incorpora novedades importantes, como la obligación de que las empresas compensen económicamente al becario los gastos de desplazamiento, manutención o alojamiento, si no recibe una retribución por sus prácticas ni cuenta con una beca que cubra dichos costes. En las primeras fases de negociación se llegó a plantear fijar una compensación mínima obligatoria, pero los sindicatos la rechazaron por considerar que las prácticas son una actividad formativa y no laboral, y que ese pago podría incentivar la sustitución de empleo ordinario por becas mal remuneradas. El texto también especifica que las prácticas deben estar vinculadas a estudios oficiales, como Formación Profesional, enseñanzas artísticas o deportivas, especialidades formativas o grados universitarios. En el caso de los universitarios, se diferencian las prácticas curriculares (obligatorias para obtener el título) y las extracurriculares (voluntarias), que no podrán superar las 480 horas, ya que se considera que en ese punto aumenta el riesgo de fraude. Antes de llegar al Parlamento, la norma deberá volver al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Además, el proyecto prevé reforzar el control de la Inspección de Trabajo, que verificará que los convenios y acuerdos de prácticas cumplen lo establecido por la ley. Este control se incluirá en la planificación anual de actuaciones inspectoras, y las infracciones podrán sancionarse con multas de entre 70 y 225.000 euros, dependiendo de su gravedad. Por ejemplo, si el convenio de prácticas no recoge los elementos básicos exigidos por el Estatuto del Becario -como los derechos del estudiante, el sistema de tutorías o la compensación económica-, la empresa podría enfrentarse a sanciones de entre 70 y 750 euros. En los casos en los que el estudiante deba pagar por realizar las prácticas, se vulneren sus derechos o no se informe al comité de empresa, las multas podrían alcanzar los 7.500 euros. Las infracciones más graves, como las que impliquen discriminación por motivos de edad, sexo, origen, ideología, religión o afiliación sindical, así como las que afecten a la retribución, jornada o promoción profesional, conllevarán sanciones que pueden oscilar entre 120.000 y 225.018 euros.

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(El País, 04-11-2025) | Laboral

Un 11% de los trabajadores en España está en riesgo de pobreza, el tercer peor dato de la UE

España presenta uno de los peores resultados de la Unión Europea en cuanto a trabajadores en riesgo de pobreza. En 2024, el 11,2% de las personas con empleo se encontraba en esta situación, lo que sitúa al país como el tercero con peor dato del bloque comunitario. Pese al fuerte crecimiento económico, esta cifra apenas mejora una décima respecto al año anterior y se mantiene muy por encima de la media europea, que se sitúa en el 8,2%. Tal como advierte Eurostat, "el riesgo de pobreza no afecta solo a quienes tienen baja intensidad laboral o carecen de empleo", sino también a trabajadores activos que, aun teniendo un sueldo, no alcanzan ingresos suficientes. Este indicador mide el porcentaje de empleados -por cuenta ajena o propia- cuya renta disponible es inferior al 60% de la mediana nacional, descontadas las ayudas sociales. En otras palabras, son personas que trabajan, pero no ganan lo suficiente para salir de la pobreza. Este dato se suma al de la pobreza crónica, que en 2023 afectó al 13,6% de la población española, según la misma oficina estadística europea. España solo supera a Luxemburgo (13,4%) y Bulgaria (11,8%) en este indicador. Mientras que el caso búlgaro se explica por su bajo nivel económico, el de Luxemburgo sorprende, dado su elevado salario mínimo (2.700 euros) y su moderada tasa de paro (6,9%). Los analistas atribuyen este resultado a la creciente desigualdad salarial y al alto coste de la vivienda en el país. Otros Estados con tasas altas de trabajadores pobres son Rumanía (10,9%), Grecia (10,7%) e Italia (10,2%). En cambio, países como Francia (8,3%) o Alemania (6,5%) se sitúan más cerca o por debajo del promedio europeo. Los mejores registros se encuentran en Irlanda (5,3%), Países Bajos (4,7%), Bélgica (4,3%), Chequia (3,6%) y Finlandia (2,8%). Si se observa la evolución a largo plazo, España muestra una ligera mejora respecto a los años más duros de la crisis. El mejor dato de la serie (iniciada en 2004) se alcanzó en 2006, con un 10,1%, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Posteriormente, entre 2015 y 2017, el indicador llegó a su máximo, con un 13,1%. Desde entonces, ha descendido lentamente, con un repunte en 2021 por la pandemia y leves descensos en 2022 (11,7%), 2023 (11,4%) y 2024 (11,2%). Según Carlos Susías, presidente de EAPN España (Red Europea de Lucha contra la Pobreza), el problema radica en la baja calidad del empleo: "Aunque el empleo ha crecido, no es suficiente para mejorar estas cifras. Los salarios siguen siendo bajos, sobre todo desde la devaluación salarial tras la crisis de 2010, de la que aún no nos hemos recuperado", explica. Además, destaca la alta tasa de trabajo a tiempo parcial no deseado, especialmente entre mujeres, lo que agrava la precariedad. España también se mantiene rezagada en otros indicadores laborales. Pese a la reducción del desempleo, encabeza la tasa de paro europea, con un 10,5% en septiembre, muy por encima de la media comunitaria (6%) y lejos de países como Chequia (3%). El fenómeno del trabajador pobre refleja una pérdida de poder adquisitivo. Según un estudio de Fedea, desde 2007 los salarios reales apenas han crecido y, en algunos periodos, incluso han caído. Aunque los salarios más bajos han mejorado tras las subidas del salario mínimo (un 61% desde 2018), los ingresos medios se han estancado, lo que comprime la estructura salarial: cada vez más empleados cobran cerca del salario mínimo. Un informe reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) muestra esta tendencia: en 2018, el 3,5% de los trabajadores cotizaban por la base mínima, frente al 7,4% en 2023, más del doble. Y quienes perciben sueldos ligeramente superiores al SMI también se han multiplicado: del 7,9% en 2018 al 22,8% en 2023, lo que confirma que la brecha salarial se ha estrechado, pero hacia abajo.

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(El Confidencial, 04-11-2025) | Laboral

Solo cinco de cada 100 parados con prestación optan por compaginar con un trabajo

Un año después de la entrada en vigor de la reforma del sistema de desempleo de 2024, las estadísticas muestran dos efectos principales de su aplicación. Por un lado, ha aumentado el número de personas desempleadas que reciben algún tipo de prestación, a pesar de que el paro total ha disminuido. Por otro, la posibilidad de compatibilizar el cobro del paro con un empleo, ya sea a tiempo parcial o completo, ha empezado a ganar cierta aceptación, aunque aún son pocos los beneficiarios que optan por esta opción. En su mayoría, se trata de personas que perciben prestaciones bajas y necesitan complementar sus ingresos. La reforma, recogida en el Real Decreto-ley 2/2024, tenía un doble propósito: ampliar la protección a más personas desempleadas y fomentar la reincorporación al mercado laboral. Los datos de los primeros once meses de aplicación apuntan a avances en ambas metas, aunque más evidentes en la primera. Esto se explica porque la ampliación automática del acceso a las prestaciones es inmediata, mientras que el complemento de apoyo al empleo requiere que el parado lo solicite expresamente, algo que no siempre ocurre, sobre todo entre los beneficiarios de la prestación contributiva. Según los datos del SEPE, en septiembre de 2025, el 4,4% de los beneficiarios del paro compaginaban su prestación con ingresos de un trabajo parcial o completo, lo que equivale a 68.933 perceptores del subsidio y 644 de la prestación contributiva, sobre un total de 1.577.463 parados con alguna de las dos ayudas. Este cálculo no incluye a quienes reciben rentas agrarias, subsidios agrarios o la renta activa de inserción, por ser programas más específicos. Aunque el porcentaje del 4,4% sigue siendo modesto, ha ido creciendo mes a mes, lo que sugiere que su alcance podría ampliarse conforme aumente el conocimiento público sobre la compatibilidad del paro con el empleo. Aun así, el sistema no ha tenido un gran éxito entre los beneficiarios de la prestación contributiva. Dado que su aplicación comenzó en abril de 2025, el crecimiento ha sido lento y progresivo. Las condiciones más restrictivas para los perceptores de la prestación contributiva -como la necesidad de haber cumplido diez meses en paro o solicitar expresamente la compatibilidad- hacen menos atractiva esta opción, frente a los beneficiarios del subsidio, que reciben entre 480 y 570 euros al mes y pueden acogerse automáticamente al sistema. Además, este grupo ya podía compatibilizar su subsidio con un empleo a tiempo parcial antes de la reforma, lo que facilita su adopción. En ambos casos, la percepción simultánea de un salario y una prestación reduce el importe de esta última, aunque en conjunto supone un aumento de los ingresos. La otra vertiente de la reforma ha tenido un impacto más notable en términos numéricos. Si se compara el número de beneficiarios de prestaciones en octubre de 2024 (antes de la reforma) con septiembre de 2025, se registran 56.381 personas más recibiendo ayudas. Si se analiza la variación interanual (septiembre de 2024 vs. septiembre de 2025), el incremento asciende a 108.362 beneficiarios, es decir, un 7,4% más, a pesar de que el número total de desempleados descendió en 153.620 personas (un 6%). Este comportamiento resulta inusual, ya que en el periodo anterior (septiembre 2023-septiembre 2024) tanto los beneficiarios del paro como los desempleados habían disminuido de forma similar. En concreto, los beneficiarios bajaron un 2,7% y los parados, un 5,4%. El repunte actual se debe principalmente al aumento de quienes reciben el subsidio, impulsado por la ampliación del acceso a los menores de 45 años sin cargas familiares que hayan agotado una prestación contributiva de al menos un año. Este efecto comenzó a notarse a partir de noviembre, coincidiendo con la entrada en vigor de las principales medidas. Como resultado, la tasa de cobertura -el porcentaje de desempleados con experiencia laboral que perciben una prestación- ha alcanzado niveles récord, pasando del 70,6% en septiembre de 2024 al 75,9% en septiembre de 2025. Este era precisamente uno de los objetivos del Ministerio de Trabajo y los sindicatos, aunque el Ministerio de Economía introdujo mecanismos como el complemento al empleo y la reducción progresiva del subsidio para evitar que las ayudas desincentiven la búsqueda de trabajo, fenómeno conocido como la "trampa de la pobreza". El mayor número de beneficiarios ha supuesto también un incremento del gasto del SEPE en un 6,3% interanual, hasta alcanzar los 18.282 millones de euros (1.084 millones más que el año anterior). Sin embargo, el aumento de la recaudación por cotizaciones sociales derivado del crecimiento del empleo y de los salarios ha permitido mantener el equilibrio financiero del organismo. De hecho, hasta septiembre de 2025, los ingresos superan a los gastos en 1.571 millones de euros, 500 millones más que en 2024.

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(El Periódico, 04-11-2025) | Laboral

Seguridad Social y Gobierno ratifican su postura respecto a la jubilación anticipada

La Seguridad Social y el Gobierno de España han reafirmado su posición en torno a la jubilación anticipada, confirmando que los coeficientes reductores seguirán aplicándose incluso a aquellos trabajadores que hayan acumulado más de 40 años de cotización. La decisión, que ha reavivado el debate político y social sobre la equidad del sistema, se hizo pública después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones rechazara una Proposición de Ley presentada por el Grupo Mixto -impulsada por Podemos y la plataforma ASJUBI40-, cuyo objetivo era eliminar estas penalizaciones para quienes acreditaran una larga trayectoria laboral. La propuesta parlamentaria buscaba modificar el artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social, estableciendo que "no se aplicará ninguna reducción cuando el trabajador acredite 40 años de cotización" en casos de jubilación anticipada voluntaria. Sin embargo, la ministra Elma Saiz defendió en el Congreso que esta modificación no es necesaria, ya que las últimas reformas de pensiones han abordado la sostenibilidad del sistema siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo. Recordó que las reformas de 2021 ya ajustaron los coeficientes reductores con el fin de desincentivar las salidas tempranas del mercado laboral. La posición del Ejecutivo es firme: la reducción se mantendrá porque la jubilación anticipada implica retirarse antes de la edad legal ordinaria, sin importar los años cotizados. Para los afectados, esta postura supone una confirmación de lo que consideran una penalización injusta y permanente. Desde hace años, el colectivo ASJUBI40 denuncia que miles de trabajadores con más de cuatro décadas cotizadas sufren una merma vitalicia en su pensión inicial, pese a haber cumplido con creces las obligaciones contributivas. El impacto de los coeficientes reductores puede ser significativo. En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, la reducción puede oscilar entre el 2,81% y el 21% del importe de la pensión, según los meses de adelanto y el tiempo total cotizado. Aunque los trabajadores con más de 44 años y medio cotizados afrontan los recortes más leves, la penalización se aplica en todos los casos sin excepción. De acuerdo con la normativa vigente, establecida tras la reforma de 2021 (RDL 2/2021 y Ley 21/2021), los coeficientes reductores se aplican mensualmente y varían en función de la edad y los años de cotización: Edad ordinaria de jubilación: desde 2024, es de 66 años y 6 meses para quienes tienen menos de 38 años cotizados, y de 65 años para quienes superan ese umbral; Jubilación anticipada voluntaria: puede solicitarse hasta 24 meses antes de la edad legal; y Penalización: el recorte se calcula según el total cotizado; por ejemplo, un trabajador con 44 años y 6 meses cotizados que se jubile dos años antes verá reducida su pensión en torno al 13% de forma permanente. En definitiva, la Seguridad Social no ha modificado las pensiones, sino que ha ratificado la aplicación de las normas vigentes, manteniendo los recortes para quienes opten por jubilarse anticipadamente, incluso después de más de 40 años de cotización.

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(El País, 04-11-2025) | Laboral

El empleo crece en 141.926 personas en octubre pese al fin de la temporada estival

El empleo ha vuelto a aguantar el tipo y el fin de la temporada veraniega no ha pasado factura al mercado de trabajo. La Seguridad Social ha contabilizado en octubre 141.926 nuevas afiliaciones de ocupados registrados en el sistema. Esto supone la cifra más alta en ese mes en la serie histórica, salvo el registro de 2021, año de recuperación de la pandemia, que no se suele contar por su excepcionalidad. Así lo reflejan las cifras publicadas este martes por el Ministerio de Seguridad Social, que también indican que hay más de medio millón de trabajadores nuevos respecto a hace un año. De esta manera, la cifra total de afiliados al sistema se eleva a 21,8 millones de cotizantes, tras crecer a un ritmo interanual del 2,38%, el más alto desde enero. El término de la temporada estival ha destruido 50.594 empleos en la hostelería; otros 34.341 en la sanidad; 16.747 puestos administrativos y otros empleos de empresas de servicios; y casi 2.000 en el comercio, además de pérdidas menores en otros sectores. Pero toda esta destrucción de puestos se ha visto compensada con creces con las 167.329 contrataciones del sector de la educación, asociadas a la vuelta al cole; unos 15.000 nuevos cotizantes en profesiones de más cualificación en sectores profesionales científico-técnicos e información y comunicaciones; otros 15.300 en la construcción y 16.700 más en actividades artísticas y de entretenimiento. También la industria se anotó un leve aumento de 3.865 trabajadores, si bien en este caso es una cantidad muy modesta, si se tienen en cuenta los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, que mostraron una fuerte recuperación de las manufacturas, donde se generó el 22% de todo el empleo del último año. Además, en octubre, aunque subió el desempleo, lo hizo en una cantidad más moderada de lo que suele ser habitual en este mes. En concreto, los inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo (SEPE) en toda España crecieron en 22.101 personas, frente a un incremento de 26.769 desempleados en el mismo mes de hace un año, según las cifras del Ministerio de Trabajo. Con ello, el número total de desempleados se sitúa en 2,4 millones. Pero, sobre todo, esta moderación en el aumento del paro registrado se observa si se compara el alza del pasado mes con una subida media del desempleo de 69.000 parados cada mes de octubre durante todos los años de recuperación del empleo tras la crisis financiera (entre 2014 y 2019) y antes de la pandemia. Entrando en los detalles, el empleo medido según el registro de la Seguridad Social ha marcado dos máximos el pasado mes de octubre: el mayor número de mujeres afiliadas y de trabajadores extranjeros. En el caso de la afiliación femenina, ha alcanzado la cota desconocida hasta ahora superior a los 10,3 millones de trabajadoras, tras aumentar en casi 110.000 mujeres. En comparación, el incremento de hombres afiliados es mucho menor, de poco más de 31.000. El tirón del empleo en la educación, propio de este mes y que está fuertemente feminizado, explica en parte este auge de la afiliación de mujeres. La cifra de trabajadores extranjeros también supera su máximo histórico y se sitúa por primera vez por encima de los 3,1 millones de afiliados (3.101.500). En este caso, el buen comportamiento de la afiliación en la construcción estaría también detrás de buena parte de estas nuevas contrataciones. El colectivo mantiene así el dinamismo mostrado en el último año especialmente e incrementa su empleo un 7,1%, más de cinco puntos de lo que crece la afiliación en general (2,38%). La elevada creación de empleo en el mes de octubre prosigue la senda de fuerte dinamismo del mercado de trabajo en el tercer trimestre del año en el que el número de activos (personas en edad de trabajar que tienen un empleo o lo están buscando) se disparó en casi 180.000, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Este aumento estuvo muy por encima del crecimiento de la población en general y más que el empleo, lo que provocó que no todos los que buscaban un trabajo lo encontraran y, por tanto, el paro aumentó en 60.100 personas, a pesar del fuerte tirón de la ocupación (118.400 ocupados más en el trimestre). El avance de la afiliación en octubre no ha sido a costa de empeorar la calidad del nuevo empleo. Así, el peso de los contratos fijos entre las nuevas contrataciones se mantuvo por encima del 42%, aunque esto supuso un leve descenso de alrededor de un punto respecto al mes anterior y a octubres previos. La composición del empleo fijo siguió siendo también similar a otros meses comparables, siendo mayoría los indefinidos a tiempo completo (26.993); le siguen los fijos discontinuos (213.643), que se consolidan como segunda opción entre las contrataciones indefinidas; y, finalmente los contratos indefinidos a tiempo parcial (168.547).

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(Expansión, 04-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los alquileres suben un 10,9% con 14 capitales de provincia creciendo a doble dígito

Aunque en octubre el precio del alquiler en España registró una ligera bajada respecto a los máximos históricos alcanzados durante el verano, las tensiones en el mercado inmobiliario siguen siendo muy elevadas. La escasez de oferta y el aumento constante de la demanda continúan impulsando los precios, que el pasado mes se situaron en 14,5 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 10,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Así lo revela el último informe mensual publicado por el portal inmobiliario idealista, que destaca subidas de dos dígitos en 14 de las 52 capitales de provincia. Además, el encarecimiento afecta a más del 98% del territorio nacional. Solo Huesca se desmarca de esta tendencia, con una leve bajada del 1,7% en los precios durante octubre. Pese a esta tensión, el coste medio del alquiler en España ha caído un 0,7% en los últimos tres meses -los de verano- desde los récords históricos registrados en junio. No obstante, el efecto estacional parece haberse diluido, ya que en octubre los precios repuntaron una décima frente a septiembre. Este ligero aumento podría anticipar una nueva escalada de precios, impulsada por una oferta cada vez más limitada (o estancada en ciertas zonas) y una demanda en continuo crecimiento. Entre los factores que explican esta presión destacan la llegada de inmigrantes, la reducción del tamaño medio de los hogares y el traslado de potenciales compradores al mercado del alquiler ante la imposibilidad de acceder a una vivienda en propiedad, especialmente entre los jóvenes. A todo ello se suma la falta de protección de los propietarios de viviendas en alquiler, que, junto con las políticas gubernamentales y recientes resoluciones judiciales desfavorables, estaría contribuyendo también al incremento de los precios. Cada vez más arrendadores, cansados de los límites de precio en las zonas tensionadas o de los complejos procesos legales en casos de impago o de ocupación ilegal, están retirando sus viviendas del alquiler residencial para destinarlas a usos más rentables, como el alquiler temporal o turístico. Esta tendencia está reduciendo significativamente la oferta disponible en el mercado. Según los datos de idealista, las mayores subidas interanuales del precio del alquiler en octubre se registraron en Zamora (+18,1%), Ciudad Real (+15,1%), Teruel (+13,4%) y Segovia (+13,2%). Resulta llamativo que este incremento se haya producido en capitales alejadas de las grandes urbes, donde la tensión en los precios ha sido más acusada en los últimos meses. También se registraron aumentos de dos dígitos en Santa Cruz de Tenerife (+11,9%), Palencia (+11,6%), Madrid (+11,5%), Lérida y Orense (+11,4%), Lugo (+11,2%), Guadalajara (+10,6%), León (+10,5%), Burgos y Huelva (+10,2%) y Cáceres (+10%). En el extremo opuesto, además de Huesca, las subidas más moderadas se produjeron en Pamplona (+0,5%), Girona y San Sebastián (+1,2%), Vitoria (+2,7%), Málaga (+3,8%), Soria (+3,9%) y Tarragona (+4%). En términos absolutos, Barcelona sigue siendo la ciudad más cara de España para alquilar una vivienda, con un precio medio de 24,3 euros por metro cuadrado, pese a crecer solo un 5,1%. Esto significa que alquilar un piso de 70 metros cuadrados cuesta ya más de 1.700 euros mensuales. Le siguen Madrid (23 euros/m²), Palma de Mallorca (18,2 euros/m²), San Sebastián (18,1 euros/m²), Valencia (15,5 euros/m²), Málaga (15,4 euros/m²) y Bilbao (15 euros/m²). Por el contrario, las capitales donde resulta más económico alquilar una vivienda son Cáceres, Lugo, Ciudad Real y Zamora, con un precio medio de 7,8 euros por metro cuadrado, equivalente a unos 546 euros al mes para un piso de 70 metros. Justo por encima se sitúan Jaén (8 euros/m²), Cuenca, Badajoz y Orense (8,1 euros/m²), Palencia (8,2 euros/m²), Huesca y Ávila (8,4 euros/m²) y Teruel, donde el alquiler medio en octubre alcanzó los 8,5 euros por metro cuadrado.

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(El País, 04-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

España puede enganchar un círculo virtuoso, y se compromete ante las multinacionales a reducir la carga burocrática

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, defendió este lunes que el crecimiento económico de España está comenzando a reflejarse en la vida de los ciudadanos. "Estamos logrando crecer y que ese crecimiento se traduzca en una mejora del poder adquisitivo de la población", afirmó durante su intervención en el congreso España ante el futuro global, organizado por Multinacionales con España. Cuerpo subrayó que España se encuentra entre los países de la OCDE que más renta real han recuperado, lo que ha permitido una recuperación más rápida del golpe inflacionario, especialmente entre las rentas más bajas, gracias a medidas como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que ha aumentado un 61% desde 2018. En un contexto en el que España encadena dos años consecutivos como la economía avanzada de mayor crecimiento, el debate público se centra ahora en si ese progreso beneficia realmente al conjunto de la sociedad. Algunos analistas sostienen que el avance se debe principalmente al crecimiento poblacional, que ronda el medio millón de personas al año, lo que impulsa las cifras macroeconómicas sin garantizar necesariamente una mejora generalizada de las condiciones de vida. El ministro insistió en la necesidad de mantener el "círculo virtuoso" que atraviesa la economía española y señaló que fomentar el crecimiento del tamaño empresarial es clave para aumentar la productividad, atraer talento y ofrecer mejores salarios. "España vive un momento de confianza por parte de los analistas, los inversores, los mercados financieros y las agencias de calificación. La prima de riesgo está en niveles previos a 2009", celebró. Además, destacó que España es "uno de los buenos alumnos de Europa", tras reducir la deuda pública en más de 23 puntos del PIB desde la pandemia y bajar el déficit del 10% al 2,5% actual. En cuanto a los sectores económicos, Cuerpo destacó el turismo, que este año volverá a batir récords de visitantes internacionales. No obstante, quiso subrayar que el sector exterior español va más allá del turismo, al señalar que en 2025 las exportaciones de servicios no turísticos alcanzarán los 110.000 millones de euros, frente a los 100.000 millones del turismo. Esta comparación generó cierta incomodidad en parte del público. Ricardo Hernández, director de Comunicación y Asuntos Públicos de Diageo, expresó su desacuerdo: "No me ha gustado la comparación del ministro, como si la hostelería fuera de segunda categoría. Hay un grave problema de falta de personal: el 87% de los dueños de bares y restaurantes ha tenido que reducir servicios. Existen 100.000 vacantes sin cubrir, lo que implica pérdida de riqueza y competitividad". Ante un auditorio compuesto por directivos de multinacionales establecidas en España, Cuerpo se comprometió a reducir la burocracia y simplificar la normativa, con medidas que irán más allá de las promovidas por la Comisión Europea. También anunció que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) reforzará su papel como fuente de financiación para empresas de todos los tamaños, y que España participará activamente en las "coaliciones de voluntarios" europeas, grupos de países que avanzan conjuntamente en ciertas áreas sin necesidad de unanimidad de los 27 socios. En esa misma línea intervino Enrico Letta, decano de IE University y presidente del Instituto Jacques Delors, quien destacó que el 2028, año en el que el Consejo Europeo prevé completar el Mercado Único, será decisivo para el futuro del continente. Letta reclamó una integración total en energía, conectividad y servicios financieros, recordando que la fragmentación actual obliga a las empresas a afrontar altos costes al operar en marcos legales diferentes. "Cuando decimos que Europa es demasiado burocrática, nos referimos a esto: si seguimos teniendo 27 mercados distintos en lugar de uno solo, las consecuencias serán negativas", advirtió. Letta también insistió en que el pequeño tamaño de las empresas europeas frente a las estadounidenses o chinas limita su competitividad, por lo que es necesario impulsar un verdadero mercado común que permita crear "campeones europeos". Durante el encuentro, las multinacionales presentaron un informe que confirma que España sigue siendo un destino atractivo para la inversión extranjera. En 2024, el país alcanzó su segundo mejor registro histórico, con 30.543 millones de euros, lo que lo sitúa en el puesto 13 a nivel mundial, según datos de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo). En España existen 15.601 filiales de empresas extranjeras, que representan apenas el 0,5% del total de compañías, pero generan el 30% de la facturación nacional y el 43% de las exportaciones. Estas empresas emplean a unos dos millones de trabajadores directos y crean 1,4 millones de empleos indirectos. Además, pagan salarios un 31,8% más altos y tienen una productividad un 54,5% superior a la media. No obstante, los directivos consideran que aún hay margen de mejora. Alfons Buxó, responsable de ingeniería global de Deloitte, recordó que China lidera el mundo en centros de innovación, con 24 hubs, seguida de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. En Europa, los principales están en Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos. "Debemos potenciar mucho mejor el eje Madrid-Barcelona para consolidar nuestra capacidad de innovación", concluyó.

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(Expansión, 03-11-2025) | Fiscal

