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(El Economista, 11-11-2026) | Fiscal

La Audiencia Nacional rechaza la deducción en el IVA de los regalos a clientes si tienen utilidad comercial

La Audiencia Nacional considera que los bienes entregados a clientes que, pese a incorporar distintivos de una marca, tienen una utilidad económica propia para el destinatario deben calificarse como atenciones a clientes y no como simples objetos publicitarios de escaso valor. Esta distinción impide deducir el IVA soportado en su adquisición, según establece la sentencia de 14 de octubre de 2026. La resolución, de la que es ponente la magistrada Sánchez Cordero, desestima el recurso presentado por Mahou y confirma el criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que había ratificado una liquidación de la Agencia Tributaria de 31 de enero de 2019. El acuerdo exigía a la cervecera el ingreso de 8,7 millones de euros en concepto de IVA correspondiente al periodo comprendido entre febrero de 2013 y diciembre de 2015. La compañía pretendía deducirse las cuotas soportadas por la compra de diversos materiales promocionales destinados a establecimientos hosteleros, entre ellos vasos, copas, jarras, servilleteros, posavasos, ceniceros y abridores. Mahou defendía que estos artículos no tenían valor comercial intrínseco, dado que su coste era inferior a 90 euros y llevaban incorporada una marca indeleble. Para respaldar su postura, invocó los artículos 7.4 y 96.Uno.5.º de la Ley del IVA, así como la consulta vinculante V1464-08 de la Dirección General de Tributos. Sin embargo, la Audiencia Nacional señala que, para aplicar la excepción que permite la deducción, deben concurrir simultáneamente dos requisitos: que los objetos incluyan de forma indeleble la marca y que carezcan de valor comercial intrínseco. El artículo 96.1.5.º de la Ley del IVA establece, con carácter general, la no deducibilidad de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes o servicios destinados a atenciones a clientes. La norma contempla una excepción para los objetos de carácter publicitario de escaso valor, pero la Sala entiende que debe interpretarse de manera restrictiva. En este caso, los materiales entregados por Mahou tenían una utilidad económica efectiva para los establecimientos hosteleros, ya que cubrían necesidades habituales de su actividad y, de no recibirlos, habrían tenido que comprarlos en el mercado. Por tanto, la inclusión del logotipo de la cervecera no elimina el valor propio de estos bienes ni permite considerarlos simples artículos publicitarios. La sentencia también aplica la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular la resolución de 12 de marzo de 2026, asunto C-515/24. Según la Audiencia Nacional, la exclusión de la deducción del IVA en las atenciones a clientes resulta compatible con el Derecho comunitario, al amparo de la cláusula de mantenimiento prevista en el artículo 176 de la Directiva del IVA. Finalmente, el tribunal considera que estas entregas constituyen operaciones de autoconsumo no deducibles conforme a los artículos 9.1.b y 7.7 de la Ley del IVA. En consecuencia, desestima íntegramente la demanda de Mahou, sin imponer las costas procesales.

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(Expansión, 11-11-2026) | Laboral

Huelga: claves para empresas y trabajadores

Las empresas deben recordar que no pueden preguntar a sus empleados si tienen previsto secundar la huelga ni recurrir a otros trabajadores para sustituir a quienes participen en ella. Asimismo, las deducciones salariales deberán ajustarse estrictamente al tiempo de inactividad. Varias organizaciones sindicales, entre ellas CCOO, UGT y CGT, han convocado una huelga general de 24 horas para el miércoles 11 de noviembre. La movilización tiene como principales reivindicaciones el acceso a la vivienda, la mejora del poder adquisitivo y el impulso de la negociación colectiva. El impacto económico de la convocatoria dependerá del seguimiento que consiga. Tomando como referencia el PIB español, que refleja la riqueza generada en el país durante el conjunto de jornadas laborales del año, es posible realizar una estimación aproximada de sus efectos. Si la mitad de los trabajadores secundara el paro, las pérdidas podrían alcanzar el 0,2% del PIB, lo que representa más de 3.300 millones de euros. Ante esta situación, las empresas se enfrentan al reto de mantener la actividad con los empleados que decidan trabajar, respetando al mismo tiempo el derecho fundamental de huelga. Para ello, deben conocer los límites legales de las medidas organizativas que pueden adoptar. Con carácter general, todos los trabajadores por cuenta ajena pueden participar en la huelga, con independencia del tipo de contrato, la antigüedad, el sector en el que desarrollen su actividad o su afiliación sindical. Así lo explica Montse Rodríguez, socia y directora nacional del área legal laboral de BDO Abogados. Este derecho también alcanza a los empleados que se encuentran en periodo de prueba, trabajan a distancia o prestan sus servicios a través de una empresa de trabajo temporal. Las compañías tampoco pueden exigir a sus empleados que comuniquen anticipadamente si tienen intención de secundar la convocatoria. Según recuerda Rodríguez, los trabajadores no están obligados a informar de su decisión, por lo que las empresas deben evitar tanto las consultas directas como la elaboración de listas o encuestas que puedan interpretarse como una forma de presión. Francisco Fernández Díez, socio responsable del área laboral de KPMG Abogados, recomienda organizar la actividad mediante diferentes previsiones de absentismo, contemplando distintos escenarios de participación en la huelga sin pedir a los empleados que anticipen su decisión. Una vez finalizada la jornada, sí será posible comprobar las ausencias y diferenciar las motivadas por el paro de las que tengan otras causas. En materia retributiva, las empresas pueden descontar de la nómina el salario correspondiente al tiempo de huelga, la parte proporcional del descanso semanal y la correspondiente a las pagas extraordinarias. Sin embargo, no cabe reducir los días de vacaciones ni la antigüedad del trabajador. En cuanto a los pluses y complementos salariales, será necesario analizar las condiciones específicas que regulan cada concepto. Fernández Díez insiste en que las deducciones deben guardar una proporción exacta con el tiempo de huelga. Cuando el trabajador secunda la convocatoria durante toda la jornada, pasa a una situación de alta especial en la Seguridad Social, durante la cual no existe obligación de cotizar. Respecto a la organización del trabajo, las compañías pueden continuar desarrollando su actividad con los empleados que no participen en la movilización, pero tienen prohibido sustituir a quienes ejerzan su derecho de huelga. Esta limitación impide recurrir a nuevas contrataciones, personal de empresas de trabajo temporal o modificaciones de funciones, turnos y centros de trabajo que tengan como finalidad cubrir los puestos de los huelguistas. La prohibición también alcanza a los directivos y mandos intermedios, aunque se ofrezcan voluntariamente para asumir esas tareas. En el caso de los sistemas automatizados, pueden seguir funcionando con normalidad, pero incrementar excepcionalmente su utilización para compensar el trabajo paralizado y neutralizar los efectos de la huelga podría constituir una vulneración de este derecho fundamental. También es necesario diferenciar los servicios mínimos de los servicios de seguridad y mantenimiento. Los primeros únicamente pueden establecerse en actividades esenciales para la comunidad, como determinados servicios sanitarios, de transporte o de suministro, y corresponde a la autoridad competente determinar su alcance. Por el contrario, los servicios de seguridad y mantenimiento pueden establecerse en cualquier empresa para proteger a las personas, las instalaciones y los bienes, así como garantizar que la actividad pueda reanudarse una vez finalizado el paro. En ningún caso pueden utilizarse para mantener la producción habitual. Según explica Fernández Díez, las resoluciones que concretan los servicios mínimos suelen publicarse entre tres y seis días antes de la celebración de una huelga general, siguiendo el procedimiento habitual de anteriores convocatorias. En las empresas que trabajan mediante distintos turnos, el inicio y la finalización de la huelga no tienen por qué coincidir exactamente con las 24 horas del día 11 de noviembre. El paro comenzará con el primer turno, incluso si este se inicia antes de la medianoche del día 10, y concluirá cuando termine el último turno, aunque su actividad se prolongue más allá de las 24 horas del día 11. La misma consideración se aplica a los procesos de producción de bienes o prestación de servicios que deban estar disponibles durante esa jornada, cuya actividad deberá interrumpirse el día anterior. En cuanto a la actuación de los piquetes, las empresas deben permitir la presencia de grupos informativos siempre que desarrollen su labor de manera pacífica. Este derecho no ampara amenazas, coacciones, violencia ni actuaciones que impidan ilegítimamente el acceso al centro de trabajo. Si se producen incidentes, resulta conveniente dejar constancia de lo sucedido y recopilar las pruebas correspondientes. Como regla general, los centros de trabajo deben permanecer abiertos. El incumplimiento de las garantías legales puede acarrear consecuencias importantes para las compañías. Una de las más graves es la nulidad del despido de un trabajador por participar en una huelga legal, lo que obliga a readmitirlo y abonar los salarios de tramitación. Únicamente podrán imponerse sanciones cuando existan incumplimientos acreditados que no estén relacionados con el ejercicio legítimo del derecho de huelga. Por ello, Montse Rodríguez recomienda trasladar instrucciones claras a los responsables de los equipos, comprobar las condiciones concretas de la convocatoria y preparar con antelación los procedimientos necesarios para gestionar las ausencias, el registro de jornada, las nóminas y las obligaciones ante la Seguridad Social.

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(Expansión, 11-11-2026) | Laboral

El absentismo se desborda y costará 17.500 millones a las empresas en 2026 con Asturias y Canarias a la cabeza

El gasto total que generan las bajas laborales para las empresas y la Seguridad Social alcanzará los 36.150 millones de euros en 2026. Cada jornada, alrededor de 1,6 millones de trabajadores no acuden a su puesto, de los cuales 1,2 millones se encuentran en situación de incapacidad temporal por motivos médicos. El aumento del absentismo laboral, especialmente significativo desde la pandemia, ha adquirido un protagonismo creciente en el debate político debido a sus consecuencias económicas tanto para las empresas como para las cuentas públicas. Las previsiones para 2026 apuntan a que los empleadores tendrán que asumir 17.500 millones de euros por los costes asociados a las bajas laborales. Esta cantidad representa un 8% más que en 2025 y un incremento del 148% respecto a 2018, lo que evidencia que el gasto empresarial se ha multiplicado por más de dos en ocho años. Si se suma la parte correspondiente a la Seguridad Social, el coste total de las bajas por contingencias comunes superará los 36.150 millones de euros. La factura que soportan las empresas incluye diferentes conceptos: el abono de la prestación económica entre el cuarto y el decimoquinto día de baja, los complementos salariales y mejoras establecidos en los convenios colectivos desde el primer día, así como las cotizaciones a la Seguridad Social que deben seguir pagando durante ese periodo. Sin embargo, el impacto del absentismo va mucho más allá de los desembolsos directos. También repercute en la productividad y en la actividad económica, al reducir la capacidad de producción de bienes y prestación de servicios. Según las estimaciones de la patronal de las mutuas de accidentes de trabajo (AMAT), el valor económico de la actividad que dejaron de generar los trabajadores en situación de incapacidad temporal alcanzó los 150.924 millones de euros en 2025. Los indicadores de absentismo también reflejan la dimensión del problema. Aunque las cifras varían según la metodología empleada por cada organismo, los distintos estudios coinciden en situar las ausencias laborales en niveles elevados. AMAT calcula que la tasa de absentismo por incapacidad temporal se situó en el 7,04% en 2025, lo que equivale a 1,4 millones de trabajadores ausentes diariamente por motivos médicos. Por su parte, Randstad Research estima que el absentismo general alcanzó el 7,2% durante el segundo trimestre de 2026, el registro más elevado de los últimos cinco años. Dentro de esta cifra, las bajas por incapacidad temporal representaron una pérdida del 5,6% de las horas de trabajo pactadas. En términos absolutos, supone que cada día faltan a su puesto 1,6 millones de personas, de las cuales 1,2 millones están de baja médica. The Adecco Group Institute sitúa la tasa de absentismo en el 7,76% durante ese mismo trimestre. Este porcentaje supera en 2,26 puntos el nivel previo a la pandemia, registrado en 2019, y constituye el tercer dato más elevado de los 30 trimestres analizados. Únicamente se superó durante el segundo trimestre de 2020, marcado por el confinamiento, cuando alcanzó el 8,83%, y en el cuarto trimestre de 2025, con un 7,78%. La incidencia del absentismo presenta importantes diferencias territoriales. De acuerdo con los datos de Randstad, Asturias y Canarias encabezan las tasas autonómicas, ambas con un 9%. Les siguen el País Vasco, con un 8,7%; Cantabria, con un 8,5%, y Galicia, con un 8,2%. Todas estas comunidades superan la media nacional del 7,2%. En el otro extremo se encuentran Baleares, con el porcentaje más bajo, del 5,5%, seguida de Madrid y La Rioja, ambas con un 6,3%. Castilla-La Mancha registra un 6,7% y la Comunidad Valenciana, un 6,8%. Por sectores de actividad, las mayores proporciones de horas de trabajo perdidas respecto al total de las pactadas corresponden a los servicios postales y de correos, con un 12,6%. A continuación figuran los servicios a edificios y las actividades de jardinería, con un 12%; los juegos de azar y apuestas, con un 11,4%; la asistencia en establecimientos residenciales, con un 10,9%, y las actividades sanitarias, con un 10,7%. Durante el primer semestre de 2026 también se ha producido un aumento considerable de la duración de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes. Según AMAT, las bajas finalizadas durante este periodo tuvieron una duración media de 51,41 días, un 17,4% más que en el mismo semestre del año anterior. En términos absolutos, supone 7,62 días adicionales respecto a los 43,79 días registrados en 2025. La evolución mensual confirma esta tendencia. La duración media comenzó en enero en 44,11 días, aumentó progresivamente hasta alcanzar los 54,65 días en mayo y se situó en 53,52 días en junio. Uno de los factores que explican este incremento es la acumulación de expedientes de larga duración. A finales de junio de 2026 había 147.020 procesos de baja abiertos con una duración de entre 365 y 730 días. Aunque esta cifra se encuentra por debajo del máximo histórico de diciembre de 2025, cuando se contabilizaron 155.203 casos, supone un crecimiento del 328% respecto a enero de 2019, cuando se registraban 34.288 expedientes. La situación también resulta significativa en las bajas que se prolongan entre 545 y 731 días. A 30 de junio de 2026 se contabilizaban 46.204 procesos de este tipo, un 39,56% más que en septiembre de 2023, con una duración media de 623,28 días. Asimismo, los expedientes que superan los 730 días de incapacidad temporal, es decir, más de dos años, han aumentado un 339,27% desde septiembre de 2023. Han pasado de 3.585 a 15.748 casos, con una duración media de 845,80 días. Desde AMAT atribuyen buena parte del incremento general de la duración de las bajas a la acumulación de estos procesos prolongados.

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(El Periódico, 11-11-2026) | Laboral

El Gobierno creará un título de familia monoparental: las que tengan dos hijos tendrán los mismos beneficios de las numerosas

El último Consejo de Ministros ordinario del actual Gobierno de coalición antes del inicio de la campaña electoral aprobará un real decreto ley para ampliar la protección social de determinados tipos de familias. La norma contempla la creación de un título estatal para las familias monoparentales, que hasta ahora no disponían de una acreditación común en todo el territorio nacional. Además, los hogares con un solo progenitor y dos hijos tendrán los mismos derechos y beneficios que las familias numerosas. Esta equiparación también se aplicará a las familias con dos hijos cuando alguno de los progenitores tenga una discapacidad igual o superior al 33%. Asimismo, se ampliará la protección de las familias numerosas con cuatro hijos. Según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, las medidas podrían alcanzar a cerca de tres millones de personas de más de 760.000 hogares. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de la iniciativa a través de sus redes sociales, donde ha defendido que la crianza en solitario no debe implicar una falta de apoyo institucional. Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha destacado que la norma permitirá reconocer oficialmente a las familias monomarentales y monoparentales y reforzar su protección, además de ampliar los derechos de otros hogares con hijos y de familias con personas con discapacidad. El ministro ha señalado que la medida pretende responder a una deuda histórica con estos colectivos. El real decreto ley recupera algunas de las medidas incluidas en el proyecto de ley de familias que quedó paralizado en la anterior legislatura tras la convocatoria electoral y que tampoco consiguió avanzar en la actual por falta de apoyos parlamentarios. Bustinduy ha reconocido que su aprobación ha estado condicionada por las discrepancias políticas y ha atribuido al PP, Vox y Junts el bloqueo de distintas iniciativas relacionadas con la protección social de las familias. El coste estimado de las medidas asciende a 824 millones de euros anuales, según el ministro. La mayor parte de esta cantidad corresponde a beneficios fiscales que se traducirán en mayores recursos para los hogares y en una reducción de los ingresos de las administraciones públicas. La creación de un título estatal para las familias monoparentales supone establecer por primera vez un marco común de reconocimiento y protección para estos hogares. Se trata de un colectivo especialmente expuesto a situaciones de vulnerabilidad: ocho de cada diez familias de este tipo están encabezadas por mujeres y más de la mitad se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025, casi el doble que el conjunto de la población, cuya tasa se situaba en el 25,7%. Hasta ahora, la regulación y los derechos reconocidos a estas familias variaban considerablemente entre comunidades autónomas. Algunas cuentan con normativa específica, mientras que otras carecen de ella. La nueva regulación establecerá una base común para todo el país, aunque las comunidades autónomas seguirán teniendo competencias para desarrollar sus propias medidas de protección social. El título acreditativo será expedido por las administraciones autonómicas, pero tendrá validez en todo el territorio nacional y permitirá justificar la condición de familia monoparental ante organismos públicos y entidades privadas. Su finalidad será facilitar el acceso a las ayudas, prestaciones y beneficios vinculados a esta situación. La entrada en vigor del real decreto ley estará condicionada a su convalidación por la Diputación Permanente del Congreso. La implantación de este reconocimiento estatal responde a una reivindicación histórica de las asociaciones de familias monoparentales, que vienen reclamando una definición homogénea de estos hogares y un documento válido en todas las comunidades autónomas. El modelo previsto permitirá contar con una regulación básica común, sin impedir que cada territorio establezca derechos y beneficios adicionales, como sucede actualmente con las familias numerosas. Uno de los principales cambios será la equiparación de las familias monoparentales con dos hijos a las numerosas, lo que les permitirá acceder a los mismos beneficios fiscales y otras ayudas. Hasta ahora, esta posibilidad estaba reservada prácticamente a los casos de viudedad, por lo que el resto de hogares con un único progenitor quedaban excluidos. Entre las ventajas previstas figura la deducción fiscal reembolsable de 1.200 euros anuales para las familias de categoría general y de 2.400 euros para las de categoría especial. El importe puede cobrarse al presentar la declaración de la renta o de forma anticipada, mediante abonos mensuales de 100 euros en la categoría general. La equiparación también facilitará el acceso a descuentos en el transporte público, becas y otras prestaciones disponibles para las familias numerosas. La norma reconocerá igualmente los mismos derechos a los hogares con al menos dos hijos en los que uno de los progenitores tenga una discapacidad igual o superior al 33%. Hasta ahora, la equiparación con las familias numerosas exigía que la discapacidad alcanzara, como mínimo, el 65%. Además, las familias monoparentales con dos hijos en las que el progenitor tenga una discapacidad podrán acceder a la categoría especial, que contempla mayores beneficios. Otra modificación afecta a las familias numerosas. El acceso a la categoría especial se ampliará a los hogares con cuatro o más hijos, frente al mínimo de cinco exigido hasta ahora. También podrán acogerse a esta clasificación las familias con tres hijos cuyos ingresos sean inferiores al 150% del IPREM por miembro. Según los cálculos del Ministerio de Derechos Sociales, el umbral podría incluir hogares con rentas brutas anuales de hasta 63.000 euros. Esta clasificación permitirá incrementar la deducción fiscal reembolsable en otros 1.200 euros anuales, hasta alcanzar los 2.400 euros correspondientes a la categoría especial. El real decreto ley también establece que las administraciones públicas deberán adoptar medidas para prevenir situaciones de discriminación y garantizar un acceso más equitativo a los servicios y prestaciones. Entre las actuaciones previstas figuran programas de formación, medidas para mejorar la empleabilidad y la inserción laboral, acceso preferente a recursos de conciliación y corresponsabilidad en los cuidados, así como posibles exenciones y bonificaciones en tasas y precios públicos relacionados con el transporte, los servicios sociales, la cultura, el deporte y el ocio. Por el momento, el ministerio no ha concretado cómo se desarrollarán estas medidas. Asimismo, se contempla una protección específica para las mujeres que afrontan en solitario la crianza de sus hijos tras sufrir violencia de género o violencia sexual. La norma también amplía la cobertura del fondo de garantía del pago de alimentos, mediante el cual la Administración puede anticipar las pensiones que el progenitor obligado no abona cuando la familia cumple determinados requisitos de renta. Tras una reforma reciente que ya elevó las cantidades máximas que pueden percibirse, el nuevo texto extenderá la protección a hijos mayores de edad con una discapacidad igual o superior al 65% o en situación de dependencia. También incorporará por primera vez un procedimiento de urgencia dirigido a hogares con especial vulnerabilidad económica y a víctimas de violencia de género.

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(Expansión, 11-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El 6% de los españoles usa la IA para contratar fondos

El 6% de los inversores particulares españoles recurre a la inteligencia artificial (IA) como principal fuente de información antes de contratar un producto de inversión. Esta proporción aumenta hasta el 11% entre los integrantes de las generaciones Z y Millennials, los grupos de población más jóvenes. Así lo recoge el VIII Estudio del Observatorio Inverco, que analiza la percepción de los partícipes sobre los fondos de inversión y sus gestores. El informe, que se elabora cada dos años, incorpora en su edición de 2026 una pregunta específica sobre el uso de la inteligencia artificial como herramienta de consulta para tomar decisiones financieras. Según Emma Cantallops, directora comercial para banca privada de Sabadell Asset Management y miembro del Observatorio Inverco, el asesoramiento profesional continúa desempeñando un papel esencial en todos los perfiles de inversores, independientemente de su edad o tolerancia al riesgo. Aunque la IA está ganando protagonismo, considera necesario combinar distintas fuentes de información para valorar adecuadamente los productos que se contratan. La utilización de esta tecnología presenta diferencias significativas en función de la edad. Mientras que el 11% de los inversores de las generaciones Z y Millennials la emplea como referencia principal, el porcentaje desciende al 6% entre la generación X, al 1% entre los Baby Boomers y al 0% en la Silent Generation, integrada por personas mayores de 77 años. En cambio, los inversores de más edad conceden mayor importancia al asesor personal antes de contratar un fondo de inversión. Entre los más jóvenes, el 34% también sitúa el asesoramiento profesional como su principal fuente de información, aunque comparte protagonismo con otros canales de consulta. El Observatorio Inverco considera que la expansión de la inteligencia artificial como instrumento de apoyo a las decisiones de inversión es una evolución natural y positiva, siempre que la información utilizada proceda de fuentes fiables y pueda contrastarse. La seguridad y la confianza siguen siendo factores determinantes a la hora de elegir una entidad y decidir dónde invertir el patrimonio. La incorporación de la IA tampoco parece haber modificado, por ahora, las características del inversor particular español respecto a las conclusiones del estudio de 2024. El perfil mayoritario continúa siendo moderado, con un patrimonio inferior a 30.000 euros en fondos de inversión y una estrategia de permanencia superior a los tres años. La Bolsa sigue siendo el activo preferido por los partícipes, con un 31% de las preferencias, aunque ha perdido tres puntos porcentuales en los últimos dos años. Por otra parte, el 46% de los inversores canaliza su patrimonio mediante contratos de gestión discrecional o asesoramiento. Además, el 71% realizó su contratación más reciente con algún tipo de asesoramiento, si bien el 59% no abonó una cantidad específica por este servicio. Solo el 12% de los participantes en el estudio afirma haber pagado expresamente por recibir asesoramiento financiero.

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(La Vanguardia, 11-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Bizum europeo arranca con sede en Madrid y presidente español

La European Network for Payments (ENP), que reúne a los principales operadores europeos de pagos instantáneos y gratuitos, ha culminado su proceso de constitución con el nombramiento de William Olgiati, antiguo directivo de Amazon, como consejero delegado. Con esta designación queda definido el equipo directivo de la nueva organización, que tendrá su sede en Madrid y estará presidida por Fernando Rodríguez Ferrer, uno de los impulsores de Bizum en España y responsable de su desarrollo internacional. La ENP agrupa a Bancomat, Bizum, EPI/Wero, SIBS-MB WAY y Vipps MobilePay, plataformas que operan en España, Portugal, Italia, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Austria, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. En conjunto, dan cobertura a unos 130 millones de personas. La incorporación de Olgiati coincide con el inicio de la fase operativa del proyecto, que aspira a poner en marcha los pagos transfronterizos en Europa durante el próximo año. El nuevo consejero delegado ya ha asumido sus funciones y dirigirá el desarrollo y la puesta en funcionamiento de la plataforma. Al igual que sucede con Bizum en España, la iniciativa pretende que los usuarios puedan realizar pagos en otros países europeos, tanto entre particulares como en comercios electrónicos y establecimientos físicos. Antes de incorporarse a la ENP, Olgiati estuvo al frente del área de aceptación de pagos de Amazon en la Unión Europea y el Reino Unido, donde trabajó durante catorce años. Durante esa etapa participó en el lanzamiento de distintos métodos de pago alternativos en Europa y adquirió experiencia en la colaboración con organismos reguladores, asociaciones sectoriales y comerciantes.

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(El Economista, 11-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo avala las tarifas hospitalarias privadas frente a las aseguradoras

El Tribunal Supremo ha reforzado la posición de los hospitales privados en sus reclamaciones a las aseguradoras por la asistencia prestada a víctimas de accidentes de tráfico. En una sentencia de la Sala de lo Civil, fechada el 8 de octubre, establece que las tarifas públicas autonómicas no pueden utilizarse automáticamente para sustituir los precios facturados por un centro privado cuando este acredita que sus importes son razonables. La resolución fija así los criterios que deben aplicarse en las reclamaciones de hospitales que no están adheridos al convenio de asistencia sanitaria por accidentes de tráfico de Unespa, actualmente en negociación. El fallo no reconoce un nuevo derecho a establecer libremente los precios, sino que determina cómo deben justificarse ante los tribunales cuando una aseguradora considera que son excesivos. La decisión puede repercutir tanto en los costes asistenciales de las compañías como en los ingresos que obtienen los centros privados por atender a lesionados de tráfico. Según Unespa, las aseguradoras abonaron 431 millones de euros en facturas médicas de víctimas de accidentes durante 2025. El litigio enfrenta a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, en Ibiza, con Línea Directa Aseguradora. El hospital abandonó el convenio de Unespa en septiembre de 2017 y comunicó las tarifas que aplicaría a partir de entonces. En 2019 atendió a una mujer herida en un accidente de circulación y reclamó a la aseguradora del vehículo responsable 29.647,71 euros por los servicios prestados. El Juzgado de Primera Instancia de Ibiza reconoció al centro sanitario el derecho a cobrar 28.247,71 euros. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Baleares redujo posteriormente la cantidad a 8.275,73 euros, al considerar que el hospital no había acreditado suficientemente que sus precios se ajustaran a los del mercado. Para determinar el importe, tomó como referencia las tarifas públicas del Servicio de Salud de Baleares. El Tribunal Supremo revoca este criterio y restablece la primera condena. La diferencia entre las cantidades reconocidas por ambas instancias asciende a 19.971,98 euros, lo que evidencia la relevancia económica que puede tener el método utilizado para determinar el importe de las facturas. La sentencia recuerda que la libertad empresarial para fijar precios no es ilimitada. Cuando no existe un importe pactado o aceptado y la aseguradora cuestiona la factura, corresponde al hospital demostrar que sus tarifas son proporcionadas. No obstante, el Supremo precisa que no es necesario acreditar un precio único o exacto, sino justificar que los importes se sitúan dentro de una horquilla de precios razonable. Para valorar esa proporcionalidad, los tribunales deben examinar conjuntamente las pruebas aportadas y las circunstancias específicas del centro y del mercado en el que opera. En el caso analizado, la insularidad de Ibiza constituye un factor relevante, dado que puede limitar la oferta asistencial disponible. La policlínica presentó un informe económico que comparaba su rentabilidad con la de otras 14 empresas del sector sanitario y analizaba las tarifas de 62 procedimientos asistenciales de un hospital privado de Menorca. El estudio también tenía en cuenta elementos como la insularidad, la estacionalidad de la demanda, los costes de personal y las inversiones en tecnología médica. Por su parte, la aseguradora no aportó un informe pericial alternativo para cuestionar las conclusiones del análisis. El Alto Tribunal considera que la Audiencia Provincial realizó una valoración «ilógica y arbitraria» de la prueba al descartar por separado los distintos métodos empleados en el informe, sin analizar el resultado conjunto. A partir de esa valoración, concluye que las tarifas reclamadas por el hospital no pueden considerarse excesivas ni abusivas. La decisión podría tener repercusiones en otros litigios del sector. El despacho RocaJunyent-Riutord, que representó a la policlínica y a Juaneda Hospitales, en Menorca, afirma que esta controversia ha dado lugar a más de 2.000 demandas en los últimos nueve años. Aunque el fallo no cuestiona el convenio de Unespa, que continúa siendo un instrumento de referencia para agilizar la asistencia y ofrecer garantías económicas a hospitales y asegurados, sí establece que las facturas de los centros privados deben valorarse atendiendo a las pruebas económicas aportadas. Por tanto, las tarifas públicas no pueden imponerse como referencia automática para reducir los importes reclamados.

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(El Economista, 10-11-2026) | Fiscal

Los sindicatos ultiman una huelga en la Agencia Tributaria para el nuevo Gobierno

Los sindicatos han comenzado a definir su estrategia ante la posibilidad de que el PP se imponga en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. A la convocatoria de una huelga general para mañana, a dos días del comienzo de la campaña electoral y con el respaldo de miembros del actual Gobierno, se añade ahora la decisión de las centrales de aplazar las movilizaciones en un organismo público fundamental, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con la intención de retomarlas ante el próximo Ejecutivo. UGT, CCOO y el Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT) han decidido cancelar la huelga de 24 horas que estaba prevista para el pasado 28 de octubre. Además, las tres organizaciones han acordado suspender temporalmente, según un comunicado conjunto, todas las protestas y jornadas de paro anunciadas para las semanas siguientes, sin establecer por el momento un nuevo calendario. No obstante, han precisado que esta decisión no implica dar por terminado el conflicto ni abandonar las reivindicaciones que lo originaron. En la práctica, los sindicatos han optado por mantener las movilizaciones en suspenso hasta disponer de interlocutores en el Gobierno con plena capacidad para negociar y adoptar decisiones. Esta justificación ha generado malestar entre algunos profesionales de la AEAT, que cuestionan la posible politización de un conflicto que, inicialmente, respondía a demandas estrictamente laborales, según fuentes conocedoras de la situación. Entre las críticas planteadas se encuentra la contradicción que supone aplazar las protestas hasta la llegada de un nuevo ministro de Hacienda, cuando las reclamaciones tienen su origen en las condiciones laborales establecidas durante la etapa de María Jesús Montero y que, según denuncian, tampoco han sido modificadas por su sucesor, Arcadi España. Los trabajadores cuestionan por qué se traslada la responsabilidad al próximo Ejecutivo en lugar de mantener las movilizaciones frente al actual Gobierno. Las centrales sindicales fundamentan sus demandas en la recuperación de derechos, el desarrollo de la carrera profesional y la mejora de las condiciones retributivas. Sin embargo, entre los inspectores de Hacienda existe la percepción de que estas reivindicaciones han pasado a un segundo plano y de que las organizaciones sindicales están adoptando un papel más próximo al de actores políticos ante la posibilidad de que las elecciones desemboquen en un Gobierno de coalición entre el PP y Vox. El malestar también se alimenta de la diferente respuesta sindical ante la huelga general convocada para mañana. UGT y CCOO mantienen este paro, que será el primero de estas características en más de una década, y que se presenta como una protesta frente a la crisis de la vivienda y en respaldo a las movilizaciones surgidas tras el desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid. Algunos trabajadores de la Agencia Tributaria consideran que la convocatoria de elecciones del 29 de noviembre también debería haber dejado al actual Gobierno sin interlocutores con capacidad para negociar medidas en materia de vivienda. Sin embargo, los sindicatos han mantenido la huelga general, una decisión que, a su juicio, resulta difícil de conciliar con los argumentos utilizados para aplazar las protestas en la AEAT. Desde que se anunció la convocatoria del paro general, las organizaciones sindicales han recibido críticas por el supuesto carácter político de la protesta y por su orientación favorable al Ejecutivo y contraria a la oposición. Estas interpretaciones se han visto reforzadas por las muestras de apoyo expresadas por miembros del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. También se ha cuestionado el peso secundario que las reivindicaciones laborales tuvieron inicialmente en la convocatoria de la huelga. Las referencias a la necesidad de mejorar los salarios para hacer frente al coste de los alquileres y las hipotecas se incorporaron posteriormente, una modificación que, según las críticas, buscaba reforzar la justificación legal de la protesta. El conflicto laboral dentro de la Agencia Tributaria, en cualquier caso, viene de antes de la actual coyuntura política y del adelanto electoral anunciado para finales de noviembre. La tensión se remonta a las reivindicaciones sobre las condiciones de trabajo y las retribuciones del personal del organismo. Durante la pasada primavera, los trabajadores de la AEAT llegaron incluso a plantear la posibilidad de paralizar la campaña de la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025. El origen de sus protestas se encuentra en el incumplimiento que denuncian del acuerdo firmado en 2024 para mejorar sus condiciones salariales, cuando María Jesús Montero dirigía el Ministerio de Hacienda y ocupaba también la Vicepresidencia Primera del Gobierno. Entre los asuntos pendientes figuran las dificultades para progresar profesionalmente dentro de la estructura de la Agencia Tributaria y la asignación de responsabilidades adicionales a determinados empleados sin una compensación económica proporcional. A estas reclamaciones se suman las demandas específicas del personal de Aduanas, que desarrolla su actividad en entornos con elevados riesgos para su seguridad. A estas cuestiones laborales se añaden otros motivos de discrepancia entre los trabajadores de la AEAT y el Ministerio de Hacienda, algunos de ellos relacionados con las decisiones adoptadas al comienzo de la actual legislatura. Uno de los principales focos de controversia ha sido el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana para impulsar un modelo de financiación singular para Cataluña, que contempla el desarrollo de un sistema de concierto fiscal propio. La posibilidad de reforzar la Agencia Tributaria catalana mediante la transferencia de competencias recaudatorias ha generado una fuerte oposición entre los inspectores de Hacienda, que consideran que este planteamiento podría debilitar la estructura y las funciones de la Agencia Tributaria estatal. El rechazo de este colectivo a la eventual fragmentación del sistema tributario y a la transferencia de competencias a la Administración catalana ha sido una constante durante los últimos cuatro años.

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(La Vanguardia, 10-11-2026) | Fiscal

La inflación y la subida de tipos no impedirá que la economía española crezca un 2% en 2027

La economía española ha demostrado una notable capacidad de resistencia en los últimos años, pese a un contexto internacional marcado por importantes dificultades. Los economistas de CaixaBank resumen esta evolución en dos conceptos: complejidad y resiliencia. El primero hace referencia a los acontecimientos extraordinarios que han condicionado la agenda mundial, mientras que el segundo se explica por factores como la fortaleza del mercado laboral y de la demanda interna, la buena situación financiera del sector privado y el dinamismo de las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos. "Si alguien nos hubiera dicho en 2009 que la economía española se comportaría de la forma en que lo ha hecho frente a la Covid, la guerra de Ucrania, los aranceles de EEUU y la guerra de Irán, nos hubiera sorprendido mucho", ha señalado el economista jefe de CaixaBank, Enric Fernández, durante la presentación del informe de previsiones de la entidad. CaixaBank calcula que el PIB español crecerá un 2% en 2027, lo que supone una moderación respecto al 2,6% previsto para este año. Aun así, el avance superará el 1,4% estimado para la eurozona. La entidad considera que esta evolución estará respaldada también por factores externos. Entre ellos destaca la demografía, con un aumento de la población del 1% impulsado por los flujos migratorios, que contribuirá en medio punto al crecimiento del PIB. El director de Economía Española de CaixaBank, Oriol Aspachs, ha señalado asimismo que los fondos Next Generation seguirán teniendo efectos positivos, aunque su periodo de ejecución concluya este año, ya que su impacto sobre la economía real se materializa progresivamente. Uno de los principales riesgos para las perspectivas económicas es la evolución de la inflación y la posibilidad de que los bancos centrales vuelvan a elevar los tipos de interés. CaixaBank prevé que la inflación se modere hasta el 2,5%, frente al 3,4% estimado para este año, aunque advierte de su elevada sensibilidad a los precios de la energía. Según Fernández, los mercados de futuros anticipan que el petróleo será ocho dólares más barato el próximo año y que el gas natural registrará un ligero descenso. En cuanto a la política monetaria, las previsiones apuntan a que la Reserva Federal situará los tipos de interés entre el 3,75% y el 4%, mientras que el Banco Central Europeo los elevará hasta el 3%. No obstante, el escenario energético concentra buena parte de las incertidumbres y podría provocar un encarecimiento mayor del previsto. El economista Adrià Morron ha recordado que, durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania en 2022, el BCE llegó a situar los tipos en el 4%. Por su parte, Oriol Carreras ha estimado que un incremento de un punto en la inflación podría restar tres décimas al crecimiento del PIB español. En el ámbito internacional, además de los riesgos relacionados con la energía, CaixaBank sitúa el foco en las inversiones en inteligencia artificial y en la situación financiera de algunos países europeos, entre ellos Francia, cuyas cuentas públicas presentan mayores desequilibrios. La entidad considera que la inversión en IA ha sido uno de los factores que han sostenido el crecimiento mundial, aunque su continuidad dependerá de que consiga trasladar sus beneficios a la economía real. José Ramón Díez ha advertido de que unas expectativas de rentabilidad que no lleguen a cumplirse podrían generar situaciones económicas comprometidas.

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(Cinco Días, 10-11-2026) | Laboral

Los sindicatos se preparan para un seguimiento “desigual” de la huelga por territorios, sectores y edades

Los sindicatos prevén que la huelga general convocada para el 11 de noviembre tendrá un seguimiento desigual en función de los sectores económicos y los territorios. Aunque las expectativas apuntan a que el paro no conseguirá paralizar la actividad en toda España, las organizaciones sindicales consideran que su impacto no debe medirse exclusivamente por el número de trabajadores que dejen de acudir a sus puestos. A su juicio, una movilización multitudinaria por la tarde podría convertir la jornada en un punto de inflexión en el debate social sobre el acceso a la vivienda, con un efecto similar al que tuvieron las manifestaciones feministas del 8 de marzo de 2018. Representantes de más de una docena de organizaciones sindicales consultados coinciden en que esta convocatoria presenta características poco habituales. Tanto CC OO y UGT como CGT y el Sindicato de Inquilinas están animando a los trabajadores a secundar el paro, aunque reconocen que la ausencia de una reivindicación legislativa concreta y de una Administración directamente responsable puede dificultar su seguimiento. También consideran que la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre y el reciente accidente ferroviario pueden influir en la participación y en el ambiente social. Las organizaciones esperan una mayor incidencia en aquellos sectores con una presencia sindical más consolidada, en actividades donde ya existen conflictos laborales y en las zonas más afectadas por el encarecimiento de la vivienda, especialmente Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. Por ello, consideran que el alcance de la convocatoria deberá valorarse tanto por la paralización de la actividad económica como por la asistencia a las manifestaciones previstas durante la tarde. Los responsables sindicales anticipan que el seguimiento será muy diferente según el territorio. Mientras que en ciudades como Madrid y Barcelona esperan una participación elevada, en otras zonas, como Zamora, las previsiones son más moderadas. También calculan que habrá una presencia importante de piquetes, aunque previsiblemente inferior a la de las grandes huelgas generales de años anteriores. Algunos representantes recuerdan que han transcurrido 14 años desde una convocatoria de estas características y que buena parte de los actuales afiliados y delegados sindicales no han participado anteriormente en este tipo de movilizaciones. Otro factor que puede favorecer el seguimiento es el aumento de la conflictividad laboral. Los sindicatos consideran que los trabajadores de empresas y sectores donde ya existen enfrentamientos o reivindicaciones pendientes tendrán más predisposición a secundar la huelga. Los datos del Ministerio de Trabajo reflejan esta tendencia: hasta agosto, último periodo disponible, el número de huelguistas se había triplicado. Las centrales vinculan este incremento de los conflictos a la falta de renovación del acuerdo nacional de convenios, una de las cuestiones que también está detrás de la convocatoria del 11 de noviembre. Los salarios pactados en los convenios avanzan a un ritmo aproximado del 3%, mientras que la inflación interanual ha alcanzado el 4,9%. Esta diferencia mantiene la presión sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, que todavía no han recuperado buena parte de la pérdida salarial acumulada durante la crisis de precios desencadenada por la guerra de Ucrania. A esta situación se añaden las movilizaciones sectoriales que se están intensificando en las últimas semanas, entre ellas las protestas del personal educativo de la Comunidad de Madrid y las reivindicaciones del sector cárnico. Desde CGT consideran que la huelga, pese a su carácter atípico, llega en un momento especialmente oportuno y puede tener una repercusión importante, aunque no reproduzca los esquemas de las convocatorias tradicionales. Sin embargo, no todas las organizaciones sindicales comparten el mismo optimismo. Algunas consideran que la falta de un objetivo concreto puede reducir la participación en determinados colectivos. Los trabajadores suelen movilizarse con mayor facilidad cuando identifican una reivindicación específica, como frenar una reforma legislativa o conseguir mejoras salariales. En esta ocasión, aunque existe sensibilidad hacia el problema de la vivienda, algunos empleados podrían optar por no perder una jornada de salario al no tener suficientemente claro el alcance de la convocatoria. También preocupa el efecto económico que puede tener la huelga sobre los trabajadores con menores ingresos, especialmente los jóvenes y quienes tienen condiciones laborales más precarias. Desde UGT se ha apelado a la solidaridad entre generaciones y a que aquellos empleados con mayor estabilidad económica y mejores condiciones laborales tengan en cuenta las dificultades que supone perder un día de sueldo para quienes cuentan con menos recursos. En cuanto a los apoyos, CC OO asegura que alrededor de 3.600 comités de empresa, juntas de personal y secciones sindicales ya se han adherido a la convocatoria. Entre ellos figuran representantes de grandes compañías como Mercadona, El Corte Inglés, ONCE, Acciona, FCC, Correos, Eulen, Inditex, Ferrovial, Iberdrola, Santander, BBVA, Telefónica, Carrefour, Ford y Seat. CC OO y UGT reúnen conjuntamente unos 228.000 delegados sindicales en las empresas, más de dos tercios del total nacional. La movilización también cuenta con el respaldo de numerosas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas CEAR, la Federación Estatal LGTBI+ y Greenpeace. Asimismo, más de 800 representantes del ámbito cultural han suscrito un manifiesto de apoyo. A estas adhesiones se suman distintas organizaciones sindicales territoriales y sectoriales, como ELA y LAB en el País Vasco, CIG y CUT en Galicia, SAT en Andalucía y SOA en Aragón, además de CNT, CO.BAS, Solidaridad Obrera y Alternativa Sindical de Clase. También se han incorporado organizaciones profesionales de actores, inspectores de Trabajo, guionistas y periodistas. En el lado contrario, buena parte de los sindicatos corporativos ha decidido no respaldar la huelga, al considerar que tiene un componente electoralista. Entre ellos se encuentran CSIF, ANPE, Amyts, Semaf, SLT, Sepla, Fetico y FINE, organizaciones con una presencia relevante en ámbitos como la Administración pública, la enseñanza, la sanidad, el transporte ferroviario, la aviación y el sector financiero. Muchas de estas centrales tampoco apoyaron la huelga general de 2012. Entre las organizaciones que han rechazado la convocatoria también figura USO, un sindicato de clase que, a diferencia de las centrales corporativas, sí participó en la huelga general de 2012.

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