Este gravamen de alcance mundial se aplica en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite establecerlo durante un máximo de 150 días. El arancel global del 10% impuesto por Estados Unidos, tras la anulación por parte del Tribunal Supremo de los denominados aranceles recíprocos, se elevará al 15% "probablemente esta semana", según ha adelantado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
"Es muy posible que ocurra esta misma semana", señaló el principal asesor económico de Donald Trump en declaraciones a la cadena CNBC. Bessent recordó que esta tasa general se ha activado al amparo de la citada Sección 122, que autoriza su aplicación temporal por un periodo de 150 días. Durante ese plazo, el Gobierno estadounidense estudiará otras vías legales para mantener o redefinir los aranceles, como las contempladas en las secciones 301 y 232 de la misma norma.
Aunque estos procedimientos son más lentos, el responsable del Tesoro destacó que ofrecen una base jurídica más sólida. Además, expresó su confianza en que, una vez transcurridos cinco meses, los aranceles regresen a su nivel previo.
Cabe recordar que el pasado 24 de febrero Estados Unidos comenzó a aplicar el arancel universal del 10%, después de que el Tribunal Supremo invalidara la mayoría de los gravámenes aprobados por Washington al considerar que la Casa Blanca se excedió en sus competencias al recurrir a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para fijar dichas tarifas.
El coste de la vivienda absorbe una parte cada vez mayor de los ingresos familiares. Entre 2019 y 2024, el gasto medio mensual asociado al hogar aumentó un 13%, al pasar de 610 a 690 euros, es decir, 80 euros más. Este encarecimiento responde, sobre todo, a la subida de los suministros y del alquiler y, desde 2022, al incremento de las cuotas hipotecarias, según un estudio difundido por la Fedea.
Aunque el esfuerzo adicional ha sido generalizado, el impacto ha sido más intenso entre los inquilinos, cuyos costes crecieron un 33,5%. La subida fue ligeramente inferior entre los propietarios con hipoteca (30,7%) y bastante más moderada entre quienes tienen la vivienda pagada (17,3%).
El informe, elaborado por Fernando Pinto, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, se basa en microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una de sus conclusiones principales es que el peso de la vivienda actúa como factor de desigualdad social.
El análisis señala que la vulnerabilidad residencial se concentra en determinados perfiles, especialmente en hogares con baja intensidad laboral. También los jóvenes que viven solos -entre 18 y 34 años- soportan una presión elevada, en parte por la falta de economías de escala y su mayor dependencia del alquiler. A ello se suman diferencias territoriales persistentes entre comunidades autónomas, reflejo de desequilibrios estructurales entre ingresos y costes de la vivienda.
Si se toma como referencia el umbral del 40% de la renta destinado a la vivienda -considerado tensión severa según criterios europeos-, las mayores tasas de hogares en esta situación se registran en Cataluña (19,3%), Madrid (18,8%) y Baleares (18,1%). En el extremo opuesto se sitúan Castilla y León (13%), La Rioja (12,9%) y País Vasco (11,6%), con niveles más moderados.
El seguimiento de los precios del alquiler muestra que la presión es mayor en áreas urbanas y en regiones con mayor dinamismo demográfico y económico. Se trata de un aumento progresivo pero sostenido, que explica buena parte del crecimiento del gasto residencial total. En cuanto a las hipotecas, su comportamiento fue relativamente estable hasta 2021. Sin embargo, a partir de 2022 se produjo una aceleración clara, coincidiendo con el cambio de ciclo monetario y la subida de los tipos de interés, lo que afectó especialmente a quienes tienen préstamos a tipo variable o en los primeros años de amortización.
El esfuerzo residencial -calculado como el porcentaje de la renta disponible que se destina a alquiler o hipoteca y gastos corrientes de la vivienda- confirma que los inquilinos son más vulnerables a la volatilidad de los precios en momentos de fuerte presión de la demanda, como el actual. No obstante, la mayor presencia de la propiedad frente al alquiler no responde a una circunstancia puntual, sino que constituye un rasgo estructural que influye de forma permanente en la carga que soportan los hogares.
