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(El Economista, 04-06-2026) | Laboral

El Gobierno divulgará la brecha salarial de género de las empresas de más de 100 empleados

La Comisión Europea aprobó hace tres años una nueva normativa destinada a reforzar las obligaciones empresariales en materia de igualdad salarial y reducir la brecha retributiva entre hombres y mujeres. Se trata de la directiva de transparencia salarial, cuya transposición al ordenamiento español acaba de iniciar el Gobierno y que obligará a las empresas con más de 100 empleados a remitir información sobre sus diferencias salariales por género a un organismo público. Estos datos serán publicados posteriormente en una plataforma accesible para facilitar comparaciones entre compañías del mismo sector y territorio. La norma europea, que España debe incorporar cuanto antes para evitar posibles sanciones similares a las que ya afronta por el retraso en la aplicación de la directiva de condiciones laborales, establece que las empresas con plantillas superiores a las 100 personas tendrán que informar periódicamente sobre hasta seis indicadores relacionados con la desigualdad retributiva entre hombres y mujeres. Entre ellos figuran la brecha salarial general, las diferencias en complementos y retribuciones variables, la mediana de esas diferencias, el porcentaje de trabajadores y trabajadoras que perciben pagos adicionales y la distribución de hombres y mujeres dentro de cada tramo salarial de la empresa. No obstante, el texto comunitario permite que cada Estado miembro rebaje el umbral de empleados a partir del cual se aplica esta obligación. En España, las medidas implantadas en 2020 sobre igualdad salarial ya afectan a empresas de más de 50 trabajadores, por lo que expertos en recursos humanos consideran posible que el Ministerio de Trabajo adopte ese mismo criterio en la nueva regulación. Toda la información será recopilada por un "organismo de seguimiento", que previsiblemente dependerá de los ministerios de Igualdad o Trabajo, y deberá publicarse en un formato sencillo y accesible que permita comparar datos entre empresas, sectores y regiones. Además, la normativa obliga a conservar visibles los datos correspondientes a los cuatro años anteriores. Las compañías con más de 250 empleados deberán remitir esta información anualmente, mientras que las de menor tamaño lo harán cada tres años. Luis Rodríguez Sacristán, director de Innovación y Transformación Digital de Compensa Capital Humano, considera que esta medida tendrá un importante impacto reputacional para las empresas, ya que quedarán expuestas públicamente a través de datos agregados que permitirán detectar posibles desigualdades internas. A su juicio, esta información podría influir tanto en las decisiones de candidatos como en las de trabajadores que estén valorando abandonar una compañía con peores indicadores que otras del mismo sector. Por su parte, Verónica Lande, responsable de Organization and Strategy de Michael Page, cree que la repercusión será mayor sobre las propias empresas que sobre empleados o aspirantes. Según explica, las compañías estarán obligadas a desarrollar planes para corregir las diferencias salariales injustificadas, ya que la directiva rebaja del 25% al 5% el margen permitido para justificar brechas salariales mediante criterios objetivos. Los expertos consultados coinciden en que la aplicación de esta normativa transformará la cultura organizativa de las empresas, que tendrán que justificar con mayor claridad las diferencias salariales, definir criterios objetivos para asignar complementos y retribuciones variables y establecer políticas transparentes sobre revisiones salariales y bandas retributivas. Además, quedará prohibido preguntar a los candidatos por el sueldo que percibían en su empleo anterior. Estas cuestiones también fueron abordadas en la jornada "Negociación colectiva y salarios: absentismo, transparencia retributiva y extranjería", organizada recientemente por la Asociación de Dirección de Relaciones Laborales (ADiReLab). Durante el encuentro, Rodríguez Sacristán defendió que ordenar y clarificar las políticas salariales podría contribuir a reducir el absentismo laboral al generar mayor confianza entre los trabajadores y disminuir situaciones de malestar interno. España volverá previsiblemente a incumplir el plazo fijado por Bruselas para adaptar esta directiva a su legislación nacional. Aunque el país parte de una situación más avanzada que otros socios europeos, el Ministerio de Trabajo apenas ha iniciado el proceso mediante una consulta pública dirigida a los agentes interesados. Esta misma semana, el departamento anunció que espera disponer de un borrador en las próximas semanas para negociarlo con sindicatos y patronal, aunque todavía no se conocen los detalles concretos de la futura norma. La Comisión Europea aún no ha publicado un informe sobre el grado de cumplimiento de los distintos países, ya que el plazo de transposición todavía no ha expirado oficialmente. Sin embargo, un análisis elaborado por la consultora Trusaic señala que solo Lituania, Eslovaquia e Italia habrían completado ya el proceso. Otros países, como Francia, Irlanda o Polonia, han presentado borradores iniciales, mientras que Alemania se encuentra en una fase similar a la española. En contraste, Portugal o Hungría ni siquiera habrían iniciado formalmente los trabajos. A pocas horas de que concluya el plazo concedido por Bruselas, la mayoría de los Estados miembros sigue lejos de culminar la adaptación de esta directiva. No obstante, la normativa fija que en 2031 todos los países deberán informar a la Comisión Europea sobre el grado de cumplimiento y los efectos de la medida. Dos años después, Bruselas elaborará un informe para el Parlamento Europeo y el Consejo basado en los datos aportados por las empresas y la evolución de la brecha salarial.

