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(El País, 19-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El registro estatal de viviendas turísticas abre una batalla legal entre Gobierno, comunidades y propietarios de casas

España, que el Ejecutivo había presentado como un ejemplo adelantado en la aplicación del nuevo reglamento europeo sobre alquileres de corta duración, se enfrenta ahora a un posible conflicto jurídico y político justo cuando esa normativa está a punto de aplicarse plenamente. Ante el auge de las viviendas turísticas y la crisis de acceso a la vivienda, el Ministerio de Vivienda impulsó la creación de un Registro Único de Alquileres al amparo de la norma comunitaria. Este registro estatal obligatorio, en vigor desde el 1 de julio, exige identificar y supervisar tanto los pisos turísticos anunciados en plataformas digitales como cualquier inmueble ofertado como alquiler temporal. Su gestión se encomendó a los Registradores de la Propiedad, encargados de comprobar si las viviendas cumplen los requisitos legales para comercializarse por internet. Esto supuso que los propietarios que ya contaban con licencias otorgadas por las comunidades autónomas -competentes en materia turística- debían someterse a un nuevo control para anunciar sus inmuebles online. La medida generó rechazo en parte del sector y en varias autonomías. Andalucía es el caso más significativo: desde la puesta en marcha del registro estatal se han denegado 21.872 solicitudes de alquiler turístico, pese a que el censo autonómico recoge 166.016 viviendas autorizadas. Alejandro Mayoral, propietario de un apartamento en la costa gaditana que alquila unos 70 días al año, dispone de licencia autonómica desde 2017. Para obtenerla, tuvo que aportar documentación como la cédula de habitabilidad y una declaración responsable sobre el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad. Ocho años después, al intentar inscribirse en el registro estatal, se encontró con dificultades administrativas que retrasaron su solicitud hasta enero. Como a miles de propietarios, los registradores le han rechazado la inscripción pese a su licencia autonómica, lo que le impide anunciar su vivienda en plataformas digitales. El motivo alegado es que los estatutos de su comunidad de vecinos prohíben actividades empresariales. Ante esta situación, ha optado por ofrecer el inmueble a través de agencias inmobiliarias, contactos personales o redes sociales, donde sí puede hacerlo. Desde el inicio, Andalucía ha recurrido el registro estatal ante el Tribunal Supremo al considerar que invade competencias autonómicas en vivienda y turismo. La Junta confía en que la justicia le dé la razón por la duplicidad de registros. En esta impugnación también participan asociaciones de propietarios, como la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos, que igualmente ha acudido a los tribunales. Representantes del sector sostienen que lo lógico habría sido integrar los datos de los registros autonómicos en una base única para evitar solapamientos. Critican además que los registradores estén verificando la legalidad de viviendas que ya disponen de licencias regionales, solicitando documentación adicional más allá de lo necesario. La Junta andaluza también consultó a la Comisión Europea sobre este conflicto. Bruselas respondió recientemente instando a España a eliminar la duplicidad antes del 20 de mayo, fecha en la que será obligatorio el reglamento europeo. Según dicha norma, los propietarios no pueden verse obligados a inscribirse en más de un registro ni a cumplir requisitos adicionales a los previstos para los anuncios en línea. La resolución europea se emitió en el contexto del anteproyecto andaluz de turismo sostenible. Desde el sector turístico advierten de que mantener el registro estatal más allá de esa fecha podría acarrear sanciones económicas a España, cuya cuantía dependería de la gravedad y duración de la infracción. Por su parte, el Ministerio de Vivienda reconoce que existe solapamiento, pero defiende que el único registro con validez legal es el estatal, mientras que los autonómicos serían simples listados administrativos. El departamento sostiene además que, si la Comisión iniciara un procedimiento, argumentaría que no existe doble registro real. En los próximos meses, tanto el Gobierno como las comunidades autónomas y las asociaciones del sector estarán pendientes de las decisiones europeas y de las resoluciones judiciales. Todo ello en un contexto en el que la propia normativa comunitaria podría modificarse, ya que la Comisión Europea estudia cambios tras constatar que las viviendas turísticas han aumentado un 93% entre 2014 y 2024, contribuyendo a reducir la oferta de vivienda asequible.

