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(El País, 10-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Madrid rompe la barrera de los 75.000 propietarios con tres viviendas y tiene más de 500 que llegan a 50

En una Comunidad de Madrid marcada por jóvenes que no logran independizarse y por hogares asfixiados por el encarecimiento de la vivienda, los datos revelan una paradoja cada vez más acusada. En 2026 se ha superado el umbral de los 75.000 propietarios que poseen al menos tres viviendas en la región; más de 10.000 acumulan diez o más inmuebles, y 517 titulares llegan a concentrar hasta medio centenar. Así lo refleja una base de datos elaborada para EL PAÍS a partir de información del catastro facilitada por el Ministerio de Hacienda. Dado que una misma vivienda puede tener varios titulares, el número de propietarios supera al de inmuebles, pero el retrato es claro: existe una elevada concentración de vivienda en manos de grandes tenedores -personas físicas, empresas o fondos- que influye de forma directa en los precios del alquiler y de la compraventa. La dinámica del mercado impone, así, la ley del más fuerte. Y no hay señales de corrección a corto plazo: mientras que en el País Vasco más de la mitad de la población reside ya en zonas donde el alquiler está regulado por ley, el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso mantiene su rechazo a limitar los precios en la región. "El sector inmobiliario se percibe hoy como un refugio de inversión más seguro y rentable que otros, incluso cuando las viviendas permanecen vacías", explica Víctor Palomo, abogado especializado en derecho a la vivienda del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), despacho centrado en la defensa de inquilinos vulnerables y en el que también trabaja Alejandra Jacinto, ex portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Palomo subraya que, aunque los grandes fondos no controlan la mayoría del parque residencial, su forma de gestionar la vivienda se ha ido generalizando. La presencia de grandes propietarios se extiende por toda la Comunidad. Aunque la capital encabeza los registros en todas las categorías, otros municipios presentan cifras similares: en Alcobendas hay 18 titulares con hasta 50 viviendas; en Parla, 15; en Getafe, 13; y en Las Rozas, 12. Por encima de ese umbral, se contabilizan 16 propietarios en Alcalá de Henares, 14 en Móstoles y 13 en Valdemoro. El fenómeno se reproduce de norte a sur y de este a oeste, y se intensifica si se comparan los datos con los de 2024. Aunque el número de propietarios con 25, 50 o más de 50 viviendas apenas ha variado, sí ha crecido de forma notable el de quienes poseen más de cinco, diez o quince inmuebles, con cientos de nuevos titulares incorporados en solo dos años. En conjunto, el número de propietarios con entre tres y más de 50 viviendas ha aumentado en más de 2.700 entre 2024 y 2026. La concentración no se detiene: avanza y se consolida como un negocio rentable. ¿Quiénes están detrás de esta acumulación de viviendas? ¿Grandes empresas, patrimonios familiares, inversores extranjeros, pequeños empresarios en busca de rentabilidad o fondos de inversión? Desde el Sindicato de Inquilinas, organización creada en 2017 para defender a las personas que viven de alquiler, apuntan a una realidad más compleja. "Llevamos tiempo advirtiendo de que el problema no son solo los grandes fondos, sino también miles de inversores medianos que tratan la vivienda como un activo financiero y reproducen la misma lógica", explica uno de sus portavoces. A su juicio, cuando crece el número de propietarios con varias viviendas, el alquiler deja de concebirse como un derecho y se gestiona cada vez más como un negocio. "Eso implica menos capacidad de negociación, subidas constantes de precios, más rotación forzada y una mayor inseguridad residencial para quienes alquilamos", añaden. Carlos Mazo, especialista en desarrollos inmobiliarios, introduce matices en el segmento de mayor poder adquisitivo. Según explica, en el mercado de lujo -especialmente entre inversores latinoamericanos que compran en zonas prime de Madrid- no es habitual encontrar grandes multipropietarios individuales con decenas de viviendas. "Es muy poco frecuente que una sola persona adquiera más de una o dos casas en barrios como Salamanca", señala Mazo, socio de la promotora Logika European Partners. Desde otra perspectiva, Eduardo Monet, consultor inmobiliario y propietario de nueve pisos en Madrid, defiende su trayectoria. Afirma haber construido su patrimonio tras años de trabajo y ahorro y rechaza identificarse con la figura del gran tenedor especulativo. "Todos mis pisos están destinados al alquiler de larga duración", asegura, y sostiene que prioriza la estabilidad de los inquilinos aunque eso suponga obtener menos rentabilidad para evitar rotaciones y reformas. En su opinión, los grandes fondos con cientos de viviendas siguen siendo una minoría. Por su parte, Ana Pavón Ares, portavoz de MAD VUT -asociación que agrupa a pequeños propietarios y gestores de viviendas turísticas- y miembro de un colectivo que mantiene litigios contra los cierres impulsados por el Ayuntamiento de Madrid, explica que están intentando que la legislación europea tenga en cuenta la realidad del pequeño propietario. "Nos hemos ido organizando a raíz de los cambios normativos y de los problemas comunes que nos afectan", señala. Junto a ella, María López, propietaria de tres viviendas en el centro de la capital, denuncia el "impacto psicológico" que, según afirma, le han provocado las continuas modificaciones legales en el alquiler temporal. Enrique Muñoz, que lleva 15 años alquilando su piso y gestiona viviendas de terceros, relata que empezó durante la crisis económica para complementar ingresos. "Somos familias que vivimos de esto y que intentamos alquilar a otras familias", concluye.

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(El País, 10-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno impondrá multas de hasta seis millones de euros a las eléctricas que hagan ‘spam’ telefónico

El Gobierno endurece las normas contra las comercializadoras eléctricas y prohibirá las llamadas comerciales no solicitadas para ofrecer tarifas de luz, salvo que el propio consumidor haya dado un consentimiento previo, claro y expreso. Para frenar estas prácticas, el Ministerio para la Transición Ecológica ha establecido un régimen sancionador específico. El real decreto que el Consejo de Ministros aprobará este martes contempla multas que oscilan entre 600.001 euros y seis millones para las compañías que realicen este tipo de llamadas con fines comerciales. Estas conductas se considerarán infracciones graves conforme a la Ley 24/2013 del sector eléctrico. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia será la encargada de iniciar los expedientes y resolverlos. La norma ya cuenta con el respaldo del Consejo de Estado y de la propia CNMC, que han validado su adecuación legal, económica y regulatoria tras ser consultados por el ministerio. El decreto establece la prohibición general de las llamadas telefónicas para vender suministros eléctricos, excepto cuando exista una solicitud expresa e inequívoca del usuario. En los pocos casos en que el consumidor sí pida ser contactado, las llamadas deberán realizarse desde un prefijo específico. Si se incumple esta obligación, las operadoras de telecomunicaciones estarán obligadas a bloquear los números infractores. En la práctica, la captación de clientes por vía telefónica queda vetada como método habitual para formalizar contratos, salvo iniciativa directa del usuario. Las medidas de protección al consumidor no se limitan al control del spam telefónico. La nueva normativa obliga a las comercializadoras a entregar, antes de cualquier nueva contratación, un documento independiente del contrato en el que se expliquen de forma clara y comprensible las condiciones del suministro, así como posibles cambios futuros de precio o de cláusulas. El objetivo es evitar abusos derivados de condiciones poco transparentes que suelen pasar desapercibidas en contratos extensos y complejos. Este documento previo deberá resumir el impacto real del cambio sobre la factura del cliente e incluir una tabla comparativa con los precios anteriores y los que se aplicarán tras la modificación del contrato. El decreto también introduce mayor flexibilidad para rescindir contratos. Tanto los hogares como las pequeñas y medianas empresas con una potencia contratada inferior a 15 kilovatios podrán cancelar sus contratos en cualquier momento sin penalización, salvo en el caso de contratos a precio fijo antes de su primera prórroga anual. En ese supuesto, la penalización máxima no podrá superar el 5% de la energía pendiente de facturar en ese año. En el caso de consumidores vulnerables que decidan pasarse al precio regulado, el conocido como Precio de Venta al Pequeño Consumidor, no se podrá aplicar ningún tipo de penalización, ni siquiera por servicios adicionales vinculados al suministro eléctrico. Esta medida busca evitar situaciones en las que los usuarios se veían obligados a pagar por servicios como mantenimiento o alarmas que, en muchos casos, ni siquiera utilizaban. La Secretaría de Estado de Energía ha impulsado esta reforma tras detectar prácticas abusivas reiteradas, especialmente dirigidas a consumidores vulnerables. El objetivo de la nueva regulación es reforzar la protección de estos colectivos. Según datos del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, tras analizar la situación de 400 usuarios vulnerables, se ha constatado que aproximadamente la mitad no disfruta del bono social pese a cumplir los requisitos necesarios, lo que evidencia fallos en el sistema de protección actual. La norma también pretende impedir que personas beneficiarias del bono social sean inducidas a abandonar el mercado regulado para contratar tarifas del mercado libre que resultan más caras a largo plazo. A partir de ahora, si un consumidor con bono social decide cambiarse al mercado libre, la comercializadora deberá informarle de la diferencia anual estimada de precio y obtener su consentimiento expreso. Además, estas renuncias deberán comunicarse mensualmente a la CNMC para su control. Por último, el decreto refuerza la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, facilitando que puedan acceder de forma ágil a la tarifa regulada en las viviendas donde residan, incluso aunque no figuren como titulares del contrato eléctrico.

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(Expansión, 09-02-2026) | Laboral

Cuerpo apela a endurecer el registro horario "equilibradamente y con periodos de adaptación"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, sostiene que el refuerzo del registro horario -al que califica como una de las herramientas clave para garantizar una reducción real de la jornada laboral- debe aplicarse con mesura y contemplando plazos de transición, de modo que los avances sean duraderos y no generen cargas adicionales para las empresas. En una entrevista concedida a El Correo y recogida por Europa Press, el ministro reafirma su compromiso con la reducción de la jornada semanal hasta las 37,5 horas, pese a las críticas expresadas por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien apuntó que en el Ministerio de Economía existe una predisposición contraria a determinadas medidas que considera beneficiosas para el país. Al ser preguntado por estas declaraciones, Cuerpo evitó polemizar y recalcó que el endurecimiento del control horario es fundamental para que la reducción de jornada sea efectiva, siempre que se implemente de forma que permita a las empresas ajustarse progresivamente. Según explicó, el objetivo es aplicar la medida de manera equilibrada, prestando especial atención a las pymes, para que puedan adaptarse sin asumir costes añadidos. Este enfoque pasa, a su juicio, por establecer periodos de adaptación suficientemente amplios que aseguren la viabilidad de los cambios a largo plazo. En este sentido, reconoció que muchas empresas no reclaman ayudas económicas, sino tiempo para ajustarse a las nuevas exigencias, por lo que considera necesario actuar con comprensión. Respecto a las críticas de Díaz sobre una supuesta oposición del Ministerio de Economía a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, Cuerpo recordó que la exención del IRPF ha permitido compartir el impacto del incremento del SMI, aliviando parte del esfuerzo que asumen las empresas. A su juicio, esta medida ejemplifica un enfoque de corresponsabilidad, al garantizar que la mejora de las rentas más bajas no perjudique la estabilidad del tejido empresarial. En relación con los comunicados críticos difundidos por las organizaciones empresariales, el ministro afirmó que, más allá de esas posiciones públicas, mantiene una relación fluida y constructiva con la patronal, basada en objetivos comunes, y considera que el actual contexto resulta positivo tanto para empresarios como para sindicatos. Cuerpo subrayó que el propósito del Gobierno es preservar este clima de entendimiento, ya que el fortalecimiento de las empresas en un entorno de ampliación de derechos laborales beneficia al conjunto de la economía. Sobre una posible reforma de la Ley de desindexación, defendió la necesidad de analizar cualquier iniciativa orientada a mejorar la competitividad empresarial y abogó por avanzar en la reducción de cargas administrativas, el acceso a una mejor financiación, el impulso a la internacionalización y la digitalización. Todo ello, con el objetivo de disponer a final de año de una plataforma única que simplifique la relación de las empresas con la Administración y reduzca sus costes. Por último, el ministro recordó que el próximo lunes se pondrá en marcha una línea de financiación del ICO por valor de 750 millones de euros destinada a apoyar a las empresas exportadoras frente al impacto de los aranceles estadounidenses. Esta línea incluirá, además, 187 millones en transferencias o ayudas directas, lo que permitirá abaratar el coste de los préstamos mediante un componente no reembolsable.

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(El País, 09-02-2026) | Laboral

La batalla por la indemnización adicional por despido improcedente llega al Constitucional

La cuantía de la indemnización por despido se ha convertido en uno de los puntos más controvertidos del debate laboral en España. Los sindicatos UGT y CC OO reclaman que se aplique lo establecido en la Carta Social Europea y en las resoluciones del Consejo de Europa, lo que implicaría una reforma del sistema vigente. En el lado opuesto, CEOE y Cepyme rechazan cualquier cambio y se apoyan en una reciente sentencia del Tribunal Supremo que descarta la posibilidad de fijar indemnizaciones complementarias dentro del marco legal actual. Precisamente como reacción a ese fallo se sitúa el último episodio de esta controversia: los abogados Raquel Miñambres y Fernando Luján han presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra dicha sentencia del Supremo y contra otra resolución vinculada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, según confirman fuentes jurídicas a EL PAÍS. Los letrados solicitan la anulación de ambas resoluciones al considerar que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, así como los principios de igualdad y no discriminación, tal y como se expone en el recurso al que ha tenido acceso este diario. Miñambres representó a un trabajador que reclamaba una indemnización adicional a la legalmente establecida. En primera instancia, el Juzgado de lo Social número 3 de Barcelona dio la razón al empleado, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó esa decisión tras estimar un recurso de suplicación. Frente a este fallo, el trabajador recurrió al Supremo, aportando una sentencia de contraste y solicitando la unificación de doctrina, apoyándose en una resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que sí reconocía una compensación adicional. El Tribunal Supremo resolvió en sentido contrario a la pretensión del trabajador. Tras esta decisión, Miñambres promovió un incidente de nulidad, suscrito también por Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. En la presentación del recurso de amparo ante el Constitucional han participado, además de UGT, el sindicato CC OO. Ambas organizaciones consideran esencial impugnar la postura defendida por la patronal y sostienen que, a largo plazo, acabarán imponiéndose los criterios europeos que instan a España a modificar su normativa. En este contexto, el recurso señala que la llegada del caso al Tribunal Constitucional constituye una oportunidad para que el órgano fije una doctrina acorde con el actual marco normativo y socioeconómico, en el que, según argumentan, se han modificado las bases del sistema de indemnización por despido improcedente. Añaden que existen nuevos derechos y mecanismos de garantía tras la ratificación por parte de España de la Carta Social Europea Revisada y del protocolo de reclamaciones colectivas. En el escrito de amparo, los abogados sostienen que se ha lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva por diversas razones. Entre ellas, critican que la interpretación del Supremo resulte jurídicamente irracional o arbitraria, al limitarse al tenor literal de la norma y vaciar de contenido el artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada. Este precepto, ratificado por España en 2021, reconoce el derecho de los trabajadores despedidos sin causa válida a percibir una indemnización adecuada u otra forma de reparación. El recurso recuerda que el Supremo calificó dicho artículo como una disposición de carácter programático, carente de elementos concretos que permitan fijar una cuantía económica, y alude a la vaguedad de su redacción. Frente a ello, los recurrentes sostienen que esta interpretación implicaría que solo las normas internacionales absolutamente precisas podrían ser objeto de control de convencionalidad, una conclusión que consideran carente de lógica jurídica. Asimismo, Miñambres y Luján afirman que existe arbitrariedad en la resolución impugnada por su contradicción con la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo. Reconocen que el alto tribunal puede modificar su doctrina cuando lo estime oportuno, pero cuestionan que, en este caso, se descarte la aplicación de normas internacionales por el mero hecho de utilizar conceptos jurídicos indeterminados. El recurso también recuerda que, según doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, la interpretación de los derechos fundamentales debe tener en cuenta los criterios establecidos por los órganos internacionales de garantía, aunque sus pronunciamientos no tengan carácter estrictamente jurisprudencial. En relación con la situación del trabajador afectado, los letrados advierten de que mantener el actual sistema de indemnización tasada perpetúa efectos regresivos que perjudican especialmente a colectivos vulnerables del mercado laboral, como las mujeres, las personas extranjeras o, como en este caso, los trabajadores de mayor edad. Cabe señalar que el Tribunal Constitucional admite a trámite un porcentaje muy reducido de los recursos de amparo. Según las memorias del propio tribunal correspondientes a los últimos años, apenas alrededor del 1% de las solicitudes presentadas supera este filtro inicial.

