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(El Economista, 12-11-2025) | Laboral

La Seguridad Social registró en octubre una media de 200.734,26 altas y bajas de afiliación diaria

Una cifra muy parecida a la registrada en los mismos meses de 2019 y 2021 refleja que, aunque los empleos estables han aumentado de forma notable, este avance se ha visto compensado por una mayor rotación tanto en los contratos temporales como en los indefinidos, especialmente entre los fijos discontinuos. A punto de cumplirse cuatro años desde la entrada en vigor de la reforma laboral, y a la espera del informe del grupo de expertos nombrado por el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal para evaluar sus efectos, los datos confirman que la medida no ha logrado corregir una de las principales debilidades del mercado laboral español: la elevada rotación en el empleo. En octubre se registraron 2,34 millones de altas y 2,92 millones de bajas en el Régimen General de la Seguridad Social. Con 23 días laborables, esto equivale a una media diaria de 101.078 altas y 99.656 bajas, según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. En conjunto, suman una rotación diaria del 1,15% del total de afiliados. Aunque el porcentaje pueda parecer pequeño, hay que tener en cuenta que se trata de movimientos diarios. Comparando estas cifras con las de años previos a la reforma, la volatilidad del empleo en septiembre se mantiene prácticamente igual que en 2019 y 2021, aunque algo más moderada que en 2017 y 2018, cuando se registraban unas 220.000 altas y bajas diarias. Aquellos fueron años de fuerte creación de empleo tras la crisis financiera, lo que explica una rotación más elevada, impulsada por el gran peso de los contratos temporales. Sin embargo, las comparaciones varían mucho según el mes analizado. Por ejemplo, en septiembre de 2025 se alcanzaron 252.000 altas y bajas, la segunda cifra más alta desde 2009, solo superada por la de septiembre de 2019. Este comportamiento es coherente con un mercado laboral que sigue creciendo, pero sigue dominado por la estacionalidad y la temporalidad. Lo que sí ha cambiado desde la pandemia es el tipo de empleo afectado por esta rotación. Antes de la reforma, la mayor parte de los movimientos correspondían a contratos temporales; ahora, los indefinidos representan una proporción mucho mayor. En 2019, los indefinidos apenas suponían el 13% de las rotaciones. En octubre de este año alcanzaron el 49% (99.463 movimientos), superando por primera vez a los temporales, que representaron el 47% (96.181). Dentro de los indefinidos, las altas y bajas de los contratos ordinarios pasaron del 8% al 20%, y las de los fijos discontinuos del 5% al 29%. Estos datos indican que los nuevos contratos indefinidos creados tras la reforma son más inestables. En el caso de los fijos discontinuos, esto se debe a la naturaleza de su empleo, ligado a la estacionalidad, que obliga a los trabajadores a pasar periodos sin actividad, sin salario ni cotización, hasta ser llamados de nuevo por la empresa. De hecho, la segunda causa más frecuente de baja en la afiliación, tras la finalización de un contrato temporal, y la principal entre los indefinidos, es precisamente el paso a la inactividad. En cuanto a los indefinidos ordinarios, la causa de su mayor rotación es más difícil de determinar, ya que la Seguridad Social no especifica los motivos de baja según el tipo de contrato fijo. La razón más común suele ser la dimisión voluntaria, aunque parte de estos casos podrían corresponder a fijos discontinuos que no se reincorporan al ser llamados. En segundo lugar están los despidos, que incluyen los ceses por no superar el periodo de prueba, y que han aumentado un 138% respecto a los niveles anteriores a la reforma. Para analizar la evolución real de la volatilidad no basta con observar los valores absolutos, sino que conviene recurrir a la tasa de volatilidad diaria, que en octubre fue del 1,15%. Esta cifra refleja una ligera mejora respecto a los años previos a la reforma, con una reducción de dos décimas, y casi cinco respecto a 2017 y 2018, lo que ofrece una lectura algo más favorable del impacto de la norma. No obstante, esta aparente mejora puede explicarse por un efecto de composición: el aumento de los contratos indefinidos reduce la tasa general de movimientos. Al analizar los datos por tipo de contrato, se observan diferencias claras. La tasa de volatilidad diaria de los indefinidos ordinarios ha pasado del 0,18% en 2019 al 0,32% en septiembre de 2025, un incremento pequeño pero relevante, especialmente concentrado en los trabajadores con menos antigüedad. Aunque la mayoría de estos empleados goza de mayor estabilidad que el promedio, su nivel de rotación ya es similar al de los trabajadores incluidos en la categoría "otros" (que engloba a funcionarios, interinos y personal eventual de las administraciones), con una tasa del 0,31%. Por su parte, la tasa de los contratos temporales ha subido del 3,9% al 4,5%, mientras que la de los fijos discontinuos ha pasado del 2% al 5%. Esto demuestra que los empleos vinculados a actividades estacionales o eventuales presentan ahora una mayor rotación incluso después de la reforma laboral.

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(El Confidencial, 12-11-2025) | Laboral

Los mutualistas llevan su protesta a Ferraz y Génova tras el golpe de Junts al futuro de las pensiones

Los profesionales afectados por la llamada bomba de las pensiones preparan nuevas protestas entre las sedes del PP y del PSOE para reclamar la creación de una pasarela hacia el RETA y critican que ni la ministra Elma Saiz ni el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, hayan accedido a reunirse con ellos. Este miércoles, frente al Congreso de los Diputados, los mutualistas volverán a manifestarse por trigésima ocasión. Desde hace meses realizan cada miércoles un piquete informativo para denunciar las pensiones que reciben -muchas inferiores a 400 euros- tras décadas cotizando en mutualidades alternativas. La protesta número 30 llega en un momento especialmente delicado. La ruptura de Junts con el Gobierno pone en riesgo la tramitación de la ley que permitiría a abogados, arquitectos, ingenieros y otros profesionales incorporarse de manera voluntaria al sistema público de pensiones. "La norma está paralizada, pendiente de fijar la fecha de la ponencia. Es el momento de que los principales grupos parlamentarios generen un acuerdo que recoja nuestras demandas. Queremos una pasarela 1x1 para todos. No aceptaremos una solución mínima", señalan desde el Movimiento J2, que representa a gran parte de los afectados. Tras concluir el periodo de enmiendas, corresponde a la Comisión competente designar una Ponencia para elaborar un informe en un plazo de quince días. Cuando la Comisión apruebe ese informe, el texto pasará al Pleno, cuya inclusión en el orden del día depende de la Junta de Portavoces y la Mesa del Congreso. "Desde el Ministerio hubo contactos previos con los mutualistas, pero ahora la tramitación está en manos de los grupos", explican desde Inclusión y Seguridad Social. Paradójicamente, Junts fue una de las formaciones que más apoyó al colectivo. Sus enmiendas defendían el principio de "una cotización, un derecho", incluían a los mutualistas ya jubilados y planteaban una revisión del sistema en 2030. Con su veto general a las iniciativas legislativas, la tramitación ha quedado prácticamente bloqueada. Desde J2 critican que el debate político se haya convertido en una disputa partidista mientras el problema empeora. "Hemos hablado con PP y PSOE, pero no con quienes realmente pueden decidir", lamentan. "La ministra no se ha reunido con nosotros y Feijóo tampoco. Ha habido encuentros con miembros de ambos partidos, pero nadie aclara cuándo será la ponencia ni si tendremos una pasarela que garantice pensiones dignas para abogados, procuradores y otros profesionales". También reprochan al Ministerio de Seguridad Social que haya dejado la cuestión "en manos del grupo parlamentario", pese a que su titular presume de diálogo. "La ministra ha evitado implicarse directamente, y el PP quiere llevar el asunto al Pacto de Toledo, lo que significaría retrasarlo durante años. El problema es urgente: hay profesionales trabajando en juzgados con más de 80 años porque no tienen una pensión suficiente, y muchos no pueden jubilarse porque con 400 euros no se puede vivir", alertan desde el colectivo. La tensión se arrastra desde el cierre del plazo de enmiendas en septiembre. Se registraron 49 propuestas que dividieron el debate en dos bloques: el PSOE, que restringe el acceso a quienes estuvieron en alta entre 2013 y 2022, y el resto del arco parlamentario, que reclama la equivalencia 1x1 y que el traspaso de fondos no tribute. El PP, por su parte, supedita cualquier avance al Pacto de Toledo, lo que en la práctica aplaza la decisión y reduce las opciones de que la pasarela salga adelante esta legislatura. Con el trámite parlamentario encallado, las movilizaciones se han intensificado. "Todos los miércoles hacemos piquetes frente al Congreso y hemos solicitado reuniones directas con la ministra y con Feijóo", explican. "El 15 de noviembre llevaremos las protestas a las sedes del PP y del PSOE. Además, ya se están replicando en ciudades como Jaén, Málaga, Alicante, Santander, A Coruña, Oviedo y Valladolid". Este sábado, J2 organizará un "piquete caminante" entre Génova y Ferraz, un recorrido simbólico entre las sedes de los dos principales partidos. "La situación exige una solución inmediata, y corresponde tanto al Gobierno como al principal partido de la oposición actuar", concluyen.

