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(Cinco Días, 17-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMC aprueba un plan para evitar el agotamiento de la numeración telefónica

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio este jueves su visto bueno a dos iniciativas del Ministerio para la Transformación Digital destinadas a modificar la gestión de la numeración telefónica y evitar su saturación. Estas medidas pretenden aliviar la presión sobre las líneas fijas en zonas con alta demanda y ordenar el crecimiento de los servicios máquina a máquina (M2M). Una de las decisiones principales consiste en suprimir la numeración geográfica vinculada a servicios nómadas, debido a su escasa utilización. Estos números, que suman millones de recursos disponibles, pasarán a destinarse al servicio fijo convencional. Según la CNMC, esta reasignación ayudará a cubrir la demanda en provincias donde el agotamiento de numeración es inminente. Este tipo de numeración permitía disponer de números con prefijos provinciales, como 91 o 93, asociados a servicios de telefonía por internet, lo que ofrecía movilidad al usuario sin necesidad de una conexión física fija. Sin embargo, su uso estaba condicionado a que el titular acreditara una dirección real en la provincia correspondiente, lo que permitía mantener una imagen de proximidad pese a operar de forma remota. El plan contempla un periodo de seis meses para que operadores y usuarios adapten sus servicios. Además, se reforzará el control exigiendo que los titulares acrediten su vinculación con la zona geográfica del número asignado. En relación con los dispositivos conectados, se ha fijado julio de 2026 como fecha límite para que los nuevos servicios M2M utilicen exclusivamente numeración de 13 dígitos que comienza por 59. El objetivo es preservar los números móviles tradicionales de nueve cifras, cuyo uso por parte de estos dispositivos se irá eliminando progresivamente hasta desaparecer en 2031. Las líneas M2M se emplean en sistemas automatizados con poca intervención humana, como máquinas expendedoras, alarmas o terminales de pago. Aunque existe un rango específico para ellas, su uso ha sido reducido, ya que muchas utilizan numeración móvil convencional, lo que ha contribuido a su saturación. La CNMC también ha planteado ajustes técnicos para definir con mayor precisión qué operadores podrán acceder a estos rangos y ha recomendado excluir el sistema de emergencia vehicular eCall de esta categoría. A su juicio, estas medidas permitirán garantizar la capacidad necesaria para el desarrollo de nuevas tecnologías y el crecimiento del entorno digital. El organismo destaca que estas reformas responden a la necesidad de optimizar recursos limitados. Al liberar numeración geográfica poco utilizada, se incrementa la disponibilidad sin necesidad de ampliar los rangos actuales. Por su parte, los servicios nómadas que no requieran vinculación territorial seguirán utilizando el rango específico 51. La introducción del rango 59 para el internet de las cosas responde al aumento de dispositivos conectados, como vehículos o sistemas de medición remota. El uso de numeración móvil para estos fines estaba reduciendo la disponibilidad de líneas para usuarios particulares, por lo que la nueva numeración de 13 cifras permitirá absorber el crecimiento previsto en los próximos años. Asimismo, la CNMC ha instado al Ministerio a simplificar la normativa eliminando referencias desactualizadas y unificando criterios, con el fin de ofrecer mayor seguridad jurídica a operadores y empresas tecnológicas. Por último, el organismo supervisará directamente la aplicación de estas medidas para asegurar que se cumplen los plazos establecidos y que el sistema de numeración puede adaptarse al crecimiento del ecosistema digital sin generar problemas de disponibilidad en ninguna región.

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(Expansión, 17-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas relajará las normas sobre fusiones para facilitar gigantes europeos