La estructura familiar también resulta clave. Los hogares con varios adultos trabajando -es decir, con alta intensidad laboral- tienen mayor capacidad para asumir subidas del gasto residencial: solo el 7,4% se encuentra en situación de sobreesfuerzo, frente al 18,9% de aquellos con baja intensidad laboral. Esta diferencia, según el estudio, pone de relieve la importancia de analizar conjuntamente la situación laboral y la composición del hogar para entender cómo se distribuye el peso de la vivienda en la sociedad.
La entrada de visitantes internacionales mantuvo su tendencia al alza en enero de 2026, aunque con un avance mucho más moderado que en ejercicios anteriores. En el primer mes del año llegaron a España 5,12 millones de turistas extranjeros, un 1,2% más que un año antes, una cifra muy inferior al 6% registrado en enero de 2024 y al 15% de enero de 2023, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El análisis por países revela que la desaceleración se concentró en tres mercados: Francia, Alemania y Bélgica. Desde Francia arribaron 517.788 viajeros, lo que supone un desplome del 19,5% respecto al mismo mes de 2025. El dato es relevante si se tiene en cuenta que el mercado francés fue el segundo mayor emisor de turistas hacia España el año pasado, con un 13,2% del total, y confirma la tendencia descendente ya observada entonces, vinculada al encarecimiento de precios y a la debilidad económica del país vecino.
Alemania, tercer mercado en importancia (12,4% del total), también registró una caída del 2%, hasta 527.327 visitantes, en un contexto de enfriamiento de la mayor economía europea. Bélgica, aunque con un volumen menor, redujo sus llegadas un 7,8%. En contraste, el Reino Unido -principal emisor, con un 19% del total- incrementó sus viajes a España un 3,3%.
Desde el Ministerio de Industria y Turismo ponen el foco en el comportamiento del gasto turístico, que creció un 9,3% interanual en enero, casi ocho veces más que las llegadas, hasta alcanzar 7.800 millones de euros. El departamento subraya que esta evolución encaja con su estrategia de impulsar un modelo más sostenible, orientado a priorizar la calidad frente al volumen, reducir la concentración territorial y temporal y diversificar la oferta.
El aumento del gasto se explica, sobre todo, por el fuerte incremento del desembolso realizado por turistas extracomunitarios, que subió un 18,8% y alcanzó los 4.539 millones de euros, el 58% del total. Entre los mercados europeos, el gasto de los viajeros franceses descendió un 13,6%, el de los británicos bajó un 1,7% y el de los alemanes avanzó un 4,4%.
La caída de visitantes franceses y alemanes tuvo un reflejo directo en los destinos más vinculados a estos mercados. En Cataluña se superó ligeramente el millón de turistas, pero con una bajada del 6,2% interanual. En Baleares, muy dependiente de los grandes turoperadores alemanes y con una marcada estacionalidad, el descenso fue del 8,8%.
De las seis comunidades que concentran el 90% del turismo extranjero, la Comunidad Valenciana también experimentó un retroceso (-3,5%), mientras que Canarias, Madrid y Andalucía registraron incrementos. Madrid lideró el crecimiento, con un aumento del 8,8% y 766.365 viajeros, superando a Baleares y Andalucía. En Canarias, en plena temporada alta, las llegadas crecieron un 4,9% hasta rozar los 1,5 millones de turistas. El archipiélago concentró cerca del 28% de todos los visitantes internacionales en enero, en un contexto marcado en los últimos años por protestas ciudadanas contra la masificación turística.
La principal entidad que agrupa a las compañías estadounidenses implantadas en España, AmChamSpain, difundió este miércoles un comunicado en el que insta al "diálogo" y a proteger la relación económica entre España y Estados Unidos. La organización reacciona así a la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender el comercio con España por su negativa a permitir el uso de las bases de Rota y Morón, así como a la respuesta del Gobierno español.
La Cámara de Comercio de EE UU en España subraya que los lazos económicos entre ambos países son firmes y se sustentan en una "interdependencia real" que, a su juicio, no debería verse afectada por discrepancias políticas puntuales. En su nota recuerda que las filiales de empresas estadounidenses constituyen el principal foco de inversión extranjera en España desde los años sesenta, generando empleo y aportando valor al tejido productivo. A su vez, destaca que las compañías españolas han consolidado durante décadas una presencia relevante en Estados Unidos, convertido en su principal destino de inversión exterior.
La organización hace un llamamiento a utilizar los canales diplomáticos e institucionales para resolver las diferencias y confía en que prevalezcan la lógica económica y el marco legal vigente, incluidos los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos. Considera esencial que ambos gobiernos encuentren una solución que aporte estabilidad a sus respectivas comunidades empresariales.
En las próximas horas, representantes de AmChamSpain prevén contactar con la embajada estadounidense en Madrid, con el Ejecutivo español y con instituciones europeas para defender la continuidad del diálogo y la cooperación. Su posicionamiento coincide con el mensaje de prudencia lanzado por distintos actores del ámbito empresarial.
Organizaciones como CEOE, Cepyme y ATA reclamaron el martes al Gobierno que rebaje la tensión con Estados Unidos y actúe en coordinación con la Unión Europea ante la posibilidad de un embargo comercial. Por su parte, el Club de Exportadores e Inversores Españoles destacó en otro comunicado la estrecha vinculación económica entre ambos países y recordó que EE UU es un socio estratégico para España, especialmente en determinados bienes y servicios.
El presidente del Club de Exportadores, Antonio Bonet, advirtió de que eventuales trabas a las exportaciones españolas podrían contravenir el marco comercial entre la UE y Estados Unidos, lo que obligaría a la Comisión Europea a intervenir. No descarta, incluso, una escalada que desemboque en un conflicto comercial entre ambos bloques.
La propia Comisión Europea ya ha expresado su respaldo a España y su disposición a actuar para proteger los intereses comunitarios si fuera preciso. No obstante, Bonet apuntó que, si las medidas se dirigieran contra empresas estadounidenses proveedoras de bienes y servicios a España, no estaría claro que vulnerasen los acuerdos comerciales vigentes, aunque el impacto económico para España podría ser muy elevado.
La Comisión Europea presentó este miércoles la Ley de Aceleración Industrial (IAA), una iniciativa largamente esperada con la que busca introducir criterios de prioridad europea en ámbitos como las licitaciones y las subvenciones públicas, con el fin de frenar la pérdida de peso industrial en la UE. Según los cálculos de Bruselas, varios sectores estratégicos podrían destruir hasta 750.000 empleos en la próxima década si no se actúa. La meta fijada es que la manufactura alcance el 20% del PIB comunitario, frente al 14,3% actual y más del 17% que representaba a comienzos de siglo.
La propuesta llega tras meses de tensiones internas entre departamentos de la propia Comisión y también entre Estados miembros, divididos sobre cómo abordar la seguridad económica. La filosofía central es evitar que los fondos públicos terminen beneficiando a competidores que amenacen la competitividad europea, con especial atención a China. No obstante, el texto deberá negociarse ahora entre el Parlamento Europeo y el Consejo, por lo que se prevén cambios relevantes. Se trata, además, de un planteamiento poco habitual para la Comisión, al introducir un mayor grado de intervención económica.
El documento detalla qué industrias se consideran estratégicas, regula las inversiones extranjeras directas (FDI) y define el concepto de "hecho en Europa". Aunque inicialmente se contemplaba un enfoque más ambicioso bajo la idea de "Buy European", el texto final suaviza varios aspectos tras el choque entre quienes defendían una preferencia estricta y los países preocupados por un posible cierre del mercado europeo.
Entre los ajustes introducidos destaca la reducción del listado de sectores críticos. Finalmente, la protección se limita al acero, aluminio, cemento, tecnologías vinculadas a la descarbonización -como baterías, electrolizadores, bombas de calor, energía solar fotovoltaica y eólica- y componentes de automoción. Otros ámbitos que figuraban en borradores previos, como la bioquímica o los plásticos, quedan fuera. Esto implica una menor cobertura tanto en preferencias europeas como en medidas de agilización administrativa o acceso prioritario a infraestructuras energéticas.
En cuanto al sello "hecho en Europa", Bruselas opta por un criterio amplio. Se considerarán equivalentes los productos procedentes de países con acuerdos comerciales con la UE, miembros de la Unión Aduanera o adheridos al Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. La Comisión, no obstante, se reserva la posibilidad de excluir a determinados países si no garantizan reciprocidad, si existe una dependencia excesiva o si concurren otras razones justificadas.
El acero no tendrá una preferencia general, aunque sí deberá cumplir requisitos de bajas emisiones en contratación pública y en ayudas para construcción e infraestructuras. En automoción, el acero sí deberá ajustarse tanto al criterio europeo como al de bajo carbono. Para el cemento y el aluminio se introduce preferencia europea en todos los ámbitos, además de las exigencias climáticas. En tecnologías limpias, los requisitos de contenido europeo se incrementarán progresivamente durante tres años e incluirán futuras centrales nucleares.
El sector del automóvil recibe un tratamiento específico: mientras que en otras tecnologías la preferencia europea se aplicará como mínimo al 45% del presupuesto nacional, en automoción alcanzará el 100% en licitaciones, ayudas o subvenciones. El objetivo es que no solo el ensamblaje, sino también los componentes de mayor valor añadido -como las baterías- se fabriquen en territorio comunitario.
Estas exigencias contemplan excepciones si no existen suficientes proveedores, si se producen retrasos significativos o si el sobrecoste supera ciertos umbrales: un 25% en contratación pública y un 30% en ayudas. Por ejemplo, si un panel solar fabricado en Europa resulta un 34% más caro que su alternativa extranjera, podría eliminarse el requisito de origen.
La propuesta también endurece el control sobre inversiones extranjeras directas superiores a 100 millones de euros cuando procedan de países que concentren más del 40% de la producción mundial en sectores como baterías, vehículos eléctricos, energía fotovoltaica o materias primas críticas. En estos casos, las empresas inversoras deberán cumplir al menos cuatro de seis condiciones: no superar el 49% del capital de la firma europea; crear una empresa conjunta con socios comunitarios; transferir tecnología y patentes hasta permitir autonomía productiva; destinar al menos el 1% de sus ingresos brutos a I+D en la UE; y garantizar que el 30% de los insumos utilizados en bienes vendidos en Europa procedan de compañías europeas. Además, será obligatorio que al menos la mitad de la plantilla, en todos los niveles, esté formada por trabajadores europeos.
El comercio internacional se encamina hacia un escenario sin precedentes. De acuerdo con un informe reciente de QuantumBlack, la economía mundial podría recibir un impulso de hasta 5 billones de dólares antes de 2030 gracias al llamado comercio agéntico. En este modelo emergente, los consumidores dejan de interactuar directamente con las tiendas en línea: son sus agentes de inteligencia artificial quienes buscan productos, comparan opciones, negocian condiciones y formalizan las compras en su nombre.
La propuesta tecnológica resulta atractiva: una experiencia fluida en la que un asistente virtual, apoyado en sistemas avanzados como el Agent Payments Protocol (AP2), se encarga tanto de adquirir una vivienda como de gestionar la compra semanal del supermercado. Sin embargo, al simplificar la experiencia del usuario, surge un obstáculo de enorme complejidad: la normativa fiscal internacional. El principal desafío radica en la identidad tributaria. En el comercio tradicional, comprador y vendedor están claramente definidos. Pero cuando una inteligencia artificial asume el protagonismo en la transacción, la delimitación de responsabilidades se vuelve difusa.
Para que estos agentes funcionen de forma realmente autónoma, a menudo procesan los pagos dentro de su propia plataforma, sin redirigir al usuario al sitio web del comerciante. En ese momento, dejan de ser simples intermediarios tecnológicos y, desde el punto de vista legal, pueden convertirse en responsables de la recaudación de impuestos al controlar el flujo de fondos o las condiciones de venta.
En la Unión Europea, este supuesto activa la figura del "suministrador presunto". Las reglas del IVA aplicables a plataformas digitales establecen que, si un agente de IA interviene en la venta de bienes importados de menos de 150 euros o en servicios digitales, y participa en la autorización del pago o en la fijación de las condiciones, se entiende que existen dos operaciones: una venta inicial del proveedor al agente (exenta a efectos técnicos) y una segunda venta del agente al consumidor final.
Para una start up que desarrolla agentes de compra, esto implica un reto considerable. De pronto, ya no solo crean software, sino que asumen obligaciones fiscales frente a las autoridades tributarias de los 27 Estados miembros. Si el sistema adquiere un libro digital en Francia o una suscripción en Alemania, la plataforma debe calcular el IVA correcto, recaudarlo y declararlo, asumiendo la responsabilidad ante cualquier error.
En Estados Unidos, la situación es aún más compleja tras la sentencia Wayfair del Tribunal Supremo, que dio pie a la expansión de las leyes sobre "facilitadores de mercado" en la mayoría de los estados. A diferencia de la UE, donde el foco suele estar en bienes importados o servicios digitales, en EE. UU. el elemento determinante es el control del dinero. Si la aplicación de IA cobra al cliente y transfiere el importe al vendedor -aunque utilice pasarelas de pago externas-, puede considerarse que está facilitando la operación.
Las implicaciones son significativas. Si el agente supera determinados umbrales de actividad económica -por ejemplo, 100.000 dólares en ventas o 200 transacciones en estados como Illinois o Nueva York- deberá registrarse y tributar allí. Un agente que opere en todo el país tendrá que adaptarse a miles de jurisdicciones fiscales -estatales, condales y municipales-, cada una con tipos impositivos y normas propias.
El informe advierte además sobre el "riesgo sistémico" y la responsabilidad derivada de redes de agentes interconectados. Desde la óptica tributaria, esto plantea enormes dificultades de supervisión. Pensemos en un agente que negocia un paquete que incluye vuelo, hotel y alquiler de coche: ¿cómo se distribuye el IVA dentro de ese conjunto de servicios? Si el sistema aplica por error un tipo reducido donde no corresponde y replica esa operación miles de veces por segundo, la exposición fiscal puede alcanzar cifras millonarias antes de que intervenga un supervisor humano.
Las administraciones no aceptarán como justificación un fallo del algoritmo. La llamada "caja negra" de la IA -la falta de transparencia en su proceso de decisión- entra en conflicto con las exigencias de trazabilidad de los auditores. Será imprescindible explicar por qué se aplicó un tipo impositivo concreto en cada microdecisión. Así, la explicabilidad deja de ser una cuestión técnica para convertirse en una salvaguarda esencial frente a inspecciones. Sin registros detallados y verificables, la supuesta eficiencia de la IA podría verse eclipsada por riesgos fiscales difíciles de dimensionar.
El comercio agéntico parece destinado a crecer, pero su sostenibilidad dependerá de integrar el cumplimiento tributario en su propia arquitectura tecnológica. Las compañías que lideren esta transformación no solo requerirán modelos avanzados de lenguaje, sino también sistemas de inteligencia fiscal capaces de adaptarse en tiempo real a las normativas de Bruselas y Washington. Sin esta capa de cumplimiento integrada, la eficiencia prometida podría desmoronarse ante contingencias legales de gran magnitud. En definitiva, la verdadera autonomía de la inteligencia artificial exige asumir responsabilidades: un agente que puede gastar también debe estar preparado para tributar. En este nuevo entorno, la confianza del consumidor irá de la mano de un cumplimiento fiscal automatizado y casi imperceptible.
En un entorno económico centrado en la estabilidad y en ofrecer mayor previsibilidad a las compañías, la dirección del Ministerio de Hacienda anticipa un panorama tributario para los próximos meses con menos cambios normativos y un decidido impulso a la seguridad jurídica apoyado en herramientas tecnológicas. Así lo expusieron la directora general de Tributos, María José Garde, y el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, durante una jornada sobre novedades fiscales para 2026 organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y PwC. Ambos defendieron que el sistema tributario debe entenderse no solo como un mecanismo recaudatorio, sino como una palanca clave de política económica.
Uno de los anuncios más destacados fue el avance en la creación de la Base Unificada de Conocimiento (BUC), un proyecto desarrollado junto a la Agencia Tributaria y los tribunales económico-administrativos. Según explicó Garde, no se trata de un simple repositorio de información, sino de una plataforma que integrará y digitalizará todo el cuerpo interpretativo de Hacienda, conectando cada artículo publicado en el BOE con las consultas vinculantes, resoluciones y criterios doctrinales relacionados.
La finalidad es reducir conflictos y evitar la reiteración de consultas, facilitando respuestas claras y homogéneas tanto para los funcionarios como para los contribuyentes. Para Garde, la previsibilidad y la confianza deben ser pilares del sistema tributario, y la transparencia es la mejor vía para minimizar la incertidumbre.
En el ámbito internacional, la directora general subrayó la creciente complejidad del escenario, marcada por la irrupción de la ONU en el debate sobre una futura convención fiscal global y por los avances de la OCDE en el denominado Pilar II. En este último ámbito se ha acordado un mecanismo de "Puerto Seguro" que busca proteger la competitividad de las multinacionales durante la transición hacia un tipo mínimo global.
Por su parte, Jesús Gascón describió el momento actual como una etapa de "baja intensidad normativa", una pausa tras años de intensa producción legislativa, favorecida por la estabilidad económica y la evolución positiva de los ingresos públicos.
El secretario de Estado también quiso aclarar dudas sobre el tratamiento fiscal de las ayudas públicas concedidas por daños derivados de catástrofes como la dana. Según explicó, no es necesario establecer exenciones específicas, ya que estas ayudas no generan una ganancia patrimonial: compensan una pérdida previa. Además, garantizó que dichas cantidades no podrán ser embargadas.
En materia aduanera, Gascón destacó como uno de los logros de la presidencia española el avance en la reforma de la Unión Aduanera, a pesar de que otras iniciativas -como la fiscalidad energética o la del tabaco- siguen bloqueadas en Bruselas por la exigencia de unanimidad. La reforma aduanera supondrá, según indicó, un cambio profundo, con la creación de una Autoridad Aduanera Europea y un sistema centralizado de datos.
Entre las novedades figura el operador "Trust and Check", evolución del actual Operador Económico Autorizado, que permitirá a empresas de confianza autoliquidar sus operaciones mediante acceso directo a los datos, reduciendo la intervención de los controles aduaneros tradicionales. En suma, el mensaje trasladado al tejido empresarial combina tranquilidad en el plano legislativo con una transformación significativa en el ámbito tecnológico y formal, con el objetivo de construir una relación más ágil, transparente y segura entre la Administración tributaria y los contribuyentes.
El Gobierno ha llamado a la cautela ante el agravamiento del conflicto en Irán, aunque al mismo tiempo ha dejado claro que activará medidas fiscales si la crisis en Oriente Próximo se intensifica. El principal temor es que se repita un escenario inflacionario similar al de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, cuando fue necesario aprobar amplios paquetes de ayudas para amortiguar el impacto del encarecimiento de los precios sobre hogares y empresas.
La atención se centra especialmente en la energía. Los precios han comenzado a repuntar con fuerza debido a que la tensión afecta a una zona clave para el suministro mundial: el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo global y una parte significativa del gas transportado por mar.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró en TVE que, si la situación termina perjudicando a la economía española, el Ejecutivo está listo para reaccionar con las herramientas necesarias, como ya hizo en 2022. No obstante, desde su departamento se insiste en que todavía es pronto para concretar medidas de apoyo a familias o empresas y se apela a la serenidad mientras evoluciona el conflicto. En la misma línea, fuentes de Hacienda señalan que aún no se están diseñando iniciativas específicas, aunque subrayan que, de adoptarse un plan de respuesta, incluiría previsiblemente un componente tributario.
En 2022, la guerra en Ucrania desencadenó una grave crisis de materias primas -energéticas, agrícolas y minerales- que evidenció la dependencia estratégica europea y provocó una inflación inédita en décadas. En España, los precios llegaron a superar el 10%; el gas rebasó los 300 euros por megavatio hora y la electricidad alcanzó picos superiores a los 400 euros/MWh en el mercado mayorista. Para paliar ese escenario, el Ejecutivo aprobó distintos paquetes anticrisis que, solo en ese ejercicio, movilizaron 22.000 millones de euros.
Entre las medidas figuraron límites a la actualización de los alquileres, refuerzos del ingreso mínimo vital y, sobre todo, actuaciones en el ámbito energético y fiscal. Se redujo el IVA de la electricidad y de determinados alimentos básicos, se rebajó el impuesto especial sobre la electricidad, se suspendió el gravamen a la generación eléctrica y se aprobaron bonificaciones a los carburantes y ayudas al transporte. Precisamente, las principales asociaciones del transporte por carretera ya han solicitado al Gobierno que tenga preparado un plan de apoyo por si la situación empeora.
El Ejecutivo asegura que está siguiendo de cerca la evolución de los precios de la luz y los combustibles, así como su posible repercusión en el transporte, la logística y, en consecuencia, en el sector alimentario. La ministra de Inclusión y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, destacó tras el Consejo de Ministros que la exposición directa de España al conflicto es reducida, aunque pidió prudencia ante la incertidumbre internacional y advirtió de que el impacto dependerá en gran medida de la duración de la crisis.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, coincidió en que aún es prematuro medir el alcance real de la volatilidad energética, aunque reconoció que ya se han producido subidas relevantes. Tanto Saiz como Planas subrayaron que la diversificación del mix energético y de los proveedores de crudo y gas sitúa a España en una posición más sólida que en crisis anteriores. Aun así, cualquier encarecimiento de la energía termina trasladándose a la cadena agroalimentaria, especialmente a través del coste de fertilizantes y transporte.
El Gobierno, recalcaron, mantiene un seguimiento constante de la situación para evaluar en tiempo real el posible impacto sobre consumidores, industrias y empresas, con el fin de activar ayudas si fuera necesario. Planas insistió en que las decisiones se adoptarán en función de cómo evolucionen los acontecimientos en los próximos días.
En lo que respecta a los alimentos, el ministro descartó por ahora intervenir los precios, como proponen algunos socios del Ejecutivo, al no apreciarse todavía efectos directos. En cualquier caso, defendió que el Gobierno ya ha demostrado en crisis recientes su capacidad de reacción, una idea que también respaldó Saiz al afirmar que España está mejor preparada para afrontar escenarios de inestabilidad.
Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avanzó que, si la coyuntura lo exige, se adoptarán medidas para proteger a los trabajadores. Recordó que en crisis anteriores se activaron instrumentos como la prohibición de despidos vinculados a la situación excepcional, condiciones reforzadas para los ERTE o el Mecanismo RED, pensado para hacer frente a dificultades empresariales o sectoriales. Según señaló, si el conflicto termina teniendo consecuencias económicas y sociales, el Ejecutivo actuará para mitigar su impacto sobre la ciudadanía.
El Ministerio de Hacienda ha optado por proponer a Inés Olóndriz, actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local, para relevar a Cristina Herrero al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Si obtiene el respaldo del Congreso -ya que el nombramiento exige el apoyo mayoritario de la Cámara baja- se convertirá en la tercera persona en presidir el organismo encargado de supervisar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Desde el departamento que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, subrayan que Olóndriz cuenta con reconocimiento tanto en el ámbito público como en el privado y que reúne ampliamente los requisitos técnicos para el puesto. La ley establece que la propuesta corresponde al ministerio, aunque su designación llega en un contexto delicado marcado por el debate sobre la autonomía de la institución. La Airef ha advertido en varias ocasiones de que la solicitud del Ejecutivo para elaborar un nuevo análisis sobre la viabilidad del sistema de pensiones, fijando por decreto el contenido y los plazos del informe, pone en cuestión su independencia. Así lo expresó recientemente Herrero, cuyo mandato de seis años -no renovable- concluye este martes.
Al igual que su predecesora, Olóndriz acumula una extensa trayectoria en la Administración, aunque no procede de la propia Airef y actualmente ocupa un cargo de carácter político. Herrero, antes de asumir la presidencia, fue durante seis años directora de Análisis Presupuestario del organismo, bajo la etapa de José Luis Escrivá, quien posteriormente fue ministro y hoy es gobernador del Banco de España.
Olóndriz es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, posee un Executive Master en Administraciones Públicas por Esade y cuenta con la certificación de analista financiero (CFA) otorgada por la federación europea EFFAS. Funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Barcelona desde 1990, ha desarrollado su carrera tanto en el sector público como en el privado. Antes de su actual responsabilidad en Hacienda, donde ha participado en la gestión de ayudas durante la pandemia, en la propuesta de condonación de deuda autonómica y en el diseño de la reforma del sistema de financiación, trabajó entre 2011 y 2020 como analista sénior en S&P Global Ratings, especializada en finanzas públicas soberanas y regionales en España y Reino Unido.
Desde Hacienda destacan su perfil técnico y su conocimiento detallado de los distintos niveles de la Administración -estatal, autonómica y local- como avales para liderar la Airef. La candidatura no será formalizada en el Consejo de Ministros de este martes, sino en una fecha posterior aún sin concretar. Para prosperar, necesitará mayoría absoluta en el Congreso; de no alcanzarse, bastaría con mayoría simple en el Senado.
El desempleo aumentó en febrero en 3.584 personas respecto a enero (+0,1%), lo que supone el mayor repunte en este mes desde 2021. El incremento se explica principalmente por el comportamiento del sector servicios y del colectivo sin empleo anterior, integrado en su mayoría por jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral.
A pesar de esta subida, la Seguridad Social registró un crecimiento de 97.004 afiliados de media, alcanzando los 21.670.636 ocupados, la cifra más alta para un mes de febrero. Los datos han sido difundidos por los Ministerios de Trabajo e Inclusión. En contraste con lo ocurrido este año, en febrero de 2025 y 2024 el paro descendió en 5.994 y 7.452 personas, respectivamente; en 2023 aumentó en 2.618 desempleados y en 2022 cayó en 11.394. Con todo, el total de personas inscritas en las oficinas del SEPE se situó en 2.442.646, el nivel más bajo para un mes de febrero en los últimos 18 años.
Desde 1996, el paro ha subido en febrero en 14 ocasiones y ha bajado en 17. El mayor incremento se produjo en 2009, con 154.000 desempleados más, mientras que la mayor caída tuvo lugar en 1998, con 23.843 parados menos. Si se eliminan los efectos estacionales, el desempleo descendió en 3.718 personas. En términos interanuales, el paro se redujo en 150.803 personas, un 5,8% menos que hace un año.
Por sectores, además del colectivo sin empleo anterior -que sumó 6.263 desempleados más (+2,8%)-, también aumentó el paro en los servicios, con 1.158 personas más (+0,06%). En cambio, descendió en la construcción (-2.140, un 1,2% menos), en la industria (-1.122, un 0,6% menos) y en la agricultura (-575, un 0,8% menos).
Territorialmente, el desempleo bajó en seis comunidades autónomas y subió en once. Los mayores incrementos se registraron en Madrid (+3.694), Cataluña (+2.039) y Castilla-La Mancha (+1.070). Por el contrario, las mayores caídas se produjeron en Andalucía (-2.629), País Vasco (-1.146) y Comunidad Valenciana (-1.102). A nivel provincial, el paro descendió en 21 provincias -con Cádiz, Vizcaya y Baleares a la cabeza- y aumentó en 31, destacando Madrid, Barcelona y Zaragoza.
Los secretarios de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, atribuyeron el ligero repunte a la incorporación de nuevos demandantes al mercado laboral. En su valoración, subrayaron que las cifras siguen siendo "claramente positivas", con 150.000 parados menos que hace un año, un peso de la contratación indefinida superior al 44% y una tasa de cobertura cercana al 82%. En paralelo, la afiliación a la Seguridad Social creció en febrero en 97.004 personas de media, recuperando parte del retroceso habitual de comienzos de año. Es el tercer mayor aumento en este mes desde 2007, aunque el más moderado desde 2023. En el último año, el sistema ha sumado 474.482 cotizantes, lo que supone un crecimiento del 2,2%.
En términos desestacionalizados, la afiliación aumentó en 45.220 personas (+0,2%), hasta un máximo histórico de 21.930.359 cotizantes. El Régimen General, que concentra la mayoría de los trabajadores, incorporó 88.529 afiliados medios (+0,5%), hasta los 18,19 millones. Destacaron educación, con 30.142 nuevos ocupados (+2,3%); hostelería, con 22.932 (+1,6%); y construcción, con 17.478 (+1,7%). El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sumó 7.868 afiliados (+0,2%), hasta 3.414.614.
Entre las actividades con descensos figuraron el comercio mayorista (-13.500 afiliados), las actividades sanitarias (-9.500), el Sistema Especial Agrario (-3.692) y el Sistema del Hogar (-2.761). Por comunidades autónomas, el empleo aumentó en 15 regiones, con Cataluña (+23.564), Baleares (+13.539) y Madrid (+12.806) a la cabeza. Solo se registraron retrocesos en Castilla-La Mancha (-1.657) y Extremadura (-775). Desde febrero de 2021, el mercado laboral ha ganado 4.716.953 ocupados con contrato indefinido y ha reducido en 1.900.668 los afiliados con contrato temporal, consolidando el peso del empleo estable.
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