Noticias

(El País, 30-03-2026) | Laboral

El Gobierno aplicará la jornada de 35 horas a los funcionarios de la Administración central en abril

El Gobierno ha conseguido el apoyo de los tres principales sindicatos de funcionarios para sacar adelante la reducción de la jornada laboral en la Administración central hasta las 35 horas semanales, lo que supone recortar dos horas y media respecto al horario actual. Este acuerdo se ha cerrado en la mesa de negociación de la Administración General del Estado, celebrada este viernes, y afectará a unos 250.000 empleados públicos. Aunque UGT y CC OO ya habían mostrado su conformidad, faltaba la adhesión de CSIF, que finalmente también ha dado su visto bueno. El ministro de Función Pública, Óscar López, ha confirmado que la medida se pondrá en marcha durante la primera quincena de abril. En la actualidad, la mayoría de trabajadores de administraciones autonómicas y locales ya disfrutan de una jornada de 35 horas, lo que los sindicatos consideraban una situación desigual respecto a los empleados de la Administración central. Este compromiso ya se había recogido en un acuerdo firmado en 2022, aunque su aplicación se había retrasado hasta que volvió a retomarse en noviembre dentro de un pacto salarial en el que participó también CSIF. El acuerdo establece que se implantará una jornada media de 35 horas semanales en cómputo anual, equivalente a 1.533 horas al año, para todo el personal de la Administración central. En un principio, algunos colectivos quedaban fuera, como los trabajadores de prisiones o los empleados de sanidad y educación en Ceuta y Melilla, pero finalmente han sido incluidos, aunque su aplicación concreta requerirá negociaciones específicas. Según los últimos datos oficiales, la medida beneficiará a alrededor de 246.000 trabajadores. La nueva jornada deberá estar en funcionamiento, como máximo, a mediados de abril, ya que el Gobierno se ha comprometido a adoptar las medidas necesarias en un plazo de 15 días desde este viernes. Inicialmente, la intención era cerrar este cambio en marzo. CSIF, el último sindicato en sumarse, ha calificado el acuerdo como un hito relevante por el número de empleados afectados y por extender este derecho a todos los ámbitos de la Administración central. Por su parte, CC OO ya había advertido de que la reducción del tiempo de trabajo exigirá ajustes organizativos, como revisar la planificación de recursos humanos o detectar necesidades adicionales de personal, especialmente en servicios de atención al público o con turnos. En paralelo, continúa la negociación de la oferta de empleo público. La propuesta inicial del Gobierno es similar a la del año anterior, con unos 27.000 puestos, sin un refuerzo inmediato ligado a la reducción de jornada. No obstante, el acuerdo contempla orientar la planificación de personal para reforzar los servicios públicos, especialmente en áreas de atención directa a la ciudadanía y en políticas esenciales, lo que podría implicar ampliaciones futuras de plantilla. Desde UGT destacan que esta medida facilitará la conciliación personal y laboral, además de mejorar el tiempo disponible para el descanso y el bienestar de los trabajadores.

LEER MÁS

(El Periódico, 30-03-2026) | Laboral

El trabajador debe cumplir su jornada laboral hasta el último minuto

Lo habitual es que los trabajadores den por finalizada su jornada cuando llega la hora fijada en su contrato, ya que la legislación laboral les reconoce el derecho a marcharse en ese momento acordado con la empresa. No obstante, hay situaciones en las que esta práctica puede generar problemas e incluso acarrear consecuencias legales. Esto ocurre cuando algunos empleados hacen un uso inadecuado de esa puntualidad, llegando en ciertos casos a incurrir en conductas consideradas fraudulentas. La clave está en que la ley no penaliza salir a la hora establecida, sino aquellas actitudes que implican reducir de forma intencionada el tiempo efectivo de trabajo. Por este motivo, algunas empresas justifican despidos al entender que determinados trabajadores buscan trabajar menos tiempo del pactado en lugar de cumplir íntegramente con sus obligaciones. Ante este tipo de conflictos, tanto los tribunales como el Tribunal Supremo han tenido que pronunciarse en distintas ocasiones para delimitar qué situaciones son legales. En los últimos meses se han confirmado sentencias relacionadas con abandonar el puesto unos minutos antes, dejar tareas sin terminar o no realizar correctamente el relevo de turnos, especialmente en sectores como el de servicios. La base de estas decisiones es que un empleado no puede percibir el salario correspondiente a una jornada completa si no la cumple en su totalidad. Aunque no está obligado a alargar su horario ni a hacer horas extra, sí debe trabajar hasta el final de su turno. Por ello, si una persona dedica los últimos minutos de su jornada a prepararse para salir -como recoger, cambiarse o dejar de trabajar antes de tiempo- con el objetivo de marcharse puntualmente, estaría reduciendo su tiempo efectivo de trabajo. Esta conducta puede dar lugar a sanciones e incluso justificar un despido. En definitiva, terminar a la hora fijada es un derecho, pero no implica acortar la jornada por iniciativa propia. Cumplir con el horario hasta el último minuto resulta esencial, y no hacerlo puede acarrear consecuencias disciplinarias, incluso la extinción del contrato en los casos más graves.

LEER MÁS

(El Economista, 30-03-2026) | Laboral

CEOE ve inviable cerrar miles de planes de movilidad al trabajo en menos de ocho meses

El pasado jueves, el Congreso de los Diputados dio luz verde al paquete de medidas diseñado por el Gobierno como respuesta al conflicto en Irán. Esta norma, además de contemplar rebajas fiscales, reduce a la mitad el plazo para que las empresas de cierto tamaño -más de 200 empleados o más de 100 por turno- negocien con los sindicatos planes de movilidad laboral. Esta modificación obliga a miles de compañías a iniciar negociaciones sin una guía definida, lo que, según fuentes empresariales, dificultará cumplir los plazos establecidos. Esta exigencia ya había sido introducida en diciembre mediante una ley promovida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que fijaba un plazo de 24 meses para implantar medidas orientadas a optimizar los desplazamientos de trabajadores, clientes y proveedores. Sin embargo, el Ejecutivo ha reducido ese periodo a 12 meses, argumentando el impacto del encarecimiento energético derivado del conflicto en Oriente Medio. Aunque no existe un registro exacto de empresas por número de empleados por turno, los datos de la Seguridad Social indican que en febrero había más de 6.000 empresas con plantillas superiores a 250 trabajadores, por lo que estarían afectadas por esta obligación. En conjunto, más de siete millones de empleados trabajan en compañías de este tamaño, muchas de las cuales ya cuentan con iniciativas de movilidad, aunque podrían no ajustarse a los requisitos que se definirán en el futuro reglamento. La normativa impulsada por el ministro Óscar Puente establece que estos planes deben negociarse con la representación legal de los trabajadores. En caso de no existir, se deberá convocar a los sindicatos más representativos, como CCOO y UGT, además de los del sector, para formar la mesa negociadora. Este requisito genera dudas sobre los plazos, ya que la elevada carga de trabajo de estos sindicatos ha retrasado previamente otros procesos, como los planes de igualdad. Desde el ámbito empresarial se advierte que será complicado desarrollar estos planes en empresas sin representación sindical, dado que los sindicatos ya están saturados. Además, cuestionan que la movilidad se haya incorporado como contenido obligatorio en los convenios colectivos, pese a no tratarse estrictamente de una materia laboral. Por su parte, tanto CCOO como UGT valoran positivamente la reducción de plazos. Desde CCOO consideran que un año es suficiente, especialmente en grandes empresas que ya tienen avances en esta materia, aunque alertan de que la rapidez podría llevar a soluciones superficiales. En la misma línea, UGT pide al Gobierno que apruebe cuanto antes el reglamento que concrete los requisitos para evitar errores durante la negociación, y apuesta por una mayor coordinación entre los ministerios implicados. El calendario inicial fijaba el plazo hasta diciembre de 2027, pero ahora se adelanta un año, lo que deja menos de ocho meses efectivos para negociar medidas como ayudas al transporte público, impulso del teletrabajo, uso del vehículo eléctrico o sistemas de transporte compartido. Todo ello, además, en un contexto de falta de directrices claras. La ley también establece que, en ausencia de representantes de los trabajadores, los sindicatos mayoritarios asumirán la negociación, algo que ha sido criticado por organizaciones como Fetico. Su secretario general, Antonio Pérez, considera que esta medida refuerza en exceso el papel de CCOO y UGT, generando una "sobresindicalización" de los procesos y facilitando que estos sindicatos introduzcan otras cuestiones en la negociación. Asimismo, Pérez duda de que estas medidas puedan incorporarse a los convenios colectivos en el corto plazo, especialmente en un contexto en el que aún no se ha renovado el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva ni se han iniciado las negociaciones correspondientes. Como ejemplo, menciona los planes LGTBI, cuya implantación ha sido limitada. En su opinión, la obligación de incluir aspectos de movilidad en los convenios resulta poco exigente, ya que se limita a plantear el debate sin establecer criterios claros ni objetivos mínimos a cumplir.

LEER MÁS

(Cinco Días, 30-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación se dispara al 3,3% en marzo por la subida de los combustibles

Los hogares en España ya están notando en su bolsillo las consecuencias del conflicto en Irán. En marzo, la inflación se elevó hasta el 3,3%, según el dato adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este aumento, de un punto respecto a febrero, es el mayor desde mayo de 2022 y refleja directamente el encarecimiento de los carburantes en las últimas semanas. Con ello, el índice alcanza su nivel más alto desde junio de 2024. El fuerte incremento del precio de los combustibles, impulsado por la subida del petróleo en los mercados internacionales, se combina con otros factores. Entre ellos, el llamado "efecto base" en la electricidad, ya que en marzo del año pasado los precios bajaron notablemente gracias a una mayor producción hidroeléctrica por las lluvias. Aunque el alza del crudo ha intensificado esta tendencia, el peso creciente de las energías renovables en España ha ayudado a contener el impacto, evitando que el encarecimiento del gas natural se traduzca en un repunte aún mayor de la factura eléctrica. Aun así, la energía se consolida como el principal motor del aumento de precios. De hecho, la inflación subyacente -que excluye energía y alimentos frescos- se mantuvo estable en el 2,7%, lo que indica que el repunte general responde principalmente a factores energéticos. El año 2026 se preveía como un periodo de moderación de la inflación, acercándose al objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo. Sin embargo, la escalada del conflicto a finales de febrero, tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de este último, alteró completamente las previsiones. Organismos como la OCDE ya sitúan la inflación media en torno al 3% para este año, siempre que la guerra no se prolongue. Los expertos advierten de que la presión sobre los precios podría mantenerse en los próximos meses. Además, el impacto sobre las familias es aún mayor si se tiene en cuenta el aumento del euríbor, que ronda el 3%, encareciendo las hipotecas variables. Este comportamiento anticipa posibles subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo para contener la inflación y evitar una espiral de aumentos de precios y salarios. El repunte inflacionista tiene múltiples efectos: reduce la capacidad de consumo de los hogares y puede frenar el crecimiento económico. Para amortiguar el golpe, el Gobierno ha aplicado rebajas fiscales sobre la energía, que podrían suponer un ahorro medio de unos 90 euros hasta junio al repostar combustible, aunque los precios siguen condicionados por la evolución internacional. Todo ello ocurre en un contexto económico que, hasta ahora, era favorable para España, con un crecimiento sólido y una tasa de paro por debajo del 10%. No obstante, la nueva crisis introduce incertidumbre en un escenario global ya tensionado por conflictos previos. Aunque la inflación actual está lejos de los niveles cercanos al 11% alcanzados al inicio de la guerra en Ucrania, existen nuevos riesgos. Entre ellos, la posibilidad de que los trabajadores reclamen subidas salariales tras la reciente experiencia inflacionista, lo que podría alimentar un ciclo de aumentos de precios. Además, preocupa que el encarecimiento de la energía se traslade a otros sectores, generando efectos en cadena. No solo aumentan los costes de transporte, sino también los de producción en ámbitos menos evidentes. Por ejemplo, el suministro de helio -clave para la fabricación de microchips- podría verse afectado por las tensiones en el estrecho de Ormuz, encareciendo productos tecnológicos de uso cotidiano. En definitiva, el impacto económico del conflicto aún está por definirse completamente, y su evolución dependerá en gran medida de la duración e intensidad de la crisis internacional.