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(Cinco Días, 12-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las demanda de letras a 3 y 9 meses sigue fuerte pese a que pagan por debajo del 2%

El Tesoro Público colocó este martes 2.318 millones de euros en una subasta de letras a 3 y 9 meses, una cifra ligeramente inferior al rango medio previsto, que oscilaba entre 2.000 y 3.000 millones. La rentabilidad de los títulos a 9 meses se acercó al 2%, mientras que la de las letras a 3 meses permaneció estable, por debajo de ese nivel. La demanda volvió a ser elevada: los inversores solicitaron cerca de 5.500 millones, más del doble del importe finalmente emitido. En detalle, se asignaron 706 millones en letras a tres meses, frente a los más de 2.000 millones pedidos por el mercado. El interés marginal quedó en el 1,926%, casi idéntico al 1,928% de la subasta anterior. En las letras a 9 meses, el Tesoro adjudicó 1.612 millones, pese a que las peticiones rozaron los 3.500 millones. La rentabilidad marginal subió ligeramente hasta el 1,976%, frente al 1,966% de la emisión previa. El organismo volverá a los mercados este jueves 20 de noviembre con una nueva emisión de bonos y obligaciones, con la que cerrará el calendario de subastas de noviembre. El pasado septiembre, el Tesoro rebajó en 5.000 millones sus necesidades de financiación para 2025, situando la emisión neta prevista en 55.000 millones, por debajo de los 60.000 millones inicialmente anunciados. El coste medio de la deuda en circulación se mantiene en el 2,28%, apenas 64 puntos básicos por encima del mínimo histórico de 2021 (1,64%) y lejos del incremento de 250 puntos básicos aplicado por los bancos centrales en este periodo. Por su parte, el coste medio de emisión acumulado en 2025 hasta agosto es del 2,75%, inferior al 3,16% registrado en el conjunto del año pasado, lo que contribuye a contener el peso de los intereses de la deuda en torno al 2% del PIB. El Tesoro continúa además ampliando y diversificando su base inversora y sigue potenciando el mercado de bonos verdes mediante nuevas aperturas del bono sostenible emitido en 2021, con el objetivo de equiparar su volumen al de otras referencias y financiar proyectos de transición ecológica. En total, están programadas 48 subastas ordinarias de letras, bonos y obligaciones del Estado, además del uso de sindicaciones para determinadas emisiones de deuda a largo plazo.

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(Cinco Días, 12-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La liquidez de 33.000 millones blindada por el ICO en la pandemia que expira en 2028 complica las reestructuraciones

La gran cantidad de liquidez que se inyectó en las empresas españolas durante la pandemia sigue teniendo consecuencias, especialmente en los procesos de reestructuración empresarial. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedió más de 140.000 millones de euros en préstamos con aval público, de los cuales aún permanecen vigentes unos 33.000 millones -32.850 millones a cierre de septiembre, según el Banco de España- que deberán devolverse, en su mayoría, antes de 2028. Este respaldo del ICO, que cubre entre el 70% y el 80% del importe concedido por los bancos, se ha convertido en un obstáculo para las entidades financieras, los fondos y los asesores involucrados. La razón es que cualquier modificación de las condiciones -como ampliar plazos más allá de 2028 o aplicar quitas- requiere la autorización expresa de la Agencia Tributaria (AEAT), lo que retrasa y complica los acuerdos. Aunque el PIB español ha crecido más de un 36% desde la caída de 2020, los expertos alertan de un aumento notable de los procesos de reestructuración, que ya superan los 500 casos y continúan al alza. Estas operaciones afectan sobre todo a empresas que no han podido devolver los préstamos. "La deuda que sigue viva se concentra principalmente en compañías más frágiles", explican Davinia Sánchez y Malena Vila, de Kepler-Karst, quienes destacan que "el impacto real de la pandemia ya no se mide por el crédito concedido, sino por la capacidad de las empresas más afectadas para reembolsarlo". Sergio Masip, socio de Reestructuraciones en EY-Parthenon, prevé una "aceleración" de los procesos conforme se acerque el plazo de vencimiento en 2028. En la misma línea, el abogado Antonio Almendros, experto en insolvencias, apunta que se está produciendo un "repunte de reestructuraciones" motivado por la necesidad de anticiparse a la devolución de la financiación avalada por el ICO. El principal cuello de botella, coinciden las fuentes, está en la obtención de las autorizaciones necesarias. El procedimiento para ampliar plazos o aplicar quitas exige la aprobación de la AEAT, pero las restricciones legales que impiden extender los vencimientos más allá de 2028 dificultan los acuerdos. "El mayor problema es el límite temporal -explica Masip-, ya que cualquier decisión que implique una quita o una conversión del crédito en préstamo participativo necesita el visto bueno de la AEAT". En el mismo sentido, Yago Fernández, de Alvarez & Marsal (A&M), confirma que "las limitaciones normativas frenan muchos procesos". Un abogado especializado en reestructuraciones añade que en muchos casos "la AEAT está denegando las solicitudes", lo que lleva a algunos bancos a votar en contra de los planes de reestructuración para no arriesgar la validez del aval público. Desde Kepler-Karst señalan que ha habido algunos casos puntuales de ampliación de plazos o quitas parciales, pero subrayan que "son excepcionales y no existe una interpretación uniforme entre expedientes". Mikel Ortega, de A&M, confirma que "la denegación de solicitudes dificulta cumplir los plazos de los planes de reestructuración y pone en riesgo la viabilidad de las empresas a corto plazo". Por su parte, la Agencia Tributaria defiende que, en muchos casos, las entidades no aportan una justificación suficiente para prolongar el crédito más allá del límite legal, y recuerda que conceder excepciones podría vulnerar los principios de igualdad y justicia frente a otros deudores públicos. Ante este escenario, los despachos están buscando alternativas. Masip explica que se están diseñando planes de reestructuración con distintas clases de crédito que, con el apoyo mayoritario de los acreedores, permiten "arrastrar la parte avalada por el ICO sin perder la garantía". Víctor Pedrosa, de A&M, añade que estas medidas solo son posibles mediante planes no consensuales en los que otros acreedores -comerciales, financieros sin aval ICO o subordinados- impongan nuevas condiciones, siempre cumpliendo los requisitos de la Ley Concursal. Finalmente, otro abogado de un gran despacho señala la importancia de que los bancos puedan "emitir votos diferenciados" en los planes de reestructuración, tratando de manera distinta la parte del préstamo avalada por el ICO y la no avalada, sin poner en peligro la validez del respaldo público.

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(Expansión, 12-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El TJUE avala el cálculo de honorarios notariales sobre la herencia total en sucesiones transfronterizas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que no se vulnera la libre circulación de capitales cuando un heredero debe abonar honorarios notariales en distintos Estados miembros, siempre que ambos se calculen sobre el valor total de la herencia. Según el fallo, esta práctica no supone una restricción prohibida por el Derecho comunitario. La sentencia se origina en el caso de un ciudadano francés que heredó bienes de su hermana situados en Francia y Bélgica. Para tramitar la sucesión, tuvo que recurrir a un notario en cada país, y ambos profesionales fijaron sus honorarios tomando como base la totalidad del patrimonio heredado, no únicamente los bienes localizados en su propio territorio. El heredero sostenía que este doble pago representaba un obstáculo a la libre circulación de capitales dentro de la Unión Europea. No obstante, el TJUE ha concluido que los costes adicionales derivados de la intervención de varios notarios son una consecuencia natural del carácter transfronterizo de la herencia y del ejercicio simultáneo de las competencias fiscales de cada Estado. El Tribunal considera que estos gastos están estrechamente vinculados al proceso sucesorio y no implican discriminación alguna. Además, resalta que, en el caso de Francia, calcular los honorarios sobre el valor total de la herencia resulta necesario para que la administración tributaria pueda determinar correctamente el impuesto de sucesiones. En consecuencia, el TJUE concluye que las dificultades o costes económicos que pueden surgir al gestionar herencias con bienes repartidos entre varios países de la UE no vulneran los principios del mercado único europeo.

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(El Economista, 11-11-2025) | Fiscal

Los contribuyentes de Patrimonio deben tributar su vivienda sumando los impuestos pagados en la compra

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha determinado que, para calcular el valor de un inmueble a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio, los contribuyentes deben sumar también los impuestos abonados en el momento de la compra, como el IVA, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o el de Actos Jurídicos Documentados. En una resolución fechada el 20 de octubre, el tribunal desestima la reclamación de un contribuyente que solicitaba excluir el IVA pagado en la compra de su vivienda del valor declarado. El TEAC recuerda que la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio establece que los bienes inmuebles deben declararse por el mayor de estos tres valores: el catastral, el fijado por la Administración o el precio de adquisición. Para aclarar qué conceptos integran ese precio de adquisición, el tribunal cita una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, emitida el 15 de julio de 2021, en la que se señalaba que dicho valor debe incluir los impuestos como el IVA o el de Transmisiones, al considerarse cargas inseparables de la compra. La consulta añadía también que los gastos de notaría y de inscripción registral deben computarse, por ser igualmente inherentes a la operación. El TEAC respalda este criterio y concluye que en el "precio o valor de la adquisición" deben figurar los tributos directamente asociados a la compra del inmueble, entre ellos el IVA. El contribuyente también alegó que debía recibir la devolución de lo pagado en los últimos cuatro ejercicios no prescritos, argumentando la supuesta inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Patrimonio y recordando que el PP ha recurrido este tributo ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el TEAC aclara que la vía económico-administrativa no permite cuestionar la validez de una ley, ya que solo es competente para resolver sobre actuaciones de gestión, inspección y recaudación.

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(El País, 11-11-2025) | Laboral

Las ‘kellys’ ganan su primera batalla a los hoteles

Las camareras de piso han conseguido un avance significativo en su reivindicación histórica frente a los hoteles. El colectivo conocido como las kellys ha logrado que la cadena balear MarSenses reconozca la exigencia física de su labor, especialmente en el caso de las trabajadoras de mayor edad. Tras largas negociaciones con los representantes sindicales, la empresa se ha convertido en la primera en pactar por convenio una reducción de la jornada semanal a 32 horas para las empleadas mayores de 58 años. Las kellys llevan años reclamando una mejora de sus condiciones laborales en todo el país, donde el turismo es un motor económico fundamental. Sara del Mar García, presidenta de Kellys Unión Baleares, valora este acuerdo como un avance importante y considera que debería servir de ejemplo para el resto del sector hotelero. Explica que el convenio de hostelería de Baleares firmado el 8 de julio obliga a todas las empresas, sin importar su tamaño, a analizar la carga laboral de las camareras de piso y adoptar medidas, aunque se les da de plazo hasta abril de 2028, un margen que ella considera excesivo. García insiste en la necesidad de que las trabajadoras puedan llegar a la jubilación en buenas condiciones de salud y reclama la posibilidad de retirarse antes dependiendo del estado físico de cada una. Más allá de la edad de retiro, García subraya la urgencia de reducir el número de tareas que se asignan a cada empleada. Explica que una camarera puede tener que limpiar entre 20 y 30 habitaciones al día, aunque el número varía según el tipo de hotel y su ubicación. También denuncia que la carga real supera lo establecido en el convenio, ya que de las ocho horas diarias de trabajo, dos se dedican a la limpieza de las zonas comunes. En el panorama hotelero balear, MarSenses es una excepción. Entre las grandes cadenas, solo Iberostar y Meliá han dado algunos pasos, aunque aún limitados. Iberostar, que cuenta en España con más de 1.500 profesionales en el área de pisos, permite una reducción de jornada sin disminución salarial a las mayores de 60 años, pero no concreta los detalles de la medida. La empresa también destaca sus programas de acompañamiento y formación para parte del personal. Meliá afirma llevar más de veinte años trabajando para mejorar las condiciones de este colectivo, con medidas como la instalación de camas elevables, la incorporación de criterios ergonómicos y planes de salud laboral, aunque no contempla por ahora una reducción oficial de jornada. MarSenses también se ha destacado por aplicar mejoras generales a su plantilla. Además de la reducción a 32 horas para las trabajadoras mayores, la compañía ha rebajado la jornada semanal del conjunto de sus 515 empleados a 37,5 horas. Rodrigo Fitaroni, director general, explica que este proceso comenzó el año pasado con una primera bajada a 38,5 horas y que este año han dado un paso más. La reducción de jornada propuesta a nivel estatal no prosperó, lo que generó un intenso debate en el sector turístico por la dificultad de aplicarla en un negocio muy estacional y con horarios partidos. Exceltur llegó a advertir de un impacto económico de más de 2.300 millones de euros debido a la necesidad de contratar personal adicional. Fitaroni señala que en MarSenses las camareras de piso pasan a realizar ocho limpiezas diarias, frente a las 20 o 30 habituales en la mayoría de hoteles. Para él, estas políticas de conciliación y bienestar aportan beneficios importantes más allá del coste económico. Destaca que, frente a una media de absentismo del 16% en el sector, en su empresa apenas llega al 4%. Además, recuerda que MarSenses ocupa el cuarto puesto entre las mejores compañías para trabajar en España dentro de la categoría de empresas con entre 251 y 500 empleados.

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(El País, 11-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La renta disponible de los hogares crece en la OCDE el doble que en España

La renta disponible de los hogares de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aumentó a un ritmo mayor en el segundo trimestre del año, con un avance medio del 0,4% interanual, frente al 0,1% registrado entre enero y marzo. Según el organismo, esta mejora responde al notable crecimiento observado en muchas de las economías miembro. En España, no obstante, el buen comportamiento del PIB no se ha traducido con la misma intensidad en la economía doméstica: los ingresos de las familias subieron menos de un 0,2% entre abril y junio, un ritmo inferior al más de medio punto registrado en el primer trimestre. El panorama cambia si se analiza el PIB per cápita, cuyos datos también se difundieron este lunes. En este caso, España no solo iguala la evolución de la media de la OCDE, sino que incluso la supera ligeramente: el PIB por habitante creció un 0,53% en el segundo trimestre, frente al 0,5% del conjunto del organismo, aunque con fuertes diferencias entre países. La OCDE reúne a 38 economías desarrolladas con realidades salariales, productivas y fiscales muy diversas. De los 19 países con datos disponibles sobre la renta de los hogares en el segundo trimestre, 12 registraron avances respecto al inicio del año y 7 experimentaron una desaceleración, aunque solo 4 anotaron caídas (Australia, Chile, Dinamarca y Países Bajos). Polonia fue el país donde más aumentó el ingreso real de los hogares (3,1%), impulsado por la baja inflación y el incremento de las prestaciones sociales y los ingresos por propiedad. Allí, el PIB per cápita también creció con fuerza (0,9%). En el extremo opuesto, Chile y los Países Bajos sufrieron descensos del 0,6%, debido en el primer caso al encarecimiento de los precios y en el segundo a la reducción de los ingresos de los autónomos y al aumento de los impuestos. Estos datos llegan en un contexto en el que la economía española muestra un crecimiento sólido y apunta a ser, por segundo año consecutivo, la gran economía desarrollada que más avanzará, cerca del 3% según todas las previsiones, a pesar de las tensiones geopolíticas y comerciales. Aun así, el sentimiento ciudadano es menos optimista, influido por factores como la inflación acumulada desde 2021 -superior al 20% y por encima de la evolución salarial-, el elevado coste de la vivienda y el impacto del aumento de la población en el reparto de la riqueza generada. Pese a estos retos, la renta real de los hogares ha logrado recuperarse en los últimos años y se sitúa por encima de los niveles previos a la crisis financiera de 2007, con un incremento del 9,3% en el segundo trimestre de 2025. En su análisis, la OCDE también presta atención al comportamiento de las economías del G-7. En la mayoría de estos países, la renta disponible de las familias creció en el segundo trimestre, favorecida en parte por una inflación más moderada que la del mismo periodo del año anterior. En Alemania, pese a las dificultades económicas, los ingresos de los hogares subieron un 0,3%, compensando parcialmente el retroceso de casi medio punto de los primeros meses del año. En el Reino Unido, la renta mejoró tres décimas tras un notable descenso del 0,8% en el trimestre anterior, gracias al aumento de los salarios y a una menor presión fiscal. Francia también registró un avance del 0,3% en la renta familiar, frente al estancamiento de comienzos de año. Estados Unidos y Canadá mostraron igualmente incrementos moderados (del 0,5% al 0,6% y del 0,1% al 0,2%, respectivamente). Italia, en cambio, perdió impulso: la renta disponible de sus hogares creció un 0,3% entre abril y junio, menos que el 0,8% previo, debido en gran medida a una reducción de la remuneración salarial, según la OCDE.

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(El Economista, 11-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno lanza un salvavidas a las renovables: subirá su retribución un 28%

El Ministerio para la Transición Ecológica está elaborando una orden ministerial para actualizar los parámetros retributivos del régimen específico aplicable a las instalaciones de energías renovables, cogeneración y residuos durante el periodo 2026-2031. El borrador plantea una rentabilidad razonable del 7,09% para la mayoría de las instalaciones que reciben primas y del 7,398% para aquellas que cumplen las condiciones especiales recogidas en la Ley 24/2013. Con estos ajustes, el Ejecutivo calcula que el coste anual asociado a estas tecnologías volverá a aumentar tras varios años de descensos. En concreto, estima que renovables y cogeneración percibirán 5.908 millones de euros en 2026, frente a los 4.600 millones del año previo, lo que supone un incremento de 1.300 millones, un 28,4% más. Este aumento también repercutirá en los Presupuestos Generales del Estado. La normativa establece que los costes adicionales derivados de la generación eléctrica en los sistemas aislados de los territorios no peninsulares -valorados en 147,5 millones- deben ser sufragados a la mitad por las cuentas públicas, por lo que en 2026 se prevé una aportación de alrededor de 73 millones. La evolución reciente del mercado, marcada por un aumento en los vertidos de energía renovable, ha reducido las horas efectivas de funcionamiento de varias tecnologías. Para cuantificar este efecto, el Gobierno ha comparado el periodo 2023-2025 con la media de 2017-2022, solo con las plantas que continuarán operativas a partir de 2026. El resultado muestra descensos del 29% en cogeneración, del 28% en biomasa, del 21,8% en biogás, del 10,3% en termosolar, del 9,67% en eólica y del 8,9% en fotovoltaica. La propuesta se somete ahora a exposición pública tras la última revisión extraordinaria realizada al inicio del periodo regulatorio 2023-2025. La actualización sigue la metodología del Real Decreto 413/2014 y ajusta tanto la retribución a la inversión como la retribución a la operación para todas las instalaciones tipo incluidas en el régimen específico. El documento prevé precios de mercado de 62,24 euros por MWh en 2026, 59,53 euros en 2027 y 58,78 euros desde 2028 en adelante, lo que dibuja un escenario de precios moderados tras los fuertes vaivenes de los últimos años. Estos valores influyen directamente en los ingresos reconocidos a las instalaciones con derecho a primas. La orden incorpora además nuevas instalaciones tipo de pequeña potencia para afinar el cálculo de las desviaciones entre el precio real y el estimado. También reduce las horas equivalentes de funcionamiento en varias tecnologías, especialmente fotovoltaica y eólica, para ajustarlas a la nueva realidad operativa del sistema eléctrico. Se recuerda asimismo que este régimen retributivo se financia principalmente mediante los cargos del sistema y que la remuneración final dependerá de cómo evolucionen realmente los precios de mercado. La revisión llega en un momento especialmente sensible para los inversores del sector renovable, que afrontan mayores costes, normas más exigentes y un acceso al mercado más limitado. La fijación de la rentabilidad para los próximos seis años aporta certidumbre regulatoria, aunque la rebaja de horas y de precios de referencia podría recortar los ingresos previstos para algunas tecnologías. El texto permanecerá en consulta pública durante varias semanas antes de su aprobación. El nuevo periodo regulatorio 2026-2031 arrancará el 1 de enero y será decisivo para orientar inversiones, consolidar proyectos en operación y asegurar la estabilidad financiera del despliegue renovable en la próxima década.

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(El Economista, 11-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El alquiler en España se está "desangrando": Menos oferta y menos calidad

"El alquiler está en una situación crítica". Con esta contundencia describe María Matos, responsable de Estudios de Fotocasa, el momento que atraviesa el mercado residencial en España. Según explica, la presión en este segmento se encuentra en niveles récord y podría intensificarse el próximo año, cuando expiren numerosos contratos firmados bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2019. "Hemos consultado a los propietarios qué harán cuando finalicen esos contratos, y el 43% asegura que retirará su vivienda del alquiler tradicional", señala Matos. De acuerdo con las estimaciones del portal, un 16% trasladará el inmueble al alquiler de temporada, un 11% al turístico y un 6% optará por el alquiler por habitaciones. Además, un 23% prevé aumentar las rentas. Este efecto ya comienza a notarse en 2025, aunque, según Matos, "2026 será el año en el que realmente se perciba el impacto, porque durante la pandemia muchos arrendamientos se cancelaron cuando los inquilinos volvieron a sus ciudades, y esos contratos abarcan el periodo 2021-2026". El resultado es un mercado con muy poca disponibilidad y una competencia extrema por cada vivienda, comenta Matos. "Los inquilinos se enfrentan a procesos de selección cada vez más exigentes y a precios inasumibles, mientras los propietarios intentan blindarse ante posibles impagos, daños o intrusiones ilegales". La analista responsabiliza directamente a las políticas de intervención del alquiler aplicadas por el Gobierno de agravar la crisis. A su juicio, el enfoque es incorrecto: "No se puede proteger únicamente a los inquilinos vulnerables sin dar seguridad a quienes ofrecen la vivienda". Recuerda también que "el 90% del parque de alquiler pertenece a particulares", a los que -según afirma- se les está desmotivando con restricciones y límites de precios. Para Matos, la solución pasa por "medidas que incentiven, no que penalicen". Advierte que continuar regulando sin comprender la dinámica del mercado solo conseguirá reducir aún más la oferta. Este contexto ha provocado una caída clara de la inversión en vivienda destinada al alquiler. Entre 2022 y 2024, la intención de comprar un piso para alquilarlo casi se duplicó, del 7% al 13%. "Pero en 2025 baja hasta el 10%, un retroceso notable que evidencia la pérdida de confianza y la falta de seguridad jurídica", indica Matos. La posible extensión de la regulación a los alquileres de temporada y habitaciones podría generar el mismo efecto. "Desde que se aprobó la Ley de Vivienda, el alquiler temporal ha aumentado un 40% y el turístico un 55%. En muchas ciudades ya hay más anuncios de habitaciones que de pisos completos", detalla. Ampliar los topes de precios a estos segmentos sería, en su opinión, "repetir los mismos errores". Cita ejemplos internacionales y nacionales: "En Barcelona los contratos han bajado un 10% en un año, y en Cataluña un 15%, según Incasol". La situación es aún más difícil para los inquilinos porque la oferta que permanece en el mercado suele ser antigua o estar deteriorada. "El 60% de las viviendas del país tendrá más de 60 años en la próxima década. Son inmuebles que requieren reformas profundas, pero la falta de estímulos y la inseguridad disuade a los propietarios de renovarlos", apunta. A ello se suma la retirada de proyectos de obra nueva destinados al alquiler por parte de inversores institucionales. "Se están marchando ante un mercado sujeto a obligaciones en lugar de incentivos", añade. Matos también percibe un cambio en las expectativas de la población: "Cada vez más personas quieren comprar. Un 21% prevé adquirir una vivienda en los próximos cinco años, y un 8% planea hacerlo en menos de dos. Después de años en los que el alquiler era la vía principal para independizarse, vuelve el deseo de tener una casa en propiedad". Según la encuesta de Fotocasa, el 80% busca su primera vivienda, el 10% una segunda residencia y otro 10% compra con fines de inversión. "Se habla mucho de especulación, pero la mayoría busca un hogar. Los datos muestran que el alquiler ya no es una alternativa viable para muchos", subraya. Actualmente, el esfuerzo medio que requiere pagar un alquiler equivale al 47% del salario, y para comprar se necesitan "siete años de sueldo íntegro". Matos insiste en que esta brecha es inédita: "Nunca habíamos afrontado precios tan elevados ni una distancia tan grande entre ingresos y coste de la vivienda".

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