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(El Economista, 18-03-2026) | Laboral

El Gobierno permitirá la contratación de interinos para desbloquear la jubilación parcial en el sector público

El Gobierno tiene previsto activar en las próximas semanas la jubilación parcial para el personal laboral del sector público. La medida se articulará, previsiblemente, mediante un Real Decreto-ley que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros y posteriormente convalidado en el Congreso en un plazo de 30 días. El borrador de la norma contempla que el contrato de relevo -el que sustituye al trabajador que accede a la jubilación parcial- pueda formalizarse como contrato temporal a jornada completa, manteniéndose además durante al menos dos años tras la finalización del proceso de jubilación parcial. Esta iniciativa pretende resolver una situación que se arrastra desde abril de 2025, cuando una reforma estableció la obligación de que el relevista tuviera un contrato indefinido a tiempo completo. Mientras que en el sector privado esta exigencia resulta relativamente sencilla de cumplir, en el ámbito público ha supuesto un obstáculo importante, ya que la cobertura de plazas requiere la convocatoria de una Oferta de Empleo Público y el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El texto, que ha sido trabajado conjuntamente por los ministerios de Hacienda, Economía, Trabajo y Seguridad Social, prevé que las Administraciones Públicas dispongan de instrumentos de planificación de recursos humanos que incluyan la cobertura de las jubilaciones parciales previstas. Asimismo, se mantiene la posibilidad de acceder a la jubilación parcial para el personal laboral fijo a jornada completa, siempre que esta se vincule a la contratación de un relevista fijo a tiempo completo, incorporado a través de los procesos selectivos correspondientes. No obstante, la principal novedad radica en flexibilizar este requisito. Cuando no sea posible contar de inmediato con un relevista indefinido, se permitirá contratar de forma temporal a un trabajador para cubrir ese puesto mientras se resuelve el proceso de selección. Este contrato finalizará en el momento en que se incorpore el trabajador fijo vinculado a la jubilación parcial. Con el objetivo de reducir la elevada temporalidad en el sector público -que a finales de 2025 alcanzaba el 26,8%, muy por encima de los niveles recomendados por la Unión Europea-, la norma también establece que las plazas asociadas a estas jubilaciones deberán incluirse en la oferta de empleo público del mismo año. Si no fuera posible, deberán incorporarse en la siguiente convocatoria. Por último, se contempla que, si el relevista indefinido cesa antes de que hayan transcurrido dos años desde que el trabajador haya pasado a jubilación completa, se podrá recurrir nuevamente a la contratación temporal hasta que se cubra definitivamente la plaza con personal fijo.

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(Cinco Días, 18-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno anuncia la liberación de 11,5 millones de barriles de petróleo de las reservas españolas

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado la aprobación de la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo durante un periodo de 90 días con el objetivo de hacer frente a la escasez de suministro provocada por el cierre parcial del Estrecho de Ormuz. Esta medida se enmarca dentro de los planes de la Agencia Internacional de la Energía, que prevé liberar hasta 400 millones de barriles a nivel internacional. La liberación se llevará a cabo de forma gradual, comenzando la primera fase dentro de 15 días. Aagesen ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad al señalar que la dependencia directa de España del petróleo y el gas de la zona es "limitada", aunque ha reconocido que ya se están percibiendo efectos y cierta volatilidad en los precios energéticos. El Gobierno ha comunicado que esta liberación de crudo se realizará por etapas y busca frenar el encarecimiento que ya están experimentando tanto los consumidores como las empresas. Además, el Ejecutivo ha adelantado que el próximo viernes aprobará un paquete de medidas dirigido especialmente a los sectores más afectados por las consecuencias económicas del conflicto en Irán. La vicepresidenta tercera ha explicado que el compromiso adquirido por España con la Agencia Internacional de la Energía contempla, al menos, dos fases. En la primera se liberarán reservas equivalentes a cuatro días de consumo, aproximadamente 3,75 millones de barriles, que se pondrán en el mercado a lo largo de 15 días. Esta cantidad procederá de las reservas gestionadas por los operadores privados, que cuentan con un excedente equivalente a unos 50 días de consumo. Tras esta primera liberación, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico evaluará el ritmo al que se liberará el resto de las reservas, en función de cómo evolucione la situación internacional. Aagesen ha precisado que no se utilizarán las reservas estratégicas de 42 días que gestiona la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), por lo que España mantiene en total unas reservas equivalentes a 92 días para situaciones de emergencia. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de España de este martes, la ministra también adelantó que el próximo viernes se aprobarán dos tipos de medidas para amortiguar el impacto de la subida de precios derivada del conflicto en Oriente Medio. Por un lado, se adoptarán acciones temporales para compensar el encarecimiento de la electricidad y los carburantes; por otro, se impulsarán medidas estructurales destinadas a reforzar la descarbonización de la economía española mediante la electrificación, una estrategia que se ha reforzado desde el inicio de la Guerra de Ucrania. En este sentido, Aagesen subrayó que "el sol y el viento nunca van a ser bloqueados en el estrecho de Ormuz". El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmó que el Consejo de Ministros extraordinario previsto para el viernes aprobará medidas específicas para los sectores más afectados por el aumento de costes, como el transporte y la logística, el sector agrario, la pesca y las industrias con mayor consumo energético. Según explicó, se trata de actividades en las que el incremento de costes puede trasladarse rápidamente a otros ámbitos de la economía, por lo que el objetivo es evitar que esa subida termine repercutiendo en el precio final de los alimentos. Entre las medidas que estudian los distintos ministerios económicos se encuentran bonificaciones para la compra de gasóleo agrícola (B) y fertilizantes en el caso del sector primario, así como una reducción extraordinaria en el precio del combustible para los profesionales del transporte pesado por carretera, según fuentes gubernamentales. Por el contrario, el Gobierno descarta recuperar la bonificación general de 20 céntimos por litro en los carburantes o una nueva rebaja del IVA de los alimentos, al considerar que estas medidas tuvieron un carácter regresivo y beneficiaron en mayor medida a las rentas más altas. En su lugar, el Ejecutivo prepara un paquete de ayudas más focalizado y dirigido a quienes más lo necesitan.

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(Expansión, 17-03-2026) | Fiscal

El campo cifra en 41 millones semanales el aumento de costes: riesgo de alzas en los supermercados

Las organizaciones agrarias se reunieron ayer en Madrid con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para exigir la adopción de un paquete de medidas urgentes que ayude a compensar el aumento de costes provocado por la guerra en Irán. El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, estimó que el sector está asumiendo un incremento de gastos de 41 millones de euros semanales. Este encarecimiento afecta principalmente a insumos como el gasóleo agrícola y los fertilizantes, cuyos precios han subido más de un 50% desde el inicio del conflicto, agravado por el cierre del estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el comercio de estos productos. Según los datos difundidos por el Ministerio, el precio del gasóleo agrícola aumentó un 14,6% solo en la última semana, sumándose a las subidas registradas desde finales de febrero. En algunas provincias, el combustible bonificado que utilizan los tractores y la maquinaria del campo ya supera los 1,60 euros por litro. Por ello, una de las principales peticiones trasladadas al Gobierno es garantizar el abastecimiento en todo el territorio y aprobar un plan de ayudas directas que compense el "sobrecoste inasumible" de estos insumos básicos. Además, las organizaciones agrarias reclaman la aplicación de una bonificación extraordinaria al gasóleo agrícola, reforzando la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos. También solicitan una reducción adicional del 35% en el IRPF por el gasto en gasóleo y del 15% en fertilizantes y plásticos, dentro del sistema de módulos que utiliza una gran parte de los agricultores. En relación con los fertilizantes, el presidente de Asaja advirtió al Ejecutivo de que las ayudas directas deben aprobarse con urgencia, ya que el sector está afrontando incrementos de hasta 280 euros por tonelada, precisamente en una época del año en la que el gasto en estos productos es especialmente elevado. Tras finalizar la reunión, fuentes de la mesa de negociación indicaron que el ministro Planas no adelantó medidas concretas del plan que el Gobierno prevé presentar el viernes, a pesar de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya había anunciado la semana pasada un paquete de ayudas en el que se incluiría al sector. Antes de reunirse con las organizaciones agrarias, Planas y el ministro de Economía mantuvieron un encuentro con representantes de la industria agroalimentaria y con fabricantes de fertilizantes y piensos. Desde estos sectores señalaron que el aumento de los costes todavía no se refleja plenamente en el precio final de los alimentos, aunque advirtieron de que el impacto podría trasladarse con rapidez, ya que el sector primario ya está soportando una fuerte subida de gastos. Por este motivo, pidieron al Gobierno que valore nuevas medidas en función de cómo evolucionen los precios, entre ellas una posible reducción temporal del IVA de los alimentos en los supermercados.

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(La Vanguardia, 17-03-2026) | Fiscal

El Gobierno aprobará este viernes un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo

El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes un amplio paquete de medidas para mitigar el impacto económico de la guerra en Irán durante un Consejo de Ministros extraordinario. La reunión se celebrará un día después del Consejo Europeo en Bruselas, donde el conflicto y sus consecuencias ocuparán un lugar central en la agenda. Mientras tanto, PSOE y Sumar continúan debatiendo internamente el contenido de las medidas y negociándolas con sus socios parlamentarios. Diversas fuentes apuntan a que una de las decisiones clave será una rebaja fiscal en el ámbito energético para contrarrestar el encarecimiento reciente de los precios. Desde el Ejecutivo se señala que se trata de un plan de respuesta integral que combinará actuaciones de carácter estructural con otras de aplicación inmediata. Según el Gobierno, el objetivo es proteger a los colectivos más vulnerables y a los sectores que están sufriendo con mayor intensidad el aumento de los costes. Las medidas de carácter temporal estarán centradas principalmente en reducciones fiscales y ayudas destinadas a amortiguar el impacto del incremento de precios. Por su parte, las iniciativas estructurales buscarán avanzar en cambios de fondo, especialmente en la electrificación del sistema productivo con el fin de disminuir la dependencia del petróleo. España se encuentra relativamente adelantada respecto a otros países europeos en este proceso, lo que reduce parcialmente su exposición al encarecimiento energético provocado por la guerra. Aun así, el Ejecutivo quiere seguir acelerando la transición energética y lleva tiempo trabajando en nuevas iniciativas en esa dirección. El Gobierno también subraya que mantiene un diálogo constante con los grupos parlamentarios, los agentes sociales y los sectores económicos más afectados. En estos momentos, los ministros de PSOE y Sumar continúan perfilando el alcance de la respuesta y negociando con los socios parlamentarios para garantizar el respaldo suficiente. El Ejecutivo quiere evitar que las medidas fracasen en el Congreso, como ocurrió anteriormente con otros paquetes de apoyo social. Esta necesidad de acuerdo político, junto con la incertidumbre sobre la duración del conflicto y sus efectos económicos, ha llevado a retrasar la aprobación de las medidas hasta el viernes en lugar de presentarlas este martes. Este plan de respuesta incluirá medidas fiscales, energéticas y sociales y se espera que puedan ser aprobadas este viernes mediante un real decreto, que debe ser convalidado posteriormente por el Congreso en el plazo de un mes. Entre las decisiones ya avanzadas por el Ejecutivo destaca que no se rebajará el IVA de los alimentos, una medida que sí se aplicó durante la crisis inflacionaria derivada de la guerra de Ucrania. El Gobierno considera que, por ahora, el impacto del conflicto se concentra principalmente en el coste de la energía y los carburantes, y no tanto en la cesta de la compra. Una de las medidas centrales será reducir la carga fiscal en la factura de la luz, con el objetivo de contener el aumento de precios provocado por la tensión energética internacional. El Ejecutivo estudia recuperar rebajas del IVA eléctrico similares a las que ya se aplicaron en crisis anteriores. El Ejecutivo pretende reeditar parte del "escudo social" aplicado en crisis anteriores, con medidas de protección para los hogares más vulnerables, como evitar cortes de suministros básicos a personas con dificultades económicas. El plan también contempla medidas específicas para sectores especialmente expuestos a la subida del combustible, como el transporte por carretera y la agricultura y el sector agroalimentario. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que el Consejo de Ministros extraordinario aprobará las primeras actuaciones del escudo social destinadas a proteger a las familias trabajadoras frente a las consecuencias económicas del conflicto. Según ha explicado, el Gobierno tiene claras las prioridades que deben guiar este paquete de medidas. Entre ellas figuran actuaciones en el ámbito energético, políticas relacionadas con la vivienda para evitar que el encarecimiento de los precios agrave la situación que ya afrontan muchas familias y medidas para acompañar las rebajas fiscales con intervenciones en el mercado que eviten beneficios excesivos. Bustinduy ha defendido que el conflicto no debe convertirse en una oportunidad para que algunas grandes empresas aumenten de forma desproporcionada sus beneficios. Por ello, ha señalado que cualquier medida fiscal debería ir acompañada de regulaciones que impidan incrementos injustificados en los márgenes empresariales. Según el ministro, el objetivo es garantizar que las ayudas lleguen realmente a los ciudadanos y no se traduzcan en mayores ganancias para las grandes compañías.

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(El Periódico, 17-03-2026) | Fiscal

Hacienda insiste con la factura electrónica

La digitalización de la facturación empresarial avanza de forma significativa en España. El Ministerio de Hacienda ha revisado el calendario para que autónomos y pequeñas y medianas empresas adapten sus sistemas de facturación a las nuevas obligaciones legales. Con esta iniciativa se pretende modernizar los procedimientos administrativos, reforzar la lucha contra el fraude fiscal y mejorar la transparencia en los pagos entre compañías. En la actualidad, la obligación de emitir facturas electrónicas en un formato estructurado entre empresas y profesionales todavía no está plenamente activa, ya que depende de un reglamento específico que aún no se ha aprobado. Este desarrollo normativo deriva de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, conocida como Ley Crea y Crece, que estableció la obligatoriedad de la factura electrónica en las operaciones entre empresas y profesionales. No obstante, su aplicación definitiva requiere de una regulación complementaria que todavía está pendiente. A pesar de ello, ya se está aplicando una obligación gradual para que los programas de facturación se adapten a determinados requisitos técnicos. El objetivo es garantizar la integridad, la trazabilidad y la fiabilidad de los registros de facturación mediante el sistema denominado Verifactu. Este marco se apoya en el Real Decreto 1007/2023, que establece las condiciones que deben cumplir los programas informáticos utilizados por autónomos y empresas para emitir facturas. El calendario fijado por Hacienda establece que, a partir del 1 de enero de 2027, las empresas y profesionales sujetos al Impuesto de Sociedades deberán utilizar sistemas de facturación adaptados a la nueva normativa. Posteriormente, desde el 1 de julio de 2027, la obligación se extenderá al resto de autónomos y pequeñas y medianas empresas, que deberán contar con programas que cumplan los requisitos técnicos de trazabilidad e inalterabilidad exigidos por Verifactu. Estas fechas suponen una ampliación respecto a los plazos inicialmente previstos, que apuntaban a 2025 y 2026, con el objetivo de facilitar la transición y permitir que los contribuyentes dispongan de más tiempo para adaptar sus herramientas tecnológicas. Cuando estos sistemas sean obligatorios, los autónomos y las empresas no podrán emitir facturas utilizando programas que no cumplan con las condiciones técnicas establecidas por la Agencia Tributaria. Aunque las facturas puedan seguir generándose en formatos habituales como el PDF, estos no serán válidos para la transmisión de datos estructurados una vez entre en vigor la obligación de factura electrónica entre empresas. Además, los programas deberán crear registros de facturación que no puedan modificarse, firmados digitalmente e incorporando códigos QR que permitan verificar su autenticidad. El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones. La Agencia Tributaria contempla multas que pueden alcanzar los 50.000 euros para aquellos autónomos o pequeñas empresas que no adopten sistemas informáticos adaptados a la normativa vigente, especialmente en lo relacionado con el sistema Verifactu y las exigencias establecidas por la Ley Antifraude. Esta normativa supone un cambio profundo en la manera en que las empresas emiten y reciben sus facturas y se considera una de las reformas fiscales más relevantes de los últimos años en España. Su impacto se extenderá especialmente al tejido de pequeñas empresas y autónomos, impulsando su digitalización y modificando los procesos administrativos habituales. Conocer los plazos establecidos, actualizar los programas de facturación con antelación y prepararse para este nuevo escenario será fundamental tanto para evitar sanciones como para aprovechar las ventajas que ofrece la facturación electrónica.

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(El País, 17-03-2026) | Fiscal

El esfuerzo fiscal de los españoles alcanza su punto máximo en torno a los 50 años de edad

El mayor esfuerzo fiscal de los españoles se produce aproximadamente alrededor de los 50 años. Esta etapa suele coincidir con el momento de mayor desarrollo profesional y con los ingresos laborales más altos, lo que provoca que los impuestos vinculados al trabajo, como el IRPF y las cotizaciones sociales, alcancen su nivel más elevado. Este máximo no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio que refleja cómo se generan y se distribuyen los recursos económicos a lo largo de la vida. La configuración del sistema tributario explica en buena medida este comportamiento. Las cotizaciones sociales y el IRPF son los tributos que más pesan sobre el contribuyente medio y evolucionan de forma paralela a la trayectoria laboral. Por ello, aumentan progresivamente hasta el momento en que se alcanzan los mayores ingresos y después disminuyen, dibujando una especie de curva ascendente que posteriormente se suaviza. En cambio, los impuestos ligados al consumo siguen una dinámica algo distinta: el tipo efectivo medio del IVA crece hasta situarse en torno a los 45 o 50 años y, a partir de ahí, comienza a descender. Este patrón se comprende mejor si se analiza dentro del denominado ciclo económico de la vida, un enfoque que permite observar cómo funcionan las cuentas intergeneracionales y cómo se financia el consumo en cada etapa vital. En este contexto, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicó recientemente el estudio Cuentas generacionales de los miembros de los hogares, que identifica diferentes fases de déficit y superávit económico a lo largo de la vida y muestra cómo operan los mecanismos de redistribución de recursos entre generaciones y en distintos momentos del tiempo. El informe, elaborado por los economistas Julio López Laborda, Carmen Marín, Jorge Onrubia y Ángel de la Fuente a partir de datos de 2022, concluye que España reproduce el patrón habitual de las economías desarrolladas. Durante la infancia y buena parte de la juventud predomina un déficit económico, ya que los ingresos son inexistentes o muy reducidos mientras el consumo continúa. Los menores de 16 años, por ejemplo, no cuentan con ingresos propios y dependen del apoyo familiar y de las transferencias públicas para cubrir sus gastos. Incluso después de incorporarse al mercado laboral, los menores de 30 años, de media, aún no generan recursos suficientes para financiar completamente su consumo. En este sentido, el hogar actúa como un mecanismo de protección frente a la falta temporal de ingresos en las primeras etapas de la vida. Además, el tratamiento de la vivienda en propiedad -que se contabiliza tanto como renta imputada como consumo privado- refuerza esta redistribución dentro de la familia. El cambio se produce a partir de los 30 años. Durante las décadas centrales de la vida laboral, los ingresos procedentes del trabajo crecen y superan claramente al consumo, lo que genera un superávit económico. Ese excedente permite sostener transferencias hacia otros miembros del hogar, como hijos u otros dependientes, y también contribuye a financiar buena parte del sistema público mediante el pago de impuestos y cotizaciones sociales. De hecho, el saldo de transferencias netas alcanza su valor más negativo alrededor de los 50 años, lo que indica que en ese momento las personas actúan, en promedio, como financiadores netos del resto de la sociedad. Entre los 50 y los 65 años, el perfil económico comienza a modificarse de forma gradual. Los ingresos laborales y la carga fiscal empiezan a reducirse, mientras que ganan peso los rendimientos del ahorro y de los activos acumulados. Con el paso del tiempo, estos ingresos van dejando protagonismo a las pensiones, que se convierten en la principal fuente de recursos tras la jubilación. En esta etapa, el equilibrio entre ingresos y consumo vuelve a depender en gran medida de mecanismos de redistribución, tanto públicos como privados. Las cuentas generacionales de Fedea muestran así que el funcionamiento económico entre generaciones se apoya en tres pilares fundamentales. El primero es el sector público, que redistribuye recursos mediante pensiones, prestaciones en especie y servicios como la sanidad o la educación. El segundo es la familia, que financia gran parte del consumo de los jóvenes a través de transferencias dentro del hogar. Y el tercero es el ahorro y la acumulación de activos, cuyo papel se vuelve más relevante conforme aumenta la edad. En conjunto, estos mecanismos permiten que los superávits generados en las etapas centrales de la vida -cuando también se concentra el mayor esfuerzo fiscal- compensen los déficits que se producen al inicio y al final del ciclo vital.

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(El Economista, 17-03-2026) | Fiscal

Hacienda deja a los autónomos en el limbo a dos semanas de presentar el primer pago del IRPF

Más de 350.000 trabajadores autónomos siguen sin saber con certeza cuál será su situación fiscal a falta de apenas dos semanas para presentar el primer pago fraccionado del IRPF de 2026, que deberá realizarse entre el 1 y el 20 de abril. El motivo es que el Ministerio de Hacienda todavía no ha precisado cuáles serán los límites de ingresos que permitirán acogerse al régimen de estimación objetiva, conocido como sistema de módulos. El Gobierno aprobó en diciembre un Real Decreto-ley que prorrogaba los actuales umbrales de facturación. Según esa norma, podían seguir tributando por módulos los autónomos con ingresos anuales inferiores a 250.000 euros, o aquellos que facturen principalmente a empresas u otros profesionales siempre que no superen los 125.000 euros al año. No obstante, el Congreso rechazó en enero ese decreto porque incluía otras medidas controvertidas, como la extensión de la moratoria de desahucios, a la que se opusieron PP, Vox y Junts. El Ejecutivo trató de aprobar de nuevo la prórroga de los límites introduciéndola en otro decreto que también incorporaba la medida antidesahucios, pero esta segunda iniciativa volvió a ser rechazada por la Cámara. El Ministerio de Hacienda ya se encontró en una situación parecida el año pasado y finalmente decidió mantener los umbrales del sistema de módulos para 2025 mediante una nota informativa, una solución que podría volver a aplicarse ahora. Si no se adopta una medida similar, los límites de facturación se reducirían considerablemente: solo podrían seguir en módulos los autónomos con ingresos inferiores a 150.000 euros o aquellos que facturen a otros profesionales menos de 75.000 euros anuales.

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(El Economista, 17-03-2026) | Fiscal

El Supremo aclarará los plazos de pago que tiene la Administración para abonar las facturas a las empresas

El Tribunal Supremo (TS) revisará su doctrina actual para precisar cuál es el plazo del que dispone la Administración pública para abonar las facturas a las empresas. En un auto fechado el 25 de febrero, el alto tribunal ha aceptado estudiar el recurso presentado por la Generalitat de Cataluña contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En dicha resolución, el tribunal catalán determinó que la Administración dispone de 30 días desde la recepción de la factura tanto para verificar que el servicio se ha prestado correctamente como para efectuar el pago. Si transcurre ese plazo sin que se haya abonado la factura, comenzaría a computarse el tiempo para aplicar intereses de demora. Para llegar a esta conclusión, el TSJC se apoyó en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 20 de octubre de 2022, que establecía que los intereses por retraso deben empezar a generarse transcurridos 30 días desde la presentación de la factura. Sin embargo, la Generalitat considera que el tribunal catalán realizó una interpretación "acrítica" de esa resolución europea y que no tuvo en cuenta lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, que prevé dos plazos diferenciados: 30 días para comprobar que los servicios facturados se han prestado correctamente y otros 30 días adicionales para realizar el pago. El Supremo recuerda que su propia jurisprudencia, fijada en una sentencia del 26 de noviembre de 2026, señalaba que, una vez presentada la factura ante la Administración, comienza un plazo de 30 días para su revisión y aprobación. Si, tras esa aprobación, pasan otros 30 días sin que se haya efectuado el pago, la Administración incurre en mora y se empiezan a generar los intereses de demora. No obstante, el tribunal reconoce que esa doctrina no dejó claro con precisión cuál es el momento exacto en que debe pagarse la factura para determinar el inicio del cómputo de dichos intereses. Por ello, el Tribunal Supremo deberá aclarar ahora si, a efectos del cálculo de los intereses de demora, la Administración está obligada a pagar dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la factura, o si dispone de un plazo adicional de otros 30 días después de realizar la comprobación del servicio para efectuar el pago.

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(El Economista, 17-03-2026) | Fiscal

Los pensionistas piden a Hacienda que se les aplique la deducción de 340 euros por cobrar menos del SMI

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), que representa a cerca de 800.000 personas mayores, denuncia que parte de los pensionistas reciben un trato fiscal desigual en el IRPF y reclama que también puedan beneficiarse de la deducción de 340 euros prevista para quienes perciben ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta reducción fiscal fue aprobada por el Gobierno el año pasado tras la subida del SMI, que en 2025 se fijó en 16.576 euros anuales. Al no elevarse el mínimo exento del impuesto, esos salarios comenzaron a tributar, pero para compensarlo se estableció una deducción en la declaración de la renta. CEOMA advierte de que muchos pensionistas se encuentran en tramos de ingresos que les permitirían acceder a esa deducción, o incluso perciben cantidades inferiores al SMI, pero no pueden beneficiarse de ella pese a estar en una situación económica comparable o incluso más vulnerable. La organización recuerda que, desde el punto de vista fiscal, las pensiones públicas se consideran rendimientos del trabajo, por lo que están sujetas al IRPF en condiciones similares a los salarios. No obstante, sostiene que el sistema actual puede generar una situación contradictoria: mientras los trabajadores con ingresos equivalentes al salario mínimo apenas pagan impuesto gracias a las deducciones aprobadas, algunos pensionistas con prestaciones de cuantía similar sí pueden verse obligados a tributar. Ante esta situación, CEOMA solicita al Gobierno que permita a los pensionistas con ingresos iguales o inferiores al SMI aplicar también estas deducciones fiscales. La entidad subraya que muchas personas mayores dependen exclusivamente de su pensión y que el aumento del coste de la vida está afectando especialmente a este colectivo, por lo que considera necesario reforzar la protección de las pensiones más bajas mediante la política fiscal. En este sentido, la organización critica que no tiene sentido que dos ciudadanos con ingresos similares reciban un tratamiento fiscal distinto únicamente por el origen de esos ingresos.

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(El País, 17-03-2026) | Laboral

El Gobierno retoma la negociación sobre la jornada de 35 horas en la Administración central con el objetivo de aprobarla en marzo

El Gobierno pretende reactivar el diálogo con los sindicatos para avanzar en la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), con la intención de aprobarla de forma definitiva durante este mes de marzo. Actualmente, la jornada ordinaria de los empleados públicos estatales es de 37,5 horas semanales. Con este objetivo, y una vez finalizado el paréntesis en las negociaciones provocado por las elecciones en Castilla y León, el Ministerio de Función Pública ha convocado a los sindicatos CC OO, UGT y CSIF a una nueva reunión de la comisión permanente de la mesa general de negociación de la AGE. Se trata de un encuentro de carácter técnico en el que se pretende cerrar los últimos detalles sobre las condiciones de la reducción de jornada y definir qué colectivos se verán afectados por la medida. La reunión está prevista para el 19 de marzo y, según fuentes cercanas al proceso, es probable que se celebren más encuentros técnicos antes de convocar la mesa general de la AGE a finales de mes, órgano que deberá aprobar definitivamente el nuevo horario de trabajo para los empleados públicos estatales. Las conversaciones para concretar esta modificación se suspendieron a finales de febrero con el fin de evitar que la medida coincidiera con la campaña electoral en Castilla y León y pudiera interpretarse como una iniciativa con fines electorales. Aun así, tras los últimos encuentros todavía quedaban aspectos por definir, especialmente la delimitación de los colectivos que se beneficiarán de la nueva jornada. En este punto existe desacuerdo, ya que Función Pública plantea excluir al personal de instituciones penitenciarias, mientras que los sindicatos reclaman que también se incluya a este colectivo. La propuesta del Ejecutivo contempla dejar fuera de la reducción de jornada al personal de las Fuerzas Armadas, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los trabajadores de centros sanitarios o que desempeñen funciones en centros educativos o de apoyo a la docencia. Sin embargo, las organizaciones sindicales defienden que, especialmente estos últimos, deberían beneficiarse igualmente de la jornada de 35 horas, al igual que el personal de prisiones. La medida que impulsa el Gobierno afectaría de forma directa a más de 200.000 empleados de la Administración central y, de manera indirecta, también podría repercutir en muchos ayuntamientos, especialmente aquellos cuya jornada laboral está vinculada a la que rige en la Administración del Estado. Una vez celebradas las reuniones técnicas preparatorias previstas por la Secretaría de Estado de Función Pública, se convocará -probablemente en los últimos días de marzo- la mesa general de negociación estatal. Este órgano será el encargado de aprobar las instrucciones necesarias para que los distintos departamentos del sector público estatal apliquen la nueva jornada. Posteriormente, la Secretaría de Estado publicará una resolución con las directrices detalladas, incluyendo las adaptaciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios, sobre todo en áreas de atención al público y en la organización de los turnos de trabajo. Tras estos pasos, se modificará oficialmente la instrucción sobre jornadas y horarios de la AGE y se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La previsión del Ministerio y de los sindicatos es que la nueva jornada pueda empezar a aplicarse ya durante el mes de marzo. Por otra parte, el próximo martes el Ministerio de Función Pública también ha convocado a los sindicatos a una reunión de la Comisión técnica de temporalidad y empleo. En este encuentro se pretende iniciar el debate sobre las líneas generales de la oferta pública de empleo de 2026, con la intención de adelantar su diseño, que habitualmente se retrasa hasta julio. Asimismo, durante esta reunión se abordará la elaboración de un real decreto destinado a regular el acceso y la provisión de puestos de trabajo para personas con discapacidad dentro de la Administración pública.

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