El Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, el real decreto que establece el marco regulador de los planes de inversión en las redes de transporte y distribución de electricidad en España. Con esta medida, el Ejecutivo autoriza una inversión adicional de 17.900 millones de euros en estas infraestructuras hasta 2030.
Según las previsiones del ministerio, si se suman estas partidas a las inversiones ordinarias ya previstas, el volumen total destinado a las redes eléctricas podría superar los 35.000 millones de euros antes de que finalice la década.
La actividad de las redes eléctricas en España, cuyos ingresos proceden de los peajes incluidos en la factura de la luz, está sometida a regulación para evitar un crecimiento descontrolado de las inversiones.
Las principales compañías del sector, como Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, responsables de las redes de distribución, junto con Redeia, esperaban desde hacía meses la aprobación de esta norma. El sector venía alertando de que la red eléctrica actual presenta un elevado nivel de saturación, lo que dificulta la conexión de nuevos proyectos, entre ellos los centros de datos.
Hasta ahora, la inversión anual financiada mediante los peajes eléctricos estaba limitada al 0,065% del PIB para las redes de transporte y al 0,13% del PIB para las de distribución. El Gobierno ha decidido flexibilizar temporalmente estos límites al considerar que resultaban insuficientes para atender las necesidades derivadas de la transición energética y del elevado número de solicitudes de acceso a la red.
Con este cambio, el Ejecutivo prevé aumentar progresivamente el volumen de inversión hasta 2030 para facilitar el desarrollo de los proyectos previstos. En el caso de la distribución, podrán destinarse hasta 10.200 millones de euros adicionales, repartidos entre 1.020 millones en 2027, 2.550 millones en 2028, 3.060 millones en 2029 y 3.570 millones en 2030.
Por su parte, las inversiones adicionales en la red de transporte, gestionada por Red Eléctrica, ascenderán a un máximo de 7.700 millones de euros, distribuidos en 700 millones en 2027, 1.850 millones en 2028, 2.300 millones en 2029 y 2.850 millones en 2030.
La Generalitat de Cataluña ha prorrogado un año más, hasta 2028, la declaración de zona de mercado residencial tensionado y ha actualizado el listado de municipios afectados. La medida mantiene la regulación en 118 localidades que continúan cumpliendo los requisitos establecidos por la Ley de Vivienda, mientras que 22 municipios salen del régimen de limitación de alquileres al haber mejorado sus indicadores de accesibilidad. Entre ellos figuran Reus, Lleida, Granollers y Mollet del Vallès.
Al mismo tiempo, el Govern ha aprobado una nueva declaración que incorpora 53 municipios que hasta ahora no estaban considerados como zonas tensionadas, pero que actualmente cumplen las condiciones exigidas para aplicar el control de rentas. Con esta ampliación, el número total de municipios con limitación del precio del alquiler asciende a 271, donde reside aproximadamente el 90% de la población catalana.
La consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha defendido que la evolución del mercado demuestra la eficacia de la medida para contener el incremento de los alquileres y mejorar el acceso a la vivienda. Según el Ejecutivo catalán, la regulación ha contribuido a moderar la evolución de los precios en las zonas afectadas.
De acuerdo con la normativa estatal, la declaración de zona tensionada tiene una vigencia de tres años y puede renovarse anualmente siempre que se mantengan determinadas circunstancias, como que los hogares destinen más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda y suministros o que los alquileres hayan aumentado en los últimos cinco años más de tres puntos porcentuales por encima del IPC.
Los últimos datos de la Agència de l'Habitatge muestran que entre el primer trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2026 los alquileres descendieron un 1,3% en las zonas reguladas, mientras que la inflación en Cataluña aumentó un 5,3%. En contraste, en los municipios sin limitación de rentas los precios del alquiler crecieron un 9,5%. No obstante, la Generalitat reconoce que persisten las dificultades de acceso a la vivienda y la escasez de oferta en el mercado del alquiler.
La ampliación aprobada incorpora principalmente municipios de las comarcas de Girona, con 16 nuevas localidades, seguidas de Cataluña Central (9), Camp de Tarragona (7), Barcelona y Penedès (6 cada una), Alt Pirineu i Aran y Lleida (4 respectivamente) y Terres de l'Ebre (1).
