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(Cinco Días, 02-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España repite por tercer año seguido como el destino más atractivo para la inversión hotelera en Europa

Las numerosas operaciones de inversión hotelera cerradas en el primer semestre del año -entre ellas la compra del hotel Corso en Ibiza por 150 millones de euros, la adquisición del hotel Meliá Bilbao o la del NH Collection Suecia en Madrid- ponen de manifiesto que el sector hotelero español continúa siendo un foco de atracción para inversores nacionales e internacionales. Solo en el primer trimestre, el volumen de inversión en España y Portugal se situó cerca de los 1.000 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 44% y representa el 21% del total de las transacciones realizadas en Europa. Este dinamismo se refleja también en la encuesta de sentimiento de inversión hotelera en Europa elaborada por la consultora CBRE, basada en las respuestas de 70 directivos de siete países europeos. El estudio confirma que España se mantiene, por tercer año consecutivo, como el destino más atractivo del continente para invertir en hoteles, por delante de Italia, Reino Unido y Portugal. En el ranking de ciudades, Barcelona asciende del quinto al primer puesto, empatando con Londres, mientras que Madrid ocupa la tercera posición. Según Jorge Ruiz, director ejecutivo y responsable de Hoteles en Iberia de CBRE, tanto España como Portugal siguen mostrando la solidez de sus fundamentos turísticos, lo que mantiene al mercado ibérico en el radar del capital internacional. En un contexto más exigente, añade, los inversores optan por mayor selectividad y priorizan activos y mercados con capacidad de generar valor a largo plazo, lo que explica el liderazgo español y el buen posicionamiento de ciudades como Barcelona, Madrid y Lisboa. El atractivo de Barcelona se sustenta, según el informe, en la fortaleza de la demanda turística y de negocios, su consolidación como destino de referencia para el turismo MICE en Europa y la limitación de nueva oferta, condicionada por las restricciones urbanísticas al desarrollo hotelero. En este sentido, se hace referencia a la moratoria vigente desde 2015 que limita la construcción de nuevos establecimientos. El estudio señala además que la inversión hotelera se consolidó en 2025 como uno de los principales motores del mercado inmobiliario en la región, con 934 millones de euros, lo que representa el 27% del total invertido. Esta cifra supera en cuatro puntos el peso del conjunto del mercado nacional y marca el mejor registro histórico en Cataluña, con un aumento del 51% respecto a 2024.

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(Expansión, 02-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La influencia de la IA cambia las reglas del juego en el ámbito jurídico y empresarial

El avance hacia empresas cada vez más apoyadas en sistemas digitales y en la colaboración entre agentes de inteligencia artificial y personas obliga a incorporar perfiles profesionales capaces de garantizar el cumplimiento normativo y un uso ético y responsable de la tecnología bajo criterios de calidad y excelencia. La consultora Gartner identifica entre las principales tendencias tecnológicas de los próximos años la ciberseguridad preventiva, los modelos de lenguaje especializados y los sistemas multiagente. Estas herramientas facilitan la cooperación entre agentes de IA y trabajadores humanos, permitiendo ejecutar tareas complejas que caracterizan a las llamadas empresas agentificadas. Aunque la IA generativa sigue ocupando un papel central, la IA agéntica gana protagonismo. El informe Tech Trends 2026 de Deloitte apunta hacia modelos laborales híbridos entre humanos y sistemas digitales, mientras que el Future Trends Forum, impulsado por Fundación Innovación Bankinter, señala que esta tecnología supone el paso de sistemas pasivos a entornos capaces de interactuar activamente dentro de procesos reales o espacios físicos. La capacidad autónoma de la IA agéntica, orientada a objetivos y conectada a datos, herramientas y sistemas externos, está impulsando una transformación profunda en las organizaciones. Las compañías empiezan a plantearse cómo delegar la ejecución y gestión de procesos completos. El Congreso IA Derecho y Empresa organizado por Lefebvre el próximo 10 de junio abordará precisamente los riesgos jurídicos de las empresas agentificadas, el nuevo papel de los abogados y los retos de gobernanza y responsabilidad. La IA generativa ha facilitado la automatización documental y la interacción mediante lenguaje natural, pero la IA agéntica implica una transformación más profunda en la estrategia empresarial. Según José Ángel Sandín, consejero delegado de Lefebvre, este nuevo modelo permitirá automatizar tareas de mayor complejidad y operar con un elevado grado de autonomía, lo que obligará a rediseñar estructuras organizativas y sistemas de supervisión. Para Gonzalo F. Gállego, socio especializado en protección de datos, IA y derecho digital en Hogan Lovells, la inteligencia artificial resulta útil para analizar información, revisar documentos o anticipar riesgos, pero no puede reemplazar el criterio jurídico ni la responsabilidad profesional. A su juicio, todavía no existe preparación suficiente para delegar decisiones totalmente autónomas en ámbitos sensibles. Advierte además de que una configuración inadecuada de estos agentes puede derivar en incumplimientos regulatorios, sesgos, problemas de confidencialidad o responsabilidades contractuales. La ausencia de supervisión humana podría favorecer situaciones de suplantación de identidad o errores graves con impacto directo sobre la reputación y la responsabilidad de las organizaciones. Noemí Brito, socia responsable de legal digital en KPMG Abogados, subraya que también podrían verse afectados los derechos de terceros y aumentar los riesgos asociados al tratamiento de datos y a la reproducción de sesgos en la toma de decisiones. Brito considera que el abogado seguirá desempeñando un papel esencial en la estrategia jurídica, actuando como garante del criterio experto y acompañando las decisiones complejas para generar confianza. En la misma línea, Rodrigo González, socio de derecho digital de Deloitte Legal, sostiene que los profesionales jurídicos deberán validar los resultados generados por la IA y aportar conocimiento estratégico y sectorial, imprescindible para integrar correctamente estas tecnologías en las organizaciones. La tecnología agéntica también impulsa un nuevo modelo de despacho profesional basado en perfiles híbridos, en el que adquieren relevancia tanto los ingenieros legales como los expertos capaces de diseñar agentes personalizados y desarrollar instrucciones avanzadas de calidad. Mónica Represa, socia y responsable de gestión del conocimiento e innovación en EY Abogados, recuerda que los agentes de IA son herramientas y que la responsabilidad final seguirá recayendo en los profesionales o en las firmas. En este contexto, cobra especial importancia la trazabilidad de los sistemas: conocer qué fuentes utilizan, qué procesos siguen y qué mecanismos de validación incorporan para poder detectar y entender posibles errores. José Ángel Sandín insiste en que las empresas tendrán que garantizar supervisión humana y cumplimiento normativo en todas las decisiones automatizadas. A su juicio, la confianza será el principal elemento diferenciador, especialmente en sectores regulados como el jurídico, el financiero o el fiscal. El desarrollo de la IA agéntica no elimina las obligaciones legales ni las responsabilidades empresariales. Por ello, Gonzalo F. Gállego considera imprescindible implantar modelos sólidos de gobernanza y mecanismos eficaces de supervisión, además de formar adecuadamente a quienes utilicen estas herramientas para que comprendan sus limitaciones. Noemí Brito añade que la llegada de sistemas de IA autónoma a los despachos obligará a actualizar los marcos de gobernanza interna. Rodrigo González coincide en que la futura evolución normativa reforzará todavía más los sistemas de control y supervisión dentro de las firmas profesionales.

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(Expansión, 02-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España busca una alianza con Francia e Italia para perfilar la reforma bancaria

La reforma del sistema bancario europeo todavía no se ha concretado, pero varios países ya empiezan a mover ficha para intentar orientar el futuro marco regulatorio hacia sus propios intereses. En este contexto, España trabaja en la creación de un bloque común junto a Francia e Italia, según fuentes próximas a las negociaciones. Las tres grandes economías europeas están tratando de coordinar posiciones mediante la elaboración de un documento conjunto, conocido en Bruselas como non-paper, con el que pretenden definir qué aspectos consideran prioritarios para mejorar la competitividad bancaria a través de futuras modificaciones regulatorias. La intención de esta alianza es ganar peso político y capacidad de influencia ante las instituciones europeas. El objetivo inmediato pasa por trasladar sus planteamientos a la Comisión Europea, encargada de presentar la propuesta legislativa prevista para el primer trimestre de 2027. Más adelante, también servirá para reforzar su posición en las negociaciones que deberán afrontar los Estados miembros dentro del Consejo de la Unión Europea. Fuentes comunitarias subrayan que la unión de las economías segunda, tercera y cuarta de la eurozona obliga a Alemania a prestar atención a sus planteamientos. Por ahora, las conversaciones siguen abiertas y el texto aún se encuentra en fase de borrador, elaborado por el Tesoro Público español y los servicios de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. Entre las prioridades españolas destaca la simplificación normativa, especialmente en materia de supervisión bancaria. España apuesta por reducir duplicidades entre organismos supervisores para conseguir procedimientos más ágiles, coordinados y menos exigentes en términos burocráticos para las entidades financieras. Además, el Gobierno español quiere recuperar el impulso al Fondo Europeo de Garantía de Depósitos, conocido como EDIS, uno de los elementos pendientes para completar la Unión Bancaria europea y una reivindicación que lleva años sobre la mesa sin avances definitivos. Desde el Ministerio de Economía señalan que España participa activamente en el debate para reforzar la competitividad del sistema financiero europeo dentro del llamado grupo E-6. El objetivo, según el departamento, es contribuir a una posición común que permita mantener un sistema bancario sólido, resistente y con capacidad para seguir financiando a las empresas europeas. El trabajo técnico continuará mientras la Comisión Europea prepara su futuro informe sobre el sector. Sin embargo, alcanzar un acuerdo con Francia e Italia también implica asumir algunas de sus reivindicaciones. En ese terreno, España estaría dispuesta a respaldar una petición conjunta para retrasar la entrada plena en vigor del denominado output floor o suelo de capital revisado. Esta norma, incluida dentro de los acuerdos de Basilea III, limita la diferencia entre el capital que un banco calcula mediante sus modelos internos y el que resultaría aplicando el método estándar. La regulación establece que el capital mínimo exigido no puede situarse por debajo del 72,5% del cálculo estándar y fija 2030 como fecha para su aplicación total. Francia e Italia buscan ahora ampliar todavía más ese calendario. La razón es que los grandes bancos de ambos países obtienen importantes ventajas de sus modelos internos, especialmente en el cálculo del riesgo asociado a las hipotecas, lo que les permite reducir los activos ponderados por riesgo y, en consecuencia, las exigencias de capital. Los expertos consideran que para España el efecto de un aplazamiento sería limitado, mientras que el beneficio político de reforzar la alianza sería significativo. La posible alianza entre España, Francia e Italia supondría un bloque de enorme relevancia dentro del sistema financiero europeo. Según los últimos datos del Banco Central Europeo, las entidades financieras de estos tres países concentran cerca del 59% de los activos de los bancos significativos supervisados en la eurozona. Si se toma como referencia el conjunto de la Unión Europea, el porcentaje se reduce hasta el 44%, aunque sigue representando un peso decisivo en el sector bancario comunitario.

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(El País, 02-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Powell deja claro que la FED está sometida a un “test de estrés” que amenaza la fortaleza y la estabilidad de la economía más grande del mundo

Powell, en su primera intervención pública desde que concluyó su mandato como presidente de la Reserva Federal el pasado 15 de mayo, ha hecho referencia a las presiones políticas sufridas por la institución y advirtió de que "si una administración consigue destituir a responsables de la Reserva Federal por discrepancias políticas, las siguientes administraciones también podrán hacerlo". Aunque evitó citar directamente a Donald Trump, sus palabras fueron interpretadas como una alusión evidente a las tensiones mantenidas con el expresidente, especialmente después de haber asegurado en su última comparecencia como máximo responsable del banco central que adoptaría un perfil discreto a partir de ahora. Durante un acto celebrado este domingo en Boston, donde recibió el premio John F. Kennedy al coraje, Powell defendió la importancia de preservar la independencia de la Reserva Federal. "La ciudadanía dejaría de confiar en que el banco central toma decisiones pensando únicamente en el interés general de los estadounidenses. La credibilidad de la Reserva Federal quedaría dañada, y esa credibilidad es esencial para sostener una economía fuerte y estable", afirmó. El galardón distingue a figuras públicas estadounidenses que han tomado decisiones relevantes pese a la presión política o al posible impacto sobre sus carreras profesionales. En ese contexto, Powell reivindicó la necesidad de proteger las instituciones frente a interferencias partidistas. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, Powell fue blanco de críticas constantes por negarse a reducir los tipos de interés. Pese a esas presiones, mantuvo su posición hasta el final de su mandato y optó además por continuar como miembro de la junta de gobernadores de la Reserva Federal, una decisión inédita en los 113 años de historia de la entidad. En mayo dejó claro que su intención era mantenerse en un segundo plano: "Solo hay un presidente de la Reserva Federal, y ese presidente es Kevin Warsh". Las tensiones con el entorno de Trump también se reflejaron en la investigación penal abierta por la fiscalía estadounidense sobre supuestos sobrecostes, así como en los intentos de apartar a Lisa Cook, gobernadora de la Fed, bajo acusaciones relacionadas con fraude hipotecario. Powell reconoció que las diferencias políticas forman parte natural de una democracia y las calificó incluso de necesarias. Sin embargo, insistió en que debe existir un consenso básico en torno a ciertos principios fundamentales, especialmente el respeto al Estado de derecho. Asimismo, defendió la imagen internacional de Estados Unidos como un país sustentado en la integridad institucional y subrayó la importancia de preservar ese prestigio. Durante su discurso recordó también el legado de John F. Kennedy, destacando que el expresidente se enfrentó al avance del autoritarismo y defendió valores que consideró esenciales para la identidad estadounidense.

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(La Vanguardia, 02-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Ya se puede pagar en cualquier lugar con Bizum Pay

"El proceso para el usuario será muy parecido al actual: acercar el móvil al terminal de pago, validar la operación mediante biometría o reconocimiento facial y completar la compra". Así explica el experto financiero Tomás Golding el funcionamiento de Bizum Pay en establecimientos físicos. La plataforma, utilizada ya por unos treinta millones de personas en España para transferencias instantáneas entre particulares, da ahora el salto al comercio presencial, un ámbito dominado hasta ahora por gigantes como Visa y Mastercard. Aunque el anuncio realizado el pasado 18 de mayo generó una gran expectación, la aplicación Bizum Pay no estará disponible en las tiendas digitales hasta este 1 de junio y su despliegue en comercios se realizará de manera gradual durante 2026. Golding, responsable de Banca y Mercado de Capitales de VASS, conoce de primera mano la tecnología que sustenta este nuevo sistema de pago y explica sus principales características. Bizum es un sistema español de pagos digitales vinculado al teléfono móvil que permite transferir dinero de una cuenta bancaria a otra de forma inmediata, sin necesidad de introducir un IBAN ni utilizar una tarjeta bancaria. El funcionamiento se basa en asociar el número de teléfono del usuario a su cuenta corriente para facilitar transferencias instantáneas. A diferencia de lo que muchos creen, Bizum no opera como una empresa privada convencional, sino que pertenece a la banca española. La sociedad está participada por 27 entidades financieras y se apoya técnicamente en infraestructuras nacionales como Redsys, Cecabank e Iberpay, encargada de las transferencias instantáneas. Actualmente, el sistema cuenta con unos treinta millones de usuarios y gestiona alrededor de 1.200 millones de operaciones al año, lo que equivale a unos tres millones de transacciones diarias. Según Golding, para el usuario final apenas habrá diferencias visibles respecto a los pagos actuales con Apple Pay o Google Pay. El cambio real se encuentra en la tecnología que procesa la operación. Mientras que los sistemas tradicionales funcionan sobre las redes de Visa y Mastercard, Bizum Pay utilizará transferencias instantáneas directas entre cuentas bancarias, sin depender de los llamados "raíles" de las grandes compañías internacionales de tarjetas. El objetivo de esta evolución es reforzar el peso de la banca española -e incluso europea- en el mercado de pagos digitales y reducir parcialmente la dependencia de las grandes plataformas globales. Una de las dudas más habituales entre los usuarios tiene que ver con la privacidad. Golding aclara que en los pagos presenciales no será necesario facilitar el número de teléfono al comercio ni este tendrá acceso a dicha información. La validación se realizará íntegramente dentro del dispositivo móvil mediante biometría o reconocimiento facial. Solo en las compras online, donde Bizum ya opera desde hace tiempo, seguirá siendo necesario introducir el número de teléfono, aunque los comercios tampoco podrán utilizar esos datos con fines comerciales. La implantación del sistema en tiendas físicas no será inmediata. El propio experto reconoce que la adopción será progresiva y que no todos los establecimientos estarán preparados desde el primer día. El despliegue dependerá en gran medida de los acuerdos entre comercios y entidades financieras, ya que serán los bancos quienes deberán ofrecer esta nueva modalidad de pago a sus clientes empresariales. Por ello, la generalización de Bizum Pay en grandes cadenas y pequeños comercios se irá produciendo de forma escalonada a lo largo de 2026.

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(El Periódico, 02-06-2026) | Laboral

El paro baja en 36.323 personas en mayo

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de mayo, se ha reducido en 36.323 (-1,54%) personas en relación con el mes anterior. El total de paro registrado se ha situado en 2.320.721 personas. Respecto al mes de mayo de 2025, el paro ha descendido en 134.162 personas (-5,47%). El paro desciende en todos los sectores económicos con respecto al mes de abril. En Servicios en 29.829 personas (-1,74%), en Industria en 2.665 personas (-1,46%), en Construcción en 2.304 personas (-1,42%) y en Agricultura en 1.628 (-2,26%). El colectivo Sin Empleo Anterior no registra un movimiento significativo con apenas 98 personas registradas más (0,04%). El desempleo femenino disminuye en 20.316 personas (-1,43%) en relación al mes de abril y se sitúa en un total de 1.404.110 mujeres. El desempleo masculino desciende en 16.007 personas (-1,72%) y el total se sitúa en 916.611 hombres en paro. Si lo comparamos con mayo de 2025, el paro masculino baja en 51.851 (-5,35%) y el femenino cae más, en 82.311 mujeres (-5,54%). El desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de mayo en 4.738 personas (-2,79%) respecto al mes anterior. El total se sitúa en 164.955 personas. Es la primera vez que baja de la cota de 165.000 en un mes de mayo. El paro registrado en mayo de 2026 baja en las 17 comunidades autónomas. En términos absolutos, las mayores caídas se producen en Andalucía (-9.125 personas), Catalunya (-6.900 personas) y Comunidad de Madrid (-3.834 personas). El número total de contratos registrados durante el mes de mayo ha sido de 1.323.719. De este total, 572.061 contratos de trabajo tienen carácter indefinido y representan el 43,22% de todos los contratos. El total de personas beneficiarias existentes al final del mes de abril fueron 1.779.989. La inversión media mensual por persona beneficiaria, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de abril de 2026 ha sido de 1.168,30 lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 22,6 euros (2,0%). La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de abril ha sido del 80,90%

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(Expansión, 01-06-2026) | Fiscal

Hoy decaen las rebajas fiscales temporales a la luz y el gas por la guerra de Irán

Las rebajas fiscales aplicadas por el Gobierno a la electricidad, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña para contener el impacto de la guerra de Irán sobre los precios dejan de estar vigentes desde hoy, coincidiendo con el inicio de junio y pocos días después de conocerse la moderación de la inflación en abril. El Ejecutivo considera que esta evolución demuestra la eficacia de las medidas adoptadas, ya que calcula que, sin el plan de respuesta puesto en marcha, la inflación habría alcanzado el 4,2% en abril, un punto más de lo registrado finalmente. Desde el Gobierno destacan que el paquete de ayudas ha servido para amortiguar las consecuencias del encarecimiento energético y proteger el poder adquisitivo de las familias en un contexto marcado por fuertes subidas de precios, especialmente en la energía y en materias primas esenciales para la producción alimentaria que atraviesan el estrecho de Ormuz, todavía afectado por las tensiones derivadas del conflicto bélico iniciado a finales de febrero. Con la finalización de estas medidas, el Impuesto Especial sobre la Electricidad vuelve desde hoy al 5,11%, después de haberse reducido temporalmente al 0,5%. Asimismo, el IVA aplicado a la luz, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña regresa al tipo general del 21%, tras haberse rebajado al 10% desde el pasado 20 de marzo. La retirada de estas rebajas estaba contemplada en la cláusula de desactivación incluida en el plan gubernamental. Dicha cláusula establecía que las medidas dejarían de aplicarse si en abril la inflación de los carburantes, la electricidad y el gas descendía por debajo del 15%. Esta condición se ha cumplido en el caso de la electricidad, cuyos precios bajaron un 4,3% en abril, y del gas natural, que registró una caída del 9,6%. Según el Ministerio de Economía, dirigido por el vicepresidente primero Carlos Cuerpo, estos datos evidencian la capacidad del sistema energético español para resistir perturbaciones externas gracias al peso de las energías renovables, consideradas por el Ejecutivo como un "escudo" frente a los efectos económicos de la guerra. Pese a la retirada gradual de parte del paquete de ayudas, el Gobierno no descarta recuperar estas rebajas fiscales o aprobar nuevas medidas si la situación lo requiere. En este contexto, los sindicatos reclamaron la pasada semana revisar el salario mínimo interprofesional cada seis meses para adaptarlo con mayor rapidez a la evolución de los precios, además de impulsar nuevas ayudas, como un pago extraordinario de 300 euros para personas con rentas bajas. Todo ello ocurre en un escenario en el que algunas previsiones, entre ellas las de Funcas, alertan de que la inflación podría volver a acercarse al 4% durante el verano una vez desaparezcan por completo las medidas de apoyo. En cuanto a los carburantes, el Ejecutivo mantiene de momento las ayudas fiscales vigentes. Estas continuarán al menos hasta el 30 de junio, después de que en abril los precios de los combustibles siguieran situándose más de 15 puntos por encima del IPC. El pasado viernes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio a conocer un informe sobre el efecto de estas rebajas fiscales en los carburantes. El organismo concluye que las ayudas se han trasladado de manera generalizada a los precios finales. Según sus cálculos, el margen bruto se redujo en 0,83 céntimos por litro en la gasolina 95 y en 4,4 céntimos por litro en el diésel. La CNMC añade que únicamente se han detectado comportamientos potencialmente irregulares en alrededor de medio centenar de estaciones de servicio de las más de 10.500 analizadas, al haberse incrementado sus márgenes tras la entrada en vigor de las rebajas fiscales.

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(Expansión, 01-06-2026) | Laboral

El Gobierno explora todas las vías para mejorar la gestión de los procesos de incapacidad temporal, y poner coto a las bajas laborales

El Ministerio de Seguridad Social ha impulsado recientemente una campaña dirigida a las empresas para recabar información más precisa sobre las tareas y funciones que desempeñan los trabajadores que se encuentran de baja laboral. La finalidad es que los servicios médicos dispongan de más datos a la hora de evaluar una posible reincorporación al puesto de trabajo. Con ello, se busca que los facultativos puedan emitir altas médicas más ajustadas a la realidad de cada empleo, evitando retrasos innecesarios y adecuando mejor los tratamientos. En marzo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) envió cartas informativas a distintas patronales para que trasladaran a las compañías de sus sectores la necesidad de detallar más los partes de incapacidad temporal. Según una de esas comunicaciones, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, médicos de atención primaria, facultativos de mutuas e inspectores médicos tanto de los servicios públicos de salud como del propio INSS carecen en muchos casos de información suficiente y fiable sobre las funciones concretas que realiza el trabajador. Esta falta de datos puede dificultar la gestión de las bajas y retrasar el regreso al empleo. Fuentes empresariales recuerdan que no es la primera iniciativa de este tipo puesta en marcha por el INSS. Desde enero de 2024, las compañías están obligadas a comunicar al organismo tanto el puesto de trabajo como la descripción de funciones de los empleados en situación de incapacidad temporal. Esta información debe enviarse mediante el fichero FDI o a través del servicio Incapacidad Temporal Online del sistema RED. El propósito es facilitar evaluaciones médicas más exactas y que las decisiones sobre mantener la baja o conceder el alta se adapten mejor a las características reales del puesto. Desde el ámbito empresarial consideran positiva esta insistencia de la Administración en reforzar estas prácticas, ya que entienden que un mayor conocimiento de las exigencias de cada empleo puede acelerar determinados procedimientos. Esto, añaden, también ayuda a reducir el impacto económico y organizativo que generan las ausencias prolongadas. El INSS advierte, sin embargo, de que la información aportada por muchas empresas sigue siendo insuficiente. Según el organismo, solo el 70% de los procesos de incapacidad temporal registrados el año pasado incluían cumplimentados los apartados relativos al "puesto de trabajo" y a la "descripción de funciones". Además, en numerosos casos los datos facilitados eran demasiado genéricos o carecían del detalle necesario. En las cartas remitidas, el Instituto subraya que esta información resulta clave para mejorar el control de la incapacidad temporal y facilitar un diagnóstico más preciso sobre las limitaciones reales de cada trabajador para desarrollar su actividad profesional concreta, más allá de las referencias generales de la clasificación nacional de ocupaciones o de lo que pueda indicar el propio empleado. Según el INSS, disponer de estos datos también favorece una reincorporación más adecuada y segura para la salud del trabajador. El organismo dependiente de Seguridad Social apunta asimismo que todavía hay muchas empresas que dejan esos apartados sin completar o utilizan descripciones excesivamente vagas, limitándose a expresiones como "las tareas propias de su puesto". La falta de precisión puede traducirse en bajas más largas de lo necesario. De acuerdo con datos de las mutuas de accidentes de trabajo, la duración media de los procesos de incapacidad temporal alcanzó en 2025 los 42,55 días, ligeramente por debajo del año anterior, aunque todavía por encima de los niveles de hace diez años. Esto refleja las dificultades para acortar los periodos de recuperación. A ello se suma el aumento del número de procesos. Según AMAT, en 2025 se registraron 9,16 millones de bajas laborales, un 7% más que el ejercicio anterior y un 133% más que hace una década, lo que supone más del doble.

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(Expansión, 01-06-2026) | Laboral

La patronal reclama más controles a los reincidentes

Aunque la iniciativa tiene un carácter meramente informativo, las organizaciones empresariales valoran positivamente que el Gobierno esté reforzando las actuaciones destinadas a frenar el aumento de las bajas laborales y el elevado coste económico que generan tanto para las empresas como para las cuentas públicas. En el marco de la mesa de diálogo social abierta en el Ministerio de Seguridad Social, la CEOE ha planteado distintas propuestas para atajar especialmente los casos considerados más problemáticos, los correspondientes a trabajadores con reiteradas situaciones de incapacidad temporal. En este contexto, el reciente informe de la AIReF sobre el sistema de incapacidad temporal en España puso de manifiesto que las bajas laborales se concentran cada vez más en un grupo reducido de personas. El estudio señala que el 25% de los beneficiarios acumula más de la mitad de los procesos de baja: representaban el 51% en 2017 y alcanzan ya el 55% en 2024. Asimismo, el 50% de los trabajadores concentra el 77% de los episodios registrados en 2024, cuatro puntos más que siete años antes. Estos datos evidencian que un núcleo relativamente pequeño de beneficiarios absorbe una parte creciente del total de procesos. Ante esta situación, la patronal reclama al departamento que dirige la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, que active actuaciones de la Inspección antes de que se alcance el límite de 365 días de baja, momento en el que los inspectores médicos pasan a asumir la competencia exclusiva sobre el proceso. El objetivo es reforzar los controles y aumentar la supervisión complementaria a la que ya realizan los servicios públicos de salud y las mutuas. El aumento del absentismo sigue teniendo además un fuerte impacto económico. El año pasado, el coste conjunto para empresas y Seguridad Social derivado de las prestaciones por incapacidad temporal rondó los 33.000 millones de euros. De esa cantidad, las arcas públicas asumieron más de 18.500 millones. La tendencia continúa al alza en 2026. Durante el primer trimestre del año ya se aprecia un nuevo incremento que anticipa un gasto récord al cierre del ejercicio. Según datos de AMAT, entre enero y marzo el coste directo soportado por las empresas creció un 7%, acercándose a los 2.500 millones de euros. Paralelamente, la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social refleja un aumento del 14,4% en el gasto destinado a prestaciones por incapacidad temporal, superando los 4.600 millones de euros.

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(El País, 01-06-2026) | Laboral

La patronal vuelve a la negociación para reformar la indemnización por despido e insiste en su rechazo a elevarla

El Ministerio de Trabajo mantiene como parte habitual del diálogo social que cada participante en las mesas de negociación tenga delante un portanombres identificativo. Aunque todos los asistentes se conocen, forma parte del protocolo institucional. Sin embargo, este viernes, en la segunda reunión para debatir la reforma de la indemnización por despido, solo había carteles para los representantes del ministerio y de los sindicatos, no para los de las patronales. La razón es que hasta esta misma mañana CEOE y Cepyme no habían confirmado su presencia, según indican fuentes asistentes al encuentro. De hecho, no se esperaba su participación después de que ambas organizaciones anunciaran en octubre que abandonarían estas negociaciones. Finalmente acudieron, aunque mantienen intacto su rechazo a la propuesta sindical y de Trabajo, que pretende endurecer las condiciones del despido improcedente. "No vamos a sentarnos en una mesa cuya premisa de partida es errónea", afirmó el pasado 22 de octubre el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, al justificar la negativa inicial de la patronal a participar en esta negociación. A juicio de la organización empresarial, el Tribunal Supremo ya resolvió el debate el verano pasado, por lo que consideraban innecesario abrir una discusión con el Gobierno y los sindicatos. Cepyme compartió entonces la misma postura. No obstante, siete meses después, los representantes de ambas patronales sí han acudido a la convocatoria de este viernes organizada por Trabajo. Desde la CEOE explican que su asistencia responde al "respeto hacia el resto de interlocutores", en referencia a los sindicatos. Añaden que también han querido dejar clara su oposición a cualquier modificación normativa sobre el despido, apoyándose en la interpretación realizada por el Tribunal Supremo. Ese es precisamente el principal argumento de la patronal: consideran que la sentencia del alto tribunal cerró la puerta a que los jueces españoles puedan conceder indemnizaciones adicionales basándose en la Carta Social Europea, como había ocurrido en algunos casos. Sin embargo, el Consejo de Europa ha concluido en dos ocasiones que España incumple dicho tratado en materia de despido y ha instado al país a reformar su legislación. Este posicionamiento europeo constituye el principal respaldo de la postura defendida por los sindicatos y el Ministerio de Trabajo. De hecho, las organizaciones sindicales discrepan tanto de la doctrina del Supremo que han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. La reunión celebrada este viernes es la segunda sobre esta cuestión. La primera tuvo lugar en octubre y en ella los sindicatos ya anunciaron que prepararían una propuesta conjunta. Tras aquella cita, en la que sí participaron CEOE y Cepyme, las patronales aseguraron que no volverían a asistir. También adelantaron que rechazarían participar en otra mesa impulsada por Trabajo para debatir la entrada de representantes sindicales en los consejos de administración de las empresas. Durante el encuentro de este viernes, los sindicatos han presentado formalmente su propuesta tanto al Gobierno como a las organizaciones empresariales. Según declaraciones difundidas por CC OO, su negociador, Javier Pacheco, defendió la necesidad de reforzar las causas que justifican un despido y establecer plazos de preaviso más amplios que garanticen una mayor protección para los trabajadores. Asimismo, reclamó indemnizaciones "suficientes y reparadoras" que sirvan para compensar y desincentivar los despidos improcedentes, además de recuperar garantías como los salarios de tramitación y el derecho de readmisión cuando no exista una causa objetiva para el cese. El Ministerio de Trabajo se ha comprometido a redactar un texto articulado que sirva de base para un futuro proyecto de ley. No obstante, la falta de apoyo de la patronal reduce considerablemente las posibilidades de que la reforma prospere. La mayoría conservadora del Congreso ya tumbó recientemente la reducción de jornada laboral, una medida que contaba con más opciones de reunir apoyos parlamentarios. Distintas fuentes conocedoras de la negociación apuntan que el rechazo a esta reforma no solo vendría de PP, Vox y Junts, sino también del PNV, como ya ocurrió con el estatuto del becario. Además, tampoco existe unanimidad dentro del propio Ejecutivo, ya que el Ministerio de Economía se opone a modificar la regulación actual. Pese a ello, PSOE y Sumar incluyeron en su acuerdo de gobierno el compromiso de adaptar la normativa española a la Carta Social Europea. Por su parte, la CEOE ha aprovechado la reunión para trasladar al Ministerio de Trabajo su "malestar" por impulsar iniciativas, a su juicio, sin el debido diálogo social, alterando acuerdos previos e interfiriendo en la negociación colectiva.

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