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(Cinco Días, 22-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La banca y el BCE confrontan sus modelos para la simplificación de la normativa financiera

En Madrid se ha escenificado este viernes un intenso choque dialéctico entre la banca española y los reguladores europeos a cuenta de uno de los debates más relevantes del sector financiero: la simplificación de la regulación bancaria que impulsa Banco Central Europeo en Unión Europea. De un lado se situaron las principales entidades financieras españolas, representadas por la Asociación Española de Banca y CECA; del otro, los supervisores, encabezados por el BCE y el Banco de España. La postura del sector la expuso la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, durante unas jornadas organizadas junto a CECA y Unacc. Defendió que Europa necesita impulsar el crecimiento y la inversión, y subrayó que la banca será clave para lograrlo. En ese sentido, reclamó mayor certidumbre en los requisitos de capital, un equilibrio entre estabilidad financiera y competitividad, y avances decididos en la unión bancaria. Según sus cálculos, culminar este proceso podría generar hasta 2 billones de euros en nuevo crédito en Europa, de los cuales 250.000 millones corresponderían a España. Este mensaje fue reforzado por tres de los principales dirigentes bancarios del país: el consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi; el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila; y el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. Torres destacó el papel de los bancos como pieza fundamental para canalizar inversión y mejorar la competitividad, mientras que Grisi señaló la falta de crecimiento como el principal problema europeo y pidió soluciones más ágiles, en lugar de esperar al largo proceso legislativo de Bruselas. Uno de los asuntos centrales del debate fue la fragmentación del mercado financiero europeo y la necesidad de completar la unión bancaria. Gortázar insistió en que este objetivo no pasa únicamente por crear un fondo común europeo de garantía de depósitos, sino también por armonizar otras normas clave, como las mercantiles, fiscales o de insolvencias. Además, defendió una mayor integración de los dos pilares ya existentes de la unión bancaria: la supervisión única y los mecanismos de resolución. Aun así, mantuvo una visión relativamente optimista y señaló que el principal obstáculo actual es la rentabilidad, derivada de la falta de un mercado verdaderamente integrado. La necesidad de profundizar en el mercado único europeo fue uno de los escasos puntos de consenso entre bancos y supervisores. Entre los participantes destacó Frank Elderson, quien coincidió en que el déficit de competitividad europeo está estrechamente ligado a la fragmentación del mercado. En su opinión, la respuesta pasa por más integración, tanto en la unión bancaria como en la unión de los mercados de capitales, algo que también beneficiaría al crecimiento de las entidades financieras. Sin embargo, el consenso desapareció al abordar el alcance de la simplificación regulatoria. Elderson respaldó la idea de simplificar normas, pero marcó distancia respecto a cualquier intento de desregulación. Advirtió de que reducir exigencias podría debilitar la resiliencia del sistema bancario. A su juicio, el objetivo no debe ser rebajar el capital exigido a las entidades, sino diseñar marcos más transparentes y previsibles para fijar esos requerimientos. En una línea parecida se expresó José Manuel Campa, quien recordó que los bancos mantienen niveles de capital 4,8 puntos por encima de lo exigido por los supervisores. Se preguntó por qué ocurre esto y sugirió dos explicaciones: por un lado, la escasa previsibilidad de los requisitos regulatorios, que empuja a las entidades a operar con colchones adicionales; por otro, la posibilidad de que parte de ese capital no se esté destinando a inversiones suficientemente rentables. Tanto Campa como Fernando Restoy rechazaron además una de las principales reivindicaciones del sector: que el BCE incorpore la competitividad como segundo objetivo, junto a su mandato prioritario de preservar la estabilidad financiera.

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(Expansión, 22-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba un plan de ayudas de 6.000 millones para producción eléctrica

El Gobierno prevé aprobar mañana, en el Consejo de Ministros, un nuevo sistema de ayudas de gran volumen destinado a numerosas instalaciones de generación eléctrica vinculadas a grandes industrias. Se trata de la cogeneración, una actividad que afecta a más de un centenar de grandes compañías industriales, entre ellas Azucarera, Atlantic Copper, Borges, BP, Canal de Isabel II, Cargill, Covestro, Dow, Moeve, Repsol, Saica, SEAT, Solvay, Torraspapel y Unilever, entre otras. Con este nuevo mecanismo, el sector podría recibir ayudas superiores a 6.000 millones de euros, desbloqueando uno de los principales problemas que afrontan actualmente tanto la industria como el sector energético en España. Las plantas de cogeneración son instalaciones que aprovechan el calor residual generado en determinados procesos industriales -como los de la industria petroquímica, siderúrgica, papelera o cerámica- para producir electricidad, que posteriormente se inyecta a la red a cambio de una retribución regulada fijada por el Gobierno. En sus mejores años, esta remuneración llegó a acercarse a los 1.000 millones de euros anuales. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas instalaciones han agotado su vida útil regulatoria y han dejado de percibir estas ayudas. Actualmente, se estima que más de la mitad de las más de 600 plantas de cogeneración existentes en España permanecen paradas al haber perdido el acceso a incentivos, una situación que está generando serias dificultades en numerosas empresas. La patronal del sector, Acogen, llevaba años reclamando un nuevo marco regulatorio y retributivo que permitiera reactivar tanto las instalaciones como la inversión. Para obtener el visto bueno de Bruselas y evitar conflictos con la normativa sobre ayudas de Estado, el Ejecutivo ha rediseñado el sistema incorporando un modelo de subastas. A través de este mecanismo, las empresas podrán competir para acceder al nuevo régimen de ayudas. El Consejo de Ministros aprobará el real decreto que servirá de base legal al nuevo sistema, al que seguirán las órdenes ministeriales necesarias para su puesta en marcha. El plan contempla dos subastas: una en 2026 y otra en 2027, con el objetivo de adjudicar hasta 1.200 megavatios (MW) de potencia, repartidos en 600 MW en cada convocatoria. Podrán optar a estas subastas las compañías que renueven sus instalaciones con plantas de alta eficiencia capaces de operar con gas natural o, por primera vez, biomasa, y preparadas para utilizar al menos un 10% de hidrógeno renovable. Las plantas alimentadas con gas tendrán una vida útil regulatoria de 12 años, mientras que las de biomasa contarán con 20 años. Durante ese periodo recibirán una retribución anual determinada por el resultado de las subastas. El coste de estas ayudas, que recaerá sobre el sistema eléctrico y, por tanto, será asumido por los consumidores, se estima entre 414 y 582 millones de euros al año para el conjunto de los 1.200 MW adjudicados. No obstante, esta cifra representa un máximo, ya que el importe final podría reducirse en función de los descuentos obtenidos en las subastas y de las horas reales de funcionamiento de las plantas. Aun así, considerando la duración de las ayudas, los ingresos acumulados para las empresas podrían superar los 6.000 millones de euros, una cantidad que no obtendrían sin este nuevo esquema de apoyo público.

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(Expansión, 22-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las aseguradoras son reticentes a dar cobertura al uso de la IA

La inteligencia artificial está irrumpiendo en el sector asegurador con un efecto doble. Por un lado, como sucede en muchos sectores, obliga a las compañías a adaptarse de forma continua y a destinar importantes recursos para mantenerse competitivas en un entorno de cambio constante. Por otro, el seguro se enfrenta a un desafío adicional: gestionar un riesgo completamente nuevo, del que no existen datos históricos suficientes para calcular coberturas o fijar precios con precisión. Además, se trata de un riesgo cuyas posibles consecuencias y alcance siguen siendo difíciles de prever. Según Eduardo Dávila, presidente y consejero delegado de Sabseg Group, uno de los grandes debates dentro del sector es determinar si ciertos riesgos vinculados a la IA podrían llegar a ser, en parte o incluso por completo, imposibles de asegurar. Algunas grandes aseguradoras, como AIG, Great American Insurance Group y W. R. Berkley, ya han planteado la posibilidad de excluir determinados riesgos asociados a chatbots y agentes de IA en pólizas para grandes empresas, ante el temor de enfrentarse a reclamaciones millonarias por daños. Estas dudas surgen en un contexto en el que se multiplican los errores de alto impacto relacionados con la inteligencia artificial. Un ejemplo es el caso de Wolf River Electric, una empresa de energía solar que demandó a Google por difamación y reclamó al menos 110 millones de dólares después de que su función AI Overview afirmara erróneamente que la compañía estaba siendo demandada por el fiscal general de Minnesota. También un tribunal obligó a Air Canada a respetar un descuento inexistente que había sido ofrecido por su chatbot de atención al cliente. En otro caso, la firma de ingeniería británica Arup perdió 25 millones de dólares tras una estafa en la que delincuentes emplearon una réplica digital de un alto directivo para ordenar transferencias bancarias durante una videollamada. Para reducir este tipo de situaciones, las aseguradoras están imponiendo a sus clientes requisitos más estrictos antes de formalizar pólizas, exigiendo controles operativos rigurosos, supervisión humana efectiva y protocolos sólidos de verificación. José María Elguero, director de líneas financieras del bróker de seguros MDS Group, señala que, aunque actualmente la oferta de seguros específicos para IA sigue siendo limitada tanto en coberturas como en capital asegurado, es probable que en menos de dos años este tipo de seguros se normalice en las empresas españolas, a medida que el sector comprenda mejor la magnitud del riesgo y sus implicaciones. Ante las dificultades actuales, también se estudian alternativas como la emisión de bonos similares a los bonos catastróficos, utilizados para cubrir desastres naturales. Dávila recuerda que cuando surge un riesgo nuevo -como ocurrió con la aviación, la energía nuclear, internet o la ciberseguridad- inicialmente parece imposible asegurarlo, pero con el tiempo se desarrollan estándares, datos y mecanismos de reparto del riesgo que permiten hacerlo viable. La clave, añade, está en determinar si la IA representa un riesgo aislado y específico para cada empresa o si, por el contrario, constituye un riesgo sistémico que afecte de forma generalizada. En este último caso, sería previsible una implicación mucho mayor de gobiernos y reaseguradoras. Por ahora, la realidad es que las empresas no pueden asumir que sus pólizas cubrirán por completo los riesgos derivados de la inteligencia artificial, y una cobertura parcial deja abierta la posibilidad de afrontar pérdidas extremas.

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(El País, 22-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Competencia investiga si las entidades bancarias se pusieron de acuerdo a través de sus declaraciones públicas para encarecer los préstamos inmobiliarios

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha irrumpido en el debate sobre el mercado hipotecario español al abrir una investigación preliminar sobre las declaraciones públicas realizadas por los principales bancos cotizados. En un contexto de fuerte encarecimiento de la vivienda, el comportamiento de las entidades en la concesión de hipotecas está siendo observado no solo por supervisores como el Banco Central Europeo y el Banco de España, sino también ahora por Competencia. El foco de la CNMC está en determinar si los mensajes lanzados por los máximos responsables de bancos del Ibex -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- pudieron trasladar al mercado señales excesivamente precisas sobre su política comercial futura. La legislación de competencia prohíbe tanto los acuerdos explícitos para fijar precios como las coordinaciones tácitas que puedan reducir la competencia efectiva. Uno de los bancos más críticos con la evolución del mercado hipotecario ha sido Bankinter. Su consejera delegada, Gloria Ortiz, lleva meses alertando de que la guerra de precios estaba erosionando la rentabilidad del negocio. En enero elevó el tono al cuestionar la lógica de conceder hipotecas por debajo del 2%, niveles incluso inferiores al euríbor y a los tipos del mercado interbancario. Llegó además a mencionar el riesgo de una posible burbuja. Poco después, los datos del primer trimestre reflejaron una caída del 40% en la producción hipotecaria de la entidad. BBVA también mostró preocupación, aunque con un discurso más matizado. Su presidente, Carlos Torres Vila, descartó la existencia de una burbuja inmobiliaria y atribuyó la subida del precio de la vivienda a la falta de oferta. Por su parte, el consejero delegado, Onur Genç, reconoció pérdida de cuota de mercado y señaló que, en determinados casos, resultaba más rentable invertir en deuda soberana que conceder hipotecas a los precios vigentes. También ha cambiado el discurso en Santander. Su consejero delegado, Héctor Grisi, fue uno de los primeros en detectar señales de enfriamiento en la guerra hipotecaria. Aun así, la entidad incrementó un 44% su volumen de hipotecas en España a comienzos de año. Mientras tanto, CaixaBank, líder del mercado nacional, defendió que su estrategia no era especialmente agresiva y que su prioridad seguía siendo preservar cuota de mercado. En la práctica, las declaraciones de los banqueros han coincidido con un ajuste gradual en la política comercial del sector. Tras una etapa marcada por una intensa competencia en precios, los bancos han comenzado a endurecer ligeramente sus condiciones y a seleccionar con más rigor a los clientes. Según los datos del Banco Central Europeo, el tipo medio de las hipotecas en España alcanzó el 2,8% en abril, su nivel más alto desde marzo del año anterior. Aun así, la subida ha sido moderada: el mínimo reciente se registró en diciembre de 2025, cuando el tipo medio bajó al 2,61%. La comparación entre las ofertas comerciales actuales y las de septiembre de 2025 refleja incrementos de entre 0,3 y 0,6 puntos porcentuales en las hipotecas a tipo fijo, especialmente en entidades como Santander, BBVA, Bankinter y Unicaja. Aunque los precios publicados son orientativos y el coste final depende del perfil financiero del cliente y de su vinculación con la entidad, estos movimientos muestran una clara tendencia al alza. Ricard Garriga, consejero delegado de Trioteca, señala que más que una subida abrupta de tipos, lo que se observa es una mayor exigencia en solvencia, estabilidad laboral y capacidad de ahorro. En la misma línea, Pablo Vega, experto del comparador hipotecario Roams, considera que la competencia sigue existiendo, aunque ya no se libra mediante una guerra abierta de precios. El contexto macroeconómico también explica parte del cambio. La incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo y el repunte de la inflación ha llevado al Banco Central Europeo a elevar los tipos desde el 2% hasta el 2,25%. En paralelo, el euríbor ha pasado del 2,081% en junio de 2025 al 2,809% actual, encareciendo especialmente las hipotecas variables. Pese a ello, España continúa siendo uno de los países con hipotecas más baratas de la eurozona. Con un tipo medio del 2,8%, ocupa el tercer puesto entre los mercados más baratos, solo por detrás de Malta y Bulgaria. La media europea se sitúa en el 3,43%, mientras que economías comparables como Francia, Italia, Países Bajos o Alemania registran niveles claramente superiores. La diferencia tiene un impacto directo sobre el coste final para el cliente. Una hipoteca de 200.000 euros a 30 años al tipo medio español del 2,8% supone pagar cerca de 95.850 euros en intereses. En Alemania, con un tipo medio del 3,84%, esa misma operación elevaría el coste financiero a unos 137.130 euros, aproximadamente un 43% más. Este menor precio explica también la menor rentabilidad del negocio hipotecario en España frente a otros países. Según los analistas de Jefferies, los bancos han compensado parcialmente esa presión mediante ingresos adicionales procedentes de seguros, gestión patrimonial y productos vinculados. La investigación de la CNMC podrá prolongarse hasta 24 meses. En teoría, si se acreditara una conducta similar a un cártel, la multa podría alcanzar el 10% de la facturación global de cada grupo bancario. No obstante, los analistas consideran que ese escenario extremo es poco probable y prevén un desenlace relativamente benigno, con escasas probabilidades de sanciones significativas.

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(Expansión, 19-06-2026) | Fiscal

La Asamblea de Madrid da luz verde a la nueva Ley de Apoyo a la Empresa Familiar

La Comunidad de Madrid ya cuenta con una nueva normativa destinada a reforzar el papel de la empresa familiar y facilitar su continuidad. La iniciativa, impulsada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, busca reducir la carga fiscal que soportan este tipo de negocios y favorecer los procesos de relevo generacional. La Asamblea de Madrid, donde el Partido Popular dispone de mayoría absoluta, aprobó este jueves la nueva Ley de Apoyo a la Empresa Familiar durante el último pleno del periodo de sesiones antes del parón estival. La norma quedará lista para entrar en vigor en julio, una vez sea publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en los próximos días. La ley responde en gran medida a las demandas planteadas por el tejido empresarial madrileño y, especialmente, por la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar. Entre sus principales medidas destacan varios incentivos fiscales. Uno de los más relevantes consiste en elevar del 95% al 99% la reducción de la base imponible en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones cuando se herede o se done una empresa individual, un negocio profesional o participaciones sociales. Esta bonificación se aplicará siempre que el nuevo titular mantenga tanto los bienes como la actividad empresarial durante al menos cinco años. La normativa también incorpora medidas destinadas a facilitar la continuidad de los negocios familiares. Entre ellas, amplía el grupo de familiares que pueden beneficiarse de estas ventajas al permitir incluir a tíos y sobrinos dentro del 20% de participación accionarial necesario para que una empresa sea considerada familiar. Además, el nuevo marco regulatorio amplía el alcance de los beneficiarios al incorporar a otros parientes como ascendientes, hermanos, tíos, sobrinos y primos. Incluso podrán acogerse a determinadas mejoras trabajadores que mantengan una vinculación especial con la empresa. La Comunidad de Madrid calcula que estas medidas favorecerán a unos 1.500 contribuyentes y generarán un ahorro fiscal cercano a los dos millones de euros anuales. Con ello, el Ejecutivo regional pretende facilitar la continuidad de empresas familiares, consideradas una pieza clave en la actividad económica y el empleo de la región.

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(El Economista, 19-06-2026) | Fiscal

Hacienda ocultará a los ciudadanos cómo usa la IA para seleccionarlos e inspeccionarlos

El Gobierno ha introducido en la futura Ley de Inteligencia Artificial una modificación de última hora de la Ley General Tributaria que limitará el acceso de los ciudadanos a información sobre las herramientas tecnológicas que utiliza Hacienda para seleccionar contribuyentes y desarrollar inspecciones. La reforma, actualmente en tramitación en el Congreso, modifica el artículo 116 de la Ley General Tributaria. El aspecto más controvertido se encuentra en su apartado tercero, donde se establece que la información relativa a sistemas informáticos, algoritmos o herramientas de inteligencia artificial empleados por la Administración tributaria tendrá carácter reservado y no podrá ser objeto de publicidad, comunicación ni acceso público. Tampoco podrá ponerse a disposición de los obligados tributarios ni de órganos externos a la aplicación de los tributos. El argumento del Ejecutivo para justificar esta restricción es que divulgar el funcionamiento de estas herramientas podría comprometer la eficacia de las actuaciones inspectoras o facilitar prácticas de evasión fiscal. Sin embargo, esta medida ha generado importantes críticas entre especialistas en derecho tributario. Esaú Alarcón, abogado en Gibernau y profesor de Derecho Tributario en la Universidad Complutense de Madrid, considera que la cláusula choca con el principio de transparencia y puede afectar al derecho de tutela judicial efectiva. Según advierte, impedir al ciudadano conocer qué algoritmos o criterios automatizados han influido en su selección como posible defraudador limita su capacidad de defensa. El jurista también cuestiona la forma en que se ha incorporado esta modificación. Aunque el cambio figura dentro del Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, sostiene que esta disposición concreta no tiene naturaleza orgánica y, por tanto, debería haberse regulado de otra manera. Además, subraya que la enmienda fue incorporada en una fase muy avanzada del proceso legislativo, lo que ha evitado que pase por informes consultivos de organismos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o la Junta Electoral Central, que sí han analizado el resto del texto legal. Otra de las críticas se centra en la ambigüedad del redactado. La norma impide el acceso a "órganos ajenos a la aplicación de los tributos", pero no aclara si esta limitación afecta únicamente a otras administraciones o si también podría extenderse a jueces y tribunales. El debate sobre la transparencia algorítmica ya había llegado al ámbito judicial. El Tribunal Supremo dictó el 11 de septiembre una sentencia que obligó al Gobierno a revelar los algoritmos del programa BOSCO, utilizado por la Administración para seleccionar beneficiarios del bono social. En esa resolución, el alto tribunal subrayó que el acceso a la información pública tiene rango constitucional y resulta especialmente relevante cuando la Administración utiliza sistemas automatizados para adoptar decisiones. Según el Supremo, el uso de estas tecnologías exige un mayor nivel de transparencia sobre los procesos informáticos empleados, de forma que los ciudadanos puedan comprender cómo funcionan y qué impacto tienen en las decisiones administrativas. A la luz de esa doctrina, Alarcón considera probable que en el futuro la Administración tributaria tenga que informar al contribuyente, al menos en determinados procedimientos, sobre el código o los criterios automatizados que hayan motivado una revisión fiscal. Esto permitiría evaluar si la actuación ha sido proporcionada y si el sistema ha podido incurrir en sesgos o errores de valoración. Hasta ahora, Hacienda ha mantenido una postura muy reservada respecto al uso de inteligencia artificial en sus procedimientos. La Administración tributaria ha evitado detallar qué herramientas utiliza y ha insistido en que estos sistemas no adoptan decisiones finales sobre contribuyentes de forma autónoma. Sí ha reconocido, en cambio, el uso de inteligencia artificial como herramienta de asistencia en la campaña de la renta, orientada a facilitar la cumplimentación de declaraciones. La anterior directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, negó el pasado marzo que Hacienda estuviera utilizando inteligencia artificial para seleccionar contribuyentes o gestionar expedientes. No obstante, también señaló que, como ocurre en otras instituciones públicas, la Administración tributaria acabará teniendo que valorar su implantación en el futuro.

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(La Vanguardia, 19-06-2026) | Fiscal

Hacienda lo confirma: si vendes cromos del Mundial tendrás que declararlo

La fiebre por los cromos del Mundial 2026 está generando una situación poco habitual en España. Apenas un mes después de su lanzamiento, muchos quioscos ya se han quedado sin sobres por la fuerte demanda de una colección que aspira a convertirse en la más exitosa en la historia de Panini. La escasez ha impulsado además el mercado de segunda mano. Cromos de jugadores como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Lamine Yamal se venden cada día en plataformas como Wallapop o Vinted. Algunos coleccionistas intentan recuperar parte del dinero invertido, mientras otros buscan obtener beneficios, aunque no todos conocen las posibles consecuencias fiscales de estas operaciones. Según explica TaxDown, los cromos y otros artículos de coleccionismo tienen la consideración de elementos patrimoniales a efectos fiscales. Esto implica que, si un coleccionista vende un cromo por un precio superior al coste que tuvo al adquirirlo, genera una ganancia patrimonial que debe incluir en la Declaración de la Renta. El criterio es similar al aplicado en la venta de acciones, inmuebles u otros bienes que generan plusvalías. Para calcular esa ganancia, se debe restar al precio de venta el coste de adquisición y los gastos relacionados con la operación, en caso de existir. Así, si una persona consigue un cromo dentro de un sobre y posteriormente lo vende por una cantidad superior al coste proporcional que asumió para obtenerlo, podría estar generando una ganancia sujeta a tributación. Estas ganancias tributan dentro de la base del ahorro del IRPF. Actualmente, las ganancias de hasta 6.000 euros tributan al 19%, y el porcentaje aumenta progresivamente para cantidades superiores. En cualquier caso, Hacienda no grava el importe total de la venta, sino únicamente el beneficio obtenido. Por ejemplo, si alguien compra un artículo por 100 euros y lo vende por 150, solo tributaría por los 50 euros de ganancia. En cambio, si la venta se realiza con pérdidas, no existe obligación de tributar por esa operación. Por ello, los expertos aconsejan conservar tickets, recibos o cualquier documento que permita demostrar el precio de compra, especialmente si es necesario justificar ante la Agencia Tributaria que no ha existido beneficio. La situación cambia cuando la actividad deja de ser esporádica. TaxDown recuerda que quienes compran y venden artículos de forma habitual con ánimo de lucro pueden estar desarrollando una actividad económica. En esos casos, el vendedor podría verse obligado a darse de alta como autónomo y asumir las obligaciones fiscales correspondientes. Todo esto ocurre en un contexto de auténtica euforia por la colección oficial del Mundial 2026. Esta edición incluye 980 cromos, la cifra más alta hasta la fecha, tras la ampliación del torneo por parte de la FIFA a 48 selecciones. Completar el álbum se ha convertido en un reto especialmente complicado. Cada sobre contiene siete cromos y cuesta 1,5 euros. En teoría, en un escenario sin repeticiones, serían necesarios al menos 210 euros para completar la colección, aunque la realidad suele ser muy distinta debido al elevado número de cromos repetidos. Los expertos calculan que la inversión real puede superar fácilmente los 300 euros. A esto se suma la falta de stock en numerosos comercios. Según Panini, la demanda ha superado todas las previsiones, provocando una situación inédita dentro del mercado del coleccionismo futbolístico. El interés también se refleja en internet. Según datos del comparador Idealo, las búsquedas relacionadas con Lionel Messi han aumentado un 122%, las de Cristiano Ronaldo un 94% y las de Pedri un 92%. El propio álbum del Mundial se ha consolidado como uno de los artículos más buscados por los aficionados, impulsado por una pasión coleccionista que cada cuatro años vuelve a movilizar a miles de personas en España. Y con ese entusiasmo también surgen nuevas oportunidades de negocio, junto con la necesidad de conocer qué parte de esos beneficios puede acabar reclamando Hacienda.

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(El País, 19-06-2026) | Laboral

La inmigración impulsa tres cuartas partes del crecimiento económico de España desde 2018

España se ha afianzado en los últimos años como una de las economías más dinámicas de la eurozona, manteniendo un ritmo de crecimiento superior al de sus socios europeos pese a un contexto internacional marcado por la incertidumbre. Mientras buena parte de la región ha lidiado con el estancamiento y la debilidad de la demanda externa, la economía española avanzó un 2,8% en 2025, duplicando el promedio de la eurozona, situado en el 1,4%. Además, en los dos últimos años ha registrado un crecimiento trimestral medio del 0,8%, claramente por encima del 0,3% observado en los países vecinos. Este comportamiento diferencial se explica en gran medida por los flujos migratorios, convertidos en un elemento clave para sostener el crecimiento, el empleo y el consumo. Entre 2018 y 2025, el Producto Interior Bruto (PIB) aumentó un 12,3% en términos reales, y cerca de tres cuartas partes de ese avance -9,1 puntos porcentuales- se atribuyen a la contribución de la población extranjera, frente a los 3,2 puntos aportados por la población nacida en España. Esta es una de las principales conclusiones del informe El aumento demográfico en España como factor explicativo del actual ciclo económico, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos, organismo ligado a la CEOE. Los analistas destacan que, en un país marcado por el envejecimiento demográfico, la inmigración se ha convertido en un soporte esencial de la actividad económica. Entre 2018 y 2025, la población nacida en España cayó un 1,9%, mientras que la población nacida en el extranjero creció un 52,5%, hasta alcanzar los 9,5 millones de personas. Sin esta aportación migratoria, que ha compensado por completo la pérdida vegetativa de la población autóctona, España habría experimentado retrocesos demográficos y una capacidad de crecimiento mucho menor. De hecho, el factor demográfico explica por sí solo el 43% del crecimiento acumulado en el actual ciclo económico. El mercado laboral refleja de forma especialmente clara esta dependencia. De los dos millones de personas que se incorporaron a la población activa entre 2018 y 2025, el 97% corresponde a personas extranjeras o con doble nacionalidad. En contraste, la población activa nacida en España se mantuvo prácticamente estancada en torno a los 19,3 millones. Este saldo neto tiene en cuenta tanto las nuevas incorporaciones como las salidas del mercado laboral, estas últimas motivadas en gran medida por jubilaciones de trabajadores españoles. El impacto positivo de la migración también responde a su estructura demográfica. Ocho de cada diez migrantes se encuentran en edad de trabajar, entre 16 y 64 años, frente a seis de cada diez entre la población nacional. Como consecuencia, la población migrante ha cubierto cerca de dos tercios del empleo creado desde 2018, elevando su peso dentro del total de ocupados hasta el 21,3%. La aportación migratoria también resulta decisiva para el consumo y la demanda interna. Según el informe del IEE, mientras el gasto de los hogares españoles apenas creció un 1% entre 2018 y 2025, el consumo de los hogares de origen extranjero se disparó un 66%. De nuevo, esta evolución explica gran parte del crecimiento del consumo final de las familias, aportando dinamismo en un contexto de menor fortaleza de la demanda externa. De cara a 2026, el papel de la población extranjera volverá a ser determinante en un escenario marcado por la desaceleración global y las tensiones derivadas del conflicto en Oriente Próximo. El bloqueo del estrecho de Ormuz ha incrementado la presión sobre los precios energéticos y reducido el impulso del sector exterior, lo que ha llevado a revisar a la baja las previsiones de crecimiento para España: un 2,1% en 2026 y un 1,8% en 2027. En paralelo, la inflación rondaría el 3,2% este año y se moderaría hasta el 2,7% el próximo. Aunque desde el IEE reconocen que aún es difícil calcular con precisión el impacto de la población extranjera en 2026 -debido a que solo se dispone de datos laborales del primer trimestre y a que continúa el proceso de regularización extraordinaria-, sus estimaciones parten de que la contribución de este colectivo será similar a la registrada entre 2018 y 2025. Esto implicaría que, una vez más, aproximadamente tres cuartas partes del crecimiento económico estarían ligadas al impulso demográfico y laboral de la inmigración. No obstante, los expertos advierten de que el futuro económico de España no puede depender únicamente del crecimiento poblacional. El país continúa mostrando debilidades en productividad: la productividad por ocupado cayó un 0,1% en el primer trimestre de 2026, encadenando cuatro descensos consecutivos. Por ello, consideran necesario reforzar la inversión y la innovación para elevar la productividad y favorecer la creación de empleo con mayor valor añadido. A este desafío se suma la presión sobre el mercado inmobiliario. El fuerte aumento de la población ha impulsado la creación neta de hogares hasta las 230.000 unidades en 2025, mientras que la construcción de vivienda nueva permanece estancada en torno a las 80.000 unidades anuales. Esta brecha, equivalente a casi tres nuevos hogares por cada vivienda terminada, ha intensificado las tensiones en el mercado residencial y ha elevado tanto los precios del alquiler como los de compraventa. Aunque la demanda nacional de vivienda ha crecido un 30% desde 2018, la población extranjera ya representa el 17% de las operaciones inmobiliarias. Esta presión adicional sobre un mercado con una oferta claramente insuficiente agrava un problema estructural que amenaza con convertirse en uno de los principales límites al crecimiento económico del país.

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(El País, 19-06-2026) | Laboral

El Supremo estrecha el margen de las plataformas digitales y de los operadores logísticos de subcontratar repartidores

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo aborda de forma directa uno de los debates más complejos de la economía digital: en el caso de empleados contratados por subcontratas que trabajan mediante tecnología de plataformas digitales, ¿quién es realmente su empleador? La interpretación del alto tribunal refuerza la postura defendida por los sindicatos y supone un revés para numerosas empresas del transporte y la logística, especialmente aquellas cuya actividad depende de terceros que operan con su infraestructura tecnológica. El fallo analiza si el modelo de subcontratación de DHL en el reparto de paquetería constituye una contrata legal o una cesión ilegal de trabajadores, concluyendo que se trata de esta última. La Sala de lo Social señala que los repartidores de las empresas subcontratadas prestan sus servicios de forma continuada para DHL, dentro de sus instalaciones, utilizando sus herramientas y siguiendo instrucciones directas bajo supervisión constante. Además, comparten formación, protocolos operativos e incluso la imagen corporativa con los empleados de plantilla. Según la sentencia, a través del escáner con el que trabajan -conectado a los sistemas informáticos de la empresa y capaz de transmitir información en tiempo real-, DHL no solo trasladaba instrucciones precisas para el desarrollo diario del trabajo, sino que también realizaba un control inmediato y permanente del cumplimiento de las tareas. El fallo también destaca que, aunque las subcontratas aportan los vehículos y gestionan aspectos como vacaciones o normas internas, su función principal se limita esencialmente a suministrar mano de obra. El tribunal considera que no se trata de un simple control técnico o de calidad del servicio, sino de una supervisión directa, detallada y constante de la actividad laboral. En consecuencia, entiende que los trabajadores de las subcontratas están plenamente integrados en la estructura productiva de la empresa principal. La resolución subraya que la naturaleza jurídica de la relación laboral no depende del contrato mercantil firmado entre empresas ni de la normativa del transporte, sino de la realidad efectiva de cómo se presta el trabajo. Este razonamiento guarda similitudes con el criterio aplicado por el Supremo al determinar que los riders de plataformas de reparto de comida deben ser considerados asalariados. De este modo, el tribunal ratifica la existencia de cesión ilegal de trabajadores, aunque modifica parcialmente la sanción administrativa impuesta a DHL. Frente al criterio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había apreciado diez infracciones diferenciadas -una por cada contrata-, el Supremo entiende que existe una única infracción continuada, lo que reduce el importe de la multa. Consultada tras conocerse la sentencia, la compañía señaló que está estudiando en detalle la resolución y revisando su operativa en consecuencia, aunque mantiene su actividad con normalidad. Además, aseguró que su compromiso sigue siendo el cumplimiento estricto de la normativa vigente, tal y como afirma haber hecho en su actividad internacional. La resolución fue publicada el 27 de marzo, aunque pasó inicialmente casi desapercibida en los medios. Días después, Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia, analizó el fallo en su blog. Todolí considera especialmente relevante que el Tribunal Supremo deje claro que el hecho de que las contratistas aporten vehículos, dispongan de autorizaciones administrativas o gestionen vacaciones, horarios y contrataciones no basta para descartar la cesión ilegal de trabajadores. Este experto en plataformas digitales destaca además que el Supremo parece asumir las tesis doctrinales que sostienen que el control algorítmico en tiempo real constituye una forma de supervisión diferente a la tradicional, lo que debería tener un peso específico al valorar posibles cesiones ilegales de trabajadores. Una interpretación similar ha realizado el despacho Uría Menéndez, que señala que el control ejercido por la empresa de paquetería iba claramente más allá de la mera supervisión técnica orientada a garantizar la calidad del servicio. A su juicio, la trascendencia de la sentencia supera el caso concreto, ya que numerosos modelos de distribución urbana y de última milla funcionan actualmente mediante redes de colaboración entre grandes operadores logísticos, trabajadores autónomos y pequeñas empresas transportistas. Se trata de estructuras ampliamente extendidas en España que, hasta ahora, no habían sido cuestionadas judicialmente con esta intensidad. Este último aspecto resulta clave para medir el alcance del fallo. Más allá de compañías de paquetería como DHL, este sistema también es habitual en el reparto de comida a domicilio. Empresas como Glovo y Just Eat operan con modelos mixtos que combinan contratación directa y subcontratación. Por su parte, Uber Eats ha apostado por un modelo basado exclusivamente en subcontratas. A comienzos de año, la empresa anunció el abandono de su sistema de autónomos después de que la Inspección de Trabajo advirtiera de posibles acciones penales contra sus directivos si no avanzaba hacia un modelo laboral regulado. La compañía explicó entonces que toda su actividad pasaría a canalizarse mediante subcontratas, precisamente el esquema cuya legalidad queda ahora bajo mayor escrutinio tras la sentencia del Supremo.

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(El Confidencial, 19-06-2026) | Laboral

El absentismo laboral no toca techo: cerró 2025 en el 7,68% y marca máximos históricos

El absentismo laboral en España se ha consolidado como uno de los grandes retos estructurales del mercado de trabajo. Cada jornada, entre 1,6 y 1,7 millones de personas no acuden a su puesto laboral, y de ellas alrededor de 1,27 millones se encuentran de baja médica por incapacidad temporal (IT). Esta situación ha llevado al absentismo a marcar máximos históricos al cierre de 2025. Así lo refleja el XV Informe Adecco sobre empresa saludable y gestión del absentismo, elaborado por The Adecco Group. Según el estudio, la tasa anual de absentismo en España se sitúa en el 7,68%, lo que supone un incremento interanual de 0,42 puntos porcentuales y más de dos puntos por encima de los niveles previos a la pandemia. Además, en el cuarto trimestre del año la tasa alcanzó el 7,88%, el valor más alto registrado en toda la serie histórica. Desde Adecco explican que este aumento responde, en gran medida, al crecimiento de las bajas por incapacidad temporal, cuya tasa ya se sitúa en el 5,97%, tras subir 0,29 puntos respecto al año anterior. Entre los factores que explican esta tendencia destacan el envejecimiento de la población activa, el incremento de los problemas de salud mental y la prolongación de los procesos médicos. Las consecuencias también son significativas en términos de productividad. De media, cada trabajador pierde 10,9 horas de trabajo al mes debido al absentismo. Este volumen de horas no trabajadas genera dificultades adicionales para la organización empresarial, especialmente en la planificación de turnos, la cobertura de vacantes y el aumento de costes operativos. Por ello, el informe subraya que la salud laboral debe abordarse como un elemento estratégico de gestión y no únicamente como una cuestión administrativa, ya que su evolución condiciona directamente la organización de las plantillas y la capacidad de anticipar necesidades de cobertura. El repunte del absentismo también está teniendo un impacto directo sobre el mercado laboral. Según el estudio, la creciente necesidad de sustituir trabajadores ausentes está impulsando la demanda de empleo temporal y elevando la presión sobre los costes laborales. En este contexto, Carlos Arcas, director del instituto, señala que el absentismo está transformando la gestión de recursos humanos, obligando a las empresas a buscar mayor flexibilidad, reforzar sus políticas de salud laboral y replantear sus estrategias organizativas. A esta situación se suma el aumento de las enfermedades profesionales con baja, que crecieron un 6,16% en 2025. Este incremento se debe principalmente a patologías relacionadas con movimientos repetitivos, sobrecarga física y posturas forzadas. Según los datos de Adecco, más del 80% de estas enfermedades profesionales están vinculadas a agentes físicos, con una incidencia especialmente elevada en la industria manufacturera. Esto confirma que una parte relevante del absentismo guarda relación directa con las condiciones físicas de determinados puestos y con la exposición prolongada a tareas de elevada exigencia corporal. Aunque el absentismo afecta a todos los sectores económicos, su impacto no es uniforme. La industria presenta la tasa más elevada, con un 8,34%, mientras que el sector servicios registra el mayor incremento interanual, con una subida de 0,47 puntos porcentuales. Por su parte, la construcción alcanza una tasa del 6,54%, aunque muestra una tendencia de acercamiento progresivo al resto de sectores. Existen además actividades especialmente afectadas. En el caso de las actividades postales y de correos, la tasa de absentismo asciende al 13,28%, muy por encima de la media nacional. Este dato refleja importantes tensiones operativas en sectores caracterizados por una alta exigencia física, fuerte presencialidad y escaso margen para aplicar modelos organizativos flexibles. Según Arcas, el absentismo tiende a concentrarse en sectores con mayor desgaste físico y menor capacidad de adaptación organizativa, lo que agrava los problemas para cubrir vacantes y aumenta la rotación de personal. En este escenario, las ausencias laborales se consolidan como uno de los principales desafíos estructurales del mercado laboral español, con efectos directos sobre la productividad empresarial, la organización interna de los equipos y la sostenibilidad del empleo.

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