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(La Vanguardia, 30-09-2026) | Laboral

Menos ninis en España, aunque sigue por encima de la OCDE

La OCDE vuelve a situar el foco sobre la situación educativa y laboral de los jóvenes españoles con su informe Education at a Glance 2026. El estudio muestra que el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan sigue siendo superior en España al promedio de la OCDE y de la Unión Europea, aunque la evolución de la última década refleja una mejora significativa. En 2025, el 17% de las personas de entre 18 y 24 años se encontraba en esta situación, frente al 23% registrado en 2015. Pese al descenso, España mantiene una tasa de jóvenes que no estudian, trabajan ni reciben formación por encima de la media de la OCDE y de la UE, situada en ambos casos en el 13% en 2025. El porcentaje español también supera al de países como Portugal, Bulgaria, Polonia, Hungría, Croacia o Eslovenia, mientras que Italia ha conseguido reducir su tasa desde el 30% de 2015 hasta el 16% en 2025. La OCDE advierte de que la permanencia prolongada en esta situación durante las primeras etapas de la vida puede tener consecuencias negativas sobre la trayectoria socioeconómica posterior y considera necesario reforzar los sistemas de apoyo a los jóvenes. El informe también refleja diferencias por sexo. En España, en 2025, el 18% de los hombres de entre 18 y 24 años no estudiaba ni trabajaba, frente al 16% de las mujeres. Diez años antes, los porcentajes eran del 24% y del 23%, respectivamente. En el conjunto de la OCDE, la tendencia ha sido diferente, con una reducción media de cuatro puntos entre las mujeres y de dos puntos entre los hombres durante el mismo periodo. La organización señala, no obstante, que la evolución varía considerablemente entre países y que no existe una única política capaz de reducir estas tasas en todos los contextos. La incorporación al mercado laboral de los jóvenes con estudios terciarios también ha mejorado en España. La tasa de desempleo entre los adultos jóvenes con formación universitaria o de Formación Profesional de grado superior pasó del 18% en 2015 al 8% en 2025. Aun así, continúa por encima de la media de la OCDE, que se situó en el 5% en 2025, frente al 7% una década antes. Otro de los problemas que identifica la OCDE es la escasez de docentes cualificados, una situación que afecta a numerosos sistemas educativos y que podría agravarse en los próximos años por el envejecimiento de las plantillas y la competencia con otros sectores por atraer trabajadores. Las dificultades son especialmente visibles en determinadas zonas rurales y aisladas. Ante la falta de profesores, algunos sistemas educativos recurren a profesionales que no reúnen plenamente las cualificaciones exigidas, una situación que afectaba de media al 9% del profesorado de educación primaria en los países analizados.

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(El Economista, 30-09-2026) | Laboral

Cambiar de trabajo ya no sale a cuenta: el "plus" salarial se borra bajo la inflación

