Noticias

(La Vanguardia, 26-03-2026) | Laboral

Trabajo tramitará el nuevo registro horario con solo pequeños cambios

En el Ministerio de Trabajo no han recibido bien ni el informe desfavorable del Consejo de Estado sobre el nuevo registro horario ni los análisis del Ministerio de Economía, a los que atribuyen haber influido de forma decisiva en esa valoración. Aun así, y dando por descontado el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el departamento mantiene su intención de seguir adelante con la norma, introduciendo únicamente ajustes puntuales, sin alterar sus elementos esenciales. La tramitación continuará con rapidez, lo que podría llevar el real decreto al Consejo de Ministros en pocas semanas. Se conservarán aspectos clave como la obligatoriedad de un registro digital y su accesibilidad para la Inspección de Trabajo. Eso sí, se prevén ciertos retoques para reforzar su solidez jurídica ante posibles recursos, como ampliar el margen de la negociación colectiva y reforzar las garantías en materia de protección de datos personales, dos de los puntos cuestionados por el Consejo de Estado. Por el contrario, no se contemplan medidas específicas para pequeñas empresas, pese a la insistencia de Economía, ya que desde Trabajo consideran que introducir diferencias supondría un trato desigual. Además, defienden que ya existen mecanismos que facilitan la adaptación de las empresas al nuevo sistema. El Ejecutivo recurrirá a la fórmula de "oído el Consejo de Estado", recordando que su dictamen no es vinculante. Según fuentes de Trabajo, este procedimiento ya se ha utilizado en numerosas ocasiones para aprobar normas pese a informes críticos. Así, la previsión es que el decreto siga su curso y sea aprobado en breve. No obstante, el contenido del dictamen podría servir de base para los recursos judiciales que ya ha anunciado la patronal CEOE. Este asunto ha intensificado el enfrentamiento entre los ministerios de Trabajo y Economía. La vicepresidenta Yolanda Díaz dejó clara su postura al afirmar públicamente que el Gobierno continuará adelante con el nuevo registro horario pese a las objeciones de Economía. Por su parte, el ministro Carlos Cuerpo defendió que comparten el objetivo de reducir la jornada laboral, aunque insiste en la necesidad de una aplicación equilibrada que tenga en cuenta especialmente a las pymes. Esta discrepancia refleja dos enfoques distintos: mientras Economía apuesta por facilitar la adaptación empresarial, especialmente de las pequeñas empresas, Trabajo interpreta esta postura como una resistencia que podría diluir el alcance de la medida. En definitiva, desde Trabajo se cuestiona la aparente alineación de Economía con los objetivos del nuevo registro horario.

LEER MÁS

(El Economista, 26-03-2026) | Laboral

La ley de transparencia salarial obligará a compensar las diferencias de más del 5% entre empleados

La futura ley de transparencia salarial obligará a las empresas a compensar a aquellos trabajadores que sufran diferencias retributivas frente a otros compañeros con el mismo puesto, formación y condiciones laborales cuando la brecha salarial alcance o supere el 5%. Esta normativa deriva de la Directiva europea sobre transparencia retributiva. Aunque los Estados miembros deben incorporarla a su legislación nacional a partir del 7 de junio de este año, España aún va con retraso y ni siquiera ha elaborado un borrador. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, indicó recientemente que el Ministerio de Trabajo pretende iniciar cuanto antes las negociaciones con empresarios y sindicatos para aprobar el texto lo antes posible. La Directiva introduce cambios profundos en las políticas salariales de las empresas, sin importar su tamaño. Entre otras medidas, obliga a analizar los sueldos para detectar posibles desigualdades a partir de un umbral del 5%, muy inferior al 25% que se considera actualmente. Si se identifican diferencias salariales entre trabajadores que desempeñan funciones equivalentes o por razón de género, las empresas deberán corregirlas o justificar objetivamente su existencia. En caso contrario, estarán obligadas a publicar en su web la brecha salarial -tanto global como por género- y a realizar una evaluación de las retribuciones junto con los representantes de los trabajadores. Según el despacho Ashurst, los empleados afectados podrán reclamar las cantidades no percibidas, intereses de demora, retribuciones variables pendientes e incluso indemnizaciones por vulneración de derechos fundamentales. El plazo para reclamar será de al menos tres años desde que el trabajador tenga conocimiento de la discriminación, y las acciones podrán ejercerse de forma individual o colectiva. Asimismo, la norma prevé sanciones para las empresas que no cumplan con las obligaciones de evaluación, información (obligatoria en compañías de más de 100 empleados) o corrección de las desigualdades salariales. Estas sanciones incluirán multas -pendientes de concretarse en la legislación española-, así como la posible pérdida de ayudas públicas y contratos con la Administración. Por otro lado, los trabajadores que acrediten una discriminación salarial podrán incluso rescindir su contrato, con derecho a una indemnización de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, además de una compensación por daños y perjuicios. La normativa también afectará a los procesos de selección: las empresas deberán informar del salario o rango salarial antes de la entrevista, y no podrán preguntar a los candidatos por su sueldo anterior, con el objetivo de evitar perpetuar desigualdades. En cuanto a los plazos, las compañías de más de 150 empleados deberán informar a su plantilla sobre la evaluación salarial antes de la fecha límite establecida, aunque es previsible que estos tiempos se retrasen debido al atraso en la transposición de la norma en España.

LEER MÁS

(Cinco Días, 26-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Ibex sube con fuerza y el petróleo cae un 6% ante la esperanza de un alto el fuego en Irán

Las expectativas de un posible acercamiento diplomático en Oriente Próximo, pese a los desmentidos de Irán y a los mensajes poco coherentes procedentes de Washington, están presionando a la baja el precio del petróleo y dando cierto impulso a las Bolsas. El Brent, referencia en Europa, cae alrededor de un 6% y se sitúa por debajo de los 100 dólares por barril. Este clima de optimismo contenido empuja a los principales índices europeos a avances cercanos al 1,5%, mientras que los futuros de Wall Street suben en torno al 1%. Aun así, la falta de claridad impide hablar de un escenario plenamente favorable. Desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump señaló que ha decidido suspender temporalmente su anterior amenaza de atacar infraestructuras energéticas iraníes "porque estamos negociando". Según indicó, existen conversaciones en curso y, a su juicio, el tono es razonable. Previamente se había conocido que Estados Unidos habría trasladado a Teherán, a través de intermediarios, un plan de paz con quince puntos, cuyos detalles no han trascendido. Sin embargo, como viene ocurriendo desde el inicio del conflicto, los mensajes conciliadores conviven con movimientos en sentido contrario: el Pentágono ha anunciado el envío de cerca de 3.000 efectivos de élite a la región. Mientras tanto, Irán niega cualquier contacto con Trump y advierte de que los precios del petróleo seguirán elevados. Durante la noche, además, se registraron nuevos ataques iraníes contra Israel. Aunque el crudo muestra hoy cierta moderación, sigue en niveles que generan preocupación, en torno a los 100 dólares, lo que alimenta las tensiones inflacionistas. El conflicto, que ya se prolonga cerca de un mes, más de lo previsto inicialmente, aumenta el riesgo de que los precios sigan al alza incluso si se alcanzara un alto el fuego. En este contexto, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha advertido que la institución está preparada para subir los tipos de interés en cualquier reunión con el objetivo de contener la inflación, en un entorno que califica de "profundamente incierto". Tras estas declaraciones, el euro se mantiene estable frente al dólar en torno a 1,16. Los mercados descuentan endurecimientos monetarios en Europa, Reino Unido, Japón y Australia, y no anticipan recortes en Estados Unidos. En renta variable, el Ibex 35 avanza un 1,6%, en línea con otros índices europeos: el CAC 40 de París sube un 1,5%, el FTSE 100 de Londres un 1% y el DAX alemán un 1,8%. Según Kerry Craig, estratega global de JP Morgan Asset Management, el mercado está reaccionando principalmente a los titulares, lo que explica el tono positivo actual, aunque persisten dudas sobre la evolución del conflicto y la posibilidad real de un alto el fuego. En una línea similar, Jasmine Duan, de RBC Wealth Management, señala que existe una inclinación a pensar que la guerra podría terminar pronto, aunque no haya certezas, lo que genera un alivio de riesgo a corto plazo. No obstante, la incertidumbre sobre la reanudación de las exportaciones de petróleo desde el Golfo Pérsico, incluso en caso de tregua, y el impacto económico de la subida del crudo -que acumula un alza del 35% desde el inicio de la guerra- han moderado el entusiasmo de los mercados. En el mercado español, Grifols lidera las subidas del Ibex con un avance del 8% tras anunciar la salida a Bolsa de su negocio de Biopharma en Estados Unidos. BBVA, Santander y Bankinter registran alzas cercanas al 2,5%, mientras que Acciona, Acerinox y Sacyr también superan el 2%. Por el contrario, Puig retrocede un 1,5% tras las fuertes subidas de la sesión anterior, en un contexto de negociaciones de fusión con Estée Lauder. Rebecca Babin, operadora sénior de energía en CIBC Private Wealth Group, destaca que el petróleo continúa siendo el principal motor del mercado en un entorno dominado por las noticias. La posibilidad de un alto el fuego temporal de 30 días estaría reduciendo los escenarios más negativos y la prima de riesgo, al tiempo que alivia las preocupaciones sobre la demanda. Desde el estallido del conflicto a finales de febrero, los mercados han mostrado una elevada volatilidad. Los movimientos de Estados Unidos reflejan la creciente presión por encontrar una salida al conflicto ante su impacto económico. Aun así, los detalles del plan de paz siguen siendo difusos. Trump ha señalado que cualquier acuerdo debería impedir que Irán desarrolle armas nucleares o enriquezca material radiactivo, aunque algunos inversores, como Qian Su de Indosuez Wealth Management, muestran escepticismo respecto a la credibilidad de estas propuestas.

LEER MÁS

(Cinco Días, 26-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El mercado del petróleo tardará entre tres y cinco meses en recuperar la normalidad tras un eventual alto el fuego

El estrecho de Ormuz no funciona como una puerta que se abre y se cierra sin dificultad. Más bien, este enclave clave -hoy en el centro de la tensión energética global- se comporta como un conducto que, una vez bloqueado, resulta muy complejo de volver a poner en marcha con normalidad. El tránsito marítimo se detuvo de forma inmediata tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, cuando navieras y aseguradoras anticiparon el riesgo incluso antes de posibles represalias iraníes. Sin embargo, su reapertura será progresiva y complicada, incluso en los escenarios más favorables. Aunque el conflicto finalizara de forma inmediata, el restablecimiento del suministro petrolero a niveles mínimos de normalidad requerirá meses. Reactivar las instalaciones detenidas, reparar aquellas dañadas y reorganizar el tráfico de cerca de 2.000 buques retenidos en el golfo Pérsico no será un proceso rápido. Además, el precio del petróleo y del gas seguirá incorporando una prima de riesgo derivada de un shock sin precedentes recientes. La recuperación completa del sector no se medirá en meses, sino en años. De hecho, Qatar ya ha invocado causa de fuerza mayor para incumplir contratos de suministro a largo plazo con países como China, Corea del Sur, Italia y Bélgica durante un periodo de cinco años. Según explica Jorge León, de Rystad Energy, incluso si el estrecho reabriera de inmediato, serían necesarios entre tres y cinco meses para recuperar cierta estabilidad en la oferta de crudo. La Agencia Internacional de la Energía ha calificado esta situación como la mayor amenaza registrada para la seguridad energética global. En apenas tres semanas, el precio del Brent ha subido un 45% y el del gas natural un 70%. La reapertura de Ormuz es, por tanto, una prioridad para la economía mundial, especialmente para Estados Unidos, donde el encarecimiento de los combustibles ya impacta directamente en el consumo y en el contexto político interno. El proceso de normalización presenta múltiples obstáculos. Primero, será necesario reactivar la producción en instalaciones paralizadas; después, reparar infraestructuras dañadas, como la planta de gas de Ras Laffan en Qatar; y, finalmente, descongestionar el tráfico marítimo acumulado. La magnitud del daño es considerable: más de 40 infraestructuras energéticas en nueve países han sufrido deterioros graves. Solo la afectación de Ras Laffan implica una pérdida equivalente a 12,8 millones de toneladas anuales, cerca del 17% de su capacidad exportadora y alrededor del 3% de la producción mundial. Además, el impacto a largo plazo ya es evidente, y la consultora Vortexa advierte de que se ha pasado de un problema logístico a una pérdida estructural de suministro que se prolongará durante años. A esto se suma el retraso en proyectos de expansión, que reducirá el crecimiento previsto de la capacidad global de gas natural licuado en 2028. En el caso del petróleo, la actividad en el estrecho se ha reducido prácticamente a mínimos, con apenas dos petroleros diarios en la última semana. El flujo de crudo ha caído un 98%, mientras que países productores como Arabia Saudí, Kuwait, Irak o Emiratos Árabes han visto limitada su capacidad al quedarse sin almacenamiento disponible. Goldman Sachs señala que el volumen de petróleo acumulado en buques retenidos ha aumentado en 74 millones de barriles desde finales de febrero, lo que sugiere que se está alcanzando el límite de almacenamiento flotante. Cuando el estrecho vuelva a operar, el petróleo ya cargado en estos buques será el primero en salir al mercado, mientras se reactivan las cadenas de producción. Cada petrolero de gran capacidad puede transportar entre dos y cuatro millones de barriles, con un valor aproximado de hasta 400 millones de dólares. Sin embargo, la salida no será inmediata, ya que el tráfico acumulado provocará importantes congestiones. Actualmente, unos 2.000 barcos y alrededor de 20.000 marineros permanecen bloqueados en la zona. La reanudación del tránsito exigirá una coordinación precisa del tráfico marítimo, similar a la que existe en el transporte aéreo. En el caso de Ormuz, esta gestión corresponde a Irán y Omán. La complejidad es elevada si se compara con otros puntos estratégicos como el estrecho de Gibraltar, donde circulan unos 300 barcos diarios bajo sistemas de control coordinados por España y Marruecos. Incluso tras el fin del conflicto, la normalización de la producción energética podría tardar entre uno y dos meses adicionales, según Edmond de Rothschild AM, lo que apunta a perturbaciones prolongadas en la oferta. Aunque la producción se recupere gradualmente, los daños estructurales y la incertidumbre geopolítica impedirán un retorno inmediato a los niveles de precios previos. El petróleo seguirá incorporando una prima de riesgo que, aunque se modere con el tiempo, no desaparecerá completamente. Esta crisis, considerada ya la mayor interrupción de suministro de petróleo registrada, ha puesto de manifiesto la fragilidad de las infraestructuras energéticas en Oriente Próximo y la elevada dependencia global de esta región. En este contexto, se espera que las autoridades refuercen las reservas estratégicas y que los mercados integren de forma permanente un componente de seguridad en los precios energéticos a largo plazo.

LEER MÁS

(Expansión, 26-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Comunidad Valenciana y Madrid, las comunidades que más crecerán en 2026

Según BBVA Research, factores como la solidez de las exportaciones y el atractivo de España como destino turístico seguro ayudarán a amortiguar, en determinadas regiones, el impacto que la guerra en Irán tendrá sobre la inflación y el crecimiento económico. El conflicto impulsado por Estados Unidos e Israel en Irán, con repercusiones en todo Oriente Próximo, ha incrementado la incertidumbre global, especialmente por su efecto en los precios de la energía. Este contexto ha deteriorado las expectativas de crecimiento a nivel mundial. Sin embargo, aunque España no es ajena a esta situación, se espera que resista mejor que otras grandes economías europeas, gracias a factores internos como la fortaleza del consumo privado y el buen comportamiento de las exportaciones, tanto turísticas como de otros servicios. En este escenario, BBVA Research mantiene su previsión de crecimiento del PIB español en el 2,4% para este año y también eleva al 2,4% su estimación para 2027. No obstante, el avance económico será desigual entre territorios. De acuerdo con su último Observatorio Regional, las comunidades que liderarán el crecimiento serán la Comunidad Valenciana (3%) y Madrid (2,7%), junto con Baleares, Canarias y Murcia, que registrarán aumentos del 2,5%. Estas cinco regiones serán las únicas en superar la media nacional. Aunque la guerra en Irán presionará al alza la inflación y a la baja el crecimiento, este efecto se verá compensado por el dinamismo de las exportaciones de servicios y, especialmente, por el llamado "efecto refugio" de España frente a otros destinos turísticos. Este fenómeno beneficiará en mayor medida a Madrid, Baleares y Canarias, siendo estas últimas las únicas regiones cuyas previsiones han mejorado respecto a comienzos de año. En la Comunidad Valenciana, el crecimiento estará impulsado principalmente por las inversiones vinculadas a la reconstrucción tras la dana, lo que favorecerá tanto la inversión como el sector de la construcción. Por su parte, Madrid combinará el impulso del turismo con la fortaleza de las exportaciones de servicios no turísticos y la inversión, especialmente en activos intangibles, considerados un elemento diferencial. A ello se sumará el aumento del gasto en Defensa, que también favorecerá a regiones como Andalucía y, en menor medida, Murcia, donde además se prevé una mejora del turismo nacional. En Cataluña, cuyo crecimiento se situará en el 2,4% en 2026, en línea con la media nacional, la economía se verá afectada por factores como la peste porcina, que perjudica a las exportaciones cárnicas, así como por problemas en infraestructuras y la desaceleración de las exportaciones de bienes. No obstante, el turismo podría compensar parcialmente estos efectos negativos. En el extremo opuesto, Castilla y León y Extremadura registrarán los menores crecimientos, con un 1,8%, seguidas de Aragón, que se quedará en el 1,9%.

LEER MÁS

(Expansión, 25-03-2026) | Fiscal

Luz verde al decreto que obliga a pymes y autónomos a la factura electrónica

El Gobierno calcula que la orden ministerial que definirá los detalles técnicos de la futura Solución Pública de Factura Electrónica, desarrollada por la Agencia Tributaria, verá la luz antes del verano, según indicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. A partir de ese momento comenzará el plazo para su aplicación obligatoria: un año para las empresas con una facturación superior a 8 millones de euros y dos años para aquellas que no lleguen a esa cifra. Tras un largo proceso, el Consejo de Ministros ha aprobado finalmente este martes el real decreto que regula la implantación de la factura electrónica obligatoria para empresarios y profesionales. Con ello, se fija un calendario más concreto para su puesta en marcha, prevista también antes del verano. Esa será la fecha aproximada en la que el Ministerio de Hacienda publicará la orden que establecerá los aspectos técnicos de esta solución pública, lo que activará los plazos de adaptación: un periodo transitorio de un año para quienes superen los 8 millones de euros de facturación anual y de dos años para quienes se sitúen por debajo de ese límite. "Esperamos, según nuestras previsiones, que esta orden ministerial y la solución pública comiencen su desarrollo antes del verano", señaló Carlos Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Si se cumplen estos plazos, las empresas con mayor volumen de ingresos deberán adaptarse antes del verano de 2027, mientras que el resto tendrá de margen hasta el verano de 2028. El inicio de estos plazos coincidirá con la publicación de la orden de Hacienda relativa a la plataforma pública, que será gratuita y de uso opcional. No obstante, las empresas podrán seguir utilizando plataformas privadas de facturación ya existentes, siempre que cumplan con la obligación de interoperar entre sí, tal y como establece el nuevo real decreto. El objetivo principal de esta normativa es fomentar la digitalización y automatización de los procesos de facturación, con la intención de reducir costes y acortar los plazos de pago. Según el ministro, uno de los principales problemas que frenan el crecimiento empresarial es la falta de liquidez. Esta situación se debe, en gran medida, a los retrasos en los pagos a proveedores, que rondan los 80 días, superando tanto a otros países como el límite legal de 60 días. Además, este problema es más acusado en las grandes empresas: menos del 20% de sus facturas se abonan dentro del plazo, frente al 50% en el caso de las microempresas.

LEER MÁS

(Expansión, 25-03-2026) | Fiscal

La parálisis fiscal condena al mercado inmobiliario: los impuestos son ya el 25% del precio de la vivienda

El mercado de la vivienda en España vive una situación de fuerte presión, caracterizada por el aumento continuo de los precios y la falta de oferta, lo que dificulta el acceso a una vivienda para buena parte de la población. En este contexto, los expertos coinciden en que el sistema fiscal vigente no solo no contribuye a mejorar el problema, sino que además encarece los inmuebles y frena el desarrollo de nuevas promociones. Este análisis centró el debate en el Encuentro EXPANSIÓN Fiscal, donde se abordó el efecto de la política tributaria sobre el sector inmobiliario. En el evento participaron Gonzalo Bernardos, profesor de Economía y director del máster inmobiliario de la Universidad de Barcelona; Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE); y Juan Linares, responsable de asesoría fiscal de Ibercaja. Los tres coincidieron en criticar cómo la actual carga impositiva condiciona tanto la compra como el alquiler. Bernardos abrió el turno con una descripción detallada de los costes que afronta un promotor, distinguiendo entre impuestos directos, exigencias normativas difíciles de cumplir y costes ocultos. Según explicó, entre promotores y desarrolladores de suelo pueden llegar a afrontar más de diez tributos, lo que, junto con las exigencias del Código Técnico de la Edificación, hace prácticamente imposible construir viviendas a precios asequibles. De hecho, señaló que en gran parte del país no es viable ofrecer viviendas por debajo de los 3.500 euros por metro cuadrado. El economista destacó especialmente lo que denomina el "impuesto invisible": los largos plazos para obtener licencias. Puso como ejemplo Cataluña, donde los permisos pueden tardar más de dos años, generando incertidumbre, desincentivando la inversión y reduciendo la oferta. En el ámbito del alquiler, cuestionó las políticas dirigidas a proteger a los colectivos vulnerables, argumentando que han llevado a muchos propietarios a retirar sus viviendas del mercado o a endurecer los requisitos para los inquilinos. También apuntó que el elevado precio de la vivienda obliga a muchos jóvenes a depender del apoyo económico familiar, generando una transferencia creciente de recursos de padres a hijos. Por su parte, Gregorio Izquierdo aportó una visión centrada en la eficiencia y la competitividad, afirmando que el sector inmobiliario es uno de los más regulados de la economía española. A su juicio, el problema no radica en el mercado en sí, sino en la falta de oferta y en el exceso de impuestos. Estimó que la carga fiscal supone alrededor del 25% del precio final de una vivienda, lo que dificulta el acceso para muchos ciudadanos. Izquierdo describió además un sistema de "sobreimposición", en el que se acumulan distintos tributos -como el ITP, el IVA, el ICIO o tasas municipales-, en ocasiones sin relación directa con los servicios prestados. Criticó la falta de coordinación entre administraciones, lo que provoca que un mismo activo tribute varias veces por conceptos similares. También subrayó el desequilibrio entre lo que el Estado recauda del sector -unos 50.000 millones de euros anuales- y lo que invierte en vivienda, que apenas alcanza el 0,4% del PIB. Como solución, propuso liberalizar suelo y establecer límites fiscales que fomenten la competencia entre territorios. Finalmente, Juan Linares ofreció la perspectiva del sector financiero, señalando que la banca ha pasado de ser un problema en crisis anteriores a convertirse en parte de la solución, gracias a mejores condiciones de financiación. Sin embargo, coincidió en que el esfuerzo financiero se ve limitado por la elevada carga fiscal, que encarece el acceso a la vivienda. Linares destacó que los impuestos no solo afectan a la compra, sino que también reducen la oferta de alquiler al penalizar tanto la venta como el arrendamiento. Señaló además que las donaciones familiares han aumentado un 25% en los últimos cinco años, precisamente para cubrir los costes que la financiación hipotecaria no alcanza. A su juicio, el principal obstáculo ya no es tanto el crédito como la carga administrativa y fiscal. Como medidas, propuso recuperar incentivos como la deducción por vivienda habitual o la cuenta vivienda, y planteó tratar los ingresos del alquiler de forma similar a los del ahorro para favorecer el mercado.

LEER MÁS

(Expansión, 25-03-2026) | Fiscal

Las diez principales novedades de la campaña

La campaña de la Renta arranca el próximo 8 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio, o hasta el 25 de junio en caso de domiciliar el primer pago. Este ejercicio incorpora diversas novedades, recogidas por EXPANSIÓN y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), entre las que destacan las siguientes: 1. Rendimientos de actividades artísticas. Uno de los cambios más relevantes afecta a la fiscalidad de los ingresos obtenidos de forma irregular en el ámbito artístico. Así, los rendimientos del trabajo procedentes de la creación de obras literarias, artísticas o científicas -cuando impliquen la cesión de derechos de explotación-, así como los derivados de la relación laboral especial de artistas en artes escénicas, audiovisuales o musicales, podrán aplicar una reducción del 30% sobre la parte de ingresos que exceda el 130% de la media obtenida en los tres años anteriores. Esta medida también se aplica a quienes realizan labores técnicas o auxiliares dentro de este sector, reconociendo la irregularidad de sus ingresos. 2. Tributación del ahorro. En 2025 también se modifica la escala del ahorro, incrementando en dos puntos el tipo máximo. De este modo, pasa del 28% al 30% para las bases que superen los 300.000 euros. 3. Actividades agrícolas y ganaderas. En el ámbito agrario, se eliminan algunas ayudas fiscales temporales. Desaparece la deducción del 35% por el gasóleo agrícola y la del 15% por fertilizantes. Además, se suprimen ciertos índices correctores utilizados para calcular el rendimiento neto, como los relacionados con piensos adquiridos o cultivos en regadío. 4. Rescate de planes de pensiones. Desde 2025 será posible rescatar aportaciones a planes de pensiones con más de diez años de antigüedad sin necesidad de justificar una causa concreta. Esto amplía la liquidez de estos productos, que antes solo podían hacerse efectivos en situaciones específicas como jubilación o incapacidad. Fiscalmente, las cantidades seguirán tributando como rendimientos del trabajo. Se mantiene, además, la reducción del 40% para aportaciones anteriores a 2007, siempre que se rescaten en forma de capital y dentro de los plazos establecidos. 5. Vehículos eléctricos. Se prorrogan durante todo 2025 las deducciones por la compra de vehículos eléctricos o de pila de combustible, así como por la instalación de puntos de recarga. 6. Eficiencia energética en viviendas. Algunas medidas previstas en el Real Decreto-ley 9/2024, pese a no haber sido convalidado, han tenido efectos en el inicio de 2025. Entre ellas, la ampliación de deducciones por obras de mejora energética en viviendas (del 20% y 40%), aunque solo aplicables en casos muy concretos, como contribuyentes fallecidos en enero de 2025. 7. Salario mínimo interprofesional. Se introduce una deducción para quienes perciban el salario mínimo y hayan sufrido retenciones, con el objetivo de compensar dichas cantidades en la declaración. 8. Indemnizaciones por despido. Con efectos desde 2026, se aclara que las indemnizaciones pactadas ante el SMAC no se consideran fruto de acuerdos privados, lo que permite aplicar la exención prevista en el IRPF. 9. Pensiones alimenticias de padres divorciados. Se amplía la exención de las anualidades por alimentos cuando estas se establezcan en convenios formalizados ante letrado de la Administración de Justicia o en escritura notarial, incorporando así un criterio ya habitual en la práctica. 10. Indemnizaciones por responsabilidad civil. También a partir de 2026, la exención por indemnizaciones por daños personales se extiende a aquellas acordadas mediante mediación u otros sistemas extrajudiciales, siempre que se formalicen ante notario y participen terceros imparciales. En conjunto, estas novedades introducen ajustes tanto en la fiscalidad del ahorro y determinados sectores como en deducciones e incentivos, además de ampliar la flexibilidad en algunos instrumentos de previsión y clarificar el tratamiento de determinadas rentas.

LEER MÁS

(El Economista,25-03-2026) | Fiscal

Nace el Observatorio de los Derechos y Garantías del Contribuyente para "vigilar a quienes nos vigilan"

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha puesto en marcha un nuevo organismo que integrará a expertos del ámbito académico, jurídico y fiscal con el objetivo de denunciar lo que consideran una actuación desproporcionada de la Agencia Tributaria en su relación con los contribuyentes. Según la asociación, el aumento de la presión fiscal, mediante mecanismos que en su opinión resultan difíciles de compatibilizar con los derechos fundamentales propios de una sociedad democrática, ha motivado la creación del denominado Observatorio de los Derechos y Garantías del Contribuyente. Este órgano nace con la finalidad de supervisar la actuación de la Administración tributaria, en palabras de la propia organización, "vigilar a quienes ejercen la vigilancia". Durante su presentación, Aedaf explicó que el Observatorio no estará formado únicamente por asesores fiscales, sino que también contará con profesionales procedentes del mundo universitario, del ámbito judicial y del sector privado. Su labor consistirá en analizar situaciones que consideren especialmente sensibles y elaborar, al cierre de cada ejercicio, un informe con conclusiones y propuestas concretas. Aunque se define como una iniciativa de carácter independiente y ajena a posicionamientos políticos, gran parte de las intervenciones giraron en torno a críticas a la actuación de la Administración tributaria. Como primer paso, el nuevo organismo ha presentado una propuesta de Carta de Derechos y Garantías del Contribuyente, que recoge un total de 82 derechos estructurados en cinco grandes bloques: principios básicos en materia tributaria, derechos vinculados a la elaboración de normas fiscales, garantías en la relación jurídica con la Administración, derechos en los procedimientos tributarios y, finalmente, derechos relacionados con la tutela judicial y el control de la Administración por parte de los tribunales. Desde la coordinación del Observatorio se subraya que esta iniciativa responde a la existencia de un problema relevante en materia de garantías que afecta al conjunto de los ciudadanos. Uno de los ámbitos en los que el organismo pondrá especial atención es el uso de herramientas tecnológicas por parte de la Administración tributaria. En este sentido, propone que los contribuyentes tengan derecho a saber si en la toma de decisiones se han empleado sistemas avanzados o inteligencia artificial. Además, considera que, en esos casos, debería garantizarse la transparencia -incluida la posibilidad de conocer el funcionamiento de los algoritmos- y la intervención final de una persona en el proceso. Asimismo, los asesores fiscales advierten sobre determinadas prácticas de control, como el análisis de redes sociales, que, según sostienen, podrían no ajustarse plenamente a la normativa europea de protección de datos. Incluso señalan la existencia de casos en los que la Administración habría utilizado perfiles ficticios para monitorizar la actividad digital de los contribuyentes. Aunque reconocen que Hacienda puede acceder a información pública, recuerdan que su uso debe estar justificado, ser proporcional y responder a una base legal adecuada. Por último, la asociación insistió en la importancia de reforzar la educación financiera desde edades tempranas, incorporándola al sistema educativo, con el fin de que los ciudadanos conozcan mejor sus derechos y obligaciones en materia tributaria.

LEER MÁS

(El Economista,25-03-2026) | Fiscal

El PP reclama deflactar el IRPF para los afectados por la subida de las hipotecas

El Partido Popular no tiene asegurado su respaldo a la primera fase del plan anticrisis -separada de las medidas relativas a vivienda- que se debatirá este jueves en el Congreso. Desde la dirección del partido consideran que las propuestas del Gobierno se quedan cortas, especialmente en el ámbito fiscal, al no contemplar medidas como la deflactación de los tramos del IRPF. A nivel estatal, esta medida no se ha aplicado ni siquiera en los momentos más duros de la inflación provocada por la guerra en Ucrania. En este sentido, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló recientemente que un contribuyente medio soporta unos 3.000 euros adicionales en el IRPF debido al efecto de la inflación. Fuentes del partido apuntan a que esta actualización de los tramos debería centrarse, sobre todo, en quienes están más afectados por la subida del euríbor, una de las consecuencias indirectas del conflicto en Oriente Próximo, que encarece las hipotecas. Según sus análisis, gran parte de la clase media española se encuentra en esta situación. Asimismo, el PP defiende que el plan del Ejecutivo debería ampliar las rebajas fiscales más allá de las ayudas vinculadas a carburantes, electricidad, gas o transición energética. Como ya propuso en años anteriores, el partido insiste en la necesidad de actuar también sobre la fiscalidad de los productos básicos de la cesta de la compra. Feijóo subrayó que el precio de los alimentos ha aumentado más de un 40% y recordó que su formación ya ha planteado reducir el IVA de la carne y el pescado al tipo superreducido del 4%, frente al 10% actual, así como aplicar un tipo del 0% a los productos frescos. Ante lo que consideran margen de mejora en el decreto aprobado recientemente por el Gobierno, los populares animan al Ejecutivo a reconsiderar su propuesta y abrir un periodo de negociación, señalando que aún hay tiempo antes de su votación. No obstante, si finalmente el texto se somete a votación este jueves, el partido decidirá su posición en ese momento, sin haberla adelantado por ahora. El líder del PP ha explicado que su propuesta de rebajar el IRPF -incluida en el paquete presentado el pasado 9 de marzo- tiene como objetivo aliviar la carga fiscal de los ciudadanos y facilitar que puedan afrontar mejor sus gastos mensuales.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF