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(El Periódico, 28-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El mercado inmobiliario español sufre un déficit superior a las 730.000 viviendas desde 2021

Sumando tanto vivienda libre como protegida, en España solo se han finalizado unas 474.000 viviendas en los últimos años, una cifra claramente insuficiente si se compara con el crecimiento demográfico, ya que en ese mismo periodo se han formado alrededor de 1,2 millones de nuevos hogares. Esta combinación de fuerte demanda, oferta limitada y poco flexible, junto con grandes diferencias entre territorios, está generando tensiones en el mercado inmobiliario, agravadas además por la incertidumbre económica derivada del conflicto en Oriente Próximo. Durante el último año, la compraventa de viviendas alcanzó niveles que no se veían desde antes de la crisis financiera, con más de 714.000 operaciones, lo que supone un aumento del 11,5%, tras el crecimiento ya registrado el año anterior. Sin embargo, la escasez estructural de vivienda, especialmente en provincias como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia -donde se concentra cerca de la mitad del déficit de obra nueva- seguirá siendo el principal factor que presione los precios en el futuro, según el análisis de CaixaBank. El informe también señala que el incremento de nuevas construcciones no siempre se produce en las zonas donde más se necesita. Aunque en 2025 los visados de obra nueva crecieron un 11,8%, este avance es menor que el del año anterior. Además, existe una relación inversa entre las zonas con mayor déficit de vivienda y el número de nuevas promociones: en provincias como Tarragona, Castellón o Murcia, los nuevos proyectos apenas cubren una pequeña parte de la demanda pendiente, mientras que en otras como Sevilla, Navarra, Córdoba o Asturias la actividad constructora es más intensa. Este desequilibrio se explica por factores locales como la falta de suelo disponible, las limitaciones regulatorias, los costes o la capacidad administrativa, que dificultan aumentar la oferta precisamente en los mercados más tensionados. Si esta situación no cambia, el déficit seguirá creciendo en las zonas más afectadas. El elevado nivel de precios está reduciendo la capacidad de compra de muchas familias, especialmente de los jóvenes y de quienes tienen menos recursos. Según el Banco de España, el porcentaje de hogares propietarios de su vivienda principal descendió hasta el 70,6% en 2024, el nivel más bajo en años recientes. Aun así, la riqueza neta de los hogares aumentó moderadamente y el endeudamiento se redujo, en gran parte por la disminución de deuda y el mayor peso de los activos financieros, más que por un aumento significativo del patrimonio total. De cara a los próximos años, se prevé que los precios de la vivienda sigan subiendo en 2026 y 2027, aunque a un ritmo más moderado y con diferencias importantes según la zona. Se esperan mayores incrementos en áreas donde la demanda había sido más débil, mientras que en los mercados más activos podrían observarse señales de desaceleración. El dinamismo reciente se explica por factores como el crecimiento de la población, la mejora de los ingresos, la fortaleza del empleo y unas condiciones financieras favorables. No obstante, la evolución del mercado también dependerá del contexto internacional. El conflicto en Irán ha incrementado la incertidumbre y podría afectar a la economía a través de tres vías principales: el aumento de la inflación -que podría situarse en torno al 3%-, la caída de la demanda externa y un posible endurecimiento de las condiciones financieras si suben los tipos de interés. De hecho, el euríbor ya ha mostrado repuntes recientes, y los mercados anticipan varias subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo en 2026. Si este endurecimiento monetario se confirma, su impacto sería más visible en 2027. Los tipos de interés influyen directamente en el comportamiento de los hogares. Por ejemplo, a finales de 2025, las familias con hipotecas variables vieron reducir sus cuotas mensuales, lo que les permitió aumentar ligeramente su consumo. En cambio, en periodos anteriores de subidas del euríbor, el gasto se redujo. Esto demuestra cómo las decisiones de política monetaria afectan de forma tangible a la economía doméstica, especialmente en un país donde muchas hipotecas están ligadas a tipos variables.

