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(El Periódico, 31-03-2026) | Laboral

Hasta 18.000 euros por contratar, ya es una realidad

En los últimos días ha cobrado protagonismo una línea de ayudas destinada a autónomos que contraten a su primer trabajador, aunque no está disponible para todo el mundo ni en cualquier situación, ya que su acceso depende de condiciones específicas y de convocatorias concretas que activa cada comunidad autónoma. En el caso de Andalucía, estos incentivos forman parte de programas de impulso al empleo promovidos por la Junta, que contemplan subvenciones para la contratación indefinida, especialmente en pequeñas empresas y entre trabajadores por cuenta propia. Las cantidades pueden ser elevadas, incluso alcanzar o superar los 18.000 euros, pero varían según las características del contrato y del trabajador contratado. No se trata de un pago generalizado, sino de un sistema pensado para favorecer el empleo estable. Por ello, se priorizan los contratos indefinidos y se presta especial atención a colectivos con más dificultades para acceder al mercado laboral. De forma general, estas ayudas incluyen mayores cuantías cuando se contrata a jóvenes, personas mayores de 45 años o desempleados de larga duración, exigen mantener el empleo durante un periodo mínimo, suelen requerir una jornada de al menos el 50 por ciento y obligan a cumplir con todas las obligaciones fiscales y laborales. Además, no existe una única ayuda, sino varias líneas dentro del mismo programa, lo que explica que las cuantías puedan variar. Uno de los errores más comunes es pensar que cualquier autónomo puede acceder automáticamente a estas ayudas. En realidad, es necesario presentar la solicitud dentro de una convocatoria abierta, cumplir todos los requisitos administrativos y que exista presupuesto disponible. Por tanto, no es una ayuda garantizada, sino una subvención sujeta a un proceso y a control por parte de la administración Este programa se complementa con otras medidas vigentes en Andalucía, como ayudas para nuevos autónomos con importes iniciales, bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social conocidas como cuota cero y subvenciones adicionales para fomentar la contratación estable en pequeñas y medianas empresas. Todo ello forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer el tejido empresarial y promover el empleo de calidad en la comunidad. En definitiva, estas ayudas existen y ya se están aplicando, pero no son universales ni automáticas, sino instrumentos diseñados para incentivar la contratación estable bajo condiciones concretas

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(Expansión, 31-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bizum permitirá pagar en comercios físicos con el móvil a partir de mayo

