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(La Vanguardia, 10-06-2026) | Laboral

El punto débil de la reforma laboral: los contratos fijos duran cien días menos

La evaluación que realiza la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre la reforma laboral arroja resultados contrapuestos. Por un lado, destaca un avance indiscutible: la fuerte reducción de la temporalidad en el mercado de trabajo. Sin embargo, considera que este logro no ha venido acompañado de una mejora equivalente en la estabilidad efectiva del empleo, ya que los contratos indefinidos tienen ahora una duración media inferior a la que registraban antes de la entrada en vigor de la reforma. En un análisis centrado en los trabajadores menores de 30 años, Fedea señala que la duración media de los contratos indefinidos se ha reducido en aproximadamente cien días. Mientras que en 2021 estos contratos superaban los 250 días de duración media, en 2023 la cifra descendió por debajo de los 150 días. Según Marcel Jansen, autor del informe, limitar el uso de la contratación temporal era una medida necesaria, pero insuficiente por sí sola para garantizar una mayor estabilidad laboral. A su juicio, es fundamental que los incentivos para empresas y trabajadores estén mejor diseñados y orientados a favorecer relaciones laborales más duraderas. Jansen sostiene que el coste del despido en los primeros momentos de una relación laboral indefinida sigue siendo relativamente reducido, lo que facilita la rotación. Por ello, propone la implantación de mecanismos que incentiven la permanencia en el empleo. Entre las alternativas planteadas figura un sistema de bonus-malus que penalice a las empresas con niveles elevados de rotación laboral y premie a aquellas que mantengan plantillas más estables. El economista considera que esta fórmula podría resultar más eficaz que un endurecimiento general de las condiciones de despido. El estudio también identifica otros efectos de la reforma con luces y sombras. Destaca que se han reducido de forma muy significativa las diferencias en el acceso de los jóvenes a los contratos indefinidos, eliminando cerca del 90% de la brecha existente anteriormente. No obstante, los avances son más limitados cuando se analizan variables como la duración del empleo o los ingresos obtenidos. Según los datos recogidos, la reforma ha reducido un 40% la diferencia en la duración del primer empleo, un 32% la brecha en la probabilidad de mantener un puesto durante al menos seis meses y un 14% la diferencia de ingresos en ese periodo. La principal conclusión es que actualmente muchos más jóvenes acceden a contratos indefinidos, pero estos vínculos laborales suelen ser más breves que antes de la reforma. Aunque siguen ofreciendo una duración superior a la de los contratos temporales y a la de los fijos discontinuos, han perdido parte de la estabilidad que tradicionalmente se asociaba a esta modalidad contractual. En teoría, una menor duración de los contratos indefinidos debería traducirse en mayores costes para las empresas por el incremento de las indemnizaciones derivadas de los despidos. Sin embargo, Fedea señala que este efecto puede verse atenuado por otros factores. Entre ellos destaca el aumento de las bajas voluntarias por parte de los trabajadores y el crecimiento de las extinciones de contrato durante o inmediatamente después del periodo de prueba, circunstancias que reducen el impacto económico asociado a la finalización de las relaciones laborales.

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(El Mundo, 10-06-2026) | Laboral

Fedea sostiene que la reforma laboral apenas ha mejorado la estabilidad del empleo en España

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado un estudio en el que analiza el impacto de la reforma laboral de 2021 en la estabilidad del empleo, especialmente entre los trabajadores jóvenes en España. El informe, titulado *¿Limitar el trabajo temporal mejora la estabilidad del empleo? Evidencia para los trabajadores jóvenes en España*, concluye que, aunque la reforma ha reducido de forma notable la temporalidad, sus efectos sobre la calidad real del empleo son limitados. Según los investigadores, la reforma -acordada entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal a finales de 2021- ha provocado una transformación significativa en los patrones de contratación. La proporción de asalariados con contrato temporal ha pasado del 25% antes de la reforma a aproximadamente el 15% en 2025. Sin embargo, Fedea sostiene que esta reducción no se ha traducido en una mejora equivalente de la estabilidad laboral efectiva. El estudio observa que, aunque el acceso a contratos indefinidos aumentó de forma relevante -especialmente en las provincias con mayor temporalidad previa, donde creció 6,4 puntos porcentuales-, este cambio ha eliminado gran parte de la brecha existente en la contratación. Aun así, no se aprecia una mejora proporcional en otros indicadores como la permanencia en el empleo o la evolución de los ingresos. En concreto, la reforma habría reducido en torno a un 40% la diferencia en la duración media del primer empleo y en un 32% la probabilidad de que un puesto se mantenga más de seis meses. Sin embargo, Fedea considera que estos avances son insuficientes en términos globales. También señala que el impacto sobre los ingresos acumulados durante el primer empleo es limitado, equivalente a aproximadamente el 14% de la brecha previa a la reforma. Uno de los elementos clave que explica estos resultados, según el informe, es la menor duración media de los contratos indefinidos tras la reforma. En particular, los contratos indefinidos ordinarios muestran una reducción en su duración media, algo que los autores interpretan como una consecuencia lógica del nuevo marco normativo, en el que este tipo de contrato se extiende a puestos de trabajo que ya eran intrínsecamente más inestables. Fedea añade que, al eliminarse parte de la flexibilidad en la contratación temporal, las empresas tienen menos capacidad de selección previa, lo que podría estar afectando a la calidad media de las relaciones laborales y a la estabilidad de los emparejamientos entre trabajadores y empresas. Desde esta perspectiva, el estudio concluye que las reformas orientadas únicamente a reducir la temporalidad no bastan para mejorar de forma sustancial la estabilidad del empleo. Aunque son necesarias, no serían suficientes para lograr un cambio profundo en la calidad del mercado laboral. Como alternativa, Fedea propone introducir mecanismos que obliguen a las empresas a asumir parte de los costes sociales asociados a una elevada rotación laboral. En lugar de endurecer el despido o aumentar las indemnizaciones, el informe plantea un sistema de tipo bonus-malus en las cotizaciones a la Seguridad Social, de manera que aquellas empresas con mayor rotación paguen contribuciones más elevadas.

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(Expansión, 10-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE afronta su primera subida de tipos de interés en casi tres años

El Banco Central Europeo (BCE) se dispone a reaccionar ante las consecuencias económicas derivadas de la guerra entre Irán y sus adversarios regionales, así como del cierre del estrecho de Ormuz, un enclave estratégico para el comercio mundial de petróleo y gas. El encarecimiento de la energía provocado por el conflicto ya está trasladándose a los precios en la zona euro, lo que ha llevado a la institución monetaria a preparar una subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos, hasta situarlos en el 2,25%. La decisión supone un cambio de rumbo tras varios meses de cautela. Aunque el organismo presidido por Christine Lagarde optó por mantener sin cambios el precio del dinero en las reuniones de marzo y abril, argumentando que la política monetaria se encontraba en una posición adecuada, la prolongación del conflicto y sus efectos sobre la inflación han terminado por inclinar la balanza hacia una actuación más decidida. De confirmarse el movimiento, se trataría del primer incremento de los tipos de interés desde septiembre de 2023. Desde hace meses, distintos responsables del BCE venían preparando al mercado para esta posibilidad, ante el riesgo creciente de que el repunte de los costes energéticos termine consolidándose en la evolución general de los precios. Peter Kaimír, gobernador del Banco Nacional de Eslovaquia, considera que el endurecimiento de la política monetaria resulta inevitable y recuerda que este escenario ya figuraba entre las previsiones más probables desde comienzos de año. Según su análisis, la evolución de la crisis geopolítica ha confirmado los riesgos que ya se anticipaban. El respaldo a la subida dentro del Consejo de Gobierno del BCE es amplio. Aproximadamente siete de cada diez miembros del órgano de decisión se han mostrado favorables a incrementar los tipos en esta reunión, mientras que el resto ha evitado posicionarse con claridad. De hecho, una parte significativa de los consejeros ya defendía un ajuste al alza en el encuentro anterior, aunque finalmente prevaleció la opción de esperar más información. Incluso representantes tradicionalmente asociados a las posiciones más moderadas dentro del BCE han asumido la necesidad de actuar. Fabio Panetta, gobernador del Banco de Italia, ha señalado que las perspectivas económicas apuntan a la conveniencia de recalibrar la política monetaria para contener riesgos inflacionistas persistentes. Una opinión similar mantiene Yannis Stournaras, gobernador del Banco de Grecia, quien considera probable una subida de tipos para preservar la credibilidad de la institución y garantizar una respuesta coherente ante los cambios en la inflación. La principal preocupación del BCE no radica tanto en los datos actuales como en la posibilidad de que las expectativas de inflación se alejen de forma duradera del objetivo del 2%. La institución quiere evitar repetir los errores que, a su juicio, se cometieron durante el anterior episodio inflacionario, cuando reaccionó con retraso al aumento de los precios. Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE y una de las voces más influyentes del sector más partidario de una política monetaria estricta, ha advertido de que el riesgo de que las expectativas de inflación se consoliden en niveles superiores a los deseados está aumentando. Más allá de la decisión inmediata, el interés de los mercados se centra ahora en las señales que pueda ofrecer Christine Lagarde sobre los próximos pasos. Aunque existe un consenso casi absoluto respecto a la subida de esta semana, no ocurre lo mismo sobre la conveniencia de nuevas alzas en los próximos meses. Gediminas Simkus, gobernador del Banco de Lituania, ha señalado recientemente que, tras este primer movimiento, será necesario analizar la evolución de los datos antes de decidir nuevos ajustes. No obstante, considera más probable que se produzca una segunda subida que la posibilidad de que los tipos permanezcan estables durante el resto del año, aunque evita pronunciarse sobre el calendario concreto. La experiencia histórica también pesa en el debate. La única referencia reciente comparable se remonta a 2011, cuando el entonces presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, impulsó una subida de tipos que posteriormente fue revertida por su sucesor, Mario Draghi. Aquella decisión terminó siendo considerada por muchos economistas como un error de política monetaria. Aunque la mayoría de los responsables actuales del BCE rechaza que la situación presente sea equiparable, algunos analistas financieros han advertido del riesgo de repetir un movimiento excesivamente prematuro en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y la desaceleración económica.

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(Expansión, 10-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inversión inmobiliaria se dispara un 50% y supera los 10.000 millones

España consolida su posición como uno de los destinos más atractivos para el capital que busca rentabilidad en el mercado inmobiliario. Impulsado por un crecimiento económico superior al promedio europeo, el aumento de la población y la buena evolución de los distintos tipos de activos, el sector ha alcanzado un nuevo récord de inversión. Durante los seis primeros meses del año se han superado los 10.000 millones de euros invertidos, un 50% más que en el mismo periodo de 2025. Entre los inversores más activos de 2026 destacan fondos canadienses como Brookfield, Hoopp y Omers, junto a gestoras, Socimis y compañías españolas como Azora, Criteria, Calena Partners o Atrea Real Estate, la nueva firma impulsada por Luis López de Herrera-Oria. A falta de concluir el semestre, la inversión en adquisición de inmuebles asciende a 10.052 millones de euros, por encima del anterior máximo registrado en 2022, cuando se alcanzaron 10.017 millones, según estimaciones preliminares de JLL. Esta cifra aún podría incrementarse al no incluir algunas operaciones recientes, como la compra por parte de Nuveen y King Street de la cartera de residencias Bravo en España por 330 millones de euros. Entre las mayores transacciones del semestre sobresale la adquisición por Brookfield de una cartera de 5.000 viviendas a Blackstone por 1.050 millones de euros. También destaca la entrada del fondo de pensiones sanitario canadiense Hoopp en el mercado residencial español mediante la compra de una cartera a Ares por 630 millones. Otras operaciones relevantes han sido la compra del edificio de oficinas Estel, en Barcelona, por Criteria por 385 millones; la adquisición por Azora de una cartera residencial de Patrizia por 350 millones; y la incorporación del centro comercial Islazul, en Madrid, a la cartera de Castellana Properties por 340 millones. Según Juan Manuel Pardo, responsable de Capital Markets de JLL en España, factores como el crecimiento demográfico, la existencia de nuevas oportunidades de liquidez en el mercado residencial y la estabilidad geopolítica relativa del país han reforzado el atractivo de España para los inversores, amortiguando parte de los riesgos asociados a la tensión internacional derivada del conflicto con Irán. El segmento residencial ha sido el principal motor de la inversión. Sumando vivienda en alquiler, residencias de estudiantes, centros para mayores y apartamentos flexibles, la inversión alcanzó 4.375 millones de euros en el primer semestre, casi cuatro veces más que un año antes. Solo en el mercado del alquiler se han cerrado ocho operaciones superiores a los 100 millones de euros, muchas de ellas vinculadas a la compra de grandes carteras de viviendas destinadas posteriormente a su venta individualizada. La inversión en oficinas también mantiene una trayectoria positiva. Entre enero y junio alcanzó los 1.792 millones de euros, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior. Además de la operación del edificio Estel, sobresale la compra del complejo Los Cubos, en Madrid, por parte de Atrea Real Estate a Henderson Park por 91 millones de euros. En el ámbito comercial, la inversión en activos de retail sumó 1.675 millones de euros, un 11% más que hace un año. Los centros comerciales continúan siendo el activo preferido, concentrando más de la mitad de la inversión total del sector. Además de Islazul, Castellana Properties adquirió también el centro comercial Berceo, en Logroño, por 108 millones de euros. El mercado logístico conserva igualmente un elevado dinamismo. La inversión alcanzó los 779 millones de euros, un 21% más en términos interanuales, impulsada por operaciones como la compra de 13 activos logísticos por parte de Oxford Properties, Omers y AustralianSuper por 181 millones. Por el contrario, el sector hotelero muestra una cierta desaceleración. Se prevé que cierre el primer semestre con una inversión superior a los 1.400 millones de euros, lo que supondría una caída aproximada del 14% respecto al mismo periodo de 2025. A pesar de ello, los hoteles siguen representando alrededor del 14% de toda la inversión inmobiliaria realizada en España. Entre las operaciones hoteleras más destacadas figura la compra por Calena Partners de una cartera de tres establecimientos vacacionales en Mallorca y Gran Canaria, con cerca de 900 habitaciones, por unos 200 millones de euros. También sobresalen la adquisición del hotel Corso de Ibiza por Blasson, la compra por la familia Matutes del 75% de dos hoteles ibicencos a Azora y la venta del hotel Jumeirah Port Sóller, en Mallorca, a Dubai Holding.

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(El País, 10-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno lanza el programa Verano Joven con descuentos de hasta el 90% para viajes en autobús y tren

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una dotación de 130 millones de euros para una nueva edición del programa Verano Joven, una iniciativa que permitirá a los menores de 31 años acceder a importantes descuentos en trenes y autobuses durante los meses estivales. Desde su puesta en marcha, hace tres años, más de cuatro millones de jóvenes han utilizado estas ayudas para realizar más de 16 millones de desplazamientos con tarifas reducidas. En esta ocasión, las rebajas alcanzarán hasta el 90% del precio de algunos billetes. El Ministerio de Transportes enmarca esta medida dentro de las actuaciones destinadas a aliviar el impacto del encarecimiento del coste de la vida derivado de la crisis en Oriente Próximo. La plataforma para tramitar las inscripciones estará disponible en los próximos días. El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, es decir, a quienes hayan nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008. Podrán beneficiarse tanto los ciudadanos españoles como los extranjeros con residencia legal en España. Los descuentos se aplicarán a billetes sencillos y de ida y vuelta para desplazamientos nacionales, así como a determinados títulos de Interrail para viajar por Europa. Las bonificaciones estarán vigentes para los viajes realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Los mayores descuentos, del 90%, se reservan para los servicios de autobús regular de competencia estatal y para los trenes convencionales de media distancia y de ancho métrico. En el caso de los trenes Avant, la reducción será del 50%. Los servicios ferroviarios de larga distancia y alta velocidad operados por Renfe, Iryo y Ouigo también contarán con una rebaja del 50%, aunque limitada a un máximo de 30 euros por billete. Asimismo, se mantendrá el descuento del 50% en el pase Global Flexible de Interrail, válido para diez días de viaje durante un periodo de dos meses, siempre que se adquiera a través de Renfe. Para acceder a estas ventajas será necesario registrarse previamente en la página web habilitada por el Ministerio de Transportes. Los solicitantes deberán identificarse con su DNI o NIE y recibirán un código personal e intransferible que les permitirá adquirir los billetes bonificados directamente en las plataformas de los operadores de transporte. La iniciativa ha ido ganando usuarios con cada edición. En 2023 se beneficiaron del programa 1,13 millones de personas, cifra que aumentó a 1,4 millones en 2024 y a 1,55 millones en 2025. Del total de 16 millones de trayectos realizados con descuento desde su creación, cerca de dos tercios correspondieron al ferrocarril, con más de 10,2 millones de viajes, mientras que el autobús sumó alrededor de 5,8 millones. Además, se gestionaron unos 29.000 pases Interrail subvencionados. El sector del transporte por carretera ha respaldado de forma mayoritaria esta política de ayudas al considerar que facilita la incorporación de nuevos usuarios al transporte colectivo. En el ámbito ferroviario, Verano Joven también ha contribuido a moderar la intensa competencia de precios registrada en los últimos años, especialmente tras la llegada de nuevos operadores de alta velocidad que impulsaron tarifas muy reducidas para atraer viajeros.

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(El Economista, 09-06-2026) | Fiscal

La economía española superará significativamente al resto de la zona euro este año, gracias a una mayor productividad laboral y una sólida posición fiscal

Pocas cuestiones económicas admiten interpretaciones completamente unánimes. Aunque existe un amplio consenso en que España lidera actualmente el crecimiento entre las grandes economías europeas, el debate surge al analizar la naturaleza de ese avance. Mientras algunos expertos sostienen que el crecimiento se apoya principalmente en la incorporación de más factores productivos, como trabajadores o capital, sin mejoras significativas en productividad o valor añadido, otros consideran que se están produciendo transformaciones estructurales que explican el mejor comportamiento de la economía española. Entre quienes defienden esta segunda visión se encuentra el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs, que acaba de publicar un informe en el que destaca la fortaleza de la economía española, la mejora de la productividad y la creación de empleo de mayor calidad como factores que explican su resistencia frente a un entorno internacional complejo. Desde la recuperación posterior a la pandemia, España ha mantenido un ritmo de crecimiento superior al de la media de la eurozona y al de otras grandes economías del continente. Lo que inicialmente se interpretó como un rebote derivado de una caída más profunda durante la crisis sanitaria parece haberse consolidado como una tendencia más estable. Según las previsiones de Goldman Sachs, la economía española crecerá un 2,1% este año, una cifra que triplica el avance estimado para la zona euro, situado en el 0,7%. El informe, elaborado por Filippo Taddei, sostiene que España está demostrando una notable capacidad de adaptación en un contexto marcado por la crisis energética internacional. Entre los factores positivos destaca la reducción del desempleo hasta niveles no vistos desde 2008 y el récord alcanzado por la tasa de empleo. Además, el estudio subraya que la productividad laboral está creciendo a un ritmo superior al observado en las otras tres grandes economías de la Unión Europea: Alemania, Francia e Italia. A ello se suma la estabilidad relativa de la deuda pública española, cuyos diferenciales han mostrado una evolución más favorable que la de otros países europeos pese a las tensiones derivadas del encarecimiento de la energía y de la desaceleración económica global. Según el análisis de Goldman Sachs, la confianza de los inversores en la economía española sigue siendo elevada. La actividad económica ha mostrado un comportamiento más sólido que el de la eurozona e incluso que el de Estados Unidos durante los últimos trimestres, mientras que los mercados de deuda continúan valorando positivamente las perspectivas del país. Uno de los elementos que explica esta evolución es la gestión de los flujos migratorios. El informe considera que la llegada de trabajadores extranjeros, especialmente procedentes de América Latina, ha contribuido de forma significativa al crecimiento económico. La facilidad de integración derivada de los vínculos culturales y lingüísticos ha permitido cubrir vacantes en sectores donde existe escasez de mano de obra, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población española. No obstante, Goldman Sachs señala que el crecimiento del empleo no se está concentrando únicamente en actividades de bajo valor añadido. Los mayores avances se observan en sectores como los servicios profesionales, las finanzas y las tecnologías de la información y la comunicación. Desde 2019, el empleo en estas actividades ha aumentado más de un 20%, una evolución que prácticamente duplica la registrada en Francia e Italia. Esta transformación estaría favoreciendo también una mejora gradual de la productividad. El informe destaca igualmente la evolución de las cuentas públicas. A pesar de las medidas adoptadas para mitigar el impacto del encarecimiento del petróleo y del gas provocado por la crisis en el Estrecho de Ormuz, la situación fiscal española se ha mantenido relativamente estable. El análisis considera que la decisión de no acelerar significativamente el gasto en defensa ha contribuido a preservar la credibilidad financiera del país. Como resultado, España sería la única de las cuatro grandes economías de la Unión Europea que lograría reducir su ratio de deuda pública sobre PIB durante los próximos tres años, un factor que refuerza la confianza de los mercados en la sostenibilidad de sus finanzas públicas. Sin embargo, el informe también identifica algunos riesgos que podrían alterar este escenario favorable. Uno de ellos es la evolución del turismo, una actividad que representa una parte relevante de la economía española. Según las estimaciones recogidas en el estudio, una caída del 10% en las llegadas de turistas internacionales por vía aérea podría restar alrededor de tres décimas al crecimiento económico. Otro elemento de incertidumbre es el panorama político. Aunque el Gobierno ha conseguido mantener una senda de reducción del déficit, sigue sin haber aprobado unos Presupuestos Generales del Estado completos desde las elecciones anticipadas de 2023. Con una nueva cita electoral en el horizonte, Goldman Sachs advierte de que una prolongación de la incertidumbre política podría afectar negativamente a la confianza de los inversores y poner en cuestión parte de las expectativas favorables que actualmente acompañan a la economía española. En cualquier caso, la conclusión principal del informe es que el crecimiento de España no responde únicamente a un aumento de la población activa o del empleo, sino que también empieza a apoyarse en mejoras de productividad, una mayor presencia de sectores intensivos en conocimiento y una situación fiscal relativamente sólida, factores que podrían explicar por qué la economía española continúa destacando dentro del panorama europeo.

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(Expansión, 09-06-2026) | Laboral

La actividad emprendedora en España suma cinco años en positivo

El ecosistema emprendedor español continúa mostrando una notable vitalidad y una cultura empresarial cada vez más arraigada. Este dinamismo se refleja en el creciente interés por poner en marcha nuevas empresas y proyectos innovadores, una tendencia que se extiende tanto entre los jóvenes como entre profesionales con una larga trayectoria laboral, incluidos directivos procedentes de grandes compañías y emprendedores con experiencias previas que mantienen intacta su vocación empresarial. La intención de crear un negocio durante los próximos tres años alcanzó en 2025 el 13,8% de la población, lo que supone un incremento de 2,6 puntos porcentuales respecto al año anterior y encadena ya cinco ejercicios consecutivos de crecimiento. También aumentó la actividad emprendedora en fases más avanzadas. Las iniciativas de reciente creación, con menos de tres años y medio de vida, pasaron del 7,2% al 7,8%, mientras que los negocios ya consolidados crecieron del 6,8% al 7,4%. Paralelamente, la tasa de abandono de proyectos por cierre o traspaso también ha experimentado una tendencia al alza desde 2020. Aunque partía de niveles muy reducidos, con un 1,3% hace cinco años, en 2025 alcanzó el 3,7%. Lejos de interpretarse exclusivamente como una señal negativa, este fenómeno refleja en parte el elevado movimiento que caracteriza al ecosistema emprendedor. De hecho, cerca de la mitad de los empresarios que abandonan sus iniciativas aseguran que la actividad continúa funcionando bajo una nueva dirección. Además, alrededor del 7% de los negocios sigue operando tras una reconversión de su actividad, mientras que el 40,4% cesa definitivamente. Entre las principales razones que explican la salida de los emprendedores destacan la posibilidad de vender el negocio en condiciones favorables y la falta de rentabilidad de la actividad. A ello se suman otros factores como la aparición de nuevas oportunidades profesionales o las dificultades para acceder a financiación que permita sostener el crecimiento del proyecto. Estas conclusiones forman parte del informe GEM España 2025-2026, elaborado por el Observatorio del Emprendimiento de España con la colaboración de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA). El estudio confirma el avance del emprendimiento en todas las etapas del proceso, desde la intención inicial de emprender hasta la consolidación de empresas con mayor recorrido. La consejera delegada de ENISA, Carolina Rodríguez, destaca que la cultura emprendedora continúa ganando peso en la sociedad y atribuye parte de esta evolución al desarrollo de políticas públicas orientadas al impulso del talento empresarial, así como a la colaboración entre administraciones y agentes privados en todo el territorio nacional. En su opinión, España se consolida como un entorno atractivo para emprender, favoreciendo la creación, el aprendizaje y el desarrollo de nuevas iniciativas. El informe también pone de manifiesto una creciente igualdad entre hombres y mujeres en materia de emprendimiento. Las diferencias son ya muy reducidas, con tasas del 8% y del 7%, respectivamente, lo que confirma una tendencia sostenida hacia el equilibrio de género en la actividad empresarial. La formación aparece igualmente como un factor determinante. A medida que aumenta el nivel educativo, crece la predisposición a emprender. Cerca del 10% de las personas con estudios universitarios manifiestan intención de crear una empresa, porcentaje que se eleva hasta el 12% entre quienes cuentan con un doctorado. En contraste, las cifras se sitúan entre el 6% y el 7% para quienes poseen niveles educativos más básicos. Asimismo, el nivel formativo de los emprendedores que lideran negocios consolidados sigue aumentando progresivamente. Uno de cada diez cuenta con estudios universitarios, lo que evidencia el elevado grado de cualificación que caracteriza al tejido innovador español. Otro aspecto destacado es la contribución de la población extranjera al emprendimiento. Durante los últimos años, la intención de crear empresas entre los inmigrantes ha llegado a multiplicar por tres la registrada entre los ciudadanos españoles, aunque esa diferencia se redujo ligeramente en 2025. El 26% de los extranjeros manifestó su intención de iniciar un negocio, frente al 12,3% de la población española. Aunque la cifra de emprendedores inmigrantes descendió respecto a ejercicios anteriores, continúa situándose claramente por encima de la media nacional. En las iniciativas empresariales más recientes, los emprendedores extranjeros alcanzaron una tasa del 13,7%, mientras que en los proyectos consolidados representaron el 5,6%. Los mayores niveles de actividad se concentran en ambos casos entre los 25 y los 44 años, si bien los porcentajes son significativamente más elevados entre la población inmigrante. Junto a estos indicadores, el estudio analiza los factores psicológicos que condicionan la decisión de emprender. El principal obstáculo continúa siendo el miedo al fracaso, una preocupación ampliamente extendida entre quienes se plantean poner en marcha un proyecto empresarial. Este temor puede adoptar múltiples formas, desde la incertidumbre sobre la capacidad para gestionar una empresa hasta las dudas sobre la aceptación del producto en el mercado o las dificultades para escalar un negocio. Pese a ello, el creciente número de iniciativas demuestra que cada vez más personas están dispuestas a asumir ese riesgo y apostar por la creación de nuevas empresas.

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(El País, 09-06-2026) | Laboral

Cómo afecta a los trabajadores el retraso de la transparencia salarial

Muchos trabajadores esperaban que la entrada en vigor de la Directiva europea 2023/970 sobre transparencia retributiva les permitiera conocer si su salario se ajusta al de otros empleados con funciones y responsabilidades equivalentes dentro de su empresa. Sin embargo, tendrán que seguir esperando. La norma debía haber sido incorporada a la legislación nacional antes del 7 de junio, pero ni España ni buena parte de los países de la Unión Europea han completado todavía ese proceso. Aunque el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha reiterado que la transposición de la directiva constituye una prioridad para combatir la brecha salarial de género, el Gobierno aún no dispone de un proyecto normativo definitivo. La intención es tramitarlo por la vía de urgencia y someterlo próximamente a consulta con los agentes sociales. Pese al retraso, España parte de una posición relativamente avanzada en materia de igualdad salarial gracias a los reales decretos 901 y 902, vigentes desde 2021, que introdujeron la obligación de disponer de registros retributivos y auditorías salariales con perspectiva de género. No obstante, la directiva europea incorpora elementos adicionales que todavía deben desarrollarse, como una definición más precisa del concepto de trabajo de igual valor, mecanismos de compensación ante diferencias salariales injustificadas y la obligación de informar sobre las bandas salariales en las ofertas de empleo. Los especialistas consideran que la demora normativa no ha frenado los esfuerzos de muchas grandes compañías por prepararse para el nuevo escenario. Algunas organizaciones ya están revisando sus políticas salariales, los criterios de promoción y los sistemas de evaluación para garantizar que las diferencias retributivas puedan justificarse mediante parámetros objetivos y transparentes. En el caso de Naturgy, la empresa lleva varios años adaptando sus procedimientos internos para reforzar la igualdad de oportunidades en ámbitos como la selección, la promoción profesional, la formación y la evaluación del desempeño. También ha impulsado programas de formación para directivos y herramientas específicas de gestión retributiva. Según la compañía, la diferencia salarial entre hombres y mujeres se ha reducido de forma significativa en los últimos años. Por su parte, ING asegura que ya facilita a sus empleados información detallada sobre su política salarial y comunica anualmente la evolución de las retribuciones fijas y variables. Además, los responsables de equipo informan a los trabajadores de su posición dentro de las bandas salariales establecidas por la entidad. La futura normativa europea supone un cambio relevante en la cultura laboral española. Tradicionalmente, hablar de salarios ha sido un asunto poco habitual dentro de las empresas, lo que ha dificultado detectar posibles desigualdades. La nueva regulación pretende favorecer una mayor transparencia y facilitar que los empleados puedan conocer y cuestionar diferencias salariales que consideren injustificadas. Los expertos señalan que las mayores dificultades suelen aparecer en los componentes variables de la remuneración y en los procesos utilizados para decidir incrementos salariales. Con la nueva normativa, las empresas deberán proporcionar más información a la representación de los trabajadores y justificar con mayor claridad los criterios aplicados. Además, se espera que aumenten las reclamaciones judiciales relacionadas con posibles discriminaciones salariales. Una de las novedades más relevantes es que, en determinados supuestos, corresponderá a la empresa demostrar que las diferencias retributivas responden a criterios objetivos y no discriminatorios. La directiva también introduce cambios en los procesos de contratación. Las empresas deberán ofrecer mayor transparencia sobre los salarios asociados a los puestos vacantes, una medida destinada a reducir las desigualdades que pueden surgir desde el momento de la incorporación al mercado laboral. Aunque esta práctica aún no está plenamente extendida, cada vez más ofertas de empleo incluyen información salarial. Los datos de InfoJobs muestran que el porcentaje de anuncios con remuneración visible ha aumentado de forma significativa en los últimos años. Además, las ofertas que detallan el salario suelen recibir un mayor número de candidaturas, lo que evidencia el interés de los trabajadores por contar con esta información desde el inicio del proceso de selección.

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(El País, 09-06-2026) | Laboral

Los sindicatos piden equiparar las condiciones laborales de los bomberos forestales que se enfrentan a los incendios en España

La creciente frecuencia de incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos ha llevado a UGT y CCOO a reclamar la aprobación de una ley estatal de bomberos que establezca un marco común para todo el territorio nacional. Ambas organizaciones sindicales defendieron este lunes la necesidad de una normativa básica que permita armonizar la organización, las condiciones laborales y la capacidad operativa de los servicios de emergencias, respetando al mismo tiempo las competencias autonómicas. Los sindicatos consideran que la actual regulación, vigente desde 1985, ha quedado desfasada ante los nuevos retos que plantean las emergencias asociadas al cambio climático, como los incendios de gran intensidad, las danas o las situaciones que requieren una mayor coordinación entre administraciones. En este sentido, recordaron episodios recientes como las inundaciones registradas en la Comunidad Valenciana en 2024 o los grandes incendios que afectaron al noroeste peninsular el pasado verano. Según denuncian, España dispone actualmente de más de 130 servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento con importantes diferencias en aspectos como la organización, la formación, los recursos disponibles, las condiciones laborales o los tiempos de respuesta. Por ello, reclaman a los partidos políticos y al Gobierno que alcancen un acuerdo para impulsar una regulación común que permita mejorar la eficacia de estos servicios. La reivindicación cobra especial relevancia con el inicio de la campaña de verano, en un contexto en el que las previsiones apuntan a una temporada de alto riesgo. Los sindicatos recuerdan además que en diversas comunidades autónomas continúan existiendo conflictos laborales relacionados con las condiciones de trabajo de los bomberos forestales. Aunque a finales de 2024 se aprobó el denominado Estatuto del Bombero, que introdujo mejoras profesionales relacionadas con salarios, enfermedades profesionales y complementos de peligrosidad, su aplicación ha sido desigual debido al reparto competencial entre administraciones. Por ello, UGT y CCOO consideran necesario dar un paso más mediante una ley básica de ámbito estatal. Entre las propuestas planteadas figura la creación de cuerpos autonómicos de bomberos y la integración progresiva y voluntaria de los servicios locales de menor tamaño dentro de esas estructuras regionales. El objetivo sería reducir la fragmentación actual y garantizar una prestación más homogénea y eficiente de los servicios de emergencia. Los sindicatos también reclaman que la futura norma refuerce la coordinación entre administraciones, impulse la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dentro del sector, regule la formación y la carrera profesional, y adapte los servicios a los nuevos riesgos derivados del cambio climático y de la evolución tecnológica. Durante la presentación de la propuesta, representantes de ambas organizaciones insistieron en la necesidad de profesionalizar y reforzar los equipos de intervención. En este sentido, mostraron su preocupación por la creciente dependencia de personal voluntario en determinadas emergencias y defendieron que la respuesta ante incendios y rescates debe descansar fundamentalmente en servicios públicos dotados de profesionales cualificados y recursos suficientes. A juicio de UGT y CCOO, la aprobación de una ley estatal permitiría mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones cada vez más complejas, garantizar estándares mínimos comunes en todo el territorio y ofrecer una mayor protección tanto a los profesionales de emergencias como a la ciudadanía.

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(El País, 09-06-2026) | Laboral

CC OO exige un salario mínimo de 1.500 euros netos para todos los trabajadores de la Administración del Estado

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO ha convocado para este martes una concentración frente al Ministerio de Hacienda en Madrid con una demanda central: establecer un salario mínimo de 1.500 euros netos mensuales para todos los trabajadores de la Administración General del Estado. Se trata de una reivindicación inédita en el ámbito de la función pública estatal, aunque habitual en otros sectores a través de la negociación colectiva. Según ha explicado la secretaria general del área de la Administración General del Estado en FSC-CC OO, Montserrat Gómez, esta medida estaría dirigida principalmente a las categorías inferiores, especialmente al grupo C2, e incluiría tanto a funcionarios de carrera como a personal laboral. El sindicato estima que alrededor del 15% de los empleados públicos percibe actualmente salarios próximos al salario mínimo interprofesional previsto para 2026, situado en 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Gómez ha vinculado esta propuesta con las dificultades de cobertura de vacantes en la Administración, señalando que cerca de un 30% de las plazas quedan sin cubrir porque muchos aspirantes que aprueban los procesos selectivos renuncian a incorporarse debido a la insuficiencia salarial, especialmente en grandes ciudades donde el coste de la vida y de la vivienda es más elevado, como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao. El sindicato no ha concretado el impacto exacto en términos brutos de esta subida, ya que dependería de los distintos complementos salariales, pero plantea que la financiación podría articularse mediante partidas destinadas al personal laboral o a través de complementos específicos en el caso del personal funcionario. Esta reivindicación salarial se plantea de forma independiente a otras demandas sindicales ya en negociación, como el desarrollo de la carrera profesional, la evaluación del desempeño o la regulación del teletrabajo, compromisos que el Gobierno aún no ha implementado de forma efectiva. La protesta de CC OO no será la única movilización de la semana en el ámbito de la función pública. Este lunes, el sindicato CSIF ha convocado una huelga en la Agencia Tributaria, con un seguimiento que, según la organización, ha sido mayoritario pese al establecimiento de servicios mínimos del 100% durante la campaña de la renta. El paro habría tenido especial incidencia entre los cuerpos generales, los servicios de inspección, la vigilancia aduanera y el personal de recaudación. A estas acciones se sumarán nuevas movilizaciones por parte de UGT y CSIF esta semana, en protesta por el estancamiento de las negociaciones del V Convenio Único del personal laboral de la Administración del Estado, que afecta a más de 38.000 trabajadores de la administración central.

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