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(La Vanguardia, 28-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La mitad de los jóvenes de 26 a 34 años que vive con sus padres lo hace porque no puede pagar una vivienda

Casi la mitad de los jóvenes de entre 26 y 34 años que aún vive con sus padres -un 47,3%- señala que lo hace porque no puede asumir el coste de comprar o alquilar una vivienda. Es el motivo más habitual que explican, según los datos sobre acceso a la vivienda de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE publicados este lunes. Además, un 23,6% afirma que ni siquiera se ha planteado independizarse, mientras que solo un 1,9% reconoce que podría permitírselo, pero prefiere seguir viviendo en el hogar familiar. Estos datos vuelven a poner de relieve las dificultades de los jóvenes para acceder a un mercado inmobiliario marcado por la escasez de oferta y el elevado nivel de precios. Si se observa el conjunto de la población joven, el 67,1% de las personas entre 18 y 34 años seguía residiendo con sus progenitores en 2025, lo que equivale a unos 6,26 millones. En este grupo, uno de cada tres no dispone de recursos suficientes para alquilar o comprar una vivienda. Otro indicador de estas dificultades es la existencia de demanda no satisfecha: un 7,6% de las personas mayores de 16 años buscó vivienda activamente durante el último año sin llegar a mudarse. En la mayoría de los casos -casi siete de cada diez- el principal obstáculo fue el alto precio. Este problema se acentúa especialmente en zonas con mercados más caros, como Baleares o Madrid.

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(El Mundo, 28-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Junts asegura que no apoyará el decreto de la prórroga de los alquileres

El grupo de Junts per Catalunya en el Congreso ha reiterado que no respaldará el decreto que plantea ampliar durante dos años los contratos de alquiler y fijar en un 2% el límite de actualización de las rentas, una medida que se votará este martes en la Cámara Baja. Fuentes de la formación trasladaron esta postura después de que el ministro Pablo Bustinduy afirmara que veía factible alcanzar un entendimiento con el partido liderado por Carles Puigdemont. En una entrevista en TVE, el ministro explicó que ese posible acuerdo pasaría por asumir algunas condiciones planteadas por Junts, como la implantación del IVA franquiciado para autónomos, una cuestión que atribuyó al PSOE. Bustinduy también se mostró dispuesto a estudiar incentivos fiscales para los propietarios, una demanda de la formación catalana. Aunque reconoció que dentro de Sumar no existe consenso sobre este punto, consideró que podría valorarse si se garantiza la prórroga de los contratos. A pesar de estas declaraciones, Junts mantiene su rechazo. Según sus fuentes, el decreto que se vota no puede modificarse, por lo que no lo apoyarán, aunque no han precisado si optarán por el voto en contra o la abstención. Desde el partido interpretan, no obstante, que las palabras del ministro evidencian que Sumar ha comprendido sus planteamientos y estaría dispuesto a aplicarlos. En ese contexto, trasladan la presión al PSOE, cuestionando si aceptará negociar o seguirá impulsando sus iniciativas sin contar con una mayoría suficiente. Asimismo, plantean si el Gobierno será el responsable de bloquear medidas que, a su juicio, beneficiarían tanto a inquilinos como a pequeños propietarios. Pese a ello, niegan que existan negociaciones en curso: aseguran que el Ejecutivo ya conoce sus condiciones y que no hay conversaciones abiertas. La tensión entre ambas partes viene de atrás. En la última sesión de control, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, endureció su discurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez, con quien la formación rompió relaciones por supuestos incumplimientos de los acuerdos de investidura. Durante su intervención, incluso cuestionó por qué el presidente no convoca elecciones y criticó que no se haya aprobado el IVA franquiciado para autónomos.

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(El Economista, 27-04-2026) | Fiscal

La justicia aclarará si Hacienda puede formalizar actas de inspección sin llamar al contribuyente para que firme

El Tribunal Supremo (TS) va a pronunciarse sobre las consecuencias legales de que la Agencia Tributaria no cumpla con su obligación de citar al contribuyente para la firma del acta de inspección. El alto tribunal ha admitido a trámite el recurso de un ciudadano al que Hacienda abrió una inspección tras detectar ingresos superiores a 200.000 euros en su cuenta que no fueron declarados en el IRPF. Durante el procedimiento, la Administración le ofreció un trámite de audiencia previa para presentar alegaciones, pero el contribuyente no hizo uso de él. Posteriormente, Hacienda levantó directamente el acta en disconformidad sin convocarle formalmente a una fecha y hora concretas para comparecer. Meses después, le notificó la liquidación correspondiente y la sanción. El afectado recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que desestimó su reclamación al considerar que no se había producido indefensión, dado que tuvo la oportunidad de formular alegaciones previamente. Según este tribunal, la falta de citación podría calificarse como una irregularidad, pero no lo suficientemente grave como para invalidar el procedimiento. Sin embargo, en un auto fechado el 15 de abril, el Tribunal Supremo ha decidido revisar el caso al apreciar interés casacional, ya que no existe una doctrina clara sobre esta cuestión. En concreto, el Supremo deberá determinar si la ausencia de una citación formal al contribuyente para firmar el acta -impidiéndole decidir si lo hacía en conformidad o disconformidad- y la emisión directa del acta en disconformidad suponen una vulneración del procedimiento que conlleve la nulidad de la actuación administrativa. Asimismo, analizará si esta omisión constituye un defecto sustancial que provoque anulabilidad por generar indefensión, al privar al contribuyente de un derecho reconocido por la ley, como es la posibilidad de beneficiarse de una reducción del 30% en la sanción prevista en la Ley General Tributaria.

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(El Economista, 27-04-2026) | Fiscal

Bruselas plantea la coordinación del Impuesto sobre Sociedades en la UE

La Unión Europea está explorando nuevas vías para reforzar su competitividad a nivel global, y una de las iniciativas más destacadas se centra en simplificar su compleja estructura fiscal. En este contexto surge el denominado Régimen Fiscal 28, un sistema opcional que funcionaría en paralelo a los 27 marcos tributarios nacionales actuales. No busca una unificación total de impuestos, como sería igualar los tipos del Impuesto sobre Sociedades, sino facilitar la coordinación entre países, reducir cargas administrativas, aportar mayor seguridad jurídica y evitar la doble imposición, respetando al mismo tiempo la autonomía fiscal de cada Estado miembro. El punto de partida es claro: mientras las empresas operan cada vez más a escala europea, los sistemas fiscales siguen siendo esencialmente nacionales. Esto obliga, especialmente a startups y compañías en expansión internacional, a enfrentarse a múltiples normativas distintas, con procedimientos variados, incentivos desiguales y reglas complejas en ámbitos como los precios de transferencia. Esta fragmentación eleva los costes, complica la gestión y puede frenar la inversión y el crecimiento frente a otras regiones del mundo. Entre las principales propuestas del Régimen 28 figura la creación de una "ventanilla única" o autoridad fiscal principal, que permitiría a las empresas gestionar sus obligaciones de forma centralizada, evitando duplicidades. En cuanto a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, no se plantea una armonización completa, sino establecer criterios comunes de partida -como los resultados contables- con ciertos ajustes, dejando a cada país la potestad de fijar su tipo impositivo. Otro aspecto clave es el tratamiento de las pérdidas en distintos países. En lugar de consolidarlas de manera definitiva -lo que implicaría transferencias de ingresos entre Estados-, se propone un sistema temporal que permita diferir impuestos en el país de origen por las pérdidas generadas en el extranjero, facilitando así la liquidez de las empresas en expansión. El eje central de esta reforma sería la adopción de una normativa europea clara y operativa. Entre las medidas más relevantes destaca la introducción de los llamados "puertos seguros" (safe harbours), pensados para operaciones habituales y de bajo riesgo. Actualmente, tareas rutinarias como servicios administrativos internos o distribución básica generan elevados costes de cumplimiento y supervisión. Con estos mecanismos, se pretende evitar conflictos innecesarios y centrar los esfuerzos en cuestiones más complejas, como la valoración de activos intangibles. La "ventanilla única" también implicaría simplificar la documentación requerida, con un único envío electrónico basado en formatos armonizados que podrían utilizarse en todos los países participantes, reduciendo así la carga burocrática. Asimismo, para evitar discrepancias entre administraciones tributarias, el sistema contempla la designación de una autoridad principal encargada de coordinar el proceso, junto con auditorías conjuntas entre países. Esto permitiría evitar decisiones contradictorias y ajustes fiscales incoherentes. Finalmente, el régimen incluiría un mecanismo ágil para resolver disputas, basado en la directiva europea vigente en esta materia, con el objetivo de ofrecer mayor rapidez y seguridad jurídica en los casos en que exista riesgo de doble imposición sobre los mismos beneficios.

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(El Confidencial, 27-04-2026) | Fiscal

Sánchez pide flexibilizar las reglas fiscales y prolongar los fondos de la UE ante la crisis energética

El Gobierno español ha planteado tres medidas clave a la Unión Europea para hacer frente a la actual crisis energética: la creación de un impuesto extraordinario sobre las grandes empresas energéticas que están obteniendo elevados beneficios por la subida de precios, la ampliación del plazo de los fondos Next Generation EU -cuyo periodo de solicitud finaliza en agosto- y una mayor flexibilidad en las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Así lo explicó el presidente Pedro Sánchez a su llegada a la reunión de líderes europeos celebrada este viernes en Nicosia, en Chipre. Sánchez propuso abrir el debate sobre una relajación de las normas fiscales comunitarias, similar a la que ya se ha aplicado en el ámbito del gasto en defensa, pero orientada en este caso a impulsar inversiones en electrificación y transición energética. Esta idea guarda cierta similitud con la defendida por el ministro de Finanzas italiano, Giancarlo Giorgetti, y respaldada por la primera ministra Giorgia Meloni, aunque con matices. Mientras Italia busca mayor margen general para gestionar su déficit, España plantea limitar esa flexibilidad a proyectos vinculados a energías renovables y electrificación. Por su parte, la Comisión Europea ha presentado recientemente propuestas centradas sobre todo en reforzar la coordinación entre países, y se espera que próximamente concrete un marco más flexible en materia de ayudas de Estado, que regula cómo los gobiernos pueden apoyar a empresas y sectores afectados. Meloni consideró adecuada esta flexibilización, aunque advirtió de que no todos los países cuentan con el mismo margen presupuestario, por lo que planteó fórmulas similares a las utilizadas en el ámbito de la defensa, como la emisión de deuda conjunta europea para financiar determinados gastos. Otra de las propuestas españolas pasa por extender entre seis y doce meses el plazo para solicitar los fondos del programa Next Generation EU, creados tras la pandemia para reactivar la economía. Aunque la Comisión ha reiterado en varias ocasiones que no prevé modificar el calendario, España defiende ampliar ese periodo para destinar nuevos recursos, especialmente a proyectos relacionados con la electrificación. Finalmente, Sánchez insistió en la necesidad de implantar un gravamen extraordinario a las grandes compañías energéticas, siguiendo la línea de iniciativas adoptadas durante la crisis derivada de la guerra en Ucrania. El objetivo sería obtener ingresos adicionales para financiar medidas de apoyo a ciudadanos, empresas e industrias. El presidente subrayó que se requieren más recursos para avanzar en la transición energética, reforzar las interconexiones y reducir la dependencia energética.

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(El Confidencial, 27-04-2026) | Fiscal

Hacienda notifica que el déficit se estancará cerca de los 37.000 millones de euros

España ha sido uno de los países de la Unión Europea que más ha logrado reducir su déficit público en los últimos años, pero esa tendencia parece estar perdiendo fuerza. El Ministerio de Hacienda ha comunicado a Bruselas que la disminución del déficit se ralentizará y se mantendrá en torno al 2,1% del PIB. En términos absolutos, incluso aumentará ligeramente hasta los 36.955 millones de euros, unos 175 millones más que el año anterior. Esta información forma parte del informe semestral que los Estados miembros deben remitir a la Comisión Europea dentro del marco presupuestario común. Tras varios años de ajustes intensos, el Gobierno prevé que en 2026 ese ritmo se detenga. Entre 2021 y 2025, España redujo el déficit a un promedio de 1,5 puntos del PIB al año, más del doble que la media europea. Sin embargo, este ejercicio no registrará mejoras si se excluye el impacto extraordinario de la DANA. En 2025, el déficit se redujo en 0,8 puntos del PIB, o en un punto completo sin contar el coste de las inundaciones. No obstante, el dato de 2024 estuvo condicionado por la imputación de unos 6.500 millones de euros en devoluciones derivadas de sentencias judiciales, lo que facilitó el ajuste posterior. De cara a 2026, el Estado ya no afrontará el gasto asociado a la DANA ni parte de las medidas adoptadas por la crisis comercial con Estados Unidos. A cambio, deberá asumir nuevos costes relacionados con la situación en Oriente Medio. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, las primeras medidas adoptadas supondrán un gasto equivalente al 0,3% del PIB. Este organismo incluso prevé que el déficit aumente hasta el 2,6%, lo que podría poner en riesgo el superávit primario alcanzado el año anterior. Este freno en la reducción del déficit contrasta con el buen comportamiento de la economía y la inflación. El Ejecutivo estima un crecimiento nominal del PIB del 4,3%, lo que favorecerá la recaudación. De hecho, los ingresos públicos podrían alcanzar el 46,1% del PIB, su nivel más alto desde 2022, con un crecimiento del 8,6% en el arranque del año. Sin embargo, el aumento de los ingresos no basta para compensar el fuerte incremento del gasto, en un contexto además marcado por el ciclo preelectoral en distintas administraciones, que suele impulsar el desembolso público. La AIReF advierte de que España podría incumplir las reglas fiscales tanto europeas como nacionales. Uno de los factores que explican esta situación es el mayor coste de los intereses de la deuda, que se situarán en torno a los 42.000 millones de euros, unos 1.700 millones más que el año anterior. Aun así, en proporción al PIB se mantendrán estables gracias al crecimiento económico. El Gobierno también prevé incrementar la inversión pública hasta los 51.700 millones de euros, lo que supone 2.100 millones más que en 2025, aunque su peso sobre el PIB se mantendrá sin cambios debido al crecimiento de la economía. En paralelo, la reducción de la deuda pública también se ralentizará. Según las previsiones remitidas a Bruselas, apenas bajará del 100,6% al 100,3% del PIB, una caída mucho menor que la registrada el año anterior. En conjunto, pese al crecimiento económico y al aumento de la recaudación, el Ejecutivo anticipa un estancamiento en la reducción del déficit. Esto contrasta con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea, que exigen limitar el crecimiento del gasto. Aunque el objetivo era situarlo en el 3,5%, la AIReF calcula que alcanzará el 5,9%. El propio plan fiscal del Gobierno contemplaba una moderación progresiva del gasto a lo largo del tiempo, pero en la práctica está ocurriendo lo contrario. Según la AIReF, el gasto crecerá este año más que en 2025, lo que refleja las dificultades para aplicar ajustes en la fase final de la legislatura.

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(El País, 27-04-2026) | Laboral

Turnos partidos, el principal escollo para trabajar en hostelería

El sector turístico vive una situación contradictoria: nunca antes había contado con tantos trabajadores afiliados -unos 2,75 millones a finales de 2025- y, sin embargo, cada vez resulta más difícil cubrir los puestos disponibles en hoteles, restaurantes, bares y cafeterías. Para hacer frente a esta escasez, las empresas han intentado mejorar las condiciones ofreciendo subidas salariales pactadas en convenio y, en muchos casos, facilitando alojamiento a los empleados en zonas costeras, donde el elevado precio de la vivienda reduce notablemente el poder adquisitivo. No obstante, el problema va más allá del sueldo. Uno de los principales obstáculos es el turno partido, un tipo de jornada que obliga a trabajar por la mañana, hacer una larga pausa y retomar la actividad por la tarde hasta la noche. Este horario dificulta enormemente la conciliación personal y familiar. Desde los sindicatos se insiste en que no basta con mejorar los salarios, sino que es fundamental ofrecer condiciones laborales más compatibles con la vida fuera del trabajo, lo que pasa, entre otras cosas, por reducir o eliminar este tipo de turnos. En este contexto, los representantes sindicales negocian nuevos convenios en distintas zonas turísticas, proponiendo alternativas como generalizar los turnos continuos en determinados establecimientos -por ejemplo, hoteles con todo incluido- y limitar los turnos partidos a casos concretos, como temporadas de alta demanda. Más allá de la conciliación, este tipo de jornada también está provocando que muchos trabajadores abandonen el sector en busca de empleos con mejores condiciones. La distancia entre el domicilio y el lugar de trabajo, junto con el encarecimiento del combustible, agrava la situación. Algunas empresas públicas ya han comenzado a estudiar cambios, incluyendo pruebas piloto para implantar turnos continuos de forma más amplia. Por su parte, las organizaciones empresariales reconocen la necesidad de mejorar la conciliación, pero la vinculan a una mayor flexibilidad laboral. Entre las propuestas destacan la distribución irregular de la jornada a lo largo del año o el fomento del empleo a tiempo parcial, especialmente entre jóvenes. Sin embargo, estas medidas son rechazadas por los sindicatos, que consideran que pueden aumentar la precariedad y la sobrecarga laboral. También genera controversia el uso de contratos temporales para cubrir picos de actividad, habituales en eventos como bodas o banquetes. Desde el sector se critica el aumento de costes asociado a este tipo de contratación, que, según las empresas, dificulta aún más la incorporación de personal en momentos de alta demanda. Algunas compañías han optado por apostar claramente por mejores condiciones laborales. Es el caso de la gestora Canarian Hospitality, que eliminó los turnos partidos desde su creación en 2021. Aunque esto supone un mayor coste, la empresa considera que mejora la calidad de vida de los empleados y, en consecuencia, el servicio al cliente. Esta estrategia también se refleja en altos niveles de satisfacción entre su plantilla, que valora positivamente la posibilidad de conciliar. A pesar de estas iniciativas, el principal reto sigue siendo encontrar trabajadores, algo especialmente llamativo en un contexto de fuerte crecimiento del turismo, que este año podría superar los 100 millones de visitantes internacionales. Las empresas han tenido que replantear sus procesos de selección y diseñar ofertas más atractivas. Factores como la proximidad al lugar de trabajo, el acceso al transporte, la existencia de jornada continua o la oferta de alojamiento se han convertido en elementos clave para captar talento. Otro problema estructural es la falta de perspectivas de desarrollo profesional. A diferencia de otros sectores con salarios iniciales similares, la hostelería no suele ofrecer una carrera profesional clara a largo plazo, lo que reduce la motivación y dificulta la retención de empleados. Además, muchos trabajadores perciben este ámbito como una opción temporal, más que como una profesión de futuro, lo que alimenta la rotación y la fuga hacia otros sectores con mejores expectativas.

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(El Economista, 27-04-2026) | Laboral

Solo un 5% de los trabajadores extranjeros llegan a España con un contrato laboral firmado

España ha puesto en marcha un mecanismo excepcional con el que pretende regularizar la situación de cerca de medio millón de trabajadores que ya residían en el país desde el año pasado. La creación de esta alternativa ha llevado a distintos agentes económicos y sociales a señalar las carencias de los procedimientos habituales para obtener la residencia legal. De hecho, la contratación desde el país de origen apenas representa un 5% de las incorporaciones laborales, según datos recogidos por elEconomista.es. Este sistema permite a las empresas reclutar trabajadores fuera de la Unión Europea para cubrir vacantes, facilitando que el candidato tramite a la vez los permisos de residencia y trabajo gracias a un contrato firmado antes de viajar a España. De este modo, una vez llega y comienza a trabajar, se integra de inmediato en la Seguridad Social. Sin embargo, esta vía presenta diversas limitaciones que explican su escaso peso. El empleador debe demostrar ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que no hay demandantes de empleo en España que puedan ocupar el puesto, además de publicar la oferta en el portal público. Este procedimiento, conocido como acreditación de la Situación Nacional de Empleo (SNE), es el paso previo para solicitar el visado. Existen excepciones a este requisito: cuando el puesto figura en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, cuando se trata de perfiles altamente cualificados o cuando la contratación es temporal dentro de programas colectivos en origen. Estas condiciones reducen la capacidad de las empresas para incorporar trabajadores extranjeros por vías legales, lo que ha llevado al tejido empresarial a reclamar una adaptación del sistema a la realidad actual, marcada por la necesidad de cubrir vacantes derivadas de jubilaciones. Aunque no es la única vía de entrada legal, sí es la que ofrece mayores garantías, al evitar periodos de irregularidad antes de acceder al empleo. Según los datos del Ministerio de Economía, la principal vía de acceso al mercado laboral para los inmigrantes es el arraigo, que concentra el 61% de los casos. En estos supuestos, las personas entran en España -con o sin visado-, pasan un tiempo en situación irregular y posteriormente logran regularizarse. Un 9% sigue un proceso similar sin visado inicial, mientras que un 25% accede mediante solicitudes de asilo que permiten trabajar legalmente. El asilo se concede a personas que no pueden regresar a su país por riesgo de persecución, mientras que el arraigo se otorga a quienes acreditan cierto tiempo de residencia en España junto con vínculos laborales, económicos, familiares o formativos. A finales de 2025, había 394.110 extranjeros con permiso de residencia por arraigo, la cifra más alta desde que existen registros (2013), tras varios años de crecimiento continuo, especialmente desde la pandemia. Este aumento, del 25% interanual, se debe en gran medida a la reforma introducida en 2022, que ha elevado el peso de este colectivo hasta el 11% del total de residentes extranjeros. El Gobierno señala que el 54% de estas personas (más de 214.000) está afiliado a la Seguridad Social, lo que indica que cuentan con empleo formal. La tasa de ocupación es mayor entre los hombres (63%) que entre las mujeres (40,8%), y también varía según el país de origen: Senegal, Paraguay, Nicaragua y Honduras superan el 66% de afiliación, mientras que Venezuela, Brasil y Marruecos se sitúan por debajo del 50%. En conjunto, las personas regularizadas por arraigo constituyen el segundo grupo más numeroso entre quienes tienen permisos temporales de residencia (23%), solo por detrás de los que acceden por otras circunstancias excepcionales. En cambio, las autorizaciones derivadas de programas colectivos de contratación en origen y otras fórmulas temporales apenas representan un 1% (unas 21.800 personas), a pesar de haber crecido un 26% en el último año. La incorporación de trabajadores extranjeros ha sido clave para el crecimiento del empleo en España en los últimos años: más del 60% de los nuevos puestos de trabajo creados recientemente han sido ocupados por este colectivo, y en marzo ya se superaron los 3,2 millones de afiliados extranjeros a la Seguridad Social.

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(El Economista, 27-04-2026) | Laboral

El Supremo obliga a las empresas a reingresar todas las cotizaciones por despedir en los ERTE del Covid

Las empresas que despidieron a uno o varios trabajadores incluidos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) durante la pandemia deberán devolver a la Seguridad Social todas las cotizaciones que se les exoneraron, y no únicamente las correspondientes a los empleados despedidos. En marzo de 2020, en el inicio de la crisis del Covid-19, el Gobierno aprobó un real decreto-ley que permitía a las empresas acogerse a un ERTE debido a la caída de actividad, con la ventaja de quedar exentas de pagar cotizaciones sociales, siempre que cumplieran el compromiso de mantener el empleo. La norma establecía que los trabajadores afectados no podían ser despedidos hasta que transcurrieran al menos seis meses desde su reincorporación. En una sentencia dictada el 15 de abril, el Tribunal Supremo ha sido claro: si una empresa incumple ese compromiso, pierde el derecho a las exenciones y está obligada a reintegrar todas las cotizaciones correspondientes a los trabajadores incluidos en el ERTE, con independencia de que el despido afecte solo a parte de la plantilla o a uno o varios centros de trabajo. Este fallo, elaborado por el magistrado Manuel Delgado-Iribarren, establece criterio definitivo y pone fin a la incertidumbre que existía entre las empresas que, pese a acogerse a estos expedientes, se vieron obligadas a realizar despidos por la caída de actividad. En el caso analizado, una empresa de hostelería con dos restaurantes incluyó a sus doce empleados en un ERTE en abril de 2020. Sin embargo, dos meses después cerró uno de los locales y despidió a cinco trabajadores. Ante esta situación, la Seguridad Social reclamó la devolución de las cotizaciones correspondientes a toda la plantilla durante el periodo en que estuvo vigente el ERTE. La obligación de mantener el empleo durante al menos seis meses tras la reincorporación generó dificultades para muchas empresas a la hora de ajustar sus plantillas en un contexto marcado por restricciones de movilidad y problemas para recuperar la actividad económica. Aunque en algunos casos los tribunales habían dado la razón a las empresas al considerar que la prohibición de despedir podía vulnerar la libertad de empresa, el Supremo aclara ahora que la normativa es inequívoca. Si el ERTE afecta únicamente a un centro de trabajo, el compromiso se limita a ese ámbito; pero si incluye a toda la empresa, la obligación de mantener el empleo alcanza a toda la plantilla. Por ello, en el caso analizado, el despido de parte de los trabajadores supuso el incumplimiento de ese compromiso y la obligación de devolver íntegramente las cotizaciones exoneradas.

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