Las empresas españolas están afrontando el repunte de la inflación en un contexto de menor dinamismo en la demanda de trabajadores. Los datos de ofertas de empleo apuntan a un enfriamiento del mercado laboral que, además, coincide con una pérdida de poder adquisitivo en los salarios anunciados. El volumen de ofertas publicadas en Indeed ha descendido un 12% desde el máximo alcanzado en marzo y los nuevos anuncios acumulan una caída del 15%. Mientras tanto, el IPC ha pasado del 2,3% en febrero al 4,9% estimado para septiembre. Los salarios ofrecidos, en cambio, apenas han reaccionado. En agosto crecían alrededor de un 3,6%, siete décimas por debajo de la inflación y con la mayor diferencia desde abril de 2023. La evolución supone un cambio respecto a los últimos años, cuando los salarios anunciados aumentaban por encima de los precios. Desde 2023, la moderación de la inflación permitió que las remuneraciones ofertadas mantuvieran un crecimiento superior al IPC, pese a que la demanda de trabajadores continuaba siendo elevada. Ahora se combina una menor presión de contratación con una aceleración de los precios, lo que reduce el margen para mejorar las condiciones salariales. Otros indicadores también reflejan esta moderación. Las vacantes registradas por el INE alcanzaron un máximo en el primer trimestre, pero descendieron un 5% en el segundo, especialmente en el sector servicios, que concentra la mayor parte de los puestos sin cubrir. Los datos de Indeed apuntan a que la tendencia continuó durante el verano. Aun así, el mercado laboral mantiene una mayor tensión que antes de la pandemia, con unas 61 vacantes por cada 1.000 desempleados, casi el doble que a finales de 2019. El comportamiento de la contratación, sin embargo, presenta una evolución diferente. Entre marzo y agosto se formalizaron un 6,6% más de contratos que en el mismo periodo de 2025, con un incremento cercano al 9% en los indefinidos. Esto muestra que el descenso de las ofertas no se está trasladando de momento con la misma intensidad a la contratación registrada. La relación entre ambos indicadores tampoco ha sido constante en los últimos años: la fuerte demanda de trabajadores de 2021 y 2022 sí estuvo acompañada entonces por un incremento significativo de los salarios anunciados, pero posteriormente ambas variables han seguido trayectorias más independientes. La negociación colectiva tampoco está compensando completamente el repunte de los precios. El incremento medio pactado en los convenios con efectos en 2026 se situaba en el 3,04% en agosto, frente a una inflación del 4,3% en ese momento. Además, una parte importante de los trabajadores está cubierta por convenios plurianuales acordados antes de la actual subida de los precios y solo el 39% dispone de una cláusula de garantía salarial, porcentaje que es todavía menor en los servicios. El resultado es un escenario en el que coinciden una reducción de las ofertas de empleo, un crecimiento de los salarios anunciados inferior a la inflación y unas revisiones salariales pactadas que también evolucionan por debajo de los precios. Aunque la contratación continúa creciendo, estos indicadores apuntan a una menor capacidad de los trabajadores para recuperar poder adquisitivo a través de nuevas incorporaciones o revisiones salariales mientras persista el actual repunte inflacionista.

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(El País, 30-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno limita la subida de la tarifa del gas natural al 15% y fija la de la bombona de butano en 19,55 euros

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un límite a las posibles subidas de la tarifa regulada del gas natural, que no podrá incrementarse más de un 15%, y fijará en 19,55 euros el precio máximo de la bombona de butano. Con esta decisión, el Gobierno pretende contener el fuerte aumento que resultarían de aplicar las fórmulas automáticas de revisión trimestral de estos combustibles. Sin esta intervención, la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas habría experimentado desde el 1 de octubre un incremento superior al 45% en los tramos más bajos y por encima del 50% en la tarifa habitual, la 2.0. La medida busca proteger a los consumidores frente a la elevada volatilidad de los mercados energéticos ante los próximos meses de invierno, según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. El Ejecutivo recupera así un mecanismo que ya utilizó durante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania, aunque entonces el incremento de la TUR estaba limitado al 5% por trimestre entre octubre de 2021 y diciembre de 2023. En aquella ocasión, el Gobierno también intervino sobre el coste de las materias primas utilizado para calcular la tarifa, estableciendo un límite del 15%. Ahora, la materia prima podrá reflejar un incremento de hasta el 35%. La tarifa regulada está disponible para hogares y microempresas con un consumo anual inferior a 50.000 kWh. La TUR se actualiza cada tres meses, el 1 de enero, abril, julio y octubre, y su nuevo importe se publica en el BOE. La aplicación de la fórmula correspondiente a este trimestre apuntaba a incrementos superiores al 50%, que se habrían trasladado directamente a las facturas desde este jueves. Actualmente, unos 3,1 millones de clientes tienen contratada esta modalidad, aproximadamente el 40% del mercado, a través de las comercializadoras de referencia vinculadas a Naturgy, Iberdrola, Endesa y TotalEnergies. En cuanto al butano, el precio máximo de la bombona se situará en 19,55 euros hasta junio de 2027, frente a los 18,84 euros actuales. Este producto es utilizado por alrededor de siete millones de consumidores en España, especialmente en zonas rurales. Durante la anterior crisis energética, el Gobierno optó inicialmente por aplazar la diferencia entre los costes reales y los precios regulados que correspondían a las comercializadoras. Posteriormente, decidió asumir ese importe con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para lo que llegó a habilitar una partida de 3.000 millones de euros, aunque finalmente solo fueron necesarios unos 600 millones durante los dos años en los que estuvieron vigentes los límites a la TUR. En esta ocasión, y ante la situación presupuestaria y el déficit público, el Ejecutivo se inclina nuevamente por un mecanismo de déficit de tarifa, cuya instrumentación podría realizarse mediante un fondo. En el caso del gas licuado de petróleo envasado, principalmente el butano, el eventual desfase se compensaría mediante el mecanismo habitual de este combustible, cuyo precio está sujeto a una variación máxima del 2% al alza o a la baja en cada revisión bimestral. La intervención era una medida que el mercado ya esperaba después de que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advirtiera de que la factura del gas regulado podía aumentar un 54% a partir de octubre. Las comercializadoras temen ahora que más hogares abandonen las tarifas del mercado libre para acogerse a la TUR. Cerca de cinco millones de consumidores permanecen actualmente en el mercado liberalizado, alrededor del 60% del total, y sus contratos podrían afrontar precios superiores durante el próximo invierno. No obstante, la TUR está limitada a determinados hogares y microempresas, por lo que no todas las pymes pueden acceder a ella. El mayor trasvase hacia la tarifa regulada se produjo en 2022, cuando alrededor de 1,4 millones de clientes cambiaron al mercado regulado en menos de un año. El Gobierno incorporará ahora los límites al gas y al butano al real decreto-ley que aprobará este martes, junto con otro paquete de medidas dirigido a contener el fuerte incremento de los precios de la vivienda. Estas actuaciones suponen nuevas intervenciones respecto al paquete aprobado en marzo para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis derivada de la guerra en Oriente Medio.

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(El Periódico, 30-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación se dispara al 4,9% en septiembre empujada por los carburantes

La inflación se ha acelerado hasta el 4,9% en septiembre, según el dato adelantado publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa interanual aumenta seis décimas respecto a agosto y alcanza su nivel más elevado desde febrero de 2023. La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos y permite observar con mayor estabilidad la evolución de los precios, también repunta, aunque de forma más moderada, hasta el 3,1%, dos décimas más que el mes anterior. El encarecimiento de los carburantes aparece como el principal factor detrás de este repunte, en un contexto marcado por las consecuencias del conflicto en Irán y las tensiones en los mercados energéticos. El Ministerio de Economía señala además el efecto base provocado por el descenso de los carburantes registrado en septiembre del año pasado. El INE apunta también a los paquetes turísticos como otro de los componentes que han contribuido al incremento de los precios. Los alimentos no elaborados elevaron su tasa anual hasta el 5,8%, frente al 4,5% de agosto, mientras que los productos energéticos aumentaron un 21,6%, pese a la entrada en vigor de las bonificaciones al gasóleo durante este mes. Los servicios presentan una evolución más estable y, aunque mantienen un ritmo elevado de crecimiento, registraron una subida del 3,9%, en línea con las tasas observadas desde mayo. Este comportamiento resulta especialmente relevante porque permite valorar hasta qué punto el encarecimiento de la energía se está trasladando al conjunto de la economía. Según el análisis de CaixaBank Research, parte de esta evolución estaría relacionada con los servicios turísticos, especialmente sensibles a los costes energéticos durante los meses de verano. Ante el repunte de los precios, el Gobierno aprobará este martes nuevas medidas para tratar de limitar el impacto del encarecimiento energético sobre los hogares y las empresas. Entre ellas figura el establecimiento de un límite a las subidas de la tarifa regulada del gas y del precio del butano. El margen presupuestario del Ejecutivo, sin embargo, es reducido después de los paquetes de apoyo aprobados en marzo y julio. La previsión inicial de que los precios energéticos se moderarían después del verano no se ha cumplido debido a las dificultades de suministro de gas, la situación en el estrecho de Ormuz y la tensión en el mercado del diésel. El Gobierno sostiene que las medidas adoptadas hasta ahora han permitido amortiguar parte del impacto sobre los consumidores y contener los denominados efectos de segunda ronda, derivados del traslado del mayor coste energético a otros bienes y servicios. No obstante, la evolución de la inflación en los próximos meses dependerá principalmente de la trayectoria de los precios del petróleo y del gas y de la intensidad con la que su encarecimiento termine repercutiendo sobre el resto de la economía. Las previsiones apuntan a que las presiones inflacionistas podrían mantenerse durante los próximos meses. Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España, señala que, si los precios del petróleo y del gas permanecen en niveles similares a los actuales y sin considerar nuevas actuaciones del Gobierno, la inflación podría mantenerse por encima del 4% hasta finales de año.

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(El Economista, 30-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El gobierno aprueba la cuenta europea de inversión sin ofrecer ningún detalle ni darle publicidad

La cuenta europea de inversión, una de las iniciativas impulsadas por el Ministerio de Economía para canalizar el ahorro hacia la financiación de empresas europeas, fue aprobada por el Consejo de Ministros dentro de uno de los decretos de vivienda. Sin embargo, el Gobierno no ofreció detalles sobre su funcionamiento durante la rueda de prensa posterior, por lo que todavía se desconoce cómo quedará configurado este nuevo instrumento. El Ejecutivo prevé que el Congreso celebre un pleno extraordinario para convalidar los dos decretos de vivienda, previsiblemente el próximo viernes. Hasta que la norma no sea aprobada definitivamente no se conocerá el contenido completo de la regulación. Por ahora, se sabe que estas cuentas contarán con determinados incentivos fiscales, entre ellos la posible exención de las plusvalías generadas cuando el dinero permanezca invertido durante un periodo determinado. También se plantea utilizar como referencia la estructura de los seguros individuales de ahorro a largo plazo (Sialp), adaptándola para crear este nuevo vehículo de inversión. El objetivo de la iniciativa es movilizar una parte del ahorro actualmente depositado en cuentas bancarias hacia acciones, bonos y otros activos vinculados a empresas europeas. La propuesta cobra especial relevancia ante el elevado volumen de depósitos acumulados por los hogares europeos y la necesidad de incrementar la financiación disponible para las compañías de la Unión. La intención es que los ahorradores obtengan incentivos para invertir a largo plazo y, al mismo tiempo, contribuir a reforzar la inversión, la competitividad y el crecimiento económico europeo. España ya había defendido esta estrategia antes de que la Comisión Europea impulsara formalmente la Unión de Ahorros e Inversiones. En este contexto, el Ministerio de Economía promovió en 2025 la creación de la etiqueta Finance Europe a través del Laboratorio Europeo de Competitividad, una iniciativa en la que participan varios países europeos y que busca favorecer una mayor integración de los mercados de capitales. Esta etiqueta pretende identificar productos financieros destinados a invertir en empresas europeas, tanto mediante acciones como mediante bonos. La propuesta española se enmarca en una estrategia europea más amplia para reducir la cantidad de ahorro que permanece en depósitos y dirigirlo hacia proyectos empresariales y productivos. La Comisión Europea ha defendido que los incentivos fiscales pueden facilitar esta transformación del ahorro en inversión, permitiendo que los ciudadanos participen en la financiación de las empresas y contribuyan al crecimiento y a la creación de empleo. Esta orientación coincide además con las recomendaciones formuladas en los últimos años por Mario Draghi y Enrico Letta, que han señalado la necesidad de profundizar en la integración de los mercados de capitales europeos y reducir las barreras que dificultan la financiación de las empresas. En este contexto, la aprobación de la cuenta europea de inversión supone un paso relevante para España, aunque sus características concretas, sus ventajas fiscales y las condiciones para acceder al instrumento no se conocerán hasta que se publique y convalide la regulación definitiva.

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(Expansión, 29-09-2026) | Fiscal

Tercer plan anticrisis del Gobierno con el sector agroalimentario en el foco

El Gobierno tiene previsto aprobar hoy un nuevo decreto anticrisis para contener el impacto de la escalada de los precios energéticos, con especial atención a los sectores más expuestos al encarecimiento de los carburantes. Durante los últimos días, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha reunido con organizaciones empresariales y sindicales y con representantes de la industria, el transporte, la logística, la distribución y el sector agroalimentario para concretar las nuevas medidas. El margen presupuestario del Ejecutivo es limitado después de que los dos paquetes anticrisis aprobados en marzo y junio hayan supuesto un coste cercano a 10.000 millones de euros. Por ello, el nuevo decreto previsiblemente tendrá un alcance más selectivo. Entre las medidas que ya se dan prácticamente por confirmadas figura la ampliación hasta final de año de las ayudas al sector agroalimentario, incluidas las compensaciones fiscales por el incremento del coste del gasóleo agrícola. Las organizaciones agrarias, que habían amenazado con movilizaciones, consideran insuficiente mantener únicamente la actual bonificación de 20 céntimos por litro, que finaliza este miércoles. El Ejecutivo también mantiene bajo vigilancia la evolución de los precios de los alimentos ante el riesgo de que el aumento de los costes energéticos termine trasladándose al conjunto de la cadena. Aunque los alimentos se encarecieron un 2,5% en agosto, por debajo del 4,3% de inflación general, el Gobierno pretende actuar especialmente sobre el sector agroalimentario y el transporte para limitar los efectos de segunda ronda. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha planteado además la posibilidad de establecer compensaciones fiscales para las explotaciones agroganaderas. Entre las opciones que cuentan con menos posibilidades se encuentra la recuperación de la denominada excepción ibérica, que permitiría limitar el precio del gas utilizado para generar electricidad. Esta medida cuenta con el respaldo de Sumar y los sindicatos, pero genera reticencias en Bruselas por sus posibles efectos sobre el funcionamiento del mercado eléctrico europeo. La presión para adoptar medidas aumenta ante el encarecimiento previsto de la factura regulada del gas, que según la OCU podría superar el 50% desde el 1 de octubre si no se introducen nuevas medidas. El nuevo paquete se sumará a otras actuaciones ya aprobadas para hacer frente a la crisis energética, entre ellas la reducción progresiva del impuesto sobre la producción eléctrica, la extensión durante todo 2026 de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y el mantenimiento de la prohibición de cortar los suministros básicos a los hogares vulnerables.

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(La Vanguardia, 29-09-2026) | Fiscal

El Gobierno planea prohibir la compra de vivienda a fondos y rebajas de IRPF a inquilinos

El Gobierno apura las negociaciones con los grupos parlamentarios para cerrar el nuevo paquete de medidas sobre vivienda que pretende aprobar este martes en el Consejo de Ministros. Entre las propuestas que se están estudiando figuran una mayor protección frente a los desahucios, límites a la adquisición especulativa de viviendas por parte de grandes fondos de inversión, mecanismos para estabilizar los contratos de alquiler y ayudas dirigidas a personas que quieren comprar una vivienda pero no disponen de ahorros suficientes. El paquete también podría incluir cambios fiscales para propietarios e inquilinos, medidas para proteger el parque público, una regulación específica del alquiler de temporada, una mayor tributación de los pisos turísticos y una reducción del IVA para la construcción de vivienda protegida con calificación permanente. PSOE y Sumar mantienen conversaciones con los partidos que respaldaron la investidura para tratar de cerrar un texto que incorpora novedades respecto a los proyectos que no prosperaron durante la primavera y el pasado mes de julio. El nuevo impulso a la norma coincide con el impacto social generado por el desahucio de Maricarmen, que ha convertido el problema de la vivienda en uno de los principales focos de atención política. Para facilitar el acuerdo, el Ejecutivo ha renunciado a incluir en esta ocasión la reforma de la Ley del Suelo que figuraba en el proyecto anterior y que pretendía agilizar los permisos y concesiones para construir nuevas viviendas. La negociación contempla nuevas ayudas para jóvenes que quieran acceder a su primera vivienda y medidas destinadas a preservar el parque público. También se estudia cómo limitar las compras de inmuebles residenciales por parte de grandes fondos de inversión sin afectar a las pequeñas y medianas empresas que desarrollan actividades inmobiliarias. A ello se añaden posibles incentivos fiscales para los inquilinos y para los propietarios que mantengan sus viviendas alquiladas sin incrementar las rentas, así como fórmulas para que los pisos turísticos tributen por IVA y una reducción de este impuesto en la construcción de vivienda protegida con calificación permanente. Sumar considera que todavía quedan aspectos relevantes por cerrar y reclama que el texto garantice una protección efectiva frente a los desahucios, regule el alquiler de temporada y por habitaciones, establezca mecanismos para la prórroga de los contratos y refuerce la lucha contra el fraude relacionado con los pisos turísticos. El partido advierte de que no quiere que estos elementos pierdan peso durante las conversaciones con Junts y PNV, cuyos planteamientos han obligado a modificar algunas de las propuestas defendidas por los sectores más progresistas del Ejecutivo. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará el decreto este martes, aunque no ha concretado qué medidas formarán finalmente parte del texto. Ha señalado que todas las opciones continúan sobre la mesa y ha situado entre los objetivos principales la protección de los colectivos vulnerables y la mejora del acceso de los jóvenes a la vivienda. También ha defendido las actuaciones desarrolladas hasta ahora por el Gobierno, entre ellas los programas del ICO y los proyectos España Crece destinados a aumentar el parque público de vivienda. El texto que se manejaba en julio, y que no consiguió el respaldo parlamentario suficiente, ha sido reformulado con nuevas propuestas en un contexto de creciente movilización social. Las protestas por el acceso a la vivienda se han extendido durante el fin de semana por distintas ciudades y han desembocado en una acampada en la Puerta del Sol de Madrid. El desahucio de una mujer de 87 años ha servido como catalizador de estas movilizaciones y el Gobierno pretende aprovechar el actual escenario para sacar adelante un decreto que introduzca cambios en algunos de los aspectos más conflictivos del mercado inmobiliario. Una de las cuestiones más complejas es determinar cómo se limitará la adquisición de viviendas por parte de los grandes fondos. La prohibición general de que las personas jurídicas compren vivienda residencial ya había sido planteada por Sumar y posteriormente descartada por su dificultad de aplicación. Ahora se trabaja en una fórmula más específica que permita actuar sobre las operaciones consideradas especulativas de grandes inversores sin afectar al tejido de pequeñas empresas del sector. También siguen abiertas las negociaciones sobre las ayudas a la compra y los incentivos fiscales. Algunos expertos han advertido de que las políticas destinadas a estimular la demanda pueden terminar contribuyendo al aumento de los precios si no van acompañadas de un incremento suficiente de la oferta. El Gobierno estudia, por ello, medidas dirigidas específicamente a jóvenes que quieran adquirir su primera vivienda, además de posibles beneficios fiscales para los inquilinos. En paralelo, las ventajas fiscales para los propietarios que mantengan las rentas sin incrementos forman parte de las condiciones planteadas por Junts y aceptadas por Sumar como parte de la negociación. La protección frente a los desahucios es otra de las propuestas que podría adquirir mayor relevancia, con el objetivo de evitar situaciones similares a la que ha provocado la actual movilización social. También se negocian mecanismos para dar mayor estabilidad a los contratos de alquiler y reducir la incertidumbre de los hogares ante las renovaciones o posibles incrementos de las rentas. El alcance definitivo de estas medidas dependerá de la regulación concreta que finalmente recoja el decreto. El plan también contempla una serie de bonificaciones fiscales pensadas tanto para caseros como para inquilinos, y que elevan la presión del Gobierno para que las autonomías y ayuntamientos, con competencias en vivienda, declaren las zonas tensionadas. Para los arrendatarios, el paquete contempla una nueva deducción estatal en el IRPF del 10% del alquiler de la vivienda habitual para jóvenes menores de 35 años con una base imponible inferior a 33.007,20 euros anuales. Estos descuentos quedan acotados a las zonas de mercado caliente. Para los caseros, el esquema es más amplio y no queda restringido a las zonas tensionadas, aunque las mayores ventajas fiscales sí se concentran en ellas. La reducción del rendimiento neto del alquiler puede llegar al 95% cuando se alquila a jóvenes de entre 18 y 35 años con una rebaja de la renta superior al 5%, y al 90% cuando esa rebaja se aplica a cualquier inquilino, siempre en zonas tensionadas. Fuera de ellas también se contemplan reducciones. Entre otras, se propone una del 100% en determinados nuevos contratos con el mismo inquilino o cuando la renta queda por debajo del índice de referencia. Además, se mantienen tramos de reducción inferiores, del 50% al 15%, en función de cómo evolucione el precio respecto al contrato anterior, con el objetivo de penalizar a los caseros que suban la renta. Además, se mandata al Instituto de Crédito Oficial (ICO) a crear una línea de préstamos para apoyar a los jóvenes a acceder a su primera vivienda. Los créditos públicos se destinarán a financiar al menos del 20% del valor de la vivienda hipotecada, o hasta 50.000 euros. Se concederán hasta 10 años, a un tipo de interés del 0% y sin comisiones, con un período de carencia igual al del plazo de la hipoteca, y por un máximo de 30 años. Los detalles se dejan para elaboración posterior.

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(El Economista, 29-09-2026) | Fiscal

Cuerpo presenta hoy la cuenta europea de inversión con exenciones fiscales a partir de cinco años

El Ministerio de Economía llevará este martes al Consejo de Ministros su propuesta para crear una cuenta europea de inversión, concebida para incentivar el ahorro a largo plazo y canalizar recursos hacia empresas y sectores estratégicos europeos. La iniciativa contempla, según fuentes conocedoras de su desarrollo, una exención fiscal durante los primeros cinco años para los inversores que mantengan el dinero inmovilizado durante ese periodo. A partir del quinto año, las plusvalías obtenidas tributarían al 20%, con independencia del tipo marginal que correspondiera al contribuyente. La medida supondría una reducción fiscal de hasta tres puntos porcentuales para los contribuyentes con rentas del capital sometidas a los tipos más elevados. El objetivo es hacer más atractivos estos vehículos y favorecer que el ahorro se destine a inversiones productivas a largo plazo. Todavía está por concretar qué activos podrán incorporarse, entre ellos acciones, bonos, fondos o ETF, así como si será obligatorio destinar una parte determinada de la inversión a empresas españolas o europeas. También queda por determinar si se creará un nuevo producto financiero específico o si se adaptarán instrumentos de ahorro ya existentes, como los seguros individuales de ahorro a largo plazo (Sialp) o las cuentas individuales de ahorro a largo plazo (Cialp). Estos productos ya contemplan horizontes mínimos de inversión de cinco años y podrían adaptarse a los requisitos de las futuras cuentas europeas, facilitando además su distribución a través de bancos y aseguradoras. La propuesta se enmarca en la estrategia europea para movilizar el ahorro hacia la inversión. Bruselas pretende canalizar parte de los más de diez billones de euros que actualmente permanecen en depósitos hacia sectores considerados estratégicos para la competitividad europea, como la digitalización. En este contexto, España impulsó junto a otros países la iniciativa Finance Europe, que plantea que estos productos mantengan un horizonte mínimo de cinco años y destinen al menos el 70% de sus activos a empresas del Espacio Económico Europeo, además de contar con una presencia relevante de renta variable. El tratamiento fiscal planteado por España, no obstante, podría ser menos amplio que el que se está estudiando en otros países europeos, donde se contemplan fórmulas de exención más generosas. La efectividad de la iniciativa dependerá también de la variedad de activos que puedan incluirse, de la flexibilidad para decidir dónde invertir y de la existencia o no de límites máximos de aportación.

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(Expansión, 29-09-2026) | Laboral

La Comunidad Valenciana anuncia cuota cero para autónomos y amplía el aval público a "vivienda joven" hasta los 50 años

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha aprovechado el debate de política general en las Cortes Valencianas, el último antes de las próximas elecciones autonómicas, para presentar un paquete de 50 medidas en materia de vivienda, sanidad, fiscalidad y apoyo a la actividad económica. Los anuncios, que previsiblemente marcarán las principales líneas de actuación del Ejecutivo autonómico durante los próximos meses, incluyen nuevas ayudas para autónomos, empresas y jóvenes. Entre las principales novedades figura la implantación de una cuota cero durante dos años para los autónomos que inicien una actividad, plazo que se ampliará hasta cuatro años en el caso de los jóvenes. En el ámbito empresarial, la Generalitat prevé duplicar hasta 24 millones de euros los recursos destinados a atraer grandes proyectos estratégicos y presentar a principios de 2027 una ley de apoyo a las empresas emergentes para reducir trámites administrativos. También se plantea crear un fondo de 60 millones para invertir en sectores como el aeroespacial y la biotecnología y otro de 100 millones, mediante colaboración público-privada, para impulsar proyectos de crecimiento industrial y tecnológico. El plan contempla asimismo aumentar la disponibilidad de suelo industrial hasta alcanzar 10 millones de metros cuadrados mediante acuerdos con los ayuntamientos. En materia de vivienda, el aval público del IVF para la compra de la primera vivienda por parte de jóvenes se ampliará hasta los 50 años. Además, el presupuesto destinado a ayudas al alquiler alcanzará los 60 millones de euros y se facilitará un seguro para los propietarios que incorporen al mercado viviendas actualmente vacías. Los menores de 35 años podrán recibir también una ayuda de 1.000 euros para cubrir gastos de notaría, registro y gestoría relacionados con la compra de una vivienda. El paquete incluye otras medidas dirigidas a los jóvenes, como una ayuda de 300 euros para obtener el permiso de conducir para quienes tengan entre 18 y 24 años. En materia fiscal, el Ejecutivo autonómico plantea reducir la cuota autonómica del IRPF, aunque todavía no ha concretado el porcentaje, y elevar el mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio. También aumentará hasta 60.000 euros en declaraciones individuales y 78.000 euros en conjuntas el límite de renta para acceder a determinadas deducciones por nacimiento, además de incorporar beneficios fiscales por la compra de audífonos, los gastos veterinarios y determinadas actividades de voluntariado. Por último, Pérez Llorca ha anunciado una reducción del 10% en el canon del agua y una rebaja general del 3% en las tasas de la Generalitat. El conjunto de medidas configura las principales propuestas económicas y sociales anunciadas por el Gobierno valenciano para la próxima etapa.

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(El Economista, 29-09-2026) | Laboral

Los "boomers" quieren trabajar más que nunca, pero España no sabe recolocar a sus mayores de 50

La generación del baby boom gana peso en el mercado laboral español y siete de cada diez personas de entre 50 y 64 años trabajan o buscan empleo. Este grupo ha pasado de 6,5 millones de integrantes en 2002 a 11,2 millones en 2026, un aumento del 72%, y su tasa de actividad ha crecido del 50,9% al 76% en dos décadas. La evolución responde principalmente a la incorporación de las mujeres al mercado laboral y al retraso de la salida del empleo por las mayores dificultades para acceder a la jubilación anticipada. El número de ocupados de esta franja de edad se encuentra en máximos históricos, con 7,76 millones, mientras que la tasa de empleo alcanza el 69,5%. Sin embargo, el desempleo continúa siendo uno de sus principales problemas. La tasa de paro se sitúa actualmente en el 8,6%, con 730.700 personas desempleadas, todavía 1,5 puntos por encima del nivel previo a la crisis financiera. La recuperación del empleo sénior ha sido más lenta que la registrada entre las edades centrales de la población. El aumento de la participación laboral de los mayores no parece haberse producido a costa de los jóvenes. Entre 2008 y 2013, el empleo cayó tanto entre los trabajadores de 50 a 64 años como entre los menores de 25, mientras que posteriormente la tasa de actividad juvenil se redujo del 52,2% al 39,1%, en buena medida por la prolongación de los estudios y el desánimo ante las dificultades para encontrar trabajo. Al mismo tiempo, la actividad de las mujeres de 50 a 64 años se ha incrementado de forma notable: en 2002 solo tres de cada diez trabajaban o buscaban empleo, frente a siete de cada diez en la actualidad. La mayor participación laboral de los baby boomers ha permitido a España aproximarse a los niveles europeos. La tasa de actividad del grupo se sitúa en el 75,8%, prácticamente en línea con el 75,4% de la Unión Europea, aunque la tasa de empleo española, del 68,9%, permanece tres puntos por debajo de la media comunitaria. La diferencia se explica fundamentalmente por el mayor desempleo. España registra además una de las mayores tasas de paro de la UE entre los trabajadores de 50 a 64 años. La media del último año se sitúa en el 9%, frente al 4,4% comunitario, y el desempleo femenino alcanza el 10,9%, casi dos veces y media el promedio europeo. El deterioro respecto a los años anteriores a la crisis financiera contrasta con la evolución del conjunto de la Unión, donde el paro de este grupo de edad se ha reducido, poniendo de relieve las dificultades que persisten en España para mantener y reincorporar al empleo a los trabajadores de mayor edad.

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