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(Cinco Días, 07-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El barril ‘brent’ se mantiene por debajo de los 72 dólares después de que el cártel pacte un aumento de 188.000 barriles en la cuota de producción

El mercado del petróleo ha iniciado la semana con una evolución estable, consolidando las caídas registradas en los últimos días y situando las cotizaciones por debajo de los niveles alcanzados antes del conflicto entre Irán y Estados Unidos. La normalización del tránsito de hidrocarburos por el estrecho de Ormuz y la decisión de la OPEP+ de seguir aumentando la producción han contribuido a aliviar la presión sobre los precios. En este contexto, el barril de Brent se mantiene ligeramente por encima de los 72 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cotiza en torno a los 69 dólares. La recuperación del tráfico marítimo de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz durante el fin de semana ha reforzado la percepción de que el suministro internacional vuelve progresivamente a la normalidad, después de que algunos buques modificaran su ruta en los momentos de mayor tensión. A este escenario se suma el acuerdo alcanzado por varios miembros de la OPEP+, encabezados por Arabia Saudí y Rusia, para incrementar nuevamente su producción a partir del próximo mes. El grupo ha aprobado un aumento de 188.000 barriles diarios dentro del proceso gradual de eliminación de los recortes aplicados en años anteriores. Aunque parte de ese incremento aún no se ha materializado, la decisión refleja la intención de los principales productores de seguir elevando la oferta conforme se estabiliza el mercado. Los analistas consideran que los países productores afectados por el conflicto están recuperando progresivamente su capacidad de extracción y exportación, aunque descartan, por el momento, un exceso de oferta que provoque un desplome acusado de las cotizaciones. Durante el segundo trimestre del año, el Brent acumuló un descenso cercano al 30%, favorecido por el acuerdo provisional alcanzado entre Washington y Teherán, que permitió reabrir parcialmente el tráfico comercial por el estrecho de Ormuz. Tras esa corrección, algunas entidades financieras consideran que el petróleo aún podría abaratarse más durante la segunda mitad del año, con previsiones que sitúan el barril en torno a los 60 dólares antes de finalizar 2026. Otros expertos mantienen una visión más prudente. Aunque reconocen que el transporte marítimo está recuperándose de forma gradual, advierten de que las exportaciones todavía permanecen por debajo de los niveles anteriores al conflicto y que persisten limitaciones logísticas. Además, la necesidad de reconstruir las reservas estratégicas y comerciales de crudo podría seguir sosteniendo la demanda durante los próximos meses, favoreciendo una estabilización de los precios en una horquilla de entre 75 y 80 dólares por barril. En el mercado de futuros comienzan a observarse señales de una mayor disponibilidad de petróleo a corto plazo. Tanto el Brent como el crudo de referencia de Dubái presentan actualmente una estructura de contango, en la que los contratos con vencimientos más lejanos cotizan por encima de los de entrega inmediata, un comportamiento que suele asociarse a un mercado bien abastecido. Mientras tanto, los grandes productores del golfo Pérsico continúan incrementando sus exportaciones. Arabia Saudí ha recuperado prácticamente los volúmenes previos al conflicto gracias a la normalización del paso de sus petroleros por Ormuz, mientras que Emiratos Árabes Unidos también ha restablecido buena parte de sus envíos internacionales. El mercado permanecerá atento esta semana a la publicación de los precios oficiales de venta fijados por los principales exportadores de la región, después de que Arabia Saudí redujera para julio la prima aplicada a su principal referencia de crudo destinada al mercado asiático, en un movimiento orientado a reforzar su competitividad y favorecer un mayor suministro mundial.

