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(El Economista, 21-07-2026) | Fiscal

Un tribunal tumba una liquidación de Hacienda a un particular por notificársela por medios electrónicos

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha anulado una liquidación practicada por la Agencia Tributaria al considerar que la notificación se realizó de forma incorrecta al utilizar medios electrónicos con una contribuyente que no estaba obligada a relacionarse telemáticamente con la Administración. La resolución, fechada el 23 de junio, analiza el caso de una particular a la que Hacienda inició un procedimiento de comprobación el 13 de junio de 2022 por la ganancia patrimonial obtenida tras la venta de una vivienda situada en Madrid. La Ley General Tributaria establece que este tipo de procedimientos caducan a los seis meses, por lo que la Administración debe notificar la resolución dentro de ese plazo para que el procedimiento siga siendo válido. En este caso, la Agencia Tributaria puso a disposición de la contribuyente la liquidación, que ascendía a 13.700 euros, mediante la dirección electrónica habilitada el 24 de noviembre de 2022. Posteriormente realizó un segundo intento de notificación por la misma vía el 27 de febrero de 2023 y, finalmente, remitió la resolución por correo postal el 6 de marzo de 2023. El TEAC recuerda que el artículo 104 de la Ley General Tributaria considera suficiente que la Administración acredite un intento de notificación realizado dentro del plazo legal para entender cumplida su obligación. En el caso de quienes están obligados a relacionarse electrónicamente con Hacienda, basta con que la notificación se ponga a disposición del interesado en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada. Sin embargo, este criterio solo resulta aplicable a los contribuyentes obligados a utilizar medios electrónicos, como las personas jurídicas o determinados contribuyentes con características específicas. La afectada era una persona física que no tenía esa obligación y tampoco había manifestado su adhesión voluntaria al sistema de notificaciones electrónicas. Además, el tribunal destaca que no consta que la contribuyente accediera al contenido de las notificaciones electrónicas remitidas por la Administración, por lo que no pueden considerarse válidamente practicadas. En consecuencia, el TEAC concluye que la notificación efectuada el 24 de noviembre de 2022 no interrumpió el plazo máximo del procedimiento. Dado que las posteriores comunicaciones se realizaron una vez transcurridos los seis meses legalmente previstos, declara la caducidad del procedimiento y anula la liquidación tributaria impugnada.

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(Expansión, 21-07-2026) | Laboral

Las empresas deberán informar a sus empleados de vacantes que mejoren sus condiciones o podrían ser multadas

El Estatuto de los Trabajadores garantiza que las empresas informen a determinados empleados sobre las vacantes disponibles cuando estas puedan suponer una mejora de sus condiciones laborales. Esta obligación está regulada, principalmente, en los artículos 15 y 12 de la norma. El artículo 15, dedicado a la duración del contrato de trabajo, establece en su apartado séptimo que las empresas deben comunicar a los trabajadores con contratos temporales, de duración determinada o formativos la existencia de puestos vacantes que permitan acceder a un empleo estable. El objetivo es que estos empleados puedan optar a contratos indefinidos en igualdad de condiciones que el resto de la plantilla. La información sobre estas vacantes debe difundirse mediante un anuncio público en un lugar accesible del centro de trabajo o a través de los procedimientos que establezca la negociación colectiva. Asimismo, la empresa está obligada a informar de estas oportunidades a la representación legal de los trabajadores, aunque no sea necesario entregar una copia básica de la comunicación. Esta regulación impide que las empresas excluyan a los trabajadores temporales o con contratos formativos de los procesos para cubrir puestos indefinidos. De este modo, se garantiza que todos los empleados tengan las mismas posibilidades de acceder a una mejora de sus condiciones laborales. Por otro lado, el artículo 12.4.d) del Estatuto de los Trabajadores protege específicamente a quienes prestan servicios a tiempo parcial. Este precepto reconoce que estos empleados deben disfrutar de los mismos derechos que quienes trabajan a jornada completa, sin que puedan sufrir un trato discriminatorio por razón de su modalidad de contratación. La norma añade que estos derechos deberán aplicarse conforme a la legislación vigente, la normativa reglamentaria y los convenios colectivos, respetando el principio de proporcionalidad cuando proceda, como ocurre con el salario en función del tiempo trabajado. Además, se garantiza expresamente la ausencia de cualquier discriminación, tanto directa como indirecta, entre hombres y mujeres.

