El Gobierno presentó este jueves la nueva identidad de la empresa pública que centralizará la gestión de todas las viviendas pertenecientes a la Administración General del Estado. Esta compañía, que asumirá entre otros los 40.000 inmuebles residenciales que hasta ahora estaban en manos de la Sareb -además de propiedades de organismos como Adif, Segipsa o Patrimonio del Estado- se denominará Casa47. La entidad surge a partir de la transformación de la antigua Sepes, el organismo estatal creado en 1981 para desarrollar y urbanizar suelos logísticos y residenciales con el objetivo de venderlos posteriormente.
La creación de este "gran casero público" fue anunciada por el presidente Pedro Sánchez en el último congreso federal del PSOE celebrado en diciembre de 2024 y, un año después, se materializa. Casa47 nace con la misión de abarcar todo el proceso inmobiliario: desde la gestión urbanística y la urbanización de terrenos hasta la construcción, el alquiler y la administración de las viviendas levantadas en estos suelos, que se destinarán a alquiler a precios asequibles. Así, la nueva compañía se configura como un importante operador estatal con un amplio parque de viviendas.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, destacó que Casa47 supone "un avance decisivo que consolida el quinto pilar del Estado del bienestar". Afirmó que se trata de "un gran paso adelante en las políticas públicas de vivienda del país", un cambio estructural sin retorno. "Estamos poniendo en marcha un nuevo servicio público y no hay marcha atrás. Hemos logrado crear una empresa capaz de gestionar íntegramente el ciclo de la vivienda", señaló.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este miércoles la nueva estrategia global para el sector del automóvil, tras un año de negociaciones intensas entre la industria -representada por Anfac- y el Ministerio de Industria y Turismo. Este plan, bautizado como Plan Auto 2030, reúne 25 medidas destinadas a guiar la transición hacia el vehículo eléctrico, asegurar el empleo en los próximos años y atraer inversiones tanto en la fabricación de automóviles como en baterías y en el procesamiento de materias primas críticas como el litio, un ámbito hoy dominado casi por completo por China, que controla cerca del 90% del mercado. La intención conjunta del Gobierno y del sector es movilizar alrededor de 30.000 millones de euros en cinco años, de los cuales el Estado aportaría en torno al 16%.
Este ambicioso proyecto -sin precedentes en Europa- llega acompañado de un nuevo sistema de incentivos para la compra de coches eléctricos, que reemplazará al Moves y que llevará por nombre Plan Auto+. Contará con un presupuesto de 400 millones de euros y será gestionado directamente por la Administración central, siguiendo el modelo del Plan Reinicia Auto+ aplicado en la Comunidad Valenciana para los afectados por la dana del pasado año.
Un cambio relevante es que las comunidades autónomas dejarán de gestionar estas ayudas, algo que ocurría con el Moves y que provocaba retrasos de hasta año y medio en la tramitación, frente al tiempo mucho más ágil registrado en el plan valenciano. "Hemos escuchado las demandas del sector y queremos asegurar mayor rapidez. Lo aprendido con la dana nos ha servido para mejorar", afirmó Sánchez, instando a acelerar el despliegue del coche eléctrico.
Aunque estas mejoras son bien recibidas, la industria insiste en que lo realmente necesario es un cambio fiscal que permita que el sistema de ayudas se autofinancie en el futuro. Además, el Plan Auto 2030 contempla el desarrollo de un plan nacional de infraestructura de recarga, que incluirá el lanzamiento del Moves Corredores en 2025, dotado con 300 millones de euros para instalaciones en tramos de carretera con menor cobertura.
Más allá de los incentivos al consumidor, la estrategia incorpora iniciativas de gran alcance, como un programa de autonomía estratégica del sector, orientado a atraer proyectos de fábricas de baterías, componentes y nuevos centros de producción de vehículos. Una de las empresas que se baraja como posible inversora es la china BYD, que estudia instalar en España su segunda planta en la UE tras la de Hungría. Para reforzar esta apuesta, el Gobierno continuará con los Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado, financiados hasta ahora con los fondos europeos Next Generation. En 2025 se convocará una nueva línea de ayudas por 580 millones.
El Ejecutivo quiere también captar inversión en investigación y desarrollo para que España deje de desempeñar un rol meramente ensamblador y genere más valor. "Queremos atraer inversión extranjera que aporte conocimiento y propiedad intelectual. Debemos aprender de quienes van por delante", señaló Josep Maria Recasens, presidente de Anfac y máximo responsable de Renault en España.
El plan prevé, además, la creación de un sello "made in Spain" para impulsar la llegada de nuevos fabricantes, incluidas marcas chinas, que actualmente deben afrontar aranceles por importar vehículos desde Asia. Con estas y otras iniciativas, el objetivo es que España alcance una producción anual de 2,7 millones de vehículos -por encima de los 2,37 millones de 2023-, aunque este incremento no se traducirá en más empleo, ya que la fabricación de coches eléctricos requiere menos mano de obra que la de combustión.
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, destacó que este plan aporta "estabilidad y confianza" en plena transformación del sector y recordó que esta hoja de ruta responde a un mandato directo del presidente. Recasens, por su parte, subrayó que se trata de un proyecto que combina planificación, regulación e incentivos, "algo que Europa suele hacer por separado".
El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, enfatizó que la producción nacional pasará del 12% de vehículos electrificados en 2023 al 100% en 2035, una transformación que describió como "total y definitiva", en la que el automóvil del futuro será "un móvil con ruedas", lo que refuerza la importancia del desarrollo de software.
El propósito de la iniciativa conjunta entre Anfac y el Ejecutivo es no solo conservar, sino aumentar el valor añadido del sector, que actualmente ronda los 85.000 millones de euros anuales. Si no se actúa, las estimaciones apuntan a que podría reducirse hasta los 78.000 millones. Para supervisar la evolución del plan, Administración y sector se reunirán anualmente. La meta final es mantener a España como segundo mayor productor de automóviles de Europa -solo por detrás de Alemania- y conservar su posición entre el octavo y noveno puesto mundial, una clasificación que disputa año tras año con Brasil.
La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han vuelto a poner bajo la lupa las sanciones impuestas a varios colegios de abogados por publicar orientaciones sobre honorarios. Si en 2024 el debate giraba en torno a si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tenía autoridad para castigar estas prácticas, ahora las resoluciones derivadas del caso Bankia han dado un salto y están generando decisiones muy diferentes. Barcelona pierde su recurso, A Coruña lo gana y Valencia abre una nueva incógnita que el Supremo tendrá que resolver.
En pocas semanas, la Audiencia Nacional ha ratificado la sanción al Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) por mantener baremos con tarifas mínimas, mientras que ha revocado la multa impuesta al Colegio de A Coruña (ICACOR) al no quedar demostrado que difundiera el baremo gallego.
Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo ha decidido estudiar el recurso del Colegio de Abogados de Valencia para aclarar si la nueva Ley de Derecho de Defensa permite a los colegios publicar orientaciones que sirvan para calcular honorarios a efectos de costas, una cuestión que podría tensionar su doctrina reciente.
Estas tres decisiones han agitado el panorama judicial y obligan al Supremo a precisar qué tipo de criterios pueden difundir hoy los colegios como simples orientaciones y cuándo esos documentos se convierten en recomendaciones colectivas de precios prohibidas por la normativa de competencia.
Todo este proceso se remonta a la denuncia que Bankia presentó hace diez años, en la que señalaba que varios colegios usaban tablas con escalas, porcentajes y mínimos para fijar honorarios en miles de pleitos relacionados con su salida a bolsa. A raíz de aquello, la CNMC impuso multas por 1,47 millones de euros a nueve colegios. La Audiencia anuló parte de esas sanciones al considerar que la competencia debía recaer en las autoridades autonómicas, pero el Tribunal Supremo cerró ese debate en abril de 2024 al determinar que la CNMC sí puede intervenir cuando la conducta tiene impacto más allá de una comunidad autónoma y en un contexto de colegiación única que permite trabajar en todo el país.
Tras esa aclaración, la Audiencia Nacional ha tenido que revisar varias de sus decisiones, y este otoño el asunto ha entrado en un punto crítico. La sentencia sobre el ICAB es la más contundente. En su resolución del 4 de noviembre, la Audiencia concluye que el colegio aprobó documentos con precios concretos y reglas que operaban como tarifas mínimas, algo que la ley prohíbe por constituir una recomendación colectiva. El tribunal subraya que el ICAB establecía "cuatro escalas" aplicables según la base de cálculo y que incluía una regla que funcionaba como mínimo de percepción. Para los asuntos sin cuantía determinada, además, fijaba como referencia general los 30.000 euros, cifra que la Audiencia considera un "precio mínimo" claramente anticompetitivo.
El ICAB, que ya pagó la sanción en 2018 y ha recurrido el fallo, intentó apoyarse en la Ley Orgánica 5/2024 del Derecho de Defensa, que autoriza a los colegios a publicar criterios orientativos a efectos de costas. La Audiencia, sin embargo, descartó este argumento, aunque es muy posible que el asunto llegue al Supremo.
El caso de A Coruña es justo lo contrario. En la sentencia del 6 de noviembre, la Audiencia reconoce que el baremo del Consejo Gallego contenía elementos que podrían haber sido problemáticos, pero subraya que no se acreditó que fuera el Colegio de A Coruña quien lo difundió. El documento estaba accesible en la web del Colegio de Vigo, no en la suya. Además, A Coruña había emitido circulares en el pasado dejando claro que los dictámenes debían basarse en el examen individual de cada asunto. Incluso editoriales jurídicas declararon que no recibían esos baremos del colegio coruñés, sino que los localizaban en internet por su cuenta. Ante esta falta de pruebas, la multa queda anulada.
El Tribunal Supremo, por su parte, ha dado un paso relevante al admitir el recurso del Colegio de Valencia para interpretar el artículo 6.2.e) de la nueva Ley de Derecho de Defensa, que permite elaborar criterios orientativos para calcular los honorarios a efectos de costas. El Alto Tribunal reconoce que esta disposición podría entrar en colisión con su postura actual, que desde 2023 veta cualquier orientación que incluya cifras o reglas detalladas. Por ese motivo, considera necesario aclarar el alcance de la norma.
La decisión abre un escenario completamente nuevo: si el Supremo entiende que la ley flexibiliza el marco, los colegios podrían recuperar cierto margen para publicar referencias numéricas; si mantiene la línea actual, la restricción quedará aún más firme. Barcelona, A Coruña y Valencia son tres ejemplos de un mismo conflicto, que enfrenta la naturaleza de los criterios orientativos, las exigencias de prueba para sancionar y el impacto de la normativa aprobada en 2024.
Además, aún queda por resolverse el caso del Colegio de Ávila, y en febrero la Audiencia Nacional ya anuló la sanción al Colegio de Abogacía de Vizcaya -de 125.000 euros- por una razón distinta: no porque la CNMC careciera de competencia, sino porque el expediente no acreditó que el colegio hubiera difundido los baremos del Consejo Vasco.
El Ministerio de Hacienda aplazará un año la puesta en marcha del nuevo sistema de verificación de facturas, Verifactu, con el fin de dar más tiempo a las empresas para adaptarse. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que el real decreto ley que el Consejo de Ministros aprobueba -y con el que se atenderán compromisos pendientes con Junts- incluirá una ampliación del plazo "para la digitalización de los procesos de facturación en el ámbito fiscal". Esta prórroga afecta a las obligaciones previstas en la Ley Antifraude, que debían empezar a aplicarse el 1 de enero para las compañías y el 1 de julio para los autónomos.
Fuentes de Hacienda han informado a EFE de que la ampliación será de un año. Esto significa que el sistema Verifactu no será obligatorio hasta el 1 de enero de 2027 para las empresas que tributan por el Impuesto sobre Sociedades, y hasta el 1 de julio de ese año para los autónomos personas físicas. El caso de los desarrolladores de software de facturación (SIF) es distinto: sus obligaciones para adaptar los programas y evitar dobles contabilidades ya entraron en vigor en julio y se mantendrán sin cambios.
Esta segunda prórroga en la implantación de Verifactu llega tras la presión ejercida por Junts sobre el Gobierno y responde a una de las principales peticiones de las asociaciones de autónomos. Por ello, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha señalado que "agradecemos a Junts que haya abanderado esta reivindicación". Para Amor, "la demora en la aplicación del sistema Verifactu es un respiro para los autónomos en un contexto en el que cada día surgen más dificultades. Era lo que habíamos pedido al Gobierno. Quedaba muy poco para que terminara el año y este asunto estaba generando mucha incertidumbre".
El sistema Verifactu exige que los programas de facturación generen un registro inalterable y no eliminable, accesible para la Agencia Tributaria, ya sea enviándole los datos directamente o guardándolos con medidas de seguridad adecuadas. Asimismo, las nuevas facturas deberán llevar un código QR que permita a los clientes verificar que se han cumplido las obligaciones de registro ante Hacienda y que se han declarado correctamente el IVA o el IRPF.
Estos requisitos serán obligatorios para todos los autónomos y empresas que utilicen software de facturación -excepto quienes ya están en el suministro inmediato de información y los contribuyentes del País Vasco y Navarra-, por lo que quedan fuera quienes elaboran sus facturas de forma manual. Sánchez también ha adelantado que el real decreto ley dará más flexibilidad a los ayuntamientos en el uso de inversiones financieramente sostenibles, que no cuentan para la regla de gasto. Así, los municipios tendrán más margen para destinar fondos a proyectos que no generen gasto corriente, como la construcción de viviendas o la gestión del agua, sin incumplir sus obligaciones fiscales.
Las patronales empresariales han recibido con satisfacción la ampliación de un año en el plazo para aplicar las obligaciones de la Ley Antifraude. En cambio, los especialistas fiscales consideran que aprobar esta prórroga con menos de un mes de margen supone un perjuicio para las pymes que ya habían invertido en adaptarse.
Una de las principales cesiones a Junts aprobadas ayer por el Gobierno en el Consejo de Ministros, con el objetivo de recuperar el respaldo del partido de Carles Puigdemont, es el aplazamiento de un año en la entrada en vigor de las obligaciones incluidas en la Ley Antifraude. Entre ellas destaca el sistema Verifactu de verificación de facturas, que debía ponerse en marcha el 1 de enero para las empresas y el 1 de julio para los autónomos personas físicas.
Con la prórroga, estas obligaciones no serán exigibles hasta el 1 de enero de 2027 para quienes declaran el Impuesto sobre Sociedades (las empresas) y hasta el 1 de julio de ese mismo año para los autónomos que tributan como personas físicas.
Se trata de una de las demandas que Junts había planteado en las últimas semanas y que también llevaba tiempo reclamando la principal asociación de autónomos, ATA. Su presidente, Lorenzo Amor, celebró la decisión y agradeció a Junts haber liderado esta reivindicación, recordando que quedaban muy pocos días para terminar el año y que la situación generaba mucha incertidumbre entre los autónomos. En la misma línea, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, valoró que la medida "avanza en la dirección correcta" y reconoce la realidad de miles de pequeñas y microempresas cuyos recursos y capacidades técnicas no son comparables a los de las grandes compañías.
Por otro lado, Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, señaló que este aplazamiento aporta por fin la tranquilidad que empresas y autónomos no han tenido durante todo el año, aunque advirtió que solo tendrá sentido si se aprovecha para hacer correctamente lo que no se ha hecho hasta ahora.
La decisión generó malestar en el Ministerio de Hacienda, dirigido por la vicepresidenta primera María Jesús Montero. El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, lamentó no haber sido informado previamente, pese a que serán los encargados de gestionar Verifactu. Aun así, consideraron que la prórroga puede resultar útil para casi cinco millones de pymes y autónomos que debían adaptarse a partir de 2026.
Sin embargo, la cercanía de la fecha prevista para la puesta en marcha del sistema en las pymes que utilizan software de facturación hace que otras voces no se muestren tan conformes. Explican que muchas empresas llevan meses destinando recursos económicos y tiempo a incorporar los nuevos requisitos de facturación electrónica. Agustín Fernández, presidente del Reaf del Consejo General de Economistas, señala que numerosas compañías han tenido que priorizar la adaptación a Verifactu, relegando otras necesidades importantes por falta de dinero y tiempo.
Según Hostelería de España, el coste de adaptación puede alcanzar los 8.000 euros por pyme cuando se trata de programas desarrollados a medida, una cantidad especialmente elevada para pequeños comercios y negocios hosteleros.
Para el presidente del Reaf, la medida carece de justificación y responde únicamente a motivos políticos. Considera que un cambio normativo tan repentino resta seguridad jurídica a las empresas y afecta a la credibilidad de los asesores fiscales, que durante meses aconsejaron a sus clientes adaptarse cuanto antes. Aun así, reconoce que la ampliación del plazo dará margen a quienes aún no habían cumplido con los nuevos requisitos.
La aprobada ayer es la segunda prórroga -la primera se aprobó en abril- desde la fecha inicial prevista para Verifactu, que iba a entrar en vigor en junio. Con este nuevo retraso, Hacienda acerca la aplicación de la Ley Antifraude al lanzamiento de la factura electrónica obligatoria, otra medida pendiente de una fecha definitiva. Una vez publicada la orden ministerial correspondiente, las empresas tendrán un año para adaptarse si facturan más de ocho millones de euros y dos años si ingresan menos.
En una situación distinta están las empresas desarrolladoras de software de facturación, que desde julio están obligadas a adaptar sus programas para impedir dobles contabilidades por parte de sus clientes. Para ellas, las obligaciones se mantienen sin cambios. Según el desarrollador TeamSystem, quienes ya han invertido en soluciones adaptadas se han adelantado, logrando digitalizar sus procesos y mejorar la eficiencia, lo que no solo les permitirá cumplir la ley, sino también optimizar sus operaciones y centrarse en generar valor añadido.
Como cada año, el próximo 22 de diciembre tendrá lugar el Sorteo Extraordinario de Navidad. Este acontecimiento, muy esperado por numerosos ciudadanos, también es objeto de atención por parte de Hacienda. Por ello, desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo General de Economistas recuerdan que la fiscalidad aplicable a los premios seguirá siendo la misma que en años anteriores: los primeros 40.000 euros obtenidos están exentos y, a partir de esa cifra, se aplica un gravamen del 20%. Así, "si se gana el Gordo, de 400.000 euros, únicamente tributan 360.000. El 20% de esta cantidad se traduce en 72.000 euros que ingresará Hacienda, por lo que el premiado recibirá 328.000 euros por décimo", detalla a EXPANSIÓN el secretario técnico del Reaf, Rubén Gimeno.
Dado el importe de los premios, solo el primero, el segundo y el tercero deben tributar. Desde el cuarto premio en adelante, cuyo valor por décimo es de 40.000 euros -justo el límite exento-, el importe se considera totalmente libre de impuestos, puntualiza Gimeno.
En cuanto al proceso de recaudación del impuesto sobre los premios, los expertos fiscales explican que son los propios loteros o bien las entidades bancarias donde se ingresen las cantidades quienes se encargan de practicar la retención y realizar el pago a Hacienda. De este modo, el agraciado recibe directamente el importe neto y no debe presentar ninguna declaración adicional ante la Agencia Tributaria.
Además, los premios del Sorteo de Navidad "no tributan en el IRPF", a diferencia de otras ganancias procedentes del juego, que sí deben incluirse en la declaración de la Renta. Lo mismo sucede con el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR): para los contribuyentes sin establecimiento permanente en España, los premios solo pueden gravarse mediante este tributo especial del 20%, según recuerda la Agencia Tributaria.
La AEAT también subraya que los límites exentos fueron aumentando de forma progresiva desde 2018, pasando de 2.500 euros para sorteos celebrados antes del 5 de julio de aquel año, hasta los actuales 40.000 euros vigentes desde enero de 2020. Por tanto, estos valores llevan cinco años sin modificarse.
A la fiscalidad de los tres principales premios se suma que el Estado obtiene un 30% del importe de la venta total de décimos. Para este año, Loterías y Apuestas del Estado ha emitido 198 series -cinco más que en 2024- de 100.000 números, lo que supone una emisión total de 3.960 millones de euros, 100 millones más que en la edición anterior. Así, si se venden todos los décimos, las arcas públicas ingresarían 1.188 millones solo por este concepto.
A ello habría que añadir la recaudación procedente de la tributación de los premios, que se mantiene sin cambios respecto a años pasados. Si se venden todos los décimos del primero, segundo y tercer premio, Hacienda obtendría 168,3 millones adicionales, situando los ingresos totales del Estado por el Sorteo de Navidad en 1.356,3 millones de euros.
Esta podría ser la última edición en la que el precio del décimo se mantenga en 20 euros, ya que el colectivo de loteros ha solicitado elevarlo al menos a 25 euros, siempre que el incremento venga acompañado de una subida proporcional de los premios. Un cambio que podría tener repercusiones fiscales, aunque por ahora no hay detalles confirmados.
El mercado laboral español suele mostrar debilidad en noviembre, cuando ya ha terminado la temporada turística y aún no arranca la campaña navideña. Este año ha seguido el mismo patrón, con la pérdida de más de 14.000 empleos. Sin embargo, hay un aspecto positivo: es un descenso menor que el del año anterior, cuando se destruyó el doble de puestos. Así, el número total de afiliados a la Seguridad Social alcanza los 21,82 millones, el nivel más alto registrado en un mes de noviembre. Paralelamente, el paro registrado baja en casi 19.000 personas -algo mejor que en el mismo mes del año pasado- y se sitúa en 2,42 millones, la cifra más reducida para un noviembre desde 2007. Combinando ambas tendencias, en los últimos doce meses se han creado 523.000 empleos y el número de personas desempleadas ha descendido en 161.000.
En noviembre se contabilizaron 14.359 afiliados menos que en octubre, lo que deja la media mensual en 21.825.233 trabajadores. Esto representa una caída mensual del 0,07%, más moderada que la de hace un año, cuando la afiliación retrocedió un 0,14% y se destruyeron unos 30.000 empleos. En 2023 se dio un descenso parecido al de este año: 11.600 afiliaciones menos (-0,06%). Antes de los años atípicos marcados por la pandemia -en los que noviembre incluso registró aumentos de empleo- las caídas eran más pronunciadas: en 2019 se perdieron 53.000 afiliaciones (-0,27%).
Aun con un peor dato en noviembre de 2024, aquel año cerró con un comportamiento muy positivo del empleo (+496.000 puestos). Y 2025 apunta mejor todavía: los 523.000 nuevos empleos suponen un crecimiento del 2,45%, un ritmo ligeramente superior al del año previo (+2,39%). Por sectores, el comportamiento sigue siendo el habitual de noviembre: la hostelería se desploma (-119.000 afiliados, -6,2%), mientras que la educación recupera efectivos tras el parón estival (+30.700, +2,2%). La caída en bares y restaurantes es similar a la de años anteriores, coincidiendo con el descenso de actividad propio del frío. Otro sector con descensos significativos es el de los marineros, que pierde 1.700 empleos (-2,73%).
El peso de la hostelería también se observa por territorios. Baleares, muy dependiente del turismo, sufre la mayor caída, con una reducción del 15% de sus afiliados en solo un mes. También retroceden Castilla y León (-0,63%) y Cantabria (-0,49%). En cambio, la afiliación avanza en Murcia (+0,88%), Madrid (+0,92%) y la Comunidad Valenciana (+1%).
Mientras tanto, el sector educativo suma casi 31.000 nuevos afiliados, alcanzando 1,44 millones de trabajadores, un nivel superior al registrado en mayo. También repuntan el comercio (+21.700, impulsado por el Black Friday), la construcción (+11.000) y el sistema agrario especial (+10.000). Destaca además el buen comportamiento de actividades de mayor valor añadido, como las científicas y técnicas (+6.600) y las vinculadas a la información y comunicaciones (+6.300).
Aunque estas variaciones responden en buena parte a factores estacionales, la visión anual permite identificar tendencias más estructurales. Los sectores que más empleo han generado en el último año son: sanidad y servicios sociales (+73.000), reflejo del envejecimiento poblacional; transporte y almacenamiento (+66.000), impulsado por el auge del comercio electrónico y el papel logístico de España; y la construcción (+59.000), en plena crisis de acceso a la vivienda. En términos relativos, transporte (+6%) e inmobiliarias (+5,4%) son los sectores que más crecen.
Los únicos ámbitos donde el empleo disminuye son el sistema agrario especial (-18.000), el empleo doméstico (-15.000) y la minería del carbón (-46 afiliados). Según el Ministerio de Seguridad Social, "tanto la ocupación juvenil como la de mayores de 55 años han crecido un 23% desde la reforma laboral, más del doble del 10,5% que ha avanzado el conjunto del mercado laboral". La ministra Elma Saiz destaca además que "el empleo sigue creciendo a un ritmo superior al de otras economías europeas y lo hace especialmente en sectores de alto valor añadido".
Los datos de afiliación se publican junto con las cifras de paro registrado del Ministerio de Trabajo, que muestran una reducción de 18.800 desempleados en noviembre (-0,77%). Es un mejor resultado que el de 2024 (-16.000; -0,62%), aunque peor que el de 2023 (-25.000; -0,89%). Antes de la pandemia era habitual que el paro aumentara en noviembre, incluso en años de expansión.
Por sectores, el paro cae en los servicios (-13.000; -0,73%), la industria (-1.550; -0,82%), la agricultura (-1.330; -1,74%), la construcción (-880; -0,51%) y entre quienes buscan su primer empleo (-2.000; -0,88%). Con ello, el paro registrado alcanza su nivel más bajo en un noviembre desde 2007. En el último año, el descenso acumulado es de 161.000 personas, un 6,23% menos. Para encontrar una caída mayor hay que remontarse a 2022, en pleno rebote tras la pandemia.
Trabajo destaca, además, que el paro juvenil baja en 5.476 personas -por debajo ya de los 190.000- y que se trata del nivel más bajo en un noviembre de toda la serie histórica. También subraya que el desempleo femenino continúa en mínimos desde 2007, con 1.466.095 mujeres registradas sin empleo.
El Ministerio de Trabajo ha dado un paso adelante en la elaboración de una normativa que aborda este tipo de situaciones. El departamento dirigido por Yolanda Díaz sometió este martes a audiencia pública un anteproyecto de ley que busca garantizar la protección de los empleados de estas compañías, de modo que quienes denuncien prácticas corruptas queden a salvo de represalias y no puedan ser despedidos por ello. Los ceses motivados por estas denuncias pasarían a considerarse nulos.
La iniciativa de Díaz implicaría modificar varios artículos del Estatuto de los Trabajadores, la norma fundamental que regula las relaciones laborales en España. En esencia, en distintos apartados que ya contemplan escenarios de protección para el empleado, se añade que dicha cobertura debe extenderse a "las personas trabajadoras que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción".
Entre los cambios propuestos figura una reforma del artículo 4, que recoge los derechos básicos de los trabajadores. Si el proyecto prospera, el Estatuto incorporaría expresamente que el empleado no podrá ser discriminado -además de por las causas ya previstas, como estado civil, edad, origen, creencias, ideas políticas o identidad sexual- tampoco por "una revelación o comunicación de información conforme a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción".
La referencia a esta ley de 2023 es constante en el texto impulsado por Trabajo. Dicha norma incorporó al ordenamiento español la directiva europea en la materia y ya obliga a las empresas, entre otras medidas, a habilitar canales de denuncia anónimos. El anteproyecto ahora presentado profundizaría en estas garantías y ampliaría su alcance, dado que afectaría a todas las empresas, sin limitarse a las que cuenten con más de 50 trabajadores como ocurre en la ley vigente.
La propuesta estrella del Ministerio consiste en que la extinción del contrato o el despido del trabajador sea declarado nulo cuando esté relacionado con la revelación de irregularidades internas. Esto se aplicaría también a los periodos de prueba: la ruptura del contrato en ese tiempo sería "nula" si responde a la comunicación de prácticas corruptas en la empresa.
En coherencia con este enfoque, el borrador también prohíbe expresamente "las órdenes de discriminar y las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable o represalias" como respuesta a reclamaciones internas o acciones administrativas o judiciales destinadas a exigir igualdad de trato, así como a la presentación de información relevante sobre infracciones.
El preámbulo del anteproyecto subraya que es necesario "reforzar las garantías de indemnidad de la persona informante en el ámbito laboral", y sostiene que el sistema perdería eficacia si la única consecuencia ante un despido injustificado fuera la indemnización por improcedencia. Es decir, Trabajo entiende que esta reforma serviría para proteger realmente a quienes denuncien irregularidades y evitar que la reacción automática ante un aviso de corrupción sea la expulsión del denunciante con la indemnización máxima.
Díaz ya había adelantado en octubre su intención de acelerar esta reforma. "Vamos a hacer una reforma integral del despido para evitar las represalias ante denuncias de corrupción. Espero contar con el apoyo del PP, que está tan preocupado por la corrupción", afirmó en el Senado en respuesta a una pregunta del principal partido de la oposición.
Al tratarse de un anteproyecto de ley, su aprobación requiere el respaldo de la mayoría parlamentaria. El último intento de Trabajo por modificar el Estatuto -la reducción de la jornada semanal de 40 horas a 37,5- no salió adelante por el rechazo de PP, Vox y Junts. Aunque el grupo catalán apoyó la investidura de Pedro Sánchez, rompió el acuerdo hace un mes tras consultar a su militancia alegando varios "incumplimientos". Este martes, el presidente intentó acercar posiciones mediante algunas de las medidas comprometidas, pero Junts mantuvo su escepticismo.
Tal como adelantó este martes el presidente del Gobierno en varias entrevistas, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un Real Decreto que incorpora tres de las medidas reclamadas por Junts y que aún estaban pendientes de cumplimiento: la cesión a Cataluña de la competencia para gestionar las ofertas de empleo público, la autorización para que los ayuntamientos puedan invertir su superávit y el aplazamiento de la entrada en vigor del sistema Verifactu para pymes y autónomos.
Una cuarta medida, destinada a agilizar los procedimientos contra la okupación y a compensar a los propietarios ante posibles impagos, "se aprobará más adelante", según ha señalado la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
El Ejecutivo transferirá a la Generalitat la competencia sobre las convocatorias de Oferta de Empleo Público, tal y como se pactó en la comisión bilateral del pasado febrero, un modelo que ya ha aplicado también el País Vasco. Según explicó Óscar López, este traspaso incluye los procesos de selección de los habilitados nacionales o funcionarios de la administración local, una competencia que Cataluña ya ejerció entre 2007 y 2013. En este cuerpo -integrado por secretarios, interventores y tesoreros municipales- existe actualmente un elevado número de vacantes, alrededor del 40%, y Cataluña es la comunidad con más plazas sin cubrir. De ahí que se trate de una de las principales demandas de Junts.
La segunda medida dirigida a satisfacer al partido independentista es la autorización para que comunidades autónomas y ayuntamientos empleen su superávit presupuestario en inversiones financieramente sostenibles. Estas actuaciones pueden incluir mejoras en el suministro de agua, alumbrado público, vivienda y programas de asistencia social.
La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha celebrado la decisión del presidente Pedro Sánchez de aprobar este decreto que "facilita y flexibiliza" las inversiones de las corporaciones locales, recordando que se trata de una reivindicación histórica del municipalismo.
"Pedro Sánchez acierta al rectificar tras escuchar a los ayuntamientos", ha afirmado la también alcaldesa de Jerez de la Frontera en un vídeo difundido por la FEMP en reacción al anuncio y a la aprobación del Real Decreto que flexibiliza las finanzas locales, una medida acordada con Junts.
El Gobierno ha aprobado este martes, en el Consejo de Ministros, un real decreto-ley que incorpora la subida salarial pactada la semana pasada con los sindicatos UGT y CSIF para los empleados públicos. Tal y como ha explicado el ministro de Función Pública, Óscar López, la norma autoriza el incremento retributivo del 2,5% correspondiente a 2025 -que algunos trabajadores cobrarán con efectos retroactivos antes de final de año- y también activa ya la subida fija del 1,5% prevista para 2026. En conjunto, supone un aumento del 4% aplicado en apenas dos meses.
Los ministerios de Función Pública y Hacienda aceleraron las negociaciones para que una parte del personal pudiera recibir en diciembre el pago retroactivo vinculado a 2025. Dado que las nóminas se cierran alrededor del 10 de diciembre, el Ejecutivo ha garantizado que los empleados de la Administración General del Estado (AGE) percibirán la subida correspondiente a 2025 a finales de este mes, junto con la paga extra. Además, un mes después recibirán la actualización salarial de 2026, evitando así los retrasos que ocurrieron en años anteriores. Un ejemplo: el 0,5% variable de 2024 se aprobó en julio de 2025.
Según López, el acuerdo alcanzado con UGT y CSIF -al que, por ahora, CCOO no se ha adherido- es extensible a todas las administraciones públicas, incluidas las autonómicas y municipales, que deberán determinar cómo aplican el pago. Esto significa que el calendario real de cobro para los casi 3,5 millones de empleados públicos variará en función de cada territorio. "Hay administraciones que harán un único abono en diciembre, como la AGE, y otras pactarán con los sindicatos la forma de pago, pero el acuerdo es vinculante para todas", ha señalado el ministro.
El pacto salarial contempla un incremento acumulado del 11% entre 2025 y 2028, que podría llegar al 11,4% si se incluye el efecto de arrastre. La subida se reparte en un 2,5% para 2025; un 2% en 2026; un 4,5% en 2027 y otro 2% en 2028. En el caso de 2026, el alza será de un 1,5% fijo más un 0,5% variable, que se aplicará si la inflación supera ese 1,5%. Este componente variable se abonaría en 2027 para asegurar el cumplimiento de la regla de gasto.
El propósito de esta senda salarial hasta 2028 es evitar que los empleados públicos continúen perdiendo poder adquisitivo. Con esta fórmula, sus remuneraciones crecerán algo menos de tres puntos por encima de los precios en el periodo, aunque todavía no compensarán totalmente lo erosionado por la inflación en los últimos años. El acuerdo marco de 2022 fijaba una subida acumulada del 9,5% (9,8% con efecto de arrastre), claramente insuficiente frente al aumento del 15,3% registrado por la inflación entre 2021 y 2024.
Según cálculos de UGT, sumando el salario base y los complementos de destino -sin incluir complementos específicos ni trienios-, la subida de 2025 supondrá un aumento anual de entre 767,6 euros para los funcionarios del grupo A1 y 333,2 euros para el grupo E. Si se añade la subida completa prevista para 2026, en 2027 las mejoras acumuladas ascenderían a entre 2.841,7 euros y 1.233,4 euros anuales, según el grupo profesional.
El acuerdo de diálogo social incorpora también otras mejoras, como el compromiso del Gobierno de revisar en 2026 los complementos de residencia e insularidad en Canarias y Baleares. Aunque el texto definitivo aún no se ha publicado, los sindicatos aseguran que incluye además refuerzos de plantilla -especialmente en los puestos de atención al público-, la eliminación progresiva de la tasa de reposición y una agilización de los procesos de selección y promoción interna.
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