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(Expansión, 07-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sareb encarga vaciar sus 3.000 viviendas okupadas

La Sareb deberá transferir de forma progresiva cerca de 40.000 viviendas y unos 2.400 suelos a Casa 47, la nueva Entidad Estatal de Vivienda y Suelo impulsada por el Gobierno para reforzar el parque público de vivienda asequible. Este traspaso, que se realizará sin contraprestación económica, responde al mandato del Ejecutivo y supone un importante desafío para la sociedad, que mantiene una deuda de 27.500 millones de euros y verá limitada su capacidad para reducir ese pasivo. Además, el Gobierno prevé culminar la liquidación de Sareb en noviembre de 2027. Las plataformas inmobiliarias Aliseda-Anticipa y Servihabitat, adjudicatarias del último contrato de gestión de Sareb, serán las encargadas de preparar los inmuebles antes de su cesión a Casa 47. Entre sus principales cometidos figura recuperar alrededor de 3.000 viviendas ocupadas ilegalmente, priorizando acuerdos extrajudiciales para evitar procesos en los tribunales, donde los desalojos pueden prolongarse durante varios años, especialmente cuando afectan a edificios completos. Además de gestionar la desocupación de los inmuebles, ambas compañías recibirán una compensación por las obras de acondicionamiento necesarias para que las viviendas puedan ser habitadas una vez pasen a manos de Casa 47, ya que muchas de ellas presentan un notable deterioro tras años de abandono. Los dos servicers también percibirán comisiones por la comercialización de los activos que permanecerán dentro del patrimonio de Sareb. Se estima que la sociedad conservará unas 5.800 viviendas, la mayoría situadas en municipios de menos de 5.000 habitantes, a las que se suman unas 12.000 más vinculadas a préstamos impagados y cuya recuperación dependerá de los procedimientos judiciales en curso. Desde su creación hace trece años, Sareb ha acumulado pérdidas por valor de 12.766 millones de euros, unos resultados negativos que desde 2022 computan como déficit público. Aunque el objetivo es liquidar la sociedad en 2027, podrá seguir operando mientras mantenga activos pendientes de vender o de ceder a las administraciones públicas. Entre ellos figuran miles de suelos, naves industriales y locales comerciales repartidos por distintos puntos del país. Cuando se constituyó la entidad, su primera presidenta, Belén Romana, defendió que el proyecto generaría una rentabilidad anual cercana al 14% para los accionistas. Sin embargo, esa previsión nunca llegó a cumplirse y bancos y aseguradoras, principales inversores, han provisionado completamente su participación al considerar perdida la inversión. En estos trece años, Sareb ha vendido cerca de 71.000 viviendas procedentes de las antiguas cajas de ahorro rescatadas con fondos públicos. El precio medio de las operaciones se sitúa en torno a los 105.000 euros por inmueble y la comercialización se realiza principalmente a través de portales inmobiliarios especializados.

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(La Vanguardia, 07-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España recibirá un gasto récord de los turistas en verano, hasta los 64.000 millones, un 10% más

España afronta la temporada alta del turismo con perspectivas de volver a batir récords. El Ministerio de Industria y Turismo estima que entre los meses de junio y septiembre llegarán al país 43 millones de turistas internacionales, un 6% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que el gasto realizado por estos visitantes alcanzará los 64.000 millones de euros, lo que supondría un incremento del 10%. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado que estas previsiones reflejan la fortaleza del sector pese a la incertidumbre geopolítica internacional. Además, ha subrayado que el crecimiento del gasto turístico continúa siendo superior al aumento del número de visitantes, una tendencia que considera especialmente positiva por su mayor impacto sobre la economía. Si estas estimaciones se cumplen, España podría haber recibido alrededor de 80 millones de turistas extranjeros antes de finalizar septiembre, una cifra sin precedentes para esas fechas y que dejaría al país en disposición de cerrar el año con un nuevo máximo histórico de visitantes internacionales. Las nuevas previsiones mejoran las realizadas por el Ministerio durante la pasada primavera, cuando la situación en Oriente Próximo y la incertidumbre sobre la evolución del precio de la energía generaban mayores dudas sobre la evolución de la demanda turística. Según Hereu, el sector ha vuelto a demostrar una notable capacidad de adaptación frente a un contexto internacional complejo, como ya ocurrió durante la pandemia o tras el inicio de la guerra en Ucrania. El ministro también ha destacado la evolución del empleo vinculado al turismo. Actualmente, el sector supera los tres millones de afiliados a la Seguridad Social, lo que representa un incremento interanual del 3,2%. Además, ha señalado la mejora de la estabilidad laboral, con una reducción significativa de la temporalidad respecto a años anteriores. Otro de los aspectos positivos señalados por el Gobierno es la creciente diversificación geográfica del turismo. Las previsiones apuntan a que los destinos del interior peninsular y las comunidades de la denominada España Verde registrarán un crecimiento superior al de las seis comunidades autónomas tradicionalmente más turísticas. Asimismo, se espera un buen comportamiento de modalidades como el turismo rural, los campings y los establecimientos hoteleros. El Ministerio también observa una mayor presencia de reservas realizadas a última hora, una tendencia que ya se detectó durante los meses de abril y mayo y que podría elevar aún más las cifras previstas para la temporada estival si se mantiene durante el verano. En los cinco primeros meses del año, España recibió 36,8 millones de turistas internacionales, un volumen superior al registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior. El gasto asociado a esos viajes ascendió a 50.257 millones de euros, con un crecimiento significativamente superior al de las llegadas, lo que confirma la mayor capacidad de gasto de los visitantes. Para el Gobierno, estos datos consolidan la fortaleza del modelo turístico español y respaldan la estrategia orientada a diversificar los destinos, reducir la estacionalidad y fomentar un turismo de mayor valor añadido. Según el Ministerio, la evolución registrada en los primeros meses del año demuestra la elevada capacidad de resistencia del sector frente a las incertidumbres económicas y geopolíticas internacionales.

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(Expansión, 06-07-2026) | Fiscal

Bruselas reclama a los países más incentivos fiscales a la transmisión de empresas para evitar cierres

La Comisión Europea ha mostrado su preocupación por el impacto que determinados impuestos pueden tener sobre el relevo generacional de las pequeñas y medianas empresas, especialmente en un contexto marcado por el envejecimiento de la población. Bruselas teme que la falta de sucesores y las cargas fiscales asociadas a la transmisión de negocios provoquen el cierre de empresas viables, con las consiguientes consecuencias económicas y laborales. Aunque la fiscalidad sigue siendo una competencia exclusiva de los Estados miembros, la Comisión ha instado a los gobiernos nacionales a introducir incentivos que faciliten la transmisión de las pymes. Entre las medidas sugeridas figuran exenciones, reducciones o aplazamientos de impuestos aplicables a herencias, donaciones o compraventas de empresas, tanto cuando el relevo se produce dentro de la familia como cuando el negocio pasa a manos de terceros. El Ejecutivo comunitario considera que los cambios de propiedad no siempre implican una disponibilidad inmediata de recursos económicos para afrontar las obligaciones tributarias. En muchos casos, los nuevos propietarios necesitan un periodo de adaptación antes de que la empresa recupere plenamente su capacidad de generar beneficios, por lo que una elevada carga fiscal inicial puede poner en riesgo la continuidad del negocio. La preocupación de Bruselas se basa también en las previsiones demográficas. Según sus estimaciones, cientos de miles de empresas europeas afrontarán procesos de sucesión en los próximos años. Solo en Alemania, más de 220.000 propietarios de pequeñas empresas tenían previsto transferir sus negocios en un plazo de dos años, mientras que en Francia se calcula que unas 700.000 compañías deberán afrontar un relevo de propiedad durante la próxima década. La Comisión propone que las ventajas fiscales estén condicionadas al mantenimiento de la actividad empresarial durante un periodo determinado y, en algunos casos, a la conservación de los puestos de trabajo. Asimismo, recomienda revisar o reducir otros costes asociados a las transmisiones empresariales, como los derechos de registro, timbres o tasas administrativas que encarecen estas operaciones. Uno de los aspectos que más preocupa a Bruselas es la tributación que soportan algunos empresarios cuando donan o ceden su negocio sin recibir una contraprestación económica. En determinados casos, la normativa fiscal considera que existe una ganancia patrimonial calculada sobre la revalorización acumulada de la empresa, generando una obligación tributaria aunque el propietario no haya percibido ingresos por la transmisión. Esta situación puede llevar a algunos dueños a optar por el cierre ordenado de la empresa en lugar de transferirla. Por ello, la Comisión plantea que los Estados estudien mecanismos que permitan adaptar la tributación a la realidad económica de estas operaciones, evitando que los impuestos se conviertan en un obstáculo para la continuidad empresarial. El objetivo no es reducir la recaudación, sino evitar que la presión fiscal desincentive la sucesión de negocios que siguen siendo viables. Además de las recomendaciones fiscales, Bruselas propone introducir mejoras jurídicas que faciliten la transformación de las empresas sin necesidad de liquidarlas y que refuercen la estabilidad de los procesos sucesorios. También apuesta por favorecer fórmulas que permitan a los trabajadores asumir la propiedad de una empresa cuando la familia propietaria no desea continuar con ella. Aunque la Comisión Europea carece de capacidad para imponer estos cambios, confía en que los Estados miembros adopten medidas que faciliten la continuidad de las pymes y reduzcan el riesgo de desaparición de empresas provocado por las dificultades asociadas al relevo generacional.

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(Expansión, 06-07-2026) | Fiscal

Hacienda presenta hoy a las CCAA el objetivo de déficit para 2027 antes de los Presupuestos

El Gobierno tiene previsto dar un nuevo paso en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 con la posible aprobación de un techo de gasto que volvería a marcar un máximo histórico. La decisión llegaría después de que el Ejecutivo revisara al alza sus previsiones económicas, situando el crecimiento del PIB en el 2,2% para 2027 y en el 2,6% para 2026, unas estimaciones que servirán de base para diseñar las próximas cuentas públicas. Como paso previo, el ministro de Hacienda, Arcadi España, preside este lunes la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que se informará a las comunidades autónomas sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto correspondientes a 2025. Además, el Ministerio presentará su propuesta de objetivos de déficit para las autonomías durante el periodo 2027-2029, un elemento clave para la preparación de los futuros presupuestos regionales y estatales. La reunión se celebra en un clima de tensión política, ya que varias comunidades autónomas han mostrado su desacuerdo con el orden del día planteado por el Ejecutivo. Entre ellas, la Comunidad de Madrid ha criticado que el encuentro no incluya el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, mientras que la Comunidad Valenciana reclamará la creación de un fondo transitorio de nivelación que compense las diferencias de financiación hasta que se apruebe un nuevo modelo. Según fuentes próximas al proceso, el Ministerio de Hacienda se habría comprometido a convocar un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera en las próximas semanas para abordar específicamente la reforma del sistema de financiación autonómica. En los últimos días, el departamento dirigido por Arcadi España ha mantenido contactos con distintas comunidades, entre ellas Cataluña y la Comunidad Valenciana, con el objetivo de avanzar en este debate. Tras la reunión con las autonomías, el siguiente paso será la aprobación del límite de gasto no financiero en el Consejo de Ministros. Todo apunta a que este techo de gasto volverá a alcanzar un nivel récord, impulsado tanto por las mejores previsiones de crecimiento económico como por el incremento del gasto previsto para atender los compromisos adquiridos por el Ejecutivo con sus socios parlamentarios. Entre las partidas que previsiblemente absorberá este mayor margen presupuestario figuran diversas iniciativas de carácter social ya anunciadas por el Gobierno. Destacan una inversión de 7.200 millones de euros destinada al sistema de dependencia en 2027 y la puesta en marcha de un nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, dotado con 500 millones de euros, además de otras medidas que el Ejecutivo espera incorporar a las próximas cuentas públicas.

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(El Economista, 06-07-2026) | Fiscal

Los ciudadanos ya pagan 4.450 millones en la Renta por las viviendas vacías

Los propietarios de viviendas desocupadas declararon en 2024 un total de 4.457 millones de euros en concepto de rentas imputadas en el IRPF, un 1,18% más que el año anterior, según los datos publicados por la Agencia Tributaria. Se trata del importe sobre el que se calcula la tributación correspondiente a los inmuebles que permanecen vacíos durante todo o parte del año, una figura fiscal que grava el potencial rendimiento de estas viviendas aunque no generen ingresos por alquiler. La Administración tributaria ha intensificado en los últimos años el control sobre el mercado inmobiliario, tanto para verificar que los propietarios declaran correctamente los ingresos procedentes del alquiler como para comprobar que incluyen en su declaración la renta imputada de las viviendas desocupadas. Las estadísticas correspondientes a 2024 reflejan que en España existen 18,37 millones de viviendas declaradas en el IRPF. De ellas, 10,69 millones constituyen la residencia habitual de sus propietarios, mientras que 2,65 millones están destinadas al alquiler. Además, cerca de 4,91 millones de inmuebles permanecieron vacíos durante todo el año o durante parte del ejercicio, una cifra que supera en más de 50.000 viviendas la registrada un año antes. La normativa del IRPF obliga a tributar por los inmuebles urbanos que no constituyen la vivienda habitual ni generan rendimientos por alquiler. La base de este gravamen se calcula aplicando un porcentaje sobre el valor catastral del inmueble, que es del 1,1% cuando dicho valor ha sido revisado en los últimos años y del 2% cuando no ha sido actualizado. No obstante, el importe total declarado como renta imputada no coincide con la recaudación efectiva de Hacienda, ya que el resultado final del impuesto depende de la situación fiscal de cada contribuyente. Aunque esta renta no admite deducciones específicas, la cuota total del IRPF puede reducirse mediante otras deducciones o compensarse con devoluciones derivadas de retenciones soportadas durante el año. Por comunidades autónomas, Madrid concentra el mayor número de viviendas vacías, con 839.747 inmuebles, seguida de Andalucía, con 833.183; Cataluña, con 685.134; y la Comunidad Valenciana, con 635.915. En conjunto, estas cuatro autonomías reúnen alrededor del 61% de todas las viviendas desocupadas declaradas en España. En cuanto al coste medio de esta tributación, los propietarios de las Islas Baleares son quienes soportan la mayor carga fiscal, con una media de 1.082 euros por contribuyente. Les siguen los residentes en la Comunidad de Madrid, con 1.077 euros; Cantabria, con 1.042 euros; y Cataluña, con 997 euros. En el conjunto del país, la tributación media por vivienda vacía asciende a 858,8 euros, un 3% más que en 2023, debido principalmente a la actualización de los valores catastrales. Respecto al mercado del alquiler, los propietarios declararon en 2024 unos ingresos brutos de 22.609 millones de euros, lo que supone un incremento del 11% respecto al ejercicio anterior, impulsado por la subida de las rentas. Una vez descontados los gastos deducibles, como intereses hipotecarios, seguros, reparaciones o gastos de comunidad, y aplicadas las reducciones fiscales previstas para el alquiler de vivienda habitual, los rendimientos netos declarados alcanzaron los 7.215 millones de euros. Cataluña encabeza el número de viviendas arrendadas, con 538.661 inmuebles, seguida de Madrid, con 503.389. A continuación figuran la Comunidad Valenciana, con 279.995 viviendas en alquiler, y Andalucía, con 279.447. En términos de ingresos, los propietarios madrileños obtienen las rentas medias más elevadas, con 931 euros mensuales por vivienda. Les siguen los propietarios de Baleares, con 869 euros, y los de Cataluña, con 770 euros al mes. En el extremo opuesto se sitúan Extremadura, con una media de 434 euros mensuales; Galicia, con 485 euros; Murcia, con 490 euros; y Castilla y León, con 495 euros. Si se analiza la rentabilidad obtenida por el alquiler en relación con el valor de la vivienda, Castilla-La Mancha lidera el ranking nacional con un rendimiento medio del 6,5%, por encima de la media española, situada en el 5,4%. Tras ella se encuentran la Comunidad Valenciana y Asturias, ambas con un 6,4%; Murcia, con un 6,3%; y Castilla y León, con un 6,1%. En cambio, las menores rentabilidades se registran en Baleares, con un 4,8%; la Comunidad de Madrid, con un 5%; y Cataluña, con un 5,2%, territorios que coinciden con algunos de los mercados donde el precio de compra de la vivienda es más elevado.

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(La Vanguardia, 06-07-2026) | Fiscal

Irlanda, frente a la misión imposible de diseñar una tasa europea a las ‘big tech’

Irlanda afronta durante este semestre una de las negociaciones más complejas de la Unión Europea. Como país que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, el primer ministro, Micheál Martin, tiene el encargo de intentar alcanzar un acuerdo político sobre el próximo Marco Financiero Plurianual, el presupuesto comunitario que regirá entre 2028 y 2034, antes de que finalice el año. La negociación parte de posiciones muy alejadas. Por un lado, los denominados países frugales, entre ellos Suecia y Países Bajos, reclaman una reducción significativa del gasto comunitario. En el extremo opuesto, Estados como España, Portugal o Italia defienden el mantenimiento de las grandes partidas tradicionales, como los fondos de cohesión y la Política Agraria Común (PAC), ante el temor de que las nuevas prioridades en materia de defensa y competitividad reduzcan su financiación. Alemania ha planteado incluso la posibilidad de recortar hasta 400.000 millones de euros respecto a la propuesta inicial presentada por la Comisión Europea. Con el objetivo de facilitar un acuerdo, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha encargado a la presidencia irlandesa estudiar nuevas fuentes de financiación para el presupuesto comunitario que permitan limitar el incremento de las aportaciones nacionales sin renunciar a las nuevas inversiones que demanda la Unión. Entre las alternativas que se analizan figura la creación de nuevos recursos propios de la UE, siendo una de las propuestas más relevantes la implantación de un impuesto europeo sobre las grandes empresas tecnológicas. La iniciativa resulta especialmente delicada para Irlanda, cuya economía mantiene una estrecha relación con multinacionales estadounidenses del sector digital gracias a su favorable régimen fiscal. Solo en 2023, Alphabet, Apple y Microsoft aportaron alrededor del 38% de toda la recaudación del impuesto de sociedades del país. Pese a ello, Micheál Martin ha asegurado que la presidencia irlandesa actuará con neutralidad durante las negociaciones. Según explicó, sobre la mesa existen entre seis y siete posibles mecanismos para generar nuevos ingresos comunitarios, con distintos niveles de respaldo entre los Estados miembros y las instituciones europeas, por lo que el objetivo será analizar todas las opciones durante los próximos meses. Además del gravamen a las grandes plataformas digitales, también se estudian otras fuentes de financiación, como impuestos relacionados con el juego en línea o con las criptomonedas. Sin embargo, la propuesta que mayor capacidad recaudatoria presenta es la vinculada al sector digital. Un análisis preliminar de la Comisión Europea estima que un impuesto inspirado en los ya existentes en España, Francia e Italia podría aportar alrededor de 5.000 millones de euros anuales. El Parlamento Europeo plantea una fórmula mucho más ambiciosa que extendería el gravamen al conjunto del comercio digital, con una recaudación potencial cercana a los 42.900 millones de euros al año. La presidencia irlandesa pretende cerrar un acuerdo sobre las líneas generales del presupuesto antes de finalizar el semestre, aunque reconoce la dificultad del proceso. El viceprimer ministro y ministro de Finanzas, Simon Harris, ha insistido en que cualquier nuevo impuesto europeo deberá cumplir dos condiciones fundamentales: