Noticias

(El Economista, 29-07-2025) | Laboral

La Seguridad Social prevé que el 14% de los nuevos jubilados vuelva a trabajar a partir de 2030

El Ministerio de Seguridad Social estima que, con la reforma que planea introducir mediante el nuevo reglamento sobre la jubilación reversible -denominación que sustituirá a la actual jubilación flexible-, aproximadamente un 1,8% de las nuevas altas optarán por esta modalidad. Según las proyecciones del departamento que dirige Elma Saiz, este porcentaje se mantendría constante durante los próximos cinco años. El borrador normativo, actualmente en fase de audiencia pública, pretende sustituir el régimen de jubilación flexible aprobado en 2002, dado su escaso uso. Según la Memoria del Proyecto de Real Decreto, en marzo solo se contabilizaban 3.174 pensiones bajo este modelo, lo que representa apenas el 0,04% del total de las 6,57 millones de pensiones de jubilación existentes. La intención del Ministerio es incrementar esa proporción progresivamente hasta alcanzar el 14% al cabo de un lustro. Las previsiones que recoge la memoria de la Seguridad Social parten de dos premisas: que la jubilación reversible solo será accesible desde la jubilación ordinaria (no anticipada), y que los beneficiarios retornarán al empleo tras un mínimo de seis meses de retiro, lo cual les permitiría acceder a un incentivo económico del 10% o 20% en función de la jornada laboral que asuman. Esta reforma responde al compromiso adquirido en la Mesa de Diálogo Social sobre Seguridad Social y Pensiones el 31 de julio de 2024, que incluía revisar la regulación de esta figura. El actual modelo de jubilación flexible, señala el Ministerio, no ha logrado los objetivos previstos, ya que su utilización apenas ha variado con el tiempo. El Consejo de Ministros autorizó el pasado martes la tramitación urgente del Real Decreto, pero todo indica que la nueva normativa no entrará en vigor antes de septiembre, ya que el periodo de audiencia pública no finaliza hasta el 1 de agosto. Tras su aprobación definitiva, la nueva jubilación reversible empezará a aplicarse tres meses después de su publicación en el BOE. Los datos revelados por el Ministerio -que no suelen difundirse con regularidad- muestran que el número de personas que optan por volver al trabajo tras jubilarse se ha mantenido estable. El 75,4% de quienes acceden a esta modalidad son hombres. La pensión media que perciben es de 949 euros mensuales, aunque con diferencias por sexo: 1.029 euros para los hombres y 705 euros para las mujeres. Por lo general, estos jubilados permanecen unos cuatro años activos tras su reincorporación. La edad media de acceso a esta modalidad es de 71 años, siendo la mayoría asalariados (72%). Además, un 81% trabaja con la jornada máxima permitida en este régimen, es decir, el 50% de la jornada completa. Las previsiones del Ministerio suponen que, con la reforma, muchos de estos trabajadores pasarán a realizar un 80% de la jornada, lo que implicaría un incremento de la actividad laboral y, a su vez, mayor ahorro para el sistema. Otros datos relevantes que aporta la memoria indican que, aunque la edad media de acceso es de 65 años, un 17,85% de los trabajadores se jubilan antes de cumplir los 64 años, por debajo de la edad mínima legal ordinaria. Finalmente, el documento contempla dos escenarios de ahorro para el sistema: uno más optimista, con un impacto positivo de 285,33 millones de euros, y otro más conservador, con un ahorro de 185,87 millones. La diferencia dependerá del grado de jornada laboral que asuman los jubilados que se reincorporen, ya que cuanto mayor sea la jornada, mayor será el ahorro para la Seguridad Social.

LEER MÁS

(Cinco Días, 29-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La banca sigue engordando su cartera de deuda y supera los 200.000 millones por primera vez en 11 años

