(Expansión, 29-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Congreso tumba la prórroga de alquileres: temor a una oleada de litigios
El Congreso de los Diputados rechazó este martes el real decreto-ley con el que el Gobierno buscaba establecer una prórroga automática de dos años para los contratos de alquiler que finalizaran antes del 31 de diciembre de 2027. A los votos contrarios de PP y Vox se sumaron nuevamente los de Junts, evidenciando otra vez las discrepancias entre la formación liderada por Carles Puigdemont y el Ejecutivo en cuestiones de vivienda. En esta ocasión, el PNV optó por la abstención tras un debate especialmente tenso, marcado por acusaciones cruzadas. Por un lado, el Gobierno defendió la intervención del mercado alegando, en palabras del presidente Pedro Sánchez, que "cuando no se actúa, los precios se disparan". Por otro, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo que esta medida perjudica a los ciudadanos, ya que reduce la oferta y acaba encareciendo tanto el alquiler como la compra de vivienda. Este mismo planteamiento fue respaldado por Junts. Su secretario general, Jordi Turull, aseguró que el decreto vuelve a perjudicar a los pequeños propietarios, beneficia a grandes fondos de inversión y contribuye a que disminuya la oferta de alquiler, ya que muchos inmuebles terminan poniéndose a la venta. La norma solo estuvo en vigor durante un mes, tiempo en el que hasta un millón de inquilinos pudieron solicitar la prórroga automática de sus contratos sin incremento de precio. Su derogación supone no solo un nuevo revés político para el Gobierno en el Parlamento, sino que, según expertos, también introduce un escenario de inseguridad jurídica en el mercado inmobiliario. Arantxa Goenaga, socia del despacho AF Legis especializada en derecho inmobiliario, advierte de la gravedad de la situación, tanto por la incertidumbre que genera la aprobación de normas de corta duración como por la ambigüedad de su redacción. A su juicio, esto puede provocar múltiples interpretaciones, aumentar los conflictos entre propietarios e inquilinos y derivar en un incremento de litigios, incluso con posibles recursos ante el Tribunal Supremo. Desde la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) han pedido al Gobierno que aclare cualquier duda para evitar conflictos y garantizar seguridad jurídica a ambas partes. En la misma línea, la Agencia Negociadora del Alquiler ya había advertido que, según la fecha de los contratos, algunos podrían beneficiarse de la prórroga y otros no, debido a que las medidas surtían efecto desde su entrada en vigor, aunque posteriormente no fueran convalidadas, como finalmente ha sucedido. Pese a la derogación, el Ejecutivo mantiene su intención de intervenir en el mercado del alquiler. Desde Sumar, formación que impulsó el decreto en el Consejo de Ministros, aseguran que seguirán apostando por estas políticas. La vicepresidenta Yolanda Díaz incluso llamó a la movilización social, calificando la situación como una derrota parlamentaria pero una victoria en la calle. Durante el debate, el ministro Pablo Bustinduy criticó que el mercado de la vivienda esté dominado por intereses especulativos y reprochó a los partidos contrarios su postura. Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, insistió en la necesidad de seguir buscando soluciones con respaldo parlamentario ante lo que calificó como una emergencia habitacional. Con todo, el Gobierno parece descartar propuestas más radicales como la planteada por Podemos, que sugería aprobar decretos mensuales para extender la prórroga sin depender del aval del Parlamento.
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