En las zonas declaradas tensionadas, los nuevos contratos de alquiler no podrán superar el importe del último contrato vigente en los cinco años anteriores, una vez aplicada la actualización correspondiente. Además, cuando el propietario sea un gran tenedor -persona física o jurídica con cinco o más inmuebles urbanos situados en estas zonas-, el precio del alquiler deberá ajustarse también al índice oficial de referencia de precios.
Trece comunidades autónomas de régimen común han solicitado al Ministerio de Hacienda el aplazamiento, al menos hasta septiembre, de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para este miércoles, en la que el Gobierno pretende abordar la reforma del sistema de financiación autonómica.
La petición se ha formalizado mediante una carta remitida al ministro de Hacienda, Arcadi España, apenas dos días antes de la convocatoria. El escrito está suscrito por los responsables de Economía y Hacienda de Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Castilla y León, así como de Ceuta y Melilla.
Se trata de todas las comunidades de régimen común afectadas por la reforma, con la excepción de Cataluña y Canarias. Esta última ha anunciado que respaldará finalmente la propuesta del Ejecutivo. Tampoco figuran entre los firmantes Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por el PSOE, aunque ambas han manifestado igualmente sus reservas respecto al modelo planteado por el Gobierno.
Las comunidades firmantes consideran que la propuesta presentada por el Ministerio el pasado 6 de julio ha sido negociada únicamente con una parte de los territorios, sin contar con el resto de administraciones autonómicas. Por ello, sostienen que no resulta adecuado intentar aprobar una reforma de esta trascendencia mediante un calendario que, a su juicio, impide un análisis riguroso de la documentación.
Según exponen en la carta, tras la reunión del comité técnico del CPFF celebrada el 14 de julio, Hacienda no remitió la documentación completa hasta el 24 de julio, dejando únicamente tres días hábiles para estudiar un expediente que incorpora modificaciones relevantes sobre elementos estructurales del futuro sistema de financiación.
Las comunidades también cuestionan la oportunidad de impulsar una reforma de este alcance en ausencia de un marco presupuestario estatal plenamente definido. Recuerdan que el Congreso rechazó recientemente la senda de estabilidad y los objetivos de déficit planteados por el Gobierno, y que tampoco existen unos nuevos Presupuestos Generales del Estado aprobados.
A juicio de los gobiernos autonómicos, abordar una reforma que determinará los recursos destinados a financiar servicios públicos esenciales sin disponer previamente de un marco presupuestario consolidado resta seguridad jurídica y rigor al proceso negociador.
Los firmantes subrayan que no se oponen a revisar el sistema de financiación autonómica. Al contrario, consideran necesaria su reforma, pero defienden que esta debe desarrollarse con la participación de todas las comunidades autónomas, con acceso a toda la información relevante y disponiendo del tiempo suficiente para analizar una propuesta de gran complejidad antes de adoptar cualquier decisión.
El respaldo de Canarias al nuevo modelo de financiación autonómica supone un importante impulso político para el Gobierno antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El Ejecutivo canario, integrado por Coalición Canaria, Partido Popular y Agrupación Herreña Independiente, ha decidido apoyar la propuesta tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Hacienda que reconoce las singularidades del archipiélago y prevé una mejora de recursos superior a 1.300 millones de euros anuales destinados a reforzar los servicios públicos esenciales.
El presidente canario, Fernando Clavijo, explicó que el acuerdo es fruto de varios meses de negociación y se articula en torno a cuatro pilares: la reforma del sistema de financiación autonómica, el cumplimiento de la Agenda Canaria, la utilización del superávit autonómico y el desarrollo del denominado Decreto Canario. Entre los compromisos alcanzados destaca la exclusión expresa de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) del sistema de financiación, la liquidación definitiva de la compensación pendiente por el antiguo Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) y la creación de un fondo permanente para compensar los costes derivados de la insularidad y la población ajustada. Asimismo, el futuro decreto incluirá la prórroga de la deducción del 60% del IRPF para La Palma durante 2026 y 2027, además de nuevas ayudas para el sector agrícola afectado por la erupción volcánica.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió que el acuerdo demuestra la eficacia del diálogo institucional y confirmó que Canarias recibirá 611 millones de euros adicionales vinculados a la reforma de los fondos de convergencia, además de poder utilizar durante los próximos tres años 687 millones de euros de superávit y recursos pendientes para financiar inversiones. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, avanzó también que el Consejo de Ministros aprobará nuevas medidas para Canarias, entre ellas 45 millones de euros para el Plan Integral de Empleo, 23,1 millones como compensación por el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo, cerca de 100 millones para infraestructuras portuarias, 30 millones para un plan contra la pobreza y nuevas actuaciones en materia energética, agrícola e hidráulica.
Con este respaldo, Canarias se convierte en la segunda comunidad autónoma que apoya expresamente el nuevo modelo de financiación, tras Cataluña. El apoyo refuerza la posición del Ejecutivo en la antesala del CPFF, aunque la reforma continúa encontrando una fuerte oposición por parte de la mayoría de comunidades autónomas de régimen común, que cuestionan tanto el contenido del modelo como el procedimiento seguido para su negociación. El Gobierno confía en que este acuerdo sirva para consolidar la reforma y facilitar posteriormente su tramitación parlamentaria.
El Ministerio de Trabajo ultima un real decreto ley con el objetivo de reforzar la protección de las personas afectadas por los incendios, ampliando la cobertura más allá de los trabajadores cuyas empresas hayan sufrido daños. La iniciativa, impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende aprobarse en el último Consejo de Ministros antes del parón estival.
La principal novedad será la creación de una prestación temporal destinada a los trabajadores que no puedan desarrollar su actividad como consecuencia directa de los incendios, incluso cuando su empresa no haya resultado afectada. La ayuda también cubrirá situaciones derivadas de evacuaciones obligatorias o de la pérdida de la vivienda habitual a causa del fuego. La nueva prestación será financiada por el Ministerio de Trabajo y consistirá en el abono de un porcentaje de la base reguladora del trabajador, porcentaje que todavía está pendiente de concretarse en el texto definitivo. Además, el decreto contemplará bonificaciones en las cotizaciones sociales para las empresas afectadas.
Con esta medida, el Ejecutivo pretende ampliar la protección ya existente, que actualmente incluye el permiso retribuido de cuatro días por causas climáticas previsto en el Estatuto de los Trabajadores. No obstante, desde el Ministerio precisan que la nueva prestación tendrá carácter temporal y estará vinculada a la actual campaña de incendios. El decreto deberá concretar tanto el periodo durante el que podrá solicitarse como la duración máxima de la ayuda, teniendo en cuenta que las consecuencias de este tipo de emergencias pueden prolongarse durante un tiempo variable.
Según diversas fuentes, la propuesta ha sido negociada con carácter urgente durante los últimos días con organizaciones empresariales, sindicatos y representantes de las comunidades autónomas afectadas por los incendios. Aunque existe un amplio consenso sobre la necesidad de aprobar la medida, todavía permanecen abiertos algunos aspectos técnicos del texto.
La financiación correrá a cargo del Ministerio de Trabajo, sin necesidad de modificar la Ley General de la Seguridad Social. El Gobierno considera que esta vía es viable gracias a la situación financiera del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que acumulaba un superávit de 1.129 millones de euros a marzo de 2026. Aunque el Ejecutivo reconoce que la medida supondrá un importante esfuerzo presupuestario, todavía no ha concretado el coste previsto. Asimismo, el departamento dirigido por Yolanda Díaz no descarta estudiar en el futuro la posibilidad de convertir esta prestación en un mecanismo permanente, aunque esa opción no forma parte del decreto que se encuentra en preparación.
Junto a esta ayuda económica, el Ministerio de Trabajo estudia ampliar el permiso por fallecimiento para quienes pierdan a un familiar como consecuencia de los incendios. La propuesta consistiría en añadir cinco días más al permiso actualmente previsto por la legislación laboral, que es de dos días, ampliables a cuatro cuando resulte necesario realizar un desplazamiento, y aplicable a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. No obstante, esta ampliación todavía genera dudas dentro del propio Ministerio, ya que la iniciativa toma como referencia las medidas aprobadas tras la DANA, una situación con características diferentes, especialmente por las dificultades que existieron entonces para localizar a las personas fallecidas.
El texto definitivo aún no ha sido distribuido a todos los departamentos del Gobierno, aunque existe una predisposición favorable para su aprobación en el Consejo de Ministros. Si finalmente recibe el visto bueno, las medidas entrarían en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y podrían aplicarse a las personas afectadas por los incendios registrados en las últimas semanas.
El Ejecutivo confía también en obtener el respaldo de las organizaciones empresariales, pese a que aún deben concretarse las bonificaciones en las cotizaciones sociales. Desde el Gobierno se enmarca esta iniciativa dentro de una estrategia destinada a reforzar la protección laboral frente a las consecuencias derivadas de fenómenos climáticos extremos.
El Ministerio de Trabajo someterá al Consejo de Ministros una reforma del Estatuto de los Trabajadores que reforzará la protección de quienes denuncien casos de corrupción o infracciones legales dentro de sus empresas. La principal novedad será que cualquier despido motivado por este tipo de denuncias será considerado nulo, equiparándose así a los supuestos de vulneración de derechos fundamentales. Para ello, la iniciativa modificará los artículos 4, 12.2, 27, 53 y 55 del Estatuto de los Trabajadores.
La reforma reconocerá expresamente el derecho de los trabajadores a comunicar posibles delitos o incumplimientos normativos. Cuando se demuestre que el despido constituye una represalia por haber realizado una denuncia, la empresa estará obligada a readmitir al empleado y a abonarle los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta su reincorporación. A diferencia del despido improcedente, la declaración de nulidad impide sustituir la readmisión por una indemnización.
La protección no se limitará a los despidos disciplinarios. También alcanzará otras decisiones empresariales que puedan utilizarse como medida de represalia, como los despidos por causas objetivas, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, traslados, reducciones salariales, cambios de puesto e incluso la extinción del contrato durante el período de prueba, siempre que se acredite su relación con la denuncia realizada por el trabajador.
Con esta modificación, informar sobre posibles conductas ilícitas dejará de poder interpretarse como un incumplimiento del deber de confidencialidad o de la relación de confianza entre empresa y empleado. En consecuencia, comunicar hechos presuntamente irregulares no podrá constituir, por sí solo, una causa válida para justificar un despido.
La futura norma también flexibiliza los mecanismos para acceder a esta protección. El trabajador podrá comunicar los hechos a través de los canales internos de la empresa, ante las autoridades competentes, los tribunales o incluso mediante su difusión pública, incluidos los medios de comunicación. En todos los casos será necesario demostrar la existencia de un vínculo entre la denuncia y la decisión empresarial adoptada para que pueda apreciarse una represalia.
Además, la protección se extenderá a determinadas personas del entorno familiar o cercano del denunciante cuando puedan verse afectadas por medidas de presión relacionadas con la comunicación de los hechos. El objetivo es evitar represalias indirectas dirigidas contra personas vinculadas al trabajador. La reforma establece igualmente que bastará con que el empleado actúe de buena fe y disponga de una sospecha razonable sobre la existencia de una infracción. No será necesario acreditar previamente que se ha cometido un delito. Solo quedarán excluidos de esta protección los supuestos en los que se demuestre una actuación fraudulenta o dolosa, como podría ocurrir si la denuncia se presenta con la única finalidad de impedir un despido previamente comunicado.
Esta modificación formará parte del paquete legislativo contra la corrupción que el Gobierno pretende aprobar y que posteriormente continuará su tramitación parlamentaria. La iniciativa amplía la protección prevista en la ley de 2023 que incorporó al ordenamiento español la directiva europea sobre protección de los informantes. Aunque esa norma ya prohibía las represalias y contemplaba sanciones de hasta un millón de euros, el Ejecutivo considera que la cobertura específica frente al despido seguía siendo insuficiente.
Desde el Ministerio de Trabajo explican que, hasta ahora, la legislación no establecía de forma expresa la nulidad del despido por este motivo, lo que obligaba a los tribunales a valorar cada caso de forma individual y permitía que algunas represalias se justificaran formalmente mediante otras causas. Con la reforma se pretende eliminar esa inseguridad jurídica y garantizar una protección más efectiva para quienes denuncien posibles irregularidades.
El Ministerio reconoce que no existen estadísticas oficiales sobre el número de trabajadores que sufren represalias por informar de conductas ilícitas, ya que este tipo de actuaciones rara vez son reconocidas por las empresas. No obstante, sostiene que se trata de una problemática recurrente y recuerda que la Autoridad Independiente de Protección del Informante ya había señalado la necesidad de reforzar las garantías laborales frente a este tipo de represalias.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha declarado nulo el sistema de control diario mediante el cual responsables o personal de seguridad revisaban las pertenencias de los empleados de establecimientos comerciales al finalizar su jornada para comprobar que no se llevaban productos de la empresa. El tribunal considera que esta práctica vulnera el derecho a la intimidad de los trabajadores.
La resolución responde a una demanda presentada por UGT y CC OO contra Hennes y Mauritz SL (H&M), cuya política obligaba a los empleados del último turno a mostrar diariamente el contenido de sus bolsos antes de abandonar el establecimiento, además de someter sus taquillas a inspecciones periódicas y aleatorias. Aunque el fallo se refiere a esta empresa en concreto, especialistas jurídicos recuerdan que la Audiencia Nacional ya se ha pronunciado en ocasiones anteriores sobre medidas similares, consolidando una doctrina aplicable a otros comercios que utilicen este tipo de controles sin una justificación suficiente.
La sentencia ordena a H&M cesar de forma inmediata estas prácticas y recuerda que, aunque el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores reconoce al empresario la facultad de establecer medidas de vigilancia y control, estas deben ejercerse respetando la dignidad y los derechos fundamentales de la plantilla.
La empresa defendía que las revisiones pretendían prevenir pérdidas derivadas, entre otros motivos, de posibles hurtos cometidos por trabajadores. Sin embargo, la Audiencia Nacional concluye que ese objetivo no basta por sí solo para justificar una medida tan invasiva si no se demuestra previamente la existencia de un problema real y relevante.
Los magistrados destacan que la empresa no aportó pruebas sobre el volumen de pérdidas atribuibles a sustracciones realizadas por empleados. De hecho, reconoció que no podía cuantificar qué parte de las pérdidas procedía de hurtos internos, hurtos externos, fraudes de proveedores o errores administrativos.
Asimismo, la resolución pone de relieve que H&M no presenta un nivel significativo de sustracciones por parte de su plantilla. Durante el período comprendido entre 2024 y 2026 únicamente se produjeron seis despidos disciplinarios relacionados con hurtos o apropiaciones indebidas en una plantilla de aproximadamente 4.600 trabajadores. A juicio del tribunal, estos datos no justifican la implantación de un control sistemático sobre todos los empleados.
La Audiencia considera además que existen mecanismos menos intrusivos para proteger el patrimonio de la empresa con una eficacia similar. Entre ellos menciona la instalación de arcos de seguridad en las salidas destinadas al personal, una medida que permitiría detectar posibles sustracciones sin necesidad de revisar las pertenencias personales de los trabajadores.
Por todo ello, la Sala concluye que la inspección visual de los bolsos supone una restricción injustificada del derecho a la intimidad, ya que persigue una finalidad cuya necesidad no ha quedado acreditada y existen alternativas menos lesivas para alcanzar el mismo objetivo.
Respecto a las inspecciones de las taquillas, el tribunal alcanza una conclusión similar. Considera que estos registros, tal y como estaban previstos por la empresa, no responden a una necesidad concreta de protección del patrimonio empresarial ni de los propios trabajadores. En consecuencia, entiende que constituyen una medida preventiva e intimidatoria dirigida a disuadir conductas indebidas, sin que exista una justificación objetiva que legitime una intromisión de esa naturaleza en la esfera privada de los empleados.
La jubilación deja de ser necesariamente el final de la vida laboral. A partir del 28 de agosto de 2026 entrará en vigor el Real Decreto 416/2026, una norma que busca facilitar el regreso de los pensionistas al mercado de trabajo mediante la modalidad de jubilación flexible, incorporando nuevos incentivos económicos y ampliando las posibilidades de compatibilizar empleo y pensión. Una de las principales novedades es el aumento del porcentaje de jornada que podrá realizarse en un trabajo por cuenta ajena. Hasta ahora era posible trabajar entre el 25% y el 75% de la jornada ordinaria, mientras que la nueva regulación amplía ese margen y permite desempeñar entre el 33% y el 80% de una jornada completa.
La reforma incorpora además un incentivo económico para quienes decidan volver a trabajar después de haber permanecido al menos seis meses jubilados. En estos casos, la pensión compatible con el empleo podrá incrementarse un 25% cuando la jornada laboral represente entre el 55% y el 80% de una jornada completa. Si la actividad se desarrolla entre el 33% y el 55% de la jornada, el complemento será del 15%.
Otra de las novedades más relevantes es la extensión de la jubilación flexible a los trabajadores autónomos. A partir de la entrada en vigor de la norma, los pensionistas podrán compatibilizar su pensión con una actividad por cuenta propia y seguir percibiendo el 25% de la prestación mientras desarrollan dicha actividad.
Para acogerse a esta modalidad será necesario no haber estado dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos durante los tres años anteriores a la jubilación. Con este requisito se pretende garantizar que exista una interrupción real de la actividad profesional y evitar que un trabajador continúe ejerciendo inmediatamente la misma ocupación tras acceder a la pensión. Según los datos correspondientes a junio de 2026, España cuenta con alrededor de 3,5 millones de afiliados al RETA.
La reforma también introduce mejoras para quienes se jubilaron anticipadamente por causas ajenas a su voluntad, como despidos colectivos, despidos objetivos o procesos concursales. En estos casos, las cotizaciones efectuadas durante la etapa de jubilación flexible podrán utilizarse para recalcular la base reguladora y el porcentaje aplicable a la pensión, permitiendo reducir o incluso eliminar los coeficientes reductores aplicados al adelantar la jubilación.
En 2026, la pensión media de jubilación alcanza los 1.572 euros brutos mensuales, mientras que la pensión máxima se sitúa en torno a 3.360 euros mensuales distribuidos en 14 pagas. Durante los cinco primeros meses del año, la Seguridad Social destinó cerca de 50.600 millones de euros al pago de estas prestaciones. La evolución demográfica explica en buena medida el impulso de este tipo de medidas. Entre 2005 y 2025 el número de jubilados pasó de 4,6 a 6,5 millones de personas, lo que representa un incremento del 41,3%. Además, las nuevas altas continúan aumentando: de las 326.949 jubilaciones registradas en 2023 se pasó a 368.065 en 2024 y a 375.324 en 2025, el mayor volumen registrado desde 2005.
Este crecimiento responde tanto al envejecimiento de la población como a la llegada a la edad de retiro de las generaciones del baby boom. A ello se suma una elevada esperanza de vida, que según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística supera los 84 años, alcanzando los 86,5 años en las mujeres y los 81,4 años en los hombres.
La jubilación flexible fue introducida por el Real Decreto 1132/2002 con el objetivo de facilitar una reincorporación gradual al mercado laboral mediante empleos a tiempo parcial por cuenta ajena. Posteriormente, las distintas reformas del sistema de pensiones reforzaron medidas destinadas a retrasar la edad efectiva de jubilación y favorecer el envejecimiento activo, impulsando modalidades como la jubilación parcial, la jubilación activa o los incentivos por prolongar la vida laboral.
Sin embargo, esta modalidad apenas tuvo implantación durante los últimos años. El propio Gobierno reconoce en el Real Decreto 416/2026 que la jubilación flexible no alcanzó los resultados esperados debido a las dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo una vez iniciada la jubilación, aunque sí se observó un aumento de pensionistas inscritos como demandantes de empleo. La reforma forma parte de un proceso más amplio de actualización del sistema de pensiones. En ese marco también se ha recuperado la posibilidad de acceder a la jubilación parcial para el personal laboral del sector público, aunque esta medida no alcanza al personal funcionario.
El Congreso de los Diputados ya convalidó el correspondiente real decreto-ley con 167 votos favorables, 37 en contra y 144 abstenciones. La norma permitirá desbloquear miles de jubilaciones parciales que permanecían paralizadas desde 2025 y establece un sistema gradual para cubrir las vacantes mediante contratos de relevo, priorizando la contratación de personal laboral fijo y recurriendo, cuando no sea posible, a personal temporal. Por su parte, las organizaciones sindicales continúan reclamando que el acceso a la jubilación parcial también se extienda al personal funcionario, una cuestión que sigue formando parte de las negociaciones abiertas con el Gobierno sobre las condiciones laborales en el sector público.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha establecido que los procesos selectivos convocados por las administraciones públicas para estabilizar plazas ocupadas durante largos periodos por personal interino o temporal deben orientarse prioritariamente a consolidar el empleo de quienes ya desempeñan esos puestos, especialmente cuando se trata de trabajadores mayores de 45 años.
En una sentencia dictada el 24 de febrero, el tribunal considera que introducir requisitos que impidan participar a quienes han ocupado esas plazas durante años o que los sitúen en una posición de desventaja frente a otros aspirantes puede vulnerar los principios de proporcionalidad, igualdad y no discriminación. Asimismo, recuerda que la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobada en diciembre de 2021, tiene precisamente como finalidad favorecer la estabilización de este colectivo.
El caso analizado afecta a una trabajadora de una administración local vasca que desempeñó durante una década una misma plaza, primero como interina y posteriormente como trabajadora fija. En 2023 la administración convocó el proceso selectivo para cubrir definitivamente varias plazas, incluida la que ella ocupaba.
La empleada, de 54 años, no pudo optar a cinco de las seis plazas ofertadas porque se exigía un determinado nivel de conocimiento de euskera, un requisito que hasta entonces no había sido necesario para desempeñar esas funciones. La única plaza a la que pudo presentarse fue adjudicada a otro candidato con mayor puntuación, lo que motivó su cese el 24 de diciembre de 2024.
El TSJPV rechaza que el simple hecho de aplicar las mismas bases a todos los aspirantes garantice la legalidad del proceso. A su juicio, la igualdad formal en las condiciones de acceso no impide que determinados requisitos puedan generar un efecto discriminatorio cuando excluyen de forma automática a quienes llevan años desempeñando el puesto que precisamente se pretende estabilizar.
La resolución subraya que la Ley de 2021 nació para corregir una situación de abuso en la utilización prolongada de contratos temporales dentro de la Administración, ofreciendo a estos trabajadores una oportunidad real de acceder a una situación de estabilidad laboral.
El tribunal recuerda además su propia doctrina, fijada en una sentencia de marzo de 2025, en la que ya advertía de que los procesos de estabilización deben tener en cuenta la edad de las personas afectadas. Según la Sala, las prolongadas situaciones de temporalidad pueden derivar en fenómenos de discriminación por edad, especialmente cuando afectan a trabajadores con mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.
En este sentido, sostiene que los procedimientos de estabilización no pueden convertirse en un mecanismo que perjudique precisamente a quienes han ocupado durante años las plazas objeto de consolidación. Por ello, considera que estos procesos deben diseñarse atendiendo a la realidad existente y evitando que los requisitos establecidos frustren el objetivo de reducir la temporalidad en el empleo público.
La sentencia concluye que, en este tipo de convocatorias, debe prevalecer la finalidad de consolidar el empleo de quienes han venido desempeñando las funciones de forma continuada, especialmente cuando se trata de trabajadores mayores de 45 años. En consecuencia, los procesos selectivos deben respetar los principios de adecuación, proporcionalidad y no discriminación, prestando una especial atención a evitar situaciones de edadismo.
La decisión de Estados Unidos e Irán de suspender temporalmente las hostilidades ha sido recibida con optimismo por los mercados financieros, que en las últimas semanas mostraban una creciente preocupación por el impacto que el encarecimiento del petróleo podría tener sobre la inflación mundial. La relajación de las tensiones en Oriente Próximo ha provocado una fuerte caída del precio del crudo, impulsando al mismo tiempo a las bolsas y favoreciendo una recuperación de la deuda pública.
El barril de Brent registra un descenso superior al 8% y cotiza en torno a los 88 dólares, después de haber alcanzado recientemente los 100 dólares por barril. Esta corrección ha reducido la presión sobre los mercados de renta fija y ha favorecido el avance de la renta variable, permitiendo al Ibex 35 marcar nuevos máximos históricos.
Tras trece días de enfrentamientos, Washington y Teherán han optado por dar una oportunidad a la vía diplomática. El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, anunció que el presidente Donald Trump ha decidido conceder un margen a las negociaciones antes de valorar una posible reanudación de las operaciones militares. Los analistas de ING consideran que se trata de una primera señal de desescalada, aunque advierten de que todavía es pronto para normalizar completamente el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz mientras no exista la certeza de que el alto el fuego será duradero. A ello se suma la persistencia de la tensión en el mar Rojo, donde los hutíes aseguran haber atacado varios objetivos en Arabia Saudí.
Los expertos de Deutsche Bank mantienen que el principal foco de riesgo continúa concentrado en el mercado energético y en el transporte marítimo, ya que tanto el estrecho de Ormuz como el mar Rojo siguen operando bajo una elevada incertidumbre. En la misma línea, UBS Global Wealth Management no descarta que el petróleo vuelva a acercarse a los máximos del año si el conflicto se intensifica nuevamente, especialmente en caso de que se produzcan ataques contra infraestructuras energéticas.
No obstante, UBS considera que ambas partes tienen incentivos económicos para restablecer progresivamente la normalidad en las rutas marítimas. Una interrupción prolongada del suministro elevaría el coste de la energía para los consumidores estadounidenses, mientras que una caída sostenida de las exportaciones de crudo dificultaría la financiación de la economía iraní y la provisión de bienes básicos para su población.
La mejora del contexto geopolítico ha impulsado a los mercados bursátiles. Los futuros de Wall Street anticipan avances cercanos al 1% y las principales bolsas europeas registran subidas similares. En España, el Ibex 35 avanza alrededor de un 1,5% y supera temporalmente los 19.852 puntos, estableciendo un nuevo máximo histórico. Desde que recuperó los niveles previos a la crisis financiera a finales del pasado año, el índice español acumula una revalorización cercana al 40% en los últimos doce meses y se aproxima al umbral de los 20.000 puntos. Dentro del selectivo español destacan las subidas de Indra y Banco Santander, mientras que Repsol registra descensos como consecuencia del retroceso del precio del petróleo.
La moderación del crudo también reduce las expectativas de un repunte adicional de la inflación, aunque los inversores permanecen atentos a las próximas decisiones de los bancos centrales. El mercado da prácticamente por hecho que la Reserva Federal mantendrá sin cambios los tipos de interés en su próxima reunión, aunque analizará con detalle el mensaje de su presidente, Kevin Warsh, en busca de señales sobre el calendario de futuros recortes.
Pese al alivio registrado en las últimas sesiones, algunos analistas mantienen la cautela. Ronald Temple, estratega jefe de mercados de Lazard, considera que el riesgo de nuevas subidas del precio de la energía sigue siendo elevado debido al menor nivel de reservas estratégicas y a la limitada capacidad de China para compensar nuevas interrupciones del suministro internacional de petróleo.
La mejora del sentimiento inversor también se ha reflejado en los mercados de deuda. La rentabilidad del bono estadounidense a diez años ha descendido hasta el 4,63%, tras haber superado recientemente el 4,7%, mientras que el rendimiento del bono español con vencimiento en 2036 se ha moderado hasta el 3,58%.
Durante los próximos días, la atención de los mercados se centrará también en los datos de inflación y empleo que se publiquen en Estados Unidos, así como en los resultados trimestrales de grandes compañías tecnológicas como Microsoft, Apple, Amazon y Meta, que servirán para evaluar si las elevadas inversiones en inteligencia artificial siguen respaldando las valoraciones del sector.
En este contexto, Bank of America considera que la reciente corrección sufrida por las empresas vinculadas a la inteligencia artificial podría estar próxima a concluir, aunque recomienda una mayor selección de valores ante un entorno que continúa expuesto a riesgos macroeconómicos, especialmente si se produjera un nuevo repunte del petróleo o un endurecimiento inesperado de la política monetaria.
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