Los bancos han tomado nota del nuevo escenario. Tras años en los que los tipos de interés cercanos a cero redujeron sus márgenes de beneficios, la rápida subida de tasas para contener la inflación trajo consigo un respiro inesperado. Con el encarecimiento del dinero, las entidades financieras vieron mejorar sus ingresos, su rentabilidad y el valor de sus acciones, que habían estado en niveles bajos durante un tiempo. Sin embargo, tres años después, la política monetaria ha entrado en una fase de moderación: los tipos se sitúan ahora en el 2%, es decir, unos 250 puntos básicos por debajo de su nivel de hace poco más de un año. Con este entorno de tipos más bajos, es previsible que el margen de intereses -es decir, la diferencia entre lo que los bancos ganan por los préstamos y lo que pagan por los depósitos- comience a disminuir. Esta tendencia ya empieza a hacerse notar: en el primer semestre del año, el margen de intereses cayó un 5,1% en Bankinter y un 2,7% en Sabadell. Para hacer frente a esta caída, las entidades están desplegando nuevas estrategias con el fin de mantener los ingresos. Además de aumentar comisiones y dinamizar la concesión de préstamos, han apostado por una gestión activa de sus carteras de deuda. A medida que los rendimientos de los bonos se alejaban de sus mínimos históricos, los bancos intensificaron la compra de deuda pública. Según datos del Tesoro, en abril -último mes con cifras disponibles-, las entidades nacionales poseían bonos por un valor total de 206.493 millones de euros, 26.646 millones más que en el mismo mes del año anterior, alcanzando el nivel más alto desde 2014, cuando las tenencias tocaron un récord de 224.455 millones. Todo indica que esta tendencia se mantendrá en un escenario de tipos moderados. "En un contexto de tipos a la baja, los bancos tienden a incrementar su exposición a deuda pública como una forma de proteger el margen de intereses. Aumentar esta tenencia suele traducirse en una mayor contribución de la cartera de renta fija", explica Nuria Álvarez, analista de Renta 4. Este contexto es muy diferente al de hace una década. Entonces, en plena crisis de deuda en la eurozona y con países como Italia, Portugal e Irlanda siendo rescatados -al igual que el sistema financiero español-, los bancos compraban deuda para cubrir sus necesidades de liquidez. Hoy, en cambio, las compras de bonos soberanos no responden a la falta de demanda -las últimas emisiones sindicadas recibieron solicitudes por 374.000 millones, 10 veces más de lo ofrecido-, sino a la necesidad de reforzar la rentabilidad ante la caída de tipos. Invertir en bonos del Estado permite a los bancos reducir su exposición a los movimientos de los tipos de interés, al tiempo que genera potenciales plusvalías. Además de los ingresos derivados de los cupones, la revalorización de los bonos en un entorno de rendimientos decrecientes permite a las entidades obtener ganancias si deciden vender esos activos. "La venta de deuda para generar ROF (resultado de operaciones financieras) ha sido clave para compensar la caída de los márgenes de intereses y las comisiones", añade Álvarez. A pesar del incremento constante de la exposición a deuda pública española, los analistas descartan riesgos de contagio entre el sector financiero y el soberano. Los bancos no están comprando para salvar emisiones del Tesoro. De hecho, los inversores internacionales han tenido un papel destacado, cubriendo más del 85% de la demanda en emisiones sindicadas. A finales de abril, los inversores no residentes seguían siendo los principales poseedores de deuda española, con 657.506 millones de euros -el 46% del total-. En los primeros cuatro meses del año compraron 48.119 millones, y en los últimos doce meses acumularon adquisiciones por 84.404 millones. La combinación entre el apetito inversor internacional y las compras bancarias está compensando la retirada del BCE y la menor participación del inversor minorista. Desde 2023, el Banco Central Europeo dejó de reinvertir los vencimientos del programa APP, lanzado en 2015, y a finales de 2024 hizo lo mismo con el PEPP, creado durante la pandemia. Desde su pico en 2022, cuando el BCE poseía 413.574 millones en deuda española, su cartera se ha reducido en 55.179 millones, hasta situarse en 358.395 millones. Aun así, continúa siendo el segundo mayor tenedor, con alrededor del 25% del total. La retirada progresiva del inversor minorista se explica por la caída de la rentabilidad de las letras, que a finales de 2023 rozaban el 4%, pero han ido perdiendo atractivo desde entonces. Aunque siguen siendo vistas como una opción segura para proteger los ahorros, ya no superan a la inflación, lo que ha frenado la entrada de nuevos fondos. Según el Banco de España, a mayo los particulares poseían letras por valor de 21.980 millones de euros, lejos de los 27.446 millones de un año antes. La confianza en la economía española también se refleja en el mercado secundario. Pese al aumento esperado de emisiones para cubrir el gasto en defensa y los desequilibrios fiscales de grandes economías como Estados Unidos, Francia o Reino Unido, la deuda española ha mostrado una notable resistencia. El bono a 10 años se mantiene en torno al 3,27%, algo por encima del 3,06% de principios de año, mientras que el bono alemán cotiza cerca del 2,68%, frente al 2,37% de diciembre pasado. Esta estabilidad ha contribuido a reducir la prima de riesgo por debajo de los 60 puntos básicos. El buen desempeño de la economía ha permitido al Tesoro mantener su apuesta por emisiones a largo plazo. Una estrategia que contrasta con la de otros países como Japón o Reino Unido, que han reducido la duración de sus emisiones ante la menor participación de grandes inversores institucionales. En España, la menor necesidad de refinanciación ha amortiguado el impacto del repunte de tipos. A cierre de junio, el coste medio de la deuda pública española rondaba el 3%, frente al 1,642% de 2021, justo antes de que el BCE diera fin a la era de los tipos de interés cero.

LEER MÁS

(Cinco Días, 29-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Un mal acuerdo comercial para Europa que lanza un mensaje preocupante

La percepción del acuerdo comercial alcanzado este domingo en Escocia entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, varía considerablemente según la cercanía con las negociaciones. Quienes participaron directamente en los diálogos con representantes estadounidenses expresan alivio y subrayan que el resultado pudo haber sido peor. "Detengámonos un momento a reflexionar sobre la alternativa: una guerra comercial, que algunos parecen desear, tendría consecuencias muy graves", advirtió este lunes el comisario de Comercio, Maros Sefcovic. En contraste, los expertos que analizan el resultado desde una perspectiva técnica tienden a mostrar desilusión. Entre ambos extremos se encuentran los líderes que deben dar su aprobación al pacto, aunque lo hacen con escaso entusiasmo. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lo resumió así: "Apoyo este acuerdo comercial, pero lo hago sin entusiasmo alguno". Otros, como el primer ministro francés, François Bayrou, han sido mucho más críticos: "Es un día triste cuando una alianza de pueblos libres, unida para defender sus valores e intereses, opta por someterse". Quienes cuestionan el pacto consideran que la estrategia europea ha sido poco firme desde el principio. Olivier Blanchard, ex economista jefe del FMI, lo expresó pocas horas después de conocerse el acuerdo: "Cuando impera la ley del más fuerte, el débil no tiene más remedio que aceptar su destino. Pero Europa tenía margen para actuar con mayor firmeza. Ha perdido una gran oportunidad de enviar un mensaje contundente al mundo". Víctor Burguete, investigador sénior en el CIDOB de Barcelona, critica la actitud concesiva de Bruselas, que optó por ofrecer muchas ventajas a EE.UU. sin aplicar suficientes presiones. Cuando Washington impuso aranceles al acero, aluminio, automóviles y otros productos, la reacción europea fue lenta y moderada. Incluso cuando la UE preparó una respuesta con aranceles por valor de 21.000 millones de euros, los suspendió rápidamente para facilitar el diálogo. Mientras tanto, la Administración Trump mantuvo fuertes gravámenes: 25% al sector automotriz, 50% a acero y aluminio, y casi 15% en otros productos. Para Burguete, este es un mal acuerdo que transmite una señal preocupante: que la Unión Europea puede ser presionada con éxito. Desde el think tank Bruegel, Ignacio García-Bercero reconoce que "cierto desequilibrio era inevitable", aunque considera que la UE debería haber activado mecanismos de defensa como el instrumento anticoerción. Exjefe negociador europeo con EE.UU. durante el primer mandato de Trump, García-Bercero aboga por mantener vigentes las medidas aprobadas el viernes por el Consejo, que permitirían aplicar represalias por 93.000 millones de euros si Washington incrementa los aranceles nuevamente. "Es fundamental tener previstas represalias automáticas si EE.UU. supera el 15% de aranceles, incluso en sectores sensibles como el farmacéutico", afirma. Alberto Rizzi, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, considera que el temor a una guerra comercial fue determinante. "Muchos gobiernos europeos temían más los costes inmediatos de una confrontación comercial que los efectos de ceder ante Trump. Políticamente es un desastre, pero económicamente es lo mejor que se pudo obtener dadas las circunstancias", sentencia. Rizzi también advierte que un endurecimiento en el frente comercial podría haber afectado la cooperación en otros ámbitos, como el respaldo militar a Ucrania. Otro elemento clave fue la falta de unidad en la UE. Países como Alemania, con más exposición comercial, presionaron para llegar a un entendimiento rápido, lo que dejó de lado las posturas más firmes. El Gobierno de Giorgia Meloni, que confiaba en sacar ventaja gracias a su cercanía con Trump, terminó sin resultados positivos. Alemania, en cambio, se considera parcialmente beneficiada por haber logrado que los aranceles al sector automotriz se redujeran del 27,5% al 15%, como destacó Von der Leyen. Para Eric Dor, profesor de la Universidad Católica de Lille, los nuevos aranceles suponen una amenaza seria para la competitividad europea y pueden tener un fuerte impacto negativo en empleo y crecimiento. A su juicio, el efecto real es mayor al 15% porque debe sumarse la revalorización del euro, que en lo que va de año ha subido un 13% frente al dólar. Eso encarece los productos europeos un 28% en comparación con los estadounidenses, un problema que podría agravarse si continúa esa tendencia. Además, muchas importaciones de EE.UU. siguen sin barreras en Europa. Aunque el sector automotor ha conseguido cierta rebaja, Dor advierte que seguirá siendo uno de los más afectados, sobre todo considerando que el Reino Unido ha logrado que sus fabricantes queden exentos. También hay inquietud en las farmacéuticas de Alemania, Bélgica e Irlanda, ya que no todas sus exportaciones estarían protegidas. Lo mismo ocurre con los productores de maquinaria y bebidas alcohólicas. En el caso de España, aunque solo el 6% de sus exportaciones se dirigen a EE.UU., sectores como el del aceite de oliva se verán perjudicados. Burguete recuerda que otros países, como Japón o el Reino Unido, han obtenido acuerdos más equilibrados con reducciones arancelarias recíprocas del 15%. Finalmente, desde el Instituto de Economía Mundial de Kiel se advierte que el coste de evitar una guerra comercial con Trump ha sido abandonar los principios del multilateralismo y del comercio regulado. "En lugar de aceptar un acuerdo desfavorable, la UE pudo haberse aliado con otras economías afectadas -como Canadá, México, Brasil o Corea del Sur- para responder con fuerza a las amenazas de EE.UU.". Los expertos coinciden en temer que estos aranceles no desaparezcan, incluso después de que Trump abandone la presidencia en 2029.

LEER MÁS

(Expansión, 29-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Alimentación, Defensa y Energía, entre los sectores españoles más afectados por el pacto con EEUU

El nuevo acuerdo comercial sobre aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea, que establece un gravamen del 15% a las exportaciones europeas sin una reciprocidad equivalente para las estadounidenses, tendrá impactos distintos según el sector económico al que se aplique. Aunque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que se trata del "mejor acuerdo posible", la industria agroalimentaria advierte de efectos negativos claros, especialmente en productos como el aceite de oliva y el vino. Desde Asoliva (Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva) consideran que, aunque el arancel no es el peor escenario imaginable, genera distorsiones en el mercado, ya que competidores como Turquía o Marruecos cuentan con aranceles más bajos, del 10%. Asoliva destaca que Estados Unidos apenas produce aceite de oliva -cubre menos del 3% de su consumo-, lo que lo convierte en un comprador clave, con unas importaciones anuales de 430.000 toneladas, de las cuales unas 180.000 provienen de España directamente, más otras 130.000 toneladas que entran de forma indirecta a través de Italia. "Es un mercado insustituible", afirma la asociación. Entre las empresas más expuestas están Dcoop, que exporta productos por valor de 200 millones de euros anuales a EE. UU., y Deoleo, propietaria de marcas como Carbonell o Koipe, que considera al país norteamericano un pilar clave de su crecimiento. Su presidente, Ignacio Silva, calificó el acuerdo como "una mala noticia desde cualquier punto de vista". La patronal FIAB (Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas) también lo considera un acuerdo "injusto y descompensado", perjudicando directamente los intereses de la industria española. Estados Unidos es el principal mercado fuera de la UE para el sector agroalimentario español, y el cuarto a nivel global, con exportaciones que superaron los 3.300 millones de euros en 2024. FIAB ya ha detectado un descenso del 3,7% en las exportaciones al mercado estadounidense durante el primer cuatrimestre, mientras que las importaciones desde EE. UU. aumentaron un 22,2%, reflejando una balanza comercial cada vez más desfavorable. Desde la Federación Española del Vino (FEV) se reclama la eliminación total del arancel. Según su director general, José Luis Benítez, EE. UU. fue en 2024 el principal destino para los vinos españoles envasados, tanto tranquilos como espumosos, y un impuesto del 15% podría reducir las ventas hasta un 10%. Además, advierte que mantener este arancel implicaría pérdidas de cuota de mercado, reducción de márgenes para las empresas y un deterioro en las relaciones comerciales a largo plazo. En contraste, el sector aeronáutico celebra que se mantenga la exención de aranceles para aviones y piezas de aeronaves, vigente desde 1979. Esto beneficia tanto a Airbus como a Boeing, que podrían haber sido seriamente afectados. Desde Airbus señalan que "un entorno comercial estable y predecible es crucial para una industria global tan interconectada". La industria de Defensa europea, sin embargo, ha recibido con preocupación el anuncio del acuerdo, que incluye un compromiso de la UE para adquirir material militar estadounidense por 600.000 millones de dólares (unos 512.000 millones de euros). La falta de detalles ha generado nerviosismo en los mercados: varias compañías del sector sufrieron caídas bursátiles importantes, como Hensoldt (-5,72%), Thales (-4,3%), Rheinmetall, SAAB, Alstom, Babcock y Leonardo, con descensos de entre el 2% y el 5%. La española Indra perdió más del 2%, aunque sigue acumulando una notable revalorización este año. El temor principal es que esta compra masiva a EE. UU. limite las oportunidades de negocio para las empresas europeas en el medio plazo. En cuanto al sector automotriz español, el impacto será desigual. Fabricantes de componentes como Gestamp, CIE Automotive o Antolin no sufrirán el efecto directo del arancel, ya que producen localmente para sus clientes en EE. UU. Sin embargo, se espera un efecto indirecto sobre las exportaciones de vehículos desde Europa, que podrían encarecerse debido al nuevo impuesto. El sector cerámico español, concentrado en Castellón, también está pendiente del impacto. En 2024, el 72% de su producción se destinó al extranjero, y Estados Unidos representó el 13,5% de las exportaciones (unos 470 millones de euros). Según la patronal Ascer, aunque aún no valoran con precisión los efectos del acuerdo, creen que los productos españoles -de mayor valor añadido- pueden resistir mejor los cambios. Además, destacan que su principal competidor, Italia, también se verá afectado por el mismo arancel. Otro punto clave del acuerdo es el compromiso europeo de compra de energía a Estados Unidos por casi 750.000 millones de euros en tres años, incluyendo petróleo, gas y combustible nuclear. Esto tendrá repercusiones para todas las grandes energéticas españolas, como Iberdrola, Naturgy, Endesa, Repsol, Moeve o Acciona Energía, aunque su impacto dependerá de las condiciones específicas del suministro, sobre todo los precios y si las compras son obligatorias o negociables. Actualmente, Estados Unidos ya es uno de los principales proveedores energéticos de España, especialmente en gas natural, desplazando parcialmente a Argelia y Rusia. Este año, ha sido el segundo proveedor con un 31% de cuota, apenas un punto por debajo de Argelia. También es el segundo proveedor en petróleo, tras Brasil, y podría convertirse en la fuente alternativa de uranio si España decide sustituir a Rusia. Para empresas del sector textil como Inditex y Mango, el nuevo acuerdo también tendrá efectos. En el caso de Inditex, EE. UU. representa más del 10% de su facturación global, con estimaciones que rondan los 4.000 millones de euros. Aunque la empresa está bien diversificada, el aumento de costes por el arancel podría suponer una reducción de márgenes o un alza de precios, afectando su competitividad. Mango, por su parte, planea seguir creciendo en EE. UU., con una inversión de 67 millones para ampliar su red de tiendas, y también se verá condicionada por el nuevo contexto comercial. Finalmente, Concha Santos, presidenta de Anci, la patronal de las constructoras medianas, manifestó preocupación por el posible encarecimiento de los materiales de construcción. Insistió en la necesidad de contar con mecanismos automáticos de revisión de precios en contratos públicos, una vieja demanda del sector, que cobra ahora más relevancia ante la incertidumbre generada por este acuerdo.

