Noticias

(Expansión, 02-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La industria de la eurozona entra en recesión lastrada por Alemania y Francia

El retroceso de la actividad industrial en las dos principales economías de la eurozona está empujando al conjunto del sector manufacturero hacia la contracción, a pesar de que países como España e Italia muestran una mayor capacidad de resistencia. La evolución económica del bloque continúa generando más preocupaciones que noticias positivas, principalmente por la profunda crisis que atraviesan Alemania y Francia. El comercio exterior acusa los efectos del desfavorable acuerdo arancelario con Estados Unidos, lo que se traduce en una caída del 7,1% de las exportaciones en el segundo trimestre y del 0,8% en el tercero, así como en la reducción del superávit comercial, que se ha recortado desde los 54.000 millones de euros del primer trimestre hasta poco más de 28.000 millones en el tercero. Esta debilidad en el intercambio de bienes, marcada por un entorno geopolítico y económico incierto, también golpea a la industria europea debido a la disminución continuada de nuevos pedidos, síntoma de una demanda interna y externa en retroceso. Los índices PMI de noviembre, publicados ayer por S&P Global, reflejan con claridad este deterioro. El indicador manufacturero de la eurozona descendió hasta los 49,6 puntos desde los 50 de octubre, su nivel más bajo en cinco meses, entrando de lleno en zona de contracción. Con ello se confirma el impacto que la incertidumbre global y la tensión comercial con Estados Unidos -pese al acuerdo alcanzado con la Administración Trump- están ejerciendo sobre el sector productivo europeo. Aunque la debilidad tiende a extenderse, la mayor preocupación se concentra en Alemania y Francia, que juntas representan cerca del 40% del PIB del área del euro. En otros países el sector logra mantenerse ligeramente por encima de los 50 puntos, el umbral que separa la expansión de la contracción. Entre ellos figura España, donde la industria continúa creciendo aunque a un ritmo más moderado. Aun así, la situación de las dos grandes economías pesa tanto sobre el conjunto de la eurozona que obliga al bloque a retroceder. Mientras Irlanda (52,8 puntos), Grecia (52,7), Países Bajos (51,8) y España (51,5) se mantienen en terreno expansivo, Alemania cae hasta los 48,2 puntos y Francia hasta los 47,8, en ambos casos sus peores registros en nueve meses, lo que evidencia un empeoramiento de sus perspectivas industriales. En Alemania, las encuestas empiezan a revelar un creciente desencanto empresarial con la actuación del Ejecutivo federal, acompañado de una sensación de resignación sobre la capacidad del país para recuperarse, según explicó Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank, que colabora con S&P Global en la elaboración de los PMI. Aunque recuerda que el ambicioso plan inversor previsto para Defensa e infraestructuras -que podría alcanzar el billón de euros en diez años- representa una oportunidad para reactivar la economía, lo cierto es que Alemania continúa estancada: su PIB no avanzó en el tercer trimestre tras caer un 0,2% en el segundo. En Francia, el panorama tampoco resulta alentador debido a la prolongada inestabilidad política, que está llevando a muchas empresas a aplazar decisiones de inversión. El PIB repuntó hasta el 0,5% en el tercer trimestre, dos décimas más que en el anterior, pero la falta de claridad en las políticas económicas está lastrando a su industria, que intensifica su ritmo de caída y registra un descenso del empleo por primera vez desde abril del año pasado. Con las industrias de las dos mayores economías del euro gripadas, las fábricas de España y, en menor medida, de Italia, se erigieron en noviembre en "rayos de esperanza" para el sector manufacturero del bloque de la moneda única gracias al aumento de la entrada de nuevos pedidos, lo que sugiere que "la producción seguirá expandiéndose en estos países durante los próximos meses", según el último informe de S&P Global sobre los índices PMI, correspondiente a noviembre. En el caso español, el PMI de su sector manufacturero se situó en 51,5 puntos, en terreno de expansión pero 6 décimas por debajo de los 52,1 registrados en octubre y su mínima de dos meses. Esto es, el sector manufacturero español resiste y sigue creciendo, pero a menor ritmo, con las empresas reacias a nuevas contrataciones y con bajadas de precios para espolear las ventas, lo que quiere decir que su crecimiento "se produjo en parte debido a una disminución de los márgenes de beneficios".

LEER MÁS

(El País, 02-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La pobreza energética española se reduce, aunque un 15% de las familias tuvieron que recortar gastos básicos

La pobreza energética en España ha disminuido, aunque aún quedan importantes retos por afrontar. Durante el invierno de 2024, más de 8,5 millones de personas -el 17,6% de la población- no pudieron mantener sus hogares a una temperatura adecuada. Aunque esta cifra es tres puntos inferior a la de 2023, cuando alcanzó su nivel más alto, sigue siendo elevada. Además, una de cada diez familias retrasó el pago de sus facturas energéticas, un dato "alarmante", según señala el Informe de Indicadores de Pobreza Energética en España 2024, elaborado por la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas y presentado el pasado jueves. El estudio destaca que este indicador es "negativo", especialmente porque a partir de enero de 2026 finalizará la prohibición de cortar el suministro a quienes reciben el bono social. El esfuerzo económico adicional que necesitaron los hogares vulnerables para cubrir la energía necesaria y garantizar un confort térmico adecuado fue de 150 euros, 18 menos que en 2023, gracias a la bajada del precio de la electricidad. Para mejorar estos datos, Elisa Carbonell, coordinadora de proyectos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), ha reclamado "simplificar los procedimientos para que las personas puedan solicitar ayudas públicas para pagar la luz o el gas". Los responsables del informe subrayan que el bono social eléctrico está dando resultado: el riesgo se reduce a la mitad entre quienes reciben esta ayuda. Por ello, instan al Gobierno no solo a mantenerlo, sino a reformarlo para que alcance a más familias, ya que actualmente ocho de cada diez posibles beneficiarios no lo están percibiendo. Por otro lado, el número de hogares que destinan una parte "desproporcionada" de sus ingresos a la energía apenas ha disminuido. El 16,5% de la población destina más del 7,4% de sus ingresos a calefacción, algo que Efraín Centeno, director de la cátedra, considera "muy preocupante". Según indica, "los indicadores apenas muestran avances, lo que refleja que el problema está lejos de solucionarse". Carbonell también ha reclamado una mayor implicación de las administraciones para abordar una situación que afecta a un amplio número de personas. A ello se suma que el 15% de los hogares se ve obligado a recortar otros gastos esenciales -como la alimentación- para poder afrontar sus facturas energéticas. Roberto Barella, uno de los autores del informe, calificó esta realidad como "dolorosa y difícil de asumir" para una sociedad que no está abordando el problema con suficiente contundencia. Una de las aportaciones novedosas del informe es la comparación entre hogares en propiedad y en alquiler. La pobreza energética afecta al 29,9% de los inquilinos, frente al 17,6% de quienes son propietarios. Para Centeno, este dato demuestra que "la pobreza energética no está determinada únicamente por los ingresos, sino también por las características de la vivienda". A esta problemática visible se suma otra menos evidente: el 27,1% de los hogares se encuentra al borde de no poder calentar correctamente sus casas. Los autores denominan a este fenómeno "pobreza energética oculta", que, como explica Centeno, afecta a familias con pocos recursos que deben "hacer verdaderos malabarismos para mantener el hogar caliente durante el invierno". También se observan diferencias por territorios. Extremadura es la comunidad donde más personas tienen dificultades para pagar la energía (23%), mientras que en regiones como Madrid, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Cataluña, Baleares y Canarias la proporción baja al 9%.

LEER MÁS

(El País, 02-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

España no va a pedir finalmente todos los créditos que tiene asignados del plan de recuperación de la Unión Europea

La solicitud final se reducirá a unos 22.000 millones de euros, lejos de los más de 83.000 millones que España tiene asignados en forma de préstamos, lo que supone pedir únicamente alrededor del 25% del total. Así lo señalan a EL PAÍS diversas fuentes comunitarias conocedoras de la última actualización del plan de recuperación que el Gobierno está perfilando y negociando con Bruselas. Este plan debe quedar completamente cerrado entre finales de agosto del próximo año y el 31 de diciembre de 2026. España, que es el país que más subvenciones ha recibido del fondo europeo y el segundo que más préstamos tiene disponibles -solo por detrás de Italia- no dejará de solicitar, sin embargo, ni un euro de los casi 80.000 millones en ayudas a fondo perdido que le corresponden. "El Gobierno está rematando una nueva adenda del plan de recuperación que se aprobará en breve en el Consejo de Ministros", afirman fuentes del Ejecutivo consultadas sobre esta decisión. Esto implica que las cifras pueden sufrir ajustes, aunque no se esperan cambios de gran calado, pues las autoridades españolas ya han transmitido sus planes a Bruselas. La renuncia a parte de los préstamos era una posibilidad que llevaba tiempo sobre la mesa. El Ministerio de Economía ha insistido durante los últimos meses en que priorizaría las subvenciones y que, en cuanto a los créditos, debía evaluar primero si habría suficiente demanda por parte del sector privado, dado que estos recursos iban a canalizarse a través del ICO y otros organismos. Otro factor que explica este movimiento es la mejora de la situación económica y la reducción del endeudamiento en los últimos años, lo que ha impulsado la calificación de la deuda española. Esta evolución ha permitido rebajar los costes de financiación, reduciendo prácticamente a cero la ventaja de acudir a los préstamos de la Comisión Europea. En los bonos a dos años, España paga en los mercados un 2,06% frente al 2,16% europeo; en los de diez años, un 3,22% frente al 3,13%. La diferencia, de apenas nueve puntos básicos, contrasta con los 33 puntos que separan a España de Italia (3,46%) o Francia (3,48%) en dicho plazo. Este buen acceso a los mercados es precisamente un argumento destacado por el Gobierno: "Gracias al buen ritmo de la economía y a la confianza de los inversores, España tiene un acceso muy favorable a la financiación, por lo que prácticamente desaparece la ventaja en costes que ofrecían los préstamos europeos". También influye que, al tratarse de créditos, cualquier cantidad solicitada se incorpora a la deuda pública. Pedir los 83.000 millones íntegros podría haber incrementado el pasivo del Estado alrededor de cuatro puntos del PIB, aunque la cifra exacta dependería de la evolución económica. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia entra en 2026 en su último año de vigencia. Para entonces, todos los países deberán haber solicitado los fondos antes del 31 de agosto y tenerlos ejecutados antes de que termine el año. El margen es cada vez más limitado. A día de hoy, se han desembolsado 231.200 millones de los 291.000 millones en subvenciones previstos en el conjunto de la UE y 145.700 millones de los 359.000 millones en préstamos. Por ello, Bruselas flexibilizó este año las condiciones para modificar los planes nacionales. En el caso español, ya han llegado más de 55.000 millones en subvenciones y cerca de 16.300 millones en préstamos. Como ocurre en el resto de Europa, los países están priorizando gastar los fondos que no deben reembolsarse. España negocia ahora con Bruselas una modificación del plan que facilite el cumplimiento de los hitos y reformas pendientes. En este contexto, el Gobierno habría comunicado su intención de reducir sustancialmente el volumen total de créditos que solicitará. El Ejecutivo español nunca tuvo claro pedir la totalidad de los préstamos. De hecho, la primera versión del plan presentada en 2021 solo contemplaba subvenciones. Fue en 2023, con la primera adenda, cuando se incluyó la petición de créditos, presentados como un "colchón de seguridad" para mantener el ritmo inversor. El fondo de recuperación se aprobó en 2020 para amortiguar el impacto económico de la pandemia y empezó a funcionar en 2021. Italia y España fueron los principales beneficiarios tanto en ayudas como en préstamos, aunque con enfoques muy distintos: Roma pidió todo el dinero disponible desde el primer momento, mientras que Madrid optó por una postura más prudente, que ha mantenido desde entonces. España no es el único país que no solicitará todos los préstamos asignados: tampoco lo harán Alemania, Países Bajos, Austria o Francia, en muchos casos por motivos similares y, en ciertos países, también por razones vinculadas a su reputación financiera.

LEER MÁS

(La Vanguardia, 02-12-2025) | Laboral

El paro baja en 18.805 personas en noviembre y se sitúa en 2.424.961

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de noviembre, se ha reducido en 18.805 personas en relación con el mes anterior (-0,77%). Respecto a noviembre de 2024, el desempleo ha descendido en 161.057 personas (-6,23%). De esta forma, el paro registrado se ha situado en 2.424.961, la cifra más baja para este mes desde 2007. En términos desestacionalizados el paro registrado se reduce en 11.881 personas. El paro se reduce en noviembre en todos los sectores económicos y también entre el Colectivo Sin Empleo Anterior.  De esta manera, cae en Servicios en 13.013 personas (-0,73%), en Industria en 1.552 personas (-0,82%), en Agricultura en 1.332 (-1,74%) y en Construcción en 881 (-0,51%). En el caso del Colectivo Sin Empleo Anterior disminuye en 2.027 personas (-0,88%). La caída del desempleo femenino triplica en términos absolutos a la del desempleo masculino en el mes de noviembre. De esta manera hay 14.370 (-0,97%) mujeres desempleadas menos en relación al mes de octubre. Se trata de una caída de 90.705 paradas (-5,83%) respecto a noviembre del año anterior. El total se sitúa en los niveles más bajos para este mes desde 2008. Por su parte, el desempleo masculino desciende en 4.435 personas (-0,46%) y se sitúa en un total de 958.866 parados. Si lo comparamos con noviembre de 2024, el paro masculino baja en 70.352 personas (-6,84%). El desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de noviembre en 5.476 personas (-2,83%) respecto al mes anterior. La caída porcentual triplica la de los mayores de esa edad. El total se sitúa en 188.322, el menor para ese mes de la serie histórica. El paro registrado en noviembre de 2025 baja en once Comunidades Autónomas, las mayores caídas en cifras absolutas se producen en: Andalucía (-6.934), Comunidad de Madrid (-3.903) y Cataluña (-3.119); se mantiene estable o aumenta moderadamente en las seis comunidades restantes, encabezadas por Illes Balears (2.534) y Castilla y León (1.035). El número total de contratos registrados durante el mes de noviembre ha sido de 1.296.203. En noviembre de 2025 se han registrado 534.997 contratos de trabajo de carácter indefinido que representan el 41,27% de todos los contratos. Los beneficiarios y las beneficiarias existentes a final del mes fueron 1.773.677, un 0,9% más que el mismo mes del año anterior. La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de octubre de 2025 ha sido del 77,71%. Aumenta un 7,7% respecto al mes de octubre del año anterior. Es la cobertura más alta del sistema para un mes de octubre de la serie histórica. El gasto medio mensual por beneficiario o beneficiaria, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de octubre ha sido de 1.465,3 euros lo que supone un aumento de 347,8 euros (31,1%) sobre el mismo mes del año anterior. Los gastos totales de octubre de 2025 ascendieron a 2.006,45 millones de euros.

LEER MÁS

(Cinco Días, 01-12-2025) | Fiscal

Luis de Guindos alerta que el aumento del gasto en defensa pone a prueba la estabilidad fiscal europea

La política fiscal europea atraviesa retos de gran calado y urgencia, donde el aumento del gasto militar se ha convertido en la principal "prioridad" para las instituciones de la UE. Así lo afirmó el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, durante el XXIV Congreso de Directivos CEDE celebrado este jueves en Zaragoza. Este nuevo foco en la seguridad supone una presión notable sobre las cuentas públicas y revela la vulnerabilidad política interna del continente. Según el exministro de Economía del Gobierno de Mariano Rajoy (PP), la defensa es ahora el desafío más crítico. En su intervención señaló que en el seno de las instituciones europeas "la obsesión actual es la defensa". Este giro responde a la necesidad de abandonar el enfoque tradicional y adaptarse tanto a la amenaza que representa Rusia como a una administración estadounidense "más imprevisible". Por ello, Europa debe replantear su estrategia y "aumentar de forma considerable" su inversión en defensa. El plan propuesto es ambicioso: elevar el gasto del 2% al 3,5% del PIB. Ese incremento de 1,5 puntos porcentuales tendrá un efecto presupuestario evidente y, además, exige que el dinero se gestione "de forma adecuada". Este mayor esfuerzo en defensa entra en conflicto directo con el segundo gran reto fiscal: mantener la estabilidad. Guindos subrayó que el panorama político europeo es "complicado", lo que dificulta la toma de decisiones. "Hay gobiernos que incluso encuentran obstáculos para aprobar sus presupuestos anuales", recordó, en referencia al rechazo por parte del Congreso de los Diputados a la senda de déficit, un paso clave para poder elaborar los Presupuestos Generales del Estado. "Si ya es difícil aprobar un presupuesto anual, sacar adelante planes plurianuales -que Bruselas reclama a los gobiernos de la zona euro y de la UE- resulta todavía más complejo", advirtió. Pese a este escenario incierto, Guindos destacó que los mercados de deuda soberana europeos están "notablemente calmados". Los diferenciales se han estrechado, especialmente en los países más afectados por la crisis de deuda (Portugal, Grecia, Italia y España). Francia, en cambio, ha seguido una tendencia contraria, aunque sus spreads se mantienen en niveles "razonables" sin señales de volatilidad excesiva ni contagio al sector bancario o corporativo. En este clima de fragilidad, el exministro insistió en que el respeto a la separación de poderes, la protección de las minorías y la libertad de prensa son pilares imprescindibles para sostener la estabilidad política y económica, mencionando indirectamente la controversia en torno al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Guindos también abordó la cuestión de la vivienda en relación con el fuerte crecimiento poblacional que ha experimentado España, impulsado en gran parte por la inmigración. A su juicio, la llegada de población extranjera es necesaria e inevitable, dadas las tendencias demográficas tanto nacionales como europeas. Sin embargo, este modelo de crecimiento tropieza con un obstáculo clave: la falta de vivienda, un problema que también sufren otros países de la UE. El vicepresidente del BCE explicó que esta dificultad se concentra especialmente en el mercado del alquiler. Mientras que la construcción requiere largos plazos, la demanda de alquiler ha aumentado de forma abrupta. A ello se añade una regulación que, según señaló, limita la oferta disponible, lo que está disparando los precios. El encarecimiento del alquiler se ha convertido en uno de los grandes lastres de la economía española, ya que dificulta la movilidad laboral. Guindos mencionó que atraer talento a regiones como Aragón es complicado si no existe un mercado de alquiler dinámico. Por ello, subrayó que resolver el problema de la vivienda debería ser una de las máximas prioridades. Asimismo, advirtió de que el aumento poblacional debe acompañarse de mayores recursos para servicios esenciales como la educación y la sanidad, evitando respuestas cortoplacistas. Concluyó afirmando que, si España supera este bloqueo y refuerza sus servicios públicos, podrá mantener su ritmo de crecimiento.

LEER MÁS

(Expansión, 01-12-2025) | Fiscal

España se queda sola en la UE al negar la exención del IVA

El rechazo del Gobierno a implantar una exención del IVA para los autónomos con menor volumen de ingresos, tal como ya ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea, coloca a los profesionales españoles en una situación desfavorable frente a sus competidores europeos. La decisión del Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, de no activar un sistema de IVA franquiciado que permita a los autónomos con baja facturación dejar de repercutir el impuesto a sus clientes convierte a España en el único Estado miembro que aún no aplica este tipo de beneficio fiscal. Este tema es especialmente relevante para el colectivo, que lleva años exigiendo que el Gobierno cumpla con la Directiva europea del IVA, cuya adaptación debía estar lista en enero de 2025, y cuyo incumplimiento podría acarrear sanciones. Por ahora, la intención del Ejecutivo parece centrarse únicamente en permitir la exención del IVA a los autónomos que vendan bienes o servicios a otros países de la UE, ajustándose a los límites de facturación fijados en cada Estado. Esta medida dejaría a España aún más aislada y a sus autónomos en una evidente "desventaja competitiva" respecto a los del resto de Europa. Así lo denuncian las asociaciones del sector, que consideran que Hacienda solo plantea "una aplicación parcial de la Directiva" y reclaman que el sistema también se aplique a las operaciones dentro del país, como ya sucede en los demás miembros de la Unión. Fuentes cercanas a la negociación con Hacienda admiten a este medio que el diálogo está actualmente detenido por parte del equipo de María Jesús Montero, a pesar del efecto que la medida podría tener en las cuentas de millones de autónomos y de que el Ministerio inicialmente se mostró dispuesto a encontrar una salida. Además del ahorro que supondría dejar de ingresar el IVA de sus ventas -aunque renunciarían a deducir el impuesto de sus gastos si se adhieren voluntariamente al sistema-, "el IVA franquiciado reduciría considerablemente la carga administrativa que soportan los autónomos, ya que dejarían de presentar trimestralmente la liquidación del impuesto", explica a este diario Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). También recuerda que estas declaraciones son con frecuencia objeto de requerimientos y comprobaciones por parte de la Agencia Tributaria. Ferrero cree que el principal motivo por el que Hacienda frena la implantación del IVA franquiciado "es económico", ya que un gran número de autónomos -alrededor de un millón, según sus cálculos- podrían acogerse a él. En cualquier caso, aclara que la adhesión sería voluntaria, pues para algunos autónomos no resultaría ventajosa la imposibilidad de deducir gastos. La negativa del Gobierno a aplicar íntegramente la normativa europea, alegando que España ya dispone de regímenes especiales que impiden adaptar por completo la Directiva, ha llevado el debate del IVA franquiciado al terreno político en las últimas semanas. En este contexto, una de las principales propuestas del Partido Popular en materia económica consiste precisamente en instaurar la exención del IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. Durante su presentación, Alberto Núñez Feijóo aseguró que esta medida supondría "un alivio fiscal, porque un autónomo no es un cajero automático del Estado". Ese umbral de facturación, defendido también por la principal asociación de autónomos del país, permitiría equiparar a España con países como Francia -que reduce el límite a 35.000 euros para quienes prestan servicios-, Irlanda o Italia. No obstante, las asociaciones recuerdan que los límites son flexibles y podrían establecerse por debajo de esa cifra, como ocurre en otros países de la Unión Europea, donde los topes varían desde los 78.848 euros en la República Checa hasta los 6.713 euros en Dinamarca.

LEER MÁS

(El Economista, 01-12-2025) | Fiscal

Los trabajadores destinarían unos 57 euros de la subida del SMI propuesta por los sindicatos a pagar el IRPF

Los sindicatos quieren cerrar de manera definitiva el debate sobre si el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debe tributar o no. Tanto CCOO como UGT se han mostrado favorables a que este sueldo empiece a pagar IRPF a partir de 2026 y han planteado un aumento mensual de 89 euros, de los cuales aproximadamente dos tercios irían destinados a Hacienda. La propuesta que trasladarán al Gobierno consiste en elevar el SMI actual de 1.184 euros brutos mensuales a 1.273 euros en 14 pagas. Según sus cálculos, los trabajadores pagarían como máximo 57 euros al mes en impuestos (798 euros al año), de modo que la mejora salarial real sería de 32 euros al mes (448 euros anuales). Fuentes sindicales explican a elEconomista.es que estas previsiones se han hecho tomando como referencia el caso de un trabajador sin cargas familiares, que es quien soporta una mayor retención. Esto implica que quienes perciben el SMI y tienen otra situación familiar podrían ver incrementos netos superiores, ya que el objetivo es asegurar que el salario mínimo neto equivalga al 60% del salario medio neto. En los últimos años, el Gobierno ha optado por que este colectivo no tribute por IRPF. Sin embargo, esta cuestión ha generado tensiones entre los ministerios de Hacienda y Trabajo, lo que ha llevado a firmar acuerdos con los sindicatos sin clarificar cómo debía tratarse el SMI en la declaración de la renta. Por ello, CCOO y UGT consideran necesario zanjar la polémica y establecer un sistema que permita que estos trabajadores contribuyan sin que su salario neto se vea reducido. Desde 2023, el Ministerio dirigido por María Jesús Montero ha introducido distintos ajustes para adaptar el umbral libre de tributación al nivel del salario mínimo. En 2023 y 2024 se incrementó el mínimo exento para evitar que los trabajadores solteros sin hijos pagaran IRPF. En 2025, en un primer momento se negó a aplicar un ajuste similar y posteriormente creó una deducción de 340 euros para que quienes cobran el SMI recuperen las retenciones al hacer la declaración, mientras que quienes ganan hasta 18.276 euros acceden a una reducción gradual. Según ha podido saber este periódico, los cálculos sindicales se basan en la hipótesis de que este esquema fiscal se mantenga. Consideran un mínimo exento de 15.876 euros (correspondiente al SMI de 2024) más una deducción aplicable hasta el salario mínimo vigente. Así, entienden que solo la parte del nuevo SMI que supere el umbral actual (16.576 euros) debería tributar, y señalan que ese coste debería asumirlo la empresa. Los responsables de Acción Sindical de CCOO y UGT -Javier Pacheco y Fernando Luján- explicaron que tomaron como referencia el método de la comisión asesora del Ministerio de Trabajo, de la cual forman parte, para determinar qué cuantía corresponde al 60% del salario medio neto. En el informe presentado a comienzos de 2025, representantes de Hacienda, Economía, Trabajo, expertos académicos y sindicatos utilizaron los datos de la Encuesta de Estructura Salarial (EES) de 2022 como base, extrapolando la evolución del salario medio mediante la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL). A partir de ese análisis, CCOO y UGT concluyeron que el SMI debía incrementarse un 2,7% para mantener su proporción respecto al salario medio y 4,8 puntos adicionales para compensar el impacto del IRPF. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, siempre ha defendido que los sueldos más bajos no deberían pagar este impuesto. No obstante, en septiembre pidió al grupo asesor que incluyera la tributación en sus cálculos, lo que sugiere que podría aceptar un cambio de criterio de cara a 2026. A la espera del resultado final, todo apunta a que las recomendaciones tendrán en cuenta el mantenimiento del actual marco fiscal y asumirán que Hacienda prolongará la deducción existente. Los expertos podrían presentar sus conclusiones en las próximas semanas, permitiendo que el Gobierno abra el diálogo con patronal y sindicatos antes de fin de año y apruebe la nueva cuantía del SMI en enero.

LEER MÁS

(El Economista, 01-12-2025) | Fiscal

El Supremo avala el desahucio de inquilinos por el impago del IBI y la tasa de basuras

El Tribunal Supremo (TS) ha respaldado que un arrendador pueda desahuciar a sus inquilinos por no pagar el IBI y la tasa de basuras. En una sentencia del 17 de noviembre, el alto tribunal establece que, si los arrendatarios han aceptado en el contrato hacerse cargo de estos tributos, deben cumplirlo, aunque no figure en la cláusula el importe exacto. De lo contrario, el propietario puede iniciar el proceso de desahucio. Este pronunciamiento es importante porque resuelve las discrepancias que existían entre diversas Audiencias Provinciales y se produce justo cuando la nueva tasa de basuras, obligatoria en toda España a partir de 2025, empieza a influir en los contratos de alquiler, pues muchos propietarios pretenden trasladarla a los inquilinos. La resolución, redactada por la magistrada María de los Ángeles Parra Lucán, analiza el caso de un propietario que solicitó la resolución del contrato y el desalojo de los arrendatarios por dejar de pagar el IBI y la tasa de basuras. El contrato, firmado en junio de 2019 por un periodo de cinco años, establecía expresamente que los inquilinos asumirían ambos pagos. Aunque los arrendatarios abonaron estos impuestos en 2020, dejaron de hacerlo en 2021 alegando que el contrato no detallaba la cuantía anual que debían pagar, escudándose en el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El Supremo analiza dicho artículo, que permite que el inquilino asuma gastos del inmueble, servicios y tributos no individualizables, siempre que su importe anual figure por escrito. Sin embargo, el tribunal concluye que esta exigencia no aplica al IBI ni a la tasa de basuras, ya que ambos pueden individualizarse: cada vivienda paga en función de sus características. En cambio, los gastos que no pueden individualizarse -a los que se refiere el artículo 20- son aquellos relacionados con el edificio en su conjunto, cuya cuota se calcula según la participación de cada propietario y no por consumo. Por ello, el Supremo aclara que cuando se trata de tributos individualizados por vivienda no es necesario especificar el importe anual en el contrato. El tribunal también recuerda que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales permite a los propietarios repercutir el IBI conforme al derecho común, y que si existe libertad para fijar la renta, también debe reconocerse la posibilidad de pactar que sea el arrendatario quien pague este impuesto. En cuanto a la tasa de basuras, señala que la normativa también autoriza su traslado a los inquilinos, dado que son quienes realmente se benefician del servicio de recogida. El Supremo ratifica el desahucio y obliga a los inquilinos a pagar al propietario 1.006 euros correspondientes al IBI y la tasa de basuras de 2021 y 2022. Los especialistas prevén que, según vayan venciendo los contratos de alquiler, será cada vez más habitual que los propietarios incluyan en los nuevos contratos la tasa de basuras, debido a su coste y al hecho de que son los arrendatarios quienes generan los residuos. El coste medio en España es de 122 euros por vivienda, aunque varía por municipio: Valencia, Tarragona y Gerona superan los 200 euros anuales, mientras que en Toledo o Palencia no alcanza los 60 euros.

LEER MÁS

(El Economista, 01-12-2025) | Fiscal

Hacienda quita el límite de 3.000 euros para que la banca informe de los cobros con tarjeta de empresarios y autónomos

La Agencia Tributaria ha suprimido el límite de 3.000 euros a partir del cual los bancos debían comunicar a Hacienda los pagos con tarjeta recibidos por empresarios y autónomos. Desde 2026, las entidades financieras tendrán que informar de todos los cobros, sin importar el importe, con el objetivo de "evitar la pérdida de información relevante", según señala el organismo. Además, esta información dejará de enviarse una vez al año y pasará a remitirse mensualmente. Con esta medida, Hacienda dispondrá de más datos para comprobar que las declaraciones de ingresos de autónomos y empresas coinciden con sus ventas reales. "También se elimina el umbral de 3.000 euros que limitaba la obligación de informar sobre los cobros con tarjeta", recalca la Administración en un comunicado donde detalla las nuevas exigencias de información para bancos, entidades de pago y proveedores de dinero electrónico a partir del próximo año. El Ministerio explica que ya ha comenzado a enviar notificaciones a estos profesionales para adelantarles los nuevos datos financieros que Hacienda tendrá en 2026: cuentas abiertas y sus saldos, cualquier cobro con tarjeta sin límite mínimo y pagos mediante Bizum. En general, el fisco señala que recibirá más información financiera de los contribuyentes y con mayor frecuencia. Las entidades bancarias y de pago deberán remitir cada mes -y no una vez al año, como hasta ahora- todos los datos relacionados con las cuentas que particulares y empresas abran, ya sean corrientes, de ahorro, de depósito, de crédito, de pago o de cualquier otro tipo. Hacienda recibirá la primera remesa en febrero de 2026 correspondiente al mes de enero. No obstante, los saldos de estas cuentas seguirán comunicándose anualmente, por lo que los primeros datos llegarán a comienzos de 2027. Asimismo, las entidades informarán mensualmente -aunque solo en el caso de empresarios y autónomos- de todos los movimientos relacionados con tarjetas físicas o virtuales, ya sean de débito, crédito, prepago o dinero electrónico, así como de los cobros realizados a través de Bizum. "Debe destacarse que esta información solo se facilitará sobre los ingresos percibidos por empresarios y profesionales; en consecuencia, en los pagos mediante móvil, como Bizum, solo se declararán las operaciones cuyo destinatario tenga un contrato de no particular, quedando excluidos los Bizum entre particulares", aclara Hacienda. En cuanto a los movimientos con tarjeta de los usuarios particulares, Hacienda seguirá recibiendo la información de forma anual. "Esta obligación incluye el total anual de abonos, cargos, recargas, retiradas de efectivo y compras realizadas en comercios. Únicamente se excluyen las tarjetas cuyo volumen anual de operaciones, sumando cargos y abonos, no supere los 25.000 euros, lo que permite centrar la supervisión en aquellas tarjetas con mayor relevancia para el control tributario", indica el organismo. Todas estas nuevas obligaciones fueron introducidas mediante el Real Decreto aprobado el 1 de abril, que modificó el Reglamento de inspección tributaria. El propósito es reforzar la supervisión de los nuevos métodos de pago, incluidos los digitales, con el fin de combatir el fraude fiscal y aumentar la recaudación.

LEER MÁS

(Expansión, 01-12-2025) | Laboral

Las pensiones subirán un 2,7% en 2026: los jubilados cobrarán 630 euros más el próximo año

Con el dato adelantado del IPC de noviembre, situado en el 3%, la media interanual de los últimos doce meses queda en el 2,7%. Ese porcentaje será el que se utilice para actualizar las pensiones contributivas a partir de enero de 2026. Esta revalorización llevará aparejado un aumento del gasto cercano a los 5.700 millones de euros. La Seguridad Social aplicará por tanto una subida del 2,7% a todas las pensiones contributivas en 2026. En el caso de los jubilados del régimen general -el grupo más numeroso, con 4,95 millones de beneficiarios y una pensión media de 1.669 euros mensuales-, esto se traduce en un incremento de unos 45 euros al mes, lo que supone unos 630 euros más en el conjunto del año, sumando las catorce pagas. Desde 2021, tras la reforma del sistema, la revalorización anual de las pensiones se calcula en función de la media del IPC entre diciembre del año anterior y noviembre del año en curso. Con la evolución conocida hasta ahora, la media resultante es del 2,66%, que la Seguridad Social redondea al 2,7% para aplicar la subida del próximo ejercicio. Cada punto porcentual de aumento en las pensiones implica un coste adicional de unos 2.100 millones. Por ello, el ajuste previsto para 2026 supondrá un desembolso extra de al menos 5.670 millones, cifra que crecerá con la entrada de nuevos pensionistas, cuyas prestaciones son de media un 17% superiores a las de quienes causan baja. Si se toma como referencia la última nómina de noviembre, la pensión media de jubilación del sistema, actualmente en 1.511 euros, aumentará unos 40,7 euros al mes, es decir, unos 571 euros al año. La pensión media total, que incluye todas las modalidades y regímenes, situada en 1.316 euros, subirá unos 35,5 euros mensuales, lo que representa 497 euros en todo 2026. La normativa que vincula las pensiones al IPC también establece incrementos automáticos para las bases máximas de cotización y para la pensión máxima. Las bases máximas aumentarán en la misma medida que el IPC más 1,2 puntos, de modo que en 2026 crecerán alrededor de un 3,9%, hasta situarse cerca de 5.101 euros al mes. La pensión máxima, por su parte, se revalorizará con el IPC más un 0,115%, alcanzando en 2026 los 3.359,6 euros mensuales en catorce pagas. En cuanto a los autónomos, sus pensiones también subirán, aunque en menor cantidad. La pensión media de este colectivo ronda los 912 euros mensuales, lo que se traducirá en un incremento de unos 24,6 euros al mes, unos 344 euros a lo largo del año. La mayoría de estas prestaciones son de jubilación -más de 1,2 millones- y la pensión media de este grupo, situada en 1.012 euros, aumentará en torno a 27,3 euros mensuales, unos 382,5 euros en el total del ejercicio.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF