(Cinco Días, 16-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Ibex supera los 19.000 puntos por primera vez en la historia

Los mercados financieros han recibido con optimismo el acuerdo preliminar de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, impulsando una jornada de fuerte alivio en los activos de riesgo. El Ibex 35 llegó a superar momentáneamente los 19.000 puntos, marcando un nuevo máximo histórico, mientras que el petróleo y el gas natural registraban importantes descensos al reducirse el temor a interrupciones en el suministro energético mundial. La reacción de los inversores, sin embargo, ha sido más contenida de lo que cabría esperar ante una noticia de tal magnitud. El motivo es que el posible acuerdo llevaba días descontándose en los mercados, después de múltiples anuncios y filtraciones sobre unas negociaciones que parecían próximas a culminar. A media sesión, el selectivo español moderaba sus avances hasta alrededor del 1%, tras haber llegado a subir más del doble en los primeros compases de la jornada. En paralelo, el precio del barril de Brent retrocedía cerca de un 5%, situándose en torno a los 83 dólares. Aunque sigue por encima de los niveles previos al estallido del conflicto, cuando cotizaba cerca de los 70 dólares, el mercado interpreta que el riesgo de una crisis energética global se ha reducido considerablemente. Los futuros de Wall Street también apuntaban a una apertura claramente alcista, con ganancias superiores al 1%. El acuerdo aún debe formalizarse oficialmente. La firma del memorando de entendimiento está prevista para el próximo viernes en Suiza, aunque los inversores dan prácticamente por hecho que el pacto saldrá adelante. Entre los elementos más relevantes figura la prolongación del alto el fuego, el cese de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz, una infraestructura estratégica para el transporte mundial de petróleo y gas. La relajación de las tensiones geopolíticas ha beneficiado especialmente a los sectores más sensibles al coste de la energía. En las bolsas europeas, las compañías ligadas al turismo, el transporte y el sector financiero lideraban las subidas. En España, IAG y Amadeus figuraban entre los valores más alcistas, mientras que los principales bancos registraban avances significativos. En sentido contrario, las empresas energéticas y petroleras acusaban la caída del crudo, con Repsol encabezando los descensos del mercado español. El optimismo también se trasladó a Asia. La bolsa de Tokio cerró con una subida superior al 5%, mientras que el mercado surcoreano avanzó más de un 5%, acercándose a niveles récord. A este impulso contribuyó igualmente el buen comportamiento reciente de Wall Street y el favorable clima para los activos de riesgo. Pese al entusiasmo inicial, numerosos analistas mantienen la cautela. Consideran que el acuerdo todavía debe concretarse y que la situación en Oriente Próximo sigue siendo delicada. Desde esta perspectiva, la reacción de los mercados responde más a la desaparición de una prima de riesgo geopolítica que a la resolución definitiva de los problemas de la región. Durante los últimos meses, el conflicto ha generado importantes alteraciones en las cadenas mundiales de suministro energético, provocando fuertes oscilaciones en los precios del petróleo y elevando las presiones inflacionistas en numerosas economías. La reapertura del estrecho de Ormuz es considerada un elemento fundamental para restablecer la normalidad en los flujos comerciales internacionales. Más allá de la geopolítica, la atención de los inversores vuelve ahora a centrarse en la evolución de la inflación y en las decisiones de los principales bancos centrales. Los mercados intentarán determinar hasta qué punto el encarecimiento de la energía durante el conflicto ha tenido efectos duraderos sobre los precios y si ello condicionará la política monetaria en los próximos meses. En Europa, la presidenta del Banco Central Europeo ha valorado positivamente el acuerdo, especialmente después de que la institución endureciera recientemente su política monetaria por el impacto de los costes energéticos. En Estados Unidos, la próxima reunión de la Reserva Federal cobra una relevancia adicional en un escenario marcado por la moderación de los riesgos geopolíticos. Los mercados de deuda reflejaban esta nueva situación con descensos generalizados en las rentabilidades de los bonos soberanos. El rendimiento del bono español a diez años se situaba en torno al 3,37%, mientras que el alemán volvía a caer por debajo del 3%. En el mercado de divisas, el euro se fortalecía frente al dólar, beneficiándose de la reducción de la incertidumbre internacional. Durante el conflicto, la moneda estadounidense había actuado como activo refugio gracias a la menor vulnerabilidad energética de la economía norteamericana. Por su parte, el oro registraba fuertes ganancias, impulsado por unas expectativas de tipos de interés más moderadas y por el renovado interés inversor hacia los activos financieros.

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(Expansión, 16-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV advierte del nuevo escenario regulatorio en las criptos desde el 1 de julio

La cuenta atrás para la plena aplicación del reglamento europeo sobre criptoactivos, conocido como MiCA (Markets in Crypto-Assets), entra en su fase decisiva. El próximo 30 de junio finalizará el periodo transitorio establecido para que las empresas del sector adapten su actividad a la nueva normativa comunitaria. Ante la proximidad de esta fecha, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha lanzado una advertencia dirigida tanto a los inversores como a los proveedores de servicios relacionados con criptoactivos. El organismo recuerda que, a partir del 1 de julio, únicamente podrán operar en España aquellas entidades que hayan obtenido la autorización exigida por la regulación europea. El supervisor recomienda a los usuarios extremar la precaución y evitar realizar operaciones con plataformas o proveedores que no hayan completado el proceso de autorización. Estas entidades quedarán fuera del marco de supervisión previsto por MiCA y, por tanto, sus clientes no dispondrán de las garantías y mecanismos de protección contemplados por la normativa. La CNMV también ha instado a los proveedores que no vayan a conseguir la autorización antes de la fecha límite a poner en marcha planes de migración para sus clientes. Estos procedimientos deberán permitir que los usuarios puedan retirar sus criptoactivos hacia otras direcciones o transferir sus fondos a cuentas bancarias, garantizando en todo momento la seguridad de las operaciones y el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Otra de las alternativas contempladas consiste en alcanzar acuerdos con entidades que sí cuenten con autorización para prestar servicios sobre criptoactivos. En estos casos, los clientes podrían aceptar el traslado de sus activos a la nueva plataforma y continuar operando una vez completados los correspondientes procesos de identificación y verificación. El regulador considera fundamental que las empresas afectadas mantengan una comunicación transparente con sus usuarios, informándoles con antelación suficiente sobre los plazos, procedimientos y opciones disponibles durante el proceso de transición. Asimismo, los planes de migración deberán incluir un periodo razonable para que los inversores puedan retirar sus fondos o activos digitales. Una vez concluido dicho plazo, los criptoactivos y el efectivo que permanezcan sin movilizar podrán ser transferidos a entidades debidamente autorizadas, siempre con la correspondiente notificación a los clientes afectados. La entrada en vigor definitiva de MiCA supone un cambio relevante para el ecosistema de los criptoactivos en Europa, al establecer un marco regulatorio común destinado a reforzar la transparencia, la protección de los inversores y la supervisión de un sector que hasta ahora operaba con importantes diferencias normativas entre países.

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(El País, 16-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los hogares españoles se han ahorrado 10 euros al mes durante la guerra gracias al auge de las renovables

La expansión de las energías renovables en España durante los últimos años se ha convertido en uno de los principales factores de protección frente a las turbulencias energéticas internacionales. Tras el fuerte impulso registrado desde 2022, especialmente en la instalación de parques solares fotovoltaicos y, en menor medida, eólicos, el sistema eléctrico español ha reducido notablemente su dependencia del gas natural para fijar el precio de la electricidad. Según un análisis elaborado por Ember, organización especializada en energía y políticas climáticas, esta transformación está permitiendo amortiguar los efectos de la reciente crisis derivada del conflicto en Oriente Próximo y de las tensiones sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. El informe calcula que un hogar medio español se ha ahorrado alrededor de 10 euros mensuales en su factura eléctrica gracias al creciente peso de la energía solar y eólica en el sistema. La clave de esta protección reside en la menor influencia de las centrales de ciclo combinado alimentadas por gas. Mientras que en los primeros cinco meses de 2021 estas instalaciones determinaron el precio de la electricidad en el 52% de las horas, en el mismo periodo de 2026 su participación se ha reducido al 9%. Este cambio responde al importante aumento de la generación renovable registrado en los últimos años. Entre 2021 y 2025, la producción conjunta de energía solar y eólica creció un 37%, permitiendo desplazar una parte significativa de la generación basada en combustibles fósiles. A ello se suma el avance de los sistemas de almacenamiento energético, cada vez más relevantes para aprovechar la producción renovable durante las horas sin sol o con menor generación. Los analistas estiman que, si la relación entre el precio de la electricidad y el coste del gas continuara siendo tan estrecha como en 2021, los consumidores acogidos a la tarifa regulada habrían soportado un incremento cercano al 19% en sus recibos desde marzo de este año. Sin embargo, la creciente penetración de las energías renovables ha limitado considerablemente este impacto. La diferencia resulta especialmente visible al comparar España con otros países europeos más dependientes del gas. Mientras que el mercado eléctrico español ha mantenido precios relativamente bajos durante los primeros meses de 2026, en países como Italia los costes de la electricidad han alcanzado niveles muy superiores debido a su mayor exposición a las variaciones del mercado gasista. Esta evolución ha convertido a España en uno de los ejemplos más citados a nivel internacional sobre los beneficios económicos de la transición energética. Diversos organismos y expertos han destacado cómo la apuesta por las renovables no sólo contribuye a la reducción de emisiones, sino que también fortalece la seguridad energética y reduce la vulnerabilidad ante crisis geopolíticas. El contexto meteorológico también ha jugado a favor. La llegada del conflicto en Oriente Próximo coincidió con una primavera especialmente favorable para la producción eólica, solar e hidroeléctrica. Además, los embalses presentaban elevados niveles de almacenamiento tras varios meses de abundantes precipitaciones, lo que reforzó aún más la capacidad de generación renovable. La situación contrasta con la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en 2022. Entonces, el conflicto estalló en pleno invierno, con una elevada demanda de calefacción y una fuerte dependencia del gas natural, circunstancias que provocaron máximos históricos tanto en los precios mayoristas como en las facturas domésticas. De hecho, el comportamiento del mercado eléctrico durante los últimos meses ha resultado más favorable de lo previsto. A pesar de las tensiones geopolíticas y del incremento registrado en el precio internacional del gas, la combinación de una elevada producción renovable, una menor dependencia de los combustibles fósiles y las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno ha evitado una nueva escalada de precios como la vivida hace cuatro años. Como resultado, numerosos hogares españoles llegaron a pagar en abril y mayo facturas eléctricas inferiores a las registradas en los meses precedentes, una circunstancia que pone de manifiesto el creciente papel de las energías renovables como factor de estabilidad económica y energética.

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(El Confidencial, 16-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Justicia lanza la convocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes una de las mayores convocatorias de acceso a la carrera judicial y fiscal de los últimos años, con un total de 700 plazas. De ellas, 575 se cubrirán mediante oposición libre y las 125 restantes corresponderán al denominado cuarto turno, destinado a juristas de reconocida trayectoria profesional. Según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la convocatoria incluye 375 plazas para jueces y 200 para fiscales, cuyo proceso selectivo arrancará el próximo mes de octubre. Paralelamente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convocará otras 125 plazas de magistrado a través del sistema de concurso-oposición reservado a profesionales con más de diez años de experiencia jurídica. La convocatoria forma parte de un plan más amplio de refuerzo de la Administración de Justicia. El Gobierno trabaja ya en la aprobación de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales, una ampliación de efectivos que el Ejecutivo considera inédita y que prevé materializar en las próximas semanas mediante la aprobación de dos reales decretos. Estas medidas se encuentran actualmente en fase de consulta con el CGPJ, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias transferidas y otros departamentos ministeriales. Desde el Ministerio que dirige Félix Bolaños destacan que la creación de 500 plazas judiciales en un solo ejercicio no tiene precedentes recientes. La cifra supera el número total de plazas creadas durante la última década y supondrá un incremento aproximado del 8,5% en la plantilla judicial. Esta ampliación ha sido posible gracias a la implantación del nuevo modelo organizativo previsto en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. La reforma sustituye los tradicionales juzgados unipersonales por tribunales de instancia, órganos integrados por varios jueces que comparten una única Oficina Judicial encargada de prestar apoyo técnico y administrativo. El nuevo sistema permite aumentar el número de jueces sin necesidad de crear estructuras judiciales completas, reduciendo significativamente los costes. Mientras que la puesta en marcha de un juzgado tradicional suponía una inversión cercana a los 500.000 euros, la creación de una nueva plaza judicial dentro de los tribunales de instancia tiene un coste estimado de unos 100.000 euros. En el ámbito del Ministerio Fiscal, la ampliación también será significativa. La plantilla pasará de 2.804 a 3.004 fiscales, lo que representa un crecimiento del 7,1%. Según los datos del Ejecutivo, en las dos últimas décadas no se había registrado la creación de más de un centenar de plazas de fiscales en un único año. La distribución territorial de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a indicadores como la carga de trabajo de los órganos judiciales, los niveles de litigiosidad y la evolución demográfica de cada comunidad autónoma. Para ello se han tenido en cuenta los informes elaborados por el CGPJ y la Fiscalía General del Estado, así como las propuestas remitidas por las comunidades autónomas con competencias transferidas y por los distintos tribunales superiores de justicia. Con esta convocatoria y la futura ampliación de plantillas, el Gobierno busca reforzar la capacidad de respuesta de la Justicia, reducir la sobrecarga de trabajo existente en numerosos órganos judiciales y avanzar en la modernización del sistema judicial español.

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(Expansión, 15-06-2026) | Fiscal

Hacienda se prepara para embargar ayudas públicas a los morosos de la Administración

El Gobierno está preparando una herramienta informática que permitirá a la Agencia Tributaria retener pagos de ayudas y otros fondos públicos destinados a personas o entidades que mantengan deudas con alguna administración pública. Este sistema, denominado punto neutro de embargos, facilitará el intercambio diario de información sobre pagos, ingresos y obligaciones pendientes entre todas las administraciones, ya sean estatales, autonómicas o locales. El objetivo es impedir que quienes tengan deudas con un organismo público puedan recibir fondos procedentes de otro. Esta medida figura en el proyecto de Real Decreto que regulará el funcionamiento del punto neutro de embargos. El texto, impulsado por el Ministerio de Hacienda, se encuentra actualmente en fase de audiencia e información pública hasta el próximo 25 de junio. La iniciativa tiene su origen en las propuestas formuladas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), creada en 2012 para promover la modernización del sector público y mejorar su eficiencia. Ya entonces, la normativa sobre factura electrónica contemplaba la colaboración entre la Agencia Tributaria, los órganos de recaudación autonómicos y locales, la Tesorería General de la Seguridad Social y los organismos pagadores de las distintas administraciones para compartir información sobre deudores y pagos pendientes. Ahora, Hacienda pretende desarrollar plenamente ese sistema de intercambio de datos mediante una plataforma gestionada por la Agencia Tributaria. Gracias a ella, cualquier administración podrá detectar si una persona o empresa que va a recibir un pago mantiene deudas con otro organismo público y, en su caso, proceder al embargo de las cantidades correspondientes. La puesta en marcha de este mecanismo supone un paso importante en la coordinación entre administraciones para la recuperación de deudas pendientes. Cuando varias administraciones reclamen cantidades a un mismo deudor, el reparto de los fondos retenidos se realizará siguiendo el orden de prioridad establecido por la legislación vigente. No obstante, el reglamento contempla determinadas excepciones. Quedarán fuera de este sistema de embargo las nóminas del personal al servicio de las administraciones públicas, las pensiones de Clases Pasivas, las prestaciones económicas de la Seguridad Social, las devoluciones tributarias derivadas de ingresos indebidos, las transferencias destinadas a la financiación de comunidades autónomas y entidades locales, los fondos de compensación territorial y los pagos comprometidos en moneda extranjera. Por el contrario, sí podrán ser objeto de embargo otros pagos públicos, como los derivados de contratos entre administraciones y proveedores, así como subvenciones y ayudas públicas de distinta naturaleza. La plataforma realizará de forma automática las comprobaciones necesarias para determinar la existencia de deudas y la procedencia de los embargos, aunque el procedimiento incorporará garantías para proteger los derechos de los afectados. Debido al elevado número de organismos que deberán integrarse en este sistema, Hacienda considera imprescindible que todas las administraciones utilicen un modelo común de firma electrónica en las actuaciones relacionadas con los embargos. Con ello se pretende evitar problemas técnicos y facilitar la interoperabilidad entre administraciones. El proyecto establece un periodo transitorio para su implantación. Con carácter general, el reglamento entrará en vigor un año después de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado. Este plazo será aplicable a la Administración General del Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas, las diputaciones, los consejos insulares, las capitales de provincia y los municipios de más de 75.000 habitantes. Los ayuntamientos de menor tamaño dispondrán de seis meses adicionales para adaptarse al sistema, por lo que contarán con un plazo total de dieciocho meses. Además, los municipios con menos de 20.000 habitantes recibirán apoyo técnico por parte de las diputaciones correspondientes. La Agencia Tributaria también podrá poner en marcha una fase piloto de seis meses antes de la implantación definitiva. En consecuencia, el funcionamiento completo de esta plataforma podría no alcanzarse hasta comienzos de 2028.

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(Expansión, 15-06-2026) | Laboral

Oleada de expedientes de regulación de empleo (ERE) en Cataluña en lo que va de año

Las empresas catalanas y diversas multinacionales con una larga trayectoria en Cataluña han impulsado durante 2026 importantes procesos de reestructuración laboral para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Estos ajustes contrastan con la evolución positiva del empleo en la comunidad, que alcanzó en mayo un máximo histórico cercano a los cuatro millones de afiliados a la Seguridad Social. Entre los expedientes de regulación de empleo más destacados figura el de Glovo. La compañía de reparto a domicilio, con sede en Barcelona, llevó a cabo el mayor ajuste de plantilla de una empresa catalana este año. Tras modificar su modelo de negocio y formalizar la contratación de todos sus repartidores, la empresa prescindió finalmente de 436 trabajadores en el conjunto de España. También sobresale el caso de Mediapro, que acordó un ERE para 189 empleados de sus oficinas de Barcelona y Madrid como parte de un plan destinado a reforzar su estabilidad financiera. En el ámbito exclusivamente catalán, la constructora Limak protagonizó el expediente más relevante de 2026. La compañía pactó la salida de 399 trabajadores debido a la próxima finalización de las obras del Espai Barça, uno de los proyectos de infraestructura más importantes actualmente en ejecución en la comunidad. La industria de la automoción continúa siendo uno de los sectores más afectados por la transformación hacia la movilidad eléctrica. En este contexto, Nissan y Ficosa han aplicado despidos colectivos que afectan a 195 y 105 empleados, respectivamente, en sus instalaciones catalanas. A estos ajustes se suma el ERE planteado por Adient, proveedor de asientos de Seat, que contempla la salida de alrededor de un centenar de trabajadores de su planta de Abrera, en el Baix Llobregat. La industria alimentaria tampoco ha escapado a los procesos de reorganización empresarial impulsados por grandes grupos multinacionales. Nestlé ha anunciado un expediente que supondrá la salida de 119 empleados en Cataluña, mientras que PepsiCo ha pactado la desvinculación de 414 trabajadores repartidos entre sus once centros de trabajo en España, incluidos varios ubicados en territorio catalán. Por su parte, el sector tecnológico también está experimentando importantes ajustes en plena expansión de la inteligencia artificial y la automatización de procesos. La empresa de moderación de contenidos digitales Majorel ha despedido a 347 trabajadores en Barcelona, mientras que la consultora tecnológica Capgemini ha culminado un expediente que afecta a 124 empleados en la capital catalana. En conjunto, los despidos colectivos muestran una tendencia claramente al alza. Entre enero y abril se registraron 95 expedientes de regulación de empleo de extinción, un 32% más que en el mismo periodo del año anterior. El número de trabajadores afectados se acerca ya a las 3.000 personas, lo que representa un incremento del 36%, según los datos más recientes del Observatori del Treball i Model Productiu.

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(Expansión, 15-06-2026) | Laboral

Las puertas de la Seguridad Social se abren para la totalidad de los mutualistas alternativos, algo más de 100.000

La aprobación en el Congreso de los Diputados de la esperada pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para los mutualistas ha supuesto un cambio significativo respecto a la propuesta inicial del Gobierno. Tras más de dos años de negociaciones entre el Ejecutivo, los grupos parlamentarios y las asociaciones de afectados, las enmiendas introducidas por el Partido Popular y Junts han ampliado de forma notable el alcance de la medida. La reforma permitirá que los profesionales integrados en mutualidades alternativas puedan trasladar sus derechos al sistema público de Seguridad Social y acceder a sus prestaciones, especialmente a las pensiones de jubilación, que cuentan con mecanismos de revalorización vinculados al IPC y con garantías de cuantías mínimas que no existen en muchos sistemas mutualistas. Aunque los detalles definitivos deberán concretarse mediante un desarrollo reglamentario, las modificaciones aprobadas alteran sustancialmente los planteamientos iniciales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Desde el principio, el Ejecutivo había intentado limitar el impacto económico de incorporar al RETA a los más de 100.000 mutualistas alternativos, profesionales que cotizan a través de sus colegios profesionales en lugar de hacerlo directamente al sistema público. Sin embargo, el texto aprobado amplía considerablemente el número de beneficiarios potenciales. La posibilidad de acceder a la pasarela ya no dependerá de los años previamente cotizados a la Seguridad Social y, además, se extiende también a quienes ya se encuentran jubilados. La nueva regulación beneficiará a abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros, médicos y otros profesionales adscritos a mutualidades alternativas. Se elimina así una de las principales restricciones previstas inicialmente, que impedía acogerse a la pasarela a quienes ya hubieran acumulado al menos quince años de cotización en alguno de los regímenes de la Seguridad Social. Uno de los cambios más relevantes afecta a los mutualistas jubilados. Hasta ahora, este colectivo había quedado excluido de cualquier integración en el sistema público. Con la nueva redacción, también podrán solicitar su incorporación. Esta medida responde a las demandas de numerosas asociaciones de jubilados que perciben prestaciones reducidas, en muchos casos de apenas 400 o 500 euros mensuales. No obstante, la aplicación práctica de esta medida plantea importantes interrogantes. A diferencia de los mutualistas en activo, los jubilados ya están percibiendo prestaciones financiadas con el capital acumulado durante su vida laboral, por lo que el futuro reglamento deberá establecer cómo se articula su eventual acceso a una pensión pública. Entre mutualistas activos y jubilados, la reforma abre la puerta a que más de 120.000 profesionales puedan integrarse en la Seguridad Social. Otro de los aspectos más debatidos durante la tramitación ha sido el denominado coeficiente de conversión, es decir, la fórmula utilizada para transformar las aportaciones realizadas a las mutualidades en años cotizados al RETA. La propuesta inicial contemplaba un coeficiente del 0,77, lo que suponía reconocer únicamente el 77% del tiempo cotizado en la mutualidad a efectos de la Seguridad Social. Sin embargo, la enmienda finalmente aprobada establece el denominado sistema "uno por uno". De este modo, cada año cotizado en la mutualidad se computará como un año completo de cotización en el RETA. Esta modificación resulta especialmente favorable para los mutualistas, ya que durante años la normativa solo les exigía aportar un mínimo equivalente al 80% de la base mínima de cotización de los autónomos. Con el nuevo criterio, esas aportaciones se reconocerán como si hubieran alcanzado el nivel completo exigido en el sistema público. La reforma también introduce cambios para quienes decidan continuar en las mutualidades profesionales. Con el objetivo de reforzar su sostenibilidad y evitar futuras diferencias de protección social, se incrementarán progresivamente las aportaciones mínimas exigidas. Así, las cuotas deberán equivaler al 86% de la base mínima del RETA en 2026, al 93% en 2027 y alcanzar el 100% en 2028, equiparándose plenamente a las cotizaciones mínimas de los trabajadores autónomos integrados en la Seguridad Social. Asimismo, el texto reconoce expresamente el sistema de equivalencia "uno por uno" para los mutualistas mayores de 55 años, garantizando que cada año de aportación a la mutualidad sea considerado como un año cotizado a efectos del cálculo de la futura pensión de jubilación. Otro de los cambios de mayor alcance afecta al propio modelo de mutualismo alternativo. La propuesta inicial del Gobierno contemplaba su desaparición a partir del 1 de enero de 2028, obligando a todos los nuevos profesionales autónomos a incorporarse directamente al RETA. Sin embargo, una enmienda impulsada por Junts elimina esta fecha límite y permite que las mutualidades continúen funcionando como alternativa al sistema público. La decisión supone una importante victoria para estas entidades, que mantendrán su actividad más allá de 2028. La nueva normativa establece que el Gobierno deberá realizar antes del 31 de diciembre de 2030 una evaluación sobre la viabilidad y funcionamiento del mutualismo alternativo. A partir de ese análisis se decidirá si resulta conveniente mantener el modelo o avanzar hacia su eventual integración definitiva en la Seguridad Social. En consecuencia, la reforma no solo amplía el acceso de miles de mutualistas al sistema público, sino que también garantiza, al menos por el momento, la continuidad de un modelo profesional que el Ejecutivo había planteado extinguir en los próximos años.

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(El País, 15-06-2026) | Laboral

El Ibex acata la ley de paridad, pero las mujeres siguen sin llegar a la alta dirección

La cuenta atrás ya ha comenzado para buena parte de las grandes empresas españolas. A partir del 30 de junio entra plenamente en vigor la obligación establecida en la ley de paridad, aprobada en 2024, que exige que las mayores compañías cotizadas del país cuenten con una presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus consejos de administración. En concreto, el sexo menos representado deberá alcanzar al menos el 40% de los asientos. Tras un periodo de adaptación de dos años, el balance general muestra que la mayoría de las empresas del Ibex 35 han cumplido con el objetivo en sus órganos de gobierno. En conjunto, los consejos de administración de las 35 mayores cotizadas españolas suman 423 miembros, de los cuales 181 son mujeres, lo que representa un 42,8%, por encima del mínimo legal exigido. Sin embargo, este avance no se traslada con la misma intensidad a los puestos de mayor responsabilidad ejecutiva. Dentro del Ibex 35 existen 52 consejeros ejecutivos, pero solo cuatro son mujeres, lo que equivale a un 7,7%. Entre los casos destacados figuran Banco Santander, presidido por Ana Botín; Bankinter, con Gloria Ortiz; Acciona Energía, con Arantza Ezpeleta; y Mapfre, con Elena Sanz en la dirección de Mapfre Iberia. También destacan casos de liderazgo femenino en otras grandes compañías. Inditex, con Marta Ortega como presidenta no ejecutiva, y Redeia, presidida por Beatriz Corredor, muestran presencia femenina en posiciones relevantes, aunque no siempre vinculadas a la gestión ejecutiva diaria. En la alta dirección, donde no se incluyen los consejos de administración, las cifras se sitúan por debajo de los objetivos marcados. Las mujeres representan aproximadamente el 27% de las cúpulas directivas del Ibex 35, una mejora respecto a años anteriores, pero aún insuficiente para alcanzar una paridad real. En el conjunto del mercado continuo, el porcentaje se reduce al 23,7%, según datos de consultoras y de los informes de gobierno corporativo. Solo seis compañías del Ibex 35 no alcanzan todavía el mínimo del 40% exigido por la normativa, aunque algunas se encuentran cerca del objetivo, como Puig, Indra y Acerinox. También permanecen por debajo del umbral Grifols, Naturgy y Solaria, esta última como la más rezagada. No obstante, el incumplimiento del porcentaje mínimo no implica necesariamente sanción inmediata. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha precisado que, cuando no sea posible alcanzar exactamente el 40% por el tamaño del consejo, se aplicará el porcentaje más cercano. Además, la ley se dirige a las 35 compañías de mayor capitalización bursátil, lo que introduce diferencias respecto al índice Ibex 35. La pertenencia al selectivo no depende únicamente de la capitalización, sino también de criterios como la liquidez, lo que deja fuera a algunas compañías de gran tamaño que sí están sujetas a la norma. Es el caso de empresas como FCC o CIE Automotive, que presentan una representación femenina en sus consejos cercana al 36%, o Vidrala, que alcanza el 45%. La normativa establece también un calendario de adaptación progresiva. Las empresas afectadas deberán alcanzar el 40% antes del 30 de junio de 2027, mientras que las entidades de interés público no cotizadas tendrán objetivos intermedios del 33% en 2026 y del 40% en 2029, en el consejo y en la alta dirección. El avance hacia la paridad en los órganos de gobierno es significativo, pero la brecha persiste en los niveles de decisión ejecutiva, donde la presencia femenina continúa siendo minoritaria pese a las mejoras registradas en los últimos años.

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(El País, 15-06-2026) | Laboral

El estatuto del becario se estanca en el Congreso tres años después del pacto para frenar los abusos

Han pasado ya tres años desde el 15 de junio de 2023, fecha en la que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo presentó el estatuto del becario en un acto acompañado por los líderes de CC OO y UGT. En aquella ocasión, la ministra defendió que "se ha acabado el tiempo de pensar en los jóvenes en prácticas como asalariados fantasma", mientras el PSOE expresaba públicamente sus reservas sobre el contenido del texto. Desde entonces, la iniciativa ha quedado bloqueada en un proceso de negociación prolongado, sin llegar a materializarse en el Boletín Oficial del Estado pese al tiempo transcurrido y a su reiterada presencia en la agenda del Ministerio de Trabajo. El rechazo inicial de los socialistas, la prioridad otorgada a otras reformas y la falta de una mayoría parlamentaria clara han contribuido a mantener el proyecto en punto muerto. El diseño del estatuto comenzó en la primavera de 2022, con la apertura de conversaciones entre el ministerio, los sindicatos y las organizaciones empresariales. Sin embargo, el proceso ha estado marcado por continuos cambios de rumbo. En otoño de ese mismo año se alcanzó un primer acuerdo con los sindicatos que posteriormente fue descartado para intentar incorporar a la patronal. Aquella primera versión incluía la supresión de las prácticas extracurriculares, consideradas por los sindicatos como una vía de precarización. Con la reapertura de las negociaciones, se elaboró un nuevo texto que mantenía las prácticas extracurriculares, aunque con limitaciones, sin lograr el apoyo de CEOE y Cepyme. El proyecto también contempla medidas como la compensación de gastos de transporte o manutención para los estudiantes en prácticas. El 15 de junio de 2023 el Ministerio de Trabajo presentó oficialmente la propuesta, en un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones generales del 23 de julio. Sin embargo, apenas unas horas antes del acto, desde el Ministerio de Economía y La Moncloa se trasladaron dudas sobre la madurez del texto, calificándolo de "verde" y señalando la necesidad de mayor trabajo técnico. Las discrepancias entre el área de Trabajo y los departamentos económicos del Gobierno han sido una constante durante el proceso, tanto en la legislatura anterior como en la actual. A pesar de ello, el proyecto no llegó a tiempo al Consejo de Ministros antes de las elecciones ni en los meses posteriores, en los que otras reformas concentraron la atención política. No fue hasta noviembre de 2025 cuando el estatuto volvió al Consejo de Ministros, sin modificaciones sustanciales respecto al acuerdo alcanzado con los sindicatos en 2023. Posteriormente, la norma fue remitida al Congreso el 5 de marzo, con un plazo de enmiendas que se ha ido prorrogando en hasta once ocasiones. Desde el espacio político de Sumar se sostiene que el Ministerio de Trabajo lidera las negociaciones con los grupos parlamentarios, aunque el contenido de estas conversaciones no ha sido detallado públicamente. El departamento dirigido por Yolanda Díaz defiende que se trata de una norma clave para garantizar derechos laborales a los estudiantes en prácticas y evitar el uso fraudulento de la figura del becario. En el ámbito parlamentario, la situación es incierta. El PNV ha avanzado la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad, al considerar que el texto no incorpora de forma suficiente la perspectiva educativa y ha sido negociado principalmente desde un enfoque laboral. Sin su apoyo, la aprobación del estatuto queda comprometida. A ello se suma la necesidad de contar con otros socios parlamentarios clave, como Junts, cuyo voto fue determinante en el rechazo de otras iniciativas del Gobierno, como la reducción de la jornada laboral. Con la patronal y diversos actores del ámbito educativo en contra, las opciones de aprobación del proyecto se reducen considerablemente. Mientras tanto, sindicatos como CC OO y UGT insisten en la necesidad de desbloquear la tramitación y advierten del riesgo de que la norma quede atrapada en la dinámica política. También critican que el proyecto siga sin avanzar tras años de negociación y reclaman al Gobierno que acelere su aprobación para forzar una posición clara de los grupos parlamentarios. El estatuto del becario no es el único proyecto de la cartera de Trabajo que enfrenta dificultades. Otras iniciativas, como la ampliación del permiso por fallecimiento o la reforma del registro horario, también dependen de complejos equilibrios políticos y de su posterior validación parlamentaria, lo que mantiene en el aire buena parte de la agenda legislativa del departamento.