LEER MÁS

(El País, 30-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España prevé que el PIB crezca al 2,3% este año gracias al alivio del plan anticrisis

En apenas un mes, elaborar previsiones económicas se ha vuelto especialmente complejo y arriesgado. La causa principal es la guerra en Irán, que ha generado un nivel de incertidumbre tan elevado -y con tanto potencial de alterar el escenario- que resulta difícil ofrecer estimaciones firmes para lo que resta de 2026. El Banco de España calcula que la economía española crecerá un 2,3% este año y un 1,7% en 2027, lo que supone una ligera mejora respecto a sus previsiones de diciembre. Sin embargo, introduce un matiz importante: sin las medidas anticrisis aprobadas recientemente, el crecimiento habría sido del 2%, y en ausencia del conflicto alcanzaría el 2,4%. Además, advierte de que el impacto podría ser mayor si la guerra se prolonga, reduciendo el avance del PIB hasta el 2,2% o incluso el 1,9%, dependiendo de la evolución de los precios energéticos. Algo similar ocurre con la inflación. Aunque ya se esperaba cierta presión al alza por el buen comportamiento de la economía y el consumo, el encarecimiento de la energía provocado por el conflicto ha elevado las previsiones. El Banco de España sitúa ahora la inflación media en el 3% para este año -tras el 3,3% registrado en marzo-, frente al 2,7% de 2025. Sin las ayudas gubernamentales, los precios habrían sido aún más altos. Para 2027, se prevé una moderación hasta el 2,5%, aunque todavía por encima del objetivo del Banco Central Europeo. No obstante, si la situación se agrava, la inflación podría alcanzar niveles mucho más elevados, llegando incluso al 5,9%. El organismo subraya que el impacto económico del conflicto va más allá de la energía. El bloqueo del estrecho de Ormuz no solo afecta al suministro de petróleo y gas, sino también a otros productos clave como fertilizantes o semiconductores, lo que reaviva las tensiones inflacionistas y recuerda a la crisis derivada de la guerra en Ucrania. A ello se suma un contexto marcado por una gran volatilidad e incertidumbre, que dificulta aún más la elaboración de previsiones. El Banco de España tuvo que revisar rápidamente sus cálculos tras el estallido del conflicto. Antes de finales de febrero, estimaba un crecimiento del 2,4% para 2026, apoyado en la fortaleza del empleo y del consumo. Sin embargo, la guerra obligó a rebajar estas cifras, aunque posteriormente se ajustaron de nuevo tras la aprobación del paquete de ayudas del Gobierno, valorado en unos 5.000 millones de euros. Estas medidas, que incluyen rebajas fiscales en la energía y ayudas directas, han permitido amortiguar parcialmente el impacto, recuperando parte del crecimiento previsto. Así, en un escenario central -con el petróleo en torno a los 80 dólares por barril-, la economía crecería un 2,3% y la inflación se situaría en el 3%. Si los precios energéticos suben más de lo esperado -por ejemplo, con el petróleo cerca de los 119 dólares y el gas en torno a los 87 euros por megavatio hora-, el crecimiento se reduciría al 2,2% y la inflación aumentaría hasta el 3,9%. En este caso, el avance económico en 2027 sería más moderado, del 1,5%, con una inflación cercana al 2%. En el escenario más negativo, que contempla un fuerte encarecimiento del petróleo hasta los 145 dólares y del gas hasta los 106 euros por megavatio hora, el crecimiento sería aún más débil: un 1,9% en 2026 y un 1,1% en 2027. Al mismo tiempo, los precios subirían con fuerza, alcanzando un 5,9% este año y un 3,2% el siguiente. En definitiva, la evolución económica dependerá en gran medida de la duración e intensidad del conflicto, que ha introducido un elevado grado de incertidumbre en las perspectivas tanto de crecimiento como de inflación.

LEER MÁS

(Expansión, 27-03-2026) | Fiscal

Arcadi España, un perfil técnico con recorrido en el PSOE para Hacienda

Sánchez ha optado por un relevo al frente del Ministerio de Hacienda que aúna experiencia en gestión económica y conocimiento del ámbito territorial, respaldado además por una larga trayectoria política. Arcadi España (Carcaixent, Valencia, 1974) pasa de ocupar un puesto discreto como secretario de Estado de Política Territorial, junto a Ángel Víctor Torres, a situarse en primera línea al asumir una de las carteras más relevantes y expuestas del Gobierno. Desde este viernes sustituirá a María Jesús Montero, quien ha dejado el cargo para centrarse en su candidatura a la Junta de Andalucía en las elecciones del 17 de mayo, con expectativas poco favorables. Formado como economista -licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y con un máster en Dirección y Gestión Pública-, España cuenta con experiencia como consultor y asesor financiero, lo que refuerza su perfil técnico. Pedro Sánchez lo ha descrito como una persona íntegra, capaz y comprometida, destacando que dará continuidad a la labor de su predecesora y que, junto a Carlos Cuerpo en Economía, contribuirá a mantener el rumbo de transformación, estabilidad fiscal y crecimiento del país. Sin embargo, su perfil no se limita al ámbito técnico. España también acumula una destacada trayectoria política, especialmente en el entorno del socialismo valenciano. Entre 2022 y 2023 fue responsable de Hacienda en la Comunidad Valenciana durante el mandato de Ximo Puig, donde mostró su preocupación por la infrafinanciación crónica de la región y defendió la armonización fiscal impulsada por el Gobierno central, criticando las diferencias impositivas entre territorios como Madrid y la Comunidad Valenciana. Anteriormente, ocupó cargos relevantes en la administración autonómica, como director del Gabinete de Presidencia de Puig y conseller de Política Territorial entre 2019 y 2022. En la actualidad, formaba parte de la ejecutiva del PSOE como responsable de Transportes y Movilidad Sostenible. Su trayectoria lo sitúa ahora en el centro de la política nacional, al frente de un ministerio especialmente sensible y con importantes retos por delante, como la financiación singular de Cataluña, la posible condonación de deuda autonómica o la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, pendientes desde hace tres años. En su momento, su nombre llegó a sonar como posible sucesor de Ximo Puig al frente del socialismo valenciano, aunque finalmente fue Diana Morant quien asumió ese liderazgo en 2024. Aun así, la relación entre ambos parece mantenerse en buenos términos, y la ministra ha valorado positivamente su nombramiento, destacando su capacidad de gestión. El salto de Arcadi España a la política nacional se produjo a finales de 2023, cuando fue nombrado secretario de Estado de Política Territorial, dejando entonces su escaño en las Cortes Valencianas. Ahora, con su llegada a Hacienda, Sánchez refuerza la presencia del socialismo valenciano en el Gobierno con un perfil que combina lealtad política, experiencia institucional y solvencia técnica. Descrito por su entorno como un apasionado del ciclismo, España afronta ahora el mayor desafío de su carrera, con una agenda cargada de asuntos complejos. De hecho, nada más conocerse su nombramiento, ya recibió presiones políticas, como la del diputado de Compromís Alberto Ibáñez, quien le reclamó avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica y aliviar la deuda de la Comunidad Valenciana derivada de su infrafinanciación.

LEER MÁS

(Expansión, 27-03-2026) | Fiscal

Los retos para Arcadi España como ministro de Hacienda

Tras asumir la dirección del Ministerio de Hacienda, Arcadi España tendrá que enfrentarse a múltiples asuntos pendientes que dejó sin resolver su antecesora, entre ellos la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y la reforma del sistema de financiación autonómica. La marcha de María Jesús Montero hacia la política andaluza deja sobre la mesa varios desafíos de gran relevancia económica y política. El nuevo titular de Hacienda deberá abordar cuestiones complejas que han generado un intenso debate en los últimos meses y cuya resolución no será sencilla. Entre ellas destacan la elaboración de los Presupuestos, la propuesta del modelo de financiación autonómica -criticada por algunos sectores por favorecer a Cataluña-, la armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como el plan de condonación de deuda a las comunidades autónomas, que supera los 83.000 millones de euros y que ya ha sido remitido al Parlamento. A estos retos se suman otras medidas controvertidas, como los cambios en la fiscalidad del diésel, la creación de un régimen de IVA simplificado para autónomos con bajos ingresos o las exigencias de consolidación fiscal señaladas recientemente por el Fondo Monetario Internacional, especialmente en lo relativo a la reducción de transferencias a la Seguridad Social ante el aumento del gasto en pensiones. El primer gran desafío inmediato será presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno no ha renovado desde 2023. Aunque Montero aseguró que el documento está preparado, corresponderá a España llevarlo al Parlamento. Sin embargo, su aprobación se prevé complicada debido a las tensiones recientes entre el Ejecutivo y algunos de sus socios, especialmente Junts. En el ámbito autonómico, el nuevo ministro deberá gestionar la reforma del sistema de financiación, rechazada de forma generalizada por las comunidades -incluidas las gobernadas por el PSOE-, salvo Cataluña. Para avanzar en este asunto, tendrá que negociar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, posiblemente planteando un modelo de adhesión voluntaria. La condonación de deuda autonómica será otro punto conflictivo, ya que el plan impulsado por el Gobierno no ha logrado un respaldo amplio entre los territorios. Asimismo, España deberá continuar las conversaciones con la Comisión Europea sobre la fiscalidad del diésel, tras el compromiso de equiparar su tratamiento al de la gasolina, una medida que aún no ha conseguido apoyos suficientes en el Congreso. En materia de autónomos, quedan pendientes dos cuestiones urgentes: la implantación de un sistema que exima del IVA a quienes facturen menos de 85.000 euros anuales, y la prórroga de los límites del régimen de módulos, tras el fracaso del decreto que contemplaba su extensión. Además, deberá afrontar posibles sanciones europeas por no haber aplicado aún el régimen de franquicia del IVA en determinados casos. Por último, sigue sin resolverse la propuesta de armonizar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que implicaría eliminar ciertas bonificaciones autonómicas para aumentar la recaudación. La iniciativa contemplaba la creación de un nuevo tributo estatal que igualara la carga fiscal entre territorios. En conjunto, Arcadi España inicia su etapa al frente de Hacienda con una agenda cargada de decisiones delicadas y de gran impacto, que exigirán amplias negociaciones políticas y capacidad de gestión en un contexto especialmente complejo.

