(El Periódico, 05-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Cercle d"Economia ha lanzado una iniciativa para aumentar la productividad

Uno de los desafíos pendientes de la economía española y catalana es el estancamiento de la renta per cápita en los últimos años, causado en gran medida por la baja productividad. Para abordar esta problemática, el Cercle d'Economia ha presentado la Iniciativa per la Productivitat i la Innovació (IPI), un proyecto liderado por su presidente, Jaume Guardiola, y su director general, Miquel Nadal, con el apoyo del profesor Xavier Vives de IESE. Esta iniciativa reúne al sector público, privado y académico con el objetivo de encontrar soluciones a lo largo de un período de tres años, mediante un consejo asesor con un enfoque transversal. El problema de la productividad ya había sido planteado por el Cercle en su última Reunió Anual en Barcelona, donde se presentó un estudio que evidenciaba que España, junto con Catalunya y Madrid (las dos comunidades que representan casi el 40% del PIB nacional), arrastra un bajo nivel de productividad. Ante esta situación, el Cercle ha insistido en la necesidad de mayor estabilidad política para impulsar un cambio en el modelo económico. El propósito de la IPI, que cuenta con la participación de la Fundació per a la Indústria y el Banco Santander, es posicionar a Catalunya como una de las regiones europeas líderes en innovación para 2030. Guardiola destacó que la innovación es un factor clave para mejorar la productividad y que, aunque en los últimos años la caída de esta tendencia se ha moderado, sigue siendo un desafío importante. Esta iniciativa busca transformar al Cercle en un 'think-tank', aportando soluciones a problemas económicos y sociales, como el estancamiento de la renta per cápita, e influyendo en las políticas públicas. Según Nadal, la IPI funcionará como un "paraguas" para facilitar el intercambio de conocimiento entre agentes públicos y privados, actuando como un 'action-tank'. El consejo asesor de la IPI, presidido por Xavier Vives, estará compuesto por 15 miembros con perfiles diversos, que incluirán empresarios, científicos, académicos, representantes de startups y del sector financiero. Su constitución está prevista para abril o mayo y su trabajo se enfocará en áreas clave como la transferencia tecnológica, la innovación disruptiva y las tecnologías transversales. Nadal confía en que esta iniciativa tenga éxito gracias a su capacidad de generar consensos y dialogar con las administraciones desde una perspectiva transversal. Vives subrayó que la productividad es crucial porque está directamente vinculada con la renta per cápita y, en consecuencia, con el bienestar social. Nadal, por su parte, resaltó que Catalunya aún tiene margen de mejora y que, si bien los indicadores de la IPI se centrarán en esta comunidad, el análisis también tendrá una perspectiva nacional y europea. Actualmente, no hay convergencia con Europa en términos de productividad. Desde 2015, la productividad por hora trabajada en Catalunya ha perdido terreno con respecto a la media española y, a su vez, Europa se encuentra rezagada frente a Estados Unidos, donde el PIB per cápita crece a un ritmo superior. Los estudios indican que Europa está atascada en tecnologías de nivel medio, como el liderazgo en la industria del automóvil de combustión, pero sin una posición destacada en el desarrollo del vehículo eléctrico. Otros factores que limitan la productividad son la fragmentación del mercado único, la insuficiente inversión en investigación y desarrollo (I+D) y en la transferencia tecnológica, el menor tamaño de las empresas y la falta de talento tecnológico, lo que evidencia la necesidad de más ingenieros y profesionales cualificados en formación profesional (FP). En el caso de España y Catalunya, además, la dependencia de sectores de bajo valor añadido, como el turismo, y la mala asignación de recursos, como ocurrió con el auge de la construcción, han contribuido a la caída de la productividad total de los factores desde el año 2000. A esto se suma la baja inversión en la formación del capital humano. No obstante, la economía catalana cuenta con fortalezas, como su diversificación y su red de startups, aunque sigue teniendo una alta concentración en actividades de menor valor añadido. Aún se encuentra lejos de las regiones europeas más innovadoras, como Flandes, Île-de-France, Stuttgart o incluso el País Vasco. Entre los retos pendientes destaca la necesidad de sumarse a la transformación digital, un ámbito dominado por Estados Unidos y China, que han logrado una ventaja significativa con tecnologías como DeepSeek. Sin embargo, Vives señala que el problema no es solo una cuestión de escala, citando el ejemplo de Dinamarca, un país pequeño que ha conseguido liderar en múltiples sectores. También es fundamental avanzar en la transición hacia el vehículo eléctrico y sus infraestructuras complementarias, así como aprovechar el potencial en el sector de las ciencias de la vida y el turismo.

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(Expansión, 04-02-2025) | Fiscal

De cada 100 euros de renta que obtienen, los hogares españoles destinan más de 35 euros al pago de impuestos

Así se desprende de la novena edición del Observatorio sobre el reparto de impuestos y prestaciones entre los hogares españoles, publicado ayer por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y correspondiente al año 2022. El informe revela un aumento generalizado en la recaudación tributaria, aunque con un menor impacto en la reducción de la desigualdad. Según el estudio, el tipo medio efectivo del sistema fiscal en España subió 0,19 puntos en 2022, alcanzando el 35,1% de la renta bruta de los hogares. Esta cifra se acerca al 36,3% registrado en 2018, aunque sin superarlo. Además, se constató un incremento en la recaudación de todos los tributos durante 2022, con la excepción del Impuesto sobre el Patrimonio y los Impuestos Especiales. En términos agregados, los ingresos tributarios crecieron un 11,2% respecto al año anterior, 2,6 puntos más que el aumento registrado en 2021. Por tipo de impuesto, el IRPF pasó de un 10,3% a un 10,6%, el Impuesto de Sociedades subió del 0,8% al 0,9%, mientras que el IVA y el ITPAJD bajaron del 5,1% al 4,9%. Por su parte, el Impuesto sobre el Patrimonio descendió del 0,09% al 0,08%, los Impuestos Especiales y las primas de seguros cayeron del 1,1% al 0,9%, y las cotizaciones sociales se mantuvieron en el 17,6% de la renta bruta de los hogares. En cuanto a la evolución de los ingresos de los hogares, la renta de mercado ampliada media creció un 12,8% en 2022, tras el repunte del 14,6% registrado en 2021 como efecto de recuperación tras la pandemia. Los mayores incrementos se dieron en las rentas del capital, con un 21,6%, seguidas de las del trabajo, con un 11,8%, y las derivadas de actividades económicas, con un 11,2%. El informe, elaborado por Julio López Laborda (Universidad de Zaragoza y Fedea), Carmen Marín (Fedea) y Jorge Onrubia (Universidad Complutense de Madrid, ICEI y Fedea), destaca que la inflación, impulsada en gran medida por la guerra en Ucrania, influyó de manera significativa en el crecimiento de la renta de mercado, en el coste de las prestaciones y en la recaudación fiscal. A pesar de estos cambios, la capacidad del sistema fiscal para redistribuir la renta en 2022 fue la más baja de los últimos seis años, con una reducción de la desigualdad de apenas un 1,2%. De acuerdo con los autores, el IRPF sigue siendo el único tributo con un impacto significativo en la corrección de desigualdades, aunque su efecto redistributivo ha disminuido. En términos generales, la intervención del Estado consigue reducir la desigualdad en un 32,5%. No obstante, los impuestos solo contribuyen con un 2,8% a esta corrección, mientras que el papel más relevante lo desempeñan las prestaciones monetarias, como pensiones y subsidios de desempleo, responsables del 72% de la reducción de desigualdades. Por otro lado, las prestaciones en especie, como sanidad y educación, representan el 25,2% del ajuste. En consecuencia, si se divide la población en cinco grupos según su nivel de renta, los tres primeros quintiles resultan beneficiados por la inversión pública, mientras que los dos de mayor ingreso son contribuyentes netos.

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(El País, 04-02-2025) | Fiscal

España recauda más impuestos que nunca

España está recaudando más impuestos que nunca, pero su capacidad para redistribuir esos recursos y reducir la desigualdad entre los hogares se ha debilitado. En 2022, mientras los ingresos tributarios aumentaban un 11,2% anual, el impacto redistributivo del sistema fiscal alcanzó su nivel más bajo en seis años. La progresividad del IRPF se redujo, los impuestos indirectos siguieron afectando desproporcionadamente a los hogares con menores ingresos y el efecto de las prestaciones monetarias en la reducción de la desigualdad fue menor que en 2021. El noveno informe del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles, publicado este lunes por Fedea, pone de manifiesto que, a pesar del incremento en la recaudación, el sistema fiscal ha perdido efectividad en su función de equilibrar las diferencias económicas y sociales. Durante el año analizado, la intervención pública mediante impuestos y prestaciones redujo la desigualdad en un 32,5%, la cifra más baja desde 2017 y 5,6 puntos por debajo del máximo alcanzado en 2020, cuando el gasto público se disparó debido a la pandemia. "El efecto redistributivo del sistema fiscal en 2022 ha sido el más bajo de los últimos seis años con datos comparables", explican los autores del informe, Julio López Laborda, Carmen Marín y Jorge Onrubia. Si se adopta una visión a lo largo de la vida de un individuo o un hogar, en lugar de un solo año, el impacto redistributivo es aún menor, quedando en un 25,5%. Esto sugiere que los efectos de la redistribución anual se diluyen con el tiempo. Entre los factores que explican esta tendencia, los impuestos juegan un papel clave. En 2022, la capacidad de los tributos para reducir la desigualdad fue menor, pasando de un 1,8% en 2021 a un 1,2%. Aunque el IRPF sigue siendo el principal mecanismo redistributivo por su progresividad, su impacto se ha debilitado: en 2021 reducía la desigualdad en un 4,3%, mientras que en 2022 lo hizo en un 4,1%. Todo ello en un contexto en el que la renta bruta de los hogares creció un 10,6%, impulsada por el aumento de las rentas del capital (21,6%), del trabajo (11,8%) y de actividades económicas (11,2%). Estos datos reflejan que la capacidad del impuesto sobre la renta para equilibrar las diferencias económicas se está debilitando. También persisten impuestos regresivos, como los indirectos y los que gravan el consumo. El IVA y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) y actos jurídicos documentados (AJD) contribuyeron a aumentar la desigualdad en un 2,47% en 2022, evidenciando que los hogares con menores ingresos destinan una proporción mayor de su renta a estos tributos en comparación con los de mayor poder adquisitivo. Las medidas para aliviar la carga fiscal sobre los productos energéticos, adoptadas en plena escalada inflacionaria, no lograron revertir esta situación. El impuesto sobre sociedades tuvo una evolución atípica en 2022. Su recaudación aumentó un 29,7% respecto al año anterior y su tipo medio efectivo pasó del 0,8% al 0,9% de la renta bruta de los hogares. Sin embargo, su capacidad para reducir la desigualdad sigue siendo baja: apenas un 1,01%. Además, el impuesto sobre el patrimonio, en lugar de disminuir la desigualdad, la aumentó ligeramente. Como resultado, "la desigualdad de la renta después de impuestos se ha mantenido prácticamente sin cambios entre 2021 y 2022, con un leve incremento del 0,03%", señalan los investigadores. Por otro lado, el impacto de las prestaciones monetarias en la redistribución también se redujo. En 2022, estas ayudas disminuyeron la desigualdad en un 23,4%, por debajo del 24,9% de 2021 y del 26,7% de 2020. La caída en los subsidios por desempleo fue el principal factor, ya que su cuantía media descendió un 27,8%. Las pensiones de jubilación siguen siendo el mecanismo más relevante, representando el 60,2% de la reducción de la desigualdad atribuida a las prestaciones. Sin embargo, su creciente peso dentro del gasto social ha desplazado otras ayudas con un impacto más inmediato en la lucha contra la pobreza. El análisis conjunto de impuestos y prestaciones muestra que los hogares pertenecientes al 60% con menor renta bruta (los tres primeros quintiles) son beneficiarios netos de la intervención pública, es decir, reciben más en prestaciones de lo que pagan en impuestos. En cambio, el 40% restante de las familias es contribuyente neto. No obstante, los investigadores subrayan que la intervención pública, a través del conjunto de impuestos y prestaciones analizados, redujo la desigualdad en un 32,5% en 2022, la cifra más baja desde 2017.

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(El Economista, 04-02-2025) | Fiscal

Nuevas exenciones en el IRPF por el pago de alimentos a los hijos y por indemnizaciones por daños

La Ley de Eficiencia de la Justicia, publicada en el BOE en enero y que entrará en vigor el próximo 3 de abril, introduce nuevas deducciones en el IRPF. Entre las novedades, los contribuyentes podrán desgravar en su declaración de la Renta las indemnizaciones recibidas de una aseguradora por daños personales, tanto físicos como psicológicos. Hasta ahora, esta deducción solo era posible si la cuantía había sido reconocida mediante resolución judicial. Con el objetivo de fomentar el uso de métodos alternativos de resolución de conflictos (MASC) y reducir la carga en los tribunales, la nueva normativa también permitirá deducir estas indemnizaciones si han sido acordadas a través de un procedimiento en el que haya intervenido un tercero neutral. De este modo, la ley otorga validez a estas vías extrajudiciales, evitando que los afectados deban recurrir a los tribunales para beneficiarse de la deducción. En la misma línea, se amplía la deducción en el IRPF para los progenitores que abonen anualidades por alimentos a sus hijos, siempre que no convivan con ellos ni tengan su custodia. Hasta ahora, esta deducción solo se aplicaba si el pago estaba estipulado por una sentencia judicial. Con la nueva ley, también podrán beneficiarse de esta ventaja fiscal aquellos que hayan fijado la cuantía mediante un acuerdo alcanzado a través de un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Por último, en lo que respecta a las indemnizaciones por despido, que actualmente están exentas de tributación hasta un límite de 180.000 euros, la ley introduce una aclaración para evitar interpretaciones ambiguas. Se especifica que la indemnización obtenida en un acto de conciliación previo a la vía judicial mantiene su exención y no se considera un acuerdo privado que la anule. Esta precisión refuerza el criterio que Hacienda ya aplica, asegurando que las indemnizaciones no se vean reducidas por acuerdos entre empleador y trabajador.

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(Expansión, 04-02-2025) | Laboral

El Congreso forzará la aprobación de ayudas para las pymes por la reducción de la jornada laboral

El Gobierno ha activado el proceso legislativo con el objetivo de aprobar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales antes de que termine el año. La vicepresidenta Yolanda Díaz pretende que esta reducción sea incorporada en los convenios colectivos antes del 31 de diciembre. No obstante, el avance de las negociaciones entre empresas y sindicatos dependerá del tiempo que tome el trámite parlamentario hasta su aprobación final. Como primer paso, el Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de ley que modifica el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para establecer el nuevo límite de horas semanales. Se seguirá un procedimiento de urgencia, ya que es la única vía para cumplir con el calendario del Ministerio de Trabajo, que prevé la validación definitiva en el Congreso en mayo. Sin embargo, el Ejecutivo es consciente de las dificultades para reunir una mayoría suficiente, lo que podría retrasar la entrada en vigor de la norma. Se espera que el texto, acordado entre Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO, sufra modificaciones durante el trámite parlamentario, especialmente en la fase de enmiendas, para atraer el apoyo de partidos con posturas más escépticas, como Junts y el PNV, clave para la estabilidad del Gobierno de coalición. Fuentes sindicales citadas por EXPANSIÓN reconocen este escenario, al igual que las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que han rechazado el acuerdo bipartito. Argumentan que las compensaciones previstas para mitigar el impacto económico del recorte de horas sin reducción salarial son insuficientes para cubrir los costes estructurales. El Ministerio de Trabajo había propuesto incentivos para las empresas más pequeñas, como bonificaciones a la contratación para quienes necesitaran reforzar sus plantillas y ayudas directas de hasta 6.000 euros para digitalización en negocios con menos de cinco trabajadores. Sin embargo, el presupuesto destinado a estas medidas ascendía a 350 millones de euros, muy por debajo de los 15.000 millones de euros que la patronal estima como coste total de la reducción de jornada, según cálculos de los Gestores Administrativos. Precisamente, el debate sobre estas ayudas económicas será clave en la discusión parlamentaria. Aunque el texto enviado al Congreso mantiene los términos pactados con los sindicatos, dentro del propio Gobierno han existido discrepancias. Estas diferencias alcanzaron su punto álgido cuando Yolanda Díaz acusó al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de alinearse con las posturas de la CEOE. Mientras el Ministerio de Trabajo busca que la reducción de jornada se implemente en los convenios ya en 2025, desde Economía se ha defendido un período transitorio más amplio y la necesidad de ofrecer apoyo financiero a las empresas, en especial a las pymes. Esta postura también ha sido respaldada por el Ministerio de Seguridad Social. Por ello, se prevé que las ayudas a las pequeñas y medianas empresas sean un punto central en el debate parlamentario. Aunque fueron eliminadas en el anteproyecto aprobado por el Ejecutivo, el hecho de que hayan sido consideradas en la mesa de diálogo social implica un reconocimiento del impacto que la medida tendrá en los pequeños negocios. Fuentes empresariales consultadas por EXPANSIÓN advierten que la reducción de jornada afectará sobre todo a empresas locales y de menor tamaño que no cuentan con convenio colectivo, ya que actualmente su jornada media ronda las 38,2 horas semanales. Algunas formaciones políticas críticas con la medida, como Junts, podrían exigir la ampliación del paquete de ayudas económicas a cambio de su apoyo. Sectores como la hostelería y el turismo, con un peso relevante en Cataluña, serían de los más afectados por la reducción de jornada, lo que podría influir en la posición de este partido. Desde los sindicatos, tras cerrar el acuerdo con el Ministerio de Trabajo, ya señalaban que la verdadera "batalla" por la aprobación de la norma comenzaría con el trámite parlamentario. Incluso reconocen la posibilidad de que la reforma no prospere si Junts plantea condiciones inasumibles para respaldarla y el PP mantiene su rechazo firme a la medida.

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(El País, 04-02-2025) | Laboral

Uno de cada tres empleados trabajará hora y media menos a la semana tras la reducción de la jornada

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral máxima legal de las actuales 40 horas a 37,5 horas semanales en cómputo anual. Con esta medida, se inicia el proceso normativo, que deberá someterse a los informes pertinentes y a la aprobación del Parlamento. Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, dirigido por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, una vez implementado el cambio -antes del 31 de diciembre de 2025-, unos 12,5 millones de asalariados se beneficiarán en mayor o menor medida. En particular, alrededor de un tercio de ellos (4,4 millones) que actualmente tienen jornadas más largas verán reducido su horario en más de una hora y media a la semana. Según cálculos del Ministerio de Trabajo, a los que ha tenido acceso El País, la reducción de la jornada supondrá, en promedio, una disminución del 2,1% del tiempo laboral para los 12,5 millones de empleados afectados. El anteproyecto de ley, acordado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC OO y UGT el pasado 20 de diciembre, establece que poco más de la mitad de estos trabajadores tendrán una reducción semanal de menos de una hora (con un promedio de 48 minutos). En total, el 86,5% de los empleados amparados por convenios colectivos se verán afectados por la medida, mientras que el 13,5% restante ya tiene jornadas de 37,5 horas o menos. El impacto de esta reducción será más significativo en ciertos sectores donde actualmente se superan las 38,5 horas semanales. En primer lugar, la hostelería, donde la jornada se reducirá en un promedio de 112 minutos por semana; seguida de información y comunicaciones (109 minutos menos); el comercio (98 minutos menos) y el sector agrario, ganadero y pesquero (97 minutos menos). Por el contrario, algunos sectores no se verán afectados, ya que sus convenios establecen jornadas inferiores a la nueva máxima legal. Entre ellos destacan la educación, con una jornada pactada de 34,3 horas; la Administración pública, con 35,9 horas; las actividades financieras y de seguros, con 37,2 horas semanales; y el suministro de agua y gestión de residuos, con 37,5 horas. En términos generales, más de la mitad de los trabajadores que verán reducida su jornada (casi siete millones, un 55% del total) pertenecen a cuatro sectores clave: comercio, industria manufacturera, hostelería y construcción. El impacto también variará según la región. En el País Vasco, el 52% de los empleados ya trabaja 37,5 horas o menos, mientras que en Navarra ese porcentaje es del 40%. En cambio, en la Comunidad Valenciana y Canarias, solo el 6,9% y el 7%, respectivamente, cumplen con ese límite, por lo que serán las comunidades con mayor número de afectados: el 93% de los asalariados con convenio trabajará menos horas. En la mayoría de las comunidades autónomas, entre el 86% y el 93% de los empleados con convenio experimentarán una reducción de jornada. Otro aspecto relevante es la diferencia según el tipo de contrato. La reducción afectará a empleados con jornada completa y parcial, aunque en el caso de los trabajadores a tiempo parcial, estos mantendrán el mismo número de horas trabajadas, lo que representará un porcentaje mayor de la jornada completa y, por tanto, un incremento salarial proporcional. Esta medida beneficiará especialmente a las mujeres, que representan el 75% de los dos millones de empleados con contrato a tiempo parcial. Por otro lado, entre los 10,5 millones de trabajadores a tiempo completo afectados por la reducción, el 60% son hombres. La ministra Yolanda Díaz, que defenderá públicamente esta reforma tras su aprobación en el Consejo de Ministros, argumentará la necesidad de actualizar la regulación del tiempo de trabajo, ya que el actual límite legal de 40 horas semanales no ha cambiado desde 1984. Aunque los convenios colectivos han reducido progresivamente la jornada laboral -pasando de una media anual de 1.798 horas en los años 80 a 1.750 horas en 2023-, el tiempo medio de trabajo semanal se ha mantenido estable en 38,3 horas desde 2007.

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(El Economista, 04-02-2025) | Laboral

Las empresas se exponen a multas de 10.000 euros por incumplir el registro de jornada

El Consejo de Ministros aprobará hoy la tramitación urgente del anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Esta normativa, que se presentará en el Congreso de los Diputados a finales de este mes o principios de marzo, también contempla un endurecimiento de las sanciones para las empresas que no cumplan con el registro adecuado de los horarios de trabajo. A diferencia del sistema actual, donde la multa se impone por empresa, la nueva regulación establece que las sanciones, que pueden alcanzar los 10.000 euros, se aplicarán por cada trabajador afectado. Según el borrador al que ha tenido acceso elEconomista.es, el incumplimiento del registro de jornada se incluirá en la lista de infracciones muy graves dentro del artículo 7 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social. Habitualmente, estas infracciones conllevan multas de entre 751 y 7.500 euros, pero la nueva norma introduce una penalización específica que oscilará entre los 1.000 y 10.000 euros. Esta sanción también se aplicará en casos de incumplimiento de los límites de la jornada laboral, las vacaciones, las horas extraordinarias, los descansos o la regulación del trabajo nocturno. No obstante, la particularidad de que cada trabajador afectado se considere como una infracción individual solo se aplicará al registro de jornada, cuyo funcionamiento también será reformado con esta ley para establecer nuevos criterios. El texto recoge el acuerdo alcanzado con los sindicatos en diciembre y plantea que las sanciones puedan ser aún mayores si se determina que la vulneración de los límites de jornada o el incumplimiento de los descansos ha supuesto un riesgo grave para la salud y seguridad del trabajador. En este caso, la infracción se considerará dentro de la normativa de prevención de riesgos laborales, con multas que pueden oscilar entre 2.451 y 49.180 euros si se califican como graves, y hasta 983.736 euros en los casos más extremos, si el empleado sufre un daño permanente o incluso pierde la vida. Hasta ahora, los artículos 12 y 13 de la normativa de prevención de riesgos laborales se centraban en la obligación de adoptar medidas para garantizar la seguridad en el trabajo. Sin embargo, la inclusión del tiempo de trabajo, su distribución y los descansos supone una ampliación relevante de los supuestos contemplados. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ya adelantó en julio la intención del Gobierno de endurecer estas sanciones, afirmando que "las jornadas excesivas matan", cuando trasladó la propuesta a los sindicatos CCOO y UGT, así como a las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme. Tras aquel encuentro, sindicatos y patronal solicitaron tiempo para evaluar la propuesta. Sin embargo, durante las negociaciones posteriores apenas se debatieron estos cambios en el registro de jornada. Mientras que los sindicatos consideraron este punto clave dentro de la reducción de jornada y mostraron pocas objeciones, las organizaciones empresariales nunca emitieron una respuesta formal al respecto. De hecho, el acuerdo firmado por los líderes sindicales Pepe Álvarez y Unai Sordo recoge esta cuestión dentro de las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores. Los detalles concretos se definirán más adelante mediante un reglamento tras la aprobación de la norma general. Una de las principales novedades es que el registro de jornada deberá llevarse a cabo exclusivamente en formato digital para evitar posibles manipulaciones en caso de inspección y dificultar el falseo de datos. Además, se establece que en el caso de los empleados a tiempo parcial, el sistema deberá reflejar tanto las horas ordinarias como las complementarias realizadas cada mes, incluyendo las extraordinarias, sin importar si se compensan con descansos o con una retribución diferente. El nuevo Estatuto de los Trabajadores también estipula que serán los propios empleados quienes registren sus horas de entrada y salida, garantizando así la trazabilidad de cualquier modificación. Sin embargo, el cambio más significativo es que los trabajadores, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo podrán acceder al registro en cualquier momento, además de garantizarse el acceso remoto para la Inspección. Este punto ha generado gran preocupación entre las organizaciones empresariales, que lo consideran una intromisión sin precedentes en la gestión interna de las empresas y alertan del riesgo de comprometer información sensible para la competencia. La normativa también establece que la empresa será la responsable de garantizar el cumplimiento de estos requisitos. En caso de no hacerlo, se asumirá que el trabajador ha completado su jornada ordinaria junto con las horas extraordinarias y complementarias que él mismo declare. Para los empleados a tiempo parcial, se presumirá que han trabajado a jornada completa, salvo prueba en contrario. Por último, la nueva ley protegerá a los empleados frente a cualquier tipo de represalia por parte de la empresa derivada del registro de sus horarios. Además, el sistema de registro deberá ser negociado con los representantes de los trabajadores o, en su defecto, será implementado según lo determine la empresa.

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(Cinco Días, 04-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El dólar se dispara y las Bolsas caen con fuerza tras el inicio de la guerra de aranceles de Trump

Los aranceles impuestos este sábado por Donald Trump a las importaciones provenientes de México, Canadá y China han generado una fuerte sacudida en los mercados financieros. Desde la apertura de las operaciones en Asia, el dólar ha ganado valor frente a las principales divisas, acercándose a la paridad con el euro. El dólar canadiense ha alcanzado un nuevo mínimo histórico frente a la moneda estadounidense, mientras que el peso mexicano se ha depreciado hasta su nivel más bajo desde 2022. Al mismo tiempo, los futuros del S&P 500, el principal índice bursátil de EE.UU., apuntan a la baja, y las bolsas europeas han abierto con caídas del 2%, aunque luego han moderado las pérdidas. Por otro lado, el precio del petróleo ha subido y la incertidumbre en los mercados ha provocado desplomes superiores al 20% en varias criptomonedas. Ya el viernes, antes del cierre, los efectos de estas medidas proteccionistas se habían empezado a notar en los mercados. Inversores y analistas tratan de comprender el nuevo panorama económico que se abre con esta ofensiva comercial de Trump, la más agresiva en más de un siglo, que ya ha provocado respuestas de los países afectados y amenaza con extenderse a otros productos y regiones. Como parte de su estrategia proteccionista, el presidente estadounidense ha anunciado que comenzará a aplicar aranceles a la importación de petróleo, semiconductores, aluminio, acero y productos farmacéuticos. Además, planea implementar aranceles universales que también impactarán a la zona euro. La fortaleza del dólar se debe a varios factores. En primer lugar, la imposición de aranceles reduce la demanda de productos de México y Canadá, afectando sus economías, lo que lleva a una depreciación de sus monedas como mecanismo de ajuste. En segundo lugar, estas medidas podrían generar presiones inflacionarias, lo que obligaría a la Reserva Federal a mantener tasas de interés elevadas por más tiempo, ampliando la diferencia con las tasas del Banco Central Europeo y haciendo más atractivas las inversiones en dólares. Como resultado, los bonos del Tesoro de EE.UU. a corto plazo han aumentado su rentabilidad. A esto se suma el papel del dólar como activo refugio en tiempos de incertidumbre. Con este escenario, el euro ha caído este lunes a 1,023 dólares, acercándose a la paridad por primera vez desde noviembre de 2022. El dólar canadiense se ha situado en 1,47 por unidad estadounidense, marcando un mínimo histórico, mientras que el yuan chino ha descendido a 7,35 por dólar. En el caso de México, el tipo de cambio ha alcanzado los 21,25 pesos por dólar, situándose en su nivel más bajo desde 2022, con una depreciación cercana al 2%. Este domingo, Trump anunció que el lunes por la mañana conversará con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, justo antes de la entrada en vigor de los aranceles del 25% a sus productos. "Voy a hablar con el primer ministro Trudeau y también con México. No espero nada dramático. Hemos impuesto aranceles porque nos deben mucho dinero, y estoy seguro de que pagarán", afirmó. Cuando se le preguntó qué deberían hacer Canadá y México para que los aranceles sean eliminados, Trump dejó claro que los temas del fentanilo y la inmigración, oficialmente señalados como justificación, son en realidad un pretexto para una guerra económica. "Deben equilibrar su comercio. También tienen que impedir la entrada de personas a nuestro país. Nosotros lo hemos hecho, pero ellos no. Y deben frenar el ingreso de fentanilo. Esto también incluye a China", señaló. En los mercados asiáticos, que comenzaron a operar cuando todavía era domingo en EE.UU., las empresas exportadoras han registrado fuertes pérdidas, especialmente aquellas con inversiones en Canadá y México desde donde acceden al mercado estadounidense. Samsung Electronics ha caído un 2,7%, alcanzando los 51.000 wones, su nivel más bajo desde 2020. LG Electronics, que ensambla electrodomésticos en México, ha sufrido una caída del 7,1%, llegando a su punto más bajo desde octubre de 2022. El sector automotriz también se ha visto afectado. Kia, que cuenta con una planta en México, ha retrocedido un 5,8%, mientras que su proveedor HL Mando ha caído un 7,4%. LG Energy Solution, que opera una empresa conjunta con Stellantis en Canadá para la producción de módulos de baterías, ha perdido un 4,4%. Por su parte, Posco Future M, que invirtió en una planta conjunta con General Motors en Canadá para fabricar materiales para baterías de vehículos eléctricos, ha bajado un 9,7%, alcanzando su nivel más bajo desde agosto de 2022. En la Bolsa de Tokio, Toyota, Honda y Nissan han registrado pérdidas de entre el 5% y el 7%, contribuyendo a una caída del 2,7% en el índice Nikkei. El mercado estadounidense es clave para estas compañías, que exportan automóviles y componentes desde México. Las medidas arancelarias de Trump han provocado un fuerte impacto en los mercados y han abierto la puerta a una escalada de tensiones comerciales que podría afectar a múltiples sectores y economías en todo el mundo.

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(Cinco Días, 04-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo fija los criterios para anular las tarjetas ‘revolving’ por falta de transparencia

El Tribunal Supremo ha establecido los criterios para determinar cuándo una tarjeta revolving puede considerarse abusiva debido a la falta de transparencia. En dos sentencias dictadas el 30 de enero y publicadas este lunes, la Sala de lo Civil del alto tribunal ha sentado las bases para que los tribunales y juzgados españoles evalúen si estos contratos deben ser anulados, incluso si previamente han superado el test de usura. Los magistrados enfatizan que el consumidor debe recibir información clara y suficiente por parte de la entidad financiera sobre el funcionamiento y las implicaciones económicas de este producto antes de formalizar el contrato. Las tarjetas revolving son uno de los productos financieros más polémicos del mercado. Ofrecen la posibilidad de acceder a una línea de crédito para realizar compras con devolución aplazada y fraccionada en cuotas mensuales generalmente bajas, lo que puede resultar atractivo. Sin embargo, en muchos casos generan deudas significativas. La particularidad de estas tarjetas radica en que las mensualidades pagadas generan intereses elevados, que suelen rondar el 20%, y la línea de crédito se renueva constantemente, permitiendo seguir disponiendo del dinero. El Banco de España advierte sobre el riesgo del llamado efecto "bola de nieve", donde la deuda puede aumentar indefinidamente. Para evitar que el usuario se convierta en un "deudor cautivo", el Supremo considera esencial que el consumidor reciba información detallada sobre estas características y riesgos de manera clara y en el momento adecuado, es decir, antes de firmar el contrato. En febrero de 2023, el Tribunal Supremo ya estableció que estos créditos serían considerados usurarios si los tipos de interés aplicados por bancos y entidades de crédito superaban en seis puntos porcentuales el precio medio de estos productos según los datos del Banco de España desde 2010. Desde entonces, muchos tribunales han anulado contratos basándose en este criterio. No obstante, incluso en los casos en que los contratos han superado el test de usura, muchas entidades financieras han visto sus acuerdos anulados por falta de transparencia. Ahora, el Supremo ha revisado dos casos concretos y ha reafirmado que estos contratos deben superar también un control de transparencia. Aunque la falta de transparencia no implica automáticamente que un contrato o cláusula sea abusiva, la ausencia de información sobre la Tasa Anual Equivalente (TAE), el sistema de amortización y la acumulación de intereses puede generar "un grave desequilibrio" en perjuicio del consumidor. Las sentencias explican que, al desconocer estos riesgos, el consumidor no puede comparar la oferta con otros sistemas de amortización y se compromete en un contrato que puede traerle consecuencias económicas graves. Por ello, el Supremo subraya que antes de firmar el contrato, las entidades deben proporcionar al cliente información clara sobre los elevados intereses que conllevan estos créditos, el mecanismo de recomposición del capital, su impacto en la liquidación de los intereses y en la amortización del capital dispuesto, así como los riesgos asociados. "La diferencia entre una tarjeta revolving y el pago aplazado sin intereses a fin de mes puede ser sencilla de entender, pero no lo es tanto la distinción entre la modalidad de pago aplazado, que funciona como un préstamo al consumo similar a la compra a plazos, y la revolving", concluye el tribunal. Siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Supremo recuerda que toda la información relevante debe presentarse de manera clara y comprensible para el consumidor, tanto en su contenido como en su formato y ubicación dentro del contrato.

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(El País, 04-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La renta de las familias superó el nivel prepandemia

La renta bruta disponible de los hogares, ajustada por inflación, superó en un 5,4% el nivel promedio de 2019 durante el tercer trimestre del año pasado, según el informe del Banco de España sobre la situación financiera de familias y empresas en la segunda mitad del año. Los datos reflejan que la renta de los hogares aumentó un 8,2% interanual en el tercer trimestre de 2024, aunque este crecimiento se moderó en ocho décimas respecto al trimestre anterior. En términos reales, es decir, sin el efecto de los precios, el incremento fue del 4,2%. Según el informe, esta evolución ha contribuido a reducir la vulnerabilidad financiera de los hogares hasta niveles históricamente bajos. El freno en el crecimiento de la renta bruta disponible -que incluye ingresos salariales, rentas del capital, prestaciones sociales y transferencias, menos impuestos directos y cotizaciones a la Seguridad Social- se debió principalmente al menor crecimiento de las rentas de propiedad. En cambio, el empleo impulsó en 0,7 puntos la contribución de los salarios al incremento de la renta, situándola en seis puntos porcentuales. Por otro lado, la tasa de ahorro de los hogares en relación con su renta aumentó 1,1 puntos porcentuales en el tercer trimestre de 2024, alcanzando el 14,2% de la renta bruta disponible. Este repunte llevó la tasa de ahorro a niveles históricamente altos, situándola por encima del percentil 90. El informe señala que esta tendencia se debe, en parte, a una menor propensión al consumo, especialmente entre los hogares con mayores ingresos, aquellos que viven en régimen de alquiler y quienes han acumulado más activos líquidos. En la segunda mitad del año, la vulnerabilidad financiera de las familias siguió disminuyendo. El porcentaje de hogares con una carga financiera elevada descendió en medio punto porcentual desde 2022, situándose en el 4,1% en 2024. Esta reducción fue generalizada en todos los niveles de renta, aunque más pronunciada entre los hogares con menores ingresos, impulsada por el crecimiento del empleo y los ingresos. Asimismo, el porcentaje de familias que destinaban más del 70% de su renta a gastos esenciales (deuda, alimentación, suministros y alquiler) bajó al 15,2%, el nivel más bajo desde 2014. A pesar del aumento del ahorro, el menor coste de financiación favoreció el crecimiento del consumo. El crédito al consumo en términos nominales aumentó un 20,6% interanual hasta noviembre, y el gasto real en consumo privado por hogar se acercó a los niveles previos a la pandemia. No obstante, el flujo real de crédito en el tercer trimestre de 2024 seguía siendo un 14% inferior. En cuanto al endeudamiento, la deuda de los hogares representó el 69% de la renta bruta disponible en el tercer trimestre de 2024. Según el Banco de España, la inflación ha seguido reduciendo el valor real de la deuda, lo que, junto con el aumento de la renta real, ha contribuido a rebajar la ratio de endeudamiento. El incremento del precio de la vivienda en los últimos trimestres ha beneficiado a los propietarios, consolidándose como el principal factor de aumento de la riqueza neta de los hogares, con un crecimiento del 2,1% en el tercer trimestre respecto al anterior. Sin embargo, este encarecimiento ha dificultado el acceso a la vivienda para nuevos compradores. A pesar de este obstáculo, desde finales de 2023, la reducción de los costes de financiación y el incremento de la renta per cápita han mejorado la accesibilidad a las hipotecas. El Banco de España destaca que los indicadores de accesibilidad mejoraron en 6,6 puntos interanuales hasta el tercer trimestre de 2024, aunque persiste parte del endurecimiento de las condiciones registrado entre 2022 y 2023. El alivio en la política monetaria del Banco Central Europeo también ha mejorado las condiciones de financiación para los hogares. La predominancia en España de hipotecas a tipo variable y créditos al consumo a corto plazo permitió que el coste medio de los préstamos disminuyera en 2024, mientras que en el resto de la zona euro continuó aumentando. El crédito para la compra de vivienda creció hasta noviembre, aunque con diferencias según el tipo de préstamo. En la segunda mitad del año, el 62% de los nuevos créditos hipotecarios fueron a tipo fijo, una proporción mayor que en el mismo periodo de 2023 (44%). En contraste, los préstamos a tipo mixto y variable representaron el 28% y 10% de las operaciones, respectivamente, frente al 40% y 16% del año anterior. Además, el saldo vivo de las hipotecas, que había caído de forma ininterrumpida durante dos años, aumentó un 0,3% hasta noviembre. En comparación con otros países de la zona euro, los hogares españoles concentran una mayor parte de su riqueza en activos inmobiliarios, sin grandes diferencias según el nivel de ingresos. No obstante, la deuda destinada a la compra de vivienda representa un porcentaje menor de la riqueza bruta de las familias en España que en el resto del área del euro. Según los expertos, esto se debe en gran medida a la elevada proporción de viviendas en propiedad entre mayores de 65 años sin cargas hipotecarias. De cara al futuro, el Banco de España prevé que la reducción de la carga financiera para los hogares con préstamos a tipo variable continúe en los próximos trimestres. Se estima que más del 60% de estos préstamos, tanto para familias como para empresas, podrían ver su coste reducido en más de 100 puntos básicos en la primera mitad de 2025, en comparación con los niveles de septiembre de 2024.

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