LEER MÁS

(El País, 29-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Un trabajador necesita más de 45 años de media para comprar un piso

El precio de la vivienda en España continúa subiendo de forma constante, dificultando cada vez más que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda sin tener que dedicar una parte excesiva de sus ingresos mensuales al pago de la hipoteca. Según el informe "Convenios colectivos y derecho a la vivienda", publicado este lunes por UGT, un trabajador medio necesitaría más de 45,6 años destinando el 40% de su salario neto -límite de esfuerzo recomendado por la OCDE y superior en 10 puntos al fijado por la Ley de Vivienda- para poder pagar una vivienda. Esta cifra representa un 50% más de tiempo si se compara con el periodo que sería necesario en caso de que no se aplicaran intereses: 30,4 años. La situación es especialmente crítica en regiones como Madrid, Cataluña o Baleares, donde el valor de una vivienda, según el índice del portal Fotocasa, equivale a entre 20 y 25 años de salario bruto completo. UGT advierte que, con estas cifras, la vivienda se ha transformado en un bien de "lujo inaccesible" para la mayoría de los trabajadores. "Hoy en día, ni alquilar ni comprar representa una opción viable para miles de personas cuyos ingresos provienen del trabajo", señala el estudio. Respecto al mercado de alquiler, el informe denuncia que algunos asalariados se ven obligados a destinar la totalidad de su sueldo al alquiler si quieren acceder a una vivienda de tamaño básico. Esto sucede especialmente entre los trabajadores de sectores como la hostelería, el comercio o el campo en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, así como en las categorías salariales más bajas del sector de limpieza de edificios y locales en lugares como Baleares o Málaga. De los 195 casos analizados -que estudian los salarios netos de categorías bajas, medias y altas en diversos sectores y regiones-, solo en el 15% el coste del alquiler no supera el umbral de esfuerzo recomendado. En los demás, el esfuerzo requerido es tan elevado que, según los autores, el acceso a una vivienda resulta "una ilusión". El informe también subraya que el impacto de las hipotecas varía según el convenio y la región. En sectores como comercio, limpieza o agricultura, el gasto hipotecario supera el 40% del salario neto para trabajadores con sueldos medios en prácticamente todo el país. Incluso en sectores con mejor retribución, como la Industria del Metal, se sobrepasan los límites razonables en territorios como Baleares, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Gipuzkoa. Ante este escenario, la vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, ha afirmado que la diferencia entre salarios y precios de la vivienda es tan grande que compromete uno de los pilares esenciales de una vida digna. El informe reclama una mejora clara de los salarios, y sostiene que no se puede hablar de derecho a la vivienda sin hablar de empleo decente. Si no se garantiza el aumento de sueldos, la estabilidad en el empleo y una negociación colectiva fuerte, advierten, el problema de la exclusión residencial seguirá creciendo. El documento señala que, en ciertas zonas, los salarios netos deberían duplicarse para que los trabajadores puedan dejar de destinar una parte tan elevada de sus ingresos al alquiler. Por este motivo, UGT propondrá en el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) -que se actualizará este año- que el precio de la vivienda se utilice como un indicador clave a la hora de pactar incrementos salariales. Durante la presentación del informe, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha añadido que también debería tomarse en cuenta la información del Observatorio de Márgenes Empresariales para fijar sueldos en los convenios colectivos, ya que estos datos reflejan con precisión la evolución de los beneficios empresariales. Entre las medidas adicionales que reclama el sindicato están la aplicación efectiva de la Ley de Vivienda, incluyendo la declaración de zonas tensionadas y el control de precios del alquiler, así como la ampliación del parque de vivienda pública. UGT también propone incentivos fiscales y cambios regulatorios que fomenten el uso de viviendas vacías. Finalmente, hace un llamamiento a todas las administraciones públicas, independientemente de su nivel, a coordinar esfuerzos frente a la crisis habitacional. "No se trata solo de una cuestión de negociación colectiva, sino de un problema mucho más profundo, ligado a la dignidad y a los derechos humanos. Si no se actúa, esto puede desembocar en un estallido social", concluyó Luján.

LEER MÁS

(Expansión, 28-07-2025) | Fiscal

Hacienda exigirá a empresas y autónomos que adapten sus sistemas de facturación en 2026

La Agencia Tributaria exigirá, a partir de 2026, que todas las empresas y autónomos adapten sus sistemas informáticos de facturación a la nueva normativa de lucha contra el fraude fiscal, de manera que cada factura emitida genere un registro que no pueda ser modificado ni eliminado. ¿Por qué hay que modificar los sistemas informáticos de facturación? Para adaptarlos a la ley de lucha contra el fraude, que en 2021 estableció un refuerzo de la seguridad de los sistemas informáticos de facturación con el objetivo de que, una vez emitida una factura, ya no sea posible ni borrarla ni cambiar su contenido. De acuerdo a la nueva normativa, los sistemas informáticos de facturación tienen que incorporar medidas de seguridad y control para que, al emitir cada factura, se cree un registro -con el contenido de la propia factura y datos informáticos- que quede guardado sin posibilidad de modificación y un código QR para facilitar su lectura. ¿A quiénes afectan las nuevas obligaciones? A todos los empresarios y profesionales, ya sean personas físicas o jurídicas, que utilicen sistemas informáticos de facturación (es decir, un software que admite la entrada de información, expide facturas, las conserva y las procesa), con lo que quedarían exentos tanto las empresas y profesionales que no emiten facturas como aquellos que las emiten en papel, sin utilizar sistemas informáticos. Tampoco se aplica a los negocios adscritos al suministro inmediato de información (que ya remiten información de facturación a la Agencia Tributaria) ni a los residentes en País Vasco y Navarra (que tienen sus propios sistemas). ¿Cuándo entra en vigor? Desde el 29 de julio, los productores de software no pueden ofrecer sistemas que no estén adaptados al nuevo reglamento. Para empresas y profesionales, la obligación de estar adaptados a la nueva normativa arranca el 1 de enero de 2026 para quienes tributen en el impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto, según apunta la agencia Efe. ¿Cómo hay que guardar los registros de facturación? El reglamento prevé dos posibilidades: Modalidad con verificación de facturas o Verifactu: el sistema de facturación remite automáticamente el registro de cada factura a la Agencia Tributaria, que será quien se responsabilice de su conservación y custodia. Modalidad de facturas no verificables o no Verifactu: el sistema de facturación tiene que almacenar los registros de facturación garantizando su integridad, conservación y trazabilidad, de las que son responsables. En el caso de operadores pequeños que no necesiten disponer de un sistema informático de facturación, podrán acceder a un formulario gratuito en la sede electrónica de la Agencia Tributaria para elaborar sus facturas que genera registros de tipo Verifactu. ¿Qué modalidad recomienda la Agencia Tributaria? La Agencia Tributaria recomienda optar por la modalidad Verifactu porque, al tener acceso a todos datos de facturación, ya no necesitará requerir facturas para hacer comprobaciones y puede ofrecer mejores servicios de asistencia, por ejemplo para rellenar los libros registro. Además, se evitan muchos de los requisitos de seguridad adicionales de la modalidad no Verifactu, como la firma electrónica o el registro de eventos. ¿Qué va a suponer este cambio para las empresas y profesionales? A efectos de facturación no cambia nada, solo tendrán que sustituir su actual software de facturación por uno adaptado a la nueva normativa, que puede ser verificable o no verificable, y serán estos proveedores los que tendrán que garantizar que se cumple la ley. ¿Cómo se puede comprobar el registro de facturación? Cada factura incluirá un código QR desde el que se puede acceder a toda la información del registro y con el que el cliente podrá, además, saber si ya está enviada a la Agencia Tributaria (verde), si no lo está porque se ha optado por la modalidad no Verifactu (amarilla) o si no es un registro de facturación (gris). ¿Hay sanciones en caso de incumplimiento? Sí, tanto para proveedores como para usuarios. Los proveedores que fabriquen produzcan o comercialicen sistemas informáticos no adaptados a la normativa se arriesgan a una multa de 150.000 euros fijos por ejercicio y la tenencia de estos sistemas está sancionada con 50.000 euros por ejercicio. ¿El registro de facturación es lo mismo que la factura electrónica? No, se trata de dos cuestiones completamente distintas, con diferentes plazos y objetivos. La factura electrónica nace de la ley Crea y Crece con el objetivo de combatir la morosidad, afectará solo a ciertas operaciones y su entrada en vigor está prevista para 2027 o 2028, solo para quienes facturen más de 8 millones de euros.

LEER MÁS

(Expansión, 28-07-2025) | Fiscal

Bruselas lanza una consulta clave para transformar el IVA del turismo

La Comisión Europea ha iniciado el proceso de modernización del marco del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el ámbito de los viajes y el turismo. A través de una consulta pública, Bruselas pretende recoger opiniones que sirvan de base para una reforma legislativa profunda, con el objetivo de eliminar distorsiones en el mercado, simplificar trámites administrativos y alinear la fiscalidad con los objetivos de sostenibilidad y digitalización de la Unión Europea. El sector turístico no es un actor menor en la economía europea: representa en torno al 10% del PIB de la UE y, en países como España, se espera que alcance un peso del 13,2% del PIB en 2025, según datos de Exceltur. Este sector genera empleo para millones de personas, principalmente a través de pequeñas y medianas empresas (pymes), que son el pilar del tejido turístico. No obstante, la normativa fiscal vigente se considera obsoleta y genera desigualdades que afectan la competitividad de las empresas europeas frente a operadores de fuera del continente. La consulta, que estará abierta durante 12 semanas, invita a participar a todas las partes interesadas, desde los Ministerios de Hacienda de los países miembros hasta grandes compañías turísticas, pequeñas empresas del sector y la ciudadanía en general. Las respuestas recibidas servirán de base para una propuesta legislativa prevista para 2026. El debate se centra especialmente en dos áreas conflictivas. El régimen especial del IVA para agencias de viajes y turoperadores, que actualmente tributan en función del margen de beneficio y según el país donde tienen su sede. Esta fórmula ha generado desequilibrios, ya que una agencia ubicada fuera de la UE puede vender paquetes turísticos a clientes europeos sin aplicar el IVA comunitario, obteniendo así una ventaja competitiva frente a agencias europeas que sí deben tributar. Esta situación, según la Comisión, perjudica a los negocios locales y provoca pérdidas fiscales para los Estados miembros. La aplicación del IVA al transporte de pasajeros, que se calcula según los kilómetros recorridos en cada país. Para una empresa que realiza rutas internacionales, como un trayecto en autobús entre Lisboa y Múnich, esto implica una carga burocrática excesiva, al tener que declarar el IVA correspondiente a cada tramo en diferentes países con normativas distintas. Esta complejidad afecta sobre todo a las pymes, que no siempre cuentan con los recursos necesarios para gestionarlo. Además, estas reglas generan desigualdades entre distintos modos de transporte. Por ejemplo, un trayecto corto en avión puede tener un tratamiento fiscal distinto al de un viaje similar en tren, lo que contradice los principios del Pacto Verde Europeo, que busca fomentar opciones de transporte más sostenibles. Con el fin de asegurar una participación amplia, la Comisión Europea ha puesto a disposición un cuestionario en todas las lenguas oficiales de la UE, para que cualquier interesado pueda contribuir con su visión a esta reforma.