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(El Confidencial, 04-06-2026) | Laboral

EEUU plantea aranceles del 10% o 12,5% para 60 socios por fallos sobre el trabajo forzoso

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ha planteado imponer aranceles adicionales del 10% o del 12,5% a productos procedentes de 60 socios comerciales, entre ellos la Unión Europea, Reino Unido y China, al considerar insuficientes sus medidas contra el comercio de bienes fabricados mediante trabajo forzoso. "El hecho de que nuestros principales socios comerciales no frenen la entrada de productos elaborados con trabajo forzoso es inaceptable. Esto obliga a los trabajadores estadounidenses a competir en desventaja en los mercados internacionales", afirmó el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. El pasado 12 de marzo, la USTR abrió 60 investigaciones amparadas en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para analizar si distintas economías estaban aplicando de forma efectiva prohibiciones a la importación de mercancías producidas bajo condiciones de trabajo forzoso. Tras concluir esas pesquisas, el organismo estadounidense determinó que los países investigados no están actuando de manera adecuada ni eficaz para impedir la entrada de este tipo de bienes, una situación que, según Washington, perjudica al comercio de Estados Unidos y permite adoptar represalias comerciales bajo la citada normativa. En concreto, Estados Unidos considera que Canadá, Ecuador, la Unión Europea, Indonesia, México y Pakistán no están aplicando correctamente las restricciones a la importación de productos vinculados al trabajo forzoso. Además, sostiene que otras 54 economías -entre ellas China, India, Japón, Brasil, Australia, Reino Unido, Suiza, Corea del Sur, Arabia Saudí, Sudáfrica o Vietnam- ni siquiera cuentan con mecanismos eficaces para prohibir o controlar estas importaciones. Como consecuencia, la USTR propone aplicar nuevos gravámenes a todos los productos procedentes de las 60 economías investigadas. La propuesta distingue entre dos niveles de recargo. Los países que ya disponen de alguna normativa contra las importaciones vinculadas al trabajo forzoso, o que se han comprometido a implantarla mediante acuerdos comerciales recíprocos, afrontarían un arancel adicional del 10%. En cambio, para el resto de economías la subida sería del 12,5%. Greer defendió que Washington no seguirá tolerando lo que considera una situación de competencia desleal. Aunque reconoció que algunos socios han empezado a tomar medidas, insistió en que todos deben reforzar sus controles para evitar que el comercio internacional siga favoreciendo prácticas laborales abusivas.

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(El Confidencial, 04-06-2026) | Laboral

Una de cada cuatro pymes busca trabajadores en el extranjero porque no encuentra en España

España es, junto con Finlandia, el único país de la Unión Europea con una tasa de paro de dos dígitos, superior al 10%. Aunque el mercado laboral español atraviesa un periodo de creación de empleo, la reducción del desempleo se ha ralentizado en los últimos meses. Además, el país mantiene cerca de un millón de parados de larga duración que no consigue reinsertar en el mercado laboral. En paralelo, muchas empresas están recurriendo a la contratación en el extranjero ante las dificultades para cubrir vacantes en territorio nacional. De acuerdo con el Eurobarómetro de la Comisión Europea, un 26% de las pymes españolas ha intentado recientemente contratar trabajadores fuera de España. Este dato refleja claramente el desajuste entre la oferta y la demanda de mano de obra en el mercado laboral. El problema se hace aún más evidente si se tiene en cuenta que un 38% de las pequeñas y medianas empresas reconoce tener dificultades para encontrar perfiles adecuados a sus necesidades. Esta situación generalizada muestra que el desajuste afecta a múltiples sectores de la economía. Una parte relevante de los desempleados de larga duración no encaja con los perfiles que demandan las empresas, lo que pone de manifiesto que el problema no es únicamente cuantitativo, sino también de cualificación y condiciones laborales. En algunos sectores de menor valor añadido, las ofertas de empleo no alcanzan las expectativas mínimas de los candidatos, lo que contribuye a que muchas vacantes queden sin cubrir. De hecho, más de la mitad de las empresas que buscan personal en el extranjero lo hacen fuera de la Unión Europea. En concreto, el 58% recurre a mercados extracomunitarios, mientras que el 42% busca dentro de la UE. Esta estrategia permite cubrir puestos sin tener que elevar las condiciones laborales en el mercado interno, especialmente en empleos menos cualificados, mientras que para perfiles técnicos o especializados se recurre con mayor frecuencia a países europeos. El perfil más demandado por las pymes españolas en el exterior es el de trabajadores del sector de la construcción con formación o experiencia, que representan el 28% de las contrataciones internacionales. Este sector es precisamente uno de los más afectados por la falta de mano de obra, lo que también impacta en la capacidad de desarrollar vivienda en España. A ello se suman otros perfiles como fontaneros, instaladores de sistemas térmicos y de climatización, así como ingenieros civiles y otros profesionales técnicos necesarios para sostener la actividad constructora. La contratación en el extranjero también está impulsando el fenómeno migratorio vinculado al empleo, es decir, la llegada de trabajadores con contrato previo, un modelo ampliamente respaldado en el debate político. Según la Encuesta de Población Activa, la tasa de paro entre extranjeros continúa descendiendo a pesar del aumento de la inmigración, ya que una parte significativa encuentra empleo rápidamente tras su llegada. En 2025, el desempleo entre la población extranjera se redujo hasta el 15,4%, su nivel más bajo desde 2007.

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(Expansión, 04-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La actividad privada de España vuelve a crecer en mayo, a pesar del aumento de costes

La actividad del sector privado español volvió a crecer de forma moderada en mayo después de haberse contraído en abril, pese al fuerte aumento de los costes empresariales. Así lo refleja el índice PMI compuesto elaborado por S&P Global Market Intelligence, que avanzó hasta los 50,2 puntos frente a los 48,7 registrados el mes anterior. Durante mayo, los nuevos pedidos permanecieron prácticamente estancados, aunque las compañías continuaron reforzando sus plantillas a un ritmo sólido. Además, la confianza empresarial mejoró y alcanzó su nivel más elevado de los últimos tres meses. En paralelo, los costes de compra experimentaron el mayor incremento desde noviembre de 2022, mientras que la subida de los precios cobrados por las empresas se moderó hasta situarse en mínimos de tres meses. Por sectores, el PMI de servicios repuntó hasta los 50,1 puntos desde los 47,9 de abril, mientras que el indicador manufacturero descendió ligeramente, pasando de 51,7 a 51,2 puntos. Paul Smith, economista de S&P Global Market Intelligence, destacó que la estabilización de la demanda y de la actividad tras las caídas de abril supone una señal positiva y alimenta la expectativa de que la desaceleración económica en España sea moderada. No obstante, advirtió de que la situación de fondo sigue mostrando debilidad. En contraste, la actividad del conjunto de la eurozona continuó deteriorándose. El PMI compuesto, que engloba los sectores manufacturero y de servicios, bajó en mayo hasta los 48,5 puntos desde los 48,8 de abril, su nivel más bajo en un año y medio. En concreto, el PMI de servicios de la zona euro se situó en 47,7 puntos, una décima por encima del mes anterior aunque todavía en terreno contractivo, mientras que el indicador manufacturero redujo su expansión al pasar de 52,2 a 51,6 puntos. Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, señaló que el descenso de la actividad empresarial por segundo mes consecutivo aumenta la posibilidad de que la economía de la eurozona entre en contracción durante el segundo trimestre. Según sus cálculos, los datos del PMI apuntan a una caída trimestral del PIB del 0,2%, salvo que se produzca una mejora significativa en junio. El experto también alertó del aumento de las presiones inflacionistas, que podrían acercar la inflación al 4% en los próximos meses, complicando la situación para el Banco Central Europeo. En su opinión, el BCE intentará demostrar rapidez para evitar que la inflación se afiance, aunque al mismo tiempo deberá valorar el riesgo de elevar los tipos de interés en un contexto de enfriamiento económico y posible recesión. Williamson añadió que, aunque una subida de tipos podría entenderse como una medida preventiva, resultará más complicado justificar nuevos incrementos si la economía sigue perdiendo fuerza.

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(El País, 04-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La OCDE advierte de que algunas economías entrarán en recesión si el bloqueo del estrecho de Ormuz se prolonga

La economía mundial se encamina hacia una desaceleración que podría llevar a varios países a entrar en recesión o situarse muy cerca de ella, según las nuevas previsiones publicadas este miércoles por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En el escenario más negativo contemplado por el organismo, marcado por una prolongación de la guerra con Irán y un bloqueo del estrecho de Ormuz hasta bien avanzado 2027, el crecimiento del PIB global se reduciría al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027. Aunque estas cifras puedan parecer razonables para algunas economías desarrolladas acostumbradas a ritmos modestos, se sitúan claramente por debajo de la tendencia habitual de la economía mundial, que en lo que va de siglo ha superado con frecuencia el 3% anual salvo en episodios excepcionales como la crisis financiera o la pandemia. El escenario central que maneja la OCDE es menos severo y parte de la hipótesis de que los precios de la energía comiencen a moderarse a partir de mediados de este año, algo que solo se contempla en caso de alcanzarse una paz estable. Bajo ese supuesto, la economía global crecería un 2,8% en 2026 y un 3,1% en 2027. La diferencia entre ambos escenarios supone una pérdida acumulada de cerca de dos puntos de PIB mundial en dos años, equivalente a más de dos billones de euros, una cantidad superior al valor anual de todos los bienes y servicios producidos por España. La enorme volatilidad del contexto geopolítico está obligando a organismos internacionales y servicios de análisis a trabajar con distintos escenarios para evitar que las previsiones queden rápidamente desfasadas. La OCDE refleja esa incertidumbre de forma explícita: los términos "incierto" e "incertidumbre" aparecen 140 veces a lo largo de las casi 300 páginas del informe. El impacto económico no será homogéneo. La OCDE identifica como principales perjudicados a Asia, por su fuerte dependencia energética de Oriente Próximo, y a los países del golfo Pérsico, afectados tanto por el bloqueo del estrecho de Ormuz como por los elevados costes de reconstrucción de infraestructuras energéticas dañadas. No obstante, el organismo advierte de que Europa y Norteamérica tampoco quedarán al margen. El aumento de la inflación, los problemas de suministro, el endurecimiento de las condiciones financieras y el deterioro de la confianza podrían frenar notablemente la actividad económica en ambas regiones. Entre los datos más relevantes destaca la desaceleración prevista para China e India. En el caso chino, el crecimiento se situaría en el 4,5% este año y en el 4,3% el próximo, por debajo del 5% registrado recientemente y muy lejos de las tasas medias cercanas al 7% de la década anterior a la pandemia. La OCDE advierte además de que las economías emergentes importadoras de materias primas serán especialmente vulnerables, ya que tienen menos capacidad para asegurar suministros energéticos o proteger a hogares y empresas mediante ayudas públicas. Son países sin recursos energéticos propios y con un margen fiscal limitado para aplicar medidas de apoyo similares a las adoptadas en España. El informe dibuja además un posible círculo vicioso: la guerra impulsaría la inflación, lo que llevaría a los bancos centrales a mantener o elevar los tipos de interés, encareciendo la financiación y debilitando la inversión y el consumo. Según las previsiones de la OCDE, la inversión empresarial podría caer cerca de un 5% en la segunda mitad de 2027 respecto a un escenario de perturbación temporal. La inteligencia artificial tampoco escaparía al impacto económico. El encarecimiento de la energía elevaría el coste de funcionamiento de los centros de datos y complicaría el acceso a componentes estratégicos utilizados en los sistemas de IA. Además, la escasez de materias primas como el helio, esencial para la fabricación de microchips avanzados, podría ralentizar el desarrollo del sector. Todo ello reduciría tanto la capacidad como los incentivos para seguir invirtiendo en inteligencia artificial, especialmente en las economías que actualmente dependen del impulso de esta industria. En el caso de España, la OCDE mejora ligeramente sus previsiones de crecimiento respecto al informe de marzo. El organismo calcula ahora que el PIB avanzará un 2,2% en 2026, una décima más que en la estimación anterior y en línea con las previsiones del Gobierno. El crecimiento español seguiría muy por encima del previsto para Alemania, Francia o Italia. Para 2027 mantiene la previsión en el 1,7%. La economía española continúa mostrando una mayor capacidad de resistencia frente al deterioro internacional y es la única gran economía de la eurozona que mejora sus perspectivas. La OCDE considera que el crecimiento seguirá apoyado principalmente en la demanda interna, gracias al dinamismo del empleo, al consumo privado y a las inversiones vinculadas a los fondos europeos. En cambio, se muestra menos optimista sobre el sector exterior, ya que el incremento de las importaciones asociado al crecimiento interno no será compensado plenamente por la demanda internacional. Respecto a la inflación, el organismo prevé que España mantenga tasas relativamente elevadas durante los próximos años. El IPC armonizado alcanzaría el 3,3% en 2026 y el 2,9% en 2027, aún por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo, aunque por debajo de la media del G-20. La OCDE destaca que desde finales de febrero han aumentado de forma notable los precios del petróleo, el gas, los derivados energéticos y fertilizantes como la urea. Las rebajas fiscales destinadas a amortiguar el impacto energético ayudarán a contener parcialmente el golpe sobre los hogares, aunque la OCDE, al igual que el FMI, considera preferible que esas ayudas estén focalizadas en los colectivos más vulnerables y tengan carácter temporal, para limitar su impacto sobre las cuentas públicas. Pese al incremento del gasto derivado de estas medidas, el organismo prevé que la deuda pública española continúe reduciéndose gracias al crecimiento económico. La ratio de deuda bajaría al 98,5% del PIB en 2026 y al 97,3% en 2027. También se espera una mejora adicional del mercado laboral, con una tasa de paro por debajo del 10% el próximo año. Aunque las perspectivas para España son relativamente favorables en comparación con las de otras grandes economías, la OCDE insiste en que el país debería aprovechar el actual ciclo de crecimiento para reforzar su margen fiscal y prepararse para futuros shocks y para el envejecimiento de la población, un fenómeno que incrementará la presión sobre el gasto en sanidad y pensiones. Además, considera necesario impulsar reformas orientadas a elevar la productividad de la economía.

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(Expansión, 03-06-2026) | Fiscal

Bruselas cede a las presiones de España e Italia y flexibiliza las reglas fiscales por la crisis energética

La Comisión Europea ha decidido dar un paso atrás y flexibilizar las reglas fiscales comunitarias para permitir que los Estados miembros destinen hasta un 0,3% anual de su PIB a medidas dirigidas a amortiguar la crisis energética sin que ese gasto compute en el cálculo del déficit público, según adelantó Bloomberg y confirmó EXPANSIÓN. Con esta decisión, España e Italia logran que Bruselas modifique la postura que había mantenido desde el inicio de la crisis energética, cuando rechazaba introducir excepciones fiscales extraordinarias. La Comisión defendía entonces que alterar unas reglas todavía recientes podía dañar su credibilidad y, además, aumentar el riesgo de tensiones fiscales en el intento de contener el impacto económico de la crisis energética. La nueva flexibilidad tendrá límites concretos tanto en duración como en alcance. Por un lado, estará vigente únicamente hasta 2028, lo que obliga a concentrar el incremento del gasto en los próximos años. Por otro, solo podrán acogerse a esta excepción las ayudas destinadas a hogares y empresas vinculadas a la transición ecológica, como inversiones en energías renovables o electrificación. Quedarán fuera, por tanto, las iniciativas relacionadas con combustibles fósiles. En este punto, Bruselas se aproxima más a las tesis defendidas por España, que apostaba por impulsar nuevas inversiones destinadas a acelerar la electrificación europea. Italia, en cambio, había insistido más en la necesidad de reducir el impacto de la factura energética sobre familias y empresas sin diferenciar la tecnología utilizada. El margen adicional del 0,3% del PIB para gasto energético no supone una nueva cláusula de escape fiscal independiente, sino que se integrará dentro del aumento del 1,5% del PIB en gasto de defensa autorizado hasta 2028 para los países que activen esta flexibilidad nacional. Por ello, el límite máximo de desviación permitido no variará. España ya comunicó de forma retroactiva la activación de esa cláusula tras registrar en 2025 un gasto en defensa superior al previsto. La Comisión también impondrá restricciones al volumen total de gasto acumulado que podrá utilizarse mediante esta vía. Aunque el margen anual se sitúa en el 0,3% del PIB, el gasto total autorizado no podrá superar el 0,6% del PIB durante los tres años de vigencia de esta flexibilidad fiscal. De este modo, algunos países podrán optar por concentrar el gasto en los ejercicios de 2026 y 2027 aprovechando el máximo anual permitido, mientras que otros podrían distribuirlo de forma más gradual hasta 2028, utilizando alrededor de un 0,2% del PIB en cada ejercicio.

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(Expansión, 03-06-2026) | Fiscal

Hacienda ha incorporado a sus recursos de investigación Pathfinder, un sofisticado software de análisis forense digital

El sistema supone uno de los desarrollos más avanzados en inteligencia de datos aplicada a la lucha contra el fraude. La Agencia Tributaria española ya dispone de licencias para utilizar cuatro aplicaciones integradas en esta plataforma tecnológica. Las herramientas diseñadas inicialmente para ámbitos militares y de inteligencia han encontrado ahora un nuevo uso dentro de la administración tributaria española. El Ministerio de Hacienda ha incorporado a sus métodos de investigación Pathfinder, un sofisticado software de análisis forense digital desarrollado por la empresa israelí Cellebrite. Más que un programa convencional, se trata de una tecnología de última generación orientada al análisis masivo de información y a la detección de conexiones ocultas que podrían pasar inadvertidas mediante métodos tradicionales. Cellebrite, la compañía responsable del desarrollo de este sistema, cuenta entre sus especialistas con antiguos integrantes de la Unidad 8200, el conocido servicio de inteligencia militar israelí centrado en espionaje de señales. Esta unidad ganó notoriedad tras una operación de ciberinteligencia vinculada al ataque a la red de semáforos de Teherán, utilizado para localizar a dirigentes iraníes antes de una ofensiva aérea que acabó con la vida de decenas de responsables del régimen. En sus orígenes, Pathfinder no estaba orientado a la persecución del fraude económico, sino a entornos de seguridad y operaciones especiales. Sus primeros usuarios fueron organismos como Lahav 433 -la unidad policial israelí especializada en crimen organizado y delitos tecnológicos-, el servicio de inteligencia interior Shin Bet y fuerzas especiales israelíes. En esos escenarios, el programa destacó por su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos obtenidos previamente mediante UFED, otra herramienta de Cellebrite diseñada para extraer información de teléfonos móviles y cuyo uso llegó a generar polémica en Israel por posibles vulneraciones de la privacidad. El analista especializado en inteligencia Eric Frattini explica que Pathfinder funciona principalmente como una potente plataforma de análisis más que como un sistema de intrusión directa. Según señala, su función principal no consiste en acceder remotamente a dispositivos, sino en examinar y cruzar la enorme cantidad de datos ya obtenidos mediante técnicas forenses. Una vez recopilada la información, los algoritmos de inteligencia artificial del sistema analizan mensajes, ubicaciones, contactos, fotografías y eventos almacenados en los dispositivos. A partir de esos datos, el software identifica patrones de comportamiento, detecta anomalías y reconstruye relaciones personales y desplazamientos geográficos en cuestión de segundos. La Agencia Tributaria española ha adquirido licencias para utilizar las cuatro principales aplicaciones de esta plataforma. Entre ellas figuran herramientas de análisis de vínculos para detectar relaciones societarias o personales, sistemas de identificación temática capaces de localizar expresiones o códigos específicos y programas de clasificación automática de archivos multimedia mediante inteligencia artificial. La función considerada más avanzada es el rastreo cruzado de investigaciones, que permite comparar datos entre expedientes distintos para localizar conexiones ocultas, como números de teléfono coincidentes o patrones repetidos de geolocalización. El potencial de esta tecnología resulta especialmente relevante en el análisis de redes sociales. Pathfinder puede examinar de forma masiva publicaciones en plataformas como Instagram, TikTok o Facebook. Fotografías en yates, restaurantes exclusivos o compras de lujo pueden ser procesadas junto con sus metadatos para contrastar ese nivel de vida con los ingresos oficialmente declarados por el contribuyente investigado. La utilización de esta tecnología por parte de Hacienda ha abierto también un debate jurídico. El abogado Ignacio Fuster-Fabra advierte de que este tipo de herramientas pueden desdibujar la línea entre una comprobación administrativa y una investigación de carácter casi penal. A su juicio, la posibilidad de analizar enormes volúmenes de información privada para reconstruir hábitos y relaciones personales plantea interrogantes sobre el derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y el principio de proporcionalidad. Pese a estas preocupaciones, los especialistas subrayan que la Agencia Tributaria no puede acceder indiscriminadamente a los mensajes de los ciudadanos, ya que la herramienta solo se emplea en investigaciones ya abiertas y bajo supervisión de unidades especializadas. Aun así, Pathfinder dota al Fisco de una capacidad de análisis sin precedentes y acelera la transformación de la inspección tributaria hacia modelos de auditoría plenamente digitales.

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(El Economista, 03-06-2026) | Fiscal

Los tribunales blindan a los herederos de los empresarios de las deudas de la compañía con Hacienda

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha dictado una resolución que protege a los herederos de administradores y consejeros de empresas frente a la obligación de asumir las deudas tributarias de las compañías. El órgano considera que la Agencia Tributaria no puede trasladar automáticamente a los sucesores la responsabilidad subsidiaria derivada de esas deudas. Aunque el criterio fijado por el TEAC tiene relevancia jurídica, todavía no constituye doctrina vinculante para la Administración, ya que aún no ha sido reiterado en resoluciones posteriores. No obstante, supone un importante precedente que podría limitar en el futuro la reclamación de deudas empresariales a familiares de directivos fallecidos. En los últimos años, la Agencia Tributaria ha intensificado las derivaciones de responsabilidad subsidiaria contra administradores de empresas, atribuyéndoles las deudas fiscales de las sociedades por considerar que no ejercieron un control suficiente para evitar las infracciones tributarias. Estas actuaciones han aumentado de forma sostenida: Hacienda emitió 31.313 derivaciones en 2022, 35.890 en 2023 y 40.580 en 2024. Paralelamente, el Tribunal Supremo ha ido delimitando el alcance de esta práctica, exigiendo a Hacienda acreditar de forma clara la responsabilidad real de los administradores en las deudas de las compañías. Ahora, el TEAC amplía ese límite al considerar que tampoco puede reclamarse ese importe a los herederos de los directivos. La resolución, fechada el 30 de abril, analiza el caso de un administrador al que la Agencia Tributaria reclamó una deuda de 103.000 euros correspondiente a la empresa, además de una sanción de 105.000 euros. Tras el fallecimiento del directivo, Hacienda trasladó al heredero únicamente la deuda tributaria, mientras que la sanción quedó extinguida, tal y como establece la Ley General Tributaria. El TEAC recuerda que el artículo 39 de dicha ley dispone que las sanciones tributarias no pueden transmitirse a los herederos. La norma añade, sin embargo, que las deudas sí pueden heredarse si el acuerdo de derivación de responsabilidad fue notificado antes del fallecimiento del obligado tributario. No obstante, el órgano destaca que el Tribunal Supremo, en una sentencia del 20 de mayo de 2025, consideró que la responsabilidad subsidiaria aplicada a administradores de empresas tiene carácter sancionador. Ese criterio fue posteriormente reafirmado por el alto tribunal en otra resolución dictada el 1 de julio de 2025. A partir de esta interpretación, el TEAC concluye que la deuda derivada a un administrador también debe considerarse de naturaleza sancionadora y, por tanto, no puede transmitirse a los sucesores. El tribunal reconoce que, conforme al artículo 39 de la Ley General Tributaria, la deuda podría haberse trasladado al heredero si la notificación se produjo antes del fallecimiento. Sin embargo, entiende que la calificación sancionadora fijada por el Supremo impide finalmente esa transmisión. La resolución concluye que ni las sanciones impuestas directamente al responsable ni las liquidaciones incluidas dentro de un acuerdo de responsabilidad tributaria pueden exigirse a herederos o legatarios de una persona física, independientemente de si la notificación se realizó antes o después del fallecimiento del responsable.

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(La Vanguardia, 03-06-2026) | Fiscal

El Gobierno aprueba unas entregas a cuenta récord de 157.000 millones para las autonomías

El Gobierno ha respondido a las reclamaciones planteadas por varias comunidades autónomas y ha aprobado este martes, en el Consejo de Ministros, un real decreto ley que incorpora las entregas a cuenta correspondientes a 2026, con el objetivo de garantizar la financiación de los servicios públicos en los distintos territorios. Las comunidades autónomas y las entidades locales recibirán un total de 157.731 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% respecto al año anterior. El ministro de Hacienda, Arcadi España, subrayó que se trata de la mayor cantidad transferida hasta ahora y pidió el respaldo de las autonomías a la medida. Esta es, en realidad, el tercer intento del Ejecutivo por actualizar los pagos del sistema de financiación tras dos episodios fallidos, dado el rechazo de la mayoría del Parlamento a los reales decretos-ley ómnibus en los que se incluyeron inicialmente, en diciembre y febrero. El ministro explicó además que, sumando la liquidación correspondiente a 2024, los recursos que las comunidades recibirán este año a través del sistema de financiación alcanzarán los 170.300 millones de euros, un 7,7% más que en el ejercicio previo. El decreto introduce también una medida excepcional dirigida a los ayuntamientos. Aquellos municipios que quieran destinar su superávit presupuestario a políticas de vivienda podrán emplear esos remanentes no solo durante 2025, sino también en los cuatro años posteriores, hasta 2029. Los ayuntamientos y entes locales de España recibirán este año entregas a cuenta por valor de 29.247 millones de euros, un monto que supone un incremento del 8,8% respecto a los fondos repartidos entre los municipios el año pasado. En paralelo, el Gobierno autoriza a los ayuntamientos con superávit en 2025 a reinvertir sus remanentes en determinadas inversiones consideradas sostenibles. La iniciativa supone el desbloqueo de 3.168 millones en recursos adicionales que los municipios van a poder movilizar. La iniciativa llega después de que el Ejecutivo aprobara en junio de 2025 una asignación récord para las autonomías, cifrada en 147.412 millones de euros, un 9,5% superior a la de 2024. En las últimas semanas, varios consejeros autonómicos remitieron una carta al Ministerio de Hacienda manifestando su preocupación por la falta de actualización de estos fondos, una situación que, según advertían, estaba generando dificultades financieras en sus territorios. Estas entregas constituyen además un anticipo del futuro modelo de financiación autonómica en el que trabaja el Ministerio de Hacienda, que prevé abrir una nueva ronda de reuniones bilaterales con las comunidades del régimen común para abordar la reforma del sistema. Precisamente este lunes, el departamento dirigido por Arcadi España comunicó el envío de cartas a las autonomías con el objetivo de fijar encuentros y avanzar en esas negociaciones.

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(El País, 03-06-2026) | Laboral

La economía gana 232.000 empleos en mayo, el mayor impulso en ocho años, pero la caída del paro se resiente

El mercado laboral acostumbra a mejorar en mayo con un aumento del empleo y una reducción del paro, y este año la tendencia se ha repetido gracias al impulso estacional del turismo. Sin embargo, los datos dejan una lectura desigual: mientras la afiliación a la Seguridad Social muestra una evolución muy positiva, el descenso del desempleo resulta mucho más débil de lo habitual para esta época. La Seguridad Social sumó 232.000 afiliados más respecto a abril, el segundo mejor dato histórico para un mes de mayo. Además, destaca especialmente el peso de los trabajadores extranjeros, que aportaron cerca de la mitad del empleo creado, con 111.000 nuevos afiliados, la cifra más alta registrada para este colectivo en un mayo. En contraste, el paro registrado se redujo únicamente en 36.300 personas. Sin tener en cuenta el año excepcional de la pandemia, se trata del peor descenso en un mes de mayo desde 2012, en plena crisis económica. El incremento de afiliados supera ampliamente los registros de los últimos años: en 2025 fueron 195.700; en 2024, 220.300; y en 2023, 200.400. Solo 2018 registró un comportamiento mejor, con 237.200 nuevos ocupados. Gracias a este avance, el número total de afiliados alcanza los 22,33 millones, un nuevo máximo histórico que previsiblemente volverá a superarse en junio si se mantiene la tendencia habitual. El crecimiento del empleo extranjero sobresale de forma especial. España incorporó en mayo 111.300 afiliados de origen extranjero, un incremento del 3,4% en apenas un mes y casi 40.000 más que en el mismo periodo del año anterior. Desde que existen registros comparables, en 2012, nunca se había producido un aumento tan intenso en un mes de mayo. Este fuerte crecimiento coincide con los primeros meses de aplicación del proceso extraordinario de regularización de extranjeros. Preguntado sobre la posible relación entre ambas circunstancias, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, señaló que todavía es pronto para establecer conclusiones definitivas, aunque recordó que el empleo extranjero ya mostró una evolución especialmente intensa en marzo y abril. En términos interanuales, la afiliación a la Seguridad Social aumentó en 553.400 personas durante los últimos doce meses, casi 100.000 más que el año anterior, que ya había sido especialmente favorable para el empleo. Este avance sitúa el crecimiento anual del empleo en el 2,5%, tres décimas más que en el ejercicio precedente. Los sectores que más empleo han generado en el último año son la sanidad y los servicios sociales, con 84.300 nuevos puestos; la construcción, con 70.100; la educación, con 54.600; las actividades administrativas, con 47.700; y la industria manufacturera, con 37.700 empleos adicionales. Sin embargo, si se analiza únicamente la evolución de mayo, la hostelería lidera claramente la creación de empleo gracias al inicio de la temporada turística. El sector sumó 67.300 trabajadores, más del doble que las actividades administrativas, que añadieron 28.800, y más del triple que el sistema agrario, con 20.700 afiliados más. Esta dinámica se refleja especialmente en Baleares, la comunidad con el mayor crecimiento mensual del empleo. El archipiélago incrementó un 8% el número de afiliados en apenas un mes, impulsado por el turismo. En el extremo opuesto se sitúa Canarias, donde el empleo apenas avanzó un 0,1%. Más allá del efecto estacional, la Comunidad Valenciana lidera el crecimiento interanual del empleo con un avance del 3,7%, seguida de la Comunidad de Madrid, con un 3,4%, y Aragón, con un 3%. Los aumentos más moderados corresponden a Galicia, con un 1,6%; País Vasco, con un 1,3%; y Cantabria, con un 1,2%. El paro registrado se contrae con menos vigor del habitual en el quinto mes del año. España registra una contracción del paro de 36.300 personas, una bajada muy inferior a la de 2025 (-57.800), 2024 (-58.600) o 2023 (-49.300). Sin contar el atípico 2020 de la crisis del coronavirus -cuando el desempleo creció en 26.600 personas-, hay que viajar hasta 2012 para encontrar una reducción del paro inferior a la de este último mes. Entonces, en uno de los años más duros para el mercado laboral español en lo que llevamos de siglo, el paro se redujo en 30.113 personas.

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