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(Cinco Días, 08-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro paga el 2,4% por las letras a seis meses, el tipo más alto desde enero de 2025

La evolución del precio del petróleo y las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo vuelven a condicionar las expectativas de inflación y la política monetaria. Tras el fuerte descenso registrado por el barril de Brent durante junio, favorecido por la mejora de las relaciones entre Estados Unidos e Irán, los recientes acontecimientos en torno a Omán han devuelto la incertidumbre a los mercados. Como consecuencia, el crudo ha retomado la senda alcista, las rentabilidades de la deuda han repuntado y los inversores han reducido las expectativas de nuevos recortes de los tipos de interés. En este contexto, el Tesoro Público ha captado 5.617 millones de euros en una nueva subasta de letras a corto plazo, con una demanda que volvió a superar ampliamente la oferta. Las solicitudes de compra alcanzaron los 10.142,7 millones de euros, prácticamente el doble del importe finalmente adjudicado, lo que pone de manifiesto el interés de los inversores por la deuda española. La mayor parte de la emisión correspondió a letras con vencimiento a doce meses, por un importe de 4.040,97 millones de euros. Su rentabilidad se redujo ligeramente hasta el 2,523%, cuatro puntos básicos menos que en la subasta anterior, aunque continúa por encima del 2,5%. Este descenso se produce tras varias emisiones marcadas por el incremento de los rendimientos provocado por el aumento de las expectativas de inflación derivadas del encarecimiento de la energía. Las letras a seis meses, por el contrario, registraron un ligero aumento de la rentabilidad. El Tesoro adjudicó 1.576 millones de euros a un interés del 2,409%, frente al 2,398% de la emisión precedente, alcanzando así el nivel más elevado desde comienzos de 2025. La evolución refleja la cautela de los mercados ante la posibilidad de que las tensiones geopolíticas mantengan la presión sobre los precios de la energía y retrasen futuras bajadas de los tipos oficiales. A pesar de que las rentabilidades actuales se sitúan muy por debajo de los máximos registrados durante el ciclo de endurecimiento monetario impulsado por los bancos centrales para combatir la inflación, las letras del Tesoro continúan siendo una alternativa atractiva para los pequeños ahorradores por su combinación de seguridad y rentabilidad. No obstante, la demanda minorista descendió respecto a la subasta anterior. Las peticiones no competitivas alcanzaron 1.108 millones de euros en las letras a doce meses y 796 millones en las de seis meses, una reducción que también suele estar condicionada por el calendario estival, periodo en el que las familias destinan una mayor parte de sus recursos al consumo. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dejó entrever recientemente que el ajuste monetario realizado el mes pasado podría ser suficiente si la inflación continúa moderándose. Sin embargo, la evolución del conflicto en Oriente Próximo mantiene la incertidumbre sobre el comportamiento futuro de los precios y, por tanto, sobre las próximas decisiones del BCE en materia de tipos de interés. Pese a este escenario, la deuda pública española sigue contando con un elevado respaldo por parte de los mercados. Las buenas perspectivas de crecimiento económico y la mejora gradual de las cuentas públicas permiten al Tesoro afrontar el segundo semestre con una posición financiera sólida. En esta línea, la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) ha revisado al alza su previsión de crecimiento para 2025 hasta el 2,5%, apenas unos días después de que el propio Gobierno mejorara sus estimaciones macroeconómicas. Más allá de la favorable evolución de la economía, uno de los principales retos del Ejecutivo continúa siendo la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que serían los primeros de la actual legislatura. El crecimiento económico y la contención del déficit han contribuido a reducir el peso de la deuda pública sobre el PIB, y el objetivo del Tesoro es situar este indicador por debajo del 100% al cierre de 2026, un nivel que España no alcanza desde antes de la pandemia.

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(Expansión, 08-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El nuevo Código de Buen Gobierno de las cotizadas de la CNMV incluirá la IA

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha anunciado que la próxima actualización del Código de Buen Gobierno para las sociedades cotizadas incorporará referencias específicas al uso de la Inteligencia Artificial (IA), una cuestión que el supervisor considera cada vez más relevante. Durante su participación en el Foro de Gobierno Corporativo y del Consejo, organizado por KPMG, AON y El Mundo, San Basilio explicó que el objetivo es que el nuevo texto no se limite a recoger las prácticas ya consolidadas, sino que también aborde los retos emergentes que afectan a las empresas cotizadas, entre ellos la aplicación de la IA. Para elaborar esta revisión, la CNMV ha constituido un grupo de trabajo en el que participan representantes de diferentes ámbitos del mercado de valores, como emisores, inversores y organismos públicos. Según detalló, durante los primeros meses del año ya se han analizado diversas propuestas de mejora y el proceso continuará con nuevas reuniones para avanzar en la redacción del documento. El responsable del organismo precisó que el grupo estudiará en los próximos días un primer borrador y confía en disponer de una nueva versión del texto en septiembre. Posteriormente, se recabará la opinión de otros participantes del mercado, se realizarán los ajustes necesarios y se abrirá un proceso de consulta pública con la intención de aprobar el nuevo Código de Buen Gobierno de cara a 2027. San Basilio también recordó que España forma parte, desde el pasado año, del grupo integrado por los nueve principales mercados europeos con mayor número de empresas cotizadas. Este foro permite compartir experiencias y analizar la evolución de los códigos de gobierno corporativo, un ámbito en el que, según señaló, se aprecia una creciente armonización entre los distintos países. En paralelo, las autoridades europeas de supervisión financiera -Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), Autoridad Bancaria Europea (EBA) y Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA)- han respaldado la advertencia de la Junta Europea de Riesgo Sistémico sobre los riesgos de ciberseguridad asociados al desarrollo y utilización de modelos de inteligencia artificial.

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(Expansión, 07-07-2026) | Fiscal

El Gobierno eleva al 4% la regla de gasto de las CCAA para 2027

El Ministerio de Hacienda ha planteado aumentar el margen de gasto de las comunidades autónomas y los ayuntamientos de cara a los próximos años. La propuesta eleva la tasa de referencia para 2027 hasta el 4%, medio punto más de lo previsto inicialmente, mientras que para 2028 se fija en el 3,8% y para 2029 en el 3,6%. Con esta medida, el Ejecutivo busca facilitar la elaboración de los presupuestos de las administraciones territoriales en un periodo marcado por un intenso calendario electoral y, al mismo tiempo, favorecer el respaldo político a los Presupuestos Generales del Estado. La propuesta fue presentada por el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el marco de las negociaciones para las cuentas públicas de 2027. Paralelamente, el Gobierno mantiene sin cambios los objetivos de estabilidad presupuestaria comprometidos con la Unión Europea, con un déficit del 1,5% para 2027, que descendería al 1,4% en 2028 y al 1,3% en 2029. En cuanto a la financiación autonómica, Hacienda plantea un incremento histórico de las entregas a cuenta, que crecerían un 8% hasta alcanzar los 170.000 millones de euros en 2027, frente a los cerca de 157.000 millones previstos para este ejercicio. Además, se mantiene el objetivo de déficit de las comunidades autónomas en el 0,1% del PIB, lo que, según el Ministerio, les proporcionaría un margen de financiación de casi 5.900 millones de euros. Hacienda advierte de que rechazar esta senda obligaría a las autonomías a realizar un ajuste equivalente. Estas decisiones llegan después de que el Gobierno revisara al alza sus previsiones económicas, elevando el crecimiento esperado del PIB para 2026 al 2,6% y situándolo en el 2,2% para 2027 y el 2,1% para 2028. No obstante, el Ejecutivo reconoce que persisten riesgos derivados de un posible repunte de la inflación, vinculado a las tensiones geopolíticas, así como de la debilidad económica de varios países europeos, factores que podrían afectar a las exportaciones españolas. Con este escenario, el Gobierno prepara un techo de gasto que previsiblemente marcará un nuevo máximo histórico y servirá de base para unos Presupuestos que incluirán un incremento de la financiación autonómica y un refuerzo del gasto social, con el objetivo de recabar el apoyo de sus socios parlamentarios. Sin embargo, la negociación se presenta complicada. Los representantes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular criticaron duramente la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, calificándola de mero trámite ante la falta de una mayoría parlamentaria sólida del Ejecutivo. Aun así, reclamaron un mayor margen de gasto para afrontar el aumento de costes derivado tanto de la inflación como de nuevas medidas impulsadas por el Gobierno central cuya financiación, aseguran, recae sobre las administraciones autonómicas.