LEER MÁS

(Expansión, 27-03-2026) | Fiscal

Los autónomos con bajos ingresos quedarán exentos de IVA

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde, con el respaldo del PSOE, a una proposición no de ley impulsada por Junts que plantea la creación de un sistema de IVA franquiciado para autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales. No obstante, aún no se ha concretado cuándo comenzará a aplicarse. La iniciativa insta al Gobierno a permitir que estos trabajadores por cuenta propia queden exentos de incluir el IVA en sus facturas y de ingresarlo a Hacienda. Aunque este tipo de propuestas no tiene carácter obligatorio, el apoyo socialista sugiere que la medida podría materializarse, alineando a España con una práctica ya extendida en el resto de países de la Unión Europea. Junts utilizó esta propuesta como condición para respaldar el decreto anticrisis del Ejecutivo. Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, había rechazado reiteradamente implantar esta exención, incluso en el caso de autónomos y pymes con actividad en otros países comunitarios, lo que ha provocado fricciones con la Comisión Europea y podría derivar en sanciones. Será el próximo titular de Hacienda quien deba encargarse de desarrollar y aprobar este sistema, una reivindicación histórica del colectivo. Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), su presidente, Lorenzo Amor, valoró positivamente el avance, aunque criticó que haya sido necesario llegar a este punto por la presión política. Por ahora no existe un calendario definido para su puesta en marcha, aunque todo apunta a que el Ministerio tendrá que avanzar en esta dirección en los próximos meses. Este régimen de IVA franquiciado forma parte de una directiva europea destinada a simplificar las obligaciones fiscales de autónomos y pequeñas empresas con menor volumen de negocio. Permite a los Estados miembros establecer un umbral -de hasta 100.000 euros- por debajo del cual estos profesionales pueden quedar exentos del impuesto. En España, la propuesta fija ese límite en 85.000 euros, una cifra que busca acercarse a los modelos de otros países europeos como Francia, Irlanda o Italia, aunque cada uno establece condiciones distintas. Eso sí, quienes opten por este sistema no podrán deducirse el IVA de sus gastos, lo que puede hacer que algunos autónomos -especialmente aquellos con costes elevados- prefieran mantenerse en el régimen general. Según cálculos de ATA, unos 770.000 autónomos podrían beneficiarse de esta medida. Si todos ellos se acogieran, el ahorro en costes administrativos y tiempo superaría los 500 millones de euros. Sin embargo, el impacto en las cuentas públicas podría rondar los 650 millones, lo que explica en parte las reticencias del Gobierno. Desde el Ministerio de Hacienda también se ha argumentado que el sistema fiscal español ya cuenta con regímenes especiales y que la normativa europea no obliga a aplicar esta exención en operaciones dentro del propio país.

LEER MÁS

v | Fiscal

La campaña de la renta 2025 llega con pocos cambios, pero nuevas deducciones clave para rentas bajas y vivienda

La campaña de la renta comenzará el 8 de abril sin grandes cambios estructurales, aunque sí presenta ciertas incertidumbres, según señalan desde el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (COGAC). En particular, advierten de dudas sobre la aplicación de algunas medidas que todavía no han entrado en vigor al no haberse convalidado los decretos que las contemplaban. El plazo se extenderá hasta el 30 de junio. La presentación podrá hacerse por internet desde el inicio de la campaña, por teléfono a partir del 6 de mayo y de forma presencial desde el 1 de junio en las oficinas de la Agencia Tributaria. Desde el COGAC insisten en la importancia de revisar detenidamente el borrador antes de confirmarlo, ya que puede contener errores, y recomiendan recurrir a un gestor administrativo para asegurar una correcta aplicación de la normativa. Entre las novedades más destacadas figura la creación de un nuevo tramo en la base del ahorro: a partir de 300.000 euros, los rendimientos tributarán al 30%, lo que incrementa la carga fiscal para los grandes patrimonios y refuerza la progresividad del sistema. Se mantienen los umbrales para estar obligado a presentar la declaración: 22.000 euros anuales con un solo pagador y 15.876 euros en caso de varios, con algunas excepciones. Los autónomos deberán seguir declarando en todos los casos, al igual que las personas en situación de desempleo. Para aliviar a las rentas más bajas, se introduce una nueva deducción dirigida a quienes perciben ingresos cercanos al salario mínimo. Los contribuyentes que ganen menos de 18.276 euros podrán beneficiarse de una deducción máxima de 340 euros, que se reduce progresivamente a partir de los 16.576 euros y desaparece al superar el límite establecido. En el ámbito de la sostenibilidad, se mantienen los incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. En ambos casos, se permite deducir el 15% de la inversión, con un máximo de 3.000 euros para la adquisición del vehículo y de 600 euros para los puntos de recarga. También continúan las deducciones por obras de mejora energética en viviendas, con reducciones que pueden alcanzar el 20%, 40% o 60% según el nivel de eficiencia conseguido, consolidando así el apoyo fiscal a la transición ecológica. Otra novedad es la ampliación de la exención en el IRPF para indemnizaciones por accidentes de tráfico, que ahora incluye las abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros. Asimismo, las ayudas relacionadas con la DANA no tributarán, aunque las destinadas a incendios forestales de 2025 aún están pendientes de aprobación. En el ámbito autonómico, Cataluña introduce cambios relevantes. Se establece una nueva escala del IRPF que reduce la carga fiscal en los tramos más bajos, favoreciendo a las rentas medias y bajas. Además, se amplían las deducciones por alquiler para determinados colectivos, como jóvenes, desempleados, personas con discapacidad o mayores de 65 años, con beneficios que pueden llegar hasta 1.000 euros en algunos casos. También se incorporan nuevas deducciones de carácter social, como las destinadas al acogimiento de menores o a víctimas de violencia machista, estas últimas con deducciones de hasta el 20% o 25% del alquiler durante un máximo de tres años. Por último, se introduce una deducción del 20% por inversión en cooperativas agrarias y de vivienda, con un límite de 3.000 euros, con el objetivo de fomentar la economía social, facilitar el acceso a la vivienda y dinamizar el medio rural. Todo ello en un contexto de cierta incertidumbre normativa, que obliga a los contribuyentes a mantenerse especialmente atentos a posibles cambios fiscales.

LEER MÁS

(El Economista, 27-03-2026) | Laboral

La Audiencia choca con el Supremo y rechaza flexibilizar el inicio de permiso de cinco días para cuidar familiares

Existe un conflicto de interpretación entre distintos tribunales sobre cómo debe aplicarse el permiso retribuido de cinco días para atender a familiares enfermos u hospitalizados. En concreto, la Audiencia Nacional mantiene una postura distinta a la del Tribunal Supremo y rechaza que se pueda flexibilizar el momento en que comienza dicho permiso. En una sentencia fechada el 19 de febrero, la Audiencia Nacional establece que este derecho debe iniciarse en el mismo momento en que se produce la hospitalización o la intervención del familiar. Según su criterio, el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores sugiere una relación directa entre el hecho que origina el permiso -la hospitalización- y el inicio de su disfrute. No obstante, el tribunal admite que, si el ingreso hospitalario finaliza antes de agotar los cinco días, el trabajador puede seguir disfrutándolos siempre que el paciente necesite reposo en casa. Aun así, la Audiencia rechaza que exista un permiso independiente para cuidados posteriores al alta hospitalaria que permita comenzar a contar los cinco días en ese momento. Considera que aceptar esa posibilidad implicaría permitir que el permiso se iniciara después del alta, algo que descarta de forma contundente. Esta interpretación contrasta con la postura del Tribunal Supremo, que en una sentencia del 4 de febrero sostuvo que la normativa no especifica claramente cuándo debe comenzar el permiso. Por ello, el alto tribunal analizó la finalidad de este derecho y subrayó la importancia de diferenciar entre el alta hospitalaria y el alta médica, ya que la primera no implica necesariamente el fin de la necesidad de cuidados. Desde esta perspectiva, el Supremo defiende que el permiso no debe estar rígidamente ligado al momento exacto del hecho causante, sino que debería poder organizarse de manera flexible para garantizar una atención más eficaz y adaptada a las necesidades reales del familiar. Además, el tribunal recordó que el modelo social español, propio de los estados del bienestar de tipo mediterráneo, otorga a la familia un papel fundamental en el cuidado y la protección de las personas. Por ello, limitar el inicio del permiso al momento de la hospitalización podría reducir su eficacia y dificultar una adecuada planificación de los cuidados. Este permiso fue ampliado por el Gobierno en junio de 2023, pasando de dos días -ampliables en ciertos casos- a cinco días en todos los supuestos. Sin embargo, la falta de claridad en la norma sobre cuándo puede comenzar a disfrutarse o si puede extenderse tras el alta ha generado numerosos litigios, dando lugar a interpretaciones judiciales divergentes como las actuales.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF