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(Expansión, 04-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y renuncia a las listas del 29-N tras el accidente de Urda

Óscar Puente ha anunciado su dimisión como ministro de Transportes después de varios días de presión política por el grave accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), el segundo siniestro de estas características registrado en la alta velocidad española en lo que va de año. La decisión la comunicó al término de una extensa comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, en la que tuvo que dar explicaciones sobre los problemas de seguridad que rodearon la tragedia. Puente justificó su salida señalando que un responsable de Transportes no puede continuar en el cargo después de dos accidentes de esta gravedad en menos de doce meses. También renunciará a encabezar la candidatura del PSOE por Valladolid. La dimisión ha resultado especialmente inesperada porque, horas antes, fuentes de Moncloa habían descartado tanto la posibilidad de que el ministro abandonara voluntariamente el Gobierno como que Pedro Sánchez decidiera cesarlo. Según explicó el propio Puente, comunicó su decisión al presidente apenas unos minutos antes de hacerla pública en el Congreso. El ya exministro aseguró que su salida responde a razones de responsabilidad política, coherencia y solidaridad con las víctimas, además de considerar que debía estar a la altura de la trayectoria de quienes le precedieron en el cargo. Sánchez, por su parte, elogió su actuación y afirmó que los políticos que asumen sus responsabilidades y dan un paso al lado contribuyen a dignificar la vida pública. La marcha de Puente abre ahora un nuevo escenario en el Ministerio de Transportes, que deberá contar con un responsable interino durante las semanas previas a la constitución de las nuevas Cortes, prevista para el 23 de diciembre. La salida del ministro se produce después de que algunas informaciones apuntaran a que ya había trasladado anteriormente al presidente su disposición a dejar el cargo, aunque Sánchez habría rechazado entonces esa posibilidad. Mientras tanto, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto con medidas de apoyo económico para las personas afectadas por el accidente. Las indemnizaciones previstas duplicarán las cuantías establecidas en el seguro obligatorio de viajeros. En el caso de las 69 víctimas mortales, la compensación máxima se situará en torno a los 216.000 euros, a los que se añadirán ayudas complementarias de 72.000 euros, elevando la cantidad total hasta aproximadamente 288.000 euros por fallecimiento. La norma también establece una protección específica para los afectados que sufran incapacidad laboral, de manera que las bajas médicas derivadas del siniestro tengan la consideración de accidente de trabajo a efectos de Seguridad Social. Junto a las compensaciones económicas, el Ejecutivo ha anunciado un nuevo paquete de actuaciones destinado a recuperar la confianza de los usuarios y reforzar la seguridad del sistema ferroviario tras los accidentes de Adamuz y Urda, que han dejado conjuntamente 115 fallecidos y varias decenas de heridos durante 2026. El plan presentado por Puente contempla actuaciones en tres ámbitos: innovación tecnológica, revisión de los procedimientos de seguridad y mejora de las condiciones laborales y las plantillas del personal ferroviario. En materia tecnológica, el Gobierno prevé incorporar nuevas herramientas a los centros de control que permitan generar alertas automáticas y visualizar con mayor claridad la ubicación de los trenes. También se desarrollará un sistema basado en inteligencia artificial para anticipar posibles incidencias, detectar anomalías y supervisar las comunicaciones entre maquinistas y controladores. Según explicó el exministro, esta iniciativa pretende situar a España entre los primeros países en disponer de una solución de estas características. En cuanto a los procedimientos de seguridad, el Ejecutivo plantea adaptar al transporte ferroviario algunos mecanismos de control que ya se utilizan en otros medios de transporte, especialmente en la aviación. A partir de la entrada en vigor del real decreto, las decisiones adoptadas desde los centros de control deberán contar con la validación de un segundo controlador humano. Asimismo, se estudiarán medidas adicionales de seguridad pasiva para reducir las consecuencias de posibles accidentes, entre ellas mantener cerrados los portaequipajes con el fin de evitar que los objetos almacenados puedan salir despedidos en caso de colisión. El tercer eje del plan se centra en las condiciones laborales y los recursos humanos. La normativa contempla revisar el marco que regula la actividad de los controladores ferroviarios, adaptar sus descansos a los periodos de mayor carga de trabajo y ampliar los mecanismos de prevención de la fatiga. Estos protocolos, que ya cuentan con un mayor desarrollo para los maquinistas, se extenderán a otros colectivos considerados esenciales para la seguridad, como el personal encargado de la protección de las obras ferroviarias y los pilotos. Por último, el Gobierno ha solicitado autorización judicial para iniciar los trabajos de reconstrucción de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, con la intención de recuperar la circulación ferroviaria en un plazo estimado de diez días. Una vez restablecido el servicio, los trenes circularán inicialmente con frecuencias reducidas mientras se completa la sustitución del sistema de seguridad LZB, una actuación que, según las previsiones trasladadas por Puente, podría prolongarse hasta comienzos de 2027. Para compensar parcialmente las limitaciones de capacidad, el Ejecutivo prevé utilizar composiciones dobles, con un mayor número de vagones por convoy.

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(Expansión, 04-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas se abre a mejorar los sistemas rendición de cuentas del BCE

La Comisión Europea está trabajando en una profunda reforma del sector bancario que prevé presentar durante el primer trimestre de 2027. La iniciativa pretende reforzar la competitividad de las entidades financieras en un contexto marcado por la incertidumbre. Entre las principales demandas de la industria figura una mayor supervisión de los poderes del Banco Central Europeo (BCE), una cuestión sobre la que Bruselas parece dispuesta a introducir mejoras en los mecanismos de rendición de cuentas. La comisaria europea de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, Maria Luís Albuquerque, reconoció que los actuales procedimientos de control del BCE, que incluyen comparecencias ante el Consejo y el Parlamento Europeo para informar sobre su actividad, resultan insuficientes. Por ello, la Comisión estudia reforzarlos. Albuquerque considera que los organismos supervisores deben garantizar el cumplimiento de las normas, pero también actuar, en cierta medida, como aliados de las entidades financieras. La responsable comunitaria defendió la necesidad de facilitar que los bancos puedan cumplir con sus obligaciones regulatorias sin que las exigencias terminen perjudicando su actividad empresarial. En este sentido, planteó una mayor coordinación entre los distintos supervisores para que compartan información y tengan en cuenta el efecto conjunto de sus decisiones, evitando que cada organismo actúe de manera independiente sin valorar las consecuencias acumuladas de sus actuaciones. No obstante, Albuquerque considera que no es necesario establecer un segundo mandato para el supervisor que incluya expresamente la obligación de proteger la competitividad del sector bancario. A su juicio, este objetivo puede alcanzarse mediante un cambio cultural en la forma de entender y ejercer la supervisión.

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(La Vanguardia, 04-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

De media, los españoles llevan 47,30 euros en su cartera

El efectivo sigue resistiendo frente al avance de los pagos electrónicos y la banca digital. Su utilización continúa siendo una opción habitual para una parte importante de la población, que valora especialmente la privacidad, la protección frente a posibles fraudes o fallos tecnológicos y la posibilidad de disponer de una alternativa para gestionar sus ahorros. La última encuesta sobre hábitos de uso del efectivo publicada por el Banco de España confirma esta tendencia. El 56% de los ciudadanos utiliza monedas y billetes a diario, un porcentaje que supera en un punto al registrado el año anterior. Desde las organizaciones que defienden su utilización se insiste en que el dinero físico sigue desempeñando una función esencial, tanto por razones de inclusión financiera como por la libertad de elección y la privacidad que proporciona. También permite garantizar el acceso al dinero a quienes tienen dificultades para desenvolverse en el entorno digital. La edad marca diferencias importantes en los hábitos de pago. Según el Banco de España, el efectivo mantiene una presencia especialmente significativa entre los mayores de 55 años, mientras que los jóvenes están mucho más familiarizados con las herramientas digitales y muestran mayor confianza a la hora de gestionar su dinero a través del teléfono móvil. Para las generaciones de más edad, sin embargo, concentrar todo su patrimonio en un dispositivo electrónico sigue generando cierta desconfianza, pese a que en los últimos años han incorporado progresivamente la banca digital y el pago con tarjeta a sus rutinas. La seguridad es otro de los factores que explican la resistencia del dinero físico. En un contexto marcado por las filtraciones de datos, los accesos no autorizados y los intentos de estafa, cada vez más ciudadanos consideran que los billetes y las monedas ofrecen una protección adicional frente a los problemas tecnológicos y los fraudes. El porcentaje de encuestados que identifica esta ventaja ha pasado del 65% al 71%. También ha aumentado, del 65% al 67%, la proporción de quienes destacan la privacidad que proporciona el efectivo, al evitar que cada operación deje un registro digital susceptible de ser utilizado por terceros. Aunque el dinero físico tampoco está completamente libre de actividades fraudulentas, los expertos consideran que los principales riesgos se concentran actualmente en el ámbito digital. Los cajeros automáticos continúan siendo el principal canal para obtener efectivo, utilizado por el 80% de los ciudadanos, a pesar de que han surgido otras posibilidades, como retirar dinero en establecimientos comerciales. La reducción progresiva de la red de cajeros preocupa a las organizaciones defensoras del efectivo, que advierten de que su desaparición no solo dificulta el acceso al dinero, sino que también puede transmitir una imagen equivocada sobre la demanda real de este servicio. Además, después del apagón, las recomendaciones de las autoridades para disponer de dinero físico ante posibles emergencias parecen haber calado entre la población. De hecho, el porcentaje de españoles que mantiene efectivo a mano para afrontar imprevistos ha aumentado cuatro puntos, hasta situarse en el 36%. La encuesta también refleja un ligero incremento del efectivo como fórmula de ahorro al margen de las entidades bancarias. Su utilización con este propósito ha pasado del 8% al 10%. Esta práctica responde, en parte, al deseo de mantener una reserva disponible y evitar la incertidumbre de los mercados financieros. No obstante, los especialistas advierten de que guardar dinero sin obtener ninguna rentabilidad puede resultar perjudicial en un escenario de inflación, ya que la capacidad adquisitiva de esos ahorros disminuye con el paso del tiempo. En cuanto a la cantidad de dinero que los ciudadanos llevan habitualmente encima, la media se sitúa en 47,30 euros, aproximadamente dos euros más que el año anterior. Desde Denaria consideran que disponer de unos 70 euros semanales en efectivo puede ser una referencia adecuada. Aunque la encuesta apunta a una ligera pérdida de peso del dinero físico como herramienta para controlar los gastos, desde el ámbito académico destacan que sigue siendo un método eficaz para administrar el presupuesto. A diferencia de los pagos con tarjeta o móvil, utilizar efectivo obliga a tomar mayor conciencia del dinero disponible: primero, al retirarlo del cajero, cuando se comprueba cuánto se extrae de la cuenta; después, al llevarlo en la cartera y observar cómo va disminuyendo; y, finalmente, al facilitar un control más directo de los gastos y evitar compras que puedan superar el presupuesto previsto.

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(El Economista, 03-11-2026) | Fiscal

La Justicia protege al campo y aclara que la compensación del IVA no cuenta para el límite de los módulos en el IRPF

La compensación a tanto alzado prevista en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA, regulada en el artículo 130 de la Ley del Impuesto, no debe incluirse en el cálculo del límite anual de 250.000 euros de ingresos que determina la exclusión del método de estimación objetiva en el IRPF, conforme al artículo 31.1.3.ª de la Ley 35/2006. La magistrada ponente, Rivera Frade, considera que estas compensaciones no constituyen ingresos derivados de la actividad económica, sino un mecanismo de naturaleza tributaria destinado a resarcir a los agricultores y ganaderos por el IVA soportado que no pueden deducirse. Su finalidad es garantizar la neutralidad del impuesto y evitar que el contribuyente asuma una carga fiscal que no le corresponde. La resolución recuerda que el artículo 121.Uno de la Ley del IVA establece expresamente que las compensaciones a tanto alzado no forman parte del volumen de operaciones. Sin embargo, la Agencia Tributaria defendía que debían computarse como ingresos a efectos del IRPF, lo que suponía superar el límite establecido y excluir a la agricultora afectada del régimen de módulos. La magistrada también aclara que la Orden Ministerial HAP/2430/2015 no contempló expresamente la exclusión de estas compensaciones porque reprodujo literalmente la regulación del régimen simplificado del IVA, en el que no existen este tipo de pagos compensatorios. Por tanto, entiende que esta omisión responde a un defecto de redacción y no a una decisión deliberada de perjudicar al sector agrario. En consecuencia, una interpretación de la orden ministerial no puede prevalecer sobre lo establecido en la ley. El litigio tiene su origen en una liquidación provisional del IRPF mediante la que la Administración tributaria excluyó a una contribuyente del régimen de estimación objetiva al considerar que había superado el límite de ingresos permitido, una vez incorporadas al cálculo las compensaciones agrarias percibidas durante el ejercicio. La reclamación presentada por la contribuyente fue inicialmente desestimada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía (TEARA). Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia estimó posteriormente su recurso y anuló la liquidación. Frente a esta decisión, la Abogacía del Estado interpuso recurso de casación.

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(Expansión, 03-11-2026) | Laboral

El Banco de España elevó los gastos de personal un 25% el año pasado

La masa salarial del Banco de España ha aumentado un 25%, impulsada por la intensa renovación de personal que se ha producido desde la llegada de José Luis Escrivá al frente de la institución, especialmente en los puestos de mayor responsabilidad. A este incremento también han contribuido la subida retributiva del 2,5% recogida en el convenio aprobado este año y el aumento de las cotizaciones sociales. El supervisor incorporó a 74 trabajadores el pasado ejercicio, después de sumar otros 114 durante el año anterior. Una parte de estas contrataciones responde a procesos ordinarios de selección para cubrir plazas de la plantilla, mientras que otras están relacionadas con la renovación de los principales puestos directivos y la cobertura de vacantes en la estructura de mando. Según las cuentas anuales, el gasto total en salarios alcanza los 378 millones de euros. Tras asumir el cargo de gobernador en septiembre de 2024, Escrivá acometió una reorganización de la estructura interna mediante la creación de dos áreas transversales. En el marco de esta remodelación incorporó a Mayte Ledo como directora general de Estrategia, Personas y Datos. Ledo, persona de su confianza y con la que había coincidido anteriormente en BBVA Research, se convirtió en la primera profesional ajena a la institución en acceder directamente a uno de los principales puestos directivos, al margen del propio gobernador. También fichó a Inés Calderón como directora de Comunicación, aunque posteriormente amplió sus responsabilidades y pasó a ocupar la Dirección Adjunta de Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia. A comienzos de 2025, Montse Martínez Parera regresó al Banco de España después de concluir su etapa como vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Durante aproximadamente año y medio desempeñó funciones de asesoramiento al gobernador, hasta que recientemente fue nombrada presidenta del Fondo de Garantía de Depósitos. En paralelo a las nuevas incorporaciones, la institución ha registrado cerca de una decena de salidas relevantes de su equipo directivo durante estos dos últimos años. Una de las más destacadas fue la de Ángel Gavilán, responsable del Servicio de Estudios, que recientemente ha puesto en marcha la consultora aimTFP Inteligencia Económica junto con Víctor Ausín, antiguo director general de Política Económica del Ministerio de Economía. También abandonó su puesto Alejandro Álvarez, director general de Servicios y responsable de las áreas de personal y contratación. A finales de 2024 presentó su dimisión Ángel Estrada, hasta entonces al frente de la Dirección General de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución. A estas salidas se sumaron las de los subdirectores Ignacio Marín e Isabel Bueno. Las vacantes generadas se han cubierto mediante procedimientos de selección abiertos y competitivos, en los que han podido participar tanto profesionales de la propia institución como candidatos externos. Uno de los nombramientos más relevantes fue el de David López Salido como director general del Servicio de Estudios. Antes de incorporarse al Banco de España, desempeñaba en Washington el cargo de director general adjunto de la División de Asuntos Monetarios de la Reserva Federal estadounidense. De la anterior etapa de Pablo Hernández de Cos al frente del organismo únicamente permanecen en los principales puestos de responsabilidad Mercedes Olano, Juan Ayuso y Alberto Ríos. En materia retributiva, el Banco de España destaca por ofrecer los salarios medios más elevados entre los cuerpos de funcionarios de la Administración pública, por encima de los correspondientes a inspectores de Hacienda y abogados del Estado. Los directores generales, el secretario general y los directores generales adjuntos perciben una remuneración bruta anual cercana a los 180.000 euros, a la que se añaden complementos personales por disponibilidad y otros conceptos.

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(El País, 03-11-2026) | Laboral

Sánchez anuncia ayudas específicas y el adelanto de las indemnizaciones para las víctimas del accidente de Urda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de medidas de apoyo para las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), en el que han fallecido al menos 69 personas. Durante su intervención en el foro World in Progress (WIP), organizado por el Grupo PRISA en Barcelona, Sánchez ha defendido la necesidad de recuperar cuanto antes la confianza de los usuarios en la seguridad y fiabilidad de la alta velocidad. «Nuestra obligación es recuperar la confianza quebrada en la alta velocidad cuanto antes y cueste lo que cueste», ha afirmado, tras reincorporarse a su agenda pública una vez finalizados los días de luto oficial. El presidente ha dedicado el comienzo de su discurso a la tragedia y ha reiterado que el accidente «jamás debió haberse producido». Según ha avanzado, el paquete de medidas que aprobará el Ejecutivo se articulará en torno a cuatro líneas de actuación, siguiendo un esquema similar al aplicado a principios de año tras el incidente de Adamuz. La primera contempla ayudas para duplicar la cuantía del seguro obligatorio de accidentes; la segunda, anticipos de las indemnizaciones correspondientes a las víctimas; la tercera, una mejora de la cobertura de las prestaciones por incapacidad temporal, y la cuarta, la puesta en marcha de oficinas de atención integral para los afectados. Sánchez ha señalado que, aunque el Gobierno debe actuar en distintos ámbitos, la prioridad inmediata es prestar asistencia a las víctimas. El jefe del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno acompañará a las familias de las 69 personas fallecidas durante el duelo y en las gestiones que deban realizar. También ha expresado sus deseos de recuperación para los 34 heridos de distinta consideración que ha dejado el siniestro. «Detrás de cada una de esas vidas hay un nombre, una amiga, una madre, una compañera de trabajo», ha recordado, antes de reiterar el compromiso del Gobierno de permanecer al lado de los afectados. Sánchez ha vuelto a ofrecer la colaboración del Ejecutivo para esclarecer las circunstancias del accidente, una exigencia planteada por los partidos de la oposición desde que se produjo el siniestro. El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá este martes ante la Diputación Permanente del Congreso, mientras que PP y Vox reclaman que sea el propio presidente quien acuda a la Cámara. Sánchez ha garantizado que los investigadores independientes y la justicia trabajan para determinar las causas de lo ocurrido con transparencia y ha asegurado que la investigación se desarrollará de manera rigurosa y exhaustiva. En la parte posterior de su intervención, el presidente ha defendido el papel de los servicios públicos y ha cuestionado las propuestas que plantean reducir la inversión y las prestaciones públicas. Ha destacado la labor de la sanidad, los servicios de emergencia, las fuerzas de seguridad y el conjunto de los empleados públicos, especialmente en situaciones de emergencia. En este sentido, ha recordado las políticas de austeridad aplicadas durante la crisis financiera y del euro de la década pasada y ha defendido que la respuesta ante situaciones como la actual debe pasar por reforzar la inversión y proteger los servicios comunes. Como ejemplo de la actuación de los servicios de emergencia, Sánchez ha mencionado la intervención de un guardia civil que accedió a uno de los vagones más afectados y encontró con vida a una joven, que recibió atención continuada durante la hora siguiente. El presidente ha destacado la respuesta colectiva ante la tragedia y ha señalado que la solidaridad y la colaboración entre ciudadanos y profesionales han sido fundamentales para afrontar las consecuencias del accidente.

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(El País, 03-11-2026) | Laboral

Los sindicatos registran la petición a la Seguridad Social para adelantar la jubilación al personal de tierra de los aeropuertos

Los sindicatos UGT y CC OO han solicitado a la Seguridad Social que estudie la posibilidad de anticipar la edad de jubilación de los trabajadores de asistencia en tierra de los aeropuertos, conocidos como personal de handling, debido a las exigencias físicas y los riesgos laborales asociados a su actividad. La petición, registrada el pasado viernes ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y sin el respaldo de la patronal, plantea la aplicación de coeficientes reductores que permitan adelantar el retiro sin que ello suponga una penalización en la cuantía de la pensión. La iniciativa afecta a unos 14.000 trabajadores dedicados a la manipulación y traslado de equipajes, mercancías y correo, así como a la conducción de vehículos y maquinaria de tierra y al apoyo directo a las operaciones aeroportuarias. Quedan fuera de esta solicitud otros 10.000 empleados del sector que desempeñan funciones administrativas o de atención al cliente. Las organizaciones sindicales justifican su reclamación por la elevada exigencia física de estos puestos, que requieren levantar y desplazar cargas, mantener posturas forzadas, realizar movimientos repetitivos y efectuar esfuerzos en espacios de trabajo reducidos. Según UGT y CC OO, estas condiciones provocan una exposición continuada a riesgos ergonómicos que favorecen la aparición de lesiones musculoesqueléticas, como lumbalgias y tendinopatías, además de prolongar los periodos de incapacidad temporal y aumentar la posibilidad de desarrollar incapacidades permanentes. Las centrales también advierten de las consecuencias sobre la salud mental, especialmente entre quienes trabajan en turnos irregulares o durante la noche, con una mayor incidencia de problemas de fatiga, alteraciones del sueño, depresión y síndrome de desgaste profesional. A estos factores se añaden la exposición al ruido, las vibraciones y las temperaturas extremas, así como el contacto con sustancias químicas y agentes potencialmente cancerígenos procedentes de las emisiones de los motores diésel y de queroseno. Los sindicatos consideran que el envejecimiento agrava estos riesgos, ya que reduce la fuerza, la movilidad y la capacidad de recuperación física, incrementando la frecuencia y gravedad de las bajas laborales. Por ello, sostienen que las medidas preventivas y las adaptaciones de los puestos de trabajo no son suficientes para eliminar las condiciones de penosidad, peligrosidad, toxicidad e insalubridad propias de esta actividad. La solicitud se apoya también en los índices de incapacidad temporal y accidentes laborales del colectivo, que, según las organizaciones sindicales, superan los promedios del conjunto de la población trabajadora. El registro de la petición inicia el procedimiento administrativo que podría concluir con la concesión de coeficientes reductores, siempre que los informes técnicos y el análisis de los indicadores de siniestralidad y absentismo justifiquen el adelanto de la edad de jubilación. La reclamación no cuenta con el apoyo de la patronal del sector, Aseata. UGT y CC OO aseguran que han intentado alcanzar un acuerdo con las empresas, pero las conversaciones no han permitido lograr una posición común. Esta falta de consenso se repite en otras actividades que también reclaman adelantar la jubilación, como la construcción y la ayuda a domicilio. Entre las principales objeciones empresariales figura el impacto económico de la medida, que implica un incremento de las cotizaciones sociales para financiar el coste del anticipo de la jubilación. La Seguridad Social, por su parte, prefiere que las solicitudes cuenten con el respaldo conjunto de sindicatos y patronales. Es el caso de los expedientes del transporte de mercancías y de viajeros, que se encuentran entre los más avanzados. En el primero está prevista la convocatoria de una comisión de expertos para evaluar la documentación, mientras que el segundo permanece pendiente de algunos informes. En ambos sectores, el apoyo empresarial se consiguió después de que las organizaciones sindicales condicionaran la desactivación de posibles movilizaciones a la aceptación de sus reivindicaciones. Sin embargo, la tramitación de estos expedientes acumula importantes retrasos. Aunque la normativa establece un plazo de seis meses para que la Seguridad Social responda, ha transcurrido aproximadamente un año desde su presentación sin que se haya producido una resolución. Los sindicatos denuncian que el Ministerio ha incumplido los plazos previstos, incluso teniendo en cuenta que la recepción efectiva de la documentación se produjo con posterioridad a su registro. La convocatoria electoral tampoco debería alterar los tiempos administrativos establecidos para estos procedimientos. La demora ha elevado la tensión sindical. CC OO ha advertido de que podría convocar una huelga indefinida si el actual Gobierno o el próximo mantienen paralizada la tramitación o rechazan finalmente las solicitudes. Como primera medida, ha anunciado movilizaciones ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social entre el 11 y el 29 de noviembre. La organización insiste en que su protesta no responde a intereses partidistas, sino a la exigencia de que se cumplan los plazos legales. Por su parte, USO también ha reclamado la convocatoria de una huelga general ante el estancamiento de las negociaciones sobre la jubilación anticipada de los conductores profesionales. Otros colectivos han conseguido acceder a los coeficientes reductores mediante la aprobación de normas específicas, sin necesidad de recurrir al nuevo procedimiento administrativo. Es el caso de los bomberos y agentes forestales, a quienes el Gobierno reconoció este derecho mediante decreto. También cuentan con sistemas de jubilación anticipada los mineros, los trabajadores del mar, determinados cuerpos de policías autonómicas y los pilotos de aviación. Precisamente, la situación de estos últimos ha llevado a las tripulantes de cabina a reclamar un tratamiento equivalente y el reconocimiento de la jubilación anticipada mediante decreto. El Congreso ha respaldado recientemente una proposición no de ley de Sumar que insta al Gobierno a concederles este derecho. De esta forma, las reivindicaciones para adelantar la edad de retiro se extienden a nuevos sectores profesionales, mientras continúa pendiente la resolución de varios expedientes que ya llevan meses en tramitación.

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(El Economista, 03-11-2026) | Laboral

El Tribunal Supremo obliga a devolver la indemnización por despido si la nueva empresa es forzada a readmitir al trabajador

El Tribunal Supremo ha establecido que un trabajador que haya recibido la indemnización legal por un despido colectivo en una empresa saliente deberá devolver íntegramente esa cantidad si la nueva adjudicataria de la contrata resulta condenada a readmitirlo por haberse declarado nulo el despido al existir una sucesión empresarial. Así lo determina una sentencia de 7 de octubre de 2026, en la que el alto tribunal unifica doctrina sobre esta cuestión. La magistrada ponente, García-Perrote Escartín, considera que la relación laboral debe entenderse vigente de manera ininterrumpida. La sentencia fundamenta este criterio en la aplicación de las normas que regulan la sucesión de empresas y en la doctrina consolidada sobre las consecuencias jurídicas de la declaración de nulidad de un despido. El fallo señala que la obligación de readmisión impuesta a la nueva adjudicataria supone restablecer plenamente la relación laboral original, sin que exista interrupción desde la fecha en que se produjo el cese. Esta circunstancia hace desaparecer el fundamento jurídico que justificaba el pago de la indemnización, por lo que el trabajador no puede conservar una compensación económica correspondiente a una extinción contractual que finalmente ha sido declarada nula. El conflicto se originó cuando la empresa que prestaba inicialmente el servicio llevó a cabo un despido colectivo y abonó al trabajador la indemnización legal tras finalizar la contrata. Posteriormente, una nueva empresa obtuvo la adjudicación del servicio, pero rechazó expresamente subrogarse en los contratos de los trabajadores de la anterior adjudicataria. Ante esta negativa, el empleado afectado impugnó judicialmente su despido. Para resolver la controversia, el Tribunal Supremo se apoya principalmente en el artículo 1895 del Código Civil, relativo al cobro de lo indebido. La Sala entiende que, ante la falta de una regulación específica en el Estatuto de los Trabajadores sobre la devolución de cantidades percibidas indebidamente en estas circunstancias, resulta aplicable de forma supletoria la normativa civil. Asimismo, la resolución recuerda que los artículos 123.3 y 124.11 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establecen expresamente que, cuando la sentencia determina la readmisión del trabajador, este debe devolver la indemnización recibida una vez que la resolución judicial adquiere firmeza. De este modo, el Supremo confirma que la recuperación de la relación laboral por efecto de la nulidad del despido obliga también a restituir la compensación económica abonada por su extinción. (El Economista, 03-11-2026) El Tribunal Supremo rechaza que la empresa deba pagar atrasos si el INE corrige el PIB meses después Las empresas no están obligadas a abonar atrasos salariales cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) revisa al alza meses después una cifra del PIB que ya se había utilizado para calcular una actualización retributiva. Así lo establece el Tribunal Supremo en una sentencia de 9 de octubre de 2026, en la que fija como criterio que las cláusulas de revisión salarial vinculadas a indicadores económicos oficiales deben aplicarse tomando como referencia el primer dato publicado por el organismo estadístico. El alto tribunal aclara que las revisiones posteriores de esas cifras no modifican las tablas salariales que ya han sido establecidas, salvo que el convenio colectivo contemple expresamente un mecanismo de actualización retroactiva. De este modo, la publicación de nuevos datos estadísticos no genera automáticamente el derecho de los trabajadores a percibir cantidades adicionales. La Sala de lo Social fundamenta su decisión en los principios de seguridad jurídica y estabilidad de las condiciones salariales. A su juicio, admitir que cada modificación posterior de los indicadores económicos pueda dar lugar a nuevas liquidaciones supondría mantener una incertidumbre constante sobre las retribuciones y las cantidades ya abonadas. Además, considera que la interpretación literal y sistemática de las cláusulas del convenio permite entender que la comprobación de los datos oficiales en un único momento y para una sola liquidación pone fin al procedimiento de revisión. El Supremo también tiene en cuenta los antecedentes y la actuación de los representantes de trabajadores y empresarios. En anteriores ejercicios, cuando las revisiones estadísticas del PIB habían corregido a la baja las cifras iniciales, tampoco se había exigido a los empleados que devolvieran parte de las cantidades percibidas. Este comportamiento confirma, según la sentencia, que la intención de los negociadores era mantener como referencia el primer dato publicado. Asimismo, considera que la comisión mixta paritaria actuó dentro de sus competencias al utilizar esa cifra para determinar la revisión salarial definitiva. El conflicto tiene su origen en una demanda colectiva presentada por la Federación de Sindicatos de Banca, Bolsa, Ahorro, Entidades de Crédito, Seguros y Oficinas y Despachos de la Confederación General del Trabajo contra las patronales del sector asegurador y los sindicatos CCOO y UGT, en relación con el convenio colectivo de seguros, reaseguros y mutuas. El convenio establecía para 2023 una actualización salarial vinculada a la evolución de la economía. En abril de 2024, la comisión mixta determinó la revisión definitiva tomando como referencia un crecimiento inicial del PIB del 2,5% y una inflación del 3,1%, y procedió a aplicar la subida correspondiente. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, el INE revisó al alza el crecimiento económico de 2023, elevándolo hasta el 2,7%. A raíz de esta modificación, la organización sindical demandante reclamó un incremento adicional del 0,6%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023, al considerar que la actualización del PIB debía trasladarse también a las retribuciones. La comisión paritaria rechazó la petición y la Audiencia Nacional desestimó inicialmente la demanda. Ahora, el Tribunal Supremo confirma ese pronunciamiento y respalda la aplicación del primer dato oficial del PIB publicado por el INE, descartando que su posterior revisión genere por sí misma el derecho a percibir nuevos atrasos salariales.

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(El Economista, 03-11-2026) | Laboral

Los asalariados que no pueden pagar lo básico superan ya el millón

La pobreza entre la población asalariada ha aumentado en España durante los últimos años, pese a la mejora general de los indicadores de riesgo de exclusión social. El número de trabajadores por cuenta ajena que no pueden afrontar gastos básicos, como mantener la vivienda a una temperatura adecuada, hacer frente a un imprevisto o pagar puntualmente el alquiler, se ha duplicado desde 2019 y supera ya el millón de personas. Así lo refleja la Encuesta de Condiciones de Vida, utilizada por Eurostat para medir la pobreza en los países de la Unión Europea. Esta estadística identifica como situación de carencia material y social severa aquella en la que una persona no puede permitirse al menos siete de los trece gastos considerados básicos, entre ellos consumir carne o pescado cada dos días, renovar la ropa deteriorada o mantener encuentros sociales al menos una vez al mes. En 2019, esta situación afectaba a 591.000 asalariados, el 3,6% del total. En 2025, la cifra ha ascendido a 1,25 millones, equivalente al 6,9%. En el conjunto de la Unión Europea, el indicador apenas ha variado durante el mismo periodo, al pasar del 3,3% al 3,7%. La carencia material severa constituye uno de los tres factores que determinan el riesgo de pobreza o exclusión social, junto con disponer de unos ingresos familiares inferiores al 60% de la renta mediana y residir en un hogar con una intensidad laboral muy baja. Estos tres elementos conforman la tasa AROPE, utilizada por las instituciones europeas para evaluar la situación social de los Estados miembros. Entre los trabajadores asalariados españoles, este indicador ha pasado del 12,7% en 2015 al 14,8% en 2025, su nivel más elevado desde que existen registros, después de aumentar casi un punto en el último ejercicio. La evolución contrasta con la del conjunto de la población de entre 18 y 64 años, cuya tasa ha descendido del 31,3% al 25,5%. En términos absolutos, los trabajadores asalariados en riesgo de pobreza o exclusión social alcanzan los 2,69 millones, unos 928.000 más que en 2015. El incremento responde tanto al aumento del número de personas ocupadas por cuenta ajena como al empeoramiento de su situación relativa. Si la tasa se hubiera mantenido en el 12,7% registrado hace una década, el crecimiento del colectivo habría sido de aproximadamente 550.000 personas. Los 380.000 restantes se explican por el aumento del porcentaje de asalariados afectados. La evolución de los tres componentes de la tasa AROPE muestra que el deterioro no se debe principalmente a una caída de los ingresos respecto al umbral de pobreza. De hecho, el porcentaje de asalariados que viven en hogares con rentas inferiores al 60% de la mediana ha disminuido del 11,4% en 2019 al 9,6% actual. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores que sufren carencia material severa dispone de ingresos superiores a ese límite. Las estimaciones realizadas a partir de los datos de Eurostat sitúan entre 870.000 y 950.000 el número de asalariados en esta situación, lo que representa entre el 70% y el 75% del total. En 2019, esa proporción se encontraba entre el 36% y el 50%. Esta aparente contradicción se explica por la diferente metodología de ambos indicadores. El umbral de pobreza se calcula tomando como referencia el 60% de la renta mediana, por lo que aumenta cuando crecen los ingresos generales de la población, aunque los hogares con menos recursos no experimenten una mejora equivalente de su capacidad adquisitiva. La carencia material, por el contrario, refleja directamente la posibilidad de afrontar determinados gastos teniendo en cuenta los precios vigentes en cada momento. Un fenómeno similar se produjo durante la crisis financiera, cuando la caída generalizada de las rentas redujo también el umbral de pobreza. Como consecuencia, el porcentaje de asalariados con ingresos inferiores a ese límite llegó a bajar hasta el 8,3% en 2013, en pleno proceso de destrucción de empleo, y no volvió a aumentar hasta el año siguiente. El encarecimiento del coste de la vida aparece como uno de los principales factores que explican el aumento de las dificultades económicas de los trabajadores. El primer deterioro significativo se produjo en 2020, durante la pandemia, cuando la proporción de asalariados que no podían cubrir los gastos básicos alcanzó el 5,5%. Posteriormente, la fuerte inflación de 2022 volvió a elevar el indicador, que llegó al 6,8% en 2023. Desde entonces se ha mantenido en una horquilla de entre el 6,5% y el 6,9%. No obstante, los datos disponibles no permiten determinar con exactitud qué parte del incremento responde al encarecimiento de los precios ni identificar cuáles son los gastos que estos hogares han dejado de poder asumir. La evolución española también contrasta con la de otros países europeos. En 2015, España ocupaba la decimocuarta posición de la Unión Europea en carencia material severa entre los asalariados y registraba una tasa inferior a la media comunitaria, que entonces se situaba en el 5,1%. Una década después, ha pasado a ocupar el tercer puesto, únicamente por detrás de Grecia, con un 9,2%, y Bulgaria, con un 8,2%. La proporción española prácticamente duplica la media europea. En cambio, Italia y Portugal han conseguido reducir considerablemente sus niveles de carencia entre los trabajadores. La tasa italiana ha descendido del 7,7% al 3,1%, mientras que la portuguesa ha pasado del 6,4% al 2,2%. Entre las principales economías europeas, Alemania también ha registrado un empeoramiento desde 2019, al elevarse su indicador del 1,2% al 3,6%, aunque permanece muy por debajo del español. Francia presenta una tasa del 3,9%.

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(Expansión, 03-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo cae un 7,6% por los avances en las negociaciones con Irán para acabar con la guerra

El precio del petróleo ha cerrado por debajo de los 105 dólares por barril después de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, haya autorizado al Gobierno del país a iniciar conversaciones para tratar de poner fin a la guerra. A este movimiento se suma la disposición de Donald Trump a mantener abierta la vía diplomática, después de trasladar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su preferencia por continuar las negociaciones antes de ordenar nuevos ataques. A escasas horas de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el presidente Donald Trump y el Partido Republicano han encontrado un inesperado alivio en la evolución del conflicto. Irán ha planteado la posibilidad de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de dos días y recuperar las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz, siempre que Washington acepte una serie de condiciones que Teherán considera razonables. El anuncio ha tenido un efecto inmediato en los mercados energéticos, donde el crudo ha llegado a retroceder un 7,63%, hasta situarse en 104,77 dólares por barril. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, ha señalado que la iniciativa depende ahora de la respuesta estadounidense. Según ha explicado, si Washington acepta las demandas de Irán, el plan podría ponerse en marcha en apenas 48 horas, lo que permitiría restablecer la seguridad en el estrecho de Ormuz y abrir una nueva etapa de negociaciones. No obstante, ha insistido en que la decisión final corresponde a Estados Unidos. Entre las principales exigencias de Teherán figura el levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos y embarcaciones, así como que cualquier acuerdo contemple el final de las hostilidades en todos los escenarios del conflicto. Esta última condición incluye Líbano, donde Israel mantiene enfrentamientos con Hezbolá, organización aliada de Irán. El Gobierno iraní también reclama la liberación de activos financieros bloqueados en otros países, el fin de las sanciones que afectan a sus exportaciones petroleras y a otros sectores económicos, y el reconocimiento de su control compartido con Omán sobre el estrecho de Ormuz. Esta última pretensión permitiría introducir tasas al tránsito marítimo, una posibilidad contraria al derecho internacional que Teherán justifica como una compensación por los servicios de seguridad prestados a las navieras. Los contactos diplomáticos entre Washington y Teherán se han intensificado durante las últimas semanas con el objetivo de encontrar una salida al conflicto. En este contexto, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, habría enviado recientemente una comunicación al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, para favorecer la reanudación del diálogo. La caída del petróleo se ha acelerado después de que la agencia iraní IRNA informara de que Jameneí había autorizado al Ejecutivo civil a negociar el final de la guerra. La Administración Trump parece mostrar, por el momento, una mayor disposición a explorar una solución diplomática antes de emprender nuevas operaciones militares. El presidente estadounidense ha mantenido una conversación con Netanyahu para trasladarle su preferencia por dar margen a las negociaciones. En la misma línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha asegurado que Trump todavía no ha adoptado una decisión definitiva y que apuesta por la vía diplomática. Aunque ha defendido la capacidad militar estadounidense para responder si fuera necesario, ha dejado claro que la prioridad es alcanzar una solución pacífica. Irán también ha movido ficha en el ámbito diplomático con el envío de una delegación a Doha durante el pasado fin de semana. Catar está desempeñando un papel de intermediación y facilitando el intercambio de mensajes entre ambos países. Sin embargo, los avances en las conversaciones conviven con un discurso todavía beligerante por parte de Trump, que el domingo volvió a amenazar con nuevos ataques contra Irán durante un acto en Iowa. El presidente habría abordado también con Netanyahu la posibilidad de reanudar los bombardeos, aunque habría pedido al dirigente israelí que mantenga la contención mientras se comprueba si las negociaciones pueden prosperar. Pese al fuerte descenso registrado durante la jornada, el petróleo continúa cotizando muy por encima de los niveles anteriores a la última escalada del conflicto, iniciada en agosto. La incertidumbre sobre el futuro de la guerra y, especialmente, las exigencias iraníes respecto al control del estrecho de Ormuz siguen alimentando la preocupación de los mercados. El gas natural europeo también ha experimentado un retroceso significativo: el contrato TTF holandés ha caído un 9,6%, hasta los 94 euros por megavatio hora, aunque todavía duplica ampliamente los precios registrados en junio, cuando se produjo la reapertura del paso marítimo. Un eventual acuerdo tendría importantes consecuencias para el mercado energético internacional, ya que por el estrecho de Ormuz circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo. Su cierre ha contribuido a impulsar la cotización del crudo, que acumula una subida del 74% en lo que va de año, a pesar de la corrección de los últimos días. La interrupción del tráfico marítimo y el temor a nuevas restricciones en el suministro han mantenido los precios bajo una fuerte presión. No obstante, desde Julius Baer consideran que la recuperación de las exportaciones petroleras de los países del golfo Pérsico hasta niveles similares a los anteriores al inicio de la guerra debilita los argumentos que justifican unas cotizaciones tan elevadas. Su director de Inversiones, Yves Bonzon, apunta que, si la situación geopolítica se estabiliza, el barril podría volver a situarse por debajo de los 100 dólares y acercarse progresivamente a una horquilla de entre 80 y 90 dólares. Por su parte, Tim Waterer, analista jefe de KCM Trade, considera que las expectativas de avances diplomáticos y la ausencia de una nueva escalada militar durante el fin de semana han reducido, al menos temporalmente, la presión alcista sobre los precios.

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