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(El País, 07-07-2026) | Fiscal

Hacienda ofrece a las comunidades un déficit del 0,1% y recursos récord para el próximo año

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha iniciado este lunes su reunión con una propuesta del Ministerio de Hacienda que contempla un objetivo de déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas en el próximo ejercicio, acompañado de un volumen récord de recursos procedentes del sistema de financiación autonómica. Al mismo tiempo, el Gobierno plantea que el crecimiento del gasto computable de las autonomías no supere el 4%, en línea con la regla de gasto fijada para 2027. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, ese margen de déficit representa una capacidad adicional de gasto equivalente a 5.849 millones de euros. El departamento que dirige Arcadi España sostiene que, si los objetivos de estabilidad no obtienen el respaldo parlamentario necesario, las comunidades perderían ese margen y tendrían que realizar un ajuste por ese importe. El Ejecutivo también ha trasladado a las autonomías que las entregas a cuenta del sistema de financiación aumentarán alrededor de un 8%, lo que permitirá movilizar cerca de 170.000 millones de euros, la mayor cantidad distribuida hasta la fecha. A ello se sumará la liquidación correspondiente al ejercicio 2025, de forma que la financiación total disponible para las comunidades crecerá también por encima del 8%, impulsada por la evolución favorable de la economía y el incremento de la recaudación tributaria. Esta mejora de los ingresos llega después de que el Gobierno revisara al alza sus previsiones macroeconómicas, elevando la estimación de crecimiento del PIB para el próximo año del 2,2% al 2,6%. Hacienda considera que este mayor volumen de recursos facilitará a las comunidades autónomas la reducción de sus desequilibrios presupuestarios. Sin embargo, varias comunidades autónomas consideran insuficiente la propuesta presentada por el Ejecutivo. Los consejeros de Hacienda han advertido de que algunas decisiones adoptadas por el Gobierno central, como la subida salarial de los empleados públicos aprobada el pasado año, incrementan el gasto de las administraciones regionales sin ir acompañadas de financiación adicional suficiente. A su juicio, la combinación de mayores obligaciones de gasto y el límite del 4% impuesto a su crecimiento reduce el margen de actuación financiera de las autonomías. Durante la reunión, el ministro Arcadi España ha reiterado que, si el Congreso rechazara los objetivos de estabilidad presupuestaria, las comunidades perderían la posibilidad de incurrir en un déficit del 0,1% y deberían elaborar sus presupuestos en equilibrio. No obstante, esta interpretación sigue siendo objeto de debate jurídico. La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece como regla general el equilibrio de las cuentas públicas, aunque prevé que el Gobierno pueda proponer objetivos de déficit que deben ser aprobados por el Parlamento. La interpretación defendida por la Abogacía del Estado sostiene que el rechazo parlamentario implicaría la aplicación automática del equilibrio presupuestario, aunque diversos expertos cuestionan que la normativa regule de forma expresa esa situación, lo que mantiene abierta la incertidumbre sobre las consecuencias jurídicas de un eventual rechazo. Más allá de los objetivos de déficit, buena parte de las comunidades ha insistido en que la principal prioridad sigue siendo la reforma del sistema de financiación autonómica. Aunque este asunto no figura en el orden del día del Consejo, el Ministerio de Hacienda ha anunciado su intención de convocar próximamente una reunión específica del CPFF para abordar esta cuestión, tras los contactos mantenidos en los últimos días con distintas comunidades autónomas y el acuerdo alcanzado recientemente con la Generalitat de Cataluña para avanzar en un nuevo modelo de financiación.

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(El Economista, 07-07-2026) | Fiscal

Hacienda permite a los antiguos becarios que compren cotizaciones desgravarlas en el IRPF

Los contribuyentes que se hayan acogido al convenio especial de la Seguridad Social para recuperar cotizaciones correspondientes a antiguos periodos de prácticas como becarios pueden incluir estos pagos como gasto deducible en la declaración del IRPF, siempre que durante esas prácticas la empresa o entidad donde realizaron la formación no hubiera cotizado por ellos. La Dirección General de Tributos recuerda que la normativa del Impuesto sobre la Renta permite deducir las cotizaciones satisfechas a la Seguridad Social. En consecuencia, los importes abonados deberán reflejarse en la declaración correspondiente al ejercicio en que se hayan efectuado los pagos. Así, quienes hayan realizado un único desembolso podrán deducir la totalidad de la cantidad en ese año, mientras que quienes hayan optado por el pago aplazado podrán descontar las cuotas efectivamente satisfechas durante cada ejercicio fiscal. Este convenio especial fue aprobado por el Gobierno con el objetivo de permitir que antiguos becarios sumen periodos de cotización de cara a su futura jubilación. La adhesión estará abierta hasta el 31 de diciembre de 2028 y permite abonar el coste tanto en un único pago como de forma fraccionada, con un máximo de 84 mensualidades. La medida beneficia a quienes realizaron prácticas formativas, remuneradas o no, antes de 2011, así como a quienes las efectuaron con posterioridad a esa fecha cuando dichas prácticas no fueron retribuidas y, por tanto, no generaron cotizaciones a la Seguridad Social.

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(El Economista, 07-07-2026) | Fiscal

Las empresas patrimoniales podrán aplicar la nueva deducción en Sociedades por reforzar fondos propios

La Dirección General de Tributos ha confirmado, mediante una consulta vinculante emitida el 6 de mayo, que las sociedades patrimoniales también pueden acogerse a la nueva deducción en el Impuesto sobre Sociedades destinada a incentivar el refuerzo de los fondos propios. El organismo aclara que la normativa no excluye expresamente a este tipo de entidades, por lo que podrán beneficiarse del incentivo siempre que cumplan las condiciones establecidas en la ley. Las sociedades patrimoniales son aquellas cuya actividad principal consiste en la gestión de bienes o patrimonios, en lugar del desarrollo de una actividad económica o productiva. Según el criterio de Tributos, esta naturaleza no impide el acceso a la deducción prevista para las empresas que incrementen su capital. La medida fue incorporada a la reforma del Impuesto sobre Sociedades aprobada en diciembre de 2024 junto con la implantación del impuesto mínimo global para grandes empresas y grupos multinacionales. Desde 2025, la deducción por el aumento de los fondos propios pasó del 15% al 20% del importe del incremento realizado. El incentivo fiscal está sujeto a determinados límites. Con carácter general, la deducción no podrá superar el 20% de la base imponible del ejercicio, porcentaje que se eleva al 25% para las empresas cuya cifra de negocios del ejercicio anterior sea inferior al millón de euros. Si la entidad no dispone de base imponible suficiente para aplicar la totalidad del beneficio fiscal, podrá trasladar el importe pendiente a los dos ejercicios siguientes. Para acceder a esta ventaja tributaria, las empresas deberán mantener el incremento de los fondos propios durante un periodo mínimo de tres años y constituir una reserva indisponible por el mismo importe, que también deberá permanecer durante ese plazo. Además, la deducción puede incrementarse en función de la evolución del empleo: asciende al 23% cuando la plantilla aumenta entre un 2% y un 5%, al 26,5% si el incremento se sitúa entre el 5% y el 10%, y alcanza el 30% cuando la creación de empleo supera el 10%. La consulta analizada por la Dirección General de Tributos fue planteada por una sociedad patrimonial dedicada al arrendamiento de locales comerciales, sin empleados y con una facturación inferior al millón de euros. El organismo concluye que esta entidad puede aplicar la deducción por el incremento de sus fondos propios, siempre que respete el límite del 25% de su base imponible y reúna el resto de los requisitos previstos en la normativa.

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(El Economista, 07-07-2026) | Fiscal

La caída del consumo de alcohol desploma la recaudación de Hacienda un 10% hasta los 1.129 millones

La reducción del consumo de bebidas alcohólicas en España está teniendo un reflejo directo en la recaudación tributaria. Durante 2025, la Agencia Tributaria ingresó 1.129 millones de euros por los impuestos especiales aplicados a las bebidas espirituosas y a la cerveza, una cifra que supone un descenso cercano al 10% respecto a la obtenida cuatro años antes y que constituye el nivel más bajo desde 2016, si se excluyen los ejercicios marcados por las restricciones derivadas de la pandemia. La mayor caída se concentra en las bebidas espirituosas, como whisky, ron, vodka o ginebra. La recaudación por este concepto ascendió el pasado año a 793 millones de euros, un 12,4% menos que en 2022. Este retroceso coincide con una disminución continuada del consumo, que ha pasado de 94 millones de litros en 2022 a 85 millones en 2025, tras registrar 89 millones en 2023 y 87 millones en 2024. En el caso de la cerveza, el descenso ha sido mucho más moderado. El consumo alcanzó los 3.970 millones de litros en 2025, alrededor de un 2% menos que cuatro años antes, mientras que la recaudación procedente de este impuesto se situó en 336 millones de euros, lo que representa una reducción del 1,5%. En un informe sobre los impuestos aplicados al alcohol, la Agencia Tributaria destaca que España mantiene una de las fiscalidades más reducidas de la Unión Europea para este tipo de productos y recuerda que los tipos impositivos apenas han variado en las últimas décadas. Como ejemplo, señala que el gravamen sobre la cerveza permanece inalterado desde 2006, fijado en 0,09 euros por litro. Según los datos de Hacienda, cada ciudadano español soporta una carga fiscal media de unos 25 euros anuales por el consumo de bebidas alcohólicas, muy por debajo de la media comunitaria, que ronda los 80 euros por persona. España figura entre los países de la Unión Europea con menor tributación sobre el alcohol, junto a Italia y Rumanía, mientras que Finlandia, Irlanda, Estonia y Lituania presentan los niveles de imposición más elevados. El organismo considera que esta menor presión fiscal explica, en parte, la reducida recaudación obtenida, incluso teniendo en cuenta el peso del turismo en el consumo nacional, lo que deja abierta la posibilidad de futuras revisiones al alza de estos impuestos. El descenso del consumo responde también a un cambio progresivo en los hábitos sociales, especialmente entre la población joven. De acuerdo con la Encuesta de Salud de España difundida por el Ministerio de Sanidad, en 2023 el 31% de la población consumía alcohol al menos una vez por semana, frente al 48,4% registrado en 2006. La reducción resulta especialmente significativa entre los jóvenes de 15 a 24 años, donde el consumo semanal ha pasado del 43,8% al 17,9% en ese mismo periodo.

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(Expansión, 07-07-2026) | Laboral

Más de 1,2 millones de personas faltan cada día al trabajo por baja médica, 43.000 más que hace un año

El absentismo laboral continúa aumentando en España y alcanza niveles sin precedentes. Según un análisis de Randstad Research elaborado a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el primer trimestre de 2026 una media de 1.602.889 trabajadores se ausentó cada día de su puesto de trabajo por distintos motivos, lo que supone 79.311 personas más que en el mismo periodo del año anterior, un incremento del 7%. Como consecuencia, la tasa de absentismo se situó en el 7,2% de las horas de trabajo pactadas, el porcentaje más elevado registrado en los últimos cinco años. Las bajas por incapacidad temporal continúan siendo el principal motivo de estas ausencias y concentran la mayor preocupación entre las empresas por su creciente impacto económico. En los tres primeros meses del año, una media diaria de 1.240.138 trabajadores permaneció de baja médica, lo que representa 43.041 personas más que un año antes, un aumento del 8%. Estas bajas equivalen a la pérdida del 5,6% de las horas laborales pactadas. Paralelamente, unas 362.751 personas faltaron diariamente al trabajo por causas distintas a una enfermedad o accidente, lo que representa el 22,6% del total de las ausencias. Desde Randstad Research destacan que el absentismo mantiene una tendencia ascendente desde 2019, especialmente en lo relativo a las bajas médicas, cuya incidencia ha crecido de forma notable durante la última década. A juicio de la entidad, esta evolución obliga a analizar con detalle sus efectos sobre la actividad empresarial, la productividad y la competitividad de la economía española. El aumento de las incapacidades temporales también está elevando el gasto público. Tras superar los 18.000 millones de euros en prestaciones durante 2025, el desembolso de la Seguridad Social ascendía ya a 7.848 millones de euros entre enero y mayo de 2026, un 9,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Si esta tendencia se mantiene, el coste anual podría aproximarse a los 20.000 millones de euros. A esta cifra se añade el impacto para las empresas, estimado en unos 16.000 millones de euros el pasado ejercicio, lo que sitúa el coste conjunto de las bajas médicas en torno a los 34.000 millones de euros. Ante esta situación, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones negocia con sindicatos y organizaciones empresariales diversas medidas para mejorar la gestión de las incapacidades temporales. Entre las propuestas figura la implantación de las denominadas altas progresivas, que permitirían a los trabajadores con procesos de baja superiores a 180 días reincorporarse de forma parcial durante un mes, compatibilizando media jornada de trabajo con el cobro de parte de la prestación. La iniciativa ha generado rechazo tanto entre las organizaciones empresariales, que consideran que traslada parte del coste a las compañías, como entre los sindicatos, que sostienen que el regreso al trabajo solo debe producirse cuando el trabajador esté plenamente recuperado. Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reclamado que la Seguridad Social asuma desde el primer día el coste íntegro de las prestaciones por incapacidad temporal. En la actualidad, las empresas soportan el pago de la prestación entre el cuarto y el decimoquinto día de la baja. El análisis por sectores muestra diferencias significativas. La industria presenta la mayor tasa de absentismo, con un 7,4% del total de horas pactadas y un 5,7% correspondiente a bajas médicas. Le siguen los servicios, con una tasa del 7,2%, mientras que la construcción continúa registrando los niveles más bajos, con un 6% de absentismo general y un 4,8% por incapacidad temporal. Por actividades, los mayores niveles de absentismo corresponden a los servicios postales y de correos, con una tasa del 13,4%, seguidos por las actividades relacionadas con el juego y las apuestas, con un 12%. En el extremo opuesto se sitúan las actividades relacionadas con el empleo, con un 3%, y el sector editorial, con un 3,5%. Desde el punto de vista territorial, el fenómeno presenta una mayor incidencia en el norte de España y en los archipiélagos. El País Vasco encabeza la clasificación con una tasa de absentismo del 9,4%, seguido de Asturias, con un 9,1%, y Canarias, con un 8,9%. En cambio, Baleares, la Comunidad de Madrid y La Rioja registran los porcentajes más reducidos, con tasas del 5,9%, 6,2% y 6,4%, respectivamente.

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(El Economista, 07-07-2026) | Laboral

Casi la mitad de las personas que cobran una prestación por desempleo no son parados

Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), reflejan una aparente discrepancia entre el perfil de los perceptores de prestaciones por desempleo y la situación laboral que declaran. Según la encuesta, durante el primer trimestre del año solo el 53,1% de quienes afirmaron recibir una prestación o subsidio por desempleo se encontraban realmente en situación de paro, mientras que el 46,9% restante correspondía a personas inactivas o incluso ocupadas. No obstante, esta diferencia no implica necesariamente un uso indebido de las prestaciones. La EPA es una encuesta basada en las respuestas de los hogares y recoge la percepción que tienen los entrevistados sobre las ayudas que reciben. En algunos casos, los encuestados pueden identificar como prestación por desempleo otras ayudas públicas de naturaleza distinta, lo que puede explicar parte de la divergencia respecto a los registros administrativos. A pesar de utilizar metodologías diferentes, la EPA y los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) suelen ofrecer resultados muy similares en variables como el número de personas inscritas en las oficinas de empleo o el volumen total de beneficiarios de prestaciones. Durante el primer trimestre, la EPA estimó que 4,33 millones de personas estaban registradas como demandantes de empleo, una cifra muy próxima a los 4,27 millones contabilizados por el SEPE. Del mismo modo, la encuesta identificó a 1,75 millones de perceptores de prestaciones, frente a los 1,8 millones registrados por el organismo público. La principal diferencia surge al analizar la situación laboral de quienes reciben estas ayudas. Según la EPA, de los 1,75 millones de beneficiarios, 931.300 eran personas desempleadas, mientras que 716.600 figuraban como inactivas y otras 104.600 declaraban estar ocupadas. En consecuencia, cerca de la mitad de quienes afirmaban percibir una prestación no se encontraban técnicamente en situación de desempleo según los criterios de la encuesta. La EPA también pone de relieve que una parte importante de los desempleados no recibe ninguna prestación. De acuerdo con sus estimaciones, los 931.300 parados que perciben una ayuda representan únicamente el 45,9% de los desempleados inscritos en las oficinas de empleo. Si se tiene en cuenta el conjunto de personas desempleadas, incluidas aquellas que no están registradas como demandantes de empleo, la cobertura desciende hasta el 34,4%, lo que equivale aproximadamente a uno de cada tres parados. Estas cifras contrastan con los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo a partir de los registros del SEPE, que sitúan la tasa media de cobertura de las prestaciones por desempleo en el 80,1% durante los cinco primeros meses de 2026. La diferencia responde, en gran medida, a que ambos organismos emplean metodologías distintas para calcular este indicador. Mientras la EPA se basa en las respuestas obtenidas mediante una encuesta representativa de los hogares, el SEPE utiliza registros administrativos y aplica una fórmula específica que relaciona el número de beneficiarios con el de parados registrados con experiencia laboral, además de incluir a los perceptores del subsidio agrario. Este sistema trata de evitar que determinados colectivos que reciben prestaciones sin figurar como desempleados alteren el indicador, aunque algunos analistas señalan que existen colectivos, como los trabajadores fijos discontinuos en periodos de inactividad, cuyo tratamiento estadístico continúa siendo objeto de debate.

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(El Economista, 07-07-2026) | Laboral

Gobierno y sindicatos sellan la subida del plus de insularidad para los funcionarios del Estado

El Gobierno y las organizaciones sindicales han alcanzado un acuerdo para actualizar el complemento de residencia que perciben los empleados públicos de la Administración General del Estado destinados en Baleares. La mejora supondrá incrementos salariales de entre 105 y 697 euros mensuales, dependiendo del grupo profesional y de la isla en la que desempeñen su trabajo. El objetivo de esta medida es compensar el mayor coste de la vida que soportan estos trabajadores, así como las dificultades derivadas de la insularidad, entre ellas el acceso a la vivienda y los mayores costes de desplazamiento. El Ejecutivo se ha comprometido a tramitar la modificación normativa en un plazo máximo de seis meses, incluyendo también la actualización de los importes vinculados a la antigüedad cuando formen parte del complemento. El acuerdo beneficiará a 11.176 empleados públicos de la Administración del Estado. En Mallorca, el complemento de residencia experimentará una subida media del 100%. Los funcionarios del grupo A1 pasarán de percibir 115,01 a 214,61 euros mensuales; los del grupo A2 cobrarán 175,40 euros frente a los 92,50 actuales; los pertenecientes al grupo C1 verán incrementado el complemento de 80,51 a 144,60 euros; los del grupo C2 pasarán de 53,39 a 119,20 euros; y el personal de la agrupación profesional elevará esta percepción desde 49,48 hasta 105,31 euros al mes. En Menorca, Ibiza y Formentera, la actualización será mucho más significativa, con un incremento medio superior al 300%. En estos territorios, los empleados del grupo A1 percibirán 697,60 euros mensuales, frente a los 127,33 actuales; los del grupo A2 pasarán de 110,99 a 502,30 euros; los funcionarios del grupo C1 verán aumentar el complemento de 101,42 a 405,10 euros; los del grupo C2 lo elevarán de 68,60 a 297,90 euros; mientras que el personal de la agrupación profesional pasará de 68,03 a 263,17 euros mensuales. Los sindicatos han subrayado que esta actualización es independiente de la negociación prevista para revisar los complementos de residencia en otros territorios con especiales dificultades derivadas de su ubicación geográfica. En este sentido, reclaman que mejoras similares se extiendan a los empleados públicos destinados en Canarias, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán, una negociación que, según lo previsto en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, deberá concluir antes de finalizar 2026. Las organizaciones sindicales consideran que las particularidades geográficas de estos territorios dificultan la cobertura de numerosos puestos de trabajo en la Administración, debido al elevado coste de la vivienda y a otros factores asociados a la insularidad o al aislamiento. A su juicio, esta situación reduce el atractivo de estos destinos para los empleados públicos y favorece la salida de profesionales, lo que termina afectando a la calidad y continuidad de los servicios públicos.

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