La Comisión Europea está revisando las reglas de competencia que utiliza para aprobar o bloquear fusiones, con el objetivo de facilitar la creación de grandes empresas europeas capaces de competir a nivel global. Europa busca reforzar su peso internacional y ha asumido que no podrá reducir la distancia en innovación respecto a Estados Unidos y China sin permitir que sus compañías alcancen una escala suficiente para afrontar las fuertes inversiones necesarias para mantenerse competitivas. En este contexto, el Ejecutivo comunitario está actualizando las directrices que guían a los funcionarios al evaluar operaciones empresariales. Hasta ahora, Bruselas se ha centrado principalmente en el impacto que la concentración podía tener sobre los precios, lo que, aunque no ha impedido la mayoría de las fusiones, sí ha frenado algunas de las más ambiciosas. Sin embargo, el actual escenario geopolítico, las tensiones con aliados tradicionales y la competencia tecnológica global han llevado a la Comisión, presidida por Ursula von der Leyen, a replantearse un marco normativo que lleva dos décadas en vigor. Como señaló Teresa Ribera, hasta ahora el análisis se ha limitado a los efectos en los precios a corto plazo -generalmente en un horizonte de tres años-, pero se plantea ampliar ese enfoque para valorar también beneficios y riesgos en un periodo más largo. De aplicarse, este cambio supondría una de las reformas más profundas en materia de competencia desde los años 2000, cuando se puso el foco en el impacto de las fusiones sobre los consumidores. Aunque el objetivo principal sigue siendo evitar distorsiones en el mercado interior, la Comisión reconoce que su evaluación debe adaptarse a nuevas realidades. En un borrador adelantado por Financial Times, se destaca que no solo los precios bajos benefician a los consumidores, sino también la innovación y el tamaño empresarial, que pueden mejorar el acceso a recursos clave y reforzar las cadenas de suministro. Aunque estos factores ya se consideran, las empresas llevan tiempo denunciando que han tenido un peso secundario frente al análisis del poder de fijación de precios. El nuevo enfoque reconoce que el crecimiento empresarial para competir a escala global puede favorecer la competencia y aportar beneficios a la Unión Europea, aunque el texto aún puede modificarse antes de su publicación definitiva. No obstante, Teresa Ribera ha subrayado que no se trata de permitir fusiones sin control, aunque defiende que las nuevas normas podrían situarse entre las más avanzadas del mundo. Algunos expertos consideran que no sería necesario un cambio radical en la regulación, sino más bien un ajuste en la forma de evaluar las operaciones, dando mayor importancia a la innovación y a las necesidades de inversión, además de la competencia interna. Por su parte, las empresas reclaman mayor seguridad jurídica. Este debate es especialmente relevante en sectores como las telecomunicaciones, donde los precios han caído en los últimos años. Compañías como Telefónica llevan tiempo solicitando mayor flexibilidad para crecer mediante adquisiciones. Hasta ahora, Bruselas ha sido más favorable a las fusiones entre empresas de distintos países, pero mantiene cautela ante las operaciones dentro de un mismo mercado nacional, al considerar que pueden reducir la competencia. Sin embargo, las compañías argumentan que es precisamente en el ámbito nacional donde se generan más sinergias y ahorros de costes, lo que a su vez puede impulsar la inversión.

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(Expansión, 17-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España cae en el índice de países más atractivos para la inversión extranjera

Según una encuesta de la consultora Kearney, el alto nivel de deuda pública, el desempleo estructural y las restricciones del Gobierno a las inversiones extranjeras están reduciendo el atractivo de España para los directivos de grandes multinacionales. De acuerdo con estos ejecutivos, el país pierde posiciones como destino de inversión internacional debido a factores como el endeudamiento, la persistencia del paro y las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para limitar la entrada de capital extranjero en sectores estratégicos. Como consecuencia, España ha descendido del puesto 11 al 15 en el último índice global de confianza para la inversión extranjera elaborado por Kearney. El informe se basa en una encuesta realizada en enero de 2026 a más de 500 altos directivos, por lo que aún no recoge el impacto de acontecimientos recientes como el conflicto con Irán o el encarecimiento del petróleo, aunque ya se percibía una creciente preocupación por el contexto geopolítico. Este retroceso prolonga la tendencia negativa iniciada en 2023, cuando España ocupaba la octava posición en el ranking, lo que supone una caída de siete puestos en tres años. Entre los factores que, según el informe, condicionan el interés inversor destacan la elevada deuda pública -que alcanzó el 103% del PIB a finales de 2025- y la tasa de desempleo estructural, la más alta de la Unión Europea. También influye la extensión hasta finales de 2026 del sistema de control de inversiones extranjeras en sectores estratégicos, que incrementa las exigencias regulatorias. Este mecanismo, que obliga a obtener autorización previa para determinadas adquisiciones, ha permitido al Ejecutivo bloquear la compra de Talgo por parte de una empresa húngara y establecer condiciones a la entrada de Saudi Telecom en Telefónica. El control es permanente para inversores de fuera de la Unión Europea y se ha prorrogado temporalmente para los comunitarios. Según Kearney, esta medida busca proteger sectores clave como la tecnología o las infraestructuras críticas, reforzando la seguridad económica, aunque añade más requisitos administrativos. En cuanto al empleo, la consultora reconoce una mejora en la tasa de paro, aunque sigue siendo la más elevada del bloque comunitario. Los datos oficiales reflejan esta pérdida de atractivo: la inversión extranjera directa en España cayó un 22% en 2025, hasta los 30.764 millones de euros, según cifras de la Secretaría de Estado de Comercio. Aun así, los directivos identifican oportunidades en sectores como las energías renovables y el transporte de mercancías. España destaca en la transición energética y ha recibido un volumen significativo de inversión en logística, superior al de otras grandes economías europeas. Entre los principales motivos para invertir en el país, los encuestados señalan la calidad de las infraestructuras, el crecimiento económico y la cualificación de la fuerza laboral, factores mencionados por el 27% de los participantes. En la clasificación de Kearney, España queda por detrás de países como Singapur, Arabia Saudí, Corea del Sur y Suiza. Italia también registra un descenso notable, pasando del octavo al decimotercer puesto. Por su parte, Estados Unidos mantiene el liderazgo, impulsado por su fortaleza tecnológica y la solidez de su economía, aunque las expectativas económicas a tres años han empeorado respecto al año anterior. Tras Estados Unidos se sitúan Canadá, Japón y China.

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(El País, 17-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros el plan estatal de vivienda dotado con 7.000 millones de euros

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció este jueves que su departamento llevará al próximo Consejo de Ministros la aprobación definitiva del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con una inversión histórica de 7.000 millones de euros. Esta decisión llega tras varios meses de diálogo con distintas administraciones, especialmente con las comunidades autónomas, que han realizado aportaciones desde la presentación inicial del plan en septiembre de 2025. El objetivo principal de este programa para los próximos años es hacer frente a las dificultades de acceso a la vivienda que afectan a miles de ciudadanos, mediante el refuerzo del parque público. Para ello, el nuevo plan triplica los recursos respecto a ediciones anteriores, con el propósito de consolidar la vivienda pública como una solución estructural. La aprobación definitiva se producirá con cierto retraso respecto a los plazos previstos inicialmente, ya que el ministerio contemplaba sacarlo adelante antes de finalizar 2025. En cuanto a la financiación, el Estado asumirá el 60% del presupuesto, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante. Una de las condiciones destacadas es que las viviendas construidas bajo este plan mantendrán de forma permanente su carácter protegido. El reparto de los fondos establece que un 40% se destinará a la construcción o adquisición de vivienda protegida, mientras que un 30% se dedicará a la rehabilitación, con especial atención a la eficiencia energética, la accesibilidad y la regeneración urbana. El objetivo es mejorar y actualizar el parque ya existente. Además, se incrementarán las ayudas en casos de rehabilitación en zonas con valor patrimonial o cuando se trate de viviendas vacías que se incorporen al mercado de alquiler asequible. El 30% restante se orientará a facilitar la emancipación de los jóvenes, mediante ayudas al alquiler, programas de alquiler con opción a compra de hasta 30.000 euros para viviendas protegidas de carácter permanente, y subvenciones de más de 10.800 euros para la adquisición de vivienda en municipios con riesgo de despoblación. Rodríguez hizo este anuncio durante unas jornadas sobre el medio rural celebradas en Pozuelo de Calatrava, donde también detalló medidas específicas para estas zonas. Entre ellas, ayudas de hasta 8.000 euros para intervenciones estructurales y hasta 20.500 euros para actuaciones de rehabilitación energética. Además, se prevén subvenciones de hasta 85.000 euros destinadas a la construcción de vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes, que podrán destinarse también a la venta.

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(El País, 17-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El límite del 2% a las subidas de los alquileres ahorrará hasta 658 euros a los inquilinos

El real decreto que permite a los inquilinos cuyos contratos de alquiler finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 solicitar una prórroga de dos años mediante el envío de un burofax a sus propietarios será sometido a votación el próximo 28 de abril. Además de esta medida extraordinaria, la norma, en vigor desde el 22 de marzo, incluye un límite del 2% en la actualización anual de las rentas. En el contexto actual, marcado por el repunte de la inflación derivado de la guerra en Irán, este tope podría traducirse en un ahorro acumulado de hasta 658 euros en dos años para los inquilinos, según un informe elaborado por Sumar. El principal objetivo de esta normativa, aprobada hace unas semanas por el Gobierno, es prolongar las condiciones actuales de los contratos de alquiler durante dos años como parte de un paquete de medidas para mitigar el impacto económico del conflicto. En un primer momento, el Ministerio de Consumo estimó que cerca de un millón de hogares podrían beneficiarse de esta prórroga, dado que muchos contratos firmados durante la pandemia están próximos a su vencimiento, teniendo en cuenta que suelen tener una duración de cinco años. No obstante, esta cifra es orientativa, ya que no contempla situaciones como contratos que se rescindieron antes de tiempo o aquellos firmados con grandes propietarios, cuya duración puede ser de siete años y, por tanto, quedarían fuera del ámbito de aplicación de la norma. El análisis de Sumar se centra en el efecto económico de limitar las subidas al 2%, tomando como referencia los contratos vigentes cuya actualización depende del IPC, a diferencia de los nuevos acuerdos regulados por el índice de referencia de arrendamientos. A partir de las previsiones del Banco de España para 2026 y 2027, el informe calcula distintos escenarios de ahorro. En un contexto desfavorable, con una inflación del 3,9% en 2026 y del 2% en 2027, el alquiler medio podría alcanzar los 623 euros mensuales el primer año y acercarse a los 636 euros el segundo. Con el límite del 2%, el ahorro sería de unos 11 euros al mes en 2026 y cerca de 12 euros en 2027, lo que sumaría unos 276 euros en total. Si la inflación fuese algo más moderada, con un 3% en 2026 y un 2,5% en 2027, el ahorro acumulado rondaría los 182,5 euros. En cambio, en un escenario más negativo, con incrementos del 5,9% y del 3,2% respectivamente, el beneficio para los inquilinos podría alcanzar los 658 euros. El informe también destaca que estos ahorros serían mayores en las zonas donde el mercado del alquiler está más tensionado. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el límite del 2% supondría un ahorro de 364, 240 o hasta 867 euros según el escenario. En Cataluña, las cifras serían de 331, 219 y 790 euros, respectivamente. Desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado, Sumar ha intentado negociar apoyos con los partidos contrarios a su validación. Por el momento, la medida no cuenta con respaldo suficiente en el Parlamento, ya que PP, Vox, UPN y Junts han manifestado su rechazo, lo que podría llevar a su derogación. Aun así, el Gobierno ha señalado que, incluso si la norma no prospera, los inquilinos que hayan solicitado la prórroga durante su vigencia podrían mantener ese derecho. Sin embargo, esta interpretación no está exenta de dudas jurídicas.

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(El Confidencial, 17-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación de la eurozona salta a máximos desde 2024 por la guerra de Irán

La inflación interanual en la zona euro alcanzó el 2,6% en marzo, lo que supone un aumento de siete décimas respecto al 1,9% registrado en febrero y una décima más de lo previsto inicialmente. Se trata del mayor repunte del coste de la vida en la región desde julio de 2024, impulsado principalmente por el encarecimiento de la energía tras el inicio de la guerra en Irán, según los datos revisados de Eurostat. Este incremento de siete décimas coincide con uno de los mayores saltos recientes de los precios, comparable al registrado en octubre de 2022, cuando el conflicto en Ucrania provocó una fuerte subida de los combustibles. En el conjunto de la Unión Europea, la inflación también se aceleró, situándose en el 2,8% en marzo frente al 2,1% del mes anterior, lo que supone el mayor aumento entre los Veintisiete desde enero de 2025. Los datos reflejan que este repunte está directamente relacionado con el impacto del conflicto en Oriente Próximo y las tensiones en el estrecho de Ormuz, que han elevado el precio de la energía un 5,1% interanual, frente a la caída del 3,1% registrada en febrero. Por su parte, los alimentos frescos subieron un 4,2%, ligeramente por debajo del mes anterior. En cuanto a otros componentes, los bienes industriales no energéticos aumentaron un 0,5% interanual, dos décimas menos que en febrero, mientras que los servicios registraron un encarecimiento del 3,2%, también inferior al 3,4% del mes previo. Si se excluye la energía, la inflación se situó en el 2,3%, una décima menos que en febrero. La inflación subyacente, que además elimina del cálculo los precios de los alimentos, el alcohol y el tabaco, también se redujo ligeramente, quedando en el 2,3%. En España, la inflación armonizada subió hasta el 3,4% interanual en marzo, lo que supone una diferencia de ocho décimas por encima de la media de la zona euro. Por países, las tasas más bajas se registraron en Dinamarca (1%) y en República Checa, Chipre y Suecia (1,5% en todos los casos), mientras que los mayores incrementos de precios se observaron en Rumanía (9%), Croacia (4,6%) y Lituania (4,4%).

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(El País, 16-04-2026) | Fiscal

La Airef recorta el crecimiento económico y alerta de un alza de la inflación y el déficit por la guerra en Oriente Próximo

La incertidumbre derivada de la guerra en Oriente Próximo y su impacto en los mercados energéticos sigue afectando a las previsiones sobre la economía española. En este contexto de elevada volatilidad, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha revisado sus estimaciones para 2026, advirtiendo de que los riesgos geopolíticos pueden traducirse en menor crecimiento, mayor inflación y un incremento del déficit público. El organismo ha reducido ligeramente su previsión de crecimiento del PIB hasta el 2,3%, una décima menos que en su anterior cálculo. Al mismo tiempo, ha elevado de forma notable la estimación de inflación, que alcanzaría el 3,2% en el conjunto del año, y sitúa el déficit público en el 2,6%, lo que supondría su primer repunte desde la salida de la crisis provocada por la pandemia. Estas previsiones forman parte del informe sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas para 2026, presentado por la Airef, actualmente presidida por Inés Olóndriz. El organismo advierte de que España no cumplirá los objetivos de gasto establecidos en su plan fiscal y que el déficit será superior al previsto, en gran medida por las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la situación económica y a episodios climáticos recientes. Según Olóndriz, el margen fiscal del país es limitado, lo que obliga a vigilar de cerca esta evolución. El déficit proyectado supone un aumento respecto a 2025, cuando se situó en el 2,4% del PIB, y también supera las estimaciones anteriores de la propia Airef. Este deterioro se explica principalmente por el coste de las medidas extraordinarias adoptadas ante el contexto internacional y fenómenos como las borrascas que afectaron a varias regiones. Estas actuaciones, concentradas en la Administración central, también frenan la reducción de la deuda pública, que se mantendría cerca del 100% del PIB. El ajuste de las previsiones refleja un escenario más complejo de lo esperado. Aunque la economía española mantiene cierta solidez gracias a factores internos como el buen comportamiento del empleo, la llegada de inmigración y los fondos europeos, la evolución de los precios de la energía vuelve a ser un elemento clave de riesgo. Según la Airef, el encarecimiento energético podría restar alrededor de dos décimas al crecimiento previsto para 2026, aunque las medidas públicas adoptadas ayudarían a mitigar parcialmente este impacto. En paralelo, el aumento de la inflación es uno de los cambios más significativos del nuevo escenario, con una revisión al alza de más de un punto respecto a las previsiones iniciales. El organismo también advierte de posibles incumplimientos de las reglas fiscales europeas. En concreto, estima que el crecimiento del gasto público superará los límites acordados tanto en términos anuales como acumulados. Para 2026, calcula un aumento del gasto neto del 5,9%, frente al 3,5% comprometido, lo que supone una desviación relevante. Asimismo, señala riesgos de incumplimiento de la regla de gasto nacional en la Administración central, en la mayoría de comunidades autónomas y en algunas entidades locales. Para ajustarse a estos límites, España tendría que aplicar medidas de contención del gasto equivalentes a unos 10.000 millones de euros.

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(El Economista, 16-04-2026) | Fiscal

Hacienda da marcha atrás y permite que peritos independientes tasen inmuebles

La Agencia Tributaria ha acatado la sentencia de la Audiencia Nacional y ha corregido la Instrucción que aprobó en marzo de 2023, en la que obligaba a los contribuyentes que quisieran aplazar o fraccionar una deuda aportando un inmueble como garantía a tasarlo mediante empresas o profesionales inscritos en el registro oficial de tasadores. El organismo ha aprobado una nueva Instrucción el 7 de abril, vigente desde el día siguiente, en la que introduce cambios y precisa que, en estos casos, recurrir a tasadores registrados pasa a ser una opción preferente, pero no obligatoria. De este modo, desaparece el carácter imprescindible que tenía este requisito anteriormente, permitiendo que ciudadanos y empresas puedan acudir también a peritos independientes. No obstante, la Agencia Tributaria especifica que no se aceptarán valoraciones realizadas por agentes de la propiedad inmobiliaria. Este cambio se produce tras la actuación de los abogados Esaú Alarcón y Alejandro Miguélez, que defendieron a la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) frente a la instrucción inicial. Según explica Alarcón, el hecho de que antes se exigiera de forma obligatoria implicaba que Hacienda podía rechazar automáticamente la solicitud si no se presentaba una tasación de un profesional registrado. En cambio, al considerarse ahora un criterio preferente, la Administración no podrá denegarla de forma automática, sino que deberá justificar su decisión. Además, al ampliarse el número de profesionales que pueden realizar la tasación, se fomenta la competencia y, previsiblemente, se reducen los costes para los contribuyentes. La Audiencia Nacional, en su sentencia del 17 de marzo de 2025, concluyó que la instrucción de 2023 limitaba indebidamente la capacidad de los contribuyentes para acreditar el valor del inmueble ofrecido como garantía. Antes, podían recurrir a distintos profesionales especializados, pero con la nueva exigencia se convertía en una obligación estricta, cuya ausencia implicaba la denegación de la solicitud. Hacienda justificó en su momento esta medida basándose en una resolución de 2005 de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, que regulaba los criterios para suspender la ejecución de actos recurridos y exigía que las valoraciones fueran realizadas por tasadores oficiales. Sin embargo, el tribunal determinó que esa normativa no era aplicable a los aplazamientos o fraccionamientos de deudas, ya que se refería a un ámbito distinto: la suspensión de actos administrativos impugnados. En consecuencia, la nueva Instrucción aclara que la obligación de acudir a tasadores inscritos solo se mantiene en los casos de suspensión de la ejecución de actos recurridos. En cambio, cuando se trate de valorar bienes aportados como garantía para aplazar o fraccionar deudas tributarias, el recurso a estos profesionales será únicamente recomendable, pero no obligatorio.

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(El Economista, 16-04-2026) | Fiscal

El FMI señala como rebeldes fiscales a Francia y Alemania y deja a España de alumno aventajado

El escenario fiscal en los países de la Unión Europea ha experimentado una transformación notable en los últimos años. Durante las crisis de 2008 y 2011, los denominados PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España) eran señalados por sus graves desequilibrios presupuestarios, con elevados niveles de deuda y déficits difíciles de sostener. Sin embargo, la situación ha cambiado de forma significativa: ahora son economías como Francia y Alemania las que se perfilan como principales incumplidoras de las reglas fiscales en los próximos años, mientras que España avanza hacia un déficit cercano al 2%. De acuerdo con el Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI), las trayectorias fiscales de las economías avanzadas están divergiendo claramente. En el caso español, se prevé una reducción de la deuda de entre 10 y 14 puntos porcentuales hasta 2031, impulsada por un contexto favorable en crecimiento e intereses. Mientras tanto, otros países, como Alemania, están abandonando su tradicional disciplina fiscal. Las previsiones del FMI indican que España cerrará el ejercicio actual con un déficit del 2,1%, manteniéndose en niveles similares -entre el 2,1% y el 2,3%- durante los próximos años. En paralelo, la deuda pública seguirá una senda descendente desde el 100,4% del PIB registrado el año pasado, bajando al 98,2% en 2026 y situándose en torno al 90,4% al final de la década. Aunque aún lejos del objetivo del 60% fijado por la normativa europea, este nivel se considera más manejable. La principal advertencia del FMI para España se centra en la polarización política, que puede dificultar la puesta en marcha de reformas de calado y medidas de eficiencia. En contraste, Alemania verá deteriorarse sus cuentas públicas en el próximo lustro. Su deuda superará el umbral del 60% del PIB -alcanzando el 62,9% este año- y continuará aumentando hasta situarse en torno al 73,7% en 2031, lo que supone un incremento de cerca de 11 puntos porcentuales. Asimismo, su déficit rebasará el límite del 3% establecido por Bruselas, con previsiones del 3,8% este año y picos superiores al 4% en 2028 y 2029. Este giro responde a un cambio en la política económica alemana, que abandona su tradicional prudencia fiscal para priorizar inversiones, especialmente en defensa e infraestructuras. La actual gran coalición liderada por Friedrich Merz ha flexibilizado el denominado "freno de la deuda" (Schuldenbremse), permitiendo así la aprobación de un ambicioso plan de inversión de 500.000 millones de euros a diez años. Por su parte, Francia presenta una situación fiscal más delicada y prolongada en el tiempo. Desde la llegada de Emmanuel Macron al poder, el país ha acumulado desequilibrios derivados de reducciones fiscales no acompañadas de ajustes en el gasto. Aunque la reciente aprobación de los Presupuestos de 2026 ha aportado cierto alivio, el déficit seguirá siendo elevado -un 4,9% del PIB este año- y su reducción será gradual, hasta situarse en torno al 2,9% en 2031. A pesar de esta mejora progresiva del déficit, la deuda francesa continuará creciendo, pasando del 116% del PIB al 118,4% este año, superando el 120% en 2027 y manteniéndose en niveles elevados posteriormente. Este aumento está vinculado, en parte, al elevado gasto en Seguridad Social tras la reversión de la reforma de las pensiones. El FMI advierte de la necesidad de retomar medidas como el retraso de la edad de jubilación y la reducción de las jubilaciones anticipadas. En conjunto, el FMI lanza un aviso a los países europeos sobre los crecientes desafíos fiscales a los que se enfrentan, especialmente por la necesidad de equilibrar el aumento del gasto en defensa, el envejecimiento de la población y las inversiones estratégicas.

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(Cinco Días, 16-04-2026) | Laboral

Bruselas plantea un día de teletrabajo para ahorrar energía

El conflicto en Irán se está prolongando y amenaza con transformar el encarecimiento del gas natural y el petróleo en una verdadera crisis energética. Para hacer frente a esta situación, la Comisión Europea está elaborando un plan con distintas medidas destinadas a reducir el impacto económico en hogares y empresas. El Ejecutivo comunitario prevé presentar esta propuesta el 22 de abril a los Estados miembros, con la intención de debatirla y, en su caso, aprobarla durante la reunión informal de líderes de la Unión Europea que tendrá lugar en Chipre en los días posteriores. Entre las iniciativas que han trascendido tras la filtración del borrador, destaca la posibilidad de establecer un día obligatorio de teletrabajo a la semana siempre que sea viable, el cierre de edificios públicos cuando no estén en uso y el impulso del transporte público mediante rebajas en las tarifas o incluso su gratuidad para determinados colectivos. Estas medidas aún no son definitivas y podrían modificarse, aunque siguen la línea de las recomendaciones recientes de la Agencia Internacional de la Energía. Por ahora, el abastecimiento energético en la Unión Europea está asegurado, y el principal impacto se refleja en el aumento de precios debido a la incertidumbre en los mercados. No obstante, si el conflicto se prolonga o continúan los daños en infraestructuras clave, la situación podría agravarse, motivo por el cual Bruselas apuesta por la prudencia. En un acto organizado por el Real Instituto Elcano, Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, señaló que los datos de la Agencia Internacional de la Energía evidencian una pérdida significativa de capacidad de producción de gas, petróleo, combustible de aviación y ciertos productos químicos esenciales para la industria. En este contexto, Ribera subrayó la importancia de medidas orientadas a la moderación del consumo, el ahorro energético y la eficiencia, recordando que en crisis anteriores las acciones más sencillas lograron reducir notablemente el uso de combustibles fósiles. Respecto al paquete en preparación, que también contempla una mayor flexibilidad en las ayudas estatales para sectores especialmente afectados, la vicepresidenta destacó que busca equilibrar reformas estructurales -ya previstas- con actuaciones excepcionales ante situaciones de emergencia. Asimismo, la Comisión propone a los países miembros iniciativas como la distribución de ayudas directas para hogares vulnerables o la aplicación temporal de tarifas reguladas para consumidores con menor capacidad económica. En cualquier caso, estas medidas se plantean como provisionales, con la intención de mantenerlas, como máximo, hasta finales de este año para evitar un impacto negativo en las cuentas públicas.

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