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(El País, 18-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas mejora las previsiones de la economía europea para 2025 y 2026 pese a la guerra comercial con Estados Unidos

La economía europea afrontará mejor de lo previsto la guerra comercial con Estados Unidos y la subida de aranceles. Según las nuevas proyecciones de la Comisión Europea, la eurozona crecerá un 1,3% en 2025 y un 1,2% en 2026, lo que supone una mejora de cuatro y tres décimas respecto a las estimaciones publicadas en primavera. Para el conjunto de la Unión Europea, Bruselas también eleva ligeramente las cifras, situándolas en un 1,4% tanto para 2025 como para 2026. El buen comportamiento del primer trimestre -impulsado por el adelanto de exportaciones para evitar los nuevos aranceles, por la fortaleza del empleo que sostiene el consumo y por unas inversiones animadas por los fondos europeos de recuperación- explica las mejores cifras presentadas este lunes. No es un solo país el responsable de la revisión al alza: prácticamente todos los Estados miembros mejoran sus proyecciones. Solo Estonia, Luxemburgo y Austria ven recortadas sus previsiones. Incluso Alemania, que arrastra una crisis estructural desde el inicio de la guerra en Ucrania, muestra un ligero avance: pasará del estancamiento al 0,2% este año, y del 1,1% al 1,2% en 2026. Aunque son aumentos modestos, contribuyen a la mejora general del bloque. España también sale reforzada. Vuelve a situarse como la economía que más crece de toda la UE. Bruselas estima un avance del 2,9% este año-el mismo dato que incluirá el Gobierno en el cuadro macroeconómico que presentará este martes- y un crecimiento del 2,3% en 2026. Aunque esto supone seis décimas menos que este año (y una décima más de lo que calcula el Ejecutivo español), seguirá casi duplicando la media prevista para la eurozona. "El Gobierno, apoyado en estos datos que confirman la fortaleza del crecimiento y alineados con las revisiones de los analistas, elevará su previsión al 2,9%", anunció el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una intervención en el Congreso. El mercado laboral ha sido determinante para sostener la actividad, tanto en la UE como especialmente en España. La llegada de migrantes ha sido clave para explicar el aumento del empleo y del consumo interno, aunque la tasa de paro seguirá por encima del 10%. Por ello, la Comisión advierte de que una desaceleración inesperada de los flujos migratorios podría frenar el dinamismo laboral y, en consecuencia, afectar negativamente al consumo y la inversión. En el plano comercial, Bruselas subraya que el acuerdo alcanzado el pasado verano entre EE. UU. y la Unión aporta más estabilidad que en primavera. Aunque el arancel general del 15% aplicado a las exportaciones europeas es el más alto en casi cien años, sigue siendo inferior al que afrontan otros socios de Washington, lo que ofrece cierta ventaja competitiva. No obstante, la Comisión recuerda que este beneficio se da en un contexto de crecimiento moderado del comercio y un euro fuerte, lo que limita su impacto. Otro elemento que ha evitado un mayor deterioro económico es la solidez de los mercados laborales europeos. Las tasas de paro de la UE y de la eurozona se mantendrán alrededor del 6%. Este promedio esconde realidades distintas: España bajará del 10% en 2026 por primera vez en unos 15 años, mientras que Alemania, con un 3,5%, seguirá prácticamente en pleno empleo pese a su estancamiento económico. La inflación queda ya muy atrás. Los precios rondan el 2% y, según las proyecciones, así seguirán hasta 2027. Es una buena noticia para el Banco Central Europeo, que ve consolidado su objetivo de estabilidad de precios y, por tanto, una senda de política monetaria más estable. Esto facilita la concesión de crédito y estimula la inversión empresarial. En el ámbito público, Bruselas destaca que los fondos europeos de recuperación y otros instrumentos financieros de la UE amortiguan el efecto del ajuste fiscal en varios países. Este respaldo sigue impulsando la demanda interna, que será el motor principal del crecimiento en los próximos años. La consolidación fiscal, sin embargo, avanza de forma desigual. Algunos países han reducido con fuerza su deuda, como Portugal, que la situará cerca del 90% del PIB entre 2025 y 2027, o España, que bajará al 97% en dos años. Aunque son cifras todavía elevadas, representan una notable mejora frente al entorno del 120% registrado hace solo un lustro. Tanto Portugal como España -este último en menor medida- cumplirán con el objetivo del 3% de déficit que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, finalizando sus ejercicios en mejor posición que la media de la UE y de la eurozona, donde ese porcentaje seguirá superándose ampliamente. El incremento del gasto en defensa pesará en este desenlace: se prevé que pase del 1,5% del PIB en 2024 al 2% en 2027.