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(El Confidencial, 21-07-2026) | Laboral

La AIReF y el Banco de España están preocupados por el desajuste entre salarios y productividad

España continúa registrando una inflación superior a la media de la zona euro. Mientras el Índice de Precios de Consumo (IPC) se sitúa en el 3,6%, el promedio de la eurozona alcanza el 2,8%. Según distintos análisis, si no se hubieran aplicado las rebajas fiscales destinadas a contener el encarecimiento de los precios, la inflación habría ascendido hasta el 4,4% en junio, una de las tasas más elevadas del área del euro, únicamente por detrás de Chipre. Este comportamiento de los precios se produce en un contexto de fuerte crecimiento económico. La economía española acumula varios años expandiéndose a un ritmo superior al del conjunto de la eurozona. Sin embargo, tanto el Banco de España como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierten de la evolución de los costes laborales unitarios (CLU), un indicador que relaciona el coste salarial necesario para producir una unidad de bienes o servicios y que depende tanto de la evolución de los salarios como de la productividad. La AIReF señala que los costes laborales unitarios nominales están aumentando en un escenario caracterizado por incrementos moderados de los salarios reales y por un estancamiento de la productividad. Según sus previsiones, este indicador continuará creciendo un 3,1% este año y un 3,3% el próximo. El organismo también prevé que la productividad mantenga una evolución muy limitada durante los próximos ejercicios y que las mejoras de los salarios reales sigan siendo moderadas. En consecuencia, considera que la elevada inflación limita el avance del poder adquisitivo de los trabajadores, ya que las subidas salariales no compensan plenamente el aumento del coste de la vida. Además, la AIReF advierte de que España ha experimentado una pérdida de competitividad en términos de precios frente al conjunto de la eurozona, especialmente en la industria manufacturera, como consecuencia del incremento de los costes laborales unitarios. Desde el inicio de la pandemia, la productividad por trabajador ocupado ha evolucionado de forma dispar entre España y la eurozona. Mientras en el conjunto del área del euro ha aumentado un 0,6%, en España ha retrocedido un 0,8%, según los datos citados por la institución. Entre los factores que explican este comportamiento figura el aumento del absentismo laboral asociado a las bajas médicas. Aunque la productividad por hora trabajada ha mostrado cierta mejora, el elevado número de horas no trabajadas ha reducido la productividad por empleado. Durante el último año, más de un millón de personas dejaron de acudir diariamente a su puesto de trabajo por encontrarse en situación de incapacidad temporal, lo que equivale aproximadamente al 4,6% de la población ocupada, según la Encuesta de Población Activa (EPA). El Banco de España también ha alertado en informes recientes del mayor crecimiento de los costes laborales unitarios respecto al conjunto de la eurozona. La institución considera que el mercado laboral presenta señales de creciente tensión. Aunque España mantiene una tasa de desempleo superior al 10%, algunas empresas comienzan a encontrar dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo. Según el supervisor, la relación entre personas desempleadas y vacantes disponibles ha disminuido de forma significativa. Si en 2020 existían unas 77 personas desempleadas por cada puesto vacante, actualmente la cifra se sitúa en torno a 33, sin que se observen signos de moderación. Además, una parte importante de los desempleados corresponde a parados de larga duración cuyas características personales o profesionales dificultan su incorporación al mercado laboral. Esta escasez de mano de obra obliga a numerosas empresas a ofrecer mejores condiciones salariales para atraer trabajadores. No obstante, tanto el Banco de España como la AIReF advierten de que los incrementos salariales que no vayan acompañados de mejoras de la productividad pueden traducirse en una pérdida de competitividad para la economía. Pese a ello, la AIReF señala que España todavía mantiene una posición sólida en los mercados internacionales y no ha registrado una pérdida significativa de cuota en las exportaciones. El organismo recuerda que las ganancias de competitividad obtenidas durante los años posteriores a la anterior crisis económica proporcionan cierto margen para mejorar las retribuciones. Sin embargo, considera que, mientras la inflación española continúe situándose por encima de la media europea, una parte importante de esas subidas salariales difícilmente se traducirá en una mejora efectiva del poder adquisitivo y sí podría afectar a la competitividad de la economía a medio plazo.

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(El Periódico, 21-07-2026) | Laboral

Seguridad Social digitaliza sus comunicaciones: la vía electrónica será la primera opción para notificar bajas e incapacidades desde septiembre

La Seguridad Social continúa avanzando en la digitalización de sus procedimientos administrativos con el objetivo de facilitar la realización de trámites por vía telemática. En los últimos años, la mayoría de las gestiones ya pueden efectuarse a través de herramientas como Cl@ve o el certificado electrónico, evitando en muchos casos la necesidad de acudir presencialmente a una oficina. Un nuevo paso en este proceso llegará el 1 de septiembre de 2026. A partir de esa fecha, las personas que soliciten una prestación por incapacidad temporal, una incapacidad permanente o una indemnización por lesión permanente no incapacitante recibirán las comunicaciones de la Seguridad Social, con carácter preferente, por medios electrónicos. De este modo, la vía digital pasará a ser el canal principal para estas notificaciones. Los ciudadanos podrán consultar las resoluciones a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social y, además, recibir avisos mediante correo electrónico o mensajes SMS, de acuerdo con los datos de contacto que hayan facilitado. No obstante, este cambio no supone la desaparición de las comunicaciones en papel. La Administración mantendrá ambos sistemas, aunque en determinados procedimientos dará prioridad a las notificaciones electrónicas, al considerar que un número creciente de ciudadanos dispone de los medios necesarios para acceder a este tipo de comunicaciones. Para quienes necesiten ayuda con el uso de las herramientas digitales, la Seguridad Social seguirá ofreciendo atención presencial en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), donde los usuarios podrán recibir asistencia para utilizar los servicios electrónicos sin dejar de contar, cuando proceda, con los canales tradicionales de comunicación.

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(El Economista, 21-07-2026) | Laboral

El paro registrado rompe la "maldición" de 2008 a costa de sumar 570.000 personas con trabajo a las listas del SEPE

Aunque el paro registrado en España descendió en junio por debajo de los 2,3 millones de personas por primera vez desde 2008, las estadísticas del mercado laboral reflejan una realidad más compleja. Junto a la reducción del número oficial de desempleados, ha aumentado de forma significativa el colectivo de personas inscritas como demandantes de empleo pese a mantener una relación laboral o disponer de un puesto de trabajo. En junio, el número de demandantes de empleo con trabajo alcanzó los 1,25 millones de personas, el nivel más elevado de la serie histórica si se excluyen los años de la pandemia, marcados por la aplicación extraordinaria de los ERTE. Esta cifra supone un incremento del 83% respecto a junio de 2008. Además, la composición de este colectivo ha cambiado de forma notable. Mientras los denominados demandantes ocupados -trabajadores que mantienen un empleo pero buscan otro- han disminuido, el fuerte crecimiento se concentra en los demandantes con relación laboral, categoría en la que se incluyen, entre otros, los trabajadores con contrato fijo discontinuo. Este grupo ha pasado de 114.044 personas en 2008 a 801.441 en junio de 2026, lo que supone multiplicar por siete su volumen. En conjunto, el primer semestre del año concluyó con 4,15 millones de demandantes de empleo inscritos en las oficinas públicas, casi 660.000 más que antes de la crisis financiera de 2008. Durante ese periodo, el paro registrado se ha reducido únicamente en unas 98.000 personas, mientras que los demandantes ocupados han descendido en más de 118.000. El aumento total de inscritos se explica, principalmente, por el crecimiento de quienes mantienen una relación laboral y por el incremento de los denominados demandantes no ocupados (DENOS), un colectivo que no figura como parado registrado. Estos últimos suman actualmente 607.723 personas, alrededor de un 45% más que hace dieciocho años. Como consecuencia de esta evolución, la estructura de la demanda de empleo ha cambiado de forma significativa. Actualmente, el 45% de las personas inscritas en los servicios públicos de empleo no se contabilizan como parados registrados, frente al 34% existente en 2008 y al 31% previo a la entrada en vigor de la última reforma laboral. La divergencia entre ambas estadísticas se ha intensificado durante los últimos años. Desde junio de 2023, el paro registrado se ha reducido en cerca de 397.000 personas, mientras que el número de demandantes que no forman parte de esa categoría ha aumentado en más de 279.000. El Ministerio de Trabajo sostiene que esta evolución responde a una mayor utilización de los servicios públicos de empleo por parte de personas que, aunque no cumplen los requisitos para ser consideradas desempleadas, buscan mejorar su situación laboral, cambiar de empleo, acceder a ofertas específicas o participan en acciones formativas que mantienen suspendida su demanda. Sin embargo, numerosos analistas consideran que el crecimiento de los demandantes con relación laboral está estrechamente vinculado a la reforma laboral aprobada en 2022. La norma impulsó el uso del contrato fijo discontinuo, una modalidad que permite alternar periodos de actividad e inactividad sin extinguir la relación laboral. Durante esos periodos sin actividad, muchos trabajadores permanecen inscritos como demandantes de empleo. El debate se ha visto alimentado por la falta de información detallada sobre este colectivo. El Ministerio de Trabajo no publica cuántos de los demandantes con relación laboral corresponden a trabajadores fijos discontinuos inactivos y cuántos mantienen activa su inscripción por otros motivos. Además, dejó de difundirse la estadística específica que permitía conocer esta distribución. Esta falta de transparencia continúa alimentando las dudas sobre el verdadero alcance de la mejora del mercado laboral reflejada en las cifras oficiales. Aunque el descenso del paro registrado es evidente, la evolución paralela del número de demandantes de empleo con contrato en vigor y de otros colectivos que no computan como desempleados mantiene abierto el debate sobre la interpretación de las estadísticas laborales publicadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

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(Cinco Días, 21-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Argelia y España sellan un acuerdo para exportar un 15% más de gas tras el fin de la crisis diplomática

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alcanzado en Argel un acuerdo político destinado a reforzar el suministro de gas procedente de Argelia, tanto a través del gasoducto Medgaz como mediante cargamentos de gas natural licuado (GNL) transportados por vía marítima. El objetivo es incrementar en torno a un 15% las importaciones desde el país norteafricano, lo que supondría unos 20.000 gigavatios hora adicionales al año y consolidaría a Argelia como el principal proveedor de gas de España. La visita oficial, realizada apenas unas horas después de la final del Mundial de fútbol celebrada en Nueva York, simboliza además la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países tras varios años de tensiones. La crisis se originó en 2022, cuando España respaldó la propuesta marroquí sobre el Sáhara Occidental, rompiendo la tradicional posición de neutralidad. Aunque el Ejecutivo asegura que no ha modificado su postura ni ha realizado concesiones sobre esta cuestión, el acercamiento diplomático se ha intensificado desde la reciente visita del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a Argelia. El refuerzo de la cooperación energética cobra especial relevancia ante el nuevo escenario europeo. La Comisión Europea ha confirmado que, a partir del 1 de enero de 2027, quedará prohibida la compra de gas ruso, una decisión que obligará a los Estados miembros a buscar proveedores alternativos. Esta medida afecta especialmente a España y, en particular, a Naturgy, que mantiene un contrato de suministro a largo plazo con Rusia y deberá poner fin a ese acuerdo para cumplir con las sanciones comunitarias. Según los últimos datos de Enagás, alrededor del 20% del gas consumido en España sigue teniendo origen ruso, por lo que será necesario sustituir ese volumen antes del próximo invierno. El contexto internacional añade dificultades a esta transición. La guerra en Oriente Próximo ha reducido la oferta global de gas, mientras que el tránsito de buques metaneros por el estrecho de Ormuz se ha visto afectado por las tensiones en la región. Además, Qatar, uno de los principales exportadores mundiales de gas natural licuado, ha anunciado el retraso de parte de su nueva capacidad de producción debido a los daños sufridos en instalaciones energéticas como consecuencia del conflicto. Ante este escenario, el Gobierno español ha viajado a Argelia acompañado por representantes de las principales compañías energéticas del país, entre ellas Repsol, Moeve y Enagás. Aunque el presidente de Naturgy tenía previsto participar en la delegación, finalmente no pudo asistir por motivos logísticos. En esta primera fase, las conversaciones se han desarrollado principalmente en el plano institucional, con el objetivo de sentar las bases para futuros acuerdos comerciales. Fuentes del sector estiman que la finalización del contrato de Naturgy con Rusia supondrá la pérdida de unos tres mil millones de metros cúbicos de gas al año. La intención es compensar buena parte de ese volumen mediante un incremento de aproximadamente dos mil millones de metros cúbicos procedentes de Argelia: la mitad a través del gasoducto Medgaz y la otra mitad mediante envíos marítimos de gas natural licuado. Como parte del proceso de normalización bilateral, ambos gobiernos han acordado celebrar una cumbre entre España y Argelia el próximo mes de octubre, un encuentro de este nivel que no tenía lugar desde 2018. Tras esa cita, se espera que las empresas españolas puedan iniciar negociaciones más detalladas con Sonatrach, la compañía energética estatal argelina, para concretar el aumento de las compras de gas. No obstante, desde el sector energético advierten de que este incremento del suministro argelino podría no ser suficiente para cubrir completamente el vacío que dejará el gas ruso. La combinación de menores suministros internacionales y una elevada demanda mantiene la preocupación sobre la evolución de los precios energéticos durante los próximos meses. El Ministerio para la Transición Ecológica ha señalado que, en las reuniones mantenidas con las autoridades argelinas, se puso de manifiesto la necesidad de reforzar la cooperación con socios estratégicos como Argelia en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y las tensiones geopolíticas. En la misma línea, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, destacó que esta nueva etapa abre oportunidades para las empresas españolas, con la energía como uno de los principales ejes de colaboración. Mientras tanto, parte del sector empresarial mantiene la esperanza de que la Unión Europea reconsidere algunas de las sanciones energéticas previstas, ante el posible impacto que podrían tener sobre los precios y el coste de la energía para hogares y empresas. Sin embargo, las instituciones comunitarias mantienen, por el momento, su compromiso de reforzar la presión económica sobre Rusia mientras continúa la guerra en Ucrania.

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(Expansión, 21-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los expertos sostienen que la economía española crecerá este año entre un 2% y un 2,5% a pesar de la guerra en Oriente Próximo

El dinamismo de la demanda interna y la llegada de los últimos recursos procedentes de los fondos europeos Next Generation permitirán que la economía española mantenga un crecimiento sólido durante este año, pese al aumento de la incertidumbre internacional derivada del conflicto en Oriente Próximo, agravado recientemente tras el fin de la tregua entre Irán y Estados Unidos. Así lo recoge el último Pulso Económico Trimestral elaborado por EY Insights, que cuenta con la participación de un amplio grupo de economistas, entre ellos Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank; Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, y Gregorio Izquierdo, director del Instituto de Estudios Económicos (IEE). El informe estima que el PIB español crecerá entre un 2% y un 2,5% este año, reflejando la capacidad de la economía para absorber el impacto de factores adversos, como el encarecimiento de la energía y de otras materias primas provocado por el cierre del estrecho de Ormuz. Los expertos consideran que los fondos europeos continúan siendo uno de los principales pilares del crecimiento económico. En este sentido, el Gobierno deberá completar antes de agosto todos los compromisos adquiridos con la Comisión Europea para poder acceder al séptimo y último desembolso del programa antes de finalizar el ejercicio. No obstante, la atención ya se dirige hacia 2027, primer año en el que España dejará de recibir estos recursos extraordinarios impulsados tras la pandemia. Los analistas advierten de que la ausencia de estas ayudas podría ralentizar el crecimiento económico, incluso aunque el Ejecutivo impulse unos Presupuestos Generales del Estado con un techo de gasto récord de 226.000 millones de euros. El informe también destaca el papel de la demanda interna como uno de los principales motores de la actividad económica. En conjunto, dibuja el escenario de una economía que mantiene fortalezas en sus fundamentos internos, aunque cada vez más condicionada por un entorno internacional e institucional complejo. Entre los principales riesgos externos, el panel de expertos identifica la evolución de la situación geopolítica, el comportamiento del comercio internacional y la política comercial de Estados Unidos. En el ámbito nacional, subraya la fragmentación parlamentaria y la inestabilidad política como los factores que generan mayor inquietud, hasta el punto de que el 75% de los analistas considera que tienen un impacto negativo o muy negativo sobre la economía española. El estudio dedica además un apartado específico a la relación económica entre la Unión Europea y China en el nuevo contexto comercial internacional marcado por la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump. En este ámbito, los expertos defienden que la Unión Europea debe reforzar su competitividad y avanzar hacia una mayor autonomía estratégica. La estrategia que recibe mayor respaldo combina una política industrial europea más activa con mecanismos selectivos de defensa comercial frente a prácticas como los subsidios, la sobrecapacidad productiva, la dependencia estratégica o la competencia desleal. Esta opción obtiene una valoración de 7,93 puntos sobre 10, mientras que el impulso de una política industrial coordinada para reducir la dependencia de China alcanza 7,73 puntos. Por el contrario, los analistas muestran un apoyo significativamente menor tanto a una estrategia basada únicamente en el diálogo y la cooperación con China como a un endurecimiento generalizado de las medidas comerciales. En conjunto, el informe apuesta por una posición equilibrada que permita reforzar la autonomía económica europea sin renunciar a mantener una relación comercial abierta con el gigante asiático.

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(Expansión, 21-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno respalda a De Cos como el candidato español a presidir el BCE

España quiere situarse por primera vez al frente del Banco Central Europeo (BCE) y considera que existen opciones reales de lograrlo. Para ello, el Gobierno ha apostado por Pablo Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y exgobernador del Banco de España, como candidato para suceder a Christine Lagarde cuando finalice su mandato en octubre de 2027, según diversas fuentes próximas al proceso. Las conversaciones entre Hernández de Cos y el equipo del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se mantienen de forma habitual desde hace meses. El objetivo es preparar una candidatura que permita a España optar por primera vez a la presidencia de la máxima autoridad monetaria de la zona euro. El exgobernador ha evitado pronunciarse sobre esta posibilidad. Desde el Ministerio de Economía, por su parte, destacan que España, como una de las principales economías del euro y uno de los mayores accionistas del BCE, aspira de manera natural a desempeñar un papel relevante en la próxima etapa de la institución y que, llegado el momento, presentará una candidatura acorde con esa aspiración. El respaldo del Ejecutivo resulta imprescindible para cualquier aspiración a la presidencia del BCE. La experiencia demuestra que los candidatos que no cuentan con el apoyo de sus respectivos gobiernos difícilmente logran acceder a alguno de los puestos del Comité Ejecutivo, ya que el proceso exige una intensa labor de negociación entre los países de la Unión Europea. En este caso, las fuentes consultadas descartan que existan discrepancias entre el Gobierno y Hernández de Cos, pese a las especulaciones surgidas por las diferencias mantenidas durante su etapa al frente del Banco de España en cuestiones como el salario mínimo o la revalorización de las pensiones. Aseguran que el Ministerio de Economía siempre ha considerado al economista español como la única opción con posibilidades reales de alcanzar la presidencia del BCE, gracias al prestigio internacional que ha consolidado en los últimos años. De hecho, diversas encuestas entre economistas lo sitúan entre los perfiles mejor valorados para asumir ese cargo. El presidente del BCE es nombrado para un mandato único de ocho años y debe acreditar una amplia experiencia y reconocimiento en materia monetaria y bancaria. Sin embargo, además de la preparación técnica, la elección depende en gran medida del consenso político entre los Estados miembros de la zona euro. El procedimiento comienza en el Eurogrupo, donde los ministros de Economía de los países del euro debaten las candidaturas hasta alcanzar una mayoría cualificada. Posteriormente, el aspirante comparece ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y necesita también el visto bueno del Consejo de Gobierno del BCE. Finalmente, corresponde al Consejo Europeo adoptar la decisión definitiva. En algunas ocasiones, como ocurrió con Christine Lagarde, el propio Consejo Europeo ha impulsado directamente una candidatura de consenso. En esta ocasión, además de Hernández de Cos, entre los nombres que suenan para presidir el BCE figuran el neerlandés Klaas Knot y los alemanes Joachim Nagel e Isabel Schnabel. Según las fuentes consultadas, Hernández de Cos solo contemplaría abandonar su actual responsabilidad en el BIS si fuera para asumir la presidencia del BCE. No se considera candidato para otros puestos del Comité Ejecutivo, como la jefatura de Economía o la dirección de Operaciones de Mercado, ya que ninguno supondría un avance comparable en su trayectoria profesional. En el supuesto de que el Gobierno concluyera que la presidencia no es alcanzable, estudiaría respaldar a otro candidato español para intentar mantener presencia en el Comité Ejecutivo del BCE. El Ministerio de Economía considera prioritario que España conserve representación en este órgano, evitando un vacío como el que existió entre la salida de José Manuel González-Páramo en 2012 y el nombramiento de Luis de Guindos como vicepresidente en 2018.

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(El País, 21-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las hipotecas pisan el freno en mayo tras casi dos años consecutivos de subidas

El mercado hipotecario registró en mayo una ligera desaceleración tras casi dos años de crecimiento continuado. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante ese mes se constituyeron 42.213 hipotecas para la compra de vivienda, lo que supone un descenso interanual del 0,1%, con apenas 38 operaciones menos que en mayo de 2025. En comparación con abril, sin embargo, la actividad aumentó un 5,5%. Aunque la caída es prácticamente testimonial, pone fin a una racha de incrementos que se mantenía desde junio de 2024. Hasta ahora, el mercado hipotecario había seguido creciendo pese a que las compraventas de viviendas comenzaban a mostrar signos de moderación tras el elevado volumen de operaciones registrado en 2025, cuando se superaron las 700.000 transacciones. A pesar de este leve retroceso puntual, el balance de los cinco primeros meses del año continúa siendo positivo. Entre enero y mayo se firmaron 213.777 hipotecas para adquisición de vivienda, un 6,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando se formalizaron 201.233 préstamos. La evolución confirma que la financiación hipotecaria continúa respaldando la demanda de vivienda, aunque el mercado inmobiliario empieza a mostrar un crecimiento más moderado tras el fuerte impulso experimentado en los últimos años. El descenso registrado en mayo no fue uniforme en todo el territorio nacional. La mayor caída porcentual correspondió a Melilla, donde las hipotecas descendieron un 27%, si bien en términos absolutos únicamente se firmaron 17 préstamos menos. Entre las comunidades con mayor volumen de operaciones destacaron los descensos registrados en Baleares, donde las hipotecas disminuyeron un 19,6%; Cantabria, con una caída del 17,9%; la Región de Murcia, con un descenso del 13,2%; Aragón, con un 12,8% menos; la Comunidad Valenciana, donde las operaciones retrocedieron un 11,5%; el País Vasco, con una reducción del 10,5%; y Galicia, con una caída del 10,2%. En términos absolutos, la Comunidad Valenciana fue la que experimentó la mayor reducción, con 625 hipotecas menos que un año antes. Le siguieron el País Vasco, con 234 operaciones menos; Baleares, con 201; Murcia, con 182; y Galicia, con 176. También se registraron descensos en Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja. Por el contrario, varias comunidades aumentaron el número de préstamos hipotecarios. Cataluña registró uno de los mayores incrementos, con un crecimiento del 9,3% y 641 operaciones adicionales respecto a mayo del año anterior. También aumentaron las hipotecas en Andalucía (6,7%), Canarias (16,5%), la Comunidad de Madrid (4,6%), Extremadura (4,5%), Asturias (0,8%), Ceuta (13,7%) y, especialmente, Navarra, donde el incremento alcanzó el 33,5%. En cuanto al coste de la financiación, el tipo de interés medio de las nuevas hipotecas se situó en mayo en el 2,98%, siete centésimas por encima del registrado un año antes, cuando era del 2,91%. Pese a este ligero repunte, los tipos siguen siendo sensiblemente inferiores a los registrados durante el periodo de endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo. En mayo de 2024 el interés medio alcanzaba el 3,25%, mientras que en mayo de 2023 se situaba en el 3,15%. En comparación con esos niveles, el coste actual continúa mostrando una moderación significativa y se mantiene lejos de los máximos superiores al 4% alcanzados durante la anterior crisis financiera. El importe medio de las hipotecas también continuó creciendo. En mayo alcanzó los 174.866 euros, un 9,7% más que un año antes, lo que supone un incremento cercano a los 15.500 euros y marca el nivel más elevado de la serie histórica iniciada por el INE en enero de 2015.

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(El Economista, 20-07-2026) | Fiscal

España pierde hasta 2,3 puntos de PIB per cápita por la alta fiscalidad a las empresas

España figura entre los países desarrollados con menor competitividad fiscal, según el Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2025 elaborado por la Tax Foundation. En esta clasificación, el sistema tributario español ocupa el puesto 34 de los 38 países de la OCDE, con una puntuación de 57,9 sobre 100. En el caso concreto del impuesto sobre Sociedades, la posición es igualmente baja, al situarse en el puesto 33 con una valoración de 52,8 puntos. El estudio sostiene que una mejora de la competitividad del impuesto sobre Sociedades podría tener efectos positivos sobre el crecimiento económico. Según sus estimaciones, una reforma en este ámbito permitiría incrementar el PIB per cápita acumulado en torno a 2,3 puntos porcentuales adicionales hasta 2029. En 2025, el PIB per cápita español se situó alrededor de los 34.350 euros, lo que supone un aumento de unos 1.170 euros respecto al año anterior y un crecimiento superior al 2%. De acuerdo con las proyecciones de la Tax Foundation, una fiscalidad empresarial más competitiva elevaría el crecimiento acumulado del PIB per cápita hasta el 4,3% en 2029, alcanzando aproximadamente los 35.793 euros por habitante. Esto equivaldría a añadir alrededor de 0,75 puntos porcentuales al crecimiento anual. Teniendo en cuenta que el PIB per cápita en España suele aumentar, de media, alrededor de un 1,5% al año, el informe considera que una reforma del impuesto sobre Sociedades podría elevar ese ritmo hasta el entorno del 2,5% anual, favoreciendo una mejora más intensa del nivel de vida. Actualmente, el tipo general del impuesto sobre Sociedades en España se sitúa en el 25%. A esta carga tributaria se suman las cotizaciones sociales y otros impuestos de ámbito autonómico y local que también soportan las empresas. Los investigadores de la Tax Foundation, Michael Christl, Alex Mengden, Sean Bray y Monika Köppl-Turyna, concluyen que los países con sistemas tributarios más competitivos suelen registrar un mejor comportamiento económico. En particular, estiman que un avance de 14,3 puntos en el índice de competitividad del impuesto sobre Sociedades se traduciría en un incremento aproximado de un punto porcentual anual del PIB per cápita y en un crecimiento acumulado cercano a 2,3 puntos porcentuales en un periodo de tres años. El estudio también advierte de que los sistemas fiscales que gravan de forma intensa el trabajo o la inversión pueden limitar el crecimiento económico, incluso cuando la recaudación total sea similar a la de otros países. Por su parte, el Instituto de Estudios Económicos (IEE), vinculado a la CEOE, señala en su informe Competitividad Fiscal 2025. Una reflexión sobre la imposición en el turismo que el tipo nominal del impuesto sobre Sociedades en España supera en casi cuatro puntos porcentuales la media de la Unión Europea, situada en el 21,5%, lo que sitúa al país entre los que aplican una mayor tributación nominal a las empresas. El IEE sostiene además que existe una doble imposición sobre los beneficios empresariales. Tras tributar por el impuesto sobre Sociedades, los dividendos distribuidos a los accionistas vuelven a gravarse en el IRPF, donde la tributación puede alcanzar el 30%. Según sus cálculos, esta combinación eleva la carga fiscal agregada sobre los beneficios empresariales hasta el 47,5%, frente al 38,8% de media en la Unión Europea. El informe añade que la elevada presión fiscal, las cotizaciones sociales y la complejidad administrativa derivada de la normativa tributaria reducen la competitividad de la economía española y pueden dificultar la inversión, la creación de empleo, la innovación y el crecimiento empresarial. En esa línea, la Tax Foundation destaca que la fiscalidad empresarial influye directamente en aspectos como los incentivos para invertir, el coste del capital, las decisiones de financiación, el emprendimiento y la localización de la actividad económica, factores que repercuten en la productividad y en el crecimiento económico a medio plazo. Aunque reconoce que el resto de figuras tributarias también condicionan la evolución de la economía y que una reforma fiscal integral presenta mayores dificultades políticas, el organismo considera que una modificación del impuesto sobre Sociedades constituye una medida más factible a corto plazo para impulsar el crecimiento económico.

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