Consejos antes de que termine el año para pagar menos IRPF en 2026

Los asesores fiscales recuerdan que adelantar determinados gastos deducibles antes del 31 de diciembre puede suponer un importante ahorro en la próxima declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025. Con apenas dos meses para cerrar el año fiscal, los contribuyentes aún están a tiempo de optimizar su tributación y aprovechar las deducciones disponibles antes de que algunas desaparezcan o vean modificados sus límites a partir del 1 de enero. Aunque este ejercicio no introduce grandes novedades en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), los expertos señalan que todavía existen oportunidades para reducir la factura con Hacienda. Desde el Consejo General de Economistas (CGE) recomiendan revisar las retenciones aplicadas en la nómina si han variado los ingresos, con el fin de evitar ajustes indeseados en la próxima campaña. El Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) advierte que los mínimos personales y familiares no se han actualizado en años, lo que, sumado a la inflación y al aumento de los salarios, ha incrementado la carga fiscal para muchos ciudadanos. Según los fiscalistas, las cuantías exentas en conceptos como manutención o alojamiento han quedado desfasadas, por lo que reclaman una revisión al alza. Entre las principales recomendaciones figura la de revisar los planes de pensiones. Quienes se jubilen en 2025 o lo hayan hecho recientemente deben comprobar los plazos para aplicar la reducción del 40% a las aportaciones anteriores a 2007, siempre que el rescate se realice en forma de capital dentro del plazo legal. También se aconseja realizar aportaciones adicionales antes de fin de año, tanto a planes individuales como de empleo, para aprovechar los límites de deducción que pueden alcanzar los 10.000 euros. Negociar parte del salario en especie, como seguros médicos, vales de comida o cheques guardería, puede resultar fiscalmente ventajoso si se hace antes del cierre del ejercicio. Asimismo, quienes hayan aumentado sus ingresos pueden solicitar una revisión de las retenciones para evitar devoluciones elevadas o pagos inesperados. Los propietarios de viviendas en alquiler deben reunir todas las facturas y justificantes de los gastos deducibles -como comunidad, IBI o amortización- antes de que acabe el año. Si el inmueble se encuentra en una zona tensionada, podrían aplicar reducciones adicionales de hasta el 90% de los rendimientos si lo arriendan a jóvenes. En el ámbito de las inversiones, los expertos recomiendan compensar ganancias y pérdidas patrimoniales antes del 31 de diciembre para reducir la base imponible. En el caso de vender la vivienda habitual, se mantiene la exención si la ganancia se reinvierte en otra vivienda en el plazo de dos años. Los mayores de 65 años pueden reinvertir el importe de la venta de un bien en una renta vitalicia y quedar exentos de tributar por la ganancia obtenida. Quienes planeen adquirir un coche eléctrico o instalar puntos de recarga deberían hacerlo antes de fin de año para beneficiarse de las deducciones vigentes, salvo que el Gobierno las prorrogue. También se aconseja diferir al próximo ejercicio los ingresos extraordinarios, como bonus o indemnizaciones, para retrasar su tributación. Los donativos realizados antes del 31 de diciembre permiten deducir hasta el 80% de los primeros 250 euros y el 45% del resto. Además, los contribuyentes con cónyuges o familiares con discapacidad pueden aprovechar reducciones adicionales mediante aportaciones a planes de pensiones o patrimonios protegidos. Los autónomos en módulos deben revisar sus cifras de ingresos y gastos, ya que si no se prorrogan los límites actuales, en 2026 volverán a aplicarse los ordinarios, lo que obligaría a muchos a tributar por estimación directa. En el caso de los agricultores, la compensación agrícola no se tendrá en cuenta para calcular dichos límites. Las inversiones en empresas de nueva creación permiten deducir el 50% de la inversión sobre una base máxima de 100.000 euros. Los propietarios de viviendas con hipoteca firmada antes de 2013 pueden deducir las cuotas hasta un máximo de 9.040 euros anuales, por lo que los asesores recomiendan realizar aportaciones extraordinarias antes del cierre del ejercicio. Cada comunidad autónoma mantiene sus propias deducciones, que pueden incluir gastos escolares, de vivienda, cuidado de hijos o mayores, o incluso veterinarios. Los asesores recomiendan revisar los beneficios regionales aplicables y adelantar los gastos necesarios antes del 31 de diciembre. Los trabajadores desplazados al extranjero pueden aplicar la exención fiscal del modelo 7P si cumplen los requisitos, y los autónomos que trabajen desde casa pueden deducir una parte proporcional de los suministros, siempre que justifiquen el espacio destinado a la actividad. En el caso de las criptomonedas, se aconseja posponer las ventas con ganancia a enero para retrasar la tributación, especialmente ante el endurecimiento del control fiscal previsto para 2026. También deben declararse los bienes o derechos en el extranjero mediante el modelo 720 para evitar sanciones. Respecto a los vehículos, los asalariados deben tener en cuenta que el coche de empresa tributa como retribución en especie, mientras que los autónomos deben revisar si su actividad permite deducir parcial o totalmente el vehículo utilizado. Finalmente, los contribuyentes afectados por la dana en Valencia y otras zonas no deberán incluir en su declaración las ayudas recibidas, y Hacienda les ha permitido aplazar el segundo pago del IRPF sin sanción. Los asesores fiscales insisten en que planificar las finanzas antes de que finalice el año es clave para aprovechar las deducciones vigentes y evitar pagar más de lo necesario en la próxima campaña de la Renta.

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