El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido este jueves que los Estados miembros deben incluir, a efectos del cálculo de la pensión de jubilación, los beneficios asociados a trabajos especialmente duros realizados en otro país de la Unión Europea. La resolución, que fija doctrina en toda la UE, resuelve el caso de un ciudadano eslovaco que trabajó como minero en Karviná -actual territorio de la República Checa- entre 1976 y 1995, tanto antes como después de la disolución de Checoslovaquia.
La normativa de la antigua Checoslovaquia contemplaba condiciones especiales para los mineros, que podían jubilarse de forma anticipada a partir de los 55 años si acreditaban al menos quince años de actividad en minería subterránea. No obstante, en 2013 Eslovaquia denegó el reconocimiento de esa pensión al no computar parte del periodo trabajado en territorio checo tras 1992, cuando ambos países se separaron y la República Checa fue eliminando progresivamente ese régimen específico para trabajadores del sector.
El TJUE subraya que la normativa europea de coordinación de los sistemas de Seguridad Social tiene como finalidad evitar que los trabajadores pierdan derechos vinculados a condiciones laborales especiales por el mero hecho de haber ejercido su derecho a la libre circulación dentro de la UE. En este sentido, el tribunal considera que los periodos trabajados en la actual República Checa deben ser tenidos en cuenta por Eslovaquia a la hora de calcular la pensión, ya que forman parte de la misma actividad profesional en condiciones subterráneas.
La corte europea añade que esta protección se mantiene incluso si el régimen especial no está separado del sistema general de Seguridad Social o si los periodos de cotización son anteriores a la adhesión de los países a la Unión Europea. La resolución no cierra el caso, ya que será ahora el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Eslovaquia el encargado de dictar sentencia definitiva, aplicando los criterios establecidos por el TJUE con sede en Luxemburgo.
El aumento de las rentabilidades de la deuda pública se ha consolidado en las últimas semanas como uno de los principales focos de preocupación para los mercados financieros. El bloqueo casi total del estrecho de Ormuz ha reactivado los temores inflacionistas y, como ya ocurrió desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo, la deuda soberana vuelve a ser uno de los activos más castigados.
A pesar de este escenario adverso, el Tesoro español mantiene su estrategia de financiación. El organismo presidido por Paula Conthe cerró mayo con una emisión de 6.055 millones de euros en deuda a medio y largo plazo. Sin embargo, el deterioro de las condiciones del mercado ha obligado a asumir mayores costes de financiación, especialmente en los plazos más largos. La referencia a 30 años ya supera el 4,12%, el nivel más elevado registrado en los últimos tres años.
La incertidumbre sobre las consecuencias económicas del conflicto y el temor a que los bancos centrales adopten políticas monetarias más restrictivas dificultan el interés de los inversores por la renta fija. No obstante, dentro de este entorno de elevada volatilidad, la deuda española continúa siendo vista como una opción relativamente atractiva. Esta percepción se refleja tanto en las recomendaciones de varias firmas de análisis como en el elevado volumen de demanda registrado en las subastas. Mientras Bank of America muestra preferencia por España frente a Portugal y Jupiter AM apuesta por bonos españoles e italianos, las peticiones de compra alcanzaron los 11.109,7 millones de euros, casi el doble de la cantidad finalmente adjudicada.
El encarecimiento de la financiación ha afectado a todos los vencimientos, aunque con mayor intensidad en los plazos más largos. En obligaciones a cinco años, el Tesoro colocó 2.585,4 millones de euros con una rentabilidad del 2,964%, ligeramente superior al 2,923% de la subasta anterior. En deuda a siete años, adjudicó 2.200,7 millones al 3,169%, frente al 3,11% previo. La emisión se completó con 2.322,3 millones en obligaciones con una vida residual de más de 24 años, donde el incremento fue mucho más notable: la rentabilidad pasó del 3,732% al 4,122%, reflejando el impacto de unas expectativas de inflación más elevadas.
Aunque la deuda española tampoco escapa a las presiones inflacionistas ni al riesgo de futuras subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo, muchos gestores siguen considerando atractivos los bonos nacionales. Las previsiones de crecimiento económico y la estrategia de financiación del Tesoro sostienen parte de ese interés. Huw Davies, gestor de renta fija de Jupiter AM, destaca que España afronta la situación desde una posición relativamente más sólida que otras economías europeas gracias a un mayor dinamismo económico y a unas perspectivas fiscales algo más favorables.
Más allá del conflicto geopolítico, los inversores también vigilan los desequilibrios fiscales. El aumento del déficit y de la deuda pública representa uno de los principales riesgos en un contexto de tipos de interés elevados. Aun así, los organismos internacionales continúan situando a España en una trayectoria fiscal menos preocupante que la de varios socios europeos.
Pese a ello, persisten algunos elementos de vulnerabilidad. Davies advierte de que uno de los mayores riesgos sería un aumento de la inestabilidad política. Hasta ahora, las dificultades para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y la fragmentación política reflejada en las elecciones autonómicas habían sido los principales focos de inquietud. A ello se añade ahora la investigación que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, un factor que introduce nuevas dudas en el panorama político. Por el momento, sin embargo, estas tensiones no han deteriorado el interés de los inversores, y la demanda de deuda española sigue siendo sólida tanto en el mercado primario como en el secundario. En un contexto internacional marcado por el temor a la estanflación -bajo crecimiento acompañado de inflación elevada-, la prima de riesgo española permanece por debajo de los 45 puntos básicos.
Tras completar las emisiones previstas para mayo, la atención de los mercados se centra ahora en la próxima colocación sindicada de mitad de año. Este tipo de operaciones, que se realizan fuera del calendario habitual de subastas, se llevan a cabo a través de bancos colocadores que distribuyen directamente la deuda entre grandes inversores institucionales. En lo que va de 2026, el Tesoro ya ha ejecutado dos emisiones sindicadas con las que logró captar 22.000 millones de euros y registrar una demanda récord. Sin embargo, ambas operaciones tuvieron lugar a comienzos de año, en un entorno mucho más favorable para Europa y con perspectivas de inflación moderadas. El estallido de la guerra en Oriente Próximo y la posterior crisis energética han cambiado radicalmente el escenario. Ahora, con unos mercados mucho más exigentes y sensibles al riesgo, queda por ver si el Tesoro español consigue repetir el éxito obtenido en las primeras colocaciones del año.
Los bancos y los países de la Unión Europea intensifican la presión para que la ola de simplificación normativa que atraviesa la economía europea llegue cuanto antes al sistema financiero. La Comisión Europea, que inicialmente no había situado este ámbito entre sus prioridades, parece haber tomado nota y empieza a acelerar el calendario previsto. El Ejecutivo comunitario trabaja actualmente en la elaboración de un informe sobre la competitividad del sector bancario. El documento examinará el entorno en el que operan las entidades financieras y las razones que explican la diferencia de rentabilidad frente a competidores de otras regiones, especialmente Estados Unidos.
Para preparar este análisis, el departamento encabezado por la comisaria europea de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, Maria Luís Albuquerque, abrió hasta el pasado 19 de abril una consulta pública destinada a recabar opiniones de supervisores, bancos y otros actores implicados.
Tanto las autoridades como las entidades financieras consideran este informe el primer paso hacia una futura reforma bancaria. Se trata de una evaluación inicial que, junto a las recomendaciones del Banco Central Europeo y de la Autoridad Bancaria Europea, servirá para identificar qué aspectos deben modificarse con el objetivo de reforzar el sector sin comprometer su solidez. Aunque en un principio Bruselas contemplaba finalizar el documento en septiembre, fuentes comunitarias aseguran que ahora se trabaja con la intención de tenerlo listo en julio, antes del receso veraniego de las instituciones europeas.
Si ese primer paso se adelanta, el resto del calendario también podría acelerarse. En Bruselas existe la percepción de que la publicación del informe de competitividad puede abrir la puerta a anticipar el paquete de simplificación normativa para la banca, que incluso podría presentarse antes de que termine el año. Hasta ahora, la previsión más optimista situaba ese proceso en el primer trimestre de 2027. "Sería una noticia muy positiva. Otras jurisdicciones están actuando con rapidez, mientras Europa vuelve a optar por procedimientos demasiado lentos y burocráticos", señalan desde una entidad financiera.
La banca ve esta reforma como una oportunidad para avanzar en la integración del mercado único y, al mismo tiempo, aliviar unas exigencias de capital que considera excesivamente complejas y duplicadas. Las entidades han intensificado además su actividad de presión en Bruselas, convirtiendo esta cuestión en el principal frente regulatorio del momento, incluso por encima del debate sobre el euro digital.
A esta presión también se han sumado los Estados miembros de la UE. Los ministros de Finanzas reclamaron ya en diciembre a la Comisión Europea que presentara "con rapidez paquetes ambiciosos de simplificación" para la regulación financiera, dentro de un plan más amplio destinado a revisar, simplificar e incluso eliminar parte de la normativa vigente.
En las últimas cumbres europeas, la demanda ha escalado además al máximo nivel político. Los jefes de Estado y de Gobierno incluyeron en las conclusiones del último Consejo Europeo una petición a la Comisión para que proponga cambios concretos en el marco prudencial con el objetivo de reforzar la capacidad de la banca para financiar la economía europea, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad financiera y la igualdad de condiciones a escala internacional.
A diferencia de la solicitud planteada por los ministros de Finanzas, el mensaje emanado del Consejo Europeo sí implica un respaldo político directo para que la Comisión presidida por Ursula von der Leyen inicie el esperado proceso legislativo. Fuentes comunitarias explican que los Estados miembros consideran compatible el impulso a los mercados de capitales con la aceleración de la reforma bancaria, especialmente porque en junio ya se esperan avances relevantes relacionados con la Unión de Ahorro e Inversiones.
Pese a que bancos y gobiernos comparten el interés por acelerar la reforma, sus objetivos no son exactamente los mismos. Los países insisten en que cualquier flexibilización debe preservar la resistencia del sistema financiero y solo contemplan liberar capital en aquellos casos en los que quede demostrado que existen duplicidades regulatorias con otras exigencias.
Más de 9.000 kilómetros separan Madrid de Pekín, pero esa distancia geográfica no impide que China se haya convertido en el principal proveedor de bienes de España. Según los datos difundidos este martes por el Gobierno, el gigante asiático superó en el primer trimestre del año a Alemania como mayor origen de las importaciones españolas. Entre enero y marzo, las compras procedentes de China rebasaron los 12.500 millones de euros, una cifra equivalente al total de las importaciones españolas desde todo el continente americano. Así, China concentra ya el 11,6% de las importaciones nacionales, ligeramente por encima del 11,4% correspondiente a Alemania.
No es la primera vez que ocurre algo similar. En 2022, China ya adelantó temporalmente a Alemania debido a la crisis global de microchips, que golpeó especialmente a la industria automovilística alemana y provocó un fuerte desplome de las matriculaciones en España. Sin embargo, a diferencia de aquel episodio coyuntural, el actual avance chino parece responder a una tendencia mucho más estructural. El crecimiento sostenido de sus exportaciones y el refuerzo de su capacidad industrial están consolidando su peso en el mercado español.
Además, las tensiones comerciales impulsadas por Estados Unidos y el aumento de aranceles han llevado tanto a la Comisión Europea como al Banco Central Europeo a advertir sobre una posible desviación hacia Europa de productos chinos de bajo coste, especialmente los comercializados a través de plataformas como AliExpress, Temu o Shein.
En los últimos cinco años, Alemania ha mantenido una cuota relativamente estable, cercana al 11% de las importaciones españolas, mientras que China ha ido ganando terreno progresivamente, con un avance especialmente significativo en 2025, cuando ya estuvo cerca de ocupar la primera posición. Esa dinámica continúa y también se ve favorecida por el acercamiento político entre ambos países. La relación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el mandatario chino, Xi Jinping, atraviesa un momento de gran sintonía, reflejado en las cuatro visitas oficiales realizadas por Sánchez a China en los últimos tres años, más que cualquier otro dirigente europeo.
El jefe del Ejecutivo español ha adoptado además una postura menos crítica hacia Pekín que la mantenida por otras instituciones europeas, que definen oficialmente a China como "socio, competidor y rival sistémico". Sánchez ha preferido enfatizar únicamente el componente de colaboración, llegando a afirmar en su última visita que España considera a China un socio de la Unión Europea.
No obstante, la relación comercial entre ambos países presenta un fuerte desequilibrio. Mientras las importaciones desde China no dejan de crecer, las exportaciones españolas hacia el país asiático permanecen prácticamente estancadas y apenas representan el 2% del total de las ventas exteriores españolas. Esto convierte a China en el undécimo destino de las exportaciones nacionales.
Durante el año pasado, España importó productos chinos por valor de 50.250 millones de euros, mientras que las exportaciones españolas a China alcanzaron solo 7.972 millones. Como resultado, el déficit comercial supera los 42.000 millones de euros, el doble que hace apenas seis años. La tasa de cobertura -que mide qué porcentaje de las importaciones se compensa con exportaciones- se situó en apenas el 15,9%, el nivel más bajo desde 2010.
Este desequilibrio es mucho más acusado que el existente con otros socios relevantes. Por ejemplo, el déficit comercial con Alemania ronda los 10.000 millones de euros. Además, en el conjunto del comercio exterior español, la tasa de cobertura alcanzó el 87,2% en 2025, una cifra muy superior a la registrada con China. En cambio, el gigante asiático presenta un enorme superávit comercial global: sus exportaciones cubren el 146% de sus importaciones, generando un saldo positivo superior al billón de euros.
En un contexto marcado por el repunte de la inflación, las importaciones chinas ofrecen ventajas competitivas para muchas empresas españolas, que pueden acceder a productos y componentes a costes más bajos que en otros mercados. También benefician a los consumidores, especialmente en sectores como el automóvil eléctrico, donde las marcas chinas están ganando terreno gracias a modelos más asequibles que los europeos o estadounidenses.
Sin embargo, los expertos advierten de que esta creciente dependencia también tiene efectos negativos sobre la industria española. Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, explica que el comercio con Alemania ha estado históricamente basado en intercambios industriales más equilibrados y complementarios, especialmente en sectores como el automóvil o la aeronáutica, donde existe una integración productiva que beneficia al tejido empresarial español. En cambio, considera que las importaciones chinas suelen sustituir producción nacional o compras a otros proveedores europeos, sin generar el mismo efecto tractor sobre la economía española.
Por su parte, Alicia García Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico y Oriente Medio en Natixis e investigadora de Bruegel, alerta del riesgo de una dependencia excesiva respecto a China. Señala que esta situación obliga a Europa a adaptarse continuamente a la estrategia económica china y recuerda además que la competencia no se produce solo en el mercado español, sino también en terceros países. A ello se suma, según la experta, el fuerte respaldo estatal que reciben muchas compañías chinas, especialmente del sector automovilístico, mediante subsidios que facilitan su expansión internacional.
En 2025, los principales productos importados por España desde China fueron bienes de equipo, tecnología, maquinaria, material de oficina, textiles, productos químicos, automóviles, juguetes y calzado. En sentido inverso, España exporta sobre todo productos químicos, minerales y alimentos, especialmente carne de cerdo. China absorbe el 42% de las exportaciones españolas de porcino fuera de la Unión Europea, una dependencia que quedó patente recientemente durante la crisis provocada por la peste porcina en Cataluña, cuando el sector temió una reducción de las compras chinas.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pactado este jueves con las comunidades autónomas el reparto territorial de los 7.000 millones de euros incluidos en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 durante la conferencia sectorial celebrada junto a los consejeros autonómicos del área. Aunque los representantes del Partido Popular habían mostrado en los últimos meses su rechazo al diseño y distribución de los fondos por considerar que invade competencias autonómicas, finalmente ninguno votó en contra de recibir las ayudas. Tras este acuerdo, cada comunidad deberá formalizar un convenio bilateral con el Estado y aquellas que completen antes el proceso podrán acceder a los recursos a partir del segundo semestre del año, tal y como había prometido el ministerio.
Rodríguez celebró el entendimiento alcanzado y destacó que supone una respuesta positiva tanto para el Gobierno como para los ciudadanos que esperan soluciones efectivas en materia de vivienda. La ministra recordó que el plan es fruto de meses de negociaciones y reuniones con comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales, de las que, según explicó, se recibieron cerca de 400 propuestas.
Aunque el respaldo de las comunidades no era imprescindible desde el punto de vista formal para distribuir los fondos -bastaba con que las autonomías interesadas aceptaran el sistema de reparto-, el Ministerio defendió desde el principio la necesidad de alcanzar un consenso amplio que facilitara la aplicación coordinada del programa en todo el territorio nacional.
Pese al apoyo final, varios representantes autonómicos del PP mantuvieron sus críticas al proyecto. El consejero madrileño de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, que intervino en nombre de los gobiernos populares, calificó el plan de "acto propagandístico" del Ejecutivo y acusó al Gobierno de intentar condicionar a las comunidades sin resolver realmente el problema de acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes. También insistió en que las autonomías conocieron muchos detalles del programa a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y no mediante negociación previa.
La ministra rechazó esas acusaciones y aseguró que durante los últimos meses se han celebrado cerca de treinta reuniones para abordar el contenido del plan. Rodrigo, además, acusó al Ejecutivo de querer imponer una "agenda ideológica" en política de vivienda y no descartó la posibilidad de recurrir determinadas medidas ante el Tribunal Supremo. Desde el Ministerio consideran que esa vía judicial carece de sentido porque podría retrasar la llegada de los fondos a las propias comunidades.
El Plan Estatal de Vivienda fue anunciado hace aproximadamente un año por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona y recibió el visto bueno del Consejo de Ministros el pasado 21 de abril. El programa combina financiación estatal y autonómica: el Estado asumirá el 60% del coste y las comunidades el 40% restante. No obstante, para facilitar su arranque, el Ministerio se ha comprometido a cubrir íntegramente la financiación correspondiente al primer año.
La distribución de los 7.000 millones también queda definida en el propio plan. El 40% se destinará a la construcción de vivienda pública asequible, que además conservará de manera permanente su condición de protegida. Otro 30% financiará actuaciones de rehabilitación de viviendas destinadas a ampliar el parque público, con ayudas que podrán alcanzar los 30.000 euros. El 30% restante se dedicará a subvenciones para colectivos vulnerables, tanto para el alquiler -con ayudas de hasta 300 euros- como para la compra de vivienda en zonas rurales.
Precisamente, la obligación de que las viviendas construidas con financiación estatal mantengan indefinidamente su carácter protegido es uno de los puntos que más rechazo ha generado entre las comunidades gobernadas por el PP. Estas consideran que esa exigencia invade competencias autonómicas en materia de vivienda. Frente a ello, Rodríguez defendió que las promociones financiadas con dinero público deben formar parte de un patrimonio permanente al servicio de los ciudadanos y no acabar incorporándose al mercado libre tras unas décadas.
Este debate ya fue analizado por el Tribunal Constitucional al estudiar la Ley estatal de Vivienda aprobada en 2023. En aquella ocasión, el tribunal anuló el artículo que imponía con carácter general la protección permanente de toda vivienda protegida, al entender que afectaba a competencias autonómicas. No obstante, los magistrados también señalaron que el Estado sí puede imponer esa condición cuando las promociones se financian con fondos estatales, mientras que las comunidades conservan plena capacidad de decisión cuando las viviendas se desarrollan únicamente con recursos propios.
El Tribunal Supremo ha supuesto un importante revés para el Gobierno al cuestionar el registro único de alquileres de corta duración impulsado por el Ministerio de Vivienda. España fue el primer país de la Unión Europea en aplicar las exigencias de Bruselas para controlar el crecimiento de los pisos turísticos y los alquileres temporales mediante la creación de este Registro Único de Arrendamientos. Sin embargo, el alto tribunal considera que el Estado carece de competencias para poner en marcha este censo estatal, gestionado a través de los Registradores de la Propiedad y destinado a centralizar la información sobre este tipo de alojamientos.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo entiende que el sistema diseñado por el Ejecutivo invade ámbitos ya regulados por las comunidades autónomas, al superponerse a los registros autonómicos existentes sobre viviendas destinadas al alquiler turístico.
El registro comenzó a funcionar el 2 de enero de 2025 y quedó plenamente operativo en julio, tras un periodo de prueba de seis meses. La normativa obligaba a identificar todas las viviendas ofertadas para uso turístico o alquiler temporal en plataformas como Airbnb o Booking, así como cualquier otro inmueble comercializado bajo esta modalidad. Cada vivienda debía disponer de un número identificativo que acreditara el cumplimiento de la normativa correspondiente, mientras que los registradores de la propiedad asumían la tarea de verificar si los inmuebles reunían los requisitos legales necesarios para anunciarse en internet.
La medida iba acompañada además de la denominada Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, una plataforma informática diseñada para facilitar el intercambio de información entre las plataformas digitales y la Administración pública.
El sistema fue aprobado mediante un real decreto de 23 de diciembre de 2024 y provocó desde el inicio una fuerte contestación jurídica por parte de varias comunidades autónomas, entre ellas Canarias, Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía. También presentaron recursos distintas asociaciones de viviendas vacacionales de Barcelona, Girona y Canarias, que denunciaban una invasión de competencias autonómicas, al considerar que la regulación turística corresponde exclusivamente a las regiones.
En la sentencia, fechada el pasado 19 de mayo y conocida este jueves, el Supremo estima parcialmente el recurso presentado por la Generalitat Valenciana y anula únicamente los artículos del real decreto que daban cobertura al registro único estatal. No obstante, mantiene en vigor el resto del sistema, incluida la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, las obligaciones de las plataformas online de remitir información a la Administración y el intercambio de datos con fines estadísticos.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) estima que el fraude relacionado con el IVA de los hogares asciende a 9.428 millones de euros. Esta cifra refleja la diferencia entre los ingresos que el Estado debería obtener por el consumo de las familias y la cantidad que finalmente recauda.
Según el informe, esta desviación equivale a una "brecha de cumplimiento" del 13,3% y representa alrededor del 0,69% del Producto Interior Bruto (PIB) español. El estudio, elaborado por los investigadores Julio López Laborda, Carmen Marín González y Jorge Onrubia, analiza únicamente el IVA vinculado al consumo de los hogares residentes, excluyendo tanto el gasto de no residentes como el de las administraciones públicas.
Para calcular la recaudación potencial, los autores emplean una metodología de microsimulación. A partir de este modelo concluyen que, en ausencia de fraude o evasión fiscal, el Estado habría debido ingresar 70.717 millones de euros por el IVA asociado al consumo final de las familias. Sin embargo, tras ajustar los datos con la Contabilidad Nacional y las actuaciones de control de la Agencia Tributaria, la recaudación efectiva neta quedó en 61.289 millones.
La diferencia entre ambas cantidades constituye la denominada brecha fiscal, que mide la distancia entre la recaudación teórica y la realmente obtenida. Los 9.428 millones estimados reflejan posibles prácticas como ventas ocultas, actividad en la economía sumergida o errores en las declaraciones tributarias.
El informe también destaca la relación existente entre el IVA y los Impuestos Especiales que gravan productos como el alcohol, el tabaco, los hidrocarburos o la electricidad. Dado que el IVA se calcula sobre el precio final que ya incorpora estos tributos, cualquier fraude en los Impuestos Especiales repercute automáticamente en una menor recaudación del IVA.
Los investigadores aclaran que su cálculo principal parte de la hipótesis de que no existe fraude en los Impuestos Especiales. No obstante, si se asumiera también evasión en esos impuestos, la brecha del IVA se reduciría ligeramente, hasta unos 8.403 millones de euros, ya que la base imponible teórica sería menor.
Las cifras de Fedea superan ampliamente las estimaciones realizadas por otras instituciones. La Comisión Europea, por ejemplo, situó para el mismo periodo la brecha total de cumplimiento del IVA en España en torno a 3.986 millones de euros, una cantidad que los autores consideran inferior a la realidad detectada mediante su sistema de microsimulación.
El estudio concluye que el volumen de la brecha evidencia un importante margen de mejora en la capacidad recaudatoria del IVA. Aunque los autores recomiendan interpretar los datos con cautela debido a las limitaciones de las encuestas de presupuestos familiares, consideran que combatir esta evasión permitiría reforzar los ingresos públicos sin necesidad de aumentar los tipos impositivos.
El informe diferencia además entre la brecha de cumplimiento y la brecha de política fiscal. La primera se refiere exclusivamente al fraude y es la que analiza el estudio. La segunda responde a decisiones legislativas, como la aplicación de tipos reducidos del 4% o el 10%, así como determinadas exenciones en ámbitos como la sanidad o la educación. La suma de ambas elevaría considerablemente el potencial recaudatorio del IVA, aunque abriría un debate político sobre progresividad fiscal y acceso a servicios esenciales.
Por último, Fedea subraya la importancia de ajustar y "calibrar" los resultados con los datos de la Contabilidad Nacional para evitar distorsiones estadísticas, ya que la fiabilidad de la estimación depende en gran medida de la calidad del proceso de integración de la información.
El encarecimiento del petróleo acaba repercutiendo en toda la economía, aunque no siempre se refleje de forma inmediata en el precio que pagan los conductores en las gasolineras. Ese es el mensaje que ha lanzado este miércoles el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su última actualización sobre la crisis energética provocada por el cierre del golfo Pérsico, una zona estratégica por la que circula cerca del 20% del petróleo consumido a nivel mundial.
El organismo insiste, como ya hizo en abril, en que las ayudas públicas para abaratar los combustibles deben utilizarse únicamente en situaciones excepcionales. A su juicio, subvencionar carburantes, como ha ocurrido en España, puede terminar teniendo un efecto contraproducente al mantener elevada la demanda en un contexto de escasez, lo que acaba presionando aún más los precios y afectando al conjunto de la economía.
"El papel de la política fiscal puede ser importante, pero las medidas deben ser temporales, selectivas y adaptadas a cada situación", señala el FMI en su informe. Aunque no menciona países concretos, uno de los ejemplos más evidentes es España. Entre abril y junio, el Gobierno dejó de ingresar más de 1.000 millones de euros tras reducir el IVA de los carburantes del 21% al 10% y rebajar el impuesto especial sobre hidrocarburos, medidas aprobadas a finales de marzo para contener el precio de los combustibles.
Sin embargo, el impacto sobre el precio final fue limitado y, apenas unas semanas después, el efecto de la rebaja fiscal prácticamente había desaparecido en el caso del gasóleo. Además, la Comisión Europea advirtió posteriormente a España de que la reducción del IVA incumplía la normativa comunitaria, que no permite aplicar tipos reducidos a los carburantes, aunque sí consideró válido el ajuste en el impuesto especial. Para el FMI, este caso demuestra que las medidas mal diseñadas pueden resultar muy costosas para las cuentas públicas y complicadas de revertir. Además, advierte de que pueden alimentar la inflación, deteriorar la situación fiscal de los países e incluso contribuir a elevar aún más los precios internacionales de la energía.
El organismo sostiene que las subvenciones energéticas generan distorsiones en el mercado y terminan beneficiando en mayor medida a las rentas más altas, ya que son los hogares con más consumo energético los que obtienen una mayor ventaja. Lo mismo ocurre, según el Fondo, con otras medidas generalizadas como los topes de precios, que además suelen ser difíciles de retirar una vez implantadas.
El FMI recuerda que estas situaciones ya se están produciendo en distintos países. Indonesia, por ejemplo, ha ampliado sus subsidios a los carburantes tras la crisis del golfo Pérsico, pese a que experiencias anteriores demostraron su escasa eficacia y generaron importantes tensiones sociales cuando el Gobierno intentó reducirlos. Argentina es otro ejemplo citado por el organismo, que atribuye parte de sus desequilibrios fiscales a décadas de subvenciones masivas a la energía, incluidas las tarifas eléctricas.
El Fondo considera que este tipo de ayudas solo deberían aplicarse en circunstancias extremas, como cuando el incremento de los costes energéticos amenaza con trasladarse rápidamente al conjunto de la economía o cuando las finanzas públicas tienen capacidad suficiente para absorber el impacto. Aun así, reconoce que evaluar estas condiciones en tiempo real resulta complejo y recuerda que los controles generalizados de precios suelen tener efectos secundarios importantes.
Aunque admite que no existe una fórmula universal para afrontar una crisis energética, ya que cada país presenta características diferentes según su dependencia de los combustibles fósiles o su margen presupuestario, el FMI insiste en que las primeras medidas deben dirigirse a proteger a los colectivos más vulnerables. Según el organismo, los hogares con menos ingresos destinan proporcionalmente mucho más dinero a energía y alimentación y cuentan además con menos capacidad de ahorro, por lo que son los más expuestos a una escalada de precios. Para protegerlos y evitar un aumento de la pobreza y de la tensión social, recomienda priorizar las transferencias directas y focalizadas.
El Fondo también considera que las primeras respuestas para empresas y pequeños negocios deberían centrarse en medidas temporales de liquidez, como créditos avalados por el Estado, líneas de financiación o aplazamientos fiscales y de cotizaciones sociales. Estas herramientas, sostiene, son menos costosas para las arcas públicas y más fáciles de retirar que las subvenciones directas o las inyecciones de capital, que suelen generar mayores dificultades políticas y presupuestarias a largo plazo. En definitiva, el FMI defiende que cualquier respuesta frente a una crisis energética debe ser limitada en el tiempo y diseñada para evitar que las ayudas temporales se conviertan en gastos estructurales permanentes.
Los paraísos fiscales existen desde hace siglos, prácticamente desde el nacimiento de las primeras civilizaciones. Sin embargo, su gran expansión llegó a mediados del siglo XX, impulsada por fenómenos como la descolonización -que dio lugar a nuevos territorios desvinculados de las antiguas potencias-, la globalización y el desarrollo tecnológico, que facilitaron las transacciones internacionales fuera de los sistemas fiscales tradicionales. También hubo motivaciones políticas. Suiza, por ejemplo, instauró hace casi un siglo el secreto bancario como fórmula para sostener económicamente su neutralidad.
El resultado ha sido la creación de una enorme red financiera ligada a la vertiente más agresiva del capitalismo global. Paradójicamente, uno de los países que más ha aprovechado este sistema es China, pese a definirse formalmente como una economía socialista. Pekín ha convertido los territorios de baja tributación en una pieza clave de su estrategia internacional de inversión.
Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos (NBER, por sus siglas en inglés) revela que el 37,7% de las inversiones chinas en el exterior se canalizan a través de intermediarios ubicados en paraísos fiscales o jurisdicciones con fiscalidad reducida. Según los autores del informe, estas operaciones pasan por al menos un intermediario radicado en este tipo de territorios, lo que dificulta enormemente su rastreo y hace que las estadísticas tradicionales de inversión extranjera directa no reflejen la dimensión real de la presencia china en el exterior.
La magnitud de esta estrategia es relevante si se tiene en cuenta que China, incluyendo Hong Kong y Macao, es ya el segundo mayor inversor mundial, con alrededor de 3,3 billones de dólares invertidos fuera de sus fronteras, solo por detrás de Estados Unidos. Esa cifra equivale aproximadamente al doble del PIB español y representa cerca del 3% de los activos corporativos globales. Además, las inversiones de las compañías chinas crecen a un ritmo medio anual del 20%.
El peso de China en determinados paraísos fiscales es especialmente elevado. Las empresas chinas controlan activos equivalentes al 58% del total corporativo en las Islas Caimán, al 40,6% en Bermudas y al 15% en las Islas Vírgenes Británicas. Según el estudio, estos datos muestran el papel central que desempeñan los centros financieros offshore dentro de la estructura internacional de propiedad empresarial china. También destacan las posiciones en Portugal y Singapur, considerados puntos estratégicos de entrada hacia la Unión Europea y los mercados financieros asiáticos.
Si se analiza el volumen de inversión, las Islas Caimán aparecen como el principal destino del capital chino, con 424.000 millones de dólares invertidos entre 2012 y 2021. Reino Unido ocupa el segundo lugar con 380.000 millones, seguido por Australia, Singapur y Bermudas. El informe considera que esta distribución refleja tanto el uso intensivo de estructuras offshore como la preferencia de China por invertir en economías desarrolladas.
La expansión china se concentra especialmente en sectores considerados estratégicos y de alto contenido tecnológico. Las inversiones más relevantes se dirigen a la industria manufacturera y a actividades científicas y profesionales, mientras que cerca del 80% de esas operaciones tienen como destino Europa y América del Norte.
El estudio también observa que las empresas estatales chinas priorizan la adquisición de compañías con elevada inversión en investigación y desarrollo. Tras las compras, las empresas aumentan su capital y el gasto en I+D, aunque este esfuerzo no se traduce necesariamente en una mayor producción de patentes ni en mejoras de rentabilidad. De hecho, el informe detecta un ligero deterioro en la rentabilidad de los activos tras las adquisiciones, lo que sugiere que el objetivo principal no sería obtener beneficios inmediatos, sino asegurar el acceso a tecnología y capacidades industriales estratégicas a largo plazo.
Los analistas sí detectan efectos indirectos positivos para las matrices chinas, que terminan incrementando su capacidad de innovación y registro de patentes gracias al conocimiento adquirido en los países avanzados donde realizan las inversiones.
La estrategia internacional de Pekín tomó especial impulso a partir de 2015, con el objetivo de reforzar diez sectores tecnológicos prioritarios y elevar la competitividad industrial del país. Europa y Norteamérica concentran actualmente la mayor parte de las inversiones chinas, mientras que Asia apenas representa el 15% de sus activos exteriores. En cambio, el peso de África, Oceanía y Sudamérica dentro de la estrategia inversora china se ha reducido significativamente en los últimos años.
La investigación se basa en datos de Moody's Orbis, una base de información empresarial que recoge datos de más de 400 millones de compañías en 212 economías. El análisis abarca el periodo comprendido entre 2012 y 2021, una década marcada por el fuerte crecimiento de la presencia global de las empresas chinas.
Según el estudio, los activos controlados por accionistas chinos en el extranjero crecieron desde 551.000 millones de dólares en 2012 hasta 2,5 billones en 2021. Si se suman Hong Kong y Macao, la llamada Gran China alcanzó los 4,27 billones de dólares en activos exteriores al cierre del periodo analizado. Aun así, Estados Unidos sigue manteniendo una posición claramente superior, con inversiones internacionales que aumentaron desde 10 billones hasta 18,2 billones de dólares durante esos mismos años.
Los perfiles técnicos y altamente especializados siguen atravesando un momento especialmente favorable en el mercado laboral. El informe Future of Jobs 2025 del World Economic Forum revela que cerca del 75% de las empresas en el mundo reconoce tener problemas para encontrar profesionales adecuados para determinados puestos.
En España, el escenario no es distinto. El Instituto Nacional de Estadística calcula que existen alrededor de 150.000 vacantes sin cubrir, muchas de ellas vinculadas a sectores técnicos, industriales y servicios especializados. Sin embargo, empresas de selección y organizaciones empresariales consideran que esta cifra se queda corta, ya que únicamente contabiliza las ofertas activas en el momento de la encuesta. Entidades como CEOE, Adecco o Randstad elevan el déficit real por encima de las 200.000 e incluso 250.000 plazas que permanecen vacías o que terminan ocupadas por candidatos que no reúnen las competencias requeridas. El último estudio de ManpowerGroup sobre escasez de talento apunta además que el 78% de las compañías españolas tiene dificultades para encontrar profesionales adecuados, el porcentaje más alto registrado en los últimos quince años.
Esta falta de trabajadores especializados convive, paradójicamente, con una de las tasas de paro más elevadas de la Unión Europea, situada en el 10,83% de la población activa al cierre del primer trimestre de 2026. El ámbito tecnológico es uno de los ejemplos más claros de este desajuste. Datos de Catenon y Hays estiman en unas 120.000 las vacantes sin cubrir en el sector digital, especialmente en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y servicios cloud. El avance de la tecnología supera la capacidad de las universidades para formar nuevos profesionales al ritmo que exige el mercado.
Un caso especialmente significativo es el de los especialistas SAP. Un estudio de Experis, elaborado junto a SAP y la Asociación de Usuarios SAP España (Ausape), calcula que el próximo año harán falta unos 45.000 profesionales vinculados a esta tecnología, una demanda imposible de satisfacer con la oferta actual de candidatos. En apenas dos años, la necesidad de estos perfiles ha crecido un 23%. Además, se estima que España requerirá cerca de 26.000 consultores SAP certificados hasta 2027, lo que obligaría a formar unos 8.000 profesionales anuales para reducir el déficit.
La expansión de la inteligencia artificial también está acelerando la demanda de trabajadores especializados. Según Randstad, España se sitúa entre los países con mayor peso de ofertas laborales que requieren conocimientos de IA. Durante el primer trimestre de este año, los empleos relacionados con esta tecnología representaron el 0,27% de todas las ofertas publicadas, un porcentaje muy superior al de Alemania (0,09%) o Francia (0,04%) y nueve veces mayor que el registrado hace cinco años.
España sobresale especialmente en dos sectores. En atención al cliente, las ofertas vinculadas a inteligencia artificial alcanzan el 3,9%, triplicando la media global del 1,2%. En marketing, la demanda de habilidades relacionadas con IA creció hasta el 6% en 2025, el mayor incremento registrado a escala mundial.
No obstante, el auge de la inteligencia artificial está ampliando aún más la distancia entre las vacantes disponibles y el talento existente. Randstad advierte de las dificultades que afronta España para implantar tecnologías de IA por la escasez de especialistas. Un ejemplo son los entrenadores de inteligencia artificial, cuyas vacantes tardan ya una media de 64 días en cubrirse, frente a los 30 días del año pasado. Otros perfiles especialmente complicados de encontrar son los gerentes de IA, con 54 días de espera media, y los arquitectos de IA, con 53 días.
La escasez también se refleja en la tasa de vacantes sin cubrir. En el caso de los arquitectos de IA, el 17,9% de los puestos sigue desierto, mientras que en los ingenieros de machine learning el porcentaje alcanza el 10,7%.
El informe de ManpowerGroup sitúa entre los perfiles más difíciles de encontrar a los profesionales con conocimientos prácticos en inteligencia artificial y manejo de herramientas basadas en esta tecnología (34%), así como a expertos en desarrollo de aplicaciones y modelos de IA (33%). También persiste la falta de ingenieros y especialistas en tecnologías de la información y análisis de datos tradicionales, excluyendo la inteligencia artificial.
Pese al protagonismo creciente de la tecnología, las empresas también buscan cada vez más habilidades humanas difíciles de automatizar. Randstad destaca que, a medida que la digitalización asume tareas repetitivas, gana valor el talento capaz de aportar criterio, supervisión y capacidad de análisis. A nivel global, la demanda de inteligencia emocional ha crecido un 173%, la creatividad un 168% y la capacidad de resolución de problemas un 35%.
Otro de los grandes desafíos pendientes afecta a la Formación Profesional. Adecco señala que el 40% de las ofertas de empleo ya se dirige a titulados de FP, aunque el número de graduados sigue siendo insuficiente. Existe una importante falta de especialistas en mantenimiento industrial, soldadura, electromecánica o refrigeración. Además, persiste un cierto estigma social hacia estos trabajos, pese a que en muchos casos ofrecen salarios superiores a los de numerosos titulados universitarios.
A esta situación se suma el problema del relevo generacional. Un estudio de la Fundación CaixaBank Dualiza y Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad advierte de que España tendrá dificultades para cubrir alrededor de un millón y medio de empleos hasta 2035. Por cada diez trabajadores que se jubilen en la industria, sólo habrá siete jóvenes preparados para sustituirlos.
El envejecimiento de la población agrava aún más el problema, ya que abandonan el mercado más profesionales cualificados de los que se incorporan, especialmente en sectores como la sanidad y la educación, según Randstad. Además, Catenon alerta de que España está perdiendo talento cualificado hacia otros países europeos. Ingenieros, enfermeros y otros especialistas emigran atraídos por salarios en Alemania o Países Bajos que superan entre un 30% y un 40% los ofrecidos en España, lo que intensifica todavía más la escasez de profesionales.
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