LEER MÁS

(El Economista, 28-07-2025) | Fiscal

Las autonomías recibirán este mes casi 10.000 millones en atrasos por entregas a cuenta

El Estado tiene previsto transferir a finales de este mes un total de 9.952 millones de euros a las comunidades autónomas en concepto de atrasos por las entregas a cuenta de 2025, una vez convalidado en el Congreso el real decreto ley que permite actualizar estas cantidades. Según el Ministerio de Hacienda, en ese mismo plazo también se realizará el pago de la liquidación correspondiente a 2023, lo que elevará el total transferido a más de 21.600 millones de euros, destinados a las comunidades de régimen común, es decir, todas excepto País Vasco y Navarra. La aprobación parlamentaria ha permitido actualizar de forma retroactiva las entregas a cuenta para 2025, esta vez con el respaldo del PP, que gobierna en la mayoría de comunidades autónomas y ciudades autónomas. Estas entregas a cuenta son anticipos mensuales que el Estado realiza a las comunidades en función de su previsión de recaudación por impuestos cedidos y fondos estatales, conforme al sistema de financiación vigente. Entre los ingresos contemplados se encuentran los derivados de la parte autonómica del IRPF, el IVA, los impuestos especiales (como los que gravan alcohol, tabaco, hidrocarburos y electricidad) y los fondos de Garantía y Suficiencia Global. Con este sistema, las comunidades y las ciudades autónomas recibirán este año un total de 147.412 millones de euros, lo que supone un aumento del 9,47% respecto al ejercicio anterior, en el que recibieron 134.658 millones. En comparación con 2015, las entregas a cuenta han crecido un 74,46%, es decir, 62.917 millones más. Las autonomías que más verán incrementadas sus entregas a cuenta respecto al año pasado son la Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, Andalucía y Castilla y León, todas por encima de la media. Por debajo se sitúan comunidades como Madrid, Galicia, Aragón, Canarias, Asturias, Baleares, Extremadura y Cantabria. Cuatro comunidades -Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana- concentran casi dos tercios del aumento total y son también las que más fondos reciben: 28.255 millones Cataluña, 27.475 Andalucía, 20.499 Madrid y 14.012 Comunidad Valenciana. En términos de crecimiento en los últimos diez años, Canarias y Baleares lideran el aumento, seguidas por la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid y Murcia. Las que han experimentado un crecimiento más moderado en el mismo periodo son Extremadura, Asturias, Castilla y León, Cantabria, Galicia y Castilla-La Mancha. Respecto a la liquidación de 2023, que ajusta la diferencia entre las entregas a cuenta de ese ejercicio y la recaudación real, el Estado abonará 11.692 millones. Cataluña será la que más reciba, con 2.762,87 millones, seguida por la Comunidad Valenciana (1.999,93), Andalucía (1.240,70), Baleares (1.031,56) y Canarias (986,27). Madrid recibirá 794,56 millones, Galicia 680,21, Castilla y León 627,52, y el resto se repartirá entre las demás comunidades y las ciudades autónomas.

LEER MÁS

(El Economista, 28-07-2025) | Laboral

El Gobierno ultima la ley para impedir que un millón de becarios trabajen gratis

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, da por cerrado el acuerdo dentro del Gobierno para sacar adelante el nuevo Estatuto del Becario. El pasado lunes, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos dio luz verde al anteproyecto de ley, y este jueves, la Comisión General de Subsecretarios y Secretarios de Estado (CG6) -compuesta por ministerios del PSOE y Sumar- ha ratificado dicha postura. La norma, que busca establecer derechos para quienes realizan prácticas formativas no laborales, está lista para su aprobación en el Consejo de Ministros, aunque aún no se confirma si será en la última sesión antes del parón estival, prevista para el 29 de julio. Desde el Ministerio de Trabajo señalan que el contenido apenas ha variado respecto al borrador difundido en diciembre para consulta pública, que a su vez era muy similar al que se pactó con los sindicatos UGT y CCOO en junio de 2023. Este proyecto ha estado paralizado durante dos años debido a desacuerdos tanto en su fondo como en su forma, y su paso por el Parlamento tampoco se anticipa sencillo. No obstante, si finalmente el Consejo de Ministros aprueba el texto, supondría un logro relevante para Yolanda Díaz, después del estancamiento del proyecto para reducir la jornada laboral. En este contexto, la vicepresidenta reclama un "giro social" para la legislatura, especialmente tras los casos de corrupción que han salpicado al PSOE. El Ministerio de Trabajo, junto con UGT y CCOO, firmó el texto definitivo del estatuto en junio de 2023, antes de las elecciones generales, aunque desde entonces el trámite legislativo se había congelado. La CEOE no respaldó el acuerdo, atribuyendo su retirada al adelanto electoral, mientras que la Conferencia de Rectores lo rechazó de forma tajante. Los rectores criticaron que la normativa "pone en riesgo el modelo de prácticas", especialmente por establecer una compensación económica obligatoria, lo que, según ellos, provocaría una reducción significativa en el número de empresas y organismos públicos dispuestos a recibir estudiantes en prácticas, además de dificultar la gestión de convenios. Aun así, el Ministerio de Trabajo mantiene la inclusión de dicha compensación como la principal novedad del estatuto. Aunque no se fija una cuantía concreta, sí se establece la obligación de cubrir ciertos gastos mínimos derivados de la realización de las prácticas -como transporte, manutención o alojamiento-. En caso de que el becario reciba una asignación económica, estos costes se considerarían compensados. Esta disposición busca proteger especialmente a quienes no reciben ningún tipo de retribución, que son mayoría. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en 2024 se contabilizaron 262.946 becarios con algún tipo de remuneración y 944.547 sin ella, lo que supone más de 1,2 millones de personas dadas de alta en la Seguridad Social al menos un día durante el año. Este registro es posible gracias a la obligación de cotizar por todas las prácticas, vigente desde 2023, que permite también que estos periodos cuenten para la jubilación o para acceder a prestaciones por accidente laboral. Los datos internos de Trabajo apuntan a que esta medida ha generado unos ingresos de 13,6 millones de euros en 2024. Cabe destacar que las empresas o entidades que actúan como empleadoras tienen una bonificación del 95% en las cotizaciones, lo que reduce el coste real a poco más de 10 euros mensuales por becario. Sin embargo, en muchos casos son las universidades quienes están asumiendo este pago. Con la nueva norma, incluso una compensación modesta representará un coste adicional para las entidades que ofrezcan prácticas. El resto de medidas incluidas en el estatuto introduce ajustes menores, como limitar la duración de las prácticas -tanto curriculares como extracurriculares-, y asegurar que las tareas asignadas se correspondan con el contenido formativo del estudiante, evitando que sirvan para cubrir ausencias de empleados estructurales. Esto, no obstante, plantea dificultades prácticas en su control y aplicación. Asimismo, la norma prohíbe realizar prácticas en horario nocturno, pagar por acceder a ellas y obliga a respetar descansos, festivos y vacaciones establecidos en la legislación laboral o en los convenios aplicables al personal de la empresa. En definitiva, esta nueva regulación sustituirá al marco vigente desde 2011 para las prácticas no laborales e incluirá un periodo transitorio. Según el anteproyecto, los convenios firmados antes de la entrada en vigor de la ley seguirán rigiéndose por la normativa anterior hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque no se descarta ampliar este plazo debido al retraso acumulado en la tramitación de la norma.

LEER MÁS

(El País, 28-07-2025) | Laboral

La inmigración tiene un impacto reducido sobre los salarios y el empleo

Mientras aumentan los discursos contrarios a la inmigración, acompañados de imágenes como las protestas en Torre Pacheco, en parte de la sociedad se refuerza la percepción de que los extranjeros llegan al país para quitarle el empleo a los ciudadanos españoles. No obstante, un informe publicado este martes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) desmonta esa idea. El estudio concluye que el impacto de la inmigración en el mercado laboral español suele ser limitado y, en muchos casos, beneficioso, especialmente cuando los inmigrantes y los trabajadores locales se especializan en funciones distintas y aportan capacidades que se complementan. La investigación, elaborada por el profesor Ismael Gálvez Iniesta, de la Universitat de les Illes Balears (UIB), repasa los principales métodos utilizados para evaluar el efecto de la inmigración sobre el empleo y los salarios, y resume los resultados más significativos, centrando el análisis en el caso español. A partir de enfoques estructurales, se señala que, si bien puede haber cierta presión sobre los salarios y las oportunidades laborales de los trabajadores con menor cualificación, el impacto global tiende a ser leve o incluso positivo. Algunos modelos muestran que la llegada de inmigrantes ha ampliado la oferta de trabajo y ha contribuido a mejorar el bienestar promedio del mercado laboral. "Durante crisis como la Gran Recesión, la inmigración también ayudó a suavizar el deterioro del empleo", añade el autor. Por su parte, la mayoría de los estudios empíricos -que consideran variables como el ajuste del capital empresarial, la posibilidad de sustituir unos perfiles laborales por otros o la diversificación de tareas- apuntan a efectos reducidos, e incluso favorables, de la inmigración sobre el empleo y los salarios de los trabajadores nacionales. "Esto se explica porque inmigrantes y nativos suelen ocupar funciones distintas y poseen competencias que se complementan, reduciendo así la competencia directa", indica el informe. No obstante, Gálvez Iniesta identifica dos etapas diferenciadas en cuanto a los efectos de la inmigración: entre 2005 y 2013, se registraron impactos positivos sobre el empleo de los nativos; en cambio, en el periodo más reciente (2014-2024), los efectos han sido algo más negativos, aunque siempre con una intensidad moderada. "Este contraste sugiere que el impacto de la inmigración sobre el empleo de los locales puede depender del entorno macroeconómico, del momento en que se encuentra el ciclo migratorio o de los cambios en la composición de los flujos migratorios", concluye el estudio. Además, el informe de Fedea subraya que el crecimiento de la población extranjera ha sido una de las transformaciones más relevantes en la estructura social y económica de España en las últimas décadas. La cifra de inmigrantes ha pasado de 800.000 personas en 1990 (alrededor del 2 % de la población de entonces) a casi 9 millones en 2024, lo que equivale al 18,5 % de la población actual.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF