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(El Economista, 20-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La construcción de obra nueva vuelve a "pinchar" en el segundo trimestre de 2025

La edificación de viviendas en España encadena su segundo trimestre de descensos y se distancia de los registros alcanzados en 2024. Entre abril y junio de 2025, el número de inmuebles cuya obra quedó oficialmente finalizada se redujo un 4,2%, hasta situarse en 22.979 viviendas, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos del último informe del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Asimismo, el total de viviendas terminadas -sumando tanto las de protección oficial como las de mercado libre- retrocedió un 0,7%, hasta las 23.796 unidades. Este informe pone de manifiesto una evolución preocupante que viene tensionando el mercado inmobiliario desde hace varios meses y que ya se prolonga durante medio año. La demanda de vivienda se mantiene en niveles muy elevados, mientras que la escasez de oferta impulsa subidas continuas de precios, especialmente en los grandes núcleos urbanos. Según explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, las dificultades para acceder a suelo, obtener financiación, el encarecimiento de los materiales, la excesiva carga burocrática y la falta de mano de obra están limitando la capacidad productiva del sector, que no logra cubrir la demanda existente. Esta combinación de factores se traduce en una presión constante sobre los precios. El Ministerio de Vivienda señala que el precio medio de la vivienda libre alcanzó en el segundo trimestre de 2025 los 2.094 euros por metro cuadrado, lo que supone un aumento interanual del 10,4% y el nivel más alto desde que comenzó la serie estadística en 2018. En cuanto a la comparación entre vivienda libre y protegida, el informe indica que el precio medio de la primera supera en la actualidad en un 76% al de la segunda. La caída en la finalización de viviendas se produce además en un contexto demográfico marcado por el crecimiento de la población, que se aproxima a los 50 millones de habitantes impulsada por la inmigración. España registra hoy su mayor volumen de población y el número de hogares sigue aumentando. Factores como la movilidad laboral, los cambios en la estructura familiar y la llegada de nuevos residentes han disparado la necesidad de vivienda tanto en compra como en alquiler. No obstante, la oferta no avanza al mismo ritmo. En las principales áreas metropolitanas, la escasez de suelo urbanizable, el encarecimiento de la financiación y la incertidumbre regulatoria en ámbitos como el alquiler o la vivienda protegida han ralentizado el desarrollo de nuevos proyectos. Esta situación repercute directamente en los precios y eleva el esfuerzo económico que deben realizar las familias. De acuerdo con el boletín, en el segundo trimestre de 2025 el esfuerzo medio necesario para adquirir una vivienda se situó en 7,8 años de renta bruta disponible, un nivel similar al registrado en 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. En paralelo, el número de hipotecas para la compra de vivienda experimentó un notable repunte interanual en ese mismo periodo, con 123.284 préstamos concedidos, un 32% más que un año antes. Desde Fotocasa, María Matos advierte de que la falta estructural de viviendas a precios asequibles sigue siendo uno de los principales obstáculos del mercado. A su juicio, la dificultad para encontrar inmuebles ajustados al presupuesto del comprador se intensificará en 2026, especialmente entre quienes dependen de financiación, lo que mantendrá la presión alcista sobre los precios y llevará a parte de la demanda a retrasar sus decisiones de compra. Para hacer frente a esta situación, el sector señala la necesidad de generar más suelo, un proceso que actualmente puede prolongarse entre 10 y 20 años antes de que los nuevos desarrollos estén listos. En este sentido, reclaman la aprobación definitiva de una nueva Ley del Suelo que permita agilizar los trámites. Dado que se trata de una solución a largo plazo, los expertos plantean alternativas más inmediatas, como aumentar la densidad vertical mediante la elevación de edificios existentes con varias plantas adicionales. Según Ignacio de la Torre, socio y economista jefe de Arcano Partners, esta opción permitiría incrementar la oferta en un plazo aproximado de dos años y, además, facilitaría que más personas pudieran residir en zonas céntricas sin verse obligadas a desplazarse a la periferia.

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(La Vanguardia, 20-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bizum eleva un 13% sus operaciones y estrenará a mediados de año los pagos en tiendas

Bizum concluyó el pasado ejercicio con un aumento del 13% en el volumen de transacciones, hasta sumar 1.237 millones de operaciones, y se prepara para incorporar a mediados de año el pago en establecimientos físicos. Todo ello mientras avanza en su proyecto de interconexión europea con otras plataformas similares, que permitirá realizar pagos entre distintos países y que, según sus responsables, estará disponible en un futuro cercano. Durante el último año, el sistema de pagos inmediatos de la banca española alcanzó una media de 3,4 millones de operaciones diarias, lo que equivale a 39 transferencias por segundo. La plataforma ya supera los 30,6 millones de usuarios y también ha registrado un incremento en el importe medio de cada operación, lo que se tradujo en un volumen total de 67.700 millones de euros movidos, un 53% más que el año anterior. La información difundida por Bizum este lunes revela además que 2025 marcó un punto de inflexión en su uso para compras por internet. Un total de 28.600 comercios online incorporaron este método de pago, situándolo como la segunda opción más utilizada en el comercio electrónico, con una cuota de mercado que oscila entre el 20% y el 30%. Diciembre fue el mes con mayor actividad, alcanzándose un ritmo de 46 operaciones por segundo. No obstante, el máximo histórico se registró el 28 de noviembre, coincidiendo con el black friday, cuando se llegó a procesar hasta 61 bizums por segundo. Precisamente ese día se batió el récord de compras diarias realizadas con Bizum, con 670.000 transacciones, el equivalente a siete compras por segundo y un incremento del 68% respecto al año anterior. Este fuerte crecimiento está vinculado en buena medida al auge del comercio electrónico a través de la plataforma. Las operaciones online aumentaron un 82%, hasta alcanzar los 105,6 millones, con un volumen económico asociado de 5.400 millones de euros. En el ámbito internacional, Bizum ya forma parte de la iniciativa EuroPA junto a los sistemas de pago de Italia (Bancomat Pay) y Portugal (MB Way). Además, participa en un consorcio con las plataformas de Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega, y trabaja para integrarse con las soluciones de Francia, Alemania y Países Bajos, con el objetivo de cubrir un mercado potencial de 390 millones de personas en 16 países europeos. A este proceso de expansión se suma el lanzamiento inminente del pago presencial. "Nuestras entidades están finalizando los preparativos para activar el pago en comercios físicos con Bizum, por lo que las perspectivas para 2026 son muy favorables", señala Ángel Nigorra, director general de la compañía. Está previsto que a mediados de 2026 los usuarios puedan pagar en tiendas físicas mediante tecnología NFC, ya sea desde la aplicación de su banco o a través de la cartera digital Bizum Pay, que también permitirá integrar otros medios de pago como las tarjetas bancarias. De cara a este año, Bizum estima alcanzar los 32,5 millones de usuarios, superar los 1.400 millones de operaciones y duplicar el número de compras online respecto a 2025. El crecimiento esperado en el volumen de transacciones es del 13%, el mismo ritmo registrado el año pasado.

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(El Economista, 16-01-2026) | Fiscal

El Supremo analizará si el fisco puede echar de módulos a los agricultores por las compensaciones del IVA

El Tribunal Supremo (TS) se pronunciará sobre si la Agencia Tributaria puede excluir del régimen de estimación objetiva del IRPF -conocido como sistema de módulos- a agricultores, ganaderos y pescadores por las compensaciones del IVA que perciben al adquirir bienes necesarios para el desarrollo de su actividad. En concreto, el alto tribunal deberá aclarar si dichas compensaciones del IVA deben computarse como ingresos a la hora de calcular la facturación anual y comprobar si se supera el límite de 250.000 euros, que marca el umbral máximo para poder tributar por este régimen simplificado. El pasado 10 de diciembre, el Supremo admitió a trámite dos nuevos recursos relacionados con esta cuestión, que se añaden a otros cinco ya aceptados con anterioridad. Conviene señalar que, a partir de 2025, Hacienda ha establecido de forma expresa que estas compensaciones por cuotas de IVA no deben incluirse en el cálculo del límite de ingresos para acogerse al régimen de módulos. No obstante, para los ejercicios anteriores a 2024 no existía una regulación clara al respecto. De hecho, la Agencia Tributaria ha venido expulsando a numerosos profesionales del sistema de estimación objetiva al considerar las compensaciones del IVA soportado como ingresos ordinarios, lo que ha provocado que muchos contribuyentes superaran el umbral permitido y quedaran fuera de este régimen. En uno de sus autos, el Tribunal Supremo reconoce la existencia de criterios judiciales dispares. Mientras algunos tribunales excluyen estas compensaciones del cómputo de rendimientos, otros -como la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada- entienden que deben sumarse como un ingreso más. Ante esta disparidad de interpretaciones, el Supremo considera necesario fijar doctrina. "Dado que la cuestión puede afectar a cualquier contribuyente acogido al Régimen Especial de Agricultura, Ganadería y Pesca, resulta conveniente un pronunciamiento de esta Sala que permita unificar la interpretación de la normativa aplicable", señala el alto tribunal.

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(El Economista, 16-01-2026) | Fiscal

Trabajo intenta convencer a Hacienda de compensar el SMI en los contratos públicos sin cambiar la ley

El Ministerio de Trabajo ha optado por ampliar los plazos para seguir negociando con el Ministerio de Hacienda una fórmula que permita compensar el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los precios de los contratos públicos adjudicados a empresas privadas, lo que ha llevado a posponer la reunión prevista para este viernes. Así lo anunció la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien explicó que su departamento está elaborando "una propuesta de indexación" que no requeriría modificar la Ley de Desindexación, norma que actualmente impide la actualización de precios reclamada tanto por la patronal CEOE como por los sindicatos UGT y CCOO en sus conversaciones con el Ejecutivo. Desde Trabajo señalan que continúan las reuniones técnicas para analizar posibles vías jurídicas que permitan compensar a las empresas que prestan servicios a la Administración -Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos- y que cuentan con un elevado número de empleados vinculados al SMI, como ocurre en sectores como la limpieza. Por su parte, fuentes de Hacienda confirman que estos trabajos están en marcha, a pesar de la negativa manifestada hace apenas una semana a introducir este ajuste como incentivo para alcanzar un acuerdo con la CEOE sobre el salario mínimo. Aunque no se muestran favorables a la medida, admiten cierta disposición a explorar alternativas. Desde el punto de vista legal, las fuentes consultadas consideran complicado articular una solución que no pase por modificar la Ley de Desindexación y la Ley de Contratos del Sector Público. No obstante, no sería la primera vez que el equipo de Díaz intenta introducir cambios mediante un desarrollo reglamentario, una estrategia que ha generado críticas tanto entre grandes despachos de abogados como entre los técnicos de la patronal. El Gobierno mantiene la discreción sobre las opciones que se están estudiando, mientras que los agentes sociales aseguran estar a la espera de conocer la propuesta concreta que Trabajo pondrá sobre la mesa en relación con el SMI. Este jueves, la vicepresidenta insistió en que las medidas que se están valorando junto a Hacienda no contemplan reformas legales, ya que, de alcanzarse un acuerdo entre ambos ministerios, bastaría con su aprobación en el Consejo de Ministros, sin necesidad de pasar por el Congreso. Sin embargo, desde el ámbito empresarial se sostiene que una compensación de este tipo no es viable sin modificar la normativa vigente, y el propio Ministerio de Hacienda reconoce la dificultad de hacerlo sin tocar la ley que impide la revisión de precios. En este caso, al tratarse de una demanda impulsada por la patronal, el principal escollo no sería la aritmética parlamentaria -que podría contar incluso con el apoyo del PP o de Junts-, sino las reservas presupuestarias de Hacienda. La ministra María Jesús Montero ha reiterado en distintas ocasiones, tanto en privado como públicamente, que no considera adecuado que el sector público asuma el sobrecoste derivado de las subidas salariales en los contratos, ya que las empresas, al concurrir a una licitación, asumen el riesgo de incrementos de los costes laborales derivados de convenios o de cambios normativos. Esta postura volvió a ponerse de manifiesto el pasado mes de diciembre, cuando Hacienda promovió un voto en el Congreso para frenar una enmienda del Partido Nacionalista Vasco (PNV). En ese texto, al que tuvo acceso elEconomista.es, el equipo de Montero estimaba en 280,5 millones de euros el coste para el Estado de una revisión del 2% en los contratos vigentes, a lo que habría que añadir el impacto presupuestario para comunidades autónomas y ayuntamientos. La propuesta de Trabajo contempla una subida del SMI del 3,1%, hasta los 1.221 euros, lo que elevaría aún más ese coste. Pese a las dificultades, el Ministerio de Trabajo confía en poder acercar posturas con Hacienda y lanzar así una señal de acercamiento a la CEOE, con la que acumula meses de tensiones por distintas iniciativas, como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, los cambios en prevención de riesgos o el permiso por fallecimiento. La reforma de la Ley de Desindexación fue una de las exigencias iniciales de los empresarios en las negociaciones del SMI para sumarse a un acuerdo, aunque este año optaron por una posición más pragmática y centraron su demanda en evitar la modificación de las reglas de absorción y compensación de los complementos salariales al aplicar el salario mínimo.

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(El País, 16-01-2026) | Fiscal

Los sindicatos piden excluir a los caseros con más de dos viviendas en alquiler de la bonificación total en el IRPF

Las recientes iniciativas anunciadas por el Gobierno para intentar moderar la escalada de los precios del alquiler han provocado críticas a lo largo de todo el espectro político y también han suscitado recelos entre los agentes sociales. Los sindicatos UGT y CC OO cuestionan que la bonificación del 100% del IRPF sobre las rentas del alquiler pueda aplicarse de manera generalizada a todos los propietarios que congelen los precios, y sostienen que este beneficio fiscal no debería alcanzar a quienes poseen tres o más viviendas en arrendamiento. Además, consideran que esta exención solo estaría justificada si se vincula a "resultados comprobables", para evitar que se convierta en "un coste fiscal para el Estado sin un efecto real sobre la oferta de vivienda asequible ni un control efectivo", según expresan en un comunicado conjunto difundido este jueves. El posicionamiento de las centrales sindicales se produce tres días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara su intención de aprobar "en las próximas semanas" un real decreto-ley con tres ejes fundamentales para frenar el encarecimiento del alquiler: una deducción fiscal del 100% en el IRPF para los propietarios que mantengan los precios; el endurecimiento de las condiciones para justificar los alquileres de temporada, acompañado de sanciones más severas en casos de fraude; y la prohibición de fijar precios por habitaciones que superen el importe máximo del alquiler de la vivienda completa. La medida relativa a la exención total del IRPF sobre los ingresos del alquiler -frente a la bonificación general actual del 50%, que puede aumentar según el perfil del inquilino- ha encontrado una oposición especialmente firme dentro de Sumar, socio principal del Ejecutivo. Desde este grupo califican la propuesta de "ineficaz" y alertan de que podría ampliar la brecha entre propietarios e inquilinos. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Consumo, los ingresos medios de los hogares propietarios superan en un 82% a los de los arrendatarios. "Sin conocer aún el detalle completo de las medidas, UGT y CC OO queremos subrayar un principio básico: los incentivos fiscales solo tienen sentido si se asocian a resultados verificables -como la estabilidad o la reducción real de los precios, la formalización de contratos y el cumplimiento normativo- y no si suponen un gasto público sin impacto en la oferta asequible o sin mecanismos de control. Además, su aplicación no debería extenderse a personas jurídicas ni a grandes tenedores con tres o más viviendas en alquiler", recogen los sindicatos en su comunicado. En cuanto a las propuestas orientadas a combatir el fraude en los alquileres de temporada, ambas organizaciones consideran que la intervención pública debe ser firme y eficaz para evitar el trasvase irregular de viviendas del mercado residencial a otras modalidades de arrendamiento. El objetivo, señalan, es impedir que se eludan las limitaciones establecidas por la ley estatal de vivienda y por otras normativas aplicables a los alquileres residenciales. El comunicado se hizo público tras la celebración este jueves de la primera reunión del Consejo Asesor de Vivienda, un órgano que reúne a representantes del Gobierno, del tercer sector, de los agentes sociales y de las asociaciones empresariales. En este contexto, UGT y CC OO defienden que el Estado pueda declarar zonas tensionadas incluso cuando las comunidades autónomas se nieguen a hacerlo, pese a que se cumplan los criterios establecidos en la ley de vivienda. Por último, los sindicatos advierten de que, si se pretende utilizar la fiscalidad como herramienta para extender el control de precios en aquellas comunidades que rechazan declarar zonas tensionadas, deberían abordarse cuestiones clave como la limitación de la temporalidad, la supresión de incentivos a quienes suban los alquileres por encima del IRAV -el índice de referencia para la actualización anual de rentas en nuevos contratos- y la introducción de incentivos diferenciados para quienes reduzcan de forma significativa el precio del alquiler, frente a quienes simplemente optan por mantenerlo.

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(El País, 16-01-2026) | Laboral

Últimos días para inscribirse a la oferta de 17.986 plazas de empleo público de la Administración general del Estado

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 22 de diciembre la convocatoria de 17.986 plazas para acceder a distintos cuerpos de la Administración General del Estado. Estas vacantes ya estaban contempladas en las ofertas de empleo público de 2023, 2024 y 2025, aunque la fecha concreta de convocatoria no se conoció hasta finales del año pasado. Las plazas corresponden a cinco cuerpos diferentes, tanto por el sistema de acceso libre como por el de promoción interna. Según se indica en la convocatoria, el plazo para presentar solicitudes es de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOE, por lo que la fecha límite para inscribirse es el 22 de enero. En consecuencia, se afrontan los últimos días para completar el trámite y optar a las pruebas selectivas. Las oposiciones permiten acceder a los cuerpos de Administrativos y Técnicos Auxiliares de Informática, ambos del subgrupo C1; Auxiliares de la Administración, del subgrupo C2; y a los cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado y de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, encuadrados en el subgrupo A2. La distribución de las plazas es la siguiente. El Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado cuenta con 1.700 plazas de acceso libre, de las cuales 156 están reservadas al cupo de discapacidad, y 720 plazas para promoción interna. En el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado se convocan 2.512 plazas de turno libre, con 230 destinadas a personas con discapacidad, y 6.178 plazas de promoción interna. Para el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado se ofertan 1.030 plazas de acceso libre, 186 de ellas reservadas al cupo de discapacidad, y 340 de promoción interna. En el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado se convocan 1.356 plazas de acceso libre, con 266 reservadas a discapacidad, y 2.950 plazas para promoción interna. Por último, el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado dispone de 680 plazas de acceso libre y 520 para promoción interna. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública señala que para optar a las plazas del subgrupo C2 es necesario contar al menos con el título de Educación Secundaria Obligatoria. Para las del subgrupo C1 se exige el título de bachiller o técnico, mientras que para el subgrupo A2 se requiere estar en posesión de un título universitario de grado, diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica. La participación en estos procesos selectivos, gestionados por la Comisión Permanente de Selección, se realiza mediante la cumplimentación y presentación electrónica de la solicitud oficial, modelo 790, a través del Punto de Acceso General. Es imprescindible que la solicitud se registre antes del 22 de enero, ya que la presentación fuera de plazo conlleva la exclusión del proceso. Durante la cumplimentación del formulario, el aspirante deberá indicar si se presenta por acceso libre o promoción interna y seleccionar como centro gestor al Instituto Nacional de Administración Pública. También se consignará, en su caso, la existencia de una discapacidad, su grado y, de forma opcional, la adaptación solicitada para las pruebas. Asimismo, se podrá indicar la comunidad autónoma de reconocimiento del título de familia numerosa y los títulos académicos adicionales que se deseen aportar. En el supuesto de promoción interna, será necesario facilitar el código de cuatro dígitos correspondiente al cuerpo o escala de pertenencia, así como el organismo, ministerio y centro directivo de destino. Todas las comunicaciones y notificaciones relacionadas con el proceso se realizarán por vía electrónica a través del Punto de Acceso General, en la Carpeta Ciudadana, y se enviará un aviso al correo electrónico que el aspirante haya indicado en su solicitud de inscripción.

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(El Economista, 16-01-2026) | Laboral

La mala gestión de las bajas pone a España a la cabeza del absentismo por incapacidad temporal en Europa

El análisis del denominado "absentismo" asociado a los procesos de incapacidad temporal es complejo, tanto a la hora de delimitar el concepto como de identificar sus causas. Las estadísticas muestran que, desde la pandemia, las bajas médicas se han incrementado en España de forma extraordinaria, hasta niveles sin precedentes en la Unión Europea. No obstante, atribuir este fenómeno a un supuesto abuso por parte de los trabajadores -como sostienen algunos representantes empresariales al aludir a prácticas como las llamadas "bajaciones", iniciadas estratégicamente en lunes o viernes- no se ajusta a lo que reflejan los datos. El patrón de la incapacidad temporal en España resulta anómalo en comparación con el resto de países comunitarios y apunta, más bien, a un problema estructural: un sistema de gestión de las bajas sobrecargado y poco eficiente. Según Eurostat, España ocupa el décimo puesto en la UE en tasa de "absentismo total", que incluye todo tipo de ausencias laborales, vacaciones incluidas, con un 12,3%. Este dato desmiente la percepción de que el país lidera esta clasificación. Sin embargo, la situación cambia cuando se analizan únicamente las ausencias por incapacidad temporal: en ese ámbito, España se sitúa como el segundo país con mayor incidencia, solo por detrás de Eslovenia -y tercero en Europa si se incluye a Noruega-, de acuerdo con un informe reciente del Observatorio de la Pyme de la patronal catalana Pimec. El estudio subraya una paradoja evidente: ¿cómo puede un país con una de las tasas de desempleo más elevadas registrar, al mismo tiempo, uno de los mayores niveles de bajas por enfermedad? La teoría económica suele indicar que cuando el desempleo es bajo, las bajas por incapacidad temporal tienden a aumentar, una relación que se observa con claridad en muchos países europeos. Ejemplos de ello son Noruega o Eslovenia, frente a casos como Grecia. Incluso en economías como Italia, Francia o Portugal, con sistemas de protección social robustos y amplias garantías laborales, la proporción de bajas en relación con el paro es inferior a la española, que se sitúa en la peor posición comparativa. El informe de Pimec concluye que España constituye "una excepción en Europa", ya que, pese a mantener tasas de desempleo muy elevadas, el peso de las bajas por incapacidad temporal es mucho mayor de lo que cabría esperar. Esta anomalía podría estar revelando deficiencias en la gestión de los procesos de baja laboral. El documento recuerda que, en condiciones económicas normales, las bajas tienden a aumentar en fases de expansión y a reducirse durante las recesiones. Esta pauta se rompió con la pandemia de la Covid-19, cuando crecieron simultáneamente el paro y las bajas médicas, pero posteriormente se ha recuperado la tendencia habitual. Aun así, esta "normalización" se produce en un contexto en el que España sigue figurando entre los países con más desempleo de Europa. Incluso Finlandia, que recientemente ha superado a España en tasa de paro, presenta cifras muy inferiores de incapacidad temporal. Otro elemento destacado es la reducción en la duración media de los procesos: en 2024, más del 75% de las bajas no superaron los 15 días. Esto implica que el aumento global de la incapacidad temporal se debe principalmente a que hay más personas que inician una baja, no a que estas se prolonguen más tiempo. El incremento de la afiliación -un 30,8% entre 2013 y 2024- explica parcialmente esta evolución, pero el estudio señala que el número total de bajas ha crecido mucho más rápido, un 170,8% en los últimos once años. El envejecimiento de la población es otro factor que influye en el aumento de las bajas, aunque el informe matiza que la incidencia también crece entre los trabajadores jóvenes. Mientras que los empleados de mayor edad acumulan más días de baja, son los más jóvenes quienes inician un mayor número de procesos de incapacidad temporal. Pese a todo, el elemento clave reside en la capacidad del sistema sanitario para atender adecuadamente a las personas con patologías que limitan su capacidad laboral. Los retrasos en pruebas diagnósticas, consultas médicas o tratamientos, así como determinadas gestiones ambulatorias, contribuyen a alargar las bajas y dificultan la recuperación, convirtiendo el problema en una cuestión tanto social como económica. El estudio también pone el foco en el gasto sanitario: aunque España presenta una de las mayores incidencias de bajas por incapacidad temporal, su inversión en sanidad equivale al 6,7% del PIB, en línea con la media europea, pero claramente por debajo de países como Alemania, Francia o Suecia, que superan el 9,5%. Desde el punto de vista empresarial, el absentismo no se identifica con vacaciones, permisos o ausencias vinculadas a maternidad, paternidad o cuidado de dependientes, ni tampoco con faltas injustificadas, cuyo impacto es residual. En sentido estricto, solo estas últimas encajarían en la acepción clásica del término en castellano, entendida como la ausencia deliberada del lugar de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo define el absentismo como la no asistencia al trabajo cuando estaba prevista, excluyendo ausencias autorizadas como vacaciones o huelgas. Esta definición deja en una zona ambigua las bajas por enfermedad, que están médicamente justificadas pero resultan imprevistas para las empresas. De ahí que Pimec utilice el concepto de "absentismo por incapacidad temporal". Para abordar este fenómeno, la patronal catalana plantea un conjunto de medidas. Entre ellas, propone aprovechar mejor los recursos médicos de las mutuas, permitiéndoles gestionar también contingencias comunes y no solo profesionales, mediante protocolos de derivación con el sistema público. Esto incluiría la posibilidad de que las mutuas tramiten altas y bajas, con capacidad para denegar prestaciones en determinados supuestos, siempre con mecanismos de revisión. Asimismo, defiende reforzar la gobernanza de las mutuas, preservar su modelo público-privado y aumentar la participación de los agentes sociales en sus órganos de dirección, manteniendo las comisiones de control, la reserva de estabilización y elevados estándares de transparencia y eficiencia. En paralelo, Pimec apuesta por mejorar la gestión de la incapacidad temporal mediante un mayor apoyo a la atención primaria y la simplificación de los trámites administrativos. También propone implantar fórmulas como el alta voluntaria, el alta parcial o la reincorporación progresiva al trabajo, habituales en otros países europeos. Por último, para reforzar el control de las bajas, el informe sugiere aumentar los recursos destinados a la inspección médica, actualizar los tiempos óptimos de duración de los procesos y avanzar en la digitalización, con el fin de mejorar la interoperabilidad entre los sistemas sanitarios y las mutuas.

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(El Confidencial, 16-01-2026) | Laboral

El Gobierno entrega al País Vasco prestaciones de la Seguridad Social

En un contexto de marcada fragilidad parlamentaria, el Gobierno ha logrado esquivar en el último momento un nuevo conflicto con uno de sus socios clave, el PNV. El desencuentro giraba en torno al traspaso de cinco competencias acordadas el pasado 15 de julio entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales. La concreción final de estas transferencias ha permitido rebajar la tensión y reconducir la situación. Las competencias afectadas son las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social por cuidados familiares, las prestaciones contributivas por desempleo y los subsidios asistenciales del paro, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo en materia de salud laboral, el seguro escolar y el salvamento marítimo. El País Vasco gestionará las prestaciones de paro, y se hará cargo de la treintena de oficinas del Sepe y de sus más de 500 empleados en la comunidad. El traspaso, tras meses de divergencias, se firma este viernes, junto a otras 4 transferencias. Durante las últimas semanas, la relación entre ambos ejecutivos se había ido deteriorando ante la inminente celebración de la Comisión Mixta de Transferencias, inicialmente prevista para mañana. La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, había advertido reiteradamente de que Euskadi no acudiría a la reunión si no se materializaban los compromisos asumidos en julio. En la misma línea, el presidente del PNV, Aitor Esteban, avisó de que, en caso de incumplimiento, su partido dejaría de mantener una actitud dialogante y actuaría en consecuencia. Finalmente, este viernes el Gobierno vasco sí asistirá a la comisión, después de que el lehendakari confirmara su decisión tras analizar si los traspasos concretados respetan lo pactado en verano y se ajustan al Estatuto de Guernica. Con este movimiento, el Ejecutivo central evita una crisis que habría agravado aún más su debilidad en el Congreso, especialmente después de haber perdido el respaldo de Podemos y Junts, lo que le ha llevado a encadenar derrotas parlamentarias. La más reciente se produjo poco antes de Navidad, cuando la Cámara rechazó por segunda vez el techo de gasto, paso imprescindible para tramitar los Presupuestos Generales del Estado. Pese a este acercamiento, las relaciones entre el Gobierno y el PNV distan de estar plenamente normalizadas. Desde el partido de Aitor Esteban recuerdan que este es solo un primer bloque de transferencias y que aún quedan pendientes otros traspasos necesarios para completar el desarrollo del Estatuto de Guernica. También reclaman nuevas reuniones bilaterales para avanzar en los compromisos pendientes. En paralelo, el Congreso tiene prevista para el próximo 27 de enero una sesión plenaria de especial relevancia, en la que se debatirá y votará un real decreto-ley de amplio contenido. Entre sus medidas figuran la actualización de las pensiones para 2026, la extensión de las ayudas al transporte y la prórroga de la suspensión de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, vigente desde abril de 2020. Por ahora, el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios para su aprobación. En el ámbito vasco, la tensión política persiste más allá del acuerdo puntual alcanzado. Las reticencias del Ejecutivo central a cumplir todos los compromisos adquiridos afectan al PSE, socio de gobierno del PNV en Euskadi, al poner en cuestión su implicación con el desarrollo del Estatuto de Guernica. Permanecen pendientes 16 materias, entre ellas competencias relacionadas con la Seguridad Social, el desempleo, los puertos y los aeropuertos. Además, el panorama político vasco está fuertemente condicionado por EH Bildu, principal fuerza de la oposición en Euskadi y aliado habitual del Gobierno de Sánchez en el ámbito estatal. Su coordinador general, Arnaldo Otegi, planteó recientemente la creación de una candidatura conjunta vasca y navarra junto a otras fuerzas soberanistas, con un programa básico, para concurrir a las próximas elecciones generales y actuar de forma unitaria frente al Estado. El PNV rechaza esta propuesta y sostiene que resulta más plausible una alianza entre el PSOE y Bildu que un entendimiento entre Bildu y el propio PNV. En este entramado de intereses cruzados entre Madrid y Vitoria, con el PNV y EH Bildu compartiendo apoyos al Gobierno central pero compitiendo en el ámbito autonómico, la política vasca se ha convertido en un delicado ejercicio de equilibrios. En este escenario, la formación que lidera Otegi parece moverse con mayor comodidad.

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(El Periódico, 16-01-2026) | Laboral

Negar el teletrabajo para cuidar a los padres sale caro

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha condenado a una empresa a abonar 165.059 euros a un trabajador al que se le denegó de manera reiterada la adaptación de su horario y la posibilidad de teletrabajar para atender a sus padres, ambos de avanzada edad y con diferentes grados de discapacidad. El empleado prestaba servicios en la compañía desde 1997, pero la situación conflictiva se inició en 2019, cuando solicitó por primera vez una reorganización de su jornada para poder hacerse cargo del cuidado de sus progenitores. La empresa rechazó esa petición y volvió a hacerlo en 2021 y 2022, a pesar de conocer las circunstancias personales y familiares del trabajador. Esta negativa continuada tuvo un impacto directo en su salud. Tal y como recoge la resolución judicial, el trabajador desarrolló un trastorno adaptativo con ansiedad, lo que motivó una baja médica a finales de 2020. El tribunal destaca que la empresa era consciente del riesgo psicosocial que afectaba al empleado y, aun así, no adoptó ninguna medida de apoyo ni llevó a cabo un seguimiento individualizado de su estado de salud. Ante esta situación, el trabajador solicitó la extinción de su contrato al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, argumentando un incumplimiento grave de las obligaciones empresariales. Inicialmente, el Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao rechazó la demanda al considerar que no concurría la gravedad necesaria para justificar la extinción indemnizada del contrato. Sin embargo, el empleado recurrió esa decisión ante el TSJPV. El Tribunal Superior estimó el recurso y revocó la sentencia de instancia, concluyendo que la empresa había vulnerado de forma grave sus deberes contractuales al no garantizar la protección de la integridad física y psicológica del trabajador. A juicio del tribunal, la ausencia de medidas preventivas y de protección en un escenario de riesgo psicosocial constituye una causa suficiente para que el empleado solicitara la resolución del contrato con derecho a indemnización. En consecuencia, el TSJPV declaró extinguida la relación laboral y condenó a la empresa al pago de 165.059 euros. Asimismo, la sentencia reconoce el derecho del trabajador a percibir la prestación por desempleo, siempre que reúna los requisitos legales. El fallo pone de relieve la relevancia de las políticas de conciliación y de la protección de la salud laboral, especialmente en situaciones de cuidado de familiares dependientes, y advierte del elevado coste económico que puede tener para las empresas desatender estas obligaciones.

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(Cinco Días, 16-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro coloca 5.857 millones y sube al 4% la rentabilidad del bono a 50 años

La urgencia por colocar el exceso de liquidez está pesando más que las tensiones geopolíticas. Aunque la renta variable comienza a reflejar cierta inquietud, los mercados de deuda mantienen un elevado dinamismo. El Tesoro observa con atención el comportamiento de los inversores y, mientras decide el momento adecuado para lanzar la habitual emisión sindicada de comienzos de año, continúa desarrollando su calendario de financiación. Apenas dos días después de emitir 6.077 millones de euros en letras a seis y doce meses, con rentabilidades cercanas al 2%, este jueves ha salido al mercado con bonos a tres, 15 y 50 años. La entidad presidida por Paula Conthe ha colocado 5.856,7 millones de euros y ha elevado el rendimiento del bono a 50 años hasta el 4%. El mercado está mostrando una notable capacidad para absorber el fuerte volumen de emisiones propio del inicio de ejercicio. En un contexto de creciente inestabilidad geopolítica y dudas sobre la evolución económica, la deuda pública se percibe como un refugio relativamente seguro, especialmente en el ámbito del euro. En un escenario global que incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, ha calificado de "caótico", las expectativas de crecimiento más moderadas y unos tipos de interés previsiblemente contenidos en la eurozona aportan cierta certidumbre. Este entorno explica el interés por la deuda española, cuya demanda para las tres referencias ha alcanzado los 11.804 millones de euros, el doble de la cantidad finalmente adjudicada. En el tramo a tres años, el Tesoro ha captado 3.250,95 millones de euros, con una rentabilidad que sube ligeramente desde el 2,217% de la subasta de septiembre hasta el 2,348% actual. En los bonos a 15 años se han colocado 1.400,8 millones con un rendimiento del 3,67%, frente al 3,261% previo. La operación se completa con 1.100 millones en deuda con vencimiento en 2071, que, pese a recibir peticiones superiores a 3.857 millones, ha visto elevarse su rentabilidad hasta el 4%. Al igual que ocurre con los emisores privados, los Estados están acelerando sus colocaciones de deuda ante el riesgo de que el entorno se deteriore aún más. Tras la histórica emisión sindicada de Italia de la semana pasada -20.000 millones de euros en bonos a siete años junto con la reapertura de su bono verde-, Francia ha acaparado ahora la atención. El país ha logrado captar 10.000 millones de euros mediante un bono a 20 años y, a pesar de la debilidad de sus finanzas públicas y de las dificultades para sacar adelante los presupuestos, ha recibido un respaldo significativo por parte de los inversores. La demanda alcanzó los 106.000 millones de euros, aunque sin llegar a los niveles récord vistos recientemente en Italia o Portugal. La persistente inestabilidad política en Francia complica la aprobación de las reformas que reclama el mercado y los desequilibrios fiscales continúan ampliándose en lugar de corregirse. El ministro de Finanzas, Roland Lescure, ha alertado de que el déficit podría elevarse hasta el 5,4% del PIB si no se aprueban las cuentas públicas, muy por encima del límite del 3% fijado por la normativa europea. En el mercado secundario, la presión sobre la deuda francesa se ha moderado y su prima de riesgo ronda los 67 puntos básicos, todavía lejos de los 39 puntos de la española, aunque por debajo de los 86 puntos alcanzados el pasado octubre, cuando la continuidad del segundo Gobierno de Sébastine Lecornu estaba en entredicho.

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