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(Expansión, 18-02-2026) | Fiscal

La exención fiscal al SMI rebajará el IRPF a sueldos de hasta 20.000 euros

El Ministerio de Hacienda ha aumentado de 340 a 591 euros la deducción fiscal destinada a que los 17.094 euros anuales del nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) queden exentos de impuestos, al tiempo que suaviza el llamado efecto escalón para quienes perciben ingresos ligeramente superiores. El SMI, elevado por el Gobierno hasta esa cuantía con carácter retroactivo desde el 1 de enero, no pagará IRPF. Junto a la subida del 3,1%, el Consejo de Ministros aprobó ampliar la deducción creada en 2025 para garantizar dicha exención. Además, la medida se extiende más allá del propio SMI para evitar que quienes ganan un poco más sufran un aumento brusco de tributación, lo que supone también una reducción fiscal para salarios de hasta 20.000 euros anuales. Según explicó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la revisión fiscal busca que las rentas más bajas -incluidos los perceptores del SMI- no tengan que tributar por IRPF. Para ello, se incrementa la deducción en el impuesto sobre la renta hasta 591 euros para ingresos de hasta 17.094 euros, asegurando así que estos trabajadores no paguen impuestos. A partir de ese nivel salarial, la deducción se reducirá progresivamente conforme aumenten los ingresos, de modo que también se alivie la carga fiscal de quienes ganan hasta 20.000 euros al año. El objetivo es evitar el denominado "salto" en la tributación que se produciría si la ayuda desapareciera de forma repentina al superar el umbral del SMI. Por ejemplo, un trabajador que cobraba 17.000 euros anuales pagó 356 euros de IRPF en 2025, mientras que en 2026 no abonará nada. Montero recordó además que ese mismo sueldo soportaba unos 1.800 euros de impuestos anuales durante el último Gobierno del Partido Popular, cifra que -incluso descontando la inflación- supone actualmente un ahorro aproximado de 780 euros al año. En conjunto, Hacienda calcula que las rebajas fiscales para rentas bajas aplicadas desde 2023 han supuesto un ahorro total de 11.160 millones de euros. La deducción vinculada al SMI, acordada el año pasado con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, evita que quienes cobran el salario mínimo tengan que empezar a tributar, aunque sin elevar el mínimo exento general hasta esa misma cuantía. En la práctica, los trabajadores seguirán teniendo retenciones mensuales en sus nóminas, pero recuperarán íntegramente esas cantidades al presentar la declaración del IRPF correspondiente a 2026 en la campaña de la renta de 2027. La ministra defendió que esta ventaja fiscal facilitó el acuerdo para subir el SMI un 3,1%, ya que, de haberse gravado, habría sido necesario aumentarlo un 4,7% para mantener el poder adquisitivo previsto. No obstante, advirtió de que en el futuro la evolución del salario mínimo y la deducción fiscal podrían dejar de estar necesariamente vinculadas.

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(Expansión, 18-02-2026) | Fiscal

Los Tribunales españoles permiten recuperar retenciones históricas a empresas en pérdidas

