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(Cinco Días, 20-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La AEB reclama a Bruselas retomar la unión bancaria tras más de una década de bloqueo político

La banca española está cerrando filas ante los profundos cambios que se avecinan en el sistema financiero europeo. Tras el movimiento del banco italiano Unicredit, que ha reactivado el debate sobre las fusiones transfronterizas con su oferta sobre el alemán Commerzbank, y ha generado inquietud en las entidades del norte de Europa, la Asociación Española de Banca (AEB) ha presentado a la Comisión Europea un amplio documento con propuestas para reformar la regulación del sector. En este informe, al que han tenido acceso fuentes financieras, una de las principales demandas es reactivar el proyecto de unión bancaria, que lleva más de diez años bloqueado por las diferencias entre países del norte y del sur de Europa. La iniciativa coincide con una consulta pública lanzada por la Comisión Europea en febrero para recoger la opinión del sector financiero, en un intento de simplificar la normativa bancaria, en línea con las reformas impulsadas en Reino Unido y Estados Unidos. En este proceso, tanto los grandes bancos como las patronales del sector -la AEB y la CECA- han coordinado sus planteamientos, aunque han presentado respuestas por separado. El documento de la AEB, de más de cien páginas, analiza los retos del sector y propone diversas medidas. Entre ellas, destaca la necesidad de avanzar en la unión bancaria mediante la creación de un fondo europeo común de garantía de depósitos, que sustituya a los sistemas nacionales. También plantea facilitar la movilidad de capital y liquidez entre países y culminar el desarrollo de un mercado único de capitales. Este proyecto de unión bancaria surgió tras la crisis financiera con tres pilares fundamentales. El primero fue el establecimiento de un supervisor único, función asumida por el Banco Central Europeo a través del Mecanismo Único de Supervisión. El segundo fue la creación del mecanismo único de resolución en 2016, que establece cómo actuar ante la quiebra de un banco y evita recurrir a fondos públicos, como ocurrió en la resolución del Banco Popular en 2017. El tercer elemento, la creación de un fondo común de garantía de depósitos, es el que sigue sin concretarse debido a la oposición de algunos países del norte, que rechazan compartir riesgos con otras economías. Sin embargo, el contexto ha cambiado y ahora son los bancos del sur, tras su reestructuración, los que tienen mayor capacidad de expansión. Entidades como Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter consideran clave completar este proceso para ganar tamaño y poder competir en igualdad de condiciones con los grandes bancos internacionales, especialmente los estadounidenses. No obstante, reconocen que las reticencias políticas persistirán y que las negociaciones serán complejas, aunque ven una oportunidad para avanzar a medio y largo plazo. En este sentido, el Banco Central Europeo ya ha mostrado su apoyo a retomar el debate. Otro de los puntos centrales del documento es la regulación del capital. Aunque los bancos no cuestionan los requisitos actuales, sí critican la acumulación de exigencias por parte de distintos organismos supervisores, como el BCE, la Autoridad Bancaria Europea o los bancos centrales nacionales. Reclaman mayor claridad y estabilidad en los criterios, así como garantías de que no se incrementarán de forma continua los niveles exigidos. Asimismo, proponen mejorar la coordinación entre las múltiples autoridades implicadas -más de una veintena, según el sector- mediante un enfoque conjunto que permita una visión global de las necesidades de capital. Por último, la banca también plantea ampliar el mandato del Banco Central Europeo para que, además de velar por la estabilidad financiera, tenga en cuenta el crecimiento y la competitividad del sector, siguiendo el ejemplo del Reino Unido. También pide que la normativa se articule preferentemente mediante reglamentos -de aplicación directa- en lugar de directivas, y que se evalúe con mayor rigor el impacto de las nuevas regulaciones.

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(Expansión, 20-04-2026) | Laboral

Oficinas de Correos, Seguridad Social y Extranjería comienzan hoy a atender a migrantes para su regularización

A partir de este lunes 20 de abril, las oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería empiezan a atender a personas migrantes interesadas en el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno. La atención presencial se ofrecerá en más de 370 oficinas de Correos, más de 60 de la Seguridad Social y en cinco oficinas de extranjería situadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recuerdan que es imprescindible contar con cita previa, ya que no se atenderá a nadie sin ella. Además, se han establecido franjas horarias específicas para este trámite, con el fin de no interferir en el funcionamiento habitual de las oficinas. Las solicitudes podrán presentarse de lunes a viernes en los siguientes horarios: en la Seguridad Social y en Extranjería, de 16:00 a 19:00 horas, y en Correos, de 8:30 a 17:30 horas. Las comunicaciones posteriores se realizarán preferentemente por el mismo canal utilizado para iniciar la solicitud. Por este motivo, se recomienda completar cuidadosamente los datos personales y de contacto (teléfono, correo electrónico y dirección postal). Si la solicitud se tramita mediante un representante, las notificaciones se enviarán a este. Podrán acogerse a esta regularización los extranjeros que se encuentren en una de estas dos situaciones: haber solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026, o estar en situación administrativa irregular habiendo llegado al país antes de esa misma fecha. El plazo para presentar solicitudes se abrió el 16 de abril, coincidiendo con el inicio del sistema telemático y la posibilidad de pedir cita previa para la atención presencial. Este plazo permanecerá abierto hasta el 30 de junio. Para solicitar cita, se puede acceder a la web de Regularización del Ministerio mediante el sistema Cl@ve, donde es posible elegir oficina, fecha y hora. Quienes no dispongan de Cl@ve pueden informarse sobre cómo obtenerlo o pedir a otra persona que gestione la cita en su nombre. También existe la opción de solicitar cita a través de un formulario web, aunque en este caso no se puede seleccionar ni la oficina ni el día, ya que se asignará automáticamente en función de la ubicación indicada. Otra alternativa es llamar al teléfono 060, disponible en español, con horario de atención de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas. Por último, se recuerda que las citas presenciales son completamente gratuitas, y que nadie puede cobrar por conseguir o facilitar una cita.

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(El Economista, 20-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El PIB per cápita se estanca y se sitúa un 30% por debajo del promedio europeo

España terminó 2025 consolidándose, un año más, como la economía con mayor crecimiento del PIB dentro de Europa. Sin embargo, este avance apenas se traduce en una mejora equivalente de la riqueza por habitante, que muestra un claro estancamiento. Así lo indican los últimos datos de Eurostat, que sitúan el PIB per cápita en 28.320 euros, lo que supone un aumento cercano al 1% respecto a 2024. Con ello, España permanece unos 30 puntos por debajo de la media de la Unión Monetaria. A pesar del crecimiento económico, el país sigue sin acercarse a los niveles de las principales economías de la eurozona. Italia es la referencia más próxima, aunque todavía se encuentra a casi 5.000 euros por persona de distancia al cierre de 2025. La brecha es mayor respecto a Francia, cuyo PIB per cápita supera los 38.000 euros, y aún más con Alemania, que alcanza los 43.210 euros. En este último caso, aunque la economía alemana ha retrocedido ligeramente desde los 44.230 euros registrados en 2022 tras la pandemia, la distancia con España apenas se ha reducido. Esto contrasta con las previsiones de principios de la década pasada, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llegó a plantear la posibilidad de converger con Alemania en este indicador. Uno de los factores que explican el estancamiento de la riqueza por habitante es que, aunque el PIB crece, la población lo hace a un ritmo similar o incluso mayor. Dado el bajo nivel de natalidad, este aumento se debe principalmente a la llegada de inmigrantes. De hecho, en 2025 España destacó como el principal destino migratorio dentro de la Unión Europea, con cifras comparables a las de países como Turquía. A esto se suma el impacto de una recaudación fiscal récord, que superó los 320.000 millones de euros, impulsada en gran medida por el IRPF. El fuerte rendimiento de este impuesto está relacionado, entre otros factores, con la falta de actualización de sus tramos conforme a la inflación en los últimos años, algo especialmente perjudicial tras el repunte de precios derivado de la guerra en Ucrania en 2022 y, más recientemente, del conflicto en Oriente Próximo. Expertos del think tank Bruegel señalan que pueden existir múltiples causas, pero apuntan especialmente a la baja productividad como uno de los principales problemas de la economía española. Resulta significativo que este indicador incluso haya descendido en periodos de crecimiento del PIB. Desde el Instituto de Estudios Económicos, su director general, Gregorio Izquierdo, subraya que una parte importante del crecimiento reciente -con una previsión del 3% para 2025- se diluye al repartirse entre un mayor número de personas y trabajadores, sin que aumente de forma relevante el valor añadido generado por cada uno. En definitiva, el problema de la productividad vuelve a situarse en el centro del debate, ya que su evolución ha sido paralela a la del PIB per cápita, mostrando ambos un estancamiento en los últimos años. El catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, José E. Boscá, califica este comportamiento como "decepcionante" y lo considera uno de los problemas estructurales de la economía española. Según un estudio elaborado por Fedea, BBVA Research y la Fundación Rafael del Pino, desde 2019 la productividad por hora trabajada ha crecido menos de un 3%, apenas unas décimas al año, mientras que el PIB por trabajador sigue cerca de los niveles previos a la pandemia. El informe concluye que este estancamiento se debe, en gran medida, a que el número de trabajadores ha aumentado más que el total de horas trabajadas, lo que mantiene la productividad por ocupado en niveles similares a los de hace casi seis años.

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(La Vanguardia, 20-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Competencia abre 14 expedientes sancionadores en su investigación del apagón

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto varios expedientes sancionadores al detectar posibles incumplimientos en el marco de la investigación sobre el apagón del 28 de abril de 2025, según ha comunicado este viernes. Aunque la identidad de las empresas afectadas se hará pública tras el cierre de los mercados, fuentes del sector señalan que entre las principales implicadas figuran Red Eléctrica e Iberdrola, esta última por la gestión de la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, en Badajoz. En total, podrían haberse iniciado entre una docena y catorce expedientes. El organismo regulador ha actuado dentro del plazo máximo que establece la Ley del Sector Eléctrico, que obliga a iniciar este tipo de procedimientos antes de que transcurra un año desde el incidente, con un margen límite de diez días previos a esa fecha. Este anuncio se produce pocos días antes del inicio en el Congreso de una nueva comisión de investigación sobre el apagón -tras el cierre de la del Senado-, que comenzará el lunes con la comparecencia de representantes del sector eléctrico. Al día siguiente está prevista la intervención de la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, quien podría aportar nuevos detalles. En su informe, el regulador señala que el apagón tuvo un origen "multifactorial", resultado de una sucesión de acontecimientos que fueron desestabilizando el sistema hasta provocar un colapso por sobretensión. Además, indica que durante la investigación se han detectado indicios de posibles incumplimientos de la normativa durante periodos prolongados, que habrían influido en el funcionamiento del sistema eléctrico, aunque no necesariamente constituyan la causa directa del incidente. La CNMC subraya que la apertura de estos expedientes no implica una conclusión definitiva, ya que el proceso puede prolongarse entre nueve y dieciocho meses, dependiendo de la gravedad de las posibles infracciones. Durante este tiempo, las empresas podrán presentar alegaciones y pruebas en su defensa. El apagón, ocurrido hace ahora un año, ha obligado a reforzar la operativa del sistema eléctrico, con un coste acumulado de 666 millones de euros hasta marzo, según datos de Red Eléctrica. Las investigaciones realizadas tanto a nivel europeo como nacional no han señalado responsables claros, lo que ha generado un cruce de reproches entre los distintos actores implicados. En este contexto, la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, llegó a señalar tanto a las compañías eléctricas como al propio regulador. Por su parte, las conclusiones de la comisión del Senado reparten responsabilidades entre Red Eléctrica, las empresas del sector y la propia CNMC, a la que se atribuye retraso en autorizar que las energías renovables participen en el control de la tensión del sistema, un factor considerado clave en el origen del apagón.

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(El Confidencial, 20-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España revela que solo un grupo de edad tiene más ingresos ahora que hace 22 años

La Encuesta Financiera de las Familias publicada por el Banco de España revela que, en 2024, los ingresos de los hogares han logrado superar el récord previo que se remontaba a 2002. Es decir, han sido necesarios más de veinte años para recuperar aquel nivel. En concreto, la renta mediana por hogar alcanzó los 36.100 euros (con una media de 46.300 euros), lo que supone un incremento del 1,6% respecto a comienzos de siglo. No obstante, esta mejora no se ha producido de forma uniforme, sino que varía claramente según la edad. La brecha generacional vuelve a ser determinante: los únicos hogares que han superado ampliamente los niveles de renta de 2002 son aquellos encabezados por personas mayores de 65 años. El resto de grupos sigue por debajo. Para este análisis se utilizan medianas, ya que reflejan mejor la realidad al evitar el sesgo de las rentas más altas. Los jóvenes son los más perjudicados en este periodo. Los hogares cuyo cabeza de familia tiene menos de 35 años registran ingresos un 17% inferiores a los de 2002, lo que equivale a unos 6.500 euros menos al año. También el grupo de entre 45 y 54 años se encuentra un 15% por debajo de los niveles de entonces. A partir de los 55 años la caída es menor, en torno al 4%, aunque sigue siendo negativa. La recuperación solo se observa claramente entre los jubilados: los hogares de entre 65 y 74 años tienen hoy un 37% más de renta que a principios de siglo, mientras que en los mayores de 75 años el aumento alcanza el 50%. Además, hay factores que matizan estos datos, especialmente en los extremos de edad. En el caso de los jóvenes, la estadística se basa en hogares y no en individuos, lo que excluye a quienes aún viven con sus padres, un grupo cada vez más numeroso (más del 60% de los menores de 30 años). Esto implica que los datos reflejan principalmente a los jóvenes que han podido independizarse, generalmente en mejor situación económica, por lo que la realidad global podría ser aún más desfavorable. Por el contrario, entre los mayores de 65 años aumenta el número de hogares unipersonales debido a la mayor esperanza de vida, lo que sugiere que la renta por persona podría haber crecido incluso más que la renta por hogar. El deterioro económico de los jóvenes se intensificó tras la crisis financiera, que disparó el desempleo y redujo los salarios, prolongando una situación adversa durante más de una década. Mientras tanto, las políticas públicas han priorizado la protección de las pensiones, contribuyendo a mejorar progresivamente los ingresos de los mayores. Esto ha ampliado la desigualdad entre generaciones, una brecha que resulta aún más evidente si se analiza la riqueza. En este sentido, la revalorización de los activos -especialmente en los mercados financieros e inmobiliarios- ha beneficiado principalmente a quienes ya contaban con patrimonio, ampliando aún más la distancia entre generaciones. Los datos muestran que la riqueza neta de los hogares con menores de 35 años ha caído de más de 77.000 euros a principios de siglo a menos de 23.000 euros en 2024 (en términos constantes), lo que supone un desplome del 71%. En cambio, los hogares de mayores de 75 años han visto crecer su patrimonio un 81%, pasando de 118.000 a más de 214.000 euros. La diferencia es aún más clara si se compara directamente: a comienzos de siglo, los mayores de 75 años tenían un patrimonio un 52% superior al de los jóvenes. En 2024, esa distancia se ha multiplicado, hasta ser nueve veces mayor.

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(El País, 17-04-2026) | Fiscal

La inflación y el tirón del mercado laboral disparan la fiscalidad sobre salarios y pensiones a niveles récord

La carga fiscal efectiva sobre salarios y pensiones -es decir, el porcentaje de estos ingresos que se destina al pago de impuestos- ha alcanzado niveles sin precedentes en España. El tipo medio aplicado a estas rentas ha aumentado notablemente respecto a los años previos a la pandemia y se sitúa en máximos históricos. En el caso de los sueldos, ha pasado del 15,5% en 2019 al 17,5% estimado para 2025, según datos provisionales de la Agencia Tributaria. En las pensiones, el incremento es aún mayor, superando los dos puntos porcentuales hasta alcanzar un gravamen medio del 10,4%. En conjunto, el tipo efectivo del IRPF -incluyendo también las rentas del capital y otros ingresos- se sitúa ya en el 15,1%, casi dos puntos y medio por encima del nivel anterior a la crisis sanitaria, marcando también un récord. En la práctica, esto significa que por cada euro obtenido, ya sea por trabajo, pensión o ganancias patrimoniales, se paga más a Hacienda que hace unos años. Este aumento, significativo y relativamente rápido, responde a una combinación de factores económicos y fiscales. Uno de los principales es la llamada "progresividad en frío", que se produce cuando la inflación crece con fuerza pero el IRPF no se actualiza. Entre 2020 y 2025, el índice de precios al consumo acumuló una subida del 23,5%, mientras que el impuesto no se ajustó en la misma medida. Cuando los salarios suben en términos nominales -muchas veces para compensar la inflación- pero no se modifican los tramos, mínimos o deducciones del impuesto, los contribuyentes acaban pagando más, aunque su poder adquisitivo real no haya mejorado. Por ello, algunos expertos denominan este fenómeno como el "impuesto de la inflación", ya que se gravan incrementos nominales como si fueran reales. A esta situación se suma la evolución positiva del mercado laboral, con más personas empleadas y salarios más altos en términos nominales, en parte impulsados también por las subidas del salario mínimo. Además, las rentas del trabajo tienen cada vez más peso en el total de ingresos declarados y, a diferencia de otras fuentes como las inversiones, están sujetas a tipos más elevados, lo que empuja al alza el tipo medio global. Las pensiones siguen una tendencia similar. Su revalorización para hacer frente a la inflación ha provocado que algunos jubilados que antes no tributaban superen ahora el umbral mínimo y deban pagar IRPF. Asimismo, al igual que ocurre con los trabajadores, muchos han pasado a tramos superiores sin que eso implique necesariamente una mejora real de su capacidad de compra. Aunque los datos de la Agencia Tributaria son todavía provisionales, reflejan el fuerte crecimiento de estas rentas. En 2025, los salarios brutos de los hogares españoles superaron los 540.000 millones de euros, un 6% más que el año anterior y un 40% por encima de 2019. Por su parte, las pensiones alcanzaron casi los 205.000 millones de euros en ese mismo ejercicio.

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(El Economista, 17-04-2026) | Fiscal

Hacienda rechaza que el traslado laboral "estire" el plazo de la exención por reinversión en vivienda habitual

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha determinado que el cambio de domicilio por razones laborales no permite prolongar indefinidamente el derecho a la exención por reinversión en vivienda habitual. Este beneficio fiscal permite evitar tributar en el IRPF por la ganancia obtenida al vender la vivienda habitual, siempre que el importe se destine a la compra de otra residencia habitual y se cumplan ciertos requisitos. Entre ellos, se exige ocupar la nueva vivienda en un plazo máximo de doce meses desde su adquisición y residir en ella durante al menos tres años seguidos, salvo que existan circunstancias justificadas como fallecimiento, matrimonio, divorcio o traslado por trabajo. Además, en el momento de la venta, la vivienda debe ser la habitual del contribuyente o haberlo sido en los dos años anteriores. También es necesario que la nueva adquisición se produzca dentro de los dos años previos o posteriores a la venta. El Tribunal Supremo estableció en mayo de 2023 que este requisito se considera cumplido en casos de separación, divorcio o nulidad matrimonial que obliguen a uno de los cónyuges a abandonar la vivienda. Sin embargo, el TEAC ha aclarado, en resoluciones de enero y abril, que este criterio no es aplicable a los traslados por motivos laborales. Para fundamentar su decisión, el órgano se apoya en una consulta de la Dirección General de Tributos de febrero de 2023, que señala que, para aplicar la exención, la vivienda debe seguir teniendo la condición de habitual en el momento de la venta o haberla tenido en los dos años anteriores, incluso si el contribuyente ha trasladado su residencia fiscal fuera de España. En el caso analizado, dos contribuyentes compraron su vivienda en 2009 y vivieron en ella hasta 2015. Posteriormente, en 2016, se trasladaron al extranjero por trabajo y vendieron el inmueble en 2021. El TEAC concluye que, al no cumplirse el requisito temporal, no pueden acogerse a la exención fiscal.

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(La Vanguardia, 17-04-2026) | Fiscal

Junts propone deducciones fiscales del alquiler y de la hipoteca para rebatir el decreto de vivienda de Sumar

El grupo parlamentario de Junts per Catalunya en el Congreso presentó este miércoles una proposición no de ley en la que propone impulsar incentivos fiscales relacionados con la vivienda como medida urgente para abordar la situación actual. Al mismo tiempo, reafirma su rechazo a la iniciativa promovida por Sumar que limita las subidas del alquiler y amplía automáticamente los contratos hasta diciembre de 2027. Esta medida será sometida a votación en el Congreso el próximo 28 de abril, aunque por el momento no cuenta con los apoyos suficientes para ser aprobada, pese a la presión del socio minoritario del Gobierno. La propuesta de Junts, que no tiene carácter vinculante, incluye una deducción del 15% en el IRPF por los gastos derivados del alquiler o de la hipoteca de la vivienda habitual, con un máximo de 11.630 euros al año. Además, el partido plantea actuaciones específicas para proteger a los colectivos más vulnerables frente a los fondos de inversión inmobiliaria. También propone que las viviendas de personas mayores que residen en centros asistenciales sigan considerándose vivienda habitual a efectos fiscales, así como establecer incentivos para fomentar el ahorro destinado a la rehabilitación de inmuebles. La formación liderada por Carles Puigdemont defiende que no debe trasladarse a los propietarios la responsabilidad de resolver el problema del acceso a la vivienda, insistiendo en que se trata de una cuestión que debe abordarse desde el ámbito público.

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(Expansión, 17-04-2026) | Laboral

El Tribunal Supremo obliga a compensar los festivos "perdidos" por el calendario laboral

Diversas sentencias recientes del Tribunal Supremo han establecido que, cuando un día festivo coincide con el descanso semanal de un trabajador, la empresa puede estar obligada a compensarlo con un día adicional. Esta situación afecta especialmente a muchos empleados en 2026, ya que algunas festividades, como el 15 de agosto (Asunción de la Virgen) o el 28 de febrero (Día de Andalucía), caen en sábado. La doctrina judicial refuerza la idea de que el calendario laboral no puede utilizarse como justificación para alterar los periodos de descanso reconocidos a los trabajadores. En este sentido, las resoluciones dictadas entre 2025 y 2026 unifican criterio al señalar que las empresas no pueden modificar lo establecido en el convenio colectivo en relación con los días de descanso o asuntos propios, aunque el calendario varíe cada año. No obstante, esto no implica que siempre haya derecho automático a recuperar un festivo que coincida con el descanso semanal. La compensación solo procede cuando, debido a esa coincidencia, el trabajador acaba superando la jornada máxima anual fijada en su convenio. Un ejemplo relevante es la sentencia del Supremo de abril de 2025 sobre un conflicto entre sindicatos y Zara España. En ella se determinó que, si un festivo cae en un día de descanso -como el sábado-, la empresa debe ofrecer un día alternativo únicamente si, como consecuencia, el empleado trabaja más horas de las permitidas por convenio y siempre que el calendario laboral no haya ajustado previamente la jornada para evitarlo. En ese caso concreto, se reconoció el derecho de los trabajadores con jornadas de lunes a domingo y descansos fijados entre semana a recibir un día compensatorio cuando un festivo coincidía con su descanso, garantizando así el cumplimiento de la jornada anual. Siguiendo esta línea, CCOO ha solicitado a las patronales del sector financiero que compensen los festivos que coincidan con sábados mediante días adicionales de descanso. El sindicato recuerda que los festivos forman parte del descanso laboral y subraya la importancia de garantizar el disfrute de los 14 días festivos anuales, además de los descansos semanales y las vacaciones. Tradicionalmente, cuando un festivo coincidía con un sábado -día habitual de descanso-, muchas empresas no lo compensaban, considerándolo un día "perdido". Sin embargo, la nueva doctrina del Supremo cambia este enfoque: en términos generales, si coinciden festivo y descanso semanal, debe existir una compensación. El tribunal insiste en que el derecho a los festivos es independiente del descanso semanal, por lo que la coincidencia de ambos reduce el tiempo total de descanso anual si no se compensa adecuadamente. Por ello, las empresas deben conceder un día adicional o aplicar lo previsto en el convenio colectivo, ya sea mediante ajustes en el calendario laboral o mecanismos de compensación. Eso sí, estos cambios pueden afectar a la distribución de la jornada, pero no al cómputo total anual de horas trabajadas. Este criterio cobra especial importancia en 2026 debido a los festivos que coinciden en sábado, lo que abre la puerta a que muchos trabajadores reclamen días adicionales de descanso. Además, otra sentencia del Supremo de febrero de 2026, relativa a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, refuerza esta línea al establecer que las empresas no pueden modificar las condiciones del convenio alegando la necesidad de ajustar el calendario laboral. En ese caso, la entidad pública alteró el cómputo anual de horas para adaptar los turnos, lo que terminó aumentando las horas de trabajo por encima de lo pactado. El Supremo consideró que se trataba de una modificación unilateral encubierta de la jornada, fuera de los procedimientos legales. En definitiva, si un convenio fija, por ejemplo, 1.750 horas anuales, la empresa no puede incrementarlas para cuadrar turnos. Solo puede distribuir las horas ya acordadas. Si se superan, el trabajador puede impugnar la situación. Finalmente, otra resolución anterior también confirmó que los días de asuntos propios deben disfrutarse según lo establecido en el convenio, es decir, en función de las necesidades del trabajador y no integrados obligatoriamente dentro de los descansos.

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(Expansión, 17-04-2026) | Laboral

Las "Big Four" elevan en 1.245 personas sus plantillas en España

Las empresas de servicios profesionales siguen ampliando sus equipos, a pesar del avance cada vez mayor de la inteligencia artificial en sus procesos. Estas compañías, centradas en áreas como auditoría, consultoría, asesoría legal y operaciones corporativas, cerraron 2025 con una plantilla media que supera los 45.000 empleados en España. En concreto, según el ranking elaborado con datos de 46 firmas representativas, el sector alcanzó los 45.146 trabajadores, lo que supone un crecimiento del 5,9% respecto al año anterior. Aunque este aumento es ligeramente inferior al de los tres ejercicios previos (6,2% en 2024, 8,8% en 2023 y 6,8% en 2022), se traduce en la creación de 2.534 nuevos puestos de trabajo en solo un año. En cuanto a las denominadas Big Four -Deloitte, PwC, EY y KPMG-, su plantilla conjunta superó los 29.000 empleados. En 2025, estos grandes grupos incrementaron sus equipos en un 4,5% de media, hasta alcanzar los 29.029 trabajadores, lo que supone 1.245 más que el año anterior. Deloitte se mantiene como la firma con mayor número de empleados en España, muy por delante de sus competidores. La compañía finalizó el ejercicio con 10.750 trabajadores, un 2,1% más, concentrando aproximadamente un tercio del total de empleados de las Big Four. En segunda posición se sitúa EY, que superó ampliamente los 6.000 profesionales. Tras inaugurar un nuevo edificio en Madrid dentro de su proyecto EY Campus, la firma cerró el año con 6.442 empleados, tras crecer un 8%. KPMG ocupa el tercer lugar, con una plantilla de 6.048 trabajadores, lo que representa un incremento del 4,5%. La firma destaca el esfuerzo realizado en los últimos años para incorporar tecnología, especialmente inteligencia artificial, tanto en sus procesos internos como en los servicios que ofrece. Este cambio ha modificado el perfil profesional demandado, reforzando la contratación de perfiles sénior y especializados, con más de un 20% de nuevas incorporaciones procedentes de áreas STEM. PwC cierra el grupo de las Big Four con 5.789 empleados en España, tras aumentar su plantilla un 5,3% durante 2025. Tras estos grandes actores se sitúa ETL Global, que supera los 2.700 trabajadores tras crecer un 4,4%. Por su parte, BDO alcanzó los 1.676 empleados, con un incremento del 2,8%. Destaca también Afianza Asesores, que ha entrado en el top ten tras integrar una quincena de compañías, elevando su plantilla hasta 1.123 trabajadores, un notable aumento del 73%. En conjunto, las firmas de tamaño medio cerraron el ejercicio con más de 16.000 empleados, lo que supone un crecimiento del 8,7%, duplicando el ritmo de expansión de las grandes consultoras. Según Emilio Álvarez, presidente del REA Auditores, la gestión del talento cobra cada vez más importancia en un contexto en el que la inteligencia artificial está automatizando numerosas tareas. En su opinión, es clave reforzar la visibilidad y el reconocimiento de la profesión, así como reducir la brecha entre la universidad y el mercado laboral, acercando a los jóvenes -incluso antes de iniciar sus estudios superiores- a las oportunidades que ofrece el sector. Asimismo, subraya la necesidad de definir los nuevos perfiles profesionales que demanda el mercado, en línea con las tendencias que están configurando el futuro del trabajo. Entender los cambios generacionales, añade, será fundamental para adaptar la profesión a las expectativas y valores de los más jóvenes.

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