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(El País, 10-03-2026) | Laboral

El Supremo fija que el cobro simultáneo del plus de maternidad por los dos progenitores también se permite a los funcionarios

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido que el complemento de maternidad por aportación demográfica de las pensiones, vigente entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021, puede ser percibido al mismo tiempo por ambos progenitores siempre que cumplan los requisitos legales. Esta posibilidad también se extiende a los funcionarios jubilados del sistema de clases pasivas. Con anterioridad, el alto tribunal ya había fijado doctrina permitiendo esta percepción simultánea en el caso de los trabajadores incluidos en los distintos regímenes de la Seguridad Social. De este modo, el Supremo confirma que los funcionarios retirados que cotizaron en el régimen de clases pasivas también pueden cobrar este complemento de forma concurrente. En tres sentencias analizadas conjuntamente, la Sala subraya que su criterio coincide con el que ya venía aplicando la Sala de lo Social del propio tribunal para los afiliados al sistema general de la Seguridad Social. El reconocimiento de este derecho, tanto para trabajadores como para funcionarios -cuyas cotizaciones se integraban en clases pasivas hasta 2011- se produjo después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictara el 12 de diciembre de 2019 una sentencia en la que consideró discriminatoria la normativa española que regulaba este complemento. El motivo era que solo lo concedía a las mujeres con al menos dos hijos, excluyendo a los hombres que se encontraban en situaciones comparables. Tras este pronunciamiento, el complemento por aportación demográfica fue sustituido a partir del 4 de febrero de 2021 por el actual complemento para reducir la brecha de género. La resolución explica que el antiguo complemento se diseñó legalmente como un derecho individual para las madres, mientras que el nuevo complemento por brecha de género tiene un carácter único vinculado a cada hijo. Esto significa que, con la normativa actual, cada hijo solo genera un complemento económico que puede recibir uno de los progenitores, pero no ambos al mismo tiempo. El Supremo señala que el nuevo modelo responde a un planteamiento distinto, con un complemento de carácter individual que sustituye al anterior sistema. Además, advierte de que considerar incompatible el disfrute simultáneo del antiguo complemento podría provocar situaciones injustas, como que solo lo percibiera la madre o quien lo hubiera solicitado primero, o incluso que fuera necesario establecer criterios de reparto que no están previstos en la ley. Esto podría afectar, por ejemplo, a madres que ya tenían reconocido el complemento si posteriormente se concediera también al otro progenitor. En las sentencias dictadas, el Tribunal Supremo ha estimado los recursos presentados por tres hombres contra resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que habían respaldado la postura de la Seguridad Social, reconociendo finalmente su derecho a percibir este complemento en la pensión.

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(El Economista, 10-03-2026) | Laboral

Anuncio de nuevas ayudas de hasta 150.000 euros para apoyar el crecimiento de pymes y autónomos en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la puesta en marcha de nuevas ayudas que, según ha señalado, serán "pioneras en España" y estarán destinadas a impulsar el crecimiento de microempresas y trabajadores autónomos. Estas subvenciones podrán alcanzar los 150.000 euros en determinados casos si se cumplen ciertos requisitos. Durante un encuentro empresarial celebrado en Nueva York junto a la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, Ayuso explicó que su Gobierno pretende respaldar a las empresas que ya están en funcionamiento y desean ampliar su actividad, ofreciendo financiación directa para apoyar sus proyectos de expansión. La presidenta adelantó que el Consejo de Gobierno aprobará estas ayudas, que inicialmente podrán llegar hasta los 140.000 euros. Esta cantidad podrá incrementarse en 10.000 euros adicionales cuando la empresa beneficiaria desarrolle su actividad en alguno de los 142 municipios madrileños con menos de 20.000 habitantes. Las subvenciones estarán dirigidas a compañías con un máximo de nueve empleados y que lleven al menos tres años operando. Para acceder a ellas, las empresas deberán presentar un plan de negocio detallado que justifique su proyecto de crecimiento. La ayuda cubrirá hasta el 50 % de la inversión necesaria para llevarlo a cabo. Según Ayuso, la iniciativa busca favorecer que estas empresas continúen generando actividad económica y empleo. El Ejecutivo autonómico pretende así apoyar a las compañías en la fase posterior a su consolidación, un momento en el que suelen surgir dificultades como el acceso limitado a financiación para crecer o digitalizarse, la búsqueda y retención de talento especializado o la necesidad de adaptar el negocio a los cambios del mercado. Ayuso destacó que la Comunidad de Madrid sigue consolidándose como un entorno favorable para emprender. Como ejemplo, señaló que en febrero se registraron 439.678 trabajadores autónomos en la región, la tercera cifra más alta de toda la serie histórica y la mayor para ese mes. Estas nuevas ayudas se suman a otras medidas anunciadas previamente para apoyar a los autónomos. Los Presupuestos regionales de 2026 incluyen un aumento de 5,6 millones de euros -un 17,7 % más- en la partida destinada a este colectivo, que alcanzará los 37,1 millones de euros este año. Entre estas iniciativas figuran las ayudas directas para nuevos autónomos, que en 2026 llegarán a 5.600 euros por beneficiario en la capital y hasta 6.200 euros en casos especiales, como iniciar una actividad en municipios pequeños. En 2025 estas cantidades eran de 4.000 y 4.580 euros, respectivamente. También se amplía la denominada Tarifa Cero, que incluye a emprendedores mayores de 52 años que inicien una actividad por cuenta propia tras dejar de percibir la prestación por desempleo. Estas personas reciben una ayuda mensual de 480 euros -si sus ingresos no superan el 75 % del salario mínimo- además de una subvención que cubre el 100 % de sus cotizaciones a la Seguridad Social. En conjunto, el Gobierno regional prevé destinar entre 2025 y 2027 un total de 83,4 millones de euros en ayudas directas para apoyar a los trabajadores autónomos.

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(Cinco Días, 10-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España plantea en la UE un modelo de eurobonos por cinco billones de euros sin necesidad de compartir riesgos

El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán ha sacudido también el escenario político europeo. El riesgo de una nueva ola inflacionista derivada del encarecimiento del petróleo añade presión a los desafíos estructurales que afronta la Unión Europea. El bloque ya se enfrenta a la necesidad de reactivar su economía, reforzar su autonomía energética y militar y evitar quedarse rezagado en la competencia tecnológica global. Para abordar todos estos retos, Europa necesitará movilizar en los próximos años un volumen muy elevado de financiación: al menos 1,3 billones de euros anuales, según estimó Mario Draghi el pasado noviembre. Esta cifra supera con creces los 800.000 millones calculados inicialmente en septiembre de 2024, cuando el expresidente del Banco Central Europeo presentó su plan para reforzar la competitividad del continente. Además, la UE todavía carece de un activo seguro suficientemente atractivo que le permita financiarse en los mercados en las mejores condiciones. España defiende que la emisión de eurobonos podría ser una solución, una idea que también ha recibido el respaldo del Banco Central Europeo. El Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, propone crear un instrumento de emisiones gestionado por la Comisión Europea que alcance un volumen aproximado de cinco billones de euros en un periodo de cuatro o cinco años. A través de este mecanismo, los países de la zona euro podrían cubrir parte de sus necesidades de financiación sin necesidad de mutualizar la deuda ni compartir plenamente los riesgos. Desde el Ministerio señalan que Europa necesita contar con un activo común que sirva de referencia en los mercados y consideran que el momento actual ofrece una oportunidad para impulsarlo. La propuesta plantea ampliar y prolongar en el tiempo las emisiones que ya realiza la Comisión Europea. Bruselas emite de forma regular bonos respaldados por el presupuesto comunitario para financiar distintos programas, entre ellos el plan de seguridad y adquisición de armamento SAFE, las ayudas crediticias previstas para Ucrania en 2026 y 2027 y, sobre todo, el fondo Next Generation. Actualmente hay en circulación más de 750.000 millones de euros en bonos emitidos por la Comisión. Sin embargo, esta cifra todavía es insuficiente para convertirlos en un activo de referencia comparable, por ejemplo, con la deuda pública alemana. Además, muchos de estos instrumentos tienen una duración limitada, lo que reduce su atractivo para los grandes inversores internacionales que buscan activos estables para carteras a largo plazo. Por este motivo, el Banco Central Europeo pidió a los líderes europeos el pasado febrero la creación de un activo común altamente líquido y seguro en toda la zona euro que amplíe la oferta de garantías de calidad sin debilitar los incentivos a mantener políticas fiscales prudentes. Para que un activo soberano europeo resulte atractivo debe contar con un volumen significativo. En este sentido, los cinco billones de euros planteados se consideran una dimensión adecuada para captar el interés de los inversores internacionales. Esta cifra coincide con la propuesta presentada en mayo por los economistas Olivier Blanchard y Ángel Ubide, que plantean emitir eurobonos por un valor equivalente al 25% del PIB de la Unión Europea. Aun así, seguiría siendo un mercado mucho más pequeño que el estadounidense, donde la deuda pública alcanza unos 30 billones de dólares. Desde el Ministerio de Economía subrayan que la Comisión Europea cuenta con acceso al mercado y mantiene una calificación crediticia triple A, pero advierten de que actualmente se financia a un coste mayor que otros emisores con la misma nota debido a la incertidumbre sobre sus futuros planes de emisión. Esa situación, según señalan, genera ineficiencias que suponen un coste relevante en intereses. La idea que el ministro Carlos Cuerpo ha trasladado a sus socios europeos consiste en que la Comisión centralice la emisión de una parte de las necesidades de financiación de los Estados miembros y posteriormente canalice esos recursos hacia cada país. Con ello se lograría un ahorro en los costes de financiación que, según las estimaciones del Ministerio, podría alcanzar varios miles de millones de euros anuales. Actualmente, los principales emisores europeos acumulan alrededor de ocho billones de euros en deuda soberana en circulación. De esa cantidad, más de 2,5 billones corresponden a Alemania y cerca de un billón a España. Sin embargo, se trata de emisiones dispersas entre distintos países. El modelo de activo seguro propuesto por España implicaría que la Comisión Europea asumiera una parte de las necesidades de financiación soberana, mientras que cada Estado continuaría cubriendo el resto mediante sus propias emisiones. De esta forma, se evitaría el llamado riesgo moral, ya que cualquier desviación presupuestaria se reflejaría en mayores costes en la parte de deuda emitida directamente por cada país. El contexto político para avanzar en esta idea parece ahora algo más favorable que en el pasado. Durante años Alemania encabezó la oposición a los eurobonos, en un momento en el que podía emitir deuda incluso a tipos negativos gracias a la fuerte demanda de sus bonos, considerados los más seguros de la zona euro. Sin embargo, la situación ha cambiado. Las primas de riesgo se han reducido hasta niveles similares a los previos a la crisis del euro y Alemania se prepara para aumentar su deuda con el objetivo de impulsar el gasto público. Según fuentes del Ministerio de Economía, existe un cambio de mentalidad creciente motivado por la necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea, aunque reconocen que el proyecto de crear un activo seguro común aún se encuentra en una fase inicial. Otra de las iniciativas impulsadas por España para reforzar la financiación de la economía europea es el relanzamiento del mercado de titulizaciones bancarias. Este mecanismo consiste en transformar préstamos en bonos que pueden venderse en los mercados, permitiendo a los bancos obtener liquidez y liberar capital. Durante años fue una herramienta habitual en el sector financiero, pero el mercado se desplomó tras la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos en 2008. A pesar de diversos intentos regulatorios para reactivarlo en Europa, todavía no ha recuperado su tamaño anterior. El volumen de titulizaciones se ha reducido un 60% hasta los 157.000 millones de euros, apenas el 0,3% del PIB de la Unión Europea, muy lejos del 4% que representan en la economía estadounidense. El ministro Carlos Cuerpo se ha convertido en uno de los principales defensores de esta vía. Tras mantener reuniones con el sector financiero, tiene previsto plantear en el Eurogrupo la creación de una plataforma europea que permita a los bancos más pequeños acceder a este mercado. En el último año, grandes entidades como Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell han realizado operaciones de titulización por valor de unos 11.000 millones de euros para retirar activos de riesgo de sus balances, aunque las entidades medianas y pequeñas han tenido más dificultades para hacerlo. El objetivo de la propuesta es crear una plataforma que permita a bancos de menor tamaño participar en titulizaciones utilizando activos compartidos entre entidades de distintos países. Esto facilitaría transformar en bonos los préstamos concedidos a pequeñas empresas y autónomos. La iniciativa forma parte del Laboratorio Europeo de Competitividad, impulsado por España desde marzo del año pasado con el apoyo de Alemania, Francia, Italia, Polonia, Luxemburgo y Países Bajos. Entre las primeras medidas de este grupo se encuentra también la etiqueta Finance Europe, presentada el verano pasado, que busca canalizar hacia inversiones estratégicas parte de los 11 billones de euros que los ciudadanos europeos mantienen actualmente en cuentas o depósitos con baja rentabilidad.

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(Cinco Días, 10-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El G7 debate liberar conjuntamente sus reservas de petróleo ante la escalada de los precios

Los ministros de Finanzas de las siete principales economías occidentales estudian debatir hoy una posible liberación coordinada de reservas de petróleo con el objetivo de frenar la escalada de precios provocada por la guerra de Irán. El conflicto ha encarecido el barril cerca de un 50% en poco más de una semana, según informó el diario Financial Times y confirmaron posteriormente otros medios como Bloomberg. La propuesta, considerada una medida de emergencia poco habitual, se analizará junto al director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol. De acuerdo con estas informaciones, Estados Unidos y al menos otras dos capitales respaldarían la iniciativa. El G7 está formado por Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. Los países miembros de la AIE -que reúne a 32 de los mayores consumidores de crudo del mundo- cuentan con un sistema coordinado de reservas estratégicas para afrontar crisis de suministro, que suma alrededor de 1.200 millones de barriles. A esta cantidad se añaden otros 600 millones de barriles almacenados por empresas privadas que podrían ponerse en el mercado si fuera necesario. El cierre del estrecho de Ormuz ha interrumpido el paso de aproximadamente el 20% del petróleo que se consume a nivel mundial. Ante la imposibilidad de exportar, países como Irak o Kuwait han tenido que detener parte de su producción tras llenar su capacidad de almacenamiento. Según el Financial Times, las autoridades estadounidenses valorarían liberar entre 300 y 400 millones de barriles, una cifra similar a la pérdida de suministro procedente del golfo Pérsico. De materializarse, sería la mayor liberación de reservas registrada hasta ahora. El rápido encarecimiento del petróleo, que se intensificó durante el fin de semana al consolidarse la posibilidad de un conflicto prolongado, ya está trasladándose a los precios en las economías occidentales. Si la tendencia continúa, podría desencadenar una crisis económica de mayor alcance. La liberación de reservas buscaría contener el aumento de precios, al menos de forma temporal. No obstante, la evolución del mercado dependerá en gran medida de cuánto tiempo permanezca bloqueado el estrecho de Ormuz. Las reservas estratégicas se crearon de manera coordinada en 1974, tras la primera crisis del petróleo provocada por la guerra del Yom Kippur entre Israel y varios países árabes. Desde entonces, el mecanismo solo se ha utilizado en cinco ocasiones: en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania (en dos intervenciones), durante la primera Guerra del Golfo, después del huracán Katrina y tras la interrupción de las exportaciones de Libia. Según Bloomberg, algunos gobiernos europeos temen que Estados Unidos -que ya concedió una excepción a India para comprar crudo ruso- pueda suavizar también las sanciones energéticas contra Moscú. La primera activación de estas reservas se produjo en 1991, durante la primera Guerra del Golfo y la operación "Tormenta del Desierto", cuando se liberaron 75 millones de barriles. En 2005 se recurrió de nuevo al mecanismo tras los huracanes Katrina y Rita, con una inyección de unos 60 millones de barriles. En 2011, durante la guerra civil en Libia, se liberaron otros 60 millones. La intervención más reciente tuvo lugar en 2022, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando se pusieron en el mercado 180 millones de barriles en dos fases. De acuerdo con el Programa Internacional de Energía, cada país miembro de la AIE debe mantener reservas equivalentes al menos a 90 días de importaciones netas de crudo y estar preparado para responder de forma conjunta ante interrupciones graves del suministro global. Entre los países asiáticos, Japón dispone de reservas para unos 254 días -sumando las estatales y privadas-, mientras que Corea del Sur cuenta con alrededor de 210 días. China tiene cerca de 200 días de reservas y Taiwán entre 100 y 146 días. Por su parte, la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos alberga actualmente unos 415 millones de barriles, algo más de la mitad de su capacidad máxima, que ronda los 700 millones.

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(Expansión, 10-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump asegura que la guerra de Irán está "prácticamente terminada" y el petróleo ya está en 90 dólares

El precio del petróleo ha dejado de caer alrededor de los 90 dólares, mientras que la Bolsa de Nueva York ha revertido su tendencia y ahora registra ganancias. En una entrevista concedida a CBS, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el conflicto en Irán está evolucionando mucho mejor de lo esperado y señaló que está "prácticamente finalizado". Según explicó, la guerra avanza "muy por delante de lo previsto", ya que en un principio se estimaba que duraría entre cuatro y cinco semanas. El mandatario aseguró que los misiles iraníes están dispersos y que sus drones están siendo destruidos en numerosos puntos, incluso en sus propias instalaciones de fabricación. Durante la misma conversación, Trump también indicó que el estrecho de Ormuz ya se encuentra abierto y que varias embarcaciones están transitándolo, aunque añadió que está valorando la posibilidad de "tomar el control" de este paso marítimo clave para la economía mundial. El estrecho de Ormuz, donde el tráfico comercial había quedado prácticamente paralizado debido al conflicto, constituye la única salida del golfo Pérsico hacia el océano Índico. Por esta ruta circula alrededor del 20 % del petróleo mundial, además de importantes cargamentos de gas natural licuado (GNL). Asimismo, Trump mantuvo hoy su primera llamada telefónica del año con el presidente ruso, Vladimir Putin. Según informó Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa, la conversación -la primera entre ambos líderes desde diciembre de 2025- se prolongó cerca de una hora y se desarrolló en un tono "franco" y "constructivo". Estas declaraciones han contribuido a frenar la subida del precio del petróleo e incluso a provocar un descenso. Si durante la tarde el barril llegó a alcanzar los 100 dólares, posteriormente se situó alrededor de los 92, con un incremento diario del 10,5 %, muy por debajo del 30 % registrado en las primeras horas. El crudo de Texas, por su parte, bajó en cuestión de minutos desde los 115 hasta los 85 dólares. La Bolsa de Nueva York también logró recuperarse tras las fuertes caídas con las que comenzó la jornada, provocadas por el encarecimiento del petróleo y su impacto en los mercados. Después de descensos iniciales del 0,6 % en el S&P 500 y del 1 % en el Dow Jones, los principales índices de Wall Street cerraron con avances que van desde el 0,5 % en el Dow Jones hasta más del 1 % en el Nasdaq, mientras que el S&P 500 terminó con una subida del 0,8 %. Donald Trump anunció este lunes que algunas sanciones petroleras serán suspendidas de manera temporal para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo en zonas estratégicas. "Ciertas sanciones petroleras serán levantadas temporalmente para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo a través de zonas estratégicas como el Golfo", afirmó el mandatario estadounidense durante una rueda de prensa brindada en el Doral, Florida. El mandatario indicó que las sanciones se mantendrán levantadas "hasta que la situación se arregle" y añadió que, si se logra la estabilidad, "tal vez no tengamos que volver a aplicarlas", dejando abierta la posibilidad de que algunas de estas restricciones no se impongan en el futuro.

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(Expansión, 10-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Cuerpo: "Ya estamos notando el inicio de los efectos de esta guerra en nuestro bolsillo"

El ministro de Economía ha señalado que el Gobierno contempla la posibilidad de aplicar un mecanismo similar al Escudo Social que se puso en marcha tras el encarecimiento de la energía provocado por la invasión rusa de Ucrania, aunque por ahora no se ha tomado una decisión definitiva. La tensión en los mercados energéticos ya empieza a trasladarse a la economía cotidiana. Así lo ha reconocido Carlos Cuerpo a su llegada a Bruselas para participar en la reunión del Eurogrupo, donde explicó que los efectos del conflicto ya se están empezando a notar en el bolsillo de los ciudadanos. La guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz han provocado un fuerte aumento en los precios del petróleo y del gas natural, que han subido aproximadamente un 40 % y un 90 %, respectivamente. Este encarecimiento se ha reflejado con rapidez en los carburantes: en apenas una semana el precio de la gasolina ha aumentado unos 15 céntimos por litro, mientras que el del gasóleo ha subido cerca de 28 céntimos. El ministro señaló que estas subidas ya se perciben en la vida diaria, algo que puede comprobarse en las estaciones de servicio, donde los precios han aumentado de forma notable. También recordó que el incremento del coste de la energía tiene un impacto especialmente significativo en sectores como el transporte, la agricultura o la pesca. Además, indicó que el encarecimiento del combustible está repercutiendo en el precio de materias primas clave, entre ellas los fertilizantes o los plásticos. Cuerpo advirtió de que, si el conflicto se prolonga, podría afectar a la actividad económica y al crecimiento en Europa, una región especialmente sensible a las variaciones del coste energético. Recordó que la energía representa uno de los principales gastos para las empresas europeas y que un aumento sostenido de los precios podría reducir su competitividad. Ante la posibilidad de que el actual shock energético derivado de la situación en Oriente Medio se prolongue más de lo previsto, los ministros de Finanzas de la zona euro debatirán posibles medidas para proteger la economía. En el caso de España, el Ejecutivo toma como referencia las actuaciones adoptadas en 2022, cuando los precios de la energía se dispararon tras la invasión de Ucrania. El ministro aseguró que el Gobierno actuará para proteger a ciudadanos, empresas y trabajadores, tal como hizo durante aquel episodio. También afirmó que la experiencia adquirida entonces permite ahora responder con mayor rapidez y eficacia ante una situación similar. Tras el inicio de la guerra en Ucrania, el Ejecutivo puso en marcha el llamado Escudo Social, un conjunto de medidas orientadas a frenar el impacto de la inflación. Entre ellas se incluyeron el límite al precio del gas utilizado para producir electricidad, ayudas al combustible, iniciativas relacionadas con el transporte público y reducciones fiscales en algunos alimentos. No obstante, el ministro evitó concretar qué nivel de incremento en los precios de la energía podría desencadenar nuevas medidas de apoyo. Explicó que la decisión dependerá menos de las fluctuaciones puntuales de las materias primas y más de la duración del conflicto, ya que una crisis prolongada sería la que podría reactivar las presiones inflacionistas. En este contexto, se limitó a señalar que el Gobierno intervendrá cuando sea necesario y con la intensidad que requiera la situación para proteger a ciudadanos, empresas y trabajadores.

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(El País, 10-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor alcanza su nivel más alto en casi un año ante el temor a subidas de tipos de interés

El euríbor ha comenzado a subir con rapidez desde el inicio del conflicto en Irán. El principal índice de referencia para las hipotecas ha pasado del 2,222% registrado el viernes 27 de febrero -última jornada antes del estallido de la guerra- al 2,367% alcanzado este lunes. Este incremento, producido en apenas seis sesiones, sitúa al indicador en su nivel diario más alto en casi un año, concretamente desde el 21 de marzo de 2025. Además, la tendencia es claramente alcista: desde que comenzaron los bombardeos, el euríbor ha encadenado subidas día tras día. La explicación de este repunte está ligada al encarecimiento de la energía. Con el precio del petróleo superando los 100 dólares por barril y el gas natural también al alza -lo que eleva el coste de la electricidad-, crece el riesgo de que la inflación vuelva a repuntar. Este escenario reabre un debate que parecía cerrado: la posibilidad de que el Banco Central Europeo vuelva a elevar los tipos de interés. Solo con que se plantee esa opción, el euríbor reacciona al alza. Desde Bank of America señalan que la experiencia histórica demuestra que aumentos intensos y prolongados en el precio del petróleo pueden provocar ciclos inflacionarios persistentes. Aunque su escenario inicial era más favorable, advierten de que la subida del crudo por encima de los 100 dólares podría resultar preocupante si se prolonga en el tiempo. Si esta tendencia continúa, podría adelantarse a marzo el momento en que los hipotecados con préstamos a tipo variable -cuyo interés se revisa cada 12 meses- comiencen a notar el aumento en sus cuotas. Hasta ahora se esperaba que esa subida no llegara hasta abril, ya que depende de la comparación con el euríbor de hace un año y el indicador se había mantenido relativamente estable. Algo parecido ocurrió en octubre con las hipotecas cuya revisión es semestral: entonces experimentaron un incremento por primera vez en casi dos años. En el caso de las revisiones anuales, los titulares de estos préstamos llevan sin ver aumentar sus cuotas desde marzo de 2024. Sin embargo, salvo que el indicador dé un giro inesperado, ese periodo de alivio parece próximo a terminar, probablemente en marzo o, como muy tarde, en abril, ya que la media del euríbor en ese mes del año pasado fue del 2,143%. La próxima reunión del Banco Central Europeo, prevista dentro de unos diez días, será clave para marcar el rumbo a corto plazo. Cualquier señal que sugiera que la institución de Fráncfort está considerando subir los tipos de interés podría impulsar aún más el euríbor. En cambio, si la presidenta Christine Lagarde y el resto del organismo descartan con firmeza esa posibilidad, el indicador podría relajarse. Todavía pasarán algunos meses antes de que las estadísticas reflejen si esta subida del euríbor afecta a la concesión de hipotecas. Los últimos datos disponibles corresponden a diciembre, cuando se cerró un año especialmente dinámico para el mercado hipotecario, con más de medio millón de préstamos firmados, la cifra más alta en 15 años pese a los elevados precios de la vivienda. El estallido de la guerra ha alterado las previsiones de estabilidad que manejaba la mayoría de los analistas. El consenso apuntaba a un euríbor prácticamente estable durante el resto del año, y el departamento de Análisis y Mercados de Bankinter lo situaba en una horquilla de entre el 2,25% y el 2,30% para 2026. Sin embargo, el nivel diario actual ya supera ese rango. Los expertos coinciden en que la evolución del indicador dependerá en gran medida de la duración del conflicto. Si la guerra es breve y no se prolonga durante meses o años, el euríbor podría volver a moderarse. Pero si el enfrentamiento se alarga y los precios de la energía continúan subiendo, el escenario podría favorecer nuevas alzas del índice.

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(El Economista, 09-03-2026) | Fiscal

El Supremo cierra definitivamente la puerta a tumbar el pago anticipado del impuesto de Sociedades

El Tribunal Supremo ha cerrado definitivamente la puerta a la posibilidad de eliminar la obligación que tienen las empresas de adelantar parte del impuesto de Sociedades a Hacienda. Actualmente, las compañías deben realizar tres pagos anticipados al año -en abril, octubre y diciembre- equivalentes, como mínimo, al 23% de sus beneficios. Posteriormente, cuando presentan la declaración definitiva del impuesto al año siguiente, la Agencia Tributaria ajusta el resultado y devuelve, en su caso, las cantidades abonadas en exceso, de forma similar a lo que ocurre con la declaración de la renta. Este sistema de pagos anticipados se introdujo inicialmente mediante un real decreto-ley aprobado en 2016. Aunque dicha norma fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2020, el legislador ya había previsto ese escenario y trasladó la misma obligación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018. El propio Tribunal Constitucional ya había respaldado el pasado 20 de noviembre la legalidad de este pago mínimo fraccionado del impuesto de Sociedades. En aquella ocasión, analizó si la medida podía vulnerar el principio de capacidad económica de las empresas al obligarlas a adelantar una cantidad que, en algunos casos, podría ser superior a la que finalmente les correspondería pagar. La sentencia del Tribunal Supremo, fechada el 20 de febrero, aborda el asunto desde otra perspectiva: si el legislador tenía competencia para modificar aspectos del impuesto de Sociedades a través de una ley de presupuestos. El artículo 134.7 de la Constitución prohíbe crear nuevos impuestos mediante la ley de presupuestos, aunque sí permite introducir modificaciones cuando la normativa del propio tributo lo autoriza. El fallo, cuyo ponente es el magistrado Manuel Fernández-Lomana, concluye que la normativa del impuesto de Sociedades sí permite que las leyes de presupuestos introduzcan cambios cuando sea necesario para cumplir compromisos derivados del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este tratado obliga a los Estados miembros a evitar niveles excesivos de déficit público. Según la sentencia, el real decreto-ley de 2016 estableció el pago mínimo anticipado precisamente para ayudar a cumplir esos objetivos de déficit. Aunque la ley de presupuestos de 2018 no lo mencione expresamente, el Supremo entiende que la finalidad era la misma. El tribunal explica que el método para calcular el pago fraccionado -basado en el resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio- se ha mantenido sin cambios, lo que permite deducir que también sigue vigente la motivación original de la medida: contribuir al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria exigidos por la normativa europea. Por ello, concluye que el legislador sí estaba habilitado para regular estos pagos dentro de la ley de presupuestos. Asimismo, el Supremo recuerda que el Tribunal Constitucional, en su resolución de noviembre, consideró que los pagos fraccionados constituyen una figura autónoma y no forman parte del núcleo esencial de la obligación tributaria principal. Esto implica que cuentan con una menor protección constitucional, por lo que no se ven afectados por la prohibición de crear o modificar tributos a través de la ley de presupuestos cuando no exista habilitación expresa. Por otro lado, el tribunal señala que la Ley de Presupuestos de 2018 entró en vigor en julio de ese año, por lo que no puede aplicarse al primer pago fraccionado del impuesto de Sociedades correspondiente a abril de 2018. Aunque la norma indicaba que debía tener efectos desde el 1 de enero de ese año, en abril todavía estaba vigente el real decreto-ley de 2016 -que sería anulado posteriormente en 2020-. En consecuencia, el Supremo considera que la regulación introducida por la ley de presupuestos no es retroactiva siempre que no afecte a ese primer pago del ejercicio. Finalmente, respecto a las devoluciones que Hacienda debe realizar por los pagos fraccionados correspondientes a 2016, 2017 y al primer pago de 2018, el tribunal recuerda que, si la Administración se retrasa en abonar los intereses correspondientes a esas cantidades, también tendrá que pagar intereses de demora sobre dichos intereses.

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(El País, 09-03-2026) | Laboral

España supera por primera vez el medio millón de autónomos extranjeros

Según las cifras correspondientes a febrero, en España hay 500.038 trabajadores autónomos de origen extranjero que gestionan sus propios negocios. En el último año, este colectivo ha crecido un 6%, mientras que el número de autónomos españoles apenas ha aumentado un 0,4%. Esta diferencia es incluso mayor que la que se observa en el empleo asalariado, donde los trabajadores extranjeros han aumentado un 7% en el último año frente al 1,7% de crecimiento entre los españoles. De este modo, de los 37.500 nuevos autónomos registrados en España en los últimos doce meses, 28.500 son extranjeros, lo que representa el 76% del total. En el caso del empleo por cuenta ajena, los trabajadores foráneos aportan alrededor del 60% de los nuevos puestos de trabajo, una proporción inferior. Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de la asociación de autónomos ATA (integrada en CEOE), señala que estos trabajadores están desempeñando un papel clave en el relevo generacional de determinados sectores que, sin su presencia, quedarían muy debilitados. Explica que actividades como el comercio afrontan un serio problema de continuidad porque muchos jóvenes españoles no desean emprender como autónomos. Además, recuerda que la mayoría de los comerciantes supera los 45 años, por lo que la falta de relevo agravaría aún más la crisis estructural del sector si no fuera por la llegada de emprendedores extranjeros. Por su parte, Alberto Riesco, profesor de Sociología de la Universidad Complutense que ha investigado el empleo autónomo entre inmigrantes, considera que este fenómeno no puede entenderse sin analizar las condiciones laborales de ciertos sectores. Según explica, actividades como la agricultura, la ganadería, la hostelería o el pequeño comercio tienen dificultades para encontrar sustitutos porque suelen ofrecer una rentabilidad reducida y exigen largas jornadas de trabajo. En muchos casos, el titular del negocio debe dedicar muchas horas para obtener ingresos modestos, lo que ha provocado que muchos trabajadores nacionales abandonen estas ocupaciones. Riesco añade que diversos estudios, tanto en España como en otros países, muestran que los inmigrantes procedentes de economías con menos recursos tienden a ocupar los espacios laborales que dejan los trabajadores locales. En su opinión, no se trata de que los extranjeros desplacen a los españoles, sino de que estos últimos se alejan de sectores especialmente exigentes. Además, recuerda que el trabajo autónomo suele implicar mayores cargas laborales: los autónomos trabajan de media 42 horas semanales, frente a las 35 de los asalariados, cuentan con menor protección social y, al final de su vida laboral, suelen recibir pensiones más bajas. Virginia Navajas, doctora en Ciencias Económicas y profesora de la Universidad de Córdoba, señala que la población extranjera presenta mayores niveles de temporalidad y suele concentrarse en sectores con peores condiciones laborales, lo que reduce sus alternativas profesionales. En este contexto, aceptar jornadas más largas o asumir el riesgo de emprender responde más a una estrategia de supervivencia e integración que a cuestiones culturales. Además, apunta que los proyectos migratorios suelen estar motivados por el deseo de mejorar la situación económica, lo que lleva a muchos inmigrantes a apostar por el autoempleo como una vía para alcanzar cierta estabilidad a medio plazo. En una línea similar, José María Arranz, catedrático de Economía de la Universidad de Alcalá, considera que el trabajo por cuenta propia representa para muchos inmigrantes una puerta de entrada al mercado laboral. Según explica, emprender puede resultar una forma más rápida de integrarse en la economía que esperar a conseguir un empleo por cuenta ajena con contrato. También destaca que este camino puede ayudar a sortear obstáculos administrativos, como las dificultades para homologar títulos académicos. Por último, María José Landaburu, secretaria general de la asociación de autónomos Uatae (vinculada a CC OO), apunta que, ante la falta de oportunidades laborales, el autoempleo se convierte con frecuencia en una alternativa para poder permanecer en España y asegurar una fuente de ingresos. Según afirma, cuando no se encuentran otras opciones, convertirse en autónomo puede ser una manera de construir un medio de vida y asentarse en el país.

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(El Economista, 09-03-2026) | Laboral

El gasto en pensiones para antiguos funcionarios del Estado crece un 57% desde 2019

En enero, el Ministerio de Seguridad Social destinó 1.758,3 millones de euros al pago de las pensiones del sistema de Clases Pasivas, del que se beneficiaron 736.793 antiguos funcionarios. Este gasto supone un aumento del 57,5% respecto al periodo previo a la pandemia. El incremento se explica principalmente por la jubilación de miembros de la generación del baby boom, que dentro de este colectivo ha crecido un 14,06%, así como por el elevado importe medio de las prestaciones que perciben estos antiguos empleados públicos. De mantenerse esta tendencia, el desembolso total previsto para finales de año en estas pensiones rondará los 24.600 millones de euros. Este aumento del gasto se produce a pesar de que el sistema de Clases Pasivas está en proceso de desaparición desde 2011, año en que dejó de incorporar nuevos cotizantes. Desde entonces, los funcionarios que se incorporan al empleo público pasan a cotizar en el Régimen General de la Seguridad Social. No obstante, muchos de los trabajadores que contribuyeron anteriormente a este sistema han alcanzado ahora la edad de jubilación, lo que explica el crecimiento del gasto en los últimos años. Tradicionalmente, el sistema incluía a funcionarios de la Administración General del Estado, policías nacionales, miembros de las Fuerzas Armadas -tanto permanentes como no permanentes-, guardias civiles, personal de la Administración de Justicia, docentes, trabajadores de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como registradores de la propiedad anteriores a 2015. También abarcaba a militares de diferentes escalas, personal de tropa y marinería profesional, alumnos de academias militares y a antiguos cargos del Gobierno como presidentes, vicepresidentes o ministros. Estos profesionales cotizaban al régimen de Clases Pasivas mediante la denominada Cuota de Derechos Pasivos, que les daba derecho tanto a su jubilación como a las prestaciones para sus familiares. El hecho de que el sistema esté cerrado a nuevas incorporaciones desde 2011 ha provocado que su peso relativo en la economía haya disminuido con el tiempo. Según el informe Proyecciones del gasto público en pensiones en España elaborado por el Ministerio de Seguridad Social en 2023, el gasto en estas pensiones ha pasado de representar el 1,4% del PIB en 2022 al 0,28% previsto para finales de 2025. Esta aparente contradicción -más gasto pero menor peso relativo- se explica en gran medida por el crecimiento del propio PIB, que reduce la proporción que representan estas prestaciones. El estudio también prevé que la relevancia de estas pensiones dentro de la economía seguirá reduciéndose progresivamente en las próximas décadas. Se estima que en 2030 el gasto representará el 1,18% del PIB, en 2040 el 1%, en 2050 el 0,79%, en 2060 el 0,61% y en 2070 el 0,38%. Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ofrece previsiones algo más prudentes. Según su último informe, el gasto en pensiones de Clases Pasivas equivaldrá al 1,2% del PIB en 2050, una cifra 0,41 puntos superior a la estimada por el Gobierno en 2023, mientras que para 2070 calcula un 0,3%, apenas 0,08 puntos menos que la previsión del Ejecutivo. En cualquier caso, para que este sistema tenga una presencia prácticamente residual en la economía habrá que esperar a las décadas de 2070 y 2080, cuando previsiblemente estas prestaciones se extingan debido al fallecimiento de los beneficiarios y de sus familiares con derecho a pensión. En enero de 2026, el gasto mensual en estas prestaciones equivalió aproximadamente al 0,1% del PIB español. Si se mantiene el ritmo actual, el peso acumulado de estas pensiones podría situarse en torno al 1,25% del PIB al finalizar el año. Según cálculos elaborados a partir de los datos del Ministerio de Seguridad Social, la pensión media del sistema de Clases Pasivas alcanza los 2.386,4 euros mensuales. Actualmente, la mayoría de los beneficiarios son funcionarios civiles y sus familias, que en enero sumaban 569.035 personas, el 77,2% del total. Les siguen los militares retirados y sus familiares, con 159.777 beneficiarios (21,7%). El resto corresponde a colectivos más reducidos, como mutilados y familiares afectados, víctimas de guerra o terrorismo y sus allegados (5.265), personas afectadas por VIH (710), así como militares, guardias civiles y policías nacionales condecorados con medallas que incluyen pensión vitalicia (159). También existen otros beneficiarios agrupados en distintas prestaciones, que suman 1.847 personas. En los últimos siete años, el mayor incremento del gasto se produjo entre 2021 y 2022, cuando el desembolso en pensiones de Clases Pasivas creció un 29,8% interanual, mientras que el número de beneficiarios solo aumentó un 2,2%. Este aumento se debió principalmente al incremento del gasto en jubilaciones civiles bajo la nueva legislación, que pasó de 861,6 millones de euros en enero de 2021 a 1.132 millones en enero de 2022. También influyó el crecimiento del gasto en pensiones para sus familiares, que subió de 72,2 a 94,2 millones de euros. A ello se sumó el incremento de las pensiones de militares retirados bajo la nueva normativa, que pasó de 185,5 millones en 2021 a 231,4 millones en 2022, así como el aumento de las prestaciones para sus familiares, que ascendieron de 48,6 a 62,7 millones de euros.

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