El panorama de la fiscalidad internacional en España está experimentando un cambio profundo. Durante muchos años, las normas tributarias partían de una idea fija respecto al capital extranjero: las retenciones practicadas a inversores no residentes se consideraban definitivas y no recuperables. Sin embargo, recientes fallos de la Audiencia Nacional y decisiones del Tribunal Económico-Administrativo Central han desmontado ese principio, alineándose con la normativa europea sobre libre circulación de capitales. Este giro abre la puerta a que fondos y multinacionales de la UE reclamen cantidades importantes retenidas de forma indebida. Carlos Reviriego, socio del área de Transacciones de PwC Tax & Legal, subraya el alcance de este cambio y señala que España vive una auténtica transformación fiscal que puede afectar a numerosas compañías y vehículos de inversión europeos que perciben dividendos, intereses o royalties procedentes de España. Hasta ahora, esas retenciones no se devolvían, independientemente de la situación económica del beneficiario extranjero, lo que generaba una clara desigualdad. El origen del conflicto está en el distinto tratamiento fiscal entre residentes y no residentes. Mientras una empresa española puede compensar pérdidas de ejercicios anteriores y deducir retenciones para solicitar devoluciones si ha pagado de más, al inversor extranjero se le negaba esa posibilidad. El sistema establecía una retención final sin posibilidad de ajuste, incluso cuando la entidad había registrado pérdidas en su país o no podía compensar ese impuesto en su jurisdicción de residencia. Esta diferencia suponía, según el experto, una desventaja basada únicamente en la residencia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya había considerado en sentencias como los casos Sofina y Credit Suisse Securities que negar devoluciones a entidades no residentes con pérdidas -cuando las nacionales sí pueden obtenerlas- vulnera los principios del mercado único. El cambio decisivo en España se produjo en julio de 2025, cuando la Audiencia Nacional aplicó esta doctrina europea y reconoció el derecho de los no residentes en pérdidas a recuperar las retenciones. La transformación se consolidó en octubre, cuando el Tribunal Económico-Administrativo Central amplió el criterio no solo a dividendos, sino también a cánones por marcas y otros derechos. Además, introdujo un elemento clave para las grandes multinacionales: la posibilidad de analizar la situación fiscal a nivel de grupo consolidado. Esto permitiría a una empresa internacional que compensa pérdidas globales solicitar devoluciones como si fuese un grupo fiscal residente en España. Los especialistas consideran que este proceso aún puede ir más lejos. El siguiente paso lógico sería equiparar completamente el tratamiento de los dividendos, permitiendo a las entidades extranjeras beneficiarse de mecanismos de exención similares a los de las empresas españolas. No se descarta que, en el futuro, pueda recuperarse hasta el 95% de las retenciones aplicadas a estos rendimientos. Para los departamentos financieros de fondos y multinacionales, este nuevo contexto exige actuar con rapidez. No es solo una cuestión académica, sino una oportunidad para revisar las retenciones soportadas en ejercicios anteriores con pérdidas y presentar solicitudes de devolución. El factor tiempo resulta decisivo: el plazo general para reclamar es de cuatro años desde el pago, aunque puede ampliarse mediante determinadas actuaciones administrativas. En cualquier caso, permanecer pasivo ya no parece una opción razonable. Las últimas resoluciones han convertido la fiscalidad transfronteriza en un terreno más equilibrado, superando la idea de que la retención a no residentes era un coste irrecuperable. Según Reviriego, el impacto económico puede ser considerable, ya que supondría la devolución de importantes sumas a empresas y fondos que han tributado en España en condiciones desfavorables.

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(El Economista, 18-02-2026) | Fiscal

El Ayuntamiento de Madrid se juega la devolución de 350 millones por la tasa de basuras

Llega la primera resolución judicial sobre la controvertida tasa de basuras. El Ayuntamiento de Madrid se enfrenta a la posibilidad de tener que devolver los cerca de 350 millones de euros recaudados por este impuesto, además de los correspondientes intereses por demora. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha fijado para el 19 de febrero la deliberación y el fallo de los primeros recursos presentados contra la tasa, entre ellos el interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) el pasado 25 de enero. Juan Manuel Herrero Egaña, socio director de Herrero Egaña Abogados y responsable de estudios de Aedaf, explica que la asociación impugnó la ordenanza municipal porque calcula el 80% del importe en función del valor catastral de los inmuebles. Según el experto, este criterio no refleja adecuadamente la cantidad de residuos generados. La normativa estatal aprobada en abril de 2022 obligó a los ayuntamientos a implantar una tasa en 2025 para que los ciudadanos pagaran según la basura producida. Herrero Egaña reconoce la dificultad de medir los residuos por persona, pero insiste en que el valor catastral no es un indicador válido, ya que el tamaño o precio de una vivienda no determina necesariamente cuánta basura se genera, algo que depende más del número de ocupantes. El consistorio presidido por José Luis Martínez-Almeida ha modificado la ordenanza para 2026 con la intención de que el importe dependa del número de residentes por vivienda, lo que, a juicio de los críticos, evidencia que el sistema inicial podía mejorarse. Desde Aedaf confían en que el tribunal les dé la razón. Si la sentencia fuera favorable a los contribuyentes, podrían darse dos situaciones: que las devoluciones se limiten a quienes recurrieron la tasa -lo habitual en este tipo de fallos- o que la nulidad se extienda a todos los afectados, incluso a quienes no presentaron recurso, opción que la asociación ha solicitado al amparo de la Ley de Haciendas Locales. En caso de una decisión favorable a los madrileños, lo más probable es que el Ayuntamiento recurra ante el Tribunal Supremo para retrasar su aplicación definitiva. Herrero también critica la actuación del Tribunal Económico-Administrativo municipal, que resolvió las reclamaciones en apenas dos meses -cuando lo habitual son cerca de dos años-, lo que habría impedido a muchos contribuyentes beneficiarse de un eventual fallo favorable al quedar sus recursos cerrados. Según denuncia, esto obliga a los vecinos a acudir a la vía judicial ordinaria para mantener sus reclamaciones, con el coste que ello supone, algo que muchos no consideran rentable dado el importe reducido del recibo. De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local, los madrileños pagaron una media de 102 euros por esta tasa, frente a los 122 euros de media nacional. El TSJM se reúne este jueves para deliberar. Si los magistrados alcanzan un acuerdo, la sentencia podría hacerse pública en aproximadamente una semana; de lo contrario, será necesario convocar una nueva votación. (El Economista, 18-02-2026) El Gobierno aprueba ayudas directas de 150 euros al día para los desalojados por las fuertes lluvias El Gobierno ha aprobado este martes un plan de apoyo valorado en 7.000 millones de euros para mitigar los daños provocados por las borrascas de las últimas semanas, que han golpeado con especial dureza a zonas de Andalucía y Extremadura. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que el Real Decreto-ley cuadruplica las compensaciones previstas hasta ahora, permitiendo ayudas de hasta 150 euros diarios para las personas que tuvieron que abandonar sus hogares por el temporal. Estas prestaciones podrán sumarse a otras y no tributarán ni en el IRPF ni en el Impuesto de Sociedades. La norma también contempla destinar hasta 2.000 millones de euros a los ayuntamientos más perjudicados para reconstruir infraestructuras municipales dañadas por las lluvias. El Ejecutivo aún no ha concretado cuántos municipios se beneficiarán, ya que el listado se elaborará en aproximadamente un mes, cuando las corporaciones locales comuniquen los desperfectos. Con estos fondos se cubrirá y adelantará el 100% de los daños, además de permitir a los consistorios utilizar su superávit de 2025 y flexibilizar las reglas de gasto para que estas partidas no computen. En el ámbito tributario, los propietarios de viviendas afectadas por inundaciones o desperfectos quedarán exentos de pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), con posibilidad de solicitar la devolución si ya lo habían abonado. También se aplicará una reducción en los módulos del IRPF y en el régimen simplificado del IVA para actividades agrícolas de las zonas dañadas. Hacienda calcula que estas medidas supondrán un ahorro de unos 350 millones de euros. El paquete incluye además ayudas directas al sector agrario por valor de 2.000 millones de euros para explotaciones afectadas, así como 10 millones destinados a armadores de buques pesqueros con base en puertos de Málaga, Cádiz y Huelva que no pudieron faenar. Para los trabajadores agrícolas, se rebaja de 35 a 5 el número de jornadas cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo. Asimismo, se reservan 120 millones para apoyar al comercio y la hostelería minorista y se habilitan líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial por 100 millones para reparar daños en el campo. En el terreno laboral, se activa la prestación por cese de actividad -el llamado paro de los autónomos- hasta el 31 de mayo, se permite aplazar el pago de cotizaciones a la Seguridad Social, se refuerza la protección por desempleo de las empleadas del hogar y se vuelve a habilitar el mecanismo de ERTE para empresas afectadas, que podrán reducir jornadas o suspender temporalmente contratos con exenciones en las cotizaciones.

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(El País, 18-02-2026) | Laboral

El Consejo de Ministros aprueba la subida del salario mínimo

El Gobierno ha aprobado este martes una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la remuneración mínima legal en España, que entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado este miércoles. Estas son las claves principales del incremento. ¿Cuál es la nueva cuantía del salario mínimo? Se fija en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que supone un aumento del 3,1% respecto a 2025, es decir, 37 euros más. En términos anuales alcanza los 17.094 euros y equivale a 9,55 euros por hora. Si se prorratea en 12 pagas, la cantidad mensual asciende a 1.424,5 euros. ¿Tiene efectos retroactivos? Sí. La subida se aplica desde el 1 de enero de 2026, por lo que las empresas deberán abonar en nóminas posteriores la diferencia correspondiente a enero. Incluso si un trabajador cobró el salario mínimo ese mes y dejó su empleo en febrero, puede reclamar la cantidad que le corresponde por ese periodo. ¿Por qué el incremento es del 3,1%? El Ministerio de Trabajo solicitó a un grupo de expertos dos estimaciones: una subida sin impacto fiscal y otra teniendo en cuenta la tributación, ambas con el objetivo de que el SMI mantuviera poder adquisitivo y se situara en torno al 60% del salario medio neto. La recomendación sin impuestos fue del 3,1%, similar a la inflación interanual disponible entonces, mientras que con tributación ascendía al 4,7%. Los sindicatos reclamaban un aumento del 7,5% con tributación incluida, y las organizaciones empresariales proponían un 1,5% condicionado a compensaciones en contratos públicos. Tras la decisión de Hacienda de mantener el SMI exento mediante la ampliación de la deducción fiscal, Trabajo planteó la subida del 3,1% a los interlocutores sociales. Los sindicatos la aceptaron, pero la patronal volvió a rechazarla, como viene haciendo desde 2020. ¿Cómo se aplicará la deducción en el IRPF? La deducción vigente, de 340 euros anuales, resulta insuficiente tras el incremento, por lo que se elevará hasta aproximadamente 600 euros. Durante 2026 los trabajadores soportarán retenciones en sus nóminas, pero al presentar la declaración de la renta al año siguiente recibirán una devolución equivalente. ¿Quiénes se benefician de la subida? Según cálculos del sindicato CC OO, la medida favorecerá a unos 1,66 millones de trabajadores, de los cuales 1,42 millones tienen jornada completa y alrededor de 230.000 trabajan a tiempo parcial. En total, representa cerca del 9% de los asalariados, aunque el impacto varía según el colectivo. Entre las mujeres, el aumento alcanzará al 12,4%, frente al 6,3% de los hombres, de modo que seis de cada diez beneficiarios serán trabajadoras.

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(El País, 18-02-2026) | Laboral

Díaz embiste contra Garamendi por rechazar la subida del salario mínimo: “Cobra 23 veces el SMI”

El Gobierno ha intensificado sus reproches a la patronal por oponerse al aumento del salario mínimo hasta 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que supone un 3,1% más que el año anterior. Tras el Consejo de Ministros que aprobó la medida, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, percibe "23 veces el salario mínimo". No es la primera vez que menciona su sueldo para criticar su postura: en septiembre pasado aseguró que ganaba 25 veces el SMI. Díaz pidió "prudencia y responsabilidad" a las organizaciones empresariales y sostuvo que existe margen para elevar los salarios, apoyándose en los elevados beneficios empresariales y en el crecimiento económico del país, que alcanzó el 2,8% en 2025. Señaló además que en los últimos años los sueldos más bajos han subido más que los medios y altos, por lo que instó a las patronales a generalizar las mejoras salariales. Estas declaraciones se suman a las críticas expresadas el día anterior por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien reprochó a la patronal no respaldar el incremento. Aunque Díaz suele mantener un tono duro hacia Garamendi, no es habitual que Sánchez lo haga con tanta contundencia. El jefe del Ejecutivo defendió que, si en momentos difíciles el esfuerzo se reparte, también debe hacerse cuando aumentan los beneficios, y reclamó a las empresas que eleven los sueldos donde aún no lo han hecho. Garamendi respondió a estas acusaciones recordando que la fijación del salario mínimo corresponde al Gobierno, por lo que considera que el Ejecutivo ha aplicado la cifra que ha estimado conveniente. También cuestionó que se haya apoyado en un informe elaborado por expertos designados por el Ministerio de Trabajo, a quienes reprochó no tener experiencia directa pagando salarios. En una entrevista en la Cadena COPE, añadió que el incremento del 3,1% ni siquiera coincide con la inflación media del año pasado, situada en el 2,7%. El presidente de la CEOE acusó además al Ejecutivo de ignorar el diálogo social y de buscar confrontación con quienes, a su juicio, generan riqueza. Subrayó que no todas las empresas tienen la dimensión de las grandes compañías del Ibex y aseguró que los salarios ya están subiendo, aunque señaló que el margen es limitado por el aumento de impuestos y cotizaciones, que -según afirmó- terminan reduciendo lo que llega a los trabajadores. Desde el entorno de Díaz se interpreta que la oposición de la CEOE responde en parte a razones internas, vinculadas al proceso electoral que la organización empresarial celebrará este año, en el que Garamendi buscaría reforzar su imagen. Como antecedente, se recuerda que en las elecciones de Cepyme del año pasado el candidato alternativo, Gerardo Cuerva, estuvo cerca de imponerse a la aspirante apoyada por Garamendi, Ángela de Miguel. En la patronal, sin embargo, sostienen lo contrario: consideran que muchas de las propuestas impulsadas por Díaz, así como el tono crítico hacia las empresas, responden a intereses políticos propios, especialmente teniendo en cuenta las dificultades para aprobarlas en un Congreso con mayoría conservadora. De hecho, las organizaciones empresariales llevan más de un año y medio sin firmar acuerdos con el Ministerio de Trabajo, el periodo más largo desde que Díaz asumió la cartera.

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(El Economista, 18-02-2026) | Laboral

Trabajo otorga 50 millones a los ayuntamientos afectados por el temporal para contratar a parados en las labores de reconstrucción

El Ministerio de Trabajo ha activado un programa extraordinario de empleo dotado con 50 millones de euros destinado a los ayuntamientos perjudicados por las inundaciones, dentro del Real Decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros para responder a los daños causados por las recientes borrascas. Entre las medidas incluidas también figura la reducción a cinco del número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario. Según el departamento que dirige Yolanda Díaz, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) concederá ayudas directas a las entidades locales afectadas para financiar la contratación de personas desempleadas. Estas contrataciones se realizarán en el marco de programas de inserción laboral vinculados a obras o servicios de utilidad pública y social, con el objetivo de apoyar las labores de reconstrucción tras los daños provocados por las borrascas Leonardo y Marta. Asimismo, el Ministerio rebaja de 35 a un mínimo de 5 jornadas reales cotizadas en el último año el requisito para acceder al subsidio por desempleo de los trabajadores agrarios eventuales por cuenta ajena. Esta medida se aplicará a quienes estén incluidos en el sistema especial agrario y residan o trabajen en municipios andaluces afectados cuando entre en vigor la norma. Por otro lado, los empleados de empresas -incluidos los socios trabajadores de cooperativas- integrados en el Régimen General de la Seguridad Social y perjudicados por el temporal serán considerados como afectados por una situación de fuerza mayor. En el caso del servicio doméstico, si las tareas no pueden realizarse de forma total o parcial debido a las consecuencias del temporal, se permitirá suspender temporalmente el contrato o reducir la jornada laboral. Los trabajadores afectados podrán acceder a la prestación contributiva por desempleo sin necesidad de acreditar cotizaciones previas ni cumplir el periodo mínimo exigido habitualmente, según fuentes ministeriales. Esta iniciativa sigue la línea de actuaciones adoptadas anteriormente: en diciembre de 2024, el Ministerio aprobó una medida similar tras la DANA, destinando también 50 millones de euros -procedentes del presupuesto del SEPE- a contratar a desempleados para realizar trabajos de recuperación, rehabilitación y reconstrucción en las zonas afectadas.

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(Expansión, 18-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno desnudará a los titulares de las S.L. y señalará a empresas corruptoras

El plan anticorrupción del Gobierno incluye obligar a las Sociedades Limitadas a comunicar al Registro Mercantil quiénes son sus propietarios y cualquier cambio en la composición de socios, así como la creación de un listado público de empresas corruptoras que quedarán excluidas de contratos con la Administración, subvenciones y beneficios fiscales. El Ejecutivo pretende así identificar de forma transparente a los dueños reales de estas sociedades y difundir una "lista negra" de compañías sancionadas por corrupción. Estas actuaciones forman parte del núcleo del plan anunciado meses atrás, tras un escándalo por supuestos sobornos que puso en riesgo el respaldo parlamentario al Gobierno. El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción contempla quince grandes medidas, doce de las cuales ya se han incorporado al anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública aprobado por el Consejo de Ministros. En total, incluye 84 iniciativas que implican modificar 18 normas legales para asegurar una gestión honesta y eficiente del dinero público. La ley aborda todas las fases de la corrupción: prevención, detección temprana mediante herramientas de inteligencia artificial, refuerzo de los sistemas de contratación y recuperación de fondos desviados. Tras el periodo de consulta pública, el texto volverá al Consejo de Ministros antes del verano y posteriormente iniciará su tramitación parlamentaria, con la intención de aprobarse antes de que termine la legislatura. Una de las novedades principales es la obligación de inscribir en el Registro Mercantil la titularidad y transmisión de participaciones de las S.L., información que hasta ahora podía mantenerse en un libro interno de acceso muy restringido. Esta laguna legal dificultaba conocer quién estaba realmente detrás de muchas empresas y permitía eludir embargos judiciales. Para facilitar el cumplimiento, se permitirá registrar ese libro tanto mediante escritura notarial como mediante un documento privado con firma electrónica cualificada. Habrá sanciones para quienes incumplan, y las transmisiones no inscritas carecerán de validez jurídica. El plan también busca reforzar la transparencia en la contratación pública, endureciendo las condiciones para adjudicaciones urgentes sin publicidad, contratos menores, encargos reiterados al mismo proveedor o subcontrataciones. Además, se creará un registro público de empresas corruptas, accesible a la ciudadanía y a los medios, que impedirá a dichas compañías contratar con la Administración o recibir ayudas. El periodo de prohibición se ampliará de 15 a 20 años. El eje central del anteproyecto es la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, que unificará varios organismos existentes dedicados a prevenir conflictos de intereses, proteger a denunciantes y coordinar la lucha antifraude. Su presidencia, con rango de Secretaría de Estado, deberá ser ratificada por el Congreso y tendrá un mandato único de seis años. Asimismo, se endurecerá el control sobre partidos políticos y fundaciones vinculadas, reduciendo de 25.000 a 2.500 euros el umbral a partir del cual las donaciones deben hacerse públicas y duplicando las sanciones por aportaciones no declaradas. Los partidos que reciban más de 50.000 euros de financiación pública deberán someterse a auditorías externas. Por último, todas las administraciones públicas deberán elaborar mapas de riesgo de corrupción y fraude -incluyendo factores como dependencia tecnológica o concentración de mercado- y aplicar medidas específicas para reducir esas vulnerabilidades.

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(Expansión, 18-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La deuda pública baja al 100,8% del PIB en 2025

La deuda total de las Administraciones Públicas españolas se situó en el 100,8% del PIB al finalizar 2025, lo que supone una reducción de 0,9 puntos respecto al año anterior. Sin embargo, en cifras absolutas alcanzó un nuevo máximo histórico anual, con un volumen de 1.698.681 millones de euros. Según los datos adelantados por el Banco de España, el endeudamiento aumentó en 78.108 millones durante 2025 (un 4,8% más). Aun así, el total quedó por debajo del récord mensual registrado en septiembre, cuando se alcanzaron 1.709.330 millones de euros. La cifra final resultó mejor de lo previsto por el Gobierno, que estimaba que la deuda cerraría el año en el 101,4% del PIB dentro de su plan fiscal a medio plazo. En cambio, superó ligeramente la previsión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que en octubre había calculado un nivel del 100,3% del PIB gracias a la reducción del déficit y al crecimiento económico esperado. La mayor parte del endeudamiento corresponde a la Administración central, cuya deuda aumentó un 5,1% respecto a 2024, hasta 1.549.087 millones de euros, equivalentes al 91,9% del PIB. Por su parte, las comunidades autónomas elevaron su deuda en 5.936 millones (un 1,8% más), hasta los 341.880 millones, lo que representa el 20,3% del PIB. En contraste, las corporaciones locales redujeron su endeudamiento un 9,1% -2.082 millones menos- hasta situarlo en 20.773 millones de euros, apenas el 1,2% del PIB. Por el contrario, la deuda de la Seguridad Social aumentó un 7,9%, es decir, 10.006 millones más, hasta alcanzar los 136.179 millones, equivalentes al 8,1% del PIB. Al término de 2025, la mayor parte de la deuda pública española estaba emitida en instrumentos a largo plazo, con 1.440.620 millones de euros. El resto se distribuía entre préstamos (177.472 millones), valores a corto plazo (75.074 millones) y efectivo y depósitos (5.515 millones).

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(El País, 18-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno ligará el bono social de la luz a la renta de las familias

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) 2026-2030, que incorpora una reivindicación histórica de numerosas organizaciones: que los descuentos en la factura eléctrica se vinculen al nivel de ingresos de todos los beneficiarios. Esta modificación afecta al único colectivo que hasta ahora recibía la ayuda sin atender a su renta: las familias numerosas, es decir, aquellas con tres o más hijos, independientemente de sus ingresos. El coste del bono lo asumen todos los consumidores mediante un pequeño recargo mensual en su recibo. Como la estrategia no tiene rango normativo, el Ministerio para la Transición Ecológica someterá la medida a audiencia pública con el fin de modificar el real decreto que regula el bono social. Tras la reunión del Consejo, la vicepresidenta tercera y ministra del área, Sara Aagesen, subrayó que la renta debe ser el criterio fundamental para los consumidores por una cuestión de equidad. Para concretar los nuevos requisitos se contará con la participación de asociaciones sociales, y también se revisará el bono social térmico. La estrategia, en preparación desde hace meses, busca identificar con mayor precisión a los hogares verdaderamente vulnerables, muchos de los cuales actualmente no reciben ayudas. Según datos difundidos por este periódico, alrededor del 30% de los hogares en situación de vulnerabilidad -casi un millón- no figuran en los indicadores de pobreza energética, mientras que se considera vulnerables a 4,8 millones que no lo serían. El Gobierno pretende corregir estos desajustes, basados en gran medida en encuestas del Instituto Nacional de Estadística. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, señaló que el objetivo es que quien realmente necesite el bono pueda acceder a él. Para ello será necesario redefinir el concepto de vulnerabilidad a efectos de la ayuda y aplicar criterios de renta de forma generalizada, con el fin de dirigir mejor los recursos disponibles. Las modificaciones se elaborarán con la colaboración de diversas organizaciones y de la Mesa Social de Pobreza Energética, reunida esa misma mañana. Esta estrategia nació tras la crisis energética de 2021 con la participación de entidades sociales, expertos académicos y representantes empresariales. El documento aprobado contempla 13 actuaciones hasta 2030, con un propósito central: garantizar el acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía como un derecho básico indispensable para una vida digna, según el ministerio. Entre las iniciativas previstas destaca la creación de un Observatorio de la Pobreza Energética destinado a recopilar información, fomentar el intercambio técnico entre especialistas y facilitar el diseño de políticas públicas. Otras medidas buscan reforzar la protección del consumidor, como asegurar el suministro a personas vulnerables o electrodependientes y ampliar la cobertura del bono social, que según datos oficiales ha aumentado un 60% desde 2018, pasando de 1,07 a 1,72 millones de hogares beneficiarios. Algunas actuaciones, como la eliminación de prácticas comerciales abusivas -contrataciones telefónicas no solicitadas, refacturaciones erróneas o penalizaciones por permanencia- ya se incluyeron en el reciente Real Decreto 88/2026, que adapta el reglamento general de suministro y comercialización y fue aprobado la semana pasada. En relación con el bono social eléctrico, la nueva estrategia pretende reducir la brecha de cobertura, vincularlo a la renta familiar y asegurar que llegue únicamente a quienes lo necesitan. El ministerio considera que el sistema actual permite que algunos hogares con derecho no lo reciban, mientras que otros sin necesidad sí lo obtienen. El bono eléctrico contempla múltiples situaciones de vulnerabilidad y distintos colectivos, combinados con límites de consumo. Entre los beneficiarios figuran pensionistas con prestaciones mínimas, perceptores del ingreso mínimo vital, víctimas de terrorismo o de violencia de género y, hasta ahora, las familias numerosas. Para acceder a los descuentos es imprescindible tener contratada la tarifa regulada -el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)- en potencias inferiores a 10 kW y para la vivienda habitual. Las rebajas alcanzan el 42,5% para consumidores vulnerables y el 57,5% para los vulnerables severos, definidos en función de múltiplos del IPREM. En situaciones de pobreza extrema, la ayuda cubre el 100% del recibo. Superados determinados niveles de consumo, el descuento deja de aplicarse y se factura conforme al PVPC.

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