El control del tiempo de trabajo en las empresas se reforzará próximamente, independientemente de que prospere o no la reforma de la jornada laboral. Así lo ha asegurado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha adelantado que el Gobierno recurrirá a un real decreto para modificar el sistema de registro horario con el fin de endurecer la vigilancia sobre las horas efectivamente trabajadas por cada empleado y aplicar sanciones más severas en caso de incumplimientos.
La nueva normativa obligará a implantar métodos digitales de control de jornada, lo que permitirá a la Inspección de Trabajo acceder a los datos de forma remota y detectar posibles irregularidades de manera más eficiente. Aunque desde 2019 todas las empresas están obligadas a registrar la jornada de sus trabajadores, ahora se busca avanzar hacia un sistema más riguroso y transparente que garantice el cumplimiento de los tiempos de trabajo y el respeto al descanso de los empleados.
El proyecto de ley para la reducción de la jornada establece que el registro horario es clave para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral. Para ello, será necesario que el sistema se apoye en herramientas digitales, que el registro lo realice directamente el trabajador, que exista garantía de autenticidad y trazabilidad, que los formatos sean claros y comprensibles, y que los datos estén disponibles de forma inmediata, con capacidad de interoperabilidad.
En este marco, se endurecerán las consecuencias para las empresas que incumplan estas obligaciones. A partir de ahora, las sanciones no se aplicarán por empresa, sino por cada trabajador afectado, lo que implica un incremento considerable del impacto económico en caso de fraude o mala praxis. Asimismo, se introducen modificaciones en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, elevando las multas por infracciones relacionadas con el tiempo de trabajo, incluyendo horas extraordinarias, trabajo nocturno, descansos, vacaciones, permisos y registro de jornada.
Las sanciones oscilarán entre los 1.000 y los 10.000 euros, en función de la gravedad del incumplimiento. Así las infracciones anteriores se sancionarán con las siguientes multas: "en su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros".
Con la llegada del verano, muchos empleados en España esperan poder beneficiarse de la jornada intensiva, un modelo de horario laboral más reducido que les permite finalizar su jornada antes de lo habitual y aprovechar mejor las tardes veraniegas. No obstante, esta modalidad no está garantizada para todos, ya que su aplicación depende de diversas condiciones.
La jornada intensiva, también denominada jornada continua, implica concentrar las horas de trabajo en una sola franja horaria, habitualmente durante la mañana, suprimiendo la pausa para comer. Gracias a ello, los trabajadores pueden terminar antes su jornada, generalmente entre junio y septiembre, aunque las fechas concretas varían según el convenio colectivo o las políticas internas de cada empresa.
En la práctica, los horarios más frecuentes de este tipo de jornada suelen ser de 8:00 a 15:00 o de 7:00 a 14:00, incluyendo un descanso breve obligatorio si se superan las seis horas de trabajo. Este modelo es muy común en oficinas, organismos públicos y despachos, aunque también ha ganado presencia en otros ámbitos laborales.
Ahora bien, ¿todos los trabajadores tienen derecho a disfrutar de este horario intensivo? La realidad es que no. El Estatuto de los Trabajadores no contempla esta jornada como un derecho automático. Su artículo 34 indica que la duración de la jornada debe fijarse en los convenios colectivos o en los contratos individuales. Por tanto, la jornada intensiva solo será aplicable si está expresamente recogida en alguno de estos documentos o si la empresa decide ofrecerla de manera voluntaria. En otras palabras, la ley no obliga a implantarla, aunque sea una práctica extendida en muchos sectores.
Para saber si puedes acceder a este horario, es necesario revisar el convenio colectivo que regula tu actividad. Dichos convenios pueden consultarse en el Boletín Oficial del Estado o en los boletines autonómicos. También podría existir algún acuerdo interno o práctica habitual reconocida por la empresa, lo que permitiría reclamar su cumplimiento.
Existen distintas modalidades de jornada intensiva: algunas se aplican exclusivamente durante el verano, habitualmente entre mediados de junio y mediados de septiembre; otras se reservan solo para los viernes, facilitando la conciliación al final de la semana; y, en casos menos frecuentes, algunas empresas mantienen este tipo de jornada durante todo el año.