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(El Economista, 18-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE detecta varias amenazas financieras y un potenciador que puede degenerar en una "crisis sistémica" total

La economía mundial avanza actualmente a un ritmo moderado en comparación con el de décadas anteriores, mientras la deuda pública continúa expandiéndose y las tensiones geopolíticas se multiplican en distintos puntos del planeta. Pese a este contexto, las bolsas se mantienen cerca de máximos históricos, una aparente desconexión entre la evolución económica real y el comportamiento de los mercados que ya ha sido señalada por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Banco Central Europeo (BCE) se ha sumado a estas advertencias a través de su vicepresidente, Luis de Guindos, quien ha repasado los principales focos de riesgo para la zona euro, destacando especialmente la elevada valoración de numerosos activos y el peligro de una corrección abrupta. Según el banquero, existen tres vulnerabilidades claras y un factor adicional que, de activarse, podría transformar una crisis puntual en una de carácter sistémico. En un discurso pronunciado este lunes, Guindos afirmó que, aunque la incertidumbre se ha moderado parcialmente en la segunda mitad del año, "sigue siendo un rasgo definitorio de nuestro tiempo". Aunque se ha evitado una gran guerra comercial, sus efectos colaterales han vuelto a poner de relieve importantes amenazas para la estabilidad financiera. El vicepresidente del BCE subrayó que las condiciones financieras globales -con especial peso de lo que ocurre en Estados Unidos, donde la deuda federal sigue creciendo y los precios de los activos están en niveles históricamente elevados- pueden trasladar riesgos a la zona euro. A ello se suma la posibilidad de que crisis políticas en distintas regiones alteren el orden internacional, abriendo la puerta a una mayor fragmentación económica y regulatoria, mientras las tensiones geopolíticas persistentes aumentan la probabilidad de episodios adversos más frecuentes y de mayor magnitud. No obstante, el punto que más preocupa al BCE es el fuerte encarecimiento de algunos activos financieros. Las subidas bursátiles tienden a impulsar el crecimiento económico gracias al conocido "efecto riqueza": hogares y empresas se sienten más solventes y tienden a aumentar el gasto y la inversión. Pero cuando esa dinámica se vuelve insostenible y acaba estallando, el impacto sobre la economía y el sistema financiero puede ser severo, como ocurrió en la crisis de 2007-2008. En este sentido, Guindos señala que "la primera vulnerabilidad está en los mercados financieros, aún expuestos a correcciones bruscas y simultáneas en los precios de los activos". A su juicio, el renovado optimismo tras la recuperación de las bolsas desde los mínimos de abril ha elevado todavía más las valoraciones. Además, advierte que la creciente concentración del mercado en unas pocas grandes tecnológicas estadounidenses, junto con la interdependencia generada por sus modelos de negocio ligados a la inteligencia artificial, incrementa el riesgo de que cualquier perturbación en este sector tenga efectos amplificados. La inteligencia artificial, de hecho, oscila entre ser presentada como una enorme oportunidad y ser vista como un foco de riesgo creciente. Las fuertes inversiones y las elevadas valoraciones en Wall Street han despertado temores de burbuja. Inversores reconocidos como Michael Burry -famoso por anticipar la crisis subprime- han advertido del peligro de una carrera descontrolada en torno a la IA. Incluso entidades como Deutsche Bank se plantean cubrirse frente a un posible desplome del sector, según informa el Financial Times. El mecanismo que puede conducir a una burbuja es conocido: si los inversores inflan en exceso el precio de compañías de IA, incluso de aquellas sin ingresos sólidos, se genera una brecha entre valor real y valor percibido. Cuando las expectativas no se cumplen, se produce el estallido, con un desplome de las cotizaciones y pérdidas significativas para fondos, bancos e inversores particulares, tal y como ocurrió con la burbuja puntocom. La elevada exposición del sistema financiero amplifica el daño, reduciendo el crédito disponible y aumentando la aversión al riesgo, lo que desemboca en una contracción económica global. "Inversores influyentes como Burry apuestan contra el sector tecnológico; declaraciones sorprendentes de ejecutivos -incluidos algunos de OpenAI o Nvidia-; titulares que mencionan la palabra burbuja... Todo ello evidencia que el entusiasmo en torno a la IA empieza a resquebrajarse", explica Enguerrand Artaz, gestor en La Financière de l'Échiquier. Además de Nvidia -actualmente la empresa con mayor capitalización del mundo-, otras firmas como Palantir y los grandes nombres de los llamados Siete Magníficos (Google, Amazon, Microsoft, Meta...) están también bajo el foco. Al comparar la situación actual con la de hace 25 años, Artaz advierte de que, aunque las valoraciones no son tan extremas como durante la burbuja puntocom, la ausencia de una euforia irracional o de un boom desmedido de salidas a bolsa no elimina el riesgo. A ello se suma un aumento rápido del endeudamiento, incluso entre los actores más vulnerables del ecosistema de la IA, lo que agrava las alertas.

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(El Economista, 18-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los huevos a precio de oro: la docena apunta hasta 7 euros y no solo por la gripe aviar

El precio de los huevos ha alcanzado niveles sin precedentes en España. En los últimos doce meses se ha encarecido un 22,5%, con un precio en origen que ya supera los tres euros por kilo, es decir, más de 70 céntimos por encima del registrado hace un año. Como resultado, la docena cuesta ya hasta 5,4 euros en algunos establecimientos, y llega incluso a 6,5 euros en el caso de los huevos ecológicos. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los precios en los supermercados han aumentado un 50% en apenas medio año. Y dentro del sector muchos advierten de que, mientras la crisis de la gripe aviar no remita -algo improbable a corto plazo-, los precios seguirán subiendo. "Con la cantidad de aves que están siendo sacrificadas, es posible que el precio alcance los 6 o incluso 7 euros", señala Pedro Barato, presidente de Asaja. Además de insistir en que se necesita al menos un año para recuperar los niveles de producción, Barato subraya que "en situaciones así la especulación aparece de inmediato", y algunos intentan aprovecharse. "Es evidente que hay especulación y, aunque preferimos no centrarnos en cifras concretas, el coste continuará al alza", afirma en la misma línea Rubén Sánchez, secretario general de Facua. En los últimos días, pequeños avicultores han puesto como ejemplo lo ocurrido en Estados Unidos, donde la docena llegó a costar 12 euros. "El precio va a seguir escalando", advierte Alexis Codesal, presidente de la asociación Defiende Tu Avicultura, aunque matiza que, si no surgen nuevos brotes y sacrificios masivos, los precios deberían estabilizarse en unos meses. Ahora bien, ¿es únicamente la gripe aviar la responsable de este encarecimiento? Según el INE, el repunte comenzó en marzo, cuando la enfermedad aún no afectaba a las granjas españolas. Ese mes los precios avanzaron un 11,4% interanual y un 7,2% mensual, impulsados también por una mayor demanda exterior. En abril el incremento interanual ya era del 17,4%, y desde entonces la inflación del huevo se ha mantenido por encima del 18%. Tras dos años sin brotes relevantes, no fue hasta julio de 2025 cuando se detectó uno en una granja de pavos de Badajoz, con un empeoramiento notable desde octubre. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha afirmado que el Gobierno vigilará posibles prácticas especulativas, reconociendo que la escalada "no es nueva". Según recordó, el aumento de precios se ha producido de manera constante desde 2021, igual que en otros países de la UE. Aunque la gripe aviar afecta a la oferta, también destacó que España produce un 120% de su consumo interno y es el tercer mayor productor europeo, por lo que un incremento tan fuerte no estaría plenamente justificado. A esto se suma que la demanda lleva años creciendo. El huevo es un alimento básico, rico en proteínas y de bajo coste, que ha ganado protagonismo en los hogares durante la escalada inflacionista. En 2020, el consumo alcanzó cifras récord por el confinamiento, con un aumento del 17,1% respecto a 2019, llegando al 46% en los meses más duros de la pandemia. En 2021 y 2022 se normalizó, cayendo la ingesta per cápita de 9,73 kilos a 8,11 kilos. Pero desde entonces el consumo ha repuntado, pese al encarecimiento: según el Ministerio de Agricultura, el consumo per cápita se sitúa ahora en 9,13 kilos, la cifra más alta desde 2020. En los últimos doce meses hasta julio, las ventas superaron los 427,8 millones de unidades, un 3,4% más interanual. En términos de valor, si en 2020 las ventas rondaban los 1.000 millones de euros, ahora se acercan ya a los 1.500 millones. Los huevos se han convertido en el alimento que más se ha encarecido en el último año, con un alza del 22,5%, hasta superar los tres euros por kilo en origen. Con la gripe aviar extendiéndose, la gran incógnita es hasta dónde llegará el precio. No hay una respuesta clara, pero con la docena rondando los cinco euros en el supermercado, algunos no descartan que pronto alcance los siete.

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(Expansión, 17-11-2025) | Fiscal

El Supremo tumba la discriminación fiscal por Patrimonio a residentes en el exterior

El Tribunal Supremo ha vuelto a cuestionar la normativa fiscal española con una sentencia que unifica criterio y pone fin a una discriminación histórica. En esta resolución, el Alto Tribunal determina que los contribuyentes no residentes en España también pueden acogerse al límite conjunto aplicado al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y al Impuesto sobre el Patrimonio, un beneficio que hasta ahora solo se concedía a los residentes fiscales. La sentencia afirma que excluir a los no residentes de este límite vulnera la libre circulación de capitales, uno de los principios esenciales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Según el Supremo, no existe "ningún motivo de interés general" que justifique un trato desigual basado únicamente en la residencia del contribuyente. Hasta este fallo, la legislación española diferenciaba entre dos tipos de contribuyentes del Impuesto sobre el Patrimonio: los residentes, sometidos a tributación por obligación personal sobre todos sus bienes en el mundo, podían aplicar el límite conjunto; los no residentes, sujetos solo por obligación real -es decir, por bienes situados en España- quedaban excluidos de este mecanismo. Ese límite establece que la suma de las cuotas del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio no puede superar el 60% de la base imponible del IRPF. Si se sobrepasaba, se ajustaba la cuota de Patrimonio hasta no exceder ese tope, con un máximo de reducción del 80%. La imposibilidad de aplicar este límite llevaba a que un no residente con el mismo patrimonio en España que un residente pudiera abonar una carga fiscal muy superior. El caso concreto que ha dado pie a este pronunciamiento se originó en la reclamación de un contribuyente residente en el extranjero frente a una liquidación de la Hacienda balear. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ya había fallado a su favor por considerar que la normativa española imponía un trato "desproporcionado e injustificado" a los no residentes. Aunque la Abogacía del Estado recurrió en casación, el Supremo ha rechazado sus argumentos y ha establecido un criterio que deberán aplicar tanto la Administración Tributaria como los tribunales inferiores. La lógica jurídica empleada por el Supremo no es nueva; se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Uno de los antecedentes más relevantes es la sentencia de 2014 relativa al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en la que se declaró ilegal que España negara a los no residentes las ventajas fiscales autonómicas, obligando después a modificar la legislación. Ahora, el Supremo traslada ese razonamiento al Impuesto sobre el Patrimonio. Considera que mantener una normativa que desincentiva la inversión extranjera al imponer a los no residentes una tributación potencialmente confiscatoria y más elevada que la de los residentes-sin una justificación objetiva-equivale a restringir de forma encubierta la libre circulación de capitales. Las consecuencias de esta sentencia son relevantes. A partir de ahora, cualquier no residente podrá aplicar el límite del 60% en sus declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio. Además, abre la posibilidad de que quienes hayan tributado en los últimos cuatro años soliciten la rectificación de sus autoliquidaciones y la devolución de lo pagado en exceso, junto con los intereses de demora. Para Esaú Alarcón, socio de Gibernau, el fallo del Supremo refleja una interpretación "audaz". Señala que el tribunal, ante la opción de ceñirse estrictamente al texto legal o adoptar una interpretación más flexible, ha optado por esta última, lo que en la práctica implica dejar sin efecto la norma nacional en favor de la primacía del Derecho europeo. Para Alarcón, se trata de "una excelente noticia" que evidencia la voluntad de los jueces -recordando que el TSJ de Baleares ya había aplicado este enfoque- de garantizar las libertades comunitarias. Por su parte, Alejandro del Campo, socio de DMS Legal Intelligence, considera que esta decisión se suma a una corriente más amplia de protección al inversor extranjero. Añade que el Supremo tendrá pronto que pronunciarse sobre otra cuestión relevante: la discriminación que afrontan los no residentes extracomunitarios con inmuebles alquilados en España en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, ya que la Abogacía del Estado ha recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional del 28 de julio que permitió a estos arrendadores deducir gastos.

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(Expansión, 17-11-2025) | Fiscal

Los inspectores locales de Hacienda piden poder hacer embargos en todo el país

La asociación de inspectores municipales exige acabar con los "paraísos fiscales" utilizados por las empresas de renting de vehículos y prohibir que las inspecciones tributarias se privaticen. "La Hacienda local lleva décadas sufriendo la dejadez del legislador estatal, lo que ha generado una inseguridad jurídica perjudicial tanto para los contribuyentes como para las Administraciones", denuncia la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (Anihpl). Durante su congreso por el XXV aniversario -celebrado en Alicante el jueves y viernes-, la organización presentó un Libro Blanco para la reforma de la fiscalidad local, en el que recoge "100 propuestas orientadas a reforzar la seguridad jurídica y la justicia tributaria". El documento, de 265 páginas, detalla la redacción concreta de los cambios normativos necesarios para armonizar los tributos municipales, aumentar su seguridad jurídica y fortalecer las competencias de los inspectores locales. Entre esas medidas, la asociación plantea modificar la Ley de Haciendas Locales para permitir que los inspectores de los ayuntamientos puedan realizar actuaciones de recaudación ejecutiva en todo el territorio nacional, incluso fuera de su municipio. Esto incluiría, por ejemplo, ordenar embargos de cuentas bancarias en oficinas situadas en otras localidades. "La prohibición actual no tiene sentido, ya que el dinero no está vinculado físicamente a una oficina concreta", sostienen. Asimismo, y apoyándose en la jurisprudencia revelada por EXPANSIÓN, el colectivo reclama prohibir que las inspecciones fiscales se externalicen a empresas privadas, una práctica que algunos ayuntamientos han aplicado en los últimos años. Insisten en que "la gestión, recaudación, inspección, sanción y revisión de los tributos locales" debe ser exclusiva de funcionarios públicos por tratarse del ejercicio de autoridad, admitiéndose únicamente apoyo técnico puntual, tal como han subrayado tribunales como el TSJ de Cataluña. En cuanto al diseño de los tributos locales, los inspectores plantean varias reformas. En primer lugar, proponen eliminar los "paraísos fiscales" creados en torno al renting de vehículos, impidiendo que una empresa decida libremente en qué municipio matricula su flota para reducir el pago del Impuesto de Circulación. Denuncian que existen municipios con apenas 100 habitantes que figuran con 30.000 vehículos censados debido a estos incentivos fiscales. Defienden también que este impuesto deje de calcularse según los "caballos fiscales" y pase a basarse en el valor real del vehículo. Además, abogan por unificar los valores catastrales utilizados para calcular el IBI y reforzar su inspección municipal; ampliar la exención del Impuesto de Actividades Económicas a todos los contribuyentes con menos de un millón de euros de facturación; y simplificar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

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(Expansión, 17-11-2025) | Fiscal

La recaudación del Impuesto de Plusvalía se dispara un 41% pero sigue por debajo de niveles prerreforma

Los ayuntamientos de España ingresaron más de 30.000 millones de euros en 2023 a través de impuestos y tasas municipales, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda. Esta cifra supone un aumento del 4,5% respecto al año anterior, un crecimiento en el que destaca especialmente el fuerte repunte del Impuesto de Plusvalía, cuya recaudación se disparó un 41%. Es importante recordar que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como Plusvalía, quedó prácticamente desmantelado después de varias sentencias del Tribunal Constitucional que culminaron en 2021 con la anulación de su sistema de cálculo. Esto obligó a Hacienda a rediseñar el tributo para preservar la que era la segunda principal fuente de financiación municipal, solo por detrás del IBI. Sin embargo, la reforma provocó una caída abrupta de su recaudación, que pasó de 2.449 millones en 2021 a 1.206 millones en 2022, un descenso del 40%. En 2023, los ingresos por Plusvalía se recuperaron hasta alcanzar los 1.702 millones, aunque aún no se sitúan en los niveles previos al cambio normativo. La mejora del mercado inmobiliario y la consolidación del nuevo método de cálculo parecen ser factores que explican esta evolución. De cara al futuro, los inspectores de Hacienda local prevén que la nueva tasa de basuras se convierta en la segunda mayor fuente de ingresos municipales, con una recaudación estimada de 3.500 millones anuales. No obstante, advierten de que su diseño presenta importantes problemas. Mientras tanto, en 2023 los ayuntamientos ingresaron 14.821 millones de euros por IBI (1,1% más); 6.358 millones por tasas municipales (3,3%); 2.402 millones por el Impuesto de Circulación (-1,5%); 1.684 millones por el Impuesto de Actividades Económicas (0,4% más); y 1.525 millones por el Impuesto sobre Construcciones y Obras, que creció un 10%.

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(El País, 17-11-2025) | Fiscal

Hacienda cita a las comunidades para fijar la senda de estabilidad

El Ministerio de Hacienda inicia este lunes el proceso de elaboración de los Presupuestos de 2026 con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que presentará a las comunidades autónomas su propuesta de senda de estabilidad para el periodo 2026-2028. La cita, prevista para las 12:00 horas, incluirá también debates sobre el sistema de financiación autonómica, una cuestión prioritaria para la mayoría de los gobiernos regionales -especialmente los del PP-, que consideran la senda de estabilidad un asunto secundario debido a sus escasas posibilidades de superar el trámite parlamentario. La exposición de la senda de estabilidad ante las comunidades y su futura aprobación en Consejo de Ministros marca el inicio formal de unos presupuestos que ya acumulan un considerable retraso. En la reunión, Hacienda planteará los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto para 2026-2028, tanto para el conjunto de las Administraciones Públicas como para cada subsector, en línea con los compromisos asumidos con la Unión Europea. Su aprobación está garantizada, ya que el Gobierno controla la mitad de los votos en el CPFF. Tras el visto bueno del Consejo de Ministros, estos objetivos se enviarán al Congreso junto con el techo de gasto -que no está sujeto a votación-. Las Cortes podrán avalarlos o rechazarlos: si el Congreso los aprueba pero el Senado los veta, la Cámara Baja puede levantar ese veto. Si finalmente son rechazados -probable, dado el precedente de Junts, que ya bloqueó la senda de 2025-2027-, el Gobierno deberá volver a aprobar una senda alternativa o repetir la misma en el plazo de un mes y reiniciar todo el procedimiento. Si la segunda propuesta también fracasa, se aplicarán automáticamente los objetivos enviados a Bruselas, aunque Hacienda no ha especificado si serán los del programa de estabilidad de 2023 (déficit del 2,5% del PIB en 2026) o los del plan fiscal (2,1% del PIB). En cualquier caso, tanto el Estado como las comunidades dispondrán de una senda válida sobre la que elaborar sus cuentas del próximo año, independientemente de que las Cortes la hayan respaldado o no. Una vez aprobado el proyecto presupuestario en el Consejo de Ministros, se remitirá al Congreso, donde comenzará una tramitación que suele prolongarse unos tres meses. El primer obstáculo será el debate de totalidad, ya que un veto aprobado obligaría a devolver el proyecto al Ejecutivo. Las cuentas para 2026 serían las primeras de esta legislatura -con el desafío añadido de incorporar el aumento del gasto en defensa- y sustituirían a los Presupuestos de 2023, aún en vigor tras dos prórrogas consecutivas. Dado el calendario, es imposible que los nuevos presupuestos entren en vigor el 1 de enero, por lo que será necesaria una tercera prórroga de las cuentas de 2023, al menos hasta que se aprueben las de 2026. Más allá de la senda de estabilidad, las comunidades llegan al CPFF centradas en la reforma de la financiación autonómica. Las regiones gobernadas por el PP -11 de 17- reclaman desde más recursos, como Andalucía, hasta una revisión completa del modelo, como plantean Comunidad Valenciana y Canarias (donde gobiernan PP y CC), mientras que Baleares critica la falta de transparencia de las negociaciones bilaterales. En la misma línea, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defiende un sistema común sin "privilegios", y Asturias espera aclarar "incertidumbres" relacionadas con el déficit. Aunque no se sabe si Hacienda pondrá sobre la mesa una propuesta concreta, el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, sugirió hace unas semanas que las comunidades podrían dejar de depender del sistema de anticipos y liquidaciones para pasar a recibir en tiempo real los ingresos que les corresponden por IRPF e IVA.

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(El Economista, 17-11-2025) | Fiscal

La nueva tasa de basuras incrementa la desigualdad entre los ciudadanos españoles

La diferencia en las cuotas de la tasa de basuras puede alcanzar hasta 230 euros según el municipio de residencia. La media nacional se sitúa en 122 euros, aunque los vecinos de Valencia, Gerona, Tarragona, Palma y San Sebastián son los que pagan más, superando los 200 euros por vivienda. En concreto, los valencianos abonan de media 287 euros; en Gerona, 238 euros; Tarragona, 236 euros; Palma, 209 euros; y San Sebastián, 206 euros. Estas cinco capitales de provincia se sitúan por encima de los 200 euros, mientras que la media del resto de municipios queda por debajo de ese umbral, según datos de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL), provenientes de la Fundación ENT. Estos promedios indican que habrá vecinos que paguen más o menos según cómo cada ayuntamiento calcule la cuota, considerando criterios como los metros cuadrados del inmueble, el valor catastral o el consumo de agua, entre otros. Por ejemplo, Madrid cobrará por primera vez esta tasa desde que la exalcaldesa Ana Botella la eliminara de cara a 2015, y a partir de 2026 tendrá en cuenta el número de personas empadronadas en cada vivienda para ajustar mejor el cálculo de residuos generados. En el extremo opuesto, las ciudades con la tasa más baja son Toledo (56 euros), Palencia (57 euros), León (62 euros), Cáceres (63 euros) y La Coruña (68 euros). La nueva tasa surge de la Ley de Residuos de 2022, que transpone la directiva europea sobre economía circular y obligó a todos los ayuntamientos a aprobar antes de abril de 2025 una ordenanza reguladora del gravamen con dos condiciones principales: que cada vivienda pague según la basura que genera y que la recaudación cubra por completo el coste del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos. Esto ha provocado que consistorios que ya contaban con la tasa la aumentaran y que los que no la tenían la implantaran. El aumento de la tasa en los municipios donde ya existía ha sido del 30% de media, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), registrándose un alza del 30,3% en comparación con el año anterior. Se trata del incremento más alto frente a otros bienes y servicios como alimentación, vivienda, ropa, sanidad, transporte u ocio. Sin embargo, los incrementos podrían continuar en los próximos años. Los inspectores de Hacienda Local advirtieron recientemente que el coste total del servicio de basura en España para 2025 asciende a 5.325 millones de euros, mientras que las nuevas tasas solo financian 3.488 millones, el 65,5% del total. Quedan, por tanto, 1.837 millones sin cubrir, lo que significa que algunos ayuntamientos podrían tener que seguir subiendo la cuota para garantizar la financiación completa del servicio, con impacto económico para los ciudadanos y consecuencias financieras para los consistorios. Los inspectores alertan de que la tasa de basuras podría generar más litigios que el impuesto de plusvalía municipal. Miles de ciudadanos y asociaciones ya están recurriendo la tasa en todo el país. La clave legal será determinar si las ordenanzas cumplen con la Ley de 2022, que exige aplicar el principio de "quien contamina, paga", es decir, que la cuota se ajuste a la basura efectivamente generada. Aunque se estima que los casos tarden entre tres y cuatro años en llegar al Tribunal Supremo, una eventual anulación de ordenanzas obligaría a los ayuntamientos a devolver el dinero recaudado, más intereses. En Madrid, donde se espera recaudar entre 250 y 275 millones de euros, el impacto financiero sería considerable. No obstante, la práctica judicial hasta ahora ha limitado las devoluciones solo a quienes reclamen y cuyas resoluciones administrativas o judiciales aún no sean firmes, como ocurrió con las devoluciones del impuesto de plusvalía municipal.

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(Expansión, 17-11-2025) | Laboral

El salario medio en España alcanza los 2.385 euros brutos al mes en doce pagas en 2024

Los salarios siguen aumentando en España, impulsados por una inflación aún elevada, por las sucesivas subidas del salario mínimo impulsadas por el Gobierno y por las recomendaciones de revisión salarial acordadas por los agentes sociales para los convenios colectivos del periodo 2023-2025. Esta evolución queda reflejada en los últimos datos del INE derivados de la Encuesta de Población Activa correspondientes a 2024. Según estas cifras, la remuneración media de los trabajadores alcanzó el año pasado los 2.385,6 euros brutos mensuales en doce pagas, lo que supone 112 euros más al mes y un incremento interanual del 5%. Este aumento implica además una mejora del poder adquisitivo, ya que la inflación media del año se situó en el 2,8%. Así, los salarios ganaron 2,2 puntos porcentuales de capacidad de compra en términos reales. Sin embargo, las variaciones salariales son muy desiguales según la actividad económica. La diferencia entre los sectores mejor y peor pagados asciende a 2.880,4 euros mensuales: las actividades financieras y de seguros lideran la escala con 4.018,8 euros brutos al mes, frente a los 1.138,4 euros que perciben, de media, quienes trabajan en los hogares como empleadores de personal doméstico. La distancia supera el triple de remuneración (un 253% más). Además de las actividades financieras (4.018,8 euros), los sectores con mejores salarios incluyen el suministro de energía (3.619,7 euros) y las industrias extractivas (3.340,6 euros). También se sitúan por encima del promedio nacional la Administración Pública (3.224,2 euros), información y comunicaciones (3.131,9 euros), educación (2.892 euros), industria manufacturera (2.766 euros), actividades profesionales, científicas y técnicas (2.711 euros), sanidad y servicios sociales (2.585,7 euros), el suministro de agua y gestión de residuos (2.519,6 euros) y las actividades inmobiliarias (2.479,4 euros). En el extremo contrario, las ramas peor retribuidas -todas por debajo de los 2.000 euros mensuales- son el trabajo doméstico (1.138,4 euros), la hostelería (1.520,7 euros), las actividades administrativas y servicios auxiliares (1.674,7 euros), la agricultura (1.683,9 euros), otros servicios (1.730,6 euros) y las actividades artísticas (1.814,3 euros). La modalidad del contrato también influye notablemente en la remuneración. En España, alrededor del 60% de los contratos firmados cada mes son temporales. De acuerdo con el INE, un trabajador a jornada completa con contrato indefinido percibe de media 2.681 euros, frente a los 2.220,5 euros que cobra uno con contrato temporal. La diferencia asciende a 460,5 euros mensuales, un 20% más a favor de los indefinidos. En el caso de la jornada parcial, la brecha es menor: los contratos indefinidos pagan 1.021,8 euros de media, mientras que los temporales se quedan en 973,2 euros, una distancia de 48,6 euros al mes (5%). En cambio, la diferencia entre trabajar a jornada completa o parcial resulta mucho más abultada: para los indefinidos, supone 1.659,2 euros mensuales más, más del doble (+162%). Las diferencias salariales también varían de forma significativa entre comunidades autónomas. La mayor distancia se da entre el País Vasco, que encabeza el ranking con 2.809,9 euros brutos mensuales, y Canarias, donde la media baja a 2.051,7 euros. La diferencia es de 758,2 euros, lo que implica que los trabajadores vascos ganan un 37% más que los canarios. Tras el País Vasco, los territorios con mayores salarios son la Comunidad de Madrid (2.761,8 euros), Navarra (2.589,1 euros), y también Ceuta (2.739 euros) y Melilla (2.502,2 euros). En cambio, aunque todos los territorios superan los 2.000 euros mensuales, las regiones con sueldos más bajos son Canarias (2.051,7 euros), Murcia (2.120,9 euros), Extremadura (2.127,2 euros) y Andalucía (2.146,5 euros). La Comunidad Valenciana también queda por debajo de los 2.200 euros mensuales, con una media de 2.181,2 euros.

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(El País, 17-11-2025) | Laboral

378.000 empleadas de hogar ya pueden exigir una evaluación de riesgos laborales

En España hay actualmente 378.000 trabajadoras del hogar dadas de alta en la Seguridad Social. Este colectivo se enfrenta a una gran precariedad: su salario medio es de 1.014 euros brutos al mes -menos de la mitad del sueldo medio de 2023, que fue de 2.273 euros- y, además, tienen la jornada pactada más extensa de todos los sectores, con 39,9 horas semanales (una hora y media más que la media general). En 2022, el Ministerio de Trabajo ya trató de mejorar sus condiciones reconociéndoles por fin el derecho a cobrar el desempleo, un beneficio que se les había negado históricamente. Ahora se suma otro derecho que ya tenían la mayoría de trabajadores: la evaluación de riesgos laborales en el lugar donde desempeñan su actividad, es decir, los domicilios particulares. Desde este viernes, los empleadores están obligados a realizar esta evaluación y a informar a sus empleadas de los riesgos detectados y de las medidas preventivas adoptadas. El incumplimiento puede derivar en sanciones por parte de la Inspección de Trabajo. Para simplificar el proceso, Trabajo puso en marcha hace medio año la herramienta gratuita prevencion10.es. Esta plataforma permite analizar los riesgos del hogar, pero en los últimos días ha presentado fallos. Desde el miércoles al mediodía, la web empezó a colapsar cuando los usuarios intentaban completar la evaluación. Aunque el jueves por la mañana volvió a funcionar parcialmente, siguió registrando incidencias. El ministerio atribuyó al principio los problemas a un exceso de solicitudes, pero por la tarde informó de que se trataba de un "ataque malicioso" llevado a cabo mediante bots automatizados que saturaron la web de forma artificial. Trabajo asegura que, en las últimas 24 horas, se han bloqueado 16.091 direcciones IP sospechosas, responsables de 49,4 millones de interacciones, es decir, casi 50 millones de intentos de acceso al cuestionario. Según fuentes del ministerio, hubo IPs que realizaron más de un millón de solicitudes. Cuando la herramienta está operativa, su funcionamiento es sencillo. El empleador debe completar una declaración responsable contestando un cuestionario. Primero se introducen los datos del empleador y la dirección, luego las tareas que realiza la empleada y, posteriormente, se responde "sí" o "no" a una serie de preguntas sobre las características del hogar. Al finalizar, se genera un PDF que no es necesario entregar a ninguna autoridad: basta con facilitar una copia a la trabajadora y conservar otra por si la Inspección la solicita. No realizar esta autoevaluación o no informar a la empleada de las medidas preventivas puede considerarse una infracción grave. La multa máxima asociada a este tipo de infracción alcanza los 49.180 euros, aunque Trabajo recalca que estas sanciones solo se aplicarán en casos con agravantes. Lo habitual sería que el incumplimiento se catalogue como leve, con un tope de 2.450 euros. Aunque la Inspección no podrá entrar en los domicilios para comprobar las medidas, sí podrá pedir documentación e iniciar investigaciones en caso de denuncia. El decreto que introduce este nuevo derecho contempla además otras obligaciones que Trabajo no ha cumplido a tiempo. En marzo venció el plazo para crear una plataforma formativa en prevención de riesgos dirigida a las empleadas del hogar. También están pendientes un protocolo de actuación ante situaciones de acoso y violencia laboral, y una guía técnica de prevención, que debían haber sido publicadas en septiembre. El ministerio reconoce los retrasos: afirma que la plataforma formativa estará operativa a principios de año y que tanto el protocolo como la guía se publicarán pronto, alegando su complejidad técnica. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad se comprometió a facilitar de manera gratuita reconocimientos médicos para estas trabajadoras e incluirlos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Esta medida no tiene fecha fijada y aún no se ha materializado, aunque Sanidad asegura que se está avanzando en ello. UGT y CC OO valoran positivamente la puesta en marcha del nuevo derecho, pero critican los retrasos acumulados. Desde CC OO, Mariano Sanz reclama mayor rigor en el cumplimiento de los plazos, mientras que Patricia Ruiz, de UGT, pide que la Inspección evite enfoques excesivamente sancionadores y tenga en cuenta posibles dificultades en estos primeros días. Este nuevo derecho amparará únicamente a las trabajadoras del hogar dadas de alta en la Seguridad Social, aunque Inspección puede exigir la evaluación incluso en casos de empleo irregular. El sector presenta una fuerte diferencia entre los datos administrativos (afiliación) y los de la encuesta laboral (EPA). Mientras la Seguridad Social registra 378.000 afiliadas (octubre), la EPA calcula 539.000 ocupadas (tercer trimestre), lo que refleja la magnitud del empleo no declarado. En los últimos años, ambas cifras han descendido, especialmente las de la EPA. Según el último trimestre analizado, esta actividad es la que más cae tanto en número de trabajadoras (-53.000) como en porcentaje (-8,9%) en el último año, una tendencia más llamativa aún si se compara con la evolución general del mercado laboral, que en el mismo periodo sumó 564.000 ocupados (+2,6%).

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