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(El Economista, 11-03-2026) | Laboral

España sigue siendo el "motor" del paro en la zona euro: cuatro de cada diez desempleados son españoles

La mejora registrada en el mercado laboral español durante los últimos años no ha logrado reducir la gran diferencia que existe con respecto a las principales economías europeas en materia de desempleo. Actualmente, cerca del 23% de los parados de la zona euro se encuentran en España, a pesar de que el país solo representa alrededor del 13% del total de personas ocupadas. Estas cifras cuestionan la idea de que el crecimiento económico español esté impulsando el empleo en Europa y sugieren, más bien, que el problema persiste en sentido contrario. El año 2025 ha marcado dos hitos relevantes para el mercado laboral español: por un lado, el país dejó de ser el que presentaba la mayor tasa de paro de la Unión Europea tras ser superado por Finlandia, y por otro, logró situar su tasa de desempleo por debajo del 10%. Al mismo tiempo, la creación de empleo ha sido especialmente intensa si se compara con la de otras economías consideradas motores de Europa, como Alemania o Francia. Aun así, dentro del conjunto de la zona euro España representa aproximadamente el 13,5% de las personas ocupadas, según datos de Eurostat. Esta proporción queda por debajo de países como Alemania, que concentra el 25,4%, Francia con el 17,8% o Italia con el 14,7%, algo que resulta lógico dado que estos países cuentan con una población mayor. Sin embargo, la situación cambia al analizar los datos de desempleo. España concentra el mayor número de parados de la zona euro, con un 23% del total. Muy cerca se sitúa Francia con un 22,7%, mientras que Alemania y Italia se encuentran bastante por detrás, con un 15,4% y un 14% respectivamente. Además, todos estos países mantienen tasas de paro significativamente más bajas que la española, lo que refleja hasta qué punto el mercado laboral español ha sido históricamente un desafío para la economía europea. Mientras que el empleo suele evolucionar de forma relativamente proporcional al tamaño de la población, el desempleo en España presenta un comportamiento distinto. Si se revisan los datos históricos de Eurostat, en el año 2000, cuando el país estaba a punto de incorporarse al euro, España aportaba menos desempleados a la zona euro que Alemania, Francia o Italia. En los años siguientes se produjo una especie de competencia con Italia en cuanto al peso del desempleo, aunque ambos países continuaban por detrás de las otras dos grandes economías europeas. Esta situación cambió drásticamente a partir de 2008. La crisis financiera provocó un fuerte aumento del paro en España, hasta el punto de que llegó a concentrar alrededor del 30% de todos los desempleados de la zona euro. Este contexto explica por qué las reformas laborales se convirtieron en una de las principales exigencias de Bruselas hacia los distintos gobiernos españoles. Aunque el paro ha descendido en los últimos años, la reducción no ha sido suficiente para volver a los niveles previos a la Gran Recesión. En realidad, desde 2020 la zona euro en su conjunto ha logrado disminuir el desempleo a mayor ritmo que España. No obstante, el país se está acercando progresivamente a Francia, cuya economía atraviesa una etapa de inestabilidad política e institucional que también está repercutiendo en su mercado laboral. En cualquier caso, la mejora española debe interpretarse con cautela, ya que la reducción del paro parte de niveles inicialmente mucho más elevados. A modo de comparación, Francia presenta una tasa de paro cercana al 7,8%, aproximadamente dos puntos porcentuales por debajo de la española. Alemania también ha experimentado un ligero deterioro, aunque su peso en el total de desempleados de la zona euro sigue siendo el menor entre las grandes economías. Italia, por su parte, destaca por haber reducido notablemente su contribución al desempleo del área del euro, algo que coincide con el hecho de que su tasa de paro se encuentra en mínimos históricos. Esta evolución ha reforzado la percepción de que las economías del sur de Europa están afrontando con mayor solidez las incertidumbres que atraviesa el continente desde la guerra de Ucrania, en comparación con Francia y Alemania. No obstante, esta afirmación resulta más evidente en el caso de Italia que en el de España. El problema español no se limita únicamente a su tasa de paro, sino también al elevado volumen absoluto de desempleados en relación con el conjunto de la zona euro. Además, el paro en España ha demostrado ser especialmente volátil a lo largo del tiempo, lo que en periodos de crisis puede convertirse en un factor de debilidad para la estabilidad del euro. A mayor desempleo, mayor gasto en prestaciones sociales y mayor presión sobre el déficit público, un patrón que ya se observó durante la crisis de deuda de 2010. Por este motivo, las recomendaciones habituales de la Comisión Europea hacia España han insistido en la necesidad de introducir cambios en la normativa laboral que fomenten la contratación estable, así como en mejorar las políticas activas de empleo para facilitar que las personas desempleadas encuentren trabajo con mayor rapidez.

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(El Economista, 11-03-2026) | Laboral

El coste por hora trabajada aumentó un 3,2% a cierre de 2025 y acumula cuatro años y medio al alza

El coste por hora trabajada registró un incremento del 3,2% interanual durante el cuarto trimestre de 2025, de acuerdo con los datos del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este resultado se acumulan ya 18 trimestres consecutivos de subidas. En ese mismo periodo, el salario por hora trabajada también continuó aumentando y creció un 3,1% en comparación con el último trimestre de 2024. Este indicador calcula el coste laboral por cada hora efectivamente trabajada, incluyendo salarios, complementos, pagas extraordinarias, cotizaciones sociales e indemnizaciones. Su objetivo es ofrecer una medida comparable entre los países de la Unión Europea que permita analizar la evolución de los costes laborales y la productividad en el conjunto de los Veintisiete. En el caso de España, esta tendencia al alza se produce en un contexto marcado por sucesivos incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI) en los últimos años. Estas subidas han contribuido a elevar los salarios, aunque una parte importante del aumento del coste laboral se explica por el incremento de los gastos que asumen las empresas, especialmente en materia de cotizaciones a la Seguridad Social. De hecho, los costes no salariales crecieron incluso más que los salarios. Mientras el coste salarial aumentó, los otros componentes del coste laboral -como cotizaciones, prestaciones o indemnizaciones- se elevaron un 3,6%. Los mayores incrementos del coste por hora trabajada se registraron en las actividades financieras, con un 7,3%, seguidas del transporte y almacenamiento (6,8%), información y comunicaciones (5,6%), otros servicios (5,3%), actividades inmobiliarias (5,1%), servicios profesionales (5%), educación (4,9%), comercio mayorista (4,7%), actividades administrativas (4,2%) y construcción (4,1%). En comparación con el trimestre anterior, el coste laboral por hora creció un 2,6%. Este avance estuvo impulsado principalmente por el aumento del coste salarial, que subió un 5,4% debido al pago de la paga extraordinaria de Navidad. Este incremento compensó la caída registrada en otros costes laborales, que descendieron un 5% en ese mismo periodo.

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(Cinco Días, 11-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Ibex rebota un 2,5% con el petróleo a la baja

Las expectativas de que el conflicto con Irán pueda concluir en un plazo relativamente corto, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que la guerra "está casi terminada", han dado un respiro a los mercados financieros. Los inversores han recuperado parte de su apetito por el riesgo, lo que ha impulsado a las bolsas tras varias jornadas marcadas por la volatilidad. Al mismo tiempo, el precio del petróleo registra un fuerte descenso. En este contexto, el Ibex 35 avanza un 2,5 % y supera los 17.330 puntos, mientras que los principales índices europeos suben entre un 1,5 % y un 2 %. En Asia también se ha vivido una jornada positiva. El Shanghai Composite Index cerró con una subida del 0,65 %, el Hang Seng Index avanzó un 2,1 % y el Nikkei 225 ganó un 3 %. Además, los futuros del S&P 500 también han pasado a terreno positivo. La mejora del ánimo en los mercados se produjo después de que Trump señalara durante la madrugada del lunes al martes que el conflicto con Irán podría resolverse "muy pronto", aunque matizó que no espera que finalice en el transcurso de esta semana. Desde Irán, sin embargo, las autoridades han advertido de que están dispuestas a ampliar el enfrentamiento, lo que llevó al mandatario estadounidense a responder con amenazas de atacar al país "20 veces más fuerte". En medio de este intercambio de advertencias y mensajes contradictorios, el petróleo registra una caída cercana al 8 % -llegó a desplomarse hasta un 11 %- y se sitúa por debajo de los 92 dólares por barril tras la sesión especialmente volátil del lunes, cuando el mercado del crudo vivió fuertes oscilaciones. Aun así, el precio del petróleo acumula una subida superior al 50 % en lo que va de año. Estos movimientos reflejan hasta qué punto los mercados se han vuelto sensibles a cualquier noticia relacionada con el conflicto en Oriente Próximo. Los analistas advierten de que la volatilidad seguirá siendo elevada y que el barril de Brent crude podría tardar semanas en volver a los niveles previos a la guerra, incluso si el enfrentamiento termina pronto. Según Tony Sycamore, analista de IG en Sídney, la situación ha contribuido a reducir el pánico en el corto plazo, aunque considera difícil pensar que el conflicto esté cerca de resolverse por completo. A su juicio, el cambio en el tono de Trump, que pasó de exigir una rendición total a afirmar que la misión está prácticamente completada, ha ayudado a tranquilizar a los inversores. Dentro del mercado español, la única empresa que registra caídas es Repsol, con un retroceso cercano al 3 %. La petrolera ha presentado su nuevo plan estratégico, en el que prevé invertir hasta 10.000 millones de euros en tres años y repartir 3.600 millones en dividendos. En el lado contrario destacan las subidas de ArcelorMittal y Banco Santander, con avances cercanos al 6 %, seguidas por International Airlines Group, que gana alrededor de un 5 %. Algunos expertos consideran que el repunte actual responde más a un rebote tras el fuerte miedo al riesgo que a una recuperación plena de la confianza en los mercados. Dilin Wu, estratega de Pepperstone, señala que se trata más bien de un alivio temporal después de un episodio de fuerte aversión al riesgo. Otros analistas advierten de que el impacto económico del conflicto puede ir más allá del encarecimiento del petróleo, con posibles presiones inflacionarias que debiliten la demanda y obliguen a los bancos centrales a mantener políticas monetarias más restrictivas. En el plano geopolítico, Trump también indicó que podría levantar algunas sanciones relacionadas con el petróleo y anunció que la Marina de Estados Unidos escoltaría a los petroleros que atraviesen el Estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el transporte mundial de crudo y gas. Por su parte, el G7 ha asegurado que está dispuesto a adoptar medidas para garantizar el suministro energético, incluida la liberación de reservas estratégicas de petróleo si fuera necesario. Mientras tanto, en Irán los sectores más duros han cerrado filas en torno al nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí. La Guardia Revolucionaria ha advertido de que el bloqueo a las exportaciones de petróleo se mantendrá hasta que cesen los ataques estadounidenses e israelíes, en lo que se interpreta como un desafío directo a Washington. En este escenario de incertidumbre, algunos analistas consideran prematuro volver a apostar con fuerza por sectores de crecimiento hasta que haya señales claras de progreso en el conflicto, aunque reconocen que algunos inversores podrían empezar a buscar oportunidades a precios atractivos. En los mercados de divisas y materias primas, el dólar pierde fuerza mientras que el oro sube alrededor de un 1,5 % y se sitúa en torno a los 5.180 dólares la onza.

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(Expansión, 11-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez avanza que habrá medidas socioeconómicas y otras estructurales ante la guerra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que utilizará todos los medios del Estado para proteger a los ciudadanos españoles frente a las consecuencias de la guerra en Irán. Además, ha adelantado que el plan que prepara el Ejecutivo se apoyará en dos grandes ejes: uno con medidas temporales de carácter socioeconómico y otro con reformas estructurales a más largo plazo. En una entrevista concedida a eldiario.es, Sánchez explicó las previsiones del Gobierno para mitigar los efectos del conflicto y señaló que se siente más cercano a la postura del presidente del Consejo Europeo, António Costa, que a la de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esta valoración llega después de que Von der Leyen afirmara recientemente que el orden internacional vigente hasta ahora ha llegado a su fin, una idea que no comparte Costa. Sánchez también reveló que habló con Costa el pasado lunes, aunque aseguró que no ha mantenido conversaciones recientes con Von der Leyen, con quien se verá la próxima semana en Bruselas durante la reunión del Consejo Europeo. Según el presidente, el debate actual no debería centrarse en elegir entre un viejo o un nuevo orden internacional, sino entre mantener un sistema basado en normas o caer en el desorden global, algo que, recordó, en el pasado desembocó en dos guerras mundiales. Por ello, defendió que los principios y valores de la Unión Europea deben mantenerse. El Gobierno anunció además que iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para estudiar las medidas que se pondrán en marcha ante el impacto económico del conflicto en Irán. En relación con el plan que prepara el Ejecutivo, Sánchez detalló que contará con dos pilares: uno con medidas inmediatas para responder a la situación económica y social, y otro con reformas estructurales orientadas al futuro. Respecto a este segundo bloque, subrayó que conflictos como los de Irán o Ucrania demuestran la importancia de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, tanto en España como en Europa. El presidente reconoció que es difícil prever cuánto durará la guerra en Oriente Medio, pero aseguró que no teme posibles represalias del expresidente estadounidense Donald Trump por la posición adoptada por España. Asimismo, afirmó que quienes defienden la guerra en Irán están equivocados. Por último, al referirse a Venezuela, señaló que la presidenta Delcy Rodríguez está dando pasos hacia una transición política que debería culminar con elecciones libres y transparentes, y recordó que España cuenta con experiencia histórica que podría contribuir a ese proceso. Si quieres, también puedo resumir el texto aún más (en 5-6 líneas) o adaptarlo para que parezca una noticia distinta para evitar el plagio.

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(El País, 11-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España puede aguantar más de 100 días sin recibir petróleo

El cierre del estrecho de Ormuz y la prolongación del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán han provocado una fuerte inquietud en los mercados energéticos. La tensión ha impulsado el precio del petróleo hasta acercarse a los 120 dólares por barril este lunes y ha reavivado las dudas sobre la seguridad del suministro mundial. Por esta vía marítima estratégica pasa aproximadamente una quinta parte del crudo que se consume en el planeta, por lo que su bloqueo ha puesto en evidencia la fragilidad de los países que dependen de las importaciones. En el caso de España y de la mayoría de los países europeos, las reservas estratégicas permitirían mantener el consumo durante algo más de 100 días sin recibir nuevos cargamentos, al menos según las estimaciones actuales. Estos depósitos de emergencia se concibieron como una red de seguridad frente a interrupciones graves del suministro energético, con el objetivo de evitar que una crisis internacional paralice el transporte, la actividad industrial o la generación de energía. Su creación se remonta a la crisis petrolera de los años setenta y su funcionamiento está coordinado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que exige a sus miembros disponer de reservas equivalentes a al menos 90 días de importaciones netas de petróleo. Su finalidad es moderar el impacto sobre los precios y dar margen para reorganizar el abastecimiento en situaciones críticas, aunque no están diseñadas para sustituir el suministro durante periodos prolongados. Cada país mantiene sus propias reservas en función de sus necesidades y capacidades. Según los datos más recientes de la AIE, actualizados en febrero de 2026, España dispone de reservas suficientes para cubrir 105 días de consumo. Esta estimación se obtiene comparando el volumen total de petróleo almacenado -tanto en reservas públicas como en las que mantienen las empresas del sector- con el consumo medio diario. Aunque la agencia no ofrece una cifra oficial del número de barriles almacenados, tomando como referencia las importaciones españolas de 2024, que rondaron los 1,28 millones de barriles al día, se calcula que las reservas de emergencia podrían alcanzar unos 135 millones de barriles. El sistema español combina las reservas gestionadas por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) con los inventarios obligatorios que deben mantener las compañías petroleras. En estos depósitos se almacenan distintos productos, como crudo, gasolina, gasóleo o queroseno, repartidos en instalaciones estratégicas para que puedan utilizarse rápidamente si surge una emergencia. Si se produjera una interrupción del suministro, el Gobierno tiene la capacidad de autorizar la liberación de parte de estas reservas para abastecer el mercado. De hecho, en abril del año pasado se recurrió a esta medida y se liberó un volumen equivalente a tres días de consumo tras el apagón eléctrico que afectó a todo el país. Aun así, disponer de reservas para más de tres meses no significa que puedan reemplazar de forma indefinida el flujo habitual de petróleo. España no produce crudo y depende por completo de las importaciones, por lo que la eficacia de estas reservas depende tanto de la duración del corte de suministro como de la capacidad del mercado para encontrar rutas y proveedores alternativos. Además, la cadena logística del sector energético está diseñada para funcionar con un flujo constante de crudo. El petróleo es solo la materia prima: debe transportarse hasta las refinerías y procesarse para transformarse en los combustibles que utiliza la economía, como gasolina, diésel o queroseno. Cuando comenzó el conflicto, muchos analistas pensaban que sería breve. Sin embargo, tras diez días de tensión, algunos expertos empiezan a contemplar la posibilidad de una guerra más prolongada. Ronald Temple, estratega jefe de mercados de Lazard, advierte de que reabrir y normalizar el tráfico en el estrecho podría requerir entre dos y tres meses una vez finalizadas las hostilidades, ya que se trataría de una operación compleja y peligrosa. Una interrupción energética de esa magnitud y duración podría impulsar todavía más los precios internacionales de la energía. En conjunto, los países miembros de la AIE cuentan con unos 1.200 millones de barriles en reservas públicas de emergencia, equivalentes a más de 90 días de importaciones netas. Dentro de Europa existen grandes diferencias. Países Bajos dispone de la mayor cobertura, con reservas que equivalen a 506 días de consumo. Dinamarca supera los 300 días, mientras que Finlandia y Hungría superan los 200. Según Philippe Waechter, economista jefe de Ostrum AM, la dependencia europea de los combustibles fósiles podría provocar una situación similar a la vivida en 2022, debido a la limitada autonomía energética del continente. Estados Unidos dispone de reservas suficientes para unos 125 días, según datos del propio Gobierno estadounidense. Además, a diferencia de muchos países europeos, es también productor y exportador de petróleo, lo que le permite aumentar su extracción para abastecer su mercado interno en caso de emergencia. En Asia, Corea del Sur cuenta con reservas para 206 días y Japón para 195. China, por su parte, podría resistir alrededor de 115 días según estimaciones de analistas, ya que el país no publica cifras oficiales. De momento, Pekín ya ha solicitado a sus refinerías que suspendan las exportaciones de derivados del petróleo. Ante la incertidumbre creciente, los ministros de Finanzas del G-7 -Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón- han pedido a la AIE que estudie posibles escenarios para una liberación coordinada de reservas estratégicas. No obstante, esta medida se utiliza en contadas ocasiones. Desde la creación del sistema en 1974 solo se ha recurrido a él cinco veces: durante la primera Guerra del Golfo en 1991, tras los huracanes Katrina y Rita en 2005, durante la crisis libia de 2011 y en dos momentos distintos de la guerra de Ucrania en 2022. En todos los casos se trató de introducir petróleo adicional en el mercado para contener subidas bruscas de precios y ganar tiempo mientras se reorganizaban los suministros. Incluso si el tránsito por el estrecho de Ormuz se restableciera, el mercado energético no volvería inmediatamente a la normalidad. El bloqueo de esta ruta supone la pérdida de unos 20 millones de barriles diarios en el comercio internacional. Y aunque ese volumen volviera a circular, todavía tendría que ser transportado y refinado antes de convertirse en los combustibles que utiliza la industria. Un informe de Citi señala que, en caso de interrupción prolongada del tráfico por Ormuz, el principal problema podría no ser la falta de petróleo en sí, sino la escasez de productos refinados. Según sus estimaciones, podrían faltar entre seis y siete millones de barriles diarios de combustibles como queroseno para aviación, diésel, fuelóleo o gasolina. La AIE calcula que, con los inventarios actuales, estos derivados podrían mantenerse entre siete y ocho meses sin nuevas entradas, aunque algunos se agotarían antes que otros. El combustible para aviones sería el primero en escasear, seguido del diésel, en gran parte porque estos productos son más difíciles de almacenar en grandes cantidades.

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(La Vanguardia, 11-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno destinará 600 millones para impulsar el potencial minero estratégico de España

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al I Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030 y al Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030, iniciativas que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha presentado como el primer plan de estas características aprobado en la etapa democrática. Según explicó la ministra, el propósito de estas medidas es reforzar la competitividad y la autonomía estratégica de España en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y una fuerte volatilidad en los mercados energéticos, factores que han puesto de manifiesto la dependencia exterior del país en este ámbito. Aagesen subrayó que la situación actual derivada del conflicto en Irán no es comparable con la vivida cuando comenzó la guerra en Ucrania, aunque confirmó que el Ejecutivo trabaja en la posibilidad de activar un escudo de ayudas temporales similar a los aplicados durante la pandemia de 2020 y la crisis energética de 2022. Al mismo tiempo, insistió en que el Gobierno está desarrollando estrategias a largo plazo para reforzar la independencia energética del país, una línea en la que ya se avanzó en 2018 con la apuesta por las energías renovables. Dentro de esa planificación a largo plazo se sitúa el nuevo Plan de Acción para la gestión de materias primas, que movilizará 414 millones de euros para desarrollar 34 actuaciones, de las cuales ocho han sido consideradas prioritarias. Las medidas se centran en impulsar el desarrollo industrial, fomentar la economía circular, garantizar una gestión sostenible de los recursos y restaurar espacios degradados por la actividad minera. El sector considera especialmente relevantes algunas iniciativas previstas, como la mejora del marco regulatorio, el aprovechamiento de residuos procedentes de explotaciones mineras, el refuerzo de la investigación y el análisis detallado de las necesidades de la industria nacional. Otro de los elementos más destacados es el Programa Nacional de Exploración Minera, que contará con una inversión pública adicional de 182 millones de euros. Su objetivo es actualizar el conocimiento sobre el potencial minero del país, algo que no se revisa de forma integral desde hace más de medio siglo. Para ello, se utilizarán tecnologías avanzadas como drones y satélites con el fin de elaborar mapas más precisos de los recursos minerales existentes en el subsuelo. Este conjunto de iniciativas responde al aumento de la demanda de materiales clave para la transición energética y digital y se alinea con las políticas impulsadas por la Comisión Europea en materia de materias primas críticas, así como con el plan energético REPowerEU. En el ámbito nacional, estas medidas complementan estrategias como la descarbonización a largo plazo hasta 2050, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Seguridad Nacional, que buscan diversificar la producción y fortalecer la inversión interna. La ministra destacó además que España parte de una posición favorable al contar con reservas de algunos minerales estratégicos para las transiciones ecológica y tecnológica. Entre ellos mencionó el estroncio, señalando que todo el que utiliza Europa procede de España, así como importantes recursos de wolframio. Además de mejorar el conocimiento sobre estos recursos, el Gobierno pretende fomentar una mayor conciencia social sobre la importancia de las materias primas minerales. Según explicó Aagesen, es necesario poner en valor estos recursos y explicar que su extracción se realizará aplicando las tecnologías más avanzadas disponibles para minimizar el impacto ambiental.

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(La Razón, 11-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba el real decreto que garantiza la sanidad pública a migrantes "sin papeles"

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto que asegura el acceso a la sanidad pública para las personas extranjeras que residen en España sin permiso de residencia, con el objetivo de reforzar el carácter universal del Sistema Nacional de Salud y eliminar obstáculos administrativos que dificultaban la atención. La norma, impulsada por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, busca corregir los problemas de aplicación desigual y la carga burocrática derivados del Real Decreto-ley 7/2018, aprobado durante el Gobierno de Pedro Sánchez para restablecer el acceso universal que había sido restringido por el Real Decreto-ley 16/2012 impulsado por el Ejecutivo del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy. El nuevo decreto simplifica el procedimiento para obtener el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria mediante una declaración responsable. En este documento, la persona solicitante declara que no dispone de cobertura sanitaria por otra vía, que no puede trasladar ese derecho desde otro país y que no existe ninguna entidad obligada a hacerse cargo del coste de la atención. Tras presentar la solicitud, se entregará un documento provisional que permitirá acceder de inmediato a los servicios de la sanidad pública en cualquier comunidad autónoma. Además de esa declaración, será necesario demostrar la residencia en España. El certificado de empadronamiento será el principal medio de acreditación, aunque el sistema se flexibiliza permitiendo otras pruebas, como certificados de escolarización en centros públicos, informes de los servicios sociales, registros de visitas a estos servicios, facturas de suministros como electricidad, gas, agua, teléfono o internet a nombre del solicitante, así como documentos de inscripción consular. La Administración contará con un plazo máximo de tres meses para resolver la solicitud. Si pasado ese tiempo no se ha emitido respuesta, la petición se considerará aceptada por silencio administrativo. Una vez reconocido el derecho, el documento que acredita la asistencia sanitaria se mantendrá vigente mientras la persona no obtenga cobertura sanitaria por otra vía. La norma también establece que las administraciones deberán iniciar el procedimiento de oficio cuando la persona interesada no pueda hacerlo en el momento inicial. Asimismo, se incorporan medidas de apoyo y formatos de lectura fácil para que las personas con discapacidad puedan comprender y firmar la declaración responsable en igualdad de condiciones. El real decreto garantiza el acceso inmediato a la atención sanitaria pública para determinados colectivos considerados especialmente vulnerables, independientemente de su situación administrativa. Entre ellos se encuentran los menores de edad, las mujeres embarazadas -con derecho a atención durante el embarazo, el parto y el posparto, así como al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo- y las víctimas de violencia de género, agresiones sexuales o trata de personas. El derecho a la asistencia sanitaria también se reconoce a quienes soliciten protección internacional o temporal. En el caso de personas que se encuentren en España de forma temporal y necesiten atención médica, se contempla la emisión de un informe de vulnerabilidad especial elaborado por los servicios sociales de las comunidades autónomas. Además, se prevén medidas para garantizar que las personas con discapacidad dispongan de formatos accesibles y apoyo para realizar los trámites necesarios. Por otro lado, el decreto amplía el acceso a la sanidad pública a los españoles de origen que residen en el extranjero cuando se desplacen temporalmente a España. Hasta ahora, este derecho estaba limitado principalmente a pensionistas o trabajadores, pero con la nueva regulación se extiende a todos los españoles de origen y a sus familiares -incluidos cónyuges, parejas de hecho y descendientes dependientes- siempre que no dispongan de cobertura sanitaria a través de convenios internacionales o de la normativa de seguridad social.

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(El Economista, 10-03-2026) | Fiscal

Las firmas de "criptos" informarán al fisco de las inversiones de clientes en enero de 2027

El Ministerio de Hacienda está elaborando nuevos modelos de declaración con el objetivo de que las empresas que prestan servicios de inversión en criptoactivos comuniquen a la Agencia Tributaria, a partir de enero de 2027, tanto los saldos de sus clientes como las operaciones de compraventa realizadas durante 2026. Estos proveedores deberán presentar tres formularios informativos desde el próximo ejercicio. El modelo 042 servirá para inscribirse en el Registro de Operadores de Criptoactivos; el modelo 172 permitirá informar de los saldos que mantengan los usuarios, ya sean particulares o empresas, a 31 de diciembre de cada año; y el modelo 175 recogerá las operaciones de inversión efectuadas durante el ejercicio. Asimismo, Hacienda prevé introducir modificaciones en el modelo 721, que obliga a los contribuyentes a declarar las criptomonedas que poseen en el extranjero cuando su valor supere los 50.000 euros. Con los cambios previstos, esta obligación se ampliará para incluir no solo monedas digitales, sino también otros activos electrónicos. De este modo, además de criptodivisas como Bitcoin o Ethereum, los contribuyentes deberán informar sobre stablecoins -activos vinculados a monedas oficiales como el euro o el dólar- y sobre tokens asociados a otros activos, como materias primas. Con esta ampliación, la supervisión fiscal se extenderá más allá de las criptomonedas tradicionales para abarcar otros tipos de activos digitales. Aunque Hacienda pretende aprobar próximamente estos nuevos modelos informativos, la ley que obligará a las empresas del sector a remitir estos datos continúa bloqueada en el Congreso. El anteproyecto para adaptar la normativa española a la directiva europea de intercambio de información fiscal entre países, conocida como DAC 8, llegó al Congreso poco antes del verano y su tramitación se prevé complicada. El texto de la norma es relativamente breve, con apenas 16 páginas, pero su aprobación se ha visto dificultada por el gran número de enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, que superan ya las 100 páginas. En total se han registrado alrededor de 70 enmiendas, la mayoría relacionadas con cuestiones fiscales, lo que ha convertido la iniciativa en una reforma tributaria de mayor alcance. Entre las propuestas presentadas, el Partido Popular plantea modificar el IRPF para ajustar a la inflación los primeros tramos del impuesto, que afectan a los salarios más bajos. El objetivo sería evitar que el aumento de los sueldos registrado en los últimos años se vea absorbido por el efecto del propio impuesto. Por su parte, Sumar propone que las empresas tributen al 30 % por las ganancias obtenidas con criptoactivos. También plantea mejorar las condiciones para que los contribuyentes puedan beneficiarse de las deducciones en el IRPF vinculadas al mínimo por descendientes y ascendientes, así como ampliar hasta siete años la duración de los contratos de alquiler en los edificios que pertenezcan a un único propietario y tengan viviendas vacías. El PSOE, por otro lado, plantea cambios en la fiscalidad de los cigarrillos electrónicos e incluye una propuesta para agilizar los procedimientos de discrepancia entre los contribuyentes y la Administración en relación con la valoración de inmuebles, utilizada para calcular impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales o el de Sucesiones y Donaciones. Finalmente, Junts propone permitir que los ciudadanos puedan deducirse en el IRPF los seguros privados de salud, eliminar el impuesto sobre la producción eléctrica y permitir que las pequeñas y medianas empresas puedan deducir en el impuesto de Sociedades la cuota pagada por el Impuesto de Actividades Económicas. Además, plantea crear un mecanismo para compensar a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos en el impuesto de plusvalía municipal tras la modificación del sistema de cálculo que se introdujo después de que el Tribunal Constitucional anulara el método anterior.

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(El Economista, 10-03-2026) | Fiscal

El Supremo facilita a los contribuyentes las vías para reclamar la devolución de la plusvalía municipal

El Tribunal Supremo ha aclarado que los contribuyentes pueden solicitar la devolución del impuesto de plusvalía municipal, siempre que su reclamación no se base en la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de octubre de 2021. El alto tribunal recuerda que esa resolución del Tribunal Constitucional, que anuló el sistema utilizado para calcular este impuesto, estableció límites a determinadas reclamaciones. En concreto, no pueden reclamar quienes ya contaban con una sentencia firme o una resolución administrativa definitiva antes de la fecha de dicha sentencia. Tampoco pueden hacerlo quienes pagaron la liquidación o presentaron la autoliquidación y no la recurrieron ni solicitaron su rectificación antes del 26 de octubre de 2021, cuando la reclamación se apoye en esa misma sentencia. En una resolución fechada el 23 de febrero, el Tribunal Supremo señala, sin embargo, que sí es posible pedir la devolución si la solicitud se fundamenta en argumentos distintos a la declaración de inconstitucionalidad recogida en aquella sentencia. Esto significa que los contribuyentes que abonaron este impuesto en situaciones en las que no existió un aumento real del valor del terreno, o que pagaron una cantidad superior a la que correspondía, pueden recurrir las liquidaciones, autoliquidaciones o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que todavía se encuentren dentro del plazo legal y que la reclamación no se base exclusivamente en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2021. El Supremo explica que, por ejemplo, los afectados podrían alegar que pagaron la plusvalía pese a que el terreno no se revalorizó o que el importe abonado tuvo un carácter confiscatorio. También podrían recurrir por cualquier otro motivo distinto del que llevó al Tribunal Constitucional a declarar inconstitucional el método de cálculo del impuesto. En este sentido, el tribunal subraya que la limitación establecida por el Constitucional solo afecta a las reclamaciones basadas en la inconstitucionalidad del sistema de cálculo del tributo, pero no impide que se presenten reclamaciones fundamentadas en otros argumentos.

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(El Periódico, 10-03-2026) | Fiscal

El PP reclama bajar al 10% el IVA de la factura de la luz como una de las medidas para paliar el impacto de la guerra

El Partido Popular presentará en el Congreso una batería de iniciativas destinadas a reducir el impacto del encarecimiento de la energía en los hogares. Entre las propuestas figuran duplicar la deducción por hijo en el IRPF, reducir al 10% el IVA aplicado a la energía y eliminar el impuesto sobre la generación eléctrica. Fuentes del partido señalan que su líder, Alberto Núñez Feijóo, abordará este asunto durante su intervención prevista para esta tarde en Riaza, dentro de la campaña de las elecciones de Castilla y León. Previamente, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, detallará la propuesta por la mañana a través de su cuenta en la red social X y durante un acto en Burgos. Desde el partido sostienen que el poder adquisitivo de los ciudadanos ha disminuido desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, argumentando que los salarios reales no han aumentado mientras que la presión fiscal sí lo ha hecho. A su juicio, el encarecimiento reciente de la energía agrava aún más la situación económica de las familias, por lo que consideran que es el momento de plantear medidas concretas y no solo mensajes políticos. Entre las propuestas planteadas, el PP plantea mejorar la renta disponible de los contribuyentes, especialmente de las familias con hijos, mediante cambios en el IRPF. Para ello propone duplicar los mínimos personales por hijo a cargo y actualizar los tramos del impuesto, lo que, según sus cálculos, supondría un beneficio medio de unos 200 euros por contribuyente. Además, el partido plantea rebajar al 10% el IVA de la energía para todos los consumidores en un contexto de subida de los precios del gas y el petróleo, así como eliminar el impuesto sobre la generación eléctrica. De acuerdo con las estimaciones del PP, el conjunto de estas medidas supondría para un hogar medio -formado por dos adultos y dos hijos- un ahorro aproximado de 75 euros mensuales, lo que equivale a cerca de 900 euros al año. La formación tiene previsto llevar estas propuestas al Congreso para comprobar el respaldo del resto de grupos parlamentarios, aunque también insta al Gobierno a adelantarse y aprobarlas en el Consejo de Ministros, al considerar que se trata de medidas urgentes. Desde el PP argumentan que las clases medias suelen ser las que terminan asumiendo el coste de las crisis económicas, tanto nacionales como internacionales. Por último, el partido contrapone su mensaje político al del presidente del Gobierno ante el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán. Mientras Pedro Sánchez ha defendido el lema "No a la guerra", el PP responde con su propio eslogan: "Sí a los españoles".

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