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(Expansión, 13-11-2025) | Laboral

Las familias deben evaluar los riesgos laborales de las empleadas de hogar antes del 14 de noviembre: los pasos a seguir

El 14 de noviembre vence el plazo establecido por el real decreto aprobado el año pasado que introduce nuevas obligaciones para quienes contraten personal doméstico. Entre ellas, se incluye la necesidad de que los empleadores evalúen los riesgos laborales del hogar en el que las trabajadoras realizan sus tareas. Estas medidas, que amplían los derechos laborales de las empleadas de hogar, implican que los empleadores asuman la responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales. Los hogares que tengan contratada a una trabajadora doméstica deberán cumplir con una serie de gestiones antes de esa fecha para evitar sanciones. Los empleadores están obligados a realizar una evaluación inicial de los posibles riesgos en el domicilio, adaptada a las características del puesto. Para facilitar este trámite, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha puesto a disposición una herramienta pública y gratuita llamada Prevencion10, que puede utilizarse sin conocimientos técnicos. El Real Decreto 893/2024, aprobado el 10 de septiembre de 2024 a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, amplió la normativa de prevención de riesgos laborales al ámbito del trabajo doméstico y entró en vigor tras su publicación en el BOE. Esta medida complementa otra norma previa que reconoció el derecho al desempleo para este colectivo, formado mayoritariamente por mujeres, y que ya había establecido la necesidad de que los empleadores asumieran obligaciones preventivas antes inexistentes. Aunque el decreto se aprobó hace más de un año, sus disposiciones no se aplican hasta seis meses después de la puesta en marcha de la herramienta Prevencion10, lanzada el 14 de mayo de 2025. Por ello, el límite para completar la evaluación, generar la documentación y aplicar las medidas necesarias es el 14 de noviembre de 2025. Con el fin de facilitar el cumplimiento, el INSST ha incorporado en su plataforma la posibilidad de realizar la evaluación y ofrecer formación en línea a las trabajadoras, mientras que los reconocimientos médicos se integrarán en los servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Así, las familias no tendrán que asumir costes adicionales salvo que decidan contratar un servicio externo, y en ningún caso el gasto podrá recaer sobre la trabajadora. Antes del 14 de noviembre, los empleadores deberán acceder a la plataforma Prevencion10 con certificado digital o Cl@ve y seleccionar el apartado correspondiente al Servicio del Hogar Familiar. Allí podrán identificar los riesgos específicos del domicilio -como caídas, manipulación de cargas o exposición a productos químicos- mediante un cuestionario sobre las condiciones del trabajo. Con las respuestas, el sistema genera automáticamente un documento con la evaluación de riesgos, un plan de medidas preventivas y material informativo para la empleada. El empleador debe conservar una copia de este documento y entregar otra a la trabajadora, además de aplicar las medidas correctoras necesarias, como proporcionar guantes, gafas o cualquier otro equipo de protección. También debe informar y formar a la empleada sobre los riesgos y medidas de seguridad, actualizar la evaluación cuando cambien las condiciones del trabajo o se produzcan incidentes, y ofrecer reconocimientos médicos periódicos al menos cada tres años, preferiblemente durante la jornada laboral.

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(El Economista, 13-11-2025) | Laboral

Récord de afiliados magrebíes en España

La presencia de trabajadores procedentes del norte de África en las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social ha alcanzado niveles históricos en España. En particular, los cotizantes marroquíes -junto con los originarios de Argelia, Libia, Túnez, Mauritania y el Sáhara Occidental- han aumentado casi un 30% entre 2022 y 2025, según los últimos datos cerrados en septiembre. En conjunto, el número de trabajadores registrados de esta región supera ya las 390.000 personas, lo que representa un crecimiento que incluso supera al experimentado por los afiliados de origen latinoamericano en el mismo periodo. Aun así, los latinoamericanos continúan siendo el grupo más numeroso entre los extranjeros cotizantes, con más de un millón de personas inscritas. El incremento de las afiliaciones magrebíes se debe, sobre todo, al notable aumento de la población trabajadora marroquí, que en 2025 alcanza casi los 356.000 afiliados, un 25% más que en 2022. Con estas cifras, los trabajadores de Marruecos ya superan a los de Rumanía, que tradicionalmente constituían el principal colectivo extranjero en el mercado laboral español y que actualmente se sitúan en torno a los 330.000 cotizantes. El número de trabajadores marroquíes incluso rebasa el de países latinoamericanos como Colombia y Venezuela, consolidando a los norteafricanos como un grupo clave en varios sectores de la economía española. Históricamente, la agricultura ha sido su principal vía de acceso al empleo, aunque las asociaciones de trabajadores marroquíes destacan que cada vez hay más presencia de este colectivo en sectores como la hostelería y la construcción. En el plano territorial, Cataluña concentra el mayor número de afiliados marroquíes, con casi 90.000 registrados. Este colectivo es el más numeroso dentro de los cerca de 718.000 trabajadores extranjeros afiliados en dicha comunidad. Las políticas lingüísticas y de inmigración impulsadas por la Generalitat, que han favorecido la llegada de población no hispanohablante, han contribuido en buena medida a esta concentración. Tras los marroquíes, los grupos extracomunitarios más numerosos en Cataluña son los colombianos (40.500) y los chinos (35.300). Además de Marruecos, se observa un incremento relevante en la afiliación de trabajadores procedentes de otros países del Magreb. Destaca el caso de los argelinos, cuyo número de cotizantes ha pasado de menos de 15.000 en 2022 a casi 22.600 en la actualidad. También ha crecido el colectivo procedente del Sáhara Occidental, que ha duplicado su cifra de afiliados, pasando de 678 a 1.371 en el mismo periodo. En términos demográficos, la comunidad marroquí tiene una presencia significativa en España más allá del ámbito laboral. Según los últimos datos del INE, residen en el país alrededor de 893.000 personas de origen marroquí, y se prevé que a finales de este año superen las 900.000. Este colectivo se caracteriza por una población joven y con una tasa de natalidad superior a la media nacional.

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(El Economista, 13-11-2025) | Laboral

Los trabajadores extranjeros superan los 3 millones de media

Los afiliados extranjeros han crecido, según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Seguridad Social, un 7% en el último año. En total, estos trabajadores ya sumaban 3.090.000 cotizantes de media en septiembre (últimos datos disponibles) tras sumar más de 200.000 ocupados en doce meses. Del total de extranjeros afiliados al finalizar el mes, 940.278 procedían de países de la UE (30,5%) y 2.148.064, de terceros países (69,5%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos, Rumanía (337.617), Colombia (253.040), Italia (213.920), Venezuela (207.107) y China (125.989). Según las cifras publicadas esta mañana por el Ministerio, las comunidades autónomas que lideran el crecimiento son Asturias (20,8%), Galicia (14,8%) y Castilla y León (13%), que fueron a su vez las que tuvieron la edad media más elevada en España en 2024 según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Cabe destacar, no obstante, que en estas comunidades la proporción de ocupados extranjeros se encuentra por debajo de la media (el 14,2%). En concreto, los trabajadores foráneos representaron el 7,3% en Asturias, el 10,4% en Castilla y León y del 7% en Galicia. En consonancia con lo que ocurre con los trabajadores nativos, un 83,9% de los afiliados extranjeros se encuadran en el Régimen General de la Seguridad Social, con 2.591.246 trabajadores Tienen un peso especialmente relevante en el sector de la hostelería, donde suponen uno de cada tres ocupados (29,7% de los afiliados), pero también en agricultura (26,2%), construcción (22,5%) y tanto en Actividades Administrativas como en Transporte, donde son más del 17% de los trabajadores. La afiliación de trabajadores por cuenta propia de otros países ha alcanzado en septiembre un nuevo máximo, con 490.717 personas, un 6,8% más que hace un año. Un crecimiento que, en este caso, es más relevante en sectores altamente cualificados como en información y comunicaciones, en suministro de energía y en actividades profesionales, científicas y técnicas.

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(El Economista, 13-11-2025) | Laboral

La Comunidad de Madrid confirma más ayudas para los autónomos

La Comunidad de Madrid aumentará los recursos destinados a apoyar a los trabajadores autónomos. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que ampliará en un 40% el presupuesto para financiar la Tarifa Cero, un programa que cubre durante un año las cotizaciones a la Seguridad Social de quienes inician una actividad por cuenta propia. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración, Miguel Ángel García Martín, explicó tras la reunión del Consejo de Gobierno que se ha aprobado una dotación adicional de 2 millones de euros, lo que eleva el presupuesto total a 7 millones para 2026. El objetivo, señaló, es seguir impulsando el emprendimiento y facilitar la creación de nuevos negocios en la región. La medida, impulsada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, asumirá el pago de las cuotas a la Seguridad Social durante los primeros doce meses de actividad y podrá ampliarse un año más para quienes perciban ingresos iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional, tengan una discapacidad reconocida del 33% o pertenezcan a colectivos vulnerables. Asimismo, la ayuda también se extenderá a las mujeres que retomen su actividad como autónomas tras haber cesado por maternidad o adopción, siempre que lo hagan dentro de los dos años siguientes al fin de su prestación reducida. Durante 2025, más de 12.000 autónomos se han beneficiado de esta iniciativa, que, según destacó el portavoz del Ejecutivo madrileño, elimina trabas al emprendimiento y contribuye a la creación de empleo. El número de trabajadores por cuenta propia en la Comunidad ha crecido un 1,4% en el último año, tres décimas por encima del promedio nacional, alcanzando un total de 438.548, la cifra más alta desde que existen registros. Las personas interesadas pueden solicitar ya la Tarifa Cero y consultar los requisitos y procedimientos en la página de Administración Digital de la Comunidad de Madrid.

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(Cinco Días, 13-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Trump firma la ley de financiación para poner fin al cierre del Gobierno más largo de la historia de EEUU

El cierre más prolongado del Gobierno federal en la historia de Estados Unidos llegó a su fin después de que el presidente Donald Trump firmara la ley de financiación gubernamental, tras una ajustada votación en la Cámara de Representantes. Esta cámara, controlada por los republicanos, aprobó el miércoles por la noche la medida que el Senado había ratificado el lunes, con el objetivo de reabrir el Gobierno y asegurar su financiación hasta finales de enero. El proyecto fue remitido de inmediato al despacho presidencial para su promulgación, poniendo fin a un cierre de 43 días que dejó a miles de empleados federales sin salario, interrumpió programas de asistencia social y provocó caos en los aeropuertos debido a cancelaciones y retrasos de vuelos. "Los extremistas del otro partido insistieron en causar el cierre más largo en la historia del país, motivados únicamente por razones políticas", declaró Trump antes de firmar la ley, responsabilizando al Partido Demócrata. "Cuando lleguen las elecciones de mitad de mandato y otros comicios, recuerden lo que hicieron a nuestra nación", añadió. Se prevé que los servicios federales reanuden sus operaciones en los próximos días y que las restricciones en los vuelos nacionales se vayan levantando de manera progresiva. El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, logró sacar adelante la iniciativa pese a la ajustada mayoría de su partido. Todos los republicanos, excepto dos, votaron a favor del proyecto, junto con seis demócratas provenientes de distritos que Trump ganó en las elecciones presidenciales pasadas. Tras la votación, Johnson acusó a los demócratas de haber orquestado una "maniobra política egoísta" para prolongar un cierre que calificó de "inútil y absurdo". "Ahora que los republicanos hemos logrado poner fin al cierre promovido por los demócratas, esperamos seguir adelante con nuestra agenda legislativa para ofrecer resultados concretos al pueblo estadounidense", señalaron Johnson y otros líderes republicanos en un comunicado conjunto. El acuerdo fue alcanzado durante el fin de semana en negociaciones privadas entre senadores de ambos partidos. Este pacto revierte los despidos de empleados federales dispuestos por la Casa Blanca y garantiza el pago retroactivo de sus salarios. Sin embargo, el consenso provocó divisiones entre los demócratas, muchos de los cuales criticaron a sus senadores por ceder ante Trump y los republicanos. Durante seis semanas, los demócratas condicionaron la reapertura del Gobierno a la preservación de los créditos fiscales para la asistencia sanitaria, que expiran a fin de año. Aunque el acuerdo no asegura la extensión de dichos créditos, sí garantiza que el tema será sometido a votación el próximo mes. Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, había instado a sus colegas a rechazar la medida. En declaraciones hechas el miércoles por la mañana frente al Capitolio, Jeffries afirmó que la propuesta "no resuelve la crisis sanitaria creada por los republicanos ni amplía los créditos fiscales contemplados en la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio". Este cierre superó con creces el récord anterior de 35 días, también ocurrido durante el primer mandato de Trump. Además de afectar a cientos de miles de empleados públicos, puso en riesgo las prestaciones sociales para los estadounidenses con menos recursos, incluidos más de 40 millones de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, que proporciona ayudas alimentarias.

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(Expansión, 13-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Ibex enfila el segundo mejor año de su historia y su capitalización rebasa el billón

El Ibex 35 ha sumado 352.000 millones de euros en 2025, alcanzando por primera vez un valor total de 1,02 billones de euros. Con esta cifra, el índice se consolida como el más rentable del mundo en lo que va de año y encadena su tercer ejercicio consecutivo al alza, acumulando una revalorización del 101,92% en ese periodo. Este hito convierte a 2025 en un año histórico para la Bolsa española. El conjunto de las 35 empresas que integran el Ibex, sin ajustar por free-float, supera el billón de euros en capitalización bursátil, aunque las diferencias entre compañías son notables. Solo cuatro de ellas -Inditex, Banco Santander, Iberdrola y BBVA- concentran más de la mitad del valor total del índice, con una capitalización conjunta de 526.275 millones de euros (el 52,63% del total). Cada una supera los 100.000 millones, mientras que las diez de menor tamaño en Bolsa están muy lejos de alcanzar esa cifra. De hecho, se necesitarían las 17 firmas más pequeñas del índice para igualar los 100.000 millones. Si se considera el valor ajustado al free-float (el capital que circula libremente en el mercado), el Ibex 35 cerró ayer con una capitalización de 848.609 millones de euros. Esto se debe a que no todas las compañías ponderan el 100% de sus acciones en el índice. Según Bolsas y Mercados Españoles, CaixaBank, Aena, Acciona, Indra, Unicaja, Fluidra y Grifols lo hacen al 80%; Inditex, Mapfre y Rovi, al 60%; Endesa y Colonial, al 40%; y ArcelorMittal, Naturgy y Acciona Energía, al 20%. Cuanto menor es el free-float, menor es el peso de la empresa en el índice. El Ibex alcanza este billón de euros, equivalente a algo más de la mitad del PIB español de 2024, gracias a un fuerte impulso iniciado en 2022. Desde entonces, acumula una subida del 101,92%, equivalente a 462.835 millones. Solo en 2025 se ha revalorizado un 43,3% (352.000 millones), lo que supone el mayor crecimiento del año entre los grandes índices mundiales. Este avance ha permitido al Ibex recuperar niveles récord 18 años después, cerrando ayer en 16.615 puntos tras tres jornadas consecutivas de máximos históricos. De acuerdo con los datos de Bloomberg, el índice se encamina hacia su segundo mejor ejercicio desde su creación. El récord absoluto sigue siendo el de 1993, cuando se disparó un 54,2% impulsado por la bajada de los tipos de interés y la devaluación de la peseta. La subida del Ibex también se ha reflejado en sus principales compañías. Indra ha triplicado su valor en un año, mientras que Banco Santander, Unicaja, Solaria y BBVA han duplicado el suyo. Además, tanto Iberdrola como BBVA han superado por primera vez los 100.000 millones de capitalización bursátil. Con este logro, el Ibex 35 se incorpora al grupo de los grandes índices europeos que superan el billón de euros de valor en su moneda local. El único que aún no lo ha hecho es el Ftse Mib de Milán, con 0,9 billones al cierre de ayer, según Bloomberg. En la eurozona, el Cac 40 de París lidera con 2,59 billones. Por su parte, los índices paneuropeos muestran cifras aún mayores: el Stoxx 600 alcanza los 36,92 billones de euros y el Euro Stoxx 50, los 5,16 billones. Entre las empresas europeas más valiosas figuran ASML (346.150 millones), LVMH (322.103 millones), SAP (268.305 millones), Roche (255.618 millones) y Hermès (232.252 millones). En el ámbito global, los índices estadounidenses continúan dominando por capitalización. El S&P 500 -el mayor del mundo- vale 60,57 billones de dólares; el Nasdaq, 39,95 billones; y el Dow Jones, 22,73 billones.

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(Expansión, 13-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo zanja el debate de las hipotecas IRPH con un pronunciamiento a favor de la banca

El Tribunal Supremo se ha vuelto a pronunciar sobre las hipotecas vinculadas al índice IRPH tras la reciente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y ha reafirmado el criterio que ya estableció hace cinco años. Según el Alto Tribunal, las hipotecas referenciadas al IRPH no pueden considerarse abusivas per se si dicho índice estaba publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La entidad más expuesta a este tipo de préstamos es CaixaBank. En dos nuevas sentencias, el Supremo insiste en que no procede declarar nulas de forma general las hipotecas con IRPH, un índice utilizado principalmente por las antiguas cajas de ahorros. Aunque suele situarse por encima del euríbor, el IRPH es un indicador oficial, regulado y supervisado por el Banco de España. El tribunal considera que las entidades financieras actuaron con transparencia siempre que informaran al cliente de que el índice estaba disponible públicamente en el BOE, sin ser necesario detallar el método de cálculo o su comportamiento histórico. Ya en 2020, el pleno de la Sala de lo Civil había descartado que el uso del IRPH implicara abusividad, al entender que no puede atribuirse mala fe a los bancos por ofrecer un índice oficial y autorizado por las autoridades financieras. "El hecho de que resulte más caro que el euríbor no supone, por sí solo, un desequilibrio que determine su carácter abusivo", afirmaba entonces la sentencia, que contó con un voto particular. Las nuevas resoluciones del Supremo establecen criterios para que los tribunales españoles valoren la transparencia de la comercialización de estos préstamos de forma individual, caso por caso. El Alto Tribunal subraya que los bancos no estaban obligados a facilitar información detallada sobre el funcionamiento o evolución del IRPH si indicaban a los clientes dónde podían consultar esos datos, al estar publicados periódicamente en el BOE. Sin embargo, la asociación de consumidores Asufin critica esta postura, recordando que el TJUE, en su sentencia de diciembre, estableció que "el consumidor no tiene por qué acudir a fuentes externas para obtener información". La banca española mantiene una exposición de aproximadamente 16.700 millones de euros en hipotecas referenciadas al IRPH, la mayoría procedentes de la antigua Bankia, ahora integrada en CaixaBank. Ninguna entidad ha realizado provisiones específicas ante posibles fallos judiciales desfavorables. Actualmente, el número total de hipotecas ligadas a este índice se sitúa por debajo del millón.

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(Expansión, 12-11-2025) | Fiscal

Verifactu: ¿qué empresas y autónomos no tendrán que cumplir las obligaciones en 2026?

La mayoría de las empresas y profesionales deberán adaptarse durante el próximo año a las nuevas exigencias establecidas por la Ley Antifraude. Algunos podrán quedar fuera de su aplicación, aunque asumirán un mayor riesgo de ser objeto de inspecciones por parte de Hacienda. La cuenta atrás para la entrada en vigor de estas obligaciones ya ha comenzado: a partir del 1 de enero de 2026, las compañías obligadas a presentar el Impuesto sobre Sociedades deberán cumplir con los nuevos requisitos de facturación, mientras que los autónomos tendrán que hacerlo desde el 1 de julio del mismo año. Aunque la mayoría de estos colectivos deberán ajustarse a las nuevas normas -como el registro cerrado de facturas, la incorporación de un código QR en los recibos o la prohibición de programas que permitan una doble contabilidad-, existen ciertos grupos que quedarán exentos. En concreto, hay cuatro colectivos que podrían quedar fuera del cumplimiento de estas obligaciones: Las empresas acogidas al Suministro Inmediato de Información (SII), ya que transmiten sus datos directamente a la Agencia Tributaria. Los que tributan bajo el régimen especial de actividades agrícolas y ganaderas. Aquellos sin obligación de emitir facturas ni justificantes de venta. Y quienes empleen el sistema TicketBAI en el País Vasco y Navarra, equivalente al sistema Verifactu en el resto del territorio foral. El resto de empresarios y profesionales que utilicen un Sistema Informático de Facturación (SIF) deberán ajustarse a las nuevas normas, incluso si trabajan con herramientas simples como hojas de cálculo en Excel o documentos en Word. Así lo confirmó la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) del Ministerio de Hacienda durante las jornadas del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). El reglamento define de manera amplia lo que se considera un programa de facturación, lo que implica que el uso de estas herramientas también puede obligar a cumplir con la ley, salvo en determinados casos. La propia Agencia Tributaria aclara que el reglamento no afectará a quienes usen procesadores de texto o hojas de cálculo únicamente para registrar, emitir, imprimir o conservar facturas. Sin embargo, sí se considerará un sistema informático de facturación si el programa se utiliza para procesar la información y generar directamente los libros registro de IVA o IRPF, la contabilidad u otros documentos relacionados con obligaciones tributarias. Por ejemplo, si un usuario emplea Excel solo para listar facturas y realizar sumas básicas, no estará afectado. Pero si lo programa para crear una base de datos que genere el libro registro de facturas expedidas, entonces sí deberá cumplir con los nuevos requisitos. Este punto resulta clave, ya que, aunque el uso de Verifactu no sea obligatorio para todos, la ONIF advierte que no utilizar este sistema de envío en tiempo real de facturas a Hacienda podría incrementar el riesgo de inspecciones por parte del Fisco.

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(Expansión, 12-11-2025) | Fiscal

Europa redefine las reglas fiscales de las importaciones

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que, para calcular los aranceles de los productos almacenados, debe tomarse como referencia el valor correspondiente a la primera venta que introduce las mercancías en el territorio comunitario. Esta resolución aporta seguridad jurídica a las empresas importadoras, aunque también insiste en la necesidad de cumplir estrictamente con los requisitos de validez de los certificados de origen. La sentencia, de gran relevancia para el comercio internacional, resuelve un litigio entre la empresa española Compañía de Distribución Integral Logista y la Administración General del Estado, estableciendo un criterio que afectará a numerosos operadores logísticos y comerciales en la Unión Europea. El caso se refería a la importación de cigarros puros procedentes de países como Cuba. Los productos eran vendidos por el fabricante a una primera empresa, Altadis, y transportados a un depósito aduanero en La Rioja, gestionado por Logista. Antes de que los cigarros fueran distribuidos a los estancos, Altadis realizó una segunda venta a Logista, lo que generó el conflicto sobre qué valor debía utilizarse para calcular los derechos de aduana. Logista consideraba que debía aplicarse el precio de la primera venta, la que motivó la importación. En cambio, la Agencia Tributaria española defendía que el valor correcto era el de la segunda transacción, de mayor importe y, por tanto, con un efecto recaudatorio superior. Ante esta controversia, el Tribunal Supremo español elevó la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dio la razón al importador. El TJUE concluyó que, cuando las mercancías se introducen en un depósito aduanero antes de ser despachadas, el valor en aduana debe fijarse en el momento de su entrada en dicho depósito. En consecuencia, el precio relevante es el de la primera venta que origina la importación al territorio aduanero comunitario. Esta interpretación, basada en el Código Aduanero Comunitario, otorga a las empresas una base sólida para planificar sus operaciones y calcular con precisión los costes arancelarios, ya que las ventas internas dentro del depósito no alteran la base imponible. No obstante, la sentencia también aborda la cuestión de los certificados de origen, necesarios para acceder a reducciones arancelarias en virtud de acuerdos comerciales. En el caso analizado, algunos certificados habían caducado durante el tiempo que los cigarros permanecieron almacenados. Logista argumentaba que debían seguir siendo válidos porque ya se habían aceptado para despachos anteriores de la misma mercancía, pero el Tribunal desestimó esta postura. El TJUE determinó que las autoridades aduaneras no están obligadas a admitir certificados de origen vencidos, aunque hayan sido válidos para operaciones previas del mismo lote. Una vez expirado el documento, pierde toda eficacia para nuevas declaraciones de importación. Esta conclusión pone de relieve la importancia de una gestión administrativa precisa. Las empresas deben planificar cuidadosamente la salida de sus productos del depósito aduanero y asegurarse de que los certificados necesarios para aplicar beneficios arancelarios se encuentren vigentes en el momento de despacho. En términos prácticos, el fallo refuerza el papel del depósito aduanero como herramienta logística eficiente y previsible, pero al mismo tiempo exige una coordinación estricta entre los departamentos de logística y fiscalidad. Un error en la gestión de la documentación puede suponer la pérdida de ventajas económicas significativas, por lo que la planificación de las operaciones debe incluir un control riguroso de la vigencia de los certificados y de los plazos de despacho.

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(El País, 12-11-2025) | Fiscal

Los inspectores de Hacienda local alertan de un agujero de 2.000 millones en la gestión de basuras pese al nuevo impuesto

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local ha alertado este martes de que la obligatoriedad de aplicar la nueva tasa de residuos en España ha generado un agujero financiero que superaría los 2.000 millones de euros en los presupuestos municipales de 2025. Las cifras recopiladas por distintas entidades privadas, difundidas por la asociación antes de su congreso anual, señalan que el coste total de la gestión de basuras asciende a 5.325 millones, mientras que los ingresos previstos por el nuevo tributo apenas llegan a 3.488 millones. Esta diferencia supone una cobertura del 65,5%, muy por debajo de la exigencia legal de que la tasa cubra la totalidad del servicio. La obligación de la ley estatal 7/2022 ha alterado un sistema que durante años combinaba tasas e impuestos para financiar el servicio y que ahora impone que los ciudadanos asuman la totalidad del gasto. Según explica Juan Ignacio Gomar, integrante del comité de expertos de la asociación, si se cumpliera estrictamente la norma, muchos ayuntamientos tendrían que aumentar aún más las tasas para cubrir ese déficit de unos 2.000 millones. Gomar, autor del Libro Blanco que la asociación difundirá esta semana, sostiene que la norma estatal introdujo "de manera discreta" la exigencia de imponer la tasa y que ello ha generado "incertidumbre y grandes desigualdades entre contribuyentes". Destaca que lo que se paga por este concepto varía enormemente entre municipios y advierte de que algunas tasas podrían ser anuladas en los tribunales, lo que crearía importantes desajustes presupuestarios. Si los ayuntamientos recaudan durante varios años una tasa que después se declare inválida, las consecuencias económicas podrían ser muy graves: "En pocos años podríamos ver consistorios obligados a devolver cantidades millonarias". El impacto es especialmente elevado en municipios que nunca habían tenido una tasa de basuras, donde la aparición repentina del cobro ha provocado tensiones. En localidades que sí la tenían, en algunos casos se han producido subidas bruscas que pueden superar los 200 euros por vivienda. Gomar califica el aumento de la carga fiscal como "muy significativo", sobre todo porque los ciudadanos no perciben mejoras en el servicio. "Si antes los ayuntamientos podían financiar la recogida y tratamiento de residuos, ahora esta tasa irrita a los vecinos porque no entienden el motivo del cambio", resume. El experto recuerda que la directiva europea obliga a trasladar a los usuarios los costes del tratamiento de residuos, pero no exige una tasa concreta ni impone que no genere déficit. Cada país puede establecer su propio mecanismo, y según él, solo España ha optado por la vía más estricta. La incertidumbre jurídica se extiende a cada ayuntamiento, especialmente por la aplicación del principio de pago por generación, que implica que pague más quien más residuos produzca. Este criterio induce numerosos conflictos: "¿Cómo se determina cuánto genera cada vivienda o cada vecino?", cuestiona Gomar. En grandes ciudades, donde el volumen y diversidad de residuos es mucho mayor, el cálculo individual resulta especialmente complicado. Las ordenanzas locales están adoptando soluciones muy dispares, lo que abre la puerta a una avalancha de reclamaciones judiciales. Las resoluciones de los tribunales superiores autonómicos pueden ser contradictorias entre sí y el Tribunal Supremo aún no ha fijado una doctrina clara, lo que hace prever un escenario similar al de la plusvalía municipal tras la sentencia del Constitucional de 2021. Arturo Delgado, presidente de la asociación, sostiene que esta situación es consecuencia de "muchos años de abandono en la normativa de Hacienda local". Critica que la tasa se aprobara con una regulación mínima que ha generado múltiples problemas y que la obligación de que no presente déficit ha provocado un impacto súbito en las cuentas de los ayuntamientos. Delgado recuerda que España actuó siguiendo la recomendación de la Comisión Europea de avanzar hacia instrumentos que facilitaran los objetivos ambientales, pero considera que la imposición obligatoria de una tasa para todos los municipios se introdujo de manera precipitada, "en apenas un párrafo", sin un desarrollo normativo suficiente y dejando los aspectos técnicos en manos de cada consistorio. Según los inspectores, esto ha supuesto trasladar una carga económica significativa tanto a las administraciones locales como a los ciudadanos, generando miles de horas de trabajo técnico y previsiblemente un fuerte aumento de los litigios. La asociación también señala otro problema que afecta a la capacidad de los ayuntamientos para aplicar correctamente esta tasa: la externalización de funciones inspectoras. Esta práctica, frecuente en muchos municipios, está empezando a ser anulada por los tribunales, algo que la asociación celebra. Delgado considera que la inspección local se ve "amenazada" cuando se sustituyen funciones que corresponden a empleados públicos por empresas privadas. Los inspectores denuncian que la colaboración con entidades privadas se ha usado para ceder tareas esenciales de la potestad tributaria, lo que puede vulnerar derechos de los contribuyentes. Aseguran que estas empresas han llegado a emitir requerimientos, iniciar procedimientos sancionadores e incluso gestionar planes reservados de inspección.

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