Si no se te concede la jornada intensiva y no está reflejada en tu convenio, contrato o acuerdos internos, la empresa no está legalmente obligada a aplicarla. No obstante, si es una costumbre asentada en la organización, podrías tener base para reclamarla. En cualquier caso, es recomendable acudir a un sindicato o representante laboral para recibir orientación en caso de duda.
La reciente bajada de los tipos de interés llevada a cabo por el Banco Central Europeo la semana pasada ya ha tenido un impacto directo en la subasta de letras del Tesoro celebrada este martes. En total, el Tesoro ha emitido 2.480 millones de euros en deuda a tres y nueve meses, con rendimientos notablemente inferiores a los de anteriores emisiones. Las letras a nueve meses se adjudicaron con una rentabilidad marginal del 1,947%, el nivel más bajo desde septiembre de 2022. Por su parte, las letras a tres meses ofrecieron un 1,89%, también el menor rendimiento registrado en los últimos dos años y medio.
Este nuevo recorte de tipos, el séptimo consecutivo por parte del BCE, ha permitido abaratar los costes de financiación para el Estado, aunque a costa de reducir los beneficios para los inversores más conservadores. A pesar de ello, la demanda por deuda pública española continúa siendo elevada: se recibieron solicitudes por un total de 6.176 millones de euros, lo que representa una ratio de cobertura de 2,5 veces sobre la oferta.
La mayor parte de la emisión, 1.625,78 millones, correspondió a las letras a nueve meses, cuya rentabilidad fue inferior a la de la subasta anterior. Los pequeños ahorradores, que han encontrado en estos productos una forma sencilla y segura de protegerse contra la inflación, siguen mostrando un fuerte interés por este tipo de deuda. Prueba de ello es que las órdenes no competitivas -que suelen venir del ahorro minorista- alcanzaron los 122,37 millones de euros, frente a los 68,8 millones registrados en la anterior subasta, realizada antes del último recorte del BCE.
En cuanto a las letras a tres meses, se colocaron 853,99 millones de euros con un interés marginal del 1,89%. La demanda por parte de los inversores particulares también se mantuvo sólida, con órdenes que sumaron 268,29 millones, aunque algo inferiores a las del mes pasado.
La relajación de la inflación en la zona euro, que ya se sitúa por debajo del 2%, ha permitido al BCE seguir adelante con su política de flexibilización monetaria, iniciada hace un año. Esta estrategia ha supuesto un alivio para la financiación de gobiernos, empresas y familias con deudas. No obstante, también ha implicado una menor rentabilidad para el ahorro tradicional.
A diferencia de otras épocas en las que los bancos respondían a los tipos altos ofreciendo mayores intereses por los depósitos, esta vez las entidades financieras han optado por no mejorar la remuneración del ahorro, incluso cuando los tipos de referencia se encontraban en máximos históricos. La amplia disponibilidad de liquidez en el sistema bancario ha sido determinante para este comportamiento. En este contexto, las letras del Tesoro se han consolidado como una opción atractiva para quienes buscan preservar capital y obtener un retorno a corto plazo sin asumir demasiados riesgos.
Sin embargo, los analistas advierten que una continuación en la bajada de tipos podría cambiar este panorama. De hecho, en los últimos meses se ha observado un incipiente cambio de tendencia, con más inversores optando por plazos intermedios, como los bonos a tres y cinco años, con el objetivo de asegurar una rentabilidad superior ante la posible caída futura de los rendimientos a corto plazo.
Estados Unidos y China han alcanzado un acuerdo preliminar que servirá como base para avanzar en la tregua comercial que pactaron el mes pasado y tratar de poner fin a la denominada guerra de aranceles. Según medios estatales chinos citados por Associated Press, los detalles de este nuevo marco, acordado tras dos días de intensas negociaciones en Londres, se darán a conocer hoy.
Este entendimiento inicial representa un punto de partida común sobre el cual se apoyarán los próximos encuentros entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump, tras los contactos que mantuvieron la semana pasada. Li Chenggang, integrante del equipo negociador chino, indicó a la agencia estatal Xinhua que ambas delegaciones sostuvieron conversaciones "profesionales, racionales, profundas y sinceras" durante los últimos dos días.
Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, expresó este miércoles en Pekín que "las políticas comerciales coercitivas no solucionan los desequilibrios" y subrayó la necesidad de "actuar" para "prevenir una escalada de tensiones perjudiciales para todas las partes" a nivel global.
Durante su visita a la capital china, donde se reúne con representantes del Banco Popular de China, Lagarde destacó ayer en la red social X que "en los últimos años han aumentado las tensiones comerciales y el complejo entorno geopolítico, lo que complica cada vez más la cooperación internacional".
A su juicio, es esencial que todos los actores trabajen para "preservar la cooperación", especialmente en un contexto donde la globalización ha avanzado en un mundo en el que no todos los países comparten las mismas garantías de seguridad. Lagarde advirtió que "crecen las fricciones entre regiones con intereses geopolíticos divergentes", mientras que al mismo tiempo "la interdependencia económica es más profunda que nunca".
"Históricamente, las medidas unilaterales para enfrentar fricciones globales han sido insuficientes", afirmó. "Esto implica que, aunque el incentivo para colaborar disminuye, los costos de no hacerlo aumentan significativamente", añadió. Finalmente, sostuvo que "las políticas comerciales coercitivas no son una respuesta duradera. El proteccionismo intenta corregir desequilibrios, pero no aborda sus causas fundamentales, y en cambio debilita las bases de la prosperidad global".
El creciente peso de India como potencia emergente y el interés por diversificar alianzas ante la incertidumbre que genera la relación con Estados Unidos han llevado a la Comisión Europea a intensificar sus esfuerzos por estrechar lazos con el país asiático. India es vista por muchos analistas económicos y geoestratégicos como "la nueva China", una tierra de oportunidades que se ha consolidado como un actor clave en la región, especialmente desde que superó a China como el país más poblado del mundo en 2023, con 1.400 millones de habitantes y un crecimiento económico que supera el 6% anual.
A pesar de los desafíos que implica operar en su mercado, India se ha convertido en un destino altamente atractivo para las principales economías. La Unión Europea está decidida a cerrar un acuerdo comercial con el país antes de que finalice el año, una prioridad estratégica que cobra aún más relevancia en el actual contexto de tensiones con Washington.
Desde que se retomaron las conversaciones para un tratado de libre comercio en junio de 2022, la Comisión Europea ha celebrado once rondas de negociación. En la más reciente, que tuvo lugar en mayo, ya se alcanzaron consensos en aspectos como la transparencia, la normativa regulatoria, las aduanas, la propiedad intelectual y la cooperación administrativa.
Los contactos políticos han sido constantes. Ayer mismo, el ministro de Asuntos Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, se reunió con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la Alta Representante Kaja Kallas y el comisario de Defensa, Andrius Kubilius. "La alianza UE-India se fortalece. Estamos avanzando hacia una agenda estratégica que abarca comercio, tecnología, innovación, seguridad y defensa", destacó Von der Leyen tras el encuentro.
Uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones es el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, un instrumento con el que la UE grava las importaciones procedentes de países con regulaciones medioambientales más laxas. El objetivo es evitar la competencia desleal de productos más contaminantes frente a los fabricados bajo los estándares europeos.
Otro frente delicado son las normas de origen, que determinan la procedencia real de un producto. Estas reglas son fundamentales para garantizar que los beneficios del acuerdo se apliquen correctamente y no se utilicen terceros países como simples plataformas de envío.
Aunque aún no se ha cerrado el tratado, los lazos económicos entre la UE e India han crecido con fuerza en los últimos años. El comercio de bienes entre ambas partes ha aumentado casi un 90% en la última década. En 2024, este comercio alcanzó un valor de 120.000 millones de euros, lo que representa el 11,5% del total comercial de India. Esto convierte a la UE en su segundo socio comercial más relevante. A su vez, India es el noveno para la UE, representando el 2,4% del total, por detrás de Estados Unidos, China y el Reino Unido, lo que demuestra que hay un margen significativo de crecimiento.
Las importaciones europeas desde India se concentran en maquinaria, productos químicos, metales, minerales y textiles, mientras que la UE exporta principalmente maquinaria, electrodomésticos, vehículos y productos químicos. El comercio de servicios, por su parte, sumó 59.700 millones de euros.
No obstante, desde Bruselas advierten que el entorno comercial indio sigue siendo complicado. Entre los principales obstáculos mencionan las trabas técnicas, las normas sanitarias y fitosanitarias, la falta de alineación con estándares internacionales y ciertas medidas legislativas o administrativas discriminatorias, que afectan a sectores clave como bienes, servicios, contratación pública e inversión.
Además del acuerdo comercial, la UE también está negociando un tratado de protección de inversiones que garantice un trato justo y equitativo para los inversores europeos. Este aspecto es crucial, considerando que la inversión directa de la UE en India ha alcanzado los 140.100 millones de euros en 2023, frente a los 82.300 millones de 2019, lo que convierte al bloque comunitario en uno de los mayores inversores en el país.
El Banco de España ha reconocido que persiste una "notable incertidumbre" sobre la cuantía y el destino final de los fondos europeos que se canalizaron a través del plan de recuperación aprobado tras la pandemia. En su informe de previsiones económicas publicado este martes, señala que "en 2024, como ya ocurrió en años anteriores, la ejecución de estos fondos en España ha sido algo menor de lo previsto". Aunque las proyecciones contemplan que se utilizarán en su totalidad, el informe advierte que, dado que el programa europeo está cerca de su conclusión, será necesario acelerar significativamente su implementación entre 2025 y 2026.
Queda poco más de un año para agotar el plazo de uso de las ayudas europeas no reembolsables, que expira en agosto de 2026. A finales de 2024, España había gastado solo 32.000 millones de los cerca de 80.000 millones concedidos en subvenciones directas, lo que representa apenas el 40% del total, según datos de Eurostat. En comparación, la media europea es del 45%. Solo en 2024 se desembolsaron alrededor de 12.000 millones. Además, hay otros 80.000 millones en forma de préstamos en condiciones favorables que deben asignarse antes de agosto de 2025. Aunque España fue uno de los países que más rápidamente accedió a los fondos, ahora se encuentra rezagado, y ya ha renegociado en cinco ocasiones sus hitos y objetivos para poder seguir recibiendo los desembolsos. Si se considera el conjunto de fondos, incluyendo los créditos, el país ha ejecutado cerca del 20%, frente a cifras superiores al 70% en países como Francia, Dinamarca o Países Bajos, aunque estos recibieron importes menores.
Ante esta situación, el Banco de España subraya la necesidad de "acelerar de forma considerable" la ejecución, según ha afirmado el director general de Economía del organismo, Ángel Gavilán. Se espera además una recuperación de la inversión, que se había quedado atrás tras la pandemia, impulsada por este mayor ritmo en el uso de los fondos, la bajada de los tipos de interés y el impulso del sector residencial.
El Banco también prevé un pequeño impulso al PIB debido al plan de gasto en defensa del Gobierno español, aunque también destaca la incertidumbre sobre el alcance y el detalle de dicho plan. Se estima que el importe total equivale al 0,6% del PIB, considerando los préstamos, pero que el gasto directo de las Administraciones se limitaría al 0,2%. Aplicando un multiplicador fiscal aproximado de 0,5, basado en experiencias anteriores, esto supondría un aumento del crecimiento de una décima en 2025. Si ese dinero se destinara a inversión nacional, el efecto podría duplicarse.
El gobernador José Luis Escrivá ya había adelantado una revisión a la baja de las previsiones económicas: el crecimiento previsto para este año se reduce del 2,7% al 2,4%, lo que indica una desaceleración respecto al 3,2% registrado en 2024. Esta rebaja se debe en parte a un primer trimestre con resultados más débiles de lo estimado y a las últimas revisiones del INE, que muestran un menor dinamismo previo al incremento de las tensiones comerciales. Dos décimas adicionales se pierden por el deterioro de las relaciones comerciales, especialmente tras los anuncios de medidas arancelarias por parte de Trump, que ya están afectando la confianza empresarial y podrían impactar negativamente en exportaciones, consumo e inversión. No obstante, el Banco compensa parcialmente esta revisión con una décima adicional por el efecto del gasto en defensa y mejoras en las condiciones energéticas y financieras.
Pese a todo, se trata de revisiones relativamente moderadas en un contexto con muchos factores inciertos. Aunque las exportaciones españolas tienen una exposición directa limitada al mercado estadounidense, un 30% de las empresas consultadas por el Banco de España señalan que se verían afectadas por un conflicto comercial, sobre todo de manera indirecta. Por ello, el organismo ha diseñado un escenario alternativo más pesimista: en su previsión base, se parte de unos aranceles del 10% sin represalias, una resolución progresiva del conflicto con China y cierta normalización en los mercados. Pero en el escenario de riesgo, se contemplan aranceles del 20% a la UE, medidas de represalia, una guerra comercial con China, inestabilidad financiera por dudas sobre la deuda de EE. UU. y un clima prolongado de incertidumbre que afectaría negativamente al consumo y la inversión. En este escenario, el crecimiento español en 2025 se reduciría al 2%, y en 2026 caería hasta el 1,1%.
De cara al segundo trimestre de 2025, el Banco prevé un crecimiento económico de entre el 0,5% y el 0,6%, una ligera ralentización respecto a la trayectoria observada en los últimos dos años. Este enfriamiento es coherente con la evolución esperada de los factores estructurales, ya que el efecto dinamizador del turismo y la inmigración empieza a moderarse. El organismo también anticipa una estabilización del turismo tras el fuerte repunte pospandemia, aunque sigue siendo una de las prioridades de gasto de los hogares europeos. Se espera, además, que las exportaciones de servicios pierdan algo de fuerza, ya que suelen ir acompañadas de bienes exportables, y estos están siendo afectados por la incertidumbre global. Por su parte, el consumo privado será el principal motor del crecimiento gracias a la mejora del empleo y de las rentas, mientras que la inversión recuperará impulso y el gasto público se moderará tras los niveles excepcionales alcanzados durante la pandemia.
En el mercado laboral se prevé que el empleo continúe creciendo, aunque a un ritmo más lento, en línea con la evolución del PIB. Esto hará que el desempleo baje de manera más gradual, pasando del 11,3% en 2024 al 9,7% en 2027.
En cuanto a los precios, se espera un ligero repunte de la inflación en los próximos meses debido al fin de las ayudas al transporte en julio, lo que podría sumar dos décimas a la tasa interanual. Sin embargo, después del verano, la inflación debería seguir moderándose hasta situarse cerca del 2%, gracias a la evolución del precio de la energía y al fortalecimiento del euro. El IPC armonizado aumentaría de media un 2,4% en 2025, por debajo del 2,9% de 2024, y se reduciría al 1,7% en 2026. No obstante, se prevé que los precios de los servicios, en especial del turismo, aumenten cerca del 4% este verano antes de desacelerarse.
La intervención de José Luis Escrivá este lunes en el Congreso generó gran interés. Desde septiembre, Escrivá pasó directamente de ser ministro de Transformación Digital en el Gobierno de Pedro Sánchez a ocupar el cargo de gobernador del Banco de España. Antes ya había liderado la cartera de Inclusión y Seguridad Social, desde donde impulsó la mayor parte de la reforma de las pensiones actualmente vigente.
Su comparecencia ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso, con motivo de la presentación del Informe Anual 2024 del Banco de España, se produjo en medio de la polémica por la renuncia del director general de Economía de la institución, Ángel Gavilán, que se hará efectiva este jueves, día 12. Esta salida ha desatado especulaciones sobre una posible pérdida de influencia de la Dirección General de Economía dentro del banco central.
Además, las dudas sobre la autonomía del Banco de España no solo no se han disipado, sino que se han intensificado con la marcha de Gavilán. Esta se conoció justo después de hacerse público el Informe Anual, en el que se ha echado en falta el análisis de temas clave como la sostenibilidad del sistema de pensiones, el efecto del aumento del salario mínimo interprofesional sobre el empleo o los impactos de la propuesta para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin disminuir los sueldos.
En este contexto, Escrivá presentó ante los diputados las nuevas previsiones macroeconómicas de la institución, adelantándose a Gavilán, quien tenía previsto detallar el informe este martes, en la que será su última intervención en el cargo. En un entorno que calificó de muy incierto y "extraordinariamente complejo", Escrivá anunció que el Banco de España ha rebajado su previsión de crecimiento del PIB para 2025 al 2,4%, tres décimas menos que en marzo, y para 2026 al 1,8%, una décima menos.
El propio Escrivá ya había adelantado el pasado 9 de abril que se verían obligados a revisar a la baja las previsiones debido a la amenaza arancelaria de Donald Trump. Con ello, el Banco de España se alinea con otras instituciones como la OCDE, que también recortó su estimación para España al 2,4%, o la AIReF, que la situó incluso en el 2,3%. Estas cifras se sitúan por debajo del 2,6% que aún mantiene el Gobierno.
El recorte en las previsiones se produce tras confirmarse, a través del dato del INE, una moderación del crecimiento económico en el primer trimestre, con un incremento del 0,6%, inferior al 0,7% registrado en los dos trimestres anteriores. Esta ralentización, que parece continuar en el segundo trimestre, se atribuye principalmente a una menor aportación del sector exterior, lo que ha reducido el ritmo de crecimiento desde cifras superiores al 3% hasta situarse en torno al 2,5% en la primera mitad del año.
Aunque España tiene una exposición comercial directa limitada con Estados Unidos, los efectos indirectos de una escalada arancelaria podrían ser significativos, al impactar negativamente en sus socios comerciales y amplificarse a través de los mercados financieros. El recorte en las proyecciones corresponde al escenario central, considerado el más probable, pero el Banco de España advierte de que un agravamiento del conflicto comercial, con aranceles elevados y represalias, podría deteriorar aún más la situación.
En un escenario más negativo, la economía española podría crecer solo un 2% este año y desacelerarse hasta un 1,1% en 2026, siete décimas menos que la estimación central. Todo esto en un entorno en el que, por primera vez, los activos estadounidenses han dejado de ser considerados un refugio seguro en tiempos de crisis.
A pesar del complicado panorama y del impacto que el conflicto comercial puede tener sobre la economía española, el Banco de España mantiene en gran medida sus previsiones para empleo, inflación, déficit y deuda, aunque reconoce una gran incertidumbre. Escrivá señaló que la evolución de la inflación es incierta: podría aumentar si hay interrupciones en las cadenas de suministro o disminuir si cae la demanda. La previsión del IPC se ajusta ligeramente a la baja, hasta el 2,4% en 2024 y el 1,7% en 2025.
En cuanto al desempleo, se mantiene la proyección del 10,5% para 2025, aunque para 2024 se eleva en dos décimas, al 10,2%. Las previsiones del déficit público no varían: 2,8% este año y 2,6% el próximo. Lo mismo sucede con la deuda, que se prevé que se reduzca ligeramente hasta el 101,4% del PIB en 2025 y se mantenga en ese nivel en 2026.
Finalmente, Escrivá reconoció que España continúa teniendo uno de los niveles de deuda más elevados de la eurozona, lo que limita su capacidad de respuesta ante futuras crisis, por lo que insistió en la necesidad de una estrategia de consolidación fiscal creíble a medio plazo, como ya defendía el propio informe anual.
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) estima que la suma de la deuda tributaria pendiente de cobro y las indemnizaciones que debe afrontar el Estado representa ya el 21% de la recaudación fiscal anual, reflejo de un sistema que perjudica tanto a empresas como a contribuyentes y al propio Estado.
Según el IEE, el volumen de litigios fiscales en España es excesivo, tanto por el número de reclamaciones como por los importes involucrados, especialmente si se compara con otros países europeos. Esta situación genera no solo costes económicos adicionales, sino también daños reputacionales, tanto para los ciudadanos y las empresas como para la propia Administración Pública. Así lo advirtió ayer el instituto, órgano de análisis vinculado a la CEOE, al presentar su informe El problema de la litigiosidad tributaria en España. Propuestas de solución y mejora desde la perspectiva de las empresas, elaborado por 17 especialistas, entre ellos catedráticos de Derecho Financiero y expertos fiscales.
El documento revela que en 2022 la deuda tributaria en litigio ascendía a 40.421 millones de euros, incluyendo 10.847 millones correspondientes a ingresos paralizados por recursos presentados. En 2023 esta cifra subió a 42.036 millones, según datos oficiales de la Agencia Tributaria. A esto hay que sumar 12.145 millones de euros en indemnizaciones que el Estado debe pagar tras perder juicios tributarios, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
En conjunto, la deuda fiscal en disputa y las compensaciones derivadas de sentencias contrarias al Estado equivalen a una quinta parte de lo que recauda Hacienda en un año. Es decir, un 21% de los ingresos obtenidos en 2022 por vía impositiva.
"Es una cifra absolutamente desproporcionada", señaló el catedrático Luis Manuel Alonso González, uno de los autores del informe, quien advirtió que el nivel de litigiosidad tributaria en España ha llegado a ser insostenible. Solo en 2022 se registraron más de 230.000 reclamaciones ante los tribunales económico-administrativos, lo que supone una media de unas 630 diarias. De ellas, cerca del 40% terminan con resolución favorable al contribuyente.
Aunque apenas el 2% de las actuaciones de la Agencia Tributaria son recurridas por los ciudadanos, estos recursos tienden a tener un elevado impacto económico y una tasa considerable de resoluciones contrarias a Hacienda.
El estudio también analiza el recorrido de estos litigios. En 2022, el 24,8% de los recursos de reposición fueron resueltos a favor de los reclamantes, total o parcialmente. Esto implica que en uno de cada cuatro casos, la propia Administración admite que no actuó correctamente. En la siguiente instancia, los tribunales económico-administrativos estimaron por completo el 25,9% de las reclamaciones. Finalmente, en los juzgados de lo contencioso-administrativo, la tasa de éxito para el contribuyente ascendió al 31,7%.
En conjunto, el informe concluye que de cada 100 recursos fiscales presentados, aproximadamente un 60% terminan siendo estimados en su totalidad en alguna de las fases del procedimiento, lo que indica una elevada proporción de errores administrativos y alimenta la alta litigiosidad del sistema tributario, haciendo que recurrir resulte rentable para muchos contribuyentes.
El IEE también señala que algunas decisiones del Tribunal Constitucional han incentivado aún más la litigación. Por ejemplo, en el caso de la Plusvalía municipal, el impuesto fue declarado inconstitucional, pero solo se permitió reclamar su devolución a quienes lo habían impugnado previamente. Esto ha consolidado la práctica de pagar impuestos discutibles con la intención de recurrirlos de inmediato, por si en el futuro son anulados por los tribunales.
A pesar de que el sistema prevé ciertos incentivos para evitar la vía judicial -como reducciones en los acuerdos de conformidad-, muchos prefieren litigar. "Cuando se recurre, se pierden esas bonificaciones, por lo que hay contribuyentes que prefieren asegurarlas y evitar un proceso largo y costoso", explicó Gregorio Izquierdo, director general del IEE.
El Tribunal Supremo ha puesto en tela de juicio la imparcialidad de los informes elaborados por funcionarios de Hacienda cuando estos se presentan como pruebas periciales en procesos judiciales. El alto tribunal se dispone a establecer una doctrina clara sobre si dichos documentos deben tener más valor probatorio que los informes o pruebas presentadas por los propios contribuyentes. Esta decisión marcará un precedente no solo en litigios tributarios, sino en cualquier procedimiento judicial en el que intervenga una Administración pública.
Según los tres recursos admitidos a trámite por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a los que ha tenido acceso elEconomista.es, existe preocupación por el hecho de que estos informes sean redactados por empleados públicos bajo la dirección de la Agencia Tributaria, lo que podría comprometer su objetividad debido a la subordinación jerárquica que mantienen frente a este organismo.
El Supremo no se centrará en las habituales actas de inspección que elaboran los técnicos de Hacienda para formalizar liquidaciones fiscales, sino en los informes que respaldan jurídicamente la actuación de la Administración en una disputa con el contribuyente, ya sea durante la vía administrativa o en sede judicial.
En autos dictados los días 5 y 12 de marzo y el 28 de mayo, todos con ponencia del magistrado Rafael Toledano Cantero, el Tribunal señala que estos informes no deben recibir el mismo tratamiento cuando la Administración es parte interesada, ya que se cuestiona su independencia respecto a los intereses en juego.
El Supremo deberá pronunciarse sobre dos aspectos clave. El primero es si los informes elaborados por funcionarios públicos de una Administración implicada en un litigio pueden ser considerados verdaderas pruebas periciales únicamente por su origen institucional. El segundo, si el hecho de que la Administración sea parte en el proceso judicial despoja a estos informes del valor adicional de objetividad que se les atribuye por ser obra de empleados públicos.
El Alto Tribunal recuerda que en su sentencia del 8 de octubre de 2024 ya advirtió sobre los riesgos de considerar válidas pruebas "autogeneradas" por la propia Administración, pero considera necesario precisar o incluso corregir su jurisprudencia anterior mediante un nuevo fallo.
Uno de los casos que se revisará está relacionado con un recurso que impugna los informes del Equipo de Apoyo Informático de Hacienda, usados para denegar deducciones fiscales por actividades de I+D+i a empresas, a pesar de que esas actividades habían sido previamente reconocidas por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
En ese contexto, el Tribunal Supremo analizará si los informes elaborados por este equipo deben considerarse simplemente como documentos de parte, con el mismo valor que cualquier otra prueba presentada por una de las partes en litigio, o si, por proceder de funcionarios públicos, se les puede atribuir una mayor fuerza probatoria basada en una supuesta objetividad institucional.
El Gobierno estudia incorporar una nueva ayuda económica conocida como Prestación Universal por Crianza (PUC), que consistiría en un pago mensual de 200 euros por cada hijo menor de 18 años. Esta medida, sin embargo, aún no ha sido aprobada ni cuenta con el respaldo definitivo del Ejecutivo, y forma parte de las propuestas que Sumar ha puesto sobre la mesa para negociar con el PSOE unos posibles Presupuestos Generales del Estado para 2025.
La PUC, que equivaldría a 2.400 euros anuales por hijo, es una iniciativa planteada por el espacio político de Sumar, pero no se trata de una ayuda vigente ni gestionable en este momento, pese a algunas informaciones difundidas en medios y redes sociales. Actualmente, las únicas prestaciones similares que están en vigor son los 100 euros mensuales para madres trabajadoras con hijos de hasta 3 años y el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), vinculado al Ingreso Mínimo Vital, aunque puede concederse de forma independiente. La PUC, por el momento, no está implementada.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, fue quien dio a conocer esta propuesta en junio de 2024, subrayando que la prestación no tendría requisitos de renta, ya que su objetivo es que sea reconocida como un derecho ciudadano, no como una ayuda condicionada. Además, Bustinduy aseguró que esta nueva prestación sería compatible con otras ya existentes, como las destinadas a hijos con discapacidad.
Bustinduy ha reiterado recientemente, a través de la red social BlueSky, que medidas como la PUC y una intervención en el mercado de la vivienda son urgentes para combatir la pobreza, recordando que los avances económicos no están llegando de manera equitativa a la mayoría social. Las ministras Sira Rego y Mónica García también han insistido en la importancia de aprobar esta prestación dentro de los futuros presupuestos.
"La Prestación Universal por Crianza es la forma más directa y eficaz de abordar la pobreza infantil, cuyo impacto económico representa alrededor del 5% del PIB -más de 60.000 millones de euros-, mientras que implementar esta ayuda supondría tan solo un tercio de esa cantidad", señalaba recientemente Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, añadía que, además de representar un avance en términos de justicia social, también se trata de una medida de salud pública, ya que permitiría a muchas familias garantizar una alimentación adecuada y aliviar el estrés económico.
Esta propuesta está incluida en el documento Cuentas para transformar, presentado por Sumar al PSOE como base para negociar los Presupuestos Generales de 2025, y forma parte de un paquete más amplio de medidas sociales. Entre ellas, Sumar propone la educación universal para niños de 0 a 3 años, la implementación inmediata de un permiso parental retribuido para cuidados, la ampliación de la cobertura pública en salud bucodental, ayudas directas para la compra de gafas y lentillas, así como una reforma fiscal que aumente la carga impositiva a grandes empresas y grandes herencias. También se plantea mantener y reforzar el impuesto a energéticas y bancos, aplicar el IVA a seguros sanitarios privados y educación privada, reducirlo en productos básicos, y suprimir privilegios fiscales de la Iglesia, incluido el pago del IBI.
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