La conocida aplicación de envío de dinero apuesta por ofrecer pagos rápidos, sencillos y sin fricciones, incluso sin conexión a Internet, además de comisiones más bajas que las de Visa y Mastercard. Bizum, la herramienta impulsada por la banca española, está a punto de dar un paso importante en su evolución. A partir de mayo, sus 30 millones de usuarios podrán pagar sus compras en cualquier tienda o gran superficie directamente desde el móvil, según fuentes del sector financiero. Este tipo de pagos comerciales es donde realmente se concentra el mayor volumen de transacciones, más allá de los envíos entre particulares. La experiencia será muy similar a la de Apple Pay o Google Pay, manteniendo altos estándares de seguridad. Los pagos se realizarán de forma contactless mediante tecnología NFC, acercando el móvil al terminal de pago, sin necesidad de introducir PIN. Para utilizarlo, bastará con descargar la app de Bizum, aunque algunos bancos también estudian integrar esta función en sus propias aplicaciones. Estará disponible tanto en dispositivos iOS como Android. Una de las diferencias clave frente a Visa y Mastercard es que los comercios recibirán el dinero de forma inmediata, ya que se trata de transferencias directas entre cuentas. En cambio, con las tarjetas tradicionales suele haber un retraso en la liquidación, dependiendo del contrato. A diferencia de los envíos entre particulares, que son gratuitos, Bizum sí cobrará a los comercios por este servicio. Aun así, fuentes cercanas indican que las tarifas serán más bajas que las de las grandes redes de tarjetas, lo que podría obligar a estas a reducir sus comisiones, al menos para grandes clientes, con el fin de mantenerlos. Cada entidad bancaria definirá su estrategia comercial tras Semana Santa. En general, las grandes cadenas como Mercadona o El Corte Inglés podrán negociar mejores condiciones, como ya ocurre con Visa y Mastercard. Según el Banco de España, los pequeños comercios llegan a pagar entre tres y cuatro veces más que las grandes empresas por aceptar pagos con tarjeta, alcanzando en algunos casos hasta el 1% del importe de la compra. Si Bizum convence a los comercios tanto por su funcionamiento como por sus costes, el uso de tarjetas de crédito y débito podría reducirse notablemente. Aun así, es poco probable que desaparezcan por completo, especialmente en zonas turísticas donde los visitantes suelen pagar con tarjeta. El nuevo sistema, denominado Bizum Pay, funcionará como una cartera digital donde también se podrán añadir entradas u otras tarjetas, como las de fidelización. Otra ventaja destacada es que Bizum puede procesar pagos incluso sin conexión a Internet, algo que no ofrecen las redes tradicionales. En el ámbito del comercio electrónico, Bizum ya tiene presencia desde hace tiempo y ha ido ampliando acuerdos con grandes empresas. Por ejemplo, permite pagar billetes en la web de Renfe, donde aparece como alternativa a la tarjeta, puntos o PayPal. Además, cuenta con acuerdos con compañías como Air Europa, El Corte Inglés, Aliexpress o MediaMarkt, y también está disponible como método de pago en Amazon, algo poco habitual para empresas no estadounidenses. El año pasado, Bizum gestionó 105 millones de operaciones en comercio electrónico, lo que equivale a una media diaria de 289.000 transacciones.

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(Expansión, 31-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Industria y alimentos, en jaque por el alza de plásticos, aluminio o fertilizantes

La intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán supera ya el mes de duración y no muestra señales claras de terminar pronto. Esto ocurre pese a las declaraciones de Donald Trump, a menudo ambiguas y contradictorias, que aseguran que el conflicto está prácticamente resuelto, mientras deja entrever la posibilidad de ocupar militarmente la isla de Jarg, epicentro de la industria petrolera iraní, lo que podría intensificar y prolongar aún más la guerra. Lo evidente es que el conflicto ha desestabilizado profundamente Oriente Próximo, se intensifica con el paso de los días y ya está generando consecuencias muy graves. El bloqueo del estrecho de Ormuz está afectando de forma directa al suministro global de petróleo y gas, elevando notablemente sus precios (un 44% en el caso del crudo y un 85% en el gas en apenas un mes). Además, esta situación está desencadenando un efecto en cadena en la industria. El fuerte encarecimiento de la energía ha provocado, a su vez, una subida acelerada de materias primas clave para la producción industrial, como plásticos, azufre o aluminio. También está impactando en los fertilizantes, fundamentales para la agricultura. Organismos internacionales como el FMI, la ONU o Coface alertan de esta situación. Esta última entidad señala que el riesgo en el crédito comercial ha aumentado considerablemente debido al impacto del conflicto en toda la cadena productiva. El incremento del precio del petróleo y el gas repercute en múltiples sectores, generando un "efecto contagio" en industrias como la minería, la aviación o la manufactura, siendo especialmente afectados los productos petroquímicos y el aluminio. Por ejemplo, la nafta -derivada del petróleo y utilizada en la fabricación de plásticos y disolventes- ha superado los 1.000 dólares por tonelada en Singapur, lo que supone un aumento de más del 60% desde el inicio de la ofensiva. El azufre, esencial para procesos como la extracción de cobre y níquel (clave en baterías), también ha subido un 25% en un mes, poniendo en riesgo a grandes productores como Chile, la República Democrática del Congo o Indonesia. El aluminio, que ya venía encareciéndose en el último año, ha acelerado aún más su subida. A todo ello se suma un problema especialmente preocupante: el aumento del precio de los fertilizantes, con consecuencias directas sobre la alimentación global. El cierre del estrecho de Ormuz, por donde transitaba un tercio de los fertilizantes transportados por mar, coincide además con la temporada de siembra en el hemisferio norte. Esto amenaza la producción agrícola, reduce los rendimientos y presiona al alza los precios de los alimentos, según advierte el FMI, que también destaca las interrupciones en las cadenas de suministro de insumos clave. Aunque el impacto es global, no afectará a todas las regiones por igual. El FMI señala que Oriente Próximo, África, Asia-Pacífico y América Latina serán las zonas más vulnerables al encarecimiento de alimentos y fertilizantes, así como a condiciones financieras más estrictas. Los países más pobres, en particular, podrían enfrentar graves problemas de seguridad alimentaria y necesitar ayuda internacional. Este análisis coincide con el de la UNCTAD, que advierte de que el aumento de los costes energéticos, de fertilizantes y del transporte pone en riesgo tanto la producción como el suministro de alimentos, además de elevar sus precios. A la interrupción del comercio global provocada por el bloqueo de Ormuz se suma que una parte importante de los fertilizantes se produce en el Golfo, región directamente afectada por la guerra. Según Coface, esta zona concentra cerca del 19% de las exportaciones mundiales de fertilizantes nitrogenados y el 36% de la producción de urea. No obstante, el factor más determinante es el encarecimiento del gas natural, que representa hasta el 80% del coste de producción de estos fertilizantes. Por ahora, el impacto se ha centrado en productores de cereales en Estados Unidos, pero si la situación se prolonga, países como Brasil, India o incluso Europa podrían verse más afectados. De momento, las buenas cosechas y las reservas de grano están amortiguando el impacto en los precios de los alimentos, pero todo dependerá de cuánto se alargue el conflicto.

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(Cinco Días, 31-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Parlamento Europeo llega a un acuerdo sobre el euro digital y despeja su avance regulatorio

El primer obstáculo para avanzar en la regulación del euro digital ha quedado superado. Este desbloqueo ha sido posible gracias al cambio de postura del eurodiputado español Fernando Navarrete, responsable de coordinar la propuesta legislativa en el Parlamento Europeo. Inicialmente, el representante del Partido Popular Europeo condicionaba el desarrollo del proyecto del Banco Central Europeo (BCE) a que existiera antes una alternativa privada a nivel europeo, similar a un "Bizum" continental. Sin embargo, tras varias reuniones a puerta cerrada con el BCE, la Comisión Europea y otros eurodiputados, terminó cediendo. El último borrador del texto ya contempla el desarrollo completo del euro digital, tanto en su versión online como offline. Este acuerdo llega tras meses de negociaciones intensas. En un primer momento, Navarrete defendía una versión limitada del euro digital, en la que los pagos online -instantáneos en comercios, por internet o entre particulares- solo se desarrollarían si fallaban las soluciones privadas. En cambio, sí respaldaba la modalidad offline, pensada como alternativa al efectivo en situaciones sin conexión. No obstante, técnicos del BCE le trasladaron recientemente que una versión exclusivamente offline -y además con algunas características que él proponía, como pagos a distancia- no era viable ni desde el punto de vista técnico ni económico. Además, en reuniones con otros ponentes del Parlamento, Navarrete perdió apoyos suficientes para mantener su planteamiento inicial, lo que le llevó a modificar su propuesta y permitir que el proyecto avance con todas sus funcionalidades. Desde el inicio del debate, el eurodiputado se había mostrado crítico con el euro digital, defendiendo que debería ser una solución de respaldo y no prioritaria frente a alternativas privadas europeas. Su principal preocupación radica en el posible impacto sobre la estabilidad financiera, ya que teme que, en momentos de crisis, los ciudadanos retiren sus depósitos bancarios para convertirlos en euros digitales. Esta visión coincide con la del sector bancario, que ha mostrado reticencias hacia el proyecto. Las entidades financieras temen que el euro digital reduzca su rentabilidad y provoque salidas de depósitos. Como respuesta, la gran banca europea ha impulsado el desarrollo de una plataforma de pagos paneuropea, similar a Bizum, que conecte las distintas soluciones nacionales y compita con gigantes estadounidenses como Visa y Mastercard. El objetivo es lanzar transferencias internacionales entre particulares este mismo año y habilitar pagos en comercios en 2027. Precisamente ese año está previsto que el BCE inicie la fase piloto del euro digital, con la intención de ponerlo en circulación en 2029. Para cumplir este calendario, es clave que la legislación se apruebe durante este año, con la vista puesta en una votación en mayo, aunque algunas fuentes consideran que estos plazos podrían retrasarse. Pese al avance que supone el cambio de postura de Navarrete, aún quedan aspectos clave por resolver. Entre ellos, el límite de euros digitales que podrá acumular cada ciudadano y el sistema de compensación para los bancos, que serán los encargados de distribuir y gestionar su uso. Este último punto es especialmente delicado debido a las diferencias entre los grupos políticos. Desde el BCE, se insiste en la urgencia de avanzar en la regulación. Así lo destacó Piero Cipollone, miembro de su Comité Ejecutivo, quien subrayó la necesidad de contar con un marco legal cuanto antes. El contexto geopolítico y la dependencia de proveedores de pago estadounidenses han reforzado la voluntad europea de ganar autonomía en este ámbito. Mientras tanto, el desarrollo técnico del proyecto continúa, y el BCE prevé presentar antes del verano los estándares que regirán el euro digital, lo que también facilitará el desarrollo de soluciones privadas compatibles.

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(El País, 31-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los Gobiernos y bancos centrales del G-7 tomarán “las medidas necesarias” para estabilizar el mercado energético

Los ministros de Finanzas y Energía del G-7, junto con los bancos centrales de sus países miembros -Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia-, advirtieron este lunes que están preparados para tomar las medidas que sean necesarias con el fin de garantizar la estabilidad de los precios y reforzar la solidez del mercado energético ante el encarecimiento del petróleo provocado por la crisis en Oriente Próximo. Los responsables económicos de estas siete grandes economías se reunieron por videoconferencia para analizar las consecuencias globales del conflicto. Se trata del tercer encuentro desde el inicio de la guerra en Irán, aunque en esta ocasión también participaron los bancos centrales. La reunión fue impulsada por Francia, que ostenta la presidencia del grupo, y contó además con la presencia de representantes de la Agencia Internacional de la Energía, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Según fuentes del Ministerio de Economía francés, se trató de un encuentro excepcional tanto por la gravedad de la situación como por el elevado número de participantes. Tras más de dos horas y media de debate, no se anunciaron medidas concretas, pero sí se insistió en la necesidad de actuar de forma coordinada para proteger la estabilidad del mercado energético y reducir el impacto de la crisis tanto en la economía global como en los consumidores. En el comunicado final, los bancos centrales subrayaron que sus decisiones seguirán guiándose por la evolución de los datos económicos, y no por factores políticos, y que vigilarán de cerca cómo las tensiones en los precios de la energía influyen en la inflación. Desde el Gobierno francés destacan la importancia de su participación en un contexto marcado por la incertidumbre. Ya el pasado 9 de marzo, el ministro francés de Economía, Roland Lescure, había señalado que el G-7 estaba dispuesto a recurrir a sus reservas estratégicas de petróleo si fuera necesario, aunque entonces consideró que no era el momento de hacerlo. El cierre del estrecho de Ormuz, una vía clave entre Irán y Omán por la que transita una parte esencial del suministro mundial de petróleo y gas, ha provocado un fuerte aumento de los precios del crudo. Este escenario ha generado una de las mayores tensiones recientes en el mercado energético, según la Agencia Internacional de la Energía. Ante el temor a una escasez, el precio del barril ha superado los 100 dólares por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania, ya que por este paso circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Hace dos semanas, la Agencia Internacional de la Energía acordó liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas con el objetivo de calmar a los mercados y contener la escalada de precios. Se trata de una medida excepcional, adoptada en contadas ocasiones, que según fuentes francesas ha contribuido a estabilizar la situación. En su declaración, el G-7 respalda todas las acciones necesarias para asegurar el suministro de petróleo y gas, y contempla también medidas para gestionar la demanda en función de las circunstancias de cada país, con el fin de aliviar la presión sobre los mercados. Asimismo, pide a los Estados que eviten imponer restricciones injustificadas a la exportación de hidrocarburos.

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(El País, 31-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España ganó 234 millones en 2025 tras dos años sin beneficios

El Banco de España cerró 2025 con beneficios tras dos años en los que no logró resultados positivos. No obstante, estas ganancias se deben a las provisiones realizadas por la propia institución, que ascendieron a 541 millones de euros y permitieron evitar pérdidas de 307 millones. Gracias a ello, el resultado final fue de 234 millones, cantidad que se transferirá íntegramente al Tesoro Público. Desde 2023, cuando por primera vez no obtuvo beneficios, el organismo se enfrenta al mismo problema que otros bancos centrales: paga más por los depósitos de las entidades financieras de lo que ingresa por los activos de deuda que mantiene. En ese año tuvo que destinar 6.612 millones en provisiones para evitar pérdidas, cifra que aumentó a 7.549 millones en 2024. Aun así, contaba con suficientes reservas acumuladas en ejercicios anteriores -que alcanzaban los 33.000 millones en 2022- para absorber ese impacto. En 2025 también fue necesario recurrir a provisiones, aunque en menor medida. Según el supervisor, esto se explica por la reducción de los gastos por intereses asociados a los depósitos bancarios, debido tanto a la menor liquidez como a la caída de los tipos aplicados. En concreto, estos costes se redujeron en 3.588 millones, pasando de -8.036 millones a -4.448 millones, gracias a que el tipo medio bajó del 3,45% en 2024 al 2,07% en 2025 y a que las entidades depositaron menos excedentes. La bajada de los tipos oficiales iniciada por el Banco Central Europeo en junio de 2024, que se prolongó durante un año hasta situarlos del 4% al 2%, ha sido clave para mejorar la situación financiera del Banco de España. Según la institución, este cambio permitió recuperar márgenes positivos y volver a obtener beneficios. En cuanto a otros aspectos de las cuentas, los gastos de personal aumentaron en 25 millones, hasta alcanzar los 378 millones, mientras que los costes de producción de billetes descendieron de 68 a 61 millones. Por el lado de los ingresos, la cartera propia en euros y en divisas generó 3.038 millones, procedentes principalmente de activos de renta fija en distintas monedas, como dólares estadounidenses, libras esterlinas, dólares canadienses y renminbis. Además, las operaciones de intercambio de divisas aportaron 166 millones en intereses, especialmente en transacciones con yenes frente al dólar. También destaca la evolución del valor de las reservas de oro. Aunque el Banco de España mantiene más de nueve millones de onzas, igual que el año anterior, su valor aumentó en 10.484 millones de euros debido a la subida del precio del oro en los mercados. Al cierre de 2025, estas reservas estaban valoradas en 33.219 millones de euros, aunque esa cifra sería aún mayor con los precios actuales, que se acercan a los 4.000 euros por onza.

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(La Vanguardia, 31-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Consumo avisa a 13 inmobiliarias y que la prórroga de los alquileres es obligatoria

El Ministerio de Consumo ha remitido este lunes una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión para comunicarles que deberán ampliar de forma obligatoria los contratos de alquiler de aquellos inquilinos cuyos contratos finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, siempre que estos lo soliciten. Estas empresas gestionan en conjunto más de 100.000 viviendas en alquiler en España, según ha indicado el departamento dirigido por Pablo Bustinduy. La comunicación, enviada por el director general de Consumo, informa sobre la aprobación del real decreto ley con medidas urgentes en materia de vivienda, adoptado como respuesta al impacto económico de la guerra en Oriente Próximo. Este texto, aprobado el 20 de marzo en el Consejo de Ministros, incluye dos medidas principales para aliviar la presión sobre el mercado del alquiler: por un lado, la extensión de los contratos próximos a vencer y, por otro, un límite del 2% en la actualización anual de las rentas. El documento detalla el funcionamiento de esta prórroga extraordinaria para viviendas habituales. Los inquilinos podrán alargar su contrato hasta un máximo de dos años adicionales sin incremento del precio, siempre que la fecha de finalización esté comprendida entre el 22 de marzo de 2026, cuando entró en vigor la norma, y el 31 de diciembre de 2027. Según el ministerio, esto supone un nuevo derecho para los arrendatarios, que deberán solicitarlo, y que obligará a los propietarios a aceptarlo manteniendo las condiciones vigentes. Estas medidas afectan directamente al mercado del alquiler de vivienda habitual, ámbito en el que operan las empresas destinatarias de la carta. Consumo les ha pedido que actúen con diligencia para aplicar correctamente la norma y que adapten sus procedimientos internos para cumplirla de inmediato, aunque persisten dudas sobre su alcance real. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 21 de marzo y entró en vigor al día siguiente, pero necesita ser convalidado por el Congreso en un plazo máximo de un mes para mantenerse vigente. Esto ha generado incertidumbre sobre qué ocurriría con los contratos acogidos a esta prórroga si finalmente la medida no es ratificada, algo que podría suceder dado que actualmente cuenta con la oposición de varios grupos parlamentarios. De hecho, el Gobierno optó por separar este decreto del resto del paquete de ayudas económicas relacionadas con la guerra, a petición de su socio minoritario, ante la falta de apoyos suficientes para garantizar su aprobación en el Parlamento. El resto de medidas, valoradas en 5.000 millones de euros, se centra en paliar el encarecimiento de la energía provocado por el conflicto, e incluye principalmente rebajas fiscales en electricidad y carburantes, y ya ha sido aprobado por las Cortes. Según estimaciones de Consumo, la prórroga de los alquileres podría afectar a cerca de un millón de hogares en España, donde viven unos 2,7 millones de personas. Este cálculo se basa en contratos firmados entre 2021 y 2022 que ahora estarían próximos a expirar, aunque no incluye aquellos que ya se hayan extinguido antes de tiempo ni algunos casos específicos fuera del ámbito de aplicación de la norma.

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(El País, 30-03-2026) | Fiscal

Bruselas advierte a las capitales que tienen “menos margen fiscal” para responder que en crisis anteriores

La Comisión Europea observa cómo varios países de la UE están poniendo en marcha medidas para mitigar el encarecimiento de los combustibles provocado por el conflicto en Oriente Próximo, pero advierte de que su margen de actuación es ahora más reducido debido a crisis anteriores y al incremento del gasto en defensa. Así lo ha señalado el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, tras la reunión telemática mantenida este viernes con los ministros de Finanzas de la eurozona. El comisario también ha reconocido que el contexto económico se está deteriorando y ha alertado del riesgo de entrar en un escenario de "estanflación", caracterizado por bajo crecimiento y alta inflación. En ese caso, las estimaciones de Bruselas apuntan a una reducción del crecimiento de unas cuatro décimas respecto a las previsiones del pasado otoño, que situaban el aumento del PIB de la UE en el 1,4%. Esta caída podría ampliarse hasta seis décimas entre este año y el próximo si las tensiones en el estrecho de Ormuz se agravan y se prolongan. Dombrovskis ha subrayado que cualquier medida para proteger a la economía y a los ciudadanos debe cumplir ciertos criterios: ser selectiva, temporal, no incentivar el consumo de petróleo y gas, y estar alineada con los objetivos de descarbonización. Además, ha advertido de que estas políticas pueden tener un impacto significativo en las cuentas públicas. La preocupación de Bruselas se basa en los elevados niveles de deuda acumulados tras la crisis financiera, la pandemia y el episodio inflacionista reciente. Actualmente, la deuda pública se sitúa en torno al 82% del PIB en la UE y alcanza el 88,5% en la eurozona, con grandes diferencias entre países: Grecia supera el 150%, Italia ronda el 140%, Francia se sitúa en torno al 115% y España supera el 100%. A ello se suma que la prioridad fiscal actual pasa por el aumento del gasto en defensa -con 15 países con las reglas fiscales suspendidas por este motivo- y por las inversiones en transición digital y energética. La reunión del Eurogrupo, inicialmente prevista en Chipre, se celebró finalmente de forma telemática tras el inicio del conflicto y el lanzamiento de misiles por parte de Irán contra una base británica en la isla. Este contexto ha centrado el encuentro, que ha servido para coordinar posiciones entre los Estados miembros y la Comisión, que está preparando una guía de actuación común. Sin embargo, algunos países como España, Portugal o Grecia consideran que estas orientaciones llegan tarde, ya que ya han adoptado medidas propias; en el caso español, con un coste estimado de 5.000 millones de euros. Durante la reunión, el comisario incidió en el deterioro de las perspectivas económicas, aunque matizó que las cifras presentadas son más bien un ejercicio orientativo para medir el posible impacto del conflicto. Este escenario contrasta con el caso de España, donde el Banco de España ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento gracias al efecto de las medidas adoptadas, aunque también advierte de riesgos si la guerra se prolonga. Las previsiones de la Comisión parten de un precio del petróleo en torno a los 100 dólares en las últimas semanas. No obstante, Dombrovskis recalcó que el impacto final dependerá de la duración e intensidad del conflicto. En este contexto, la UE podría registrar un crecimiento menor y una inflación superior a la prevista inicialmente, que era del 2,1%, pudiendo incrementarse en aproximadamente un punto porcentual. La situación podría empeorar si persisten los problemas en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte mundial de petróleo y gas. En ese caso, el impacto negativo sobre la economía sería mayor, con una posible reducción adicional del crecimiento de hasta seis décimas en 2026 y 2027 respecto a las previsiones anteriores. Las nuevas previsiones oficiales de la Comisión se presentarán el 21 de mayo, aunque no se descarta que, si el conflicto continúa o se intensifica, los datos sean aún más negativos. Dombrovskis concluyó advirtiendo de que existen otros factores que podrían amplificar los efectos adversos de la crisis.

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(El Economista, 30-03-2026) | Fiscal

La nueva factura electrónica para pymes y autónomos arrancará el 1 de julio de 2027

El Ministerio de Economía calcula que la obligación de emitir facturas electrónicas para pymes y autónomos entrará en vigor el 1 de julio de 2027 para quienes facturen más de 8 millones de euros, y un año después, el 1 de julio de 2028, para aquellos con ingresos inferiores a esa cifra. Esta exigencia afectará a las operaciones entre empresas y profesionales dentro de España. Por ejemplo, un autónomo con un bar podrá seguir entregando tiques en papel a sus clientes particulares, pero deberá emitir facturas electrónicas cuando facture a proveedores que sean empresas. El Consejo de Ministros ya ha aprobado el real decreto que regula este sistema, aunque su aplicación efectiva dependerá de una orden ministerial de Hacienda que pondrá en marcha la solución tecnológica. Esta norma entrará en vigor un año después de su aprobación: primero para las empresas con mayor facturación y, posteriormente, para el resto. Si el objetivo es comenzar en julio de 2027, dicha orden debería aprobarse en torno a julio de este año. Según explica Èlia Urgell, responsable de producto en Wolters Kluwer Tax & Accounting España, los negocios afectados necesitarán un programa informático para emitir facturas electrónicas. Aunque se admitirán varios formatos, el más extendido será el UBL (Lenguaje Empresarial Universal), ya que será el que acepte la plataforma de la Agencia Tributaria. La solución pública que desarrollará Hacienda tendrá tres funciones principales: permitirá a pequeños negocios (con menos de 100 facturas anuales) generar facturas directamente; actuará como canal de intercambio de información entre sistemas; y servirá como archivo centralizado de todas las facturas. Muchas empresas optarán por utilizar esta plataforma pública porque cumple con todos los requisitos legales, aunque también podrán recurrir a soluciones privadas que ofrezcan servicios adicionales, como la gestión de albaranes. En este caso, deberán enviar una copia de la factura a la Agencia Tributaria con firma electrónica, mientras que en la plataforma pública bastará con identificarse mediante certificado digital. A diferencia de otras iniciativas como Verifactu, esta normativa obligará incluso a quienes actualmente utilizan herramientas básicas como Word o Excel a adoptar un software específico, ya que las facturas deberán emitirse en formato UBL. Una vez enviada la factura, el destinatario podrá consultarla desde la plataforma pública o a través de su propio sistema si está conectado. Después, deberá aceptarla o rechazarla. Si la acepta, tendrá que comunicar el pago en un plazo de cuatro días tras abonarla. Este proceso permitirá a la Administración controlar la morosidad y los plazos de pago. En el caso de plataformas privadas, también se podrán notificar pagos parciales. La implantación de la factura electrónica coincidirá en el tiempo con Verifactu, que obliga a empresas y autónomos a contar con un software que registre las facturas emitidas y, en algunos casos, las envíe automáticamente a Hacienda. Esta obligación comenzará el 1 de enero de 2027 para empresas y el 1 de julio del mismo año para autónomos. Por ello, se considera clave que los programas informáticos integren ambas funcionalidades, ya que de lo contrario la gestión se complicaría, especialmente en casos de facturas rechazadas que deban ser corregidas o anuladas.

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(El Economista, 30-03-2026) | Fiscal

El Supremo tumba los registros de Hacienda por ocultar a los contribuyentes que pueden negarse

El Tribunal Supremo ha asestado un importante revés a los procedimientos de registro de Hacienda. El alto tribunal determina que la Agencia Tributaria no puede dar por válido el consentimiento de un contribuyente para acceder a un domicilio constitucionalmente protegido -ya sea de una persona física o de una empresa- si en la información que se le facilita no se indica de forma expresa su derecho a oponerse o a retirar ese consentimiento. De acuerdo con la Constitución, para entrar en este tipo de domicilios es imprescindible contar con la autorización del titular o con una orden judicial. La sentencia, fechada el 12 de marzo y elaborada por el magistrado Francisco José Navarro Sanchís, anula tanto la liquidación como la sanción impuestas por Hacienda, al considerar que las pruebas obtenidas durante el registro no son válidas. El motivo es que el consentimiento del representante de la empresa estaba condicionado o no fue plenamente informado. En el momento de la inspección, los funcionarios entregaron un documento informativo en el que se indicaba como una obligación -y no como un derecho- que el contribuyente debía permitir la entrada. En dicho anexo se mencionaba que, si el lugar estaba protegido constitucionalmente, sería necesario el consentimiento o, en su defecto, autorización judicial. Sin embargo, el Supremo concluye que ese documento no cumple con la exigencia legal de informar claramente al titular sobre su derecho a impedir el acceso o a revocar su autorización en cualquier momento. Así, el tribunal establece que no basta con entregar un documento genérico sobre la normativa aplicable: para que el consentimiento sea válido, debe quedar claramente reflejado que el contribuyente puede negarse a la entrada o retirar su permiso en cualquier momento.

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