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(Cinco Días, 08-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas pone el foco en clientes con más de 50 millones de patrimonio

La cúpula de la Unión Europea ha intensificado su ofensiva contra el blanqueo de capitales, situando a las entidades financieras como actores clave en esta lucha. En este contexto, la banca privada -que en España gestiona más de un billón de euros- queda bajo especial vigilancia. Bruselas prevé endurecer los controles sobre clientes con patrimonios superiores a 50 millones de euros, en el marco de una normativa que desarrollará la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA) y que entrará en vigor en julio del próximo año. El supervisor español, el Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, lleva tiempo advirtiendo de que la banca privada presenta mayores riesgos en este ámbito. La normativa europea ya reconoce que las entidades dedicadas a la gestión patrimonial son más susceptibles de ser utilizadas por clientes que intentan ocultar el origen de sus fondos. Sin embargo, todavía no existe una definición homogénea de lo que se considera banca privada en la UE. Uno de los futuros textos legales fija un umbral claro a partir del cual se intensifican las alertas: los 50 millones de euros de patrimonio, generalmente repartidos entre distintas entidades y países. Aun así, los bancos no estarán obligados a exigir al cliente una justificación detallada de cada euro, sino que deberán estimar internamente si se supera ese nivel, al menos hasta que AMLA publique una metodología más precisa, previsiblemente en 2027. El reglamento comunitario, aunque no menciona expresamente la "banca privada", advierte de que la gestión de activos para personas con gran riqueza conlleva riesgos específicos, especialmente por la complejidad y personalización de estos servicios. En estos casos, y siempre que exista un riesgo elevado de blanqueo, deberán aplicarse controles reforzados. Además del umbral de 50 millones, la normativa introduce otra referencia relevante: los cinco millones de euros gestionados. Cuando una entidad administre esa cantidad para clientes que superen el primer umbral, deberá incrementar aún más la vigilancia. Si concurren ambas circunstancias, el reglamento establece tres exigencias inmediatas: implantar medidas específicas para mitigar riesgos en productos personalizados, recabar información adicional sobre el origen de los fondos y reforzar la independencia de los departamentos de cumplimiento mediante mecanismos que eviten posibles influencias de grandes clientes. Según explica José María Olivares, socio de finReg360, en España ya es habitual que las entidades pidan a sus clientes que justifiquen el origen de su patrimonio, aunque la nueva normativa implicará cambios relevantes en aspectos como la gobernanza, la evaluación del riesgo o los sistemas de alerta. Otro aspecto clave es la identificación del titular real de los activos. En la banca privada es frecuente el uso de sociedades instrumentales, estructuras opacas o fundaciones para organizar grandes patrimonios. La nueva regulación endurece los requisitos para identificar a las personas físicas que están detrás de estas estructuras, eliminando ambigüedades y estableciendo métodos más estrictos para rastrear la cadena de control. Pese a estos avances, el marco normativo aún no está completamente definido. Expertos del sector señalan la necesidad de concretar mejor qué se entiende por banca privada y a partir de qué niveles de patrimonio o grado de personalización se aplican estas reglas. La AMLA ya está en funcionamiento y trabaja en el desarrollo técnico de la normativa, aunque será en 2028 cuando asuma plenamente sus competencias, incluida la supervisión directa de unas 40 entidades o grupos financieros. Entre los criterios para seleccionar a estas instituciones se tendrá en cuenta, entre otros factores, el número de clientes con más de cinco millones bajo gestión y patrimonios superiores a 50 millones de euros.

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(El Economista, 08-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Alivio en los mercados: el petróleo corrige un 15% y las bolsas europeas anticipan subidas del 5%

El anuncio, con efecto inmediato, de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, junto con el compromiso de Teherán de garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz mientras se negocia un acuerdo definitivo, ha provocado una reacción muy intensa en los mercados, de las que suelen quedar en la memoria durante mucho tiempo. El petróleo ha registrado fuertes caídas, con descensos superiores al 16% en el caso del Brent a lo largo de la mañana. Al mismo tiempo, los futuros de Wall Street anticipan subidas superiores al 2% en la apertura, mientras que las bolsas europeas apuntan a avances incluso por encima del 5%. Este movimiento viene acompañado de una subida en el precio de los bonos del Tesoro, impulsada por la expectativa de menores presiones inflacionistas, lo que ha reactivado las apuestas por posibles bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal. Por su parte, el dólar, que había actuado como refugio durante la crisis, cede cerca de un 1%. En este contexto, el Ibex 35 podría superar la cota de los 17.800 puntos, un nivel relevante desde el punto de vista técnico. No es solo una cifra simbólica, sino una referencia que separa un simple rebote dentro de una fase débil de la posibilidad de construir una tendencia más estable, incluso con cierto sesgo positivo. Según explica Joan Cabrero, analista de Ecotrader, en ese nivel confluyen referencias técnicas importantes, como el 61,8% de recuperación de la caída desde los máximos de febrero y la recuperación de dos tercios del descenso, un umbral que, según la teoría de Dow, suele marcar la diferencia entre un rebote puntual y un movimiento de mayor consistencia. A su juicio, el mercado aún no muestra una fortaleza plena, pero sí señales de que hay inversores dispuestos a sostener los precios y a dar continuidad al rebote más allá de un simple movimiento puntual. Los inversores interpretan que la caída del petróleo puede contribuir a moderar la inflación y favorecer el crecimiento económico. No obstante, algunos expertos llaman a la prudencia, recordando que, aunque la situación se ha calmado, no hay garantías de estabilidad a largo plazo y conviene evitar decisiones precipitadas. Desde esta perspectiva, el escenario actual se valora positivamente en comparación con alternativas más negativas, ya que al menos se ha evitado un desenlace más adverso. En Europa, la atención se centra en si el EuroStoxx 50 es capaz de superar la zona comprendida entre los 5.900 y 5.930 puntos. Lograrlo reforzaría la credibilidad del rebote y reduciría el riesgo de que se trate solo de un movimiento dentro de un contexto más débil, abriendo la puerta a una fase más lateral que bajista. En cuanto al análisis técnico, los niveles de retroceso del 23,6%, 38,2% y 61,8% tienen su origen en la sucesión de Fibonacci, descubierta en el siglo XIII. Estas proporciones, que aparecen en numerosos fenómenos naturales, también se observan en los mercados financieros. Cuando un activo sube con fuerza, es habitual que se produzcan correcciones en las que los inversores ajustan posiciones y recogen beneficios. Estos retrocesos no suelen ser aleatorios, sino que tienden a detenerse en niveles donde se restablece el equilibrio entre oferta y demanda. Entre ellos, el 38,2% destaca como uno de los más relevantes en fases en las que la tendencia necesita consolidarse antes de continuar.

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(La Vanguardia, 07-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Fedea alerta del riesgo de “alta discrecionalidad” en las medidas del decreto anticrisis

Excesiva discrecionalidad. Ese es el principal reproche que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha señalado respecto al Real Decreto ley aprobado por el consejo de ministros, que incluye medidas destinadas a mitigar los efectos económicos de la crisis derivada de la guerra en Irán. El think tank subraya que, aunque las modificaciones en la regulación de los permisos de acceso y conexión a la red para instalaciones de consumo, así como las medidas para impulsar el despliegue de energías renovables, almacenamiento y electrificación, son acertadas, estas dejan un margen significativo de discrecionalidad. Según Fedea, el decreto "abre la puerta a utilizar las restricciones de acceso y conexión a la red como instrumento de política industrial, privilegiando determinados proyectos considerados estratégicos o de alta prioridad frente a otros". El investigador Diego Rodríguez pone el foco en el concepto de "proyectos de alta prioridad", que el decreto sitúa en un lugar preferente para el acceso a la red. Según Rodríguez, esto altera el criterio vigente, que se basaba en el orden temporal de solicitud de las empresas. "La definición actual es tan amplia que permite someter el acceso a la red a un elevado grado de discrecionalidad, al quedar en manos de la Administración decidir qué proyecto se considera estratégico", advierte. El decreto establece que la decisión sobre qué proyectos se consideran de alta prioridad corresponderá a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta de un nuevo Comité de Inversiones Estratégicas. Rodríguez alerta de que "una definición vaga y su demora pueden provocar pérdida de oportunidades de inversión clave, menor competitividad y un despliegue desordenado de proyectos". Entre los sectores más afectados por esta disposición se encuentra el de los centros de datos. Según el análisis, ha habido un acaparamiento de permisos de conexión por parte de promotores, reales o ficticios, situación similar a la observada en almacenamiento con baterías o electrolizadores para hidrógeno renovable. El decreto prevé además un régimen específico de acceso y conexión para estos centros, con posibles requisitos sobre origen renovable de la electricidad, eficiencia energética, uso del agua o contribución a la soberanía digital, criterios que Rodríguez considera "ajenos al procedimiento de acceso a la red". Más allá de esta advertencia sobre la discrecionalidad, Fedea valora de manera positiva el conjunto de medidas del Real Decreto ley. El informe destaca, por ejemplo, la creación de una nueva prestación económica mensual por reserva de capacidad y la fijación de estrictos hitos de caducidad para frenar el acaparamiento y la especulación con permisos de conexión de proyectos paralizados. También celebra la recuperación de las medidas de apoyo a los consumidores implementadas durante la crisis de Ucrania.

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(Expansión, 02-04-2026) | Fiscal

Hacienda pone fin a la incertidumbre de miles de autónomos y publica la prórroga de los límites de facturación de módulos

La Agencia Tributaria ha emitido una nota técnica que, en la práctica, implica la prórroga de los límites de facturación que permiten a los autónomos acogerse al régimen de módulos. Al igual que ocurrió el año anterior, el Ministerio de Hacienda, ahora dirigido por Arcadi España, ha optado por extender estos umbrales para quienes tributan en estimación objetiva mediante este procedimiento. La medida se ha adoptado en el último momento, después de que el Congreso rechazara su inclusión tanto en el decreto ómnibus de enero como en el posterior decreto del llamado "escudo social". Además, se produce tras la decisión de la anterior ministra, María Jesús Montero, de prolongar el sistema al menos hasta el 31 de diciembre de este año a través de una orden ministerial aprobada en noviembre. Gracias a esta prórroga, los trabajadores autónomos con ingresos inferiores a 125.000 o 250.000 euros anuales -según facturen a empresas o a particulares- podrán seguir tributando bajo este sistema, cuya continuidad estaba en duda. De no haberse aprobado, estos límites se habrían reducido a la mitad, lo que habría dejado fuera del régimen a cerca de 350.000 autónomos. Como viene ocurriendo desde hace más de diez años, el sistema de módulos seguirá vigente hasta finales de año. Antes de esa fecha, Hacienda deberá decidir si lo mantiene para el siguiente ejercicio o lo elimina, una cuestión que sigue generando debate entre los expertos fiscales sobre su utilidad en el sistema tributario actual. El régimen de estimación objetiva consiste en pagar una cantidad fija en las declaraciones trimestrales de IRPF e IVA, en lugar de tributar en función del beneficio real obtenido (ingresos menos gastos). Esta cuantía se calcula a partir de ciertos indicadores del negocio, como el tamaño del local, el número de mesas, el consumo eléctrico o el personal empleado. En la práctica, este método suele suponer una menor carga fiscal en comparación con la estimación directa, ya que la cuota estimada acostumbra a ser inferior a la que resultaría de aplicar los datos reales de facturación. No obstante, posteriormente la Agencia Tributaria puede ajustar estas cifras en la declaración anual de la Renta o en la última liquidación trimestral del IVA, que se presenta en enero del año siguiente.

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(Expansión, 02-04-2026) | Fiscal

Los parches presupuestarios superaron los 120.000 millones en el último año

El Gobierno ha sorteado las restricciones derivadas de la prórroga presupuestaria mediante la aprobación de ampliaciones de crédito por valor de 77.000 millones de euros, junto con transferencias entre ministerios que suman otros 41.000 millones. En conjunto, el Ministerio de Hacienda ha incrementado en un 250% los ajustes presupuestarios para adaptar las cuentas de 2023 a la realidad de 2025. El ejercicio 2025 comenzó con la prórroga automática de los Presupuestos de 2023, pero al cierre del año el Ejecutivo había autorizado ampliaciones, modificaciones y reasignaciones de crédito entre distintos departamentos por un total de 120.000 millones de euros, alterando significativamente el diseño inicial. Cabe destacar que el Gobierno no ha presentado ningún nuevo proyecto presupuestario durante la legislatura, incumpliendo así su obligación constitucional, en parte por el riesgo de no lograr su aprobación en un Parlamento fragmentado, donde cada apoyo político resulta más costoso. Como consecuencia, ha encadenado tres prórrogas consecutivas, una situación inédita que ha gestionado ampliando su margen para modificar las cuentas sin necesidad de aprobación parlamentaria. Según los datos recopilados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), entre enero y septiembre de 2025 se aprobaron modificaciones presupuestarias por unos 124.000 millones de euros. Esta cifra incluye más de 47.000 millones en ampliaciones de crédito, 9.400 millones en suplementos, 5.400 millones en créditos extraordinarios, 9.900 millones procedentes de remanentes y 20.700 millones generados por mayores ingresos públicos, en un contexto en el que la recaudación tributaria superó por primera vez los 325.000 millones de euros. En total, los datos oficiales reflejan un incremento del crédito disponible de 92.400 millones de euros, compensado parcialmente por anulaciones y ajustes por valor de 15.500 millones, lo que deja un aumento neto de 76.950 millones. Al mismo tiempo, Hacienda ha hecho uso de su capacidad para reorganizar fondos, redistribuyendo más de 41.000 millones de euros mediante transferencias entre distintos programas y ministerios. En conjunto, estos cerca de 124.000 millones en modificaciones suponen un notable aumento respecto a los 95.500 millones registrados en 2024, lo que evidencia las tensiones de gestionar unas cuentas prorrogadas. Si se compara con 2023, último año con presupuestos aprobados, cuando las modificaciones ascendieron a 36.000 millones, el incremento en 2025 alcanza el 244%. Entre los principales ajustes destaca el incremento del gasto en Defensa hasta el 2% del PIB, en línea con los compromisos con la OTAN, llevado a cabo sin pasar por el Parlamento. Para ello se movilizaron 10.500 millones de euros, de los cuales 6.300 correspondieron a ampliaciones de crédito y 4.200 a transferencias desde otros ministerios. Asimismo, se realizaron ajustes para destinar 30.000 millones adicionales al pago de la deuda pública, 18.000 millones al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones -encargado de las pensiones-, 10.000 millones a Industria y 17.000 millones al área de Economía.

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(El País, 02-04-2026) | Fiscal

Todos los trabajadores por cuenta propia están obligados desde 2023 a presentar la declaración de la renta

A diferencia de los trabajadores por cuenta ajena, los autónomos tributan con independencia de sus ingresos, aunque tienen la opción de deducir determinados gastos vinculados a su actividad profesional, siempre que estén debidamente justificados y documentados, según indican los especialistas. Para ello, es imprescindible estar dado de alta tanto en Hacienda como en la Seguridad Social, ya que los gastos realizados antes de ese momento no pueden incluirse como deducibles. Álvaro Viqueira, técnico de ATA, recuerda que en cualquier deducción "la responsabilidad de demostrarla recae en el autónomo", por lo que recomienda consultar ante cualquier duda. En la misma línea, Valeria Hernández, experta fiscal de TaxDown, aconseja contar con asesoramiento profesional. Con el inicio de la campaña de la renta el próximo 8 de abril, estas son algunas pautas clave para reducir la carga fiscal. En cuanto a los gastos deducibles, los expertos coinciden en que deben estar directamente relacionados con la actividad económica. Viqueira insiste en que debe existir una conexión clara. Francisco Serantes, de la AEDAF, señala que cuando llega el momento de hacer la declaración hay poco margen de maniobra, por lo que recomienda conservar todas las facturas durante el año. Además, matiza que no solo son deducibles los gastos imprescindibles, sino también aquellos que resulten útiles o convenientes para mejorar la actividad y los ingresos. Otro requisito fundamental es disponer de un justificante adecuado, preferiblemente una factura completa. Serantes advierte que los tickets suelen generar problemas, y Hernández añade que, además de la factura, el gasto debe estar registrado en los libros contables. Entre los gastos que pueden deducirse figuran la cuota de autónomos -deducible en su totalidad-, el alquiler de un local si se trabaja fuera del domicilio, o parte de los suministros si la actividad se desarrolla en casa (hasta un 30% proporcional). También se incluyen servicios profesionales como gestoría o asesoría, material de oficina, equipos informáticos, mobiliario, software, así como gastos en publicidad y marketing digital. En algunos casos no es necesaria una factura, pero sí un justificante de pago, como ocurre con las cuotas a la Seguridad Social, seguros o ciertos tributos como el IBI o la tasa de basuras. No todos los conceptos son deducibles. Por ejemplo, las aportaciones a planes de pensiones reducen la base imponible del IRPF, pero no se consideran gasto de la actividad. Solo son deducibles las cotizaciones obligatorias. Tampoco pueden deducirse sanciones, multas o pérdidas derivadas del juego. Existen gastos especialmente difíciles de justificar, como los relacionados con telefonía o vehículos. En el caso del móvil, es necesario demostrar que su uso es exclusivamente profesional, algo complicado si no hay varias líneas. En cuanto al coche, solo puede deducirse al 100% si se destina íntegramente a la actividad, algo que Hacienda limita a ciertos sectores como transporte, taxis o comerciales. Respecto a las subvenciones públicas recibidas en 2025, deben declararse en el IRPF. Para ello, hay que distinguir entre subvenciones corrientes, que se incluyen íntegramente como ingresos, y de capital, que se imputan de forma progresiva mediante amortización. El llamado kit digital suele tratarse como subvención corriente. Entre las novedades de este año destaca un mayor control sobre los pagos realizados mediante Bizum. También se permite amortizar libremente vehículos eléctricos y puntos de recarga adquiridos en 2024 o 2025. Además, los autónomos podrán reflejar en la declaración las regularizaciones de sus cotizaciones a la Seguridad Social, adaptadas desde 2023 a sus ingresos reales, gracias a nuevas casillas específicas en el modelo de IRPF.

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(El País, 02-04-2026) | Fiscal

Los impuestos representan cerca de la mitad del precio de la gasolina en España

En España, el precio final de los combustibles en las gasolineras está determinado principalmente por tres elementos: el coste del producto (petróleo o carburante refinado), el margen de distribución y los impuestos. Según datos de la CNMC, los impuestos suelen suponer aproximadamente el 50% del precio de la gasolina y alrededor del 43% en el caso del diésel. Por su parte, el coste del carburante representa cerca del 31% en la gasolina y el 36% en el diésel, mientras que el margen de distribución se sitúa en torno al 19% y el 21%, respectivamente. Estas proporciones son orientativas y pueden variar en función del mercado, tomando como referencia la media de 2025. El peso de cada componente cambia según el contexto. En épocas de precios bajos, como en 2016, los impuestos llegaron a representar hasta el 57% del precio de la gasolina. Sin embargo, en momentos de alta volatilidad o encarecimiento, como en 2022 tras el inicio de la guerra en Ucrania, su peso relativo disminuye, ganando protagonismo el coste del producto. A pesar de estas variaciones, el impuesto sobre hidrocarburos sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos públicos dentro de los impuestos especiales. En 2025, generó más de 12.300 millones de euros, lo que supone más de la mitad de la recaudación de estos tributos y cerca del 4% del total ingresado por el Estado. Además, los carburantes están gravados con otras cargas, como el IVA, tasas medioambientales y contribuciones a reservas estratégicas. Recientemente, el Gobierno redujo temporalmente algunos de estos impuestos y aplicó ayudas directas, lo que ha permitido abaratar el precio por litro en casi 0,30 euros (0,293€) en la gasolina y unos 0,24 euros (0,239€) en el diésel, según el sector.

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(Expansión, 02-04-2026) | Laboral

El Estado inyecta 63.000 millones de los impuestos a la Seguridad Social para pagar pensiones

El sistema requiere 52.990 millones de euros en transferencias, lo que supone un aumento del 10% respecto al año anterior, además de un préstamo de 10.003 millones destinado a cubrir los pagos de pensiones y otras prestaciones contributivas. Actualmente, una cuarta parte del gasto en pensiones no se financia con cotizaciones sociales de trabajadores y empresas, sino con aportaciones procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, de los impuestos. En concreto, estas transferencias representan el 24% de los ingresos de la Seguridad Social destinados a afrontar pensiones y prestaciones contributivas. En 2025, el sistema de pensiones recibió transferencias por un total de 52.990 millones de euros, lo que implica un incremento de 4.870 millones respecto al año anterior. A esta cantidad se añade un préstamo de 10.003 millones -establecido inicialmente en los Presupuestos de 2023 y prorrogado posteriormente- que se utilizó íntegramente para financiar pensiones y prestaciones, cuyo coste total alcanzó los 240.169 millones de euros. Así, además de los ingresos habituales por cotizaciones, que ascendieron a 176.918 millones (un 6,8% más, con un aumento de 11.41 millones), la aportación procedente de impuestos llegó a 62.993 millones de euros. Conviene señalar que tanto la reforma de las pensiones como las recomendaciones del Pacto de Toledo han consolidado estas transferencias como un elemento clave para equilibrar las cuentas del sistema. De hecho, sin estas aportaciones externas, el déficit de la Seguridad Social superaría los 60.000 millones de euros, una cifra muy superior a los 7.387 millones comunicados oficialmente, que incluyen todas las fuentes de financiación. Ese desfase se conoce como déficit contributivo. Aunque el recurso a esta financiación adicional no es nuevo, en épocas de mayor equilibrio del sistema apenas alcanzaba los 8.000 millones (7.827 millones en 2005). Sin embargo, estas aportaciones han crecido de forma notable desde 2019, cuando el actual Gobierno retomó la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Entre 2005 y 2018, las transferencias aumentaron en 10.254 millones (un 131%), mientras que entre 2018 y 2025 el incremento ha sido de 34.909 millones (un 193%). Como consecuencia del aumento de estos compromisos financieros, la deuda de la Seguridad Social -derivada en gran parte de los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General- alcanzó los 135.000 millones de euros el pasado año, lo que supone un 7,9% más que en 2024, según el Banco de España. Desde el Gobierno se defiende que la financiación mediante ingresos tributarios es una práctica común en otros países europeos, ante la insuficiencia de las cotizaciones para cubrir el gasto en prestaciones contributivas. No obstante, algunos expertos advierten de que el gasto en pensiones podría aumentar al menos 3,5 puntos del PIB (desde el 13% actual), lo que obligaría a que la aportación estatal supere los 7 puntos del PIB anual, con el consiguiente impacto en la renta disponible de las futuras generaciones.

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(El Economista, 02-04-2026) | Laboral

Las horas "extra" no pagadas caen a su nivel mínimo en quince años a la espera del registro de jornada

Mientras dentro del Gobierno continúa el debate sobre la implantación de un nuevo sistema de control horario, el mercado laboral muestra una realidad distinta. La reforma pretende reducir las horas extra no pagadas, pero estas ya están en mínimos históricos desde 2011, y además las remuneradas representan alrededor del 60% del total, un nivel récord. En 2025 se realizaron menos horas extraordinarias que el año anterior, destacando una caída más acusada en las no pagadas, que alcanzan su nivel más bajo en años. La tendencia general refleja un aumento de las horas extra retribuidas y un descenso de las no remuneradas, ampliando la diferencia entre ambas. Desde 2011 se observan tres etapas: primero, una caída de las horas pagadas; después, entre 2012 y 2016, un predominio de las no pagadas; y, desde 2017, un cambio de tendencia con aumento de las retribuidas y reducción de las no pagadas. Este cambio coincide con la mejora económica, lo que sugiere que una mayor fortaleza empresarial reduce los abusos. No está claro si esta evolución responde solo al ciclo económico o también a la implantación del registro horario en 2019. Antes incluso de esa medida, ya se observaba un aumento de las horas pagadas y una reducción de las no pagadas. Sin embargo, la situación varía según el sector. En algunos ámbitos como inmobiliario, energía, tecnología, finanzas, consultoría y educación predominan las horas no remuneradas, mientras que en sectores como sanidad, industria, hostelería o construcción ocurre lo contrario. Resulta llamativo que los sectores de mayor cualificación concentren más horas extra sin pagar. Este contexto genera dudas sobre el nuevo sistema que plantea el Gobierno, especialmente por su posible impacto en las pymes. Además, los datos sugieren que incluso con sistemas más avanzados de control, algunos sectores podrían seguir concentrando un mayor volumen de horas extraordinarias no retribuidas.

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(El Economista, 02-04-2026) | Laboral

Las empresas pagan un 33% más en la cuota para llenar la "hucha de pensiones"

En 2025, la Seguridad Social alcanzó un máximo histórico en ingresos por cotizaciones, con un aumento del 6,85% hasta los 176.918 millones de euros. Este crecimiento se explica tanto por el aumento del empleo como por la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional destinada a reforzar el fondo de reserva de las pensiones. En concreto, la recaudación por este mecanismo creció casi un 33% respecto al año anterior, superando los 4.900 millones. El MEI se diseñó para fortalecer el sistema público y garantizar las pensiones futuras, permitiendo recurrir a ese fondo cuando aumente la presión sobre el sistema, algo que se prevé para la próxima década, con un fuerte incremento del número de jubilados. No obstante, hasta 2033 no se podrá utilizar este fondo, y será entonces cuando los Presupuestos determinen cuánto se puede retirar cada año. Desde su puesta en marcha en 2023, los ingresos generados por el MEI han crecido con fuerza, pasando de unos 2.700 millones iniciales a casi 5.000 millones en 2025. Para 2026 se espera superar los 5.200 millones, una cifra que podría ser aún mayor tras la subida del salario mínimo, que incrementa las bases de cotización. Este mecanismo forma parte de la reforma de pensiones acordada entre el Gobierno y los sindicatos, aunque no contó con el respaldo de la patronal. Además, su tipo de cotización aumenta progresivamente cada año, desde el 0,6% inicial hasta el 1,2% previsto en 2029, nivel que se mantendrá hasta 2050. La normativa también contempla ajustes si el gasto en pensiones se desvía de lo previsto, lo que podría implicar nuevas subidas de cotizaciones. En cuanto al fondo de reserva, se estima que cerró 2025 en torno a los 14.000 millones de euros, su nivel más alto en años, aunque todavía insuficiente para cubrir más de un mes de gasto en pensiones.

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