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(El Economista, 15-06-2026) | Laboral

Las empresas deberán revisar los pluses para cumplir con la brecha salarial del 5%

Las empresas españolas han iniciado una revisión profunda de sus políticas salariales ante la espera de que el Gobierno concrete cómo aplicará la directiva europea que obligará a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres hasta un máximo del 5% cuando no esté justificada por criterios objetivos. Este nuevo marco normativo obligará a las compañías a analizar no solo los incrementos salariales, sino también la forma en que se asignan los complementos retributivos, uno de los principales factores que explican las diferencias de salario entre géneros. Un estudio del Gabinete Económico de CC OO apunta precisamente a los complementos salariales como el elemento clave en la brecha retributiva. Estas partidas, destinadas a compensar conceptos como la disponibilidad, el trabajo a turnos, la responsabilidad, los idiomas o la peligrosidad, explicarían cuatro de cada diez euros de la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Mientras que la brecha en el salario base se sitúa en torno al 15,5%, esta se eleva hasta el 28,5% cuando se incluyen los pluses. Según el sindicato, estos complementos actúan como el principal canal a través del cual se materializan las diferencias salariales. En términos medios, la brecha anual entre hombres y mujeres alcanza los 371 euros, de los cuales 145 euros se atribuyen directamente a estos conceptos variables, según datos elaborados a partir del INE de 2022. Las desigualdades son aún más acusadas en determinados sectores. En las actividades científicas y técnicas la brecha alcanza el 63%, mientras que en los puestos directivos se sitúa en torno al 53%, lo que refuerza el peso de los complementos como factor determinante en las diferencias retributivas. En el ámbito privado, la brecha salarial es superior a la del sector público, tanto en términos anuales como por hora trabajada. En el sector privado alcanza el 31% anual, frente al 9% del sector público, mientras que por hora se sitúa en el 15%. Será precisamente este último indicador el que utilizará la normativa europea como referencia, al excluir las diferencias derivadas del número de horas trabajadas. La directiva comunitaria fija como objetivo reducir la brecha no justificada por debajo del 5% y establece además la obligación de que las empresas de más de 100 trabajadores informen sobre las diferencias salariales desglosadas por conceptos, incluidos los complementos. Esto ha llevado a muchas compañías a comenzar revisiones internas de sus estructuras retributivas, incluso antes de que el Gobierno complete la transposición de la norma. En este contexto, los expertos en recursos humanos advierten de que los complementos salariales pueden convertirse en el principal foco de análisis en las futuras auditorías retributivas. Mientras que el salario base suele estar más estandarizado por convenio colectivo, los pluses introducen mayor variabilidad, especialmente cuando no están claramente definidos o asociados a criterios objetivos. Los especialistas señalan que muchos de estos complementos responden a decisiones históricas o a necesidades de retención de talento, más que a criterios de diseño actualizados. Sin embargo, alertan de que la falta de transparencia en su aplicación puede generar diferencias difíciles de justificar entre empleados con el mismo nivel profesional. Entre los conceptos más problemáticos se encuentran las denominadas "mejoras voluntarias", los bonus sin objetivos medibles o los complementos personales e históricos, que en muchos casos responden a decisiones individuales o prácticas acumuladas a lo largo del tiempo. La ausencia de criterios homogéneos dificulta la trazabilidad de estas diferencias. Los expertos advierten también de que las empresas pueden enfrentarse a incoherencias internas al revisar estas políticas, con conceptos duplicados o criterios no documentados que han evolucionado de forma desigual. No obstante, destacan que la digitalización y el uso de herramientas de análisis de datos permiten detectar estas discrepancias de forma mucho más rápida y eficiente. Más allá del cumplimiento normativo, los especialistas en recursos humanos consideran que esta revisión puede suponer una oportunidad para las empresas. Una estructura salarial más transparente y coherente no solo ayuda a cumplir con la legislación, sino que también puede mejorar el clima laboral, reforzar la reputación corporativa y facilitar la atracción y retención de talento. En este sentido, la adaptación a la normativa europea se interpreta como un impulso para ordenar los sistemas retributivos y reducir la desconexión entre las políticas de igualdad y las estructuras salariales reales dentro de las organizaciones.

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