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(El Economista, 17-03-2026) | Laboral

La justicia abre un nuevo frente para las empresas tras avalar las ausencias por cuidar mascotas

La justicia ha abierto un nuevo escenario para las empresas, que podrían verse obligadas a gestionar permisos laborales relacionados con el cuidado de las mascotas de sus trabajadores. La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Barcelona declaró improcedente el despido de una empleada que se había ausentado en varias ocasiones del trabajo para llevar a su mascota al veterinario debido a un grave problema de salud. La resolución, dictada el 28 de enero, supone un precedente relevante porque aplica por primera vez la Ley de Protección Animal aprobada en marzo de 2023 para justificar este tipo de ausencias laborales. En su argumentación, el tribunal señala que el objetivo de esta ley no se limita únicamente a velar por el bienestar animal mediante la supervisión de las condiciones en las que viven, sino que también busca reconocer y proteger la dignidad de los animales dentro de la sociedad. Según la sentencia, la norma no considera a los animales como simples elementos dentro de la actividad económica, sino que regula la forma en que las personas deben comportarse hacia ellos como seres vivos con los que conviven. La empresa había decidido despedir a la trabajadora alegando que se había ausentado del trabajo hasta cuatro días en un mismo mes sin justificación, algo que la propia empleada no negó durante el proceso. No obstante, tras examinar el caso, el tribunal concluyó que, aunque el Estatuto de los Trabajadores no contempla permisos específicos para acudir al veterinario con una mascota, existen motivos humanitarios, éticos y morales que pueden justificar estas ausencias. En particular, la sentencia considera que en determinadas circunstancias debe prevalecer la atención a un animal doméstico que se encuentra en estado crítico frente a la obligación de acudir al puesto de trabajo. Por este motivo, el tribunal entiende que las faltas de asistencia estaban justificadas. La resolución añade que la ausencia no puede interpretarse como un acto caprichoso por parte de la trabajadora, sino que responde a circunstancias imprevistas y de carácter humanitario. Según el tribunal, habría resultado inmoral prolongar el sufrimiento del animal hasta que la empleada terminara su jornada laboral -que se extendía más allá de las 16:00 horas- para poder trasladarlo entonces a la clínica veterinaria y proceder a su eutanasia. Montse Rodríguez, socia del área laboral de BDO Abogados, señala que, aunque se trata de una sentencia de un tribunal de primera instancia y por tanto no crea jurisprudencia, sí refleja una tendencia creciente. Cada vez son más los trabajadores que solicitan permisos para atender a sus mascotas, lo que convierte este asunto en un tema relevante para el ámbito laboral. La especialista explica que, aunque el Estatuto de los Trabajadores no prevé actualmente permisos para el cuidado de animales, el fallo se apoya en la reciente Ley de Protección Animal para considerar que acudir al veterinario puede estar justificado por razones humanitarias, éticas y morales. En principio, este criterio parece aplicarse únicamente a situaciones de urgencia, aunque todavía será necesario delimitar qué casos pueden considerarse realmente urgentes. Rodríguez también subraya que, al no tratarse de una sentencia del Tribunal Supremo, no establece jurisprudencia obligatoria. Por ello, las empresas pueden seguir denegando este tipo de permisos y, en caso de conflicto, serán los tribunales quienes determinen en cada situación si están justificados o no, salvo que en el futuro se produzca una modificación legal. No obstante, si las compañías deciden facilitar estas ausencias, la recomendación es que, por ahora, se concedan únicamente en casos de urgencia veterinaria y que el tiempo empleado pueda recuperarse posteriormente.

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(Expansión, 17-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España enfila picos de inflación del 4% con los alimentos disparados

La guerra reducirá en dos décimas el crecimiento del PIB. Además, los alimentos frescos aumentarán más de un 6% interanual debido al encarecimiento de los fertilizantes, pesticidas y del gasóleo agrícola, después de haber subido ya un 44% en los últimos seis años. Incluso en el escenario más favorable, el conflicto en Irán tendrá importantes consecuencias económicas y afectará al poder adquisitivo de los ciudadanos. Según el servicio de estudios de BBVA, si el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán finaliza relativamente pronto y no provoca daños permanentes en las infraestructuras energéticas de la región, la inflación podría aumentar más de un punto en marzo, situándose cerca del 3,5%. Posteriormente, en abril y mayo podría subir aún más, aunque algunos productos experimentarían incrementos especialmente elevados, como los alimentos, debido al aumento de los costes del gasóleo agrícola, fertilizantes y pesticidas. De acuerdo con el informe Situación España presentado por BBVA Research, la inflación experimentará un fuerte repunte en marzo, pasando del 2,3% registrado en febrero al 3,5%. En los dos meses siguientes volverá a incrementarse, superando el 4%. A partir de entonces, comenzaría a moderarse hasta situarse entre el 2,5% y el 2,6% en la segunda mitad del año. Con estas previsiones, la inflación media anual se situaría en torno al 2,9%, lo que supone cuatro décimas más que la estimación realizada en diciembre. Los analistas de BBVA trabajan con un escenario en el que el conflicto tendría una duración limitada y no afectaría de forma significativa a la producción de petróleo a largo plazo, más allá de las tensiones provocadas por el bloqueo del estrecho de Ormuz. En este contexto, el precio del crudo, que en las últimas semanas ha aumentado un 40% hasta superar los 100 dólares por barril, se moderaría hasta una media de 75 dólares durante el segundo trimestre. No obstante, aunque el aumento de precios pueda ser moderado, seguirá teniendo un impacto negativo en los consumidores, ya que se concentrará en dos gastos habituales: los carburantes y los alimentos. El incremento de los combustibles ya es evidente: el gasóleo ha subido 40 céntimos en las últimas tres semanas, alcanzando los 1,84 euros por litro, mientras que la gasolina se ha encarecido 25 céntimos, hasta los 1,77 euros por litro. En el caso de los alimentos, el aumento todavía es incipiente, pero comienza a percibirse, y desde BBVA advierten de que el encarecimiento de los insumos agrícolas podría impulsar el precio de los alimentos frescos hasta un 6% interanual. Este incremento se suma a una subida acumulada del 44% en los últimos seis años, lo que supone un nuevo golpe para los consumidores. Por otro lado, un aspecto relativamente positivo es que el precio de la electricidad no aumentará tanto como en 2022. Aunque el precio del gas TTF se ha duplicado y supera los 50 euros por megavatio hora, sigue muy lejos de los 345 euros por MWh que se alcanzaron tras la invasión rusa de Ucrania. Además, BBVA Research explica que en 2022 el gas marcaba el precio del mercado eléctrico aproximadamente el 70% del tiempo, mientras que en la actualidad su influencia se reduce a cerca del 25%. No obstante, estas previsiones parten de un escenario de conflicto breve, sin daños graves en infraestructuras energéticas ni interrupciones en el comercio petrolero, y sin impactos importantes en la confianza internacional o en las cadenas globales de suministro, lo que representaría el escenario más favorable dentro de un contexto todavía incierto. En este marco, la guerra habría incrementado la inflación en cuatro décimas y reducido el crecimiento del PIB en dos décimas durante este año. Sin embargo, esta caída se vería compensada por la mejora de otros factores, por lo que BBVA Research mantiene su previsión de crecimiento económico en el 2,4%. Por el momento, el servicio de estudios del banco no considera necesario contemplar un escenario más negativo. No obstante, advierte de que si el precio del petróleo continúa subiendo de forma prolongada, el impacto sobre la economía podría ser mucho mayor, ya que cada incremento del 10% en el precio del crudo a lo largo del año restaría aproximadamente dos décimas al PIB, efecto que sería aún más significativo si el barril superara los 100 euros.

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(El País, 17-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España crecerá al 2,4% este año pese a la guerra en Oriente Próximo

La economía española continúa creciendo pese al aumento de la inestabilidad geopolítica que afecta a los mercados internacionales. Los analistas de BBVA Research consideran que la fase económica actual sigue siendo equilibrada y que el impacto derivado del conflicto en Irán sería temporal. Señalan que la economía parte de una posición relativamente sólida para afrontar tensiones externas, lo que, junto con la expectativa de que la guerra no se prolongue demasiado, ha llevado al servicio de estudios del banco a mantener su previsión de crecimiento del 2,4% para 2026. Aun así, advierten de que el país se enfrenta a un shock de oferta con repercusión global, especialmente a través del sector energético y del transporte. En este sentido, subrayan que la evolución del conflicto y la posible aparición de efectos secundarios sobre precios y costes serán determinantes. Si la guerra en Irán se extendiera durante varios meses, el impacto podría ser mucho más difícil de absorber. Sin embargo, por el momento los expertos confían en que el enfrentamiento tenga una duración limitada, lo que justifica mantener las previsiones de crecimiento. La situación actual responde a un equilibrio entre fuerzas opuestas: el impulso que aporta la economía interna está compensando, por ahora, los efectos negativos derivados de la crisis en Oriente Próximo. El buen comportamiento del consumo privado, las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial y la moderación de los tipos de interés han favorecido una mejora económica que, de momento, se ve frenada por la incertidumbre internacional. No obstante, el conflicto ya tiene consecuencias económicas y los analistas calculan que restará alrededor de dos décimas al crecimiento del PIB. Las previsiones parten de que la guerra será limitada en el tiempo y de que el precio del petróleo volverá a situarse cerca de los 68 dólares tras haber alcanzado máximos de 74 dólares durante el segundo trimestre del año. El principal reto inmediato se sitúa en el terreno de la inflación. Las dificultades en el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de un tercio del petróleo mundial, han elevado los costes energéticos. Este encarecimiento podría añadir tres décimas a la inflación media, que se situaría en el 2,9% en 2026. Para el año siguiente, se espera que la inflación vuelva a moderarse hasta el 2%, mientras que el PIB mantendría un crecimiento del 2,4%. El momento más delicado para la actividad económica se concentraría en el segundo y tercer trimestre del año, cuando el crecimiento trimestral podría reducirse del 0,7% al 0,4%, antes de recuperarse en la parte final del ejercicio. En cuanto a los precios, el pico inflacionario podría registrarse entre abril y mayo, con tasas cercanas al 4%. Aun así, los expertos advierten de que una prolongación del conflicto alteraría este escenario. Según sus estimaciones, cada incremento del 10% en el precio del petróleo reduciría el crecimiento económico en dos décimas. Pese a estas incertidumbres, los economistas destacan que la economía española afronta este contexto desde una posición relativamente favorable. El mercado laboral continúa siendo uno de los principales motores del consumo, con una previsión de creación de alrededor de un millón de empleos entre 2026 y 2027. Además, la regularización de medio millón de inmigrantes podría impulsar de forma inmediata la afiliación a la Seguridad Social y aumentar la recaudación fiscal, facilitando la incorporación de numerosos trabajadores a la economía formal. El sector exterior también podría aportar un efecto positivo, especialmente a través del turismo. La inestabilidad en otras zonas del Mediterráneo está desviando parte de los flujos turísticos hacia España, reforzando su imagen como destino seguro. A ello se suma el buen comportamiento de las exportaciones de servicios no turísticos, que podrían crecer cerca de un 4,9% y convertirse en uno de los componentes más dinámicos de la economía, frente a la debilidad de las exportaciones de bienes. Por otra parte, la inversión en vivienda continúa aumentando debido al fuerte déficit de oferta, que podría superar las 700.000 viviendas. Esta escasez impulsará los precios inmobiliarios, con subidas estimadas en torno al 10,2% durante el año, y mantendrá la actividad constructora en niveles elevados en relación con el PIB. A pesar de este escenario relativamente favorable basado en la fortaleza de la demanda interna, persisten algunos desafíos estructurales, sobre todo en el ámbito de las finanzas públicas. BBVA Research advierte de que la política fiscal podría resultar más expansiva de lo previsto, en parte debido a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2026. Esta situación incrementa el riesgo de incumplir las reglas fiscales europeas, ya que el gasto público podría crecer alrededor de un 4,6%, muy por encima del límite del 3% acordado con las instituciones europeas. En este contexto, el déficit público se situaría en torno al 2,3% del PIB, apoyado por la llegada de fondos europeos y por el incremento del gasto en defensa, medidas que estimulan la economía pero dificultan el proceso de consolidación fiscal. Por último, el servicio de estudios del banco señala que las consecuencias económicas de la actual guerra serían menos intensas que las provocadas por la invasión de Ucrania. No obstante, también recuerdan que el margen fiscal del país es limitado, por lo que cualquier medida de apoyo que se adopte debería ser muy específica y dirigida únicamente a los sectores más afectados.