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(El Economista, 09-02-2026) | Laboral

Díaz quiere pagar con fondos públicos a los sindicatos por su labor negociadora

El Ministerio de Trabajo se muestra partidario de implantar un sistema de compensación pública para los sindicatos por la labor que desempeñan en las mesas de diálogo social, en la negociación de los convenios colectivos y en las reformas laborales, actividades cuyos efectos se extienden a todos los trabajadores y no únicamente a sus afiliados, y que serían distintas de las subvenciones tradicionales. Esta postura ha sido reiterada en varias ocasiones y encuentra ahora un posible cauce legal a través del informe sobre democracia en el trabajo, que plantea incorporarlo a la futura ley con la que el Gobierno pretende reforzar la participación de los trabajadores en el capital y en la toma de decisiones de las empresas. El documento, elaborado por un grupo de expertos internacionales a petición de Yolanda Díaz hace un año, incluye un borrador normativo destinado a facilitar la presencia de los empleados en los consejos de administración y su acceso a la propiedad parcial de las compañías. Junto a ello, incorpora una serie de recomendaciones de política pública, entre las que figura la necesidad de garantizar una financiación suficiente para que los sindicatos puedan ejercer su función representativa general en el marco de la negociación colectiva y el diálogo social. Los autores del informe, en línea con la posición del Ministerio, sostienen que la actividad sindical beneficia al conjunto de la fuerza laboral, pese a que solo una parte esté afiliada y contribuya mediante cuotas. De ahí que propongan una ley sobre la participación institucional de los sindicatos más representativos que establezca un sistema de financiación pública destinado a compensarles por una labor considerada esencial. Este planteamiento deja fuera a las organizaciones empresariales, a pesar de que estas también participan como interlocutores sociales en los procesos de negociación colectiva. En la actualidad, el Ministerio de Trabajo ya concede ayudas a las principales centrales sindicales en función de su representatividad obtenida en las elecciones sindicales. La última convocatoria publicada, correspondiente a 2025, ascendió a 32 millones de euros, el doble de la cuantía asignada en ejercicios anteriores. Desde el departamento recuerdan que las organizaciones empresariales también reciben apoyo económico por su participación institucional en órganos como el SEPE o la Seguridad Social, al igual que ocurre con los sindicatos. Según las últimas cuentas de la CEOE, en 2024 percibieron cerca de dos millones de euros por esta vía, además de 232.400 euros por su presencia en el Consejo Económico y Social. Tanto patronales como sindicatos, además, pueden optar a subvenciones para programas concretos y a ayudas procedentes de las comunidades autónomas. La propuesta incluida en el informe, que la vicepresidenta segunda se ha comprometido a analizar, supondría un paso adicional y responde a una reivindicación recurrente de UGT y CCOO, que llevan años reclamando una norma que defina el papel de los interlocutores sociales y articule un sistema de compensación por su intervención en la negociación de miles de convenios colectivos y en la elaboración de la normativa laboral. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, planteó esta demanda durante el 44º Congreso Confederal del sindicato, en el que fue reelegido para un último mandato. En su intervención, defendió que el actual sistema de relaciones laborales se sostiene, en gran medida, con las aportaciones de los afiliados, pese a que los beneficios se extienden al conjunto de los trabajadores. Según expuso, su organización percibía en ese ejercicio en torno a cinco millones de euros, mientras que el coste de su participación en la negociación colectiva ascendía a unos 15 millones. Álvarez sostuvo que existe una deuda histórica con las organizaciones sindicales desde la Transición y reclamó un acuerdo que permita que el Estado retribuya tanto a sindicatos como a organizaciones empresariales por el trabajo que realizan en beneficio del conjunto de la sociedad, una petición que formuló en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En CCOO, aunque esta posición no se ha expresado con la misma claridad en el ámbito público, los dirigentes comparten un planteamiento similar. El programa con el que Unai Sordo concurrió a la reelección defendía la autofinanciación como uno de los ejes del sindicato, pero en la práctica sus negociadores consideran que la actividad desarrollada en las numerosas mesas de negociación debería ser sufragada por el sector público y no recaer exclusivamente en las cuotas de los afiliados. El Ministerio de Trabajo ya apuntó en esta dirección en 2024, al presentar los datos sobre la cobertura de la negociación colectiva, que muestran que más del 90% de los trabajadores está protegido por un convenio, pese a que la afiliación sindical es sensiblemente menor. A diferencia de otros países europeos, como Suecia o Dinamarca, en España los acuerdos alcanzados por los interlocutores sociales se aplican de forma generalizada a todos los empleados. Por este motivo, desde el Gobierno consideran razonable explorar fórmulas alternativas a la financiación basada exclusivamente en las cuotas sindicales. Ahora, esta cuestión podría incorporarse al diálogo con patronal y sindicatos en el marco de las futuras conversaciones sobre democracia en el trabajo.

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(El Economista, 09-02-2026) | Laboral

El 55% de la plantilla del Estado supera los 50 años

La Administración del Estado afronta un proceso de relevo generacional en sus plantillas, especialmente acusado en los ministerios, donde cerca del 55% de los empleados supera los 50 años. Este recambio deberá producirse de forma progresiva a lo largo de los próximos 15 años. Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas correspondiente a julio, elaborado por el departamento que encabeza Óscar López, un 4,11% de los trabajadores del Estado tiene más de 64 años, lo que equivale a casi 3.800 personas. Ante este escenario, el Ministerio de Función Pública se ve obligado a afrontar el desafío de rejuvenecer los equipos ministeriales. En el último acuerdo suscrito entre el ministro López y las organizaciones sindicales ya se recogen algunas iniciativas orientadas a este objetivo, como la planificación anticipada de jubilaciones o el impulso de programas formativos y de becas dirigidos a jóvenes interesados en desarrollar su carrera profesional en la Administración. En once de los 22 ministerios actuales, al menos la mitad de la plantilla tiene más de 50 años. No obstante, el grado de envejecimiento varía considerablemente entre carteras. El caso más acusado es el del Ministerio de Defensa, que además es uno de los que cuenta con mayor número de empleados públicos (9.681). En este departamento, el 71% de los trabajadores supera los 50 años. De los 6.913 empleados en ese tramo de edad, casi 3.000 -en concreto, 2.969- tienen más de 60 años y se jubilarán en un horizonte cercano, mientras que 482 ya superan los 64 años y afrontan una retirada prácticamente inmediata. Estas cifras ponen de relieve la magnitud del reto al que se enfrenta Defensa en comparación con el resto de ministerios. En segundo lugar se sitúa Transportes y Movilidad Sostenible, donde el 58% de la plantilla tiene más de 50 años, una proporción que, aun siendo elevada, se sitúa 21 puntos por debajo de la de Defensa. El departamento dirigido por Óscar Puente, que cuenta con 3.815 funcionarios, deberá igualmente gestionar el relevo generacional. No obstante, dispone de algo más de margen, ya que 1.275 de sus empleados aún no han alcanzado los 60 años, lo que deja a 921 trabajadores en una franja de edad próxima a la jubilación. En tercera posición entre los ministerios más envejecidos se encuentra Hacienda. En la cartera de María Jesús Montero, el 57% de la plantilla supera los 50 años y, de los 6.849 trabajadores, 1.648 son mayores de 60, por lo que abandonarán el servicio activo en los próximos años. En el extremo opuesto figuran los ministerios con equipos más jóvenes: Igualdad y Juventud e Infancia, ambos con un 31% de empleados mayores de 50 años. Se trata además de carteras de creación reciente -Igualdad fue reconstituido en 2020 y Juventud e Infancia nació en 2023- y también de las que cuentan con menos personal, con 179 y 131 funcionarios respectivamente. A continuación se sitúa Sanidad, un ministerio histórico que, pese a contar con una plantilla reducida de 951 funcionarios, presenta un 40% de empleados mayores de 50 años, es decir, 379 personas. El envejecimiento de las plantillas no es un fenómeno exclusivo de los ministerios, sino que afecta al conjunto de la Administración pública y al mercado laboral en general. En el sector público, el 45,9% de los trabajadores tiene más de 50 años. Además, aproximadamente un tercio de los empleados públicos supera los 55 años: un 16,1% se sitúa entre los 55 y 59 años, un 12,5% entre los 60 y 64, un 1,8% entre los 65 y 69 y apenas un 0,1% alcanza o supera los 70 años. Garantizar el relevo de las próximas jubilaciones es uno de los principales retos del conjunto del sector público. Por ello, el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI 2026-2028, firmado el pasado diciembre por el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, incluye mejoras orientadas a una planificación más eficaz de las plantillas. En concreto, el Ejecutivo se compromete a introducir medidas que contemplen las previsiones de jubilaciones parciales con el objetivo de facilitar la renovación generacional. Asimismo, se prevé implantar un nuevo modelo de Ofertas de Empleo Público que sustituya al actual, lo que apunta a la eliminación de la tasa de reposición para suprimir los límites en la convocatoria de plazas y aplicar criterios de planificación estratégica y gestión de recursos humanos. Para atraer talento joven y superar los obstáculos socioeconómicos de acceso al empleo público, el acuerdo contempla también la ampliación y refuerzo de los programas de becas y ayudas dirigidos a quienes se preparan para los procesos selectivos. A estas iniciativas se suma la reactivación de las jubilaciones parciales del personal laboral, en vigor desde abril de este año en condiciones similares a las del sector privado. En junio se aprobó una convocatoria de 1.000 plazas, coincidiendo con el número de solicitudes recibidas, y el Ministerio se comprometió a gestionarlas mediante un sistema centralizado en un plazo máximo de seis meses. Por último, cabe recordar que en acuerdos anteriores el Gobierno se comprometió a recuperar la jubilación parcial de los funcionarios y del personal estatutario, un derecho eliminado en 2012 durante los recortes. Aunque en septiembre se constituyó la ponencia de la Comisión de Hacienda y Función Pública para tramitar el Proyecto de Ley de Función Pública -que incluye esta medida-, la iniciativa permanece bloqueada en el Congreso desde hace tres meses.

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(Expansión, 09-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas avanza con su expediente a España por trabar la opa bancaria fallida

Bruselas no alberga dudas: España debe revisar la normativa nacional que permitió frenar la opa de BBVA sobre Sabadell el año pasado y que, a juicio de la Comisión Europea, vulnera el derecho comunitario. Así se lo notificará oficialmente al Gobierno mediante un dictamen motivado que prevé remitir antes de que concluya el mes, según fuentes próximas al procedimiento consultadas por EXPANSIÓN. Este paso supone elevar el procedimiento a una segunda fase y concede al Ejecutivo un plazo de dos meses para detallar qué modificaciones legislativas piensa acometer con el fin de volver a ajustarse a la normativa europea. Desde que en julio se inició el expediente de infracción, el Gobierno ha intentado convencer a la Comisión de que su marco legal es compatible con el derecho de la UE, aunque sin éxito. Desde el Ministerio de Economía aseguran que "se ha proporcionado a la Comisión toda la información necesaria sobre el expediente, relativo a un supuesto desajuste con la normativa europea". En el último intercambio, España se comprometió a que, en el marco de la transposición de la nueva Directiva de Requisitos de Capital (CRD VI), adaptará la legislación nacional para asegurar la competencia exclusiva del BCE y del Banco de España en materia de supervisión prudencial, sin menoscabo de las funciones de otras autoridades dentro de sus respectivos ámbitos, como la CNMC. Sin embargo, la Comisión tiene claramente identificados los elementos de conflicto que pretende corregir y que, a su entender, van más allá de la mera transposición de la directiva. En su opinión, "determinadas disposiciones de la legislación bancaria y de competencia españolas, que conceden al Gobierno facultades para intervenir en operaciones de fusión y adquisición de entidades financieras, invaden las competencias exclusivas del BCE y de los supervisores nacionales". Además, Bruselas cuestiona que la exigencia de mantener a dos bancos como entidades jurídicas separadas durante un periodo de tres años -tal como se impuso a BBVA- responda a objetivos legítimos de orden público o seguridad que no estén ya cubiertos por la legislación europea vigente. La Comisión reclama una reforma en profundidad de la disposición adicional duodécima de la Ley 10/2014 y del artículo 11 del Real Decreto-ley 84/2015, con el fin de eliminar ese poder de veto sobre operaciones bancarias. Asimismo, considera necesario revisar y acotar los artículos 60 y 10.4 de la Ley de Defensa de la Competencia de 2007, que permiten modular las condiciones de una operación corporativa en función del interés general. Desde el Ministerio de Economía recuerdan que se trata de "una normativa en vigor desde hace muchos años, aplicada en diversas ocasiones", y reiteran que "existe plena convicción sobre su compatibilidad con el derecho europeo". El dictamen motivado constituye el paso previo a la eventual remisión del caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cuando la Comisión decide llevar a un Estado miembro ante el TJUE, suele proponer la imposición de sanciones económicas, ya sea mediante una multa a tanto alzado o penalizaciones periódicas. Estas se calculan atendiendo a la gravedad de la infracción, su impacto, la duración del incumplimiento del Derecho de la UE y la capacidad económica del país, con el objetivo de garantizar un efecto disuasorio. Dado que el Ejecutivo mantiene su defensa de la legalidad de las normas y Bruselas persiste en su discrepancia, todo apunta a que el expediente terminará resolviéndose ante el TJUE.

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(Expansión, 09-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las diferencias entre las empresas que innovan y las que no se ensancha en el tejido productivo español

En un contexto marcado por el incremento continuado de los costes para las empresas, la innovación se ha consolidado como una herramienta clave para impulsar la productividad y reforzar la competitividad, convirtiéndose en un elemento esencial para sostener el crecimiento económico en España. No obstante, este esfuerzo inversor aún no se traduce de forma generalizada en nuevas fuentes de ingresos, pese a que el 98,4% de las compañías que han culminado procesos de transformación innovadora consideran que el resultado ha sido satisfactorio. Así lo refleja el Observatorio para la Competitividad Empresarial de la Cámara de Comercio de España, al que EXPANSIÓN ha accedido en exclusiva. El informe señala la falta de recursos financieros y la dificultad para encontrar talento especializado como los principales obstáculos para avanzar en innovación. Estas limitaciones afectan de manera especialmente intensa a las pymes -que representan cerca del 99,8% del tejido empresarial español- y amplían la distancia respecto a las grandes compañías. Mientras que el 94,7% de estas últimas declara haber participado en iniciativas innovadoras en los últimos tres años, el porcentaje cae a alrededor del 70% entre las pequeñas y medianas empresas y hasta el 60% en el caso de las microempresas, con menos de diez trabajadores. Aun así, las compañías con trayectoria en innovación muestran una percepción más favorable que aquellas que no han desarrollado este tipo de proyectos. Así lo destaca Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de España, quien subraya que esta diferencia demuestra que la innovación no es solo un discurso compartido, sino una experiencia tangible para quienes la ponen en práctica. Según los datos del observatorio, el 67,8% de las empresas ha llevado a cabo actividades innovadoras durante el último trienio. Sin embargo, menos del 20% mantiene proyectos activos en la actualidad. Este dato responde, principalmente, a que muchas compañías -especialmente las de menor tamaño- están iniciando ahora sus procesos innovadores, más que a un deterioro de las expectativas derivado de la desaceleración económica. En esta línea, el informe señala que el 75% de las empresas que ya han apostado por la innovación prevé continuar invirtiendo en los próximos tres años, mientras que una de cada tres que aún no lo ha hecho tiene previsto hacerlo antes de 2029. Pese a ello, las previsiones futuras son inferiores a los niveles recientes: solo el 53,3% de las microempresas planea invertir en innovación, frente al 64,9% de las pequeñas, el 71,4% de las medianas y el 84,2% de las grandes, cifras que se sitúan en torno a diez puntos porcentuales por debajo de las registradas en el último trienio. Esta ralentización se explica, en primer lugar, por la escasez de profesionales cualificados, una dificultad señalada por el 42,4% de las empresas que sí han logrado innovar. A ello se suman la falta de liquidez para financiar estos proyectos (36,2%) y la insuficiencia de organismos e infraestructuras de apoyo (28,8%). Entre las compañías que no han innovado en el periodo analizado, estos factores se repiten, junto con la carencia de información tecnológica, mencionada por el 17% como una de las principales causas de su inactividad. Pese al ensanchamiento de la brecha innovadora -que afecta con especial intensidad a sectores como la hostelería y la construcción-, más de la mitad de las empresas (53,5%) considera que la innovación es fundamental para reducir los costes operativos, incluso por encima de la mejora de la calidad del producto. Además, existe margen para revertir esta tendencia en los próximos años, dado que el coste de innovar está descendiendo gracias a una mayor accesibilidad al mercado y al aumento de proveedores de soluciones tecnológicas, lo que facilita la incorporación de la innovación por parte de pequeñas empresas y de sectores tradicionalmente menos avanzados en este ámbito, como la hostelería, apunta Mínguez. Todo ello se produce en un entorno en el que la baja productividad continúa siendo uno de los principales retos de la economía española. Según el último Rastreador de la Productividad de la Fundación BBVA y el Ivie, esta creció apenas un 0,8% interanual, un 67% menos que en 2024. Si las dificultades para innovar persisten en plena transformación tecnológica, marcada por la incorporación de herramientas como la inteligencia artificial, la brecha de productividad con las grandes economías de la eurozona podría ampliarse aún más. De hecho, la innovación tecnológica será el eje prioritario para cerca del 70% de las empresas que invertirán en este ámbito en los próximos tres años, no solo en IA, sino también en áreas como la robótica, el Internet de las Cosas, la interconexión de procesos o el uso de drones, concluyen desde la Cámara de Comercio.

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(El País, 09-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España planea abrir un centro de educación financiera

El Banco de España proyecta la creación en Madrid de un centro dedicado a la educación financiera, acompañado de un espacio de formación interna para su propio personal. La iniciativa se ubicaría en la antigua residencia de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y Seebacher, condesa de Torre Arias, marquesa de Santa Marta y de la Torre, conocida como la Quinta de Torre Arias. Se trata de una finca del siglo XVI situada en el distrito de San Blas-Canillejas que la aristócrata, fallecida en 2012 sin herederos, cedió al Ayuntamiento de Madrid con la condición de que se destinara a fines culturales y de interés general. Aunque el parque abrió al público en 2017, el palacete principal y las antiguas caballerizas, rodeadas de zonas verdes, huertos y pozos, permanecen cerrados. La institución que preside José Luis Escrivá ha solicitado al Ayuntamiento la cesión del inmueble, comprometiéndose a asumir íntegramente los costes de rehabilitación y mantenimiento para desarrollar un proyecto educativo sin ánimo de lucro, según fuentes del sector citadas por EL PAÍS y otras conocedoras de la iniciativa. El plan contempla también un espacio museístico de carácter interactivo centrado en el dinero y las monedas, así como talleres dirigidos al público infantil, al margen del futuro museo destinado a mostrar el patrimonio artístico del banco en su sede de la plaza de Cibeles. Los jardines seguirían bajo gestión municipal y continuarían abiertos a la ciudadanía. El impulso a la educación financiera se enmarca en el Plan Estratégico hasta 2030 del Banco de España y se inspira en experiencias similares de otros bancos centrales europeos, como el Museo de la Economía del Banco de Francia, inaugurado en 2019, el museo del dinero del Banco de Italia en Roma o el del Bundesbank alemán. El objetivo es acercar al público general conocimientos básicos sobre el sistema financiero, el uso del dinero y el funcionamiento de la economía. Actualmente, el Banco de España cuenta con un Plan de Educación Financiera apoyado por unos 400 colaboradores, entre los que figuran organizaciones empresariales, entidades sociales y asociaciones de consumidores, pero carece de un centro propio. La nueva instalación estaría orientada a acoger a estudiantes, docentes de secundaria, colectivos de personas mayores, así como actos, conferencias y actividades divulgativas de contenido económico. En paralelo, el proyecto incluye un centro de formación interna que todavía se encuentra en fase de definición. De materializarse, serviría para implantar un nuevo modelo formativo destinado tanto a empleados del banco como a parte de los aspirantes a incorporarse a la plantilla, que podrían preparar allí los procesos selectivos. Esta iniciativa se integra en el eje de talento del plan estratégico, que concibe la formación como una herramienta para asegurar el desarrollo profesional de quienes trabajan en la institución y facilitar su progresión. Las conversaciones entre el Banco de España y el Ayuntamiento llevan meses en marcha y ya han entrado en la fase administrativa. Desde el Gobierno municipal se limitan a señalar que la propuesta está siendo analizada, como ocurre con otros proyectos similares. Antes de decantarse por Torre Arias, el Banco de España estudió la posibilidad de ubicar el centro de educación financiera en su edificio de la calle Alcalá, donde se concentran actualmente los equipos de tecnología, datos y gestión de efectivo, lo que habría requerido una ampliación de las instalaciones. Sin embargo, la singularidad del enclave de Torre Arias, su entorno ajardinado y su proximidad -a apenas cuatro minutos- a ese inmueble inclinaron la balanza, al considerarse una opción más adecuada para reforzar la conexión con la ciudadanía. Además, su cercanía al aeropuerto de Barajas se valora como un elemento favorable para la organización de encuentros y reuniones internacionales. El complejo ya fue objeto de una primera intervención tras su paso a manos municipales para garantizar su seguridad. El presupuesto definitivo de la rehabilitación, que asumiría el Banco de España, aún no está cerrado, aunque podría situarse ligeramente por debajo de los 20 millones de euros. Parte de los servicios, como la restauración, se ofrecerían mediante concesiones a empresas externas. Si el proyecto obtiene el visto bueno del Ayuntamiento, la previsión es que el centro pueda abrir entre finales de 2029 y comienzos de 2030, dentro del horizonte temporal del plan estratégico.

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(El País, 06-02-2026) | Fiscal

Más de 40 grandes empresas remiten a Hacienda información sensible sobre su actividad tributaria

La Agencia Tributaria ha hecho pública recientemente la lista anual de compañías que han optado por presentar el Informe de Transparencia, un documento de carácter fiscal y voluntario que se integra en el Código de Buenas Prácticas Tributarias. El dato resulta especialmente significativo, ya que alcanza el nivel más alto registrado hasta ahora: algo más de 40 grandes empresas -tanto nacionales como extranjeras con presencia en España- han decidido ofrecer a Hacienda una visión detallada de su política fiscal. La cifra, actualizada esta semana y correspondiente al ejercicio 2024, no solo marca un máximo histórico, sino que confirma una evolución claramente al alza respecto a ejercicios anteriores, en los que la participación rondaba la treintena. Entre las compañías que se repiten figuran Telefónica, Inditex, Mercadona, Iberdrola, Repsol, Seat, Indra, la mayoría de los grandes bancos y grupos de infraestructuras como ACS y Ferrovial. Este máximo histórico convive, sin embargo, con una circunstancia llamativa: algunas grandes empresas que venían participando en años anteriores han dejado de hacerlo. En la relación actual ya no aparecen grupos relevantes como CaixaBank o Inmobiliaria Colonial, presentes en la edición precedente, ni Mapfre, que había figurado en ejercicios anteriores. El Informe de Transparencia es un instrumento voluntario mediante el cual las grandes empresas facilitan a la Agencia Tributaria información especialmente relevante sobre su estrategia y política fiscal. Entre otros aspectos, detalla la estructura del grupo, su implantación internacional, las razones de su presencia en territorios de baja tributación, las operaciones fiscalmente más significativas y los mecanismos internos de identificación y gestión de riesgos fiscales. Con esta iniciativa, la Agencia Tributaria persigue fortalecer una relación cooperativa con los grandes contribuyentes, basada en la confianza mutua, la anticipación y la disminución de conflictos, más allá del mero cumplimiento formal de la normativa. El Código de Buenas Prácticas Tributarias fue aprobado en 2010 en el seno del Foro de Grandes Empresas y, desde 2018, la Agencia Tributaria está habilitada para informar públicamente de las entidades adheridas. Según el propio organismo, la experiencia acumulada ha sido hasta ahora "útil y fructífera", consolidándose como una herramienta eficaz para favorecer el cumplimiento tributario, con mayores niveles de previsibilidad y seguridad jurídica. La adhesión al código implica compromisos por ambas partes. Las empresas se obligan a actuar con lealtad y buena fe en el ámbito fiscal, a evitar el uso de estructuras opacas con fines de elusión, a comunicar de forma anticipada criterios fiscales relevantes y operaciones de especial trascendencia, y a colaborar activamente en la prevención del fraude. A cambio, la Agencia Tributaria se compromete a reforzar la seguridad jurídica, a dotar de mayor certidumbre la aplicación de las normas, a habilitar canales tempranos de comunicación para cuestiones fiscales complejas y a informar con antelación sobre posibles regularizaciones. El Informe de Transparencia materializa ese enfoque de cooperación. A diferencia de las obligaciones fiscales ordinarias, permite a la Administración disponer de una visión más amplia y detallada de la política fiscal de cada grupo, su estructura internacional, la justificación de su presencia en territorios de baja tributación, las operaciones más relevantes y los sistemas internos de control de riesgos. La información se remite de manera anticipada -preferentemente antes de la presentación del impuesto sobre sociedades- y tiene carácter confidencial. En definitiva, la adhesión al código no exime del cumplimiento de la ley, sino que anima a las empresas a ir un paso más allá de las exigencias mínimas, incorporando criterios de transparencia y buena fe en su relación con Hacienda. Desde la Agencia Tributaria se subraya que este planteamiento contribuye a una aplicación más previsible de las normas y a la reducción de posibles controversias. Para las empresas, la elaboración del informe supone la apertura de un canal de diálogo temprano con la Administración, que facilita la aclaración de criterios fiscales complejos y la anticipación de eventuales discrepancias. Además, el propio Código contempla la posibilidad de hacer público este compromiso, lo que puede reforzar la reputación de las compañías en materia de responsabilidad fiscal ante inversores y la sociedad en general.

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