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(El País, 17-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La banca negocia con el ICO para participar en la gestión del fondo soberano del Gobierno

El sector bancario formará parte de la nueva gran herramienta de inversión impulsada por el Gobierno. Actualmente, las entidades financieras mantienen conversaciones con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para colaborar en la gestión del fondo soberano España Crece, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de enero y que contará con una dotación total de 120.000 millones de euros, según fuentes financieras. La propuesta contempla que los bancos sean quienes contacten con posibles beneficiarios y canalicen los recursos mediante préstamos, avales u otros instrumentos financieros. La colaboración entre el ICO y la banca se ha convertido en los últimos años en una de las fórmulas preferidas del Ejecutivo para estimular la economía. Un ejemplo fue la pandemia de covid-19, cuando se pusieron en marcha líneas de avales por valor de 140.000 millones de euros. Gracias a este mecanismo, el Estado cubría el 20% del riesgo de los préstamos concedidos por las entidades financieras, lo que incentivó la concesión de crédito para mitigar los efectos de la crisis sanitaria. Este modelo también se ha utilizado posteriormente ante situaciones como la guerra en Ucrania, la dana en Valencia o las dificultades de acceso a la vivienda. A ello se suman las tradicionales líneas de financiación del ICO, mediante las cuales la banca distribuye préstamos públicos dirigidos a empresas. Este sistema resulta beneficioso para ambas partes. Para el ICO, trabajar junto a las entidades financieras facilita que los fondos lleguen con mayor rapidez y eficacia a la economía real. Para los bancos, representa una oportunidad de ampliar su actividad, ya que pueden obtener ingresos mediante los intereses de los préstamos -aunque estos suelen tener límites- con un riesgo reducido, al contar con la protección pública frente a posibles impagos. En los últimos años también se han analizado nuevas formas de cooperación, ya que las entidades han ido reduciendo su participación en las líneas tradicionales de financiación del ICO. De hecho, el volumen total concedido el pasado ejercicio descendió alrededor de un 40%. En periodos de crecimiento económico, como el actual, muchas entidades prefieren ofrecer otros productos financieros con mayor rentabilidad. Al mismo tiempo, el ICO busca impulsar proyectos que impliquen mayor asunción de riesgo, mediante coinversiones con bancos y fondos de inversión, una estrategia en la que encaja el nuevo fondo España Crece. Las conversaciones entre el ICO y el sector bancario se encuentran todavía en una fase inicial. En ellas participan tanto las entidades financieras como las principales asociaciones del sector, la Asociación Española de Banca (AEB) y Ceca, que representa a las antiguas cajas de ahorro. Aún queda por definir en qué proyectos se centrará la colaboración, así como las cantidades y los mecanismos concretos de financiación. El objetivo es que el proyecto quede definido en los próximos meses. El presidente del Gobierno anunció este instrumento en enero. Inicialmente contará con 13.300 millones de euros de capital, de los cuales 10.500 millones procederán de préstamos del Plan de Recuperación europeo y 2.800 millones de transferencias públicas. Además, el ICO podrá aportar hasta 60.000 millones adicionales, así como atraer coinversión del sector privado para alcanzar la movilización total de 120.000 millones. El fondo ofrecerá distintos instrumentos financieros, como préstamos, avales o inversiones directas en capital. Su finalidad es impulsar proyectos que suelen tener más dificultades para acceder a financiación tradicional, como algunas start-ups. Entre los sectores identificados como prioritarios figuran ámbitos como la biotecnología, la tecnología alimentaria, la economía de los cuidados o las inversiones vinculadas a la transición ecológica. Uno de los objetivos principales será también la construcción de vivienda asequible. El plan prevé movilizar alrededor de 23.000 millones de euros para impulsar la construcción de unas 15.000 viviendas al año. En este ámbito, el ICO podría actuar como coinversor, facilitar el crédito e incluso participar en el capital de proyectos inmobiliarios, con financiación estable y a largo plazo -entre 35 y 40 años-. De este modo, la vivienda social se convertirá en uno de los ejes centrales del fondo, junto con la transición verde y el impulso a la actividad empresarial. La sintonía entre el sector financiero y el ICO quedó patente la semana pasada durante un foro sobre banca organizado por Deloitte. En una mesa redonda participaron el presidente del ICO, Manuel Illueca, la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, y el director general de Ceca, Antonio Romero. Durante el encuentro coincidieron en que el papel del ICO no es competir con las entidades financieras, sino complementarlas para actuar allí donde existen lo que Illueca denomina "fallos de mercado". Tanto el ICO como las patronales bancarias destacan la eficacia de este tipo de colaboración público-privada para afrontar crisis económicas y absorber impactos negativos. No obstante, también consideran que este modelo puede servir para abrir nuevas oportunidades de negocio en momentos de crecimiento económico. Según Illueca, cuando la economía atraviesa dificultades, un banco público promocional puede apoyar al sistema financiero; en cambio, en fases favorables, su papel consiste en impulsar nuevos mercados que puedan convertirse en oportunidades futuras. Este será precisamente el objetivo del fondo soberano español, inspirado en modelos que ya funcionan en países como Reino Unido o Irlanda, y que también se estudian en economías como Estados Unidos o Alemania. Aunque con un planteamiento distinto al español, algunos de los fondos soberanos más conocidos son los de Noruega, Singapur o varios países de Oriente Próximo, que invierten en empresas de todo el mundo.

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(Expansión, 16-03-2026) | Fiscal

La excesiva fiscalidad de las plusvalías paraliza operaciones

Un informe legal encargado por la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF) advierte de que la normativa vigente sobre ganancias y pérdidas patrimoniales presenta deficiencias importantes que afectan negativamente a la inversión empresarial. Desde el ámbito empresarial se defiende que una fiscalidad moderada y equilibrada favorece la inversión, impulsa la creación de riqueza y empleo y dinamiza la actividad económica, lo que a su vez amplía la base de contribuyentes y aumenta la recaudación pública. Por el contrario, una presión fiscal excesiva tiene el efecto opuesto: reduce la inversión, perjudica la competitividad y limita el crecimiento potencial de la economía. En España, la presión fiscal ha aumentado durante los gobiernos de Pedro Sánchez a un ritmo tres veces superior al de la media de la OCDE: 2,3 puntos del PIB entre 2018 y 2024, frente al 0,7% registrado en los países industrializados. Esto ha incrementado la carga tributaria para ciudadanos y empresas. No solo por la introducción de nuevos gravámenes -como los impuestos a bancos y energéticas, el impuesto a las grandes fortunas o el aumento de las cotizaciones sociales-, sino también por el endurecimiento progresivo del tratamiento fiscal de otras figuras, entre ellas las ganancias patrimoniales. Según la AMEF, la elevada tributación sobre estas ganancias está bloqueando numerosas operaciones empresariales, por lo que consideran urgente reformar el régimen aplicable en el IRPF. Antonio Barderas, director de la asociación, sostiene que cuando los impuestos son razonables la economía se mueve y la recaudación aumenta, pero si la carga fiscal resulta desproporcionada -como, a su juicio, ocurre actualmente con las plusvalías- la actividad económica se contrae y la Administración termina recaudando menos. El estudio jurídico elaborado por César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, concluye que la regulación actual presenta problemas estructurales que influyen negativamente en las decisiones de inversión. Entre otras cuestiones, señala que dificulta el relevo generacional en las empresas familiares al penalizar la transmisión de negocios entre padres e hijos. Uno de los problemas detectados es la superposición de impuestos. Las ganancias patrimoniales gravadas en el IRPF pueden coincidir con otros tributos, como el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) -la conocida plusvalía municipal- o con impuestos que gravan incrementos patrimoniales a título gratuito, como Sucesiones y Donaciones. Esto genera situaciones de doble imposición, que aunque se atenúan parcialmente mediante deducciones o exenciones, siguen existiendo. Otro aspecto criticado es que el sistema español grava no solo las ganancias reales, sino también las nominales. Al no tener en cuenta la inflación al calcular la plusvalía, puede ocurrir que el valor de un bien haya aumentado nominalmente pero no en términos reales. El informe recuerda que el Tribunal Constitucional ha señalado en distintas sentencias sobre la plusvalía municipal que solo pueden gravarse incrementos de valor reales y no ficticios, llegando a declarar inconstitucional en 2017 el impuesto en los casos en que no existiera un aumento efectivo del valor. A ello se suma la tributación de ganancias no materializadas, como sucede en determinadas transmisiones gratuitas entre vivos. Desde la AMEF sostienen que el incremento de valor de un bien debería tributar únicamente cuando se produce una venta y el propietario obtiene efectivamente un beneficio económico. Es decir, si no hay una cantidad percibida, no debería exigirse tributación por plusvalía. Por ello, una de las principales propuestas del informe consiste en eliminar la tributación de las ganancias patrimoniales en las donaciones. Actualmente, el donante debe pagar impuestos aunque no obtenga ningún ingreso, y además no puede compensar posibles pérdidas. La asociación considera que esta situación constituye una asimetría injusta. Otra de las medidas planteadas es establecer un tipo único del 18% para las ganancias patrimoniales dentro de las rentas del ahorro, en lugar de los cinco tramos actuales que van del 19% al 30%, con el objetivo de reducir la excesiva progresividad aplicada a las ganancias de capital de largo plazo. Asimismo, el informe propone introducir coeficientes de actualización que ajusten el valor de los bienes a la inflación para garantizar que solo se grave la ganancia real. También plantea limitar la tributación a las plusvalías generadas dentro de un periodo determinado entre la adquisición y la venta del bien, como ocurre en otros países europeos. Por ejemplo, en Alemania existe un tratamiento específico para la transmisión de inmuebles y en Italia el impuesto solo se aplica si la venta se produce dentro de los cinco años posteriores a la compra. El documento también analiza el llamado impuesto de salida o exit tax, que se aplica a contribuyentes que han residido en España al menos diez de los últimos quince años y que trasladan su residencia fiscal a otro país teniendo participaciones empresariales relevantes (superiores a 4 millones de euros o que representen más del 25% de una empresa valorada en más de un millón). En estos casos, el contribuyente debe tributar por las plusvalías latentes, aunque no haya vendido sus participaciones. El informe considera que esta medida, diseñada para evitar la elusión fiscal, no tiene en cuenta las circunstancias concretas del traslado ni el sistema fiscal del país de destino, por lo que la califica de desproporcionada al presuponer fraude simplemente por cambiar de residencia. Además, el análisis sostiene que, en algunos aspectos, este impuesto podría vulnerar libertades fundamentales de la Unión Europea, como la libre circulación de personas y capitales o la libertad de establecimiento. Por todo ello, la AMEF reclama la eliminación del exit tax dentro de una reforma más amplia del régimen de tributación de las ganancias patrimoniales.

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(El País, 16-03-2026) | Fiscal

Cuerpo avanza que habrá medidas fiscales para el campo y el transporte sin concretar cuándo se aprobarán

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció este jueves que el Gobierno está preparando un conjunto de medidas para reducir el impacto que la crisis bélica en Oriente Próximo está teniendo en la economía de los ciudadanos. Por ahora, ha adelantado que el Ejecutivo prevé aprobar "en los próximos días y con la mayor rapidez posible" diversas iniciativas de carácter fiscal. En una primera fase, estas se centrarán en los sectores agrario y del transporte por carretera, los más afectados por el aumento del precio de los carburantes provocado por la escalada del conflicto en Irán. Además, insistió en que las ayudas serán muy específicas, ya que el Gobierno considera que, por el momento, la crisis no está afectando de forma generalizada ni a la economía ni al empleo. Entre otras posibles medidas sociales, el Ejecutivo también analiza fórmulas que funcionaron tras la invasión rusa de Ucrania, como impedir el corte de suministros básicos a familias vulnerables o aplicar rebajas fiscales en la factura de la electricidad. Cuerpo realizó estas declaraciones después de reunirse, junto con otros ministros del área económica, con los principales representantes sindicales y empresariales. En ese encuentro compartió con ellos el esquema inicial de las medidas que se están estudiando. No obstante, más allá de mencionar instrumentos fiscales, el ministro no detalló aún las acciones concretas. Sí descartó, en cambio, la posibilidad de repetir la bonificación generalizada a los combustibles que se aplicó tras la guerra de Ucrania -el descuento de 20 céntimos por litro que estuvo vigente durante gran parte de 2022-. Según explicó, se trata de una medida que "no resulta especialmente recomendable", recordando además que fue muy criticada en su momento, algo que el Gobierno tiene ahora en cuenta. De hecho, poco antes los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y de Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez, también cuestionaron aquellas ayudas al combustible aprobadas tras la guerra en Ucrania. A su juicio, beneficiaron más a los márgenes empresariales que a los consumidores. En este contexto, el ministro anunció que el Gobierno está reforzando la supervisión sobre las compañías petroleras y las estaciones de servicio mediante herramientas de inteligencia artificial y el intercambio diario de datos. El objetivo es evitar comportamientos irregulares en la forma en que el aumento del precio del petróleo se traslada al coste final en las gasolineras. Asimismo, se vigilará que si el precio del crudo baja o se estabiliza, esa reducción llegue también al consumidor. Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el precio del barril de Brent ha pasado de situarse cerca de los 60 dólares a aproximarse a los 120. Sin embargo, el impacto final para el consumidor depende también de las cotizaciones internacionales de los combustibles refinados. Por ahora, el resultado ha sido una subida aproximada del 10% en la gasolina y de alrededor del 20% en el diésel. El ministro tampoco precisó si las medidas se aprobarán mediante un único real decreto o varios, ni la fecha exacta de su aprobación, aunque la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había indicado horas antes que las ayudas podrían aprobarse el próximo martes en el Consejo de Ministros. En cuanto a otras iniciativas, Cuerpo sugirió que el Ejecutivo valora recuperar la prohibición de cortar suministros básicos -electricidad, agua y gas- a los consumidores vulnerables incluso cuando existan impagos. Esta medida se aplicó en 2021 y se prorrogó en el marco del denominado escudo social vinculado a la pandemia y a la guerra de Ucrania, aunque parte de ese paquete fue recientemente rechazado en el Congreso. Por otra parte, el titular de Economía descartó aplicar rebajas fiscales generalizadas como la propuesta esta semana por Juan Roig, quien planteó reducir al 0% el IVA de los alimentos. Cuerpo reiteró que las decisiones serán proporcionales al impacto real de la crisis en la economía y en cada sector, y subrayó que las medidas se diseñarán con flexibilidad para adaptarse a la evolución del conflicto. Además, señaló que, a diferencia de lo ocurrido hace cuatro años, el Gobierno no ha detectado por ahora aumentos de precios en la distribución alimentaria. En ese sentido, las medidas dirigidas al transporte buscan evitar que el incremento de costes se traslade a la cadena logística y, finalmente, a los supermercados. Aun así, el ministro anticipó que es probable que la inflación registre un repunte en marzo y abril. La duración del conflicto será determinante para saber si ese aumento del índice de precios al consumo se prolonga más allá de esos meses. Si ocurriera, explicó, el Banco Central Europeo podría verse obligado a valorar una subida de los tipos de interés, lo que implicaría, por ejemplo, un encarecimiento de las hipotecas. No obstante, insistió en que actualmente no se contempla ese escenario. Del mismo modo, rechazó implícitamente la propuesta de los ministros de Sumar de congelar los precios y condiciones de los alquileres, al considerar que cualquier medida debe ser proporcional a la magnitud de la crisis. Según subrayó, el impacto económico actual está muy lejos del provocado por la guerra de Ucrania. También señaló que Comisión Europea no considera por ahora necesario activar la denominada cláusula de escape que permitiría a los Estados incumplir temporalmente las reglas fiscales. En cambio, Cuerpo valoró positivamente otras decisiones adoptadas durante la crisis inflacionista de 2022 y 2023, como las reducciones temporales del IVA de la electricidad, que pasó del 21% al 10% y posteriormente al 5%. Aun así, quiso mostrarse prudente y recalcó que los efectos de la guerra con Irán todavía no han afectado de forma generalizada a la economía española, en parte gracias a los avances del país en transición energética y en inversiones en infraestructuras y energías renovables. Asimismo, coincidió con los líderes de Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores en que el conflicto en Oriente Próximo tampoco ha tenido, por el momento, impacto en el mercado laboral. Según explicó, los datos de afiliación a la Seguridad Social muestran que el empleo sigue evolucionando con normalidad. Gobierno y sindicatos también comparten que, si en algún momento el empleo o la actividad económica se vieran afectados, siguen disponibles herramientas como los ERTE y el mecanismo RED para que las empresas puedan utilizarlos como alternativa a los despidos. Sin embargo, los representantes sindicales indicaron que en la reunión el Gobierno no confirmó que el primer paquete de medidas incluya la prohibición de despidos objetivos relacionados con esta nueva crisis, algo que había insinuado previamente Yolanda Díaz.

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(El Periódico, 16-03-2026) | Fiscal

Hacienda refuerza el control sobre el dinero entre familiares: ¿préstamo o donación?

Prestar dinero a un hijo, recibir apoyo económico para comprar una vivienda o realizar una transferencia a un familiar son situaciones habituales que, a partir de ahora, estarán bajo mayor supervisión. El nuevo plan anual de control fiscal del Gobierno presta especial atención a este tipo de operaciones y advierte de que, si no se justifican correctamente, pueden tener implicaciones fiscales. Esta medida forma parte del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero aprobado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 11 de marzo. El documento establece las principales líneas de actuación de la inspección para este año e intensifica el control sobre movimientos de dinero entre particulares que puedan ocultar donaciones no declaradas o préstamos que en realidad no existen. Según explica el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, el propósito no es sancionar la ayuda familiar legítima, sino evitar fraudes y prácticas destinadas a esquivar el pago de impuestos mediante operaciones simuladas. Desde el punto de vista fiscal, prestar dinero no es lo mismo que regalarlo. Un préstamo entre particulares es totalmente legal y no se considera una donación a efectos tributarios, incluso si no genera intereses. Sin embargo, es necesario demostrar que existe la obligación de devolver el dinero mediante documentación como un contrato firmado, un calendario de pagos y el correspondiente registro de las transferencias bancarias. Además, el préstamo debe declararse -aunque el tipo sea cero- mediante el modelo correspondiente del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados dentro del plazo establecido. Si no existen estas pruebas o no pueden presentarse, la Administración puede interpretar la operación como una donación encubierta. En ese caso se aplicaría el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que sí obliga a pagar impuestos a la persona que recibe el dinero, con tipos y bonificaciones que varían según la comunidad autónoma. El plan refuerza herramientas que la Agencia Tributaria ya venía utilizando para detectar posibles irregularidades, entre ellas: El cruce de información bancaria para identificar transferencias frecuentes sin documentación que las respalde; la colaboración con las haciendas autonómicas, responsables de gestionar el impuesto sobre donaciones; y el análisis de préstamos declarados que, en la práctica, no presentan devoluciones reales. Los especialistas en fiscalidad recuerdan que lo más importante es que exista coherencia entre lo que se declara y lo que realmente sucede. Si se establece un calendario de pagos, debe cumplirse; y si se trata de una donación, lo adecuado es declararla como tal. Por ello, los asesores fiscales aconsejan seguir tres pautas básicas: formalizar por escrito cualquier préstamo, incluso si se realiza entre familiares cercanos; realizar siempre las operaciones mediante transferencias bancarias que permitan su identificación; y presentar los modelos fiscales correspondientes dentro del plazo establecido, aunque no haya que pagar impuestos. El incremento del control no impide que las familias se ayuden económicamente, pero sí exige que estas operaciones estén debidamente documentadas para evitar problemas con la Administración.

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(El Economista, 16-03-2026) | Fiscal

Hacienda reactiva la obligación para pymes y autónomos de emitir facturas digitales

El Ministerio de Hacienda ha reactivado el proceso para implantar la facturación electrónica obligatoria entre empresarios y autónomos. Según ha anunciado la Administración, durante 2026 se elaborará una orden ministerial que permitirá desarrollar la llamada Solución Pública de Factura Electrónica, una plataforma gratuita y de uso voluntario que facilitará la emisión y recepción de facturas digitales y que actuará también como un repositorio centralizado donde se almacenarán todas las facturas intercambiadas entre profesionales. La aprobación de esta orden será el paso previo para activar la nueva obligación. De acuerdo con la normativa, el real decreto que regula el marco jurídico de la facturación electrónica entrará en vigor un año después de que se apruebe dicha orden ministerial. A partir de ese momento, las empresas y autónomos con una facturación superior a 8 millones de euros anuales deberán empezar a emitir sus facturas en formato electrónico. Por su parte, los negocios con ingresos inferiores a esa cifra contarán con un plazo más amplio: tendrán que adaptarse a las nuevas normas dos años después de la aprobación de la orden. En la práctica, si Hacienda aprueba la orden durante 2026, las empresas de mayor tamaño deberán cumplir la obligación en 2027, mientras que las más pequeñas dispondrán de margen hasta 2028. Este sistema de facturación electrónica es diferente del programa Verifactu, cuya entrada en vigor está prevista para 2027. Mientras la facturación electrónica exige emitir documentos en un formato digital estructurado que pueda ser procesado por sistemas informáticos, Verifactu obliga a utilizar un software específico capaz de enviar determinados datos de las facturas a Hacienda prácticamente en tiempo real, aunque estas se generen con herramientas como Word o Excel siempre que los datos puedan procesarse. La obligación de emitir facturas electrónicas afectará a empresarios y profesionales que facturen a otras empresas o autónomos. Sin embargo, no será necesario utilizar este formato en operaciones con consumidores finales, como ocurre con los tiques que se entregan habitualmente en comercios, bares o peluquerías. Para facilitar la adaptación al nuevo sistema, Hacienda pondrá a disposición de los contribuyentes una plataforma pública gratuita que podrán utilizar empresas de cualquier tamaño. No obstante, su uso no será obligatorio, ya que quienes lo prefieran podrán recurrir a soluciones tecnológicas privadas para gestionar sus facturas. En caso de utilizar plataformas privadas, las empresas estarán obligadas a remitir una copia exacta de cada factura emitida al sistema público, así como a informar sobre si la factura ha sido aceptada o rechazada y en qué momento se ha realizado el pago. Las compañías con ingresos superiores a 8 millones de euros deberán empezar a enviar esta información un año después de la aprobación de la orden ministerial, mientras que aquellas con una facturación menor lo harán tres años después de su entrada en vigor. El propósito de implantar la facturación electrónica es impulsar la digitalización del tejido empresarial, mejorar la información sobre los plazos de pago entre empresas -con el fin de reducir la morosidad- y reforzar el control fiscal, especialmente en lo relativo al fraude del IVA. Esta obligación se deriva de la Ley Crea y Crece de 2022 y está estrechamente vinculada con el sistema Verifactu, desarrollado a partir de la ley antifraude de 2021, que permitirá a la Administración supervisar de forma más completa el proceso de facturación y liquidación del IVA. Además, el repositorio de facturas no solo estará disponible para la Agencia Tributaria estatal, sino que también podrá ser consultado por las administraciones tributarias autonómicas. En su Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 2026, la Agencia Tributaria ya ha avanzado que durante este ejercicio pondrá en marcha una estrategia de información y asistencia para ayudar a los contribuyentes a adaptarse al uso de la futura Solución Pública de Facturación Electrónica.

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(El Economista, 16-03-2026) | Fiscal

La Agencia Tributaria recauda más de 5.100 millones de los juegos de lotería desde que obligó a tributar por ellos en 2013

La Agencia Tributaria ha ingresado 5.104 millones de euros por la tributación de premios de lotería desde que estos comenzaron a pagar impuestos en enero de 2013. El organismo ha publicado los datos actualizados hasta noviembre de 2025, que muestran la evolución de la recaudación obtenida por las ganancias derivadas de premios de Loterías y Apuestas del Estado, la ONCE y Cruz Roja. Actualmente, estos premios están sujetos a un impuesto del 20%, aunque desde 2018 se aplica una exención para los primeros 40.000 euros ganados. Esto significa que el gravamen solo se aplica sobre la parte del premio que supera esa cantidad. Durante 2025, entre enero y noviembre, Hacienda recaudó 318 millones de euros, una cifra inferior a los 370 millones obtenidos en 2024. No obstante, los datos aún no incluyen el mes de diciembre de 2025, que suele ser especialmente relevante debido al sorteo de la Lotería de Navidad. La Administración también ha detectado un cambio reciente en el comportamiento de los premiados a la hora de cobrar sus ganancias. Tradicionalmente, la mayoría de los ganadores de la Lotería de Navidad solían reclamar su premio en el mismo mes del sorteo, es decir, en diciembre. Sin embargo, en los últimos años se ha observado que muchos optan por hacerlo en enero. De hecho, en 2024 más del 80% de los premiados cobraron su dinero en ese mes. Aun así, la Agencia Tributaria señala que ese porcentaje tan elevado fue una circunstancia particular de ese año y que no necesariamente se repetirá en el futuro. En 2024 -último ejercicio con datos completos- la recaudación total por este concepto alcanzó 370 millones de euros. De esa cantidad, 315 millones correspondieron a premios cobrados por particulares, 19 millones fueron abonados por entidades como asociaciones o cofradías, y 35 millones procedieron de ganadores extranjeros. En conjunto, durante ese año los distintos premiados obtuvieron 2.103 millones de euros en ganancias procedentes de sorteos de lotería.

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(Expansión, 16-03-2026) | Laboral

La IA no despide a los jóvenes pero les bloquea los nuevos empleos

Un informe reciente de Anthropic que ha generado gran repercusión, junto con otros estudios relevantes, sugiere que el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral no se manifestará tanto en grandes oleadas de despidos como en una reducción de las oportunidades laborales de entrada y en una mayor demanda de perfiles con experiencia. Durante años, el debate sobre inteligencia artificial y empleo ha girado en torno a una pregunta demasiado simplificada: cuántos puestos de trabajo destruirá la IA. Sin embargo, cada vez cobra más fuerza otra perspectiva: no tanto cuántos empleos desaparecerán, sino qué caminos profesionales dejarán de abrirse, especialmente para quienes comienzan su carrera. Hace unas semanas llamó la atención un análisis de Citrini Research que planteaba un escenario hipotético en el que la inteligencia artificial abarata y multiplica el acceso a la inteligencia, lo que podría desencadenar una crisis si se produce una sustitución masiva de empleos de cuello blanco. Este planteamiento inquietó a los mercados internacionales y algunos inversores lo relacionaron con ventas de acciones en sectores especialmente expuestos a la automatización. Poco después, otro estudio -en este caso elaborado por Anthropic, la empresa de inteligencia artificial fundada por Dario Amodei- atrajo también una gran atención entre especialistas en tecnología y empleo. El informe propone una forma distinta de evaluar el riesgo laboral asociado a la IA. En lugar de limitarse a analizar qué tareas podrían realizar en teoría los modelos de lenguaje, examina qué tareas están siendo realmente realizadas por Claude, el asistente conversacional de la compañía, en entornos profesionales y con qué nivel de automatización. Anthropic denomina a este indicador "exposición observada" (observed exposure), basado en una idea clave: no basta con medir lo que la tecnología es capaz de hacer, sino que es necesario observar cómo se adopta realmente en el trabajo. El estudio señala que la inteligencia artificial todavía está lejos de alcanzar todo su potencial teórico en el ámbito laboral. En áreas como la informática o las matemáticas, investigaciones anteriores sugerían que los grandes modelos de lenguaje podrían intervenir en hasta el 94% de las tareas. Sin embargo, el uso real observado en entornos profesionales apenas alcanza alrededor del 33%. Es decir, la tecnología posee más capacidad de la que, por ahora, se está integrando en los procesos de trabajo. El informe advierte contra dos interpretaciones equivocadas: pensar que, si la IA puede realizar una tarea, el empleo desaparecerá inmediatamente; o creer que, como el desempleo aún no ha aumentado de forma notable, no existe riesgo. Según Anthropic, el impacto laboral probablemente se producirá de forma gradual y desigual, comenzando por determinadas tareas y por los puestos más junior. A partir de su métrica de exposición observada, la investigación identifica las profesiones donde la presencia actual de la inteligencia artificial es mayor. Entre ellas destacan los programadores informáticos, con una exposición del 74,5%. Les siguen los agentes de atención al cliente (70,1%), los operadores de entrada de datos (67,1%), los especialistas en registros médicos (66,7%) y los analistas de estudios de mercado y marketing (64,8%). También aparecen con alta exposición los comerciales del sector mayorista e industrial, los analistas financieros y de inversión, los evaluadores de calidad de software, los analistas de seguridad informática y los especialistas en soporte técnico. En el extremo contrario, el informe señala que alrededor del 30% de los trabajadores desempeña ocupaciones con una exposición prácticamente nula, ya que sus tareas apenas aparecen en los datos analizados. Entre estos casos se citan profesiones como cocineros, mecánicos de motocicletas, socorristas, camareros, lavaplatos o asistentes de probadores. El patrón resulta lógico: los trabajos manuales, presenciales o basados en la interacción física -así como aquellos con un bajo grado de digitalización- permanecen de momento fuera del impacto directo de los grandes modelos de lenguaje. Por ello, más que una automatización generalizada de todo el mercado laboral, lo que se observa es una penetración inicial muy concentrada en profesiones de cuello blanco, especialmente aquellas centradas en tareas textuales o cognitivas susceptibles de estandarización. Nick Van Dam, director del IE Center for Corporate Learning and Talent Management y profesor de IE University, señala que existe un amplio consenso en que las organizaciones avanzarán en la automatización de aquellas tareas que las máquinas puedan realizar mejor. Según explica, algunas funciones podrían ser sustituidas casi por completo. En el caso de los traductores, por ejemplo, estima que entre el 85% y el 90% del trabajo puede realizarlo una máquina, aunque sigue siendo necesario un porcentaje de revisión humana. En otros ámbitos, sin embargo, la sustitución es mucho más difícil. En el entorno hospitalario o en actividades que implican trato directo con las personas, muchas tareas seguirán requiriendo intervención humana. Incluso en trabajos aparentemente automatizables, como servir café, la interacción personal sigue teniendo valor para los clientes. Entre ambos extremos se sitúan numerosos empleos en los que solo una parte de las tareas se automatizará, permitiendo que el trabajo se realice de forma más eficiente. Van Dam menciona también el caso de IKEA, que contaba con más de 8.000 empleados en centros de atención telefónica. La empresa comprobó que un sistema de inteligencia artificial podía asumir gran parte de esas funciones, pero optó por no despedir a los trabajadores. En lugar de ello, decidió recualificarlos y trasladarlos a las tiendas, donde pasaron a desempeñar funciones de asesoramiento en decoración e interiorismo. Según Van Dam, este tipo de transformación supone eliminar ciertas tareas pero ofrecer a los empleados roles más humanos dentro de la organización. El experto considera inevitable que la inteligencia artificial tenga efectos sobre el empleo. En muchos casos, esto implicará la desaparición de determinados puestos o tareas, lo que obligará a los trabajadores a actualizar sus habilidades y reciclarse profesionalmente. Aprender a trabajar con IA y reforzar competencias humanas como el liderazgo será fundamental. Al mismo tiempo, también habrá profesiones que apenas se vean afectadas porque sus funciones no pueden ser replicadas por la tecnología. Para Van Dam, el equilibrio estará en combinar la tecnología con las capacidades humanas. Por ello insiste en la importancia de profundizar en el conocimiento de cada profesión: quien trabaja en informática debe dominar realmente ese campo, y quien se dedica a las finanzas debe comprender a fondo su disciplina. En su opinión, el reto consiste en potenciar aquello que hace a las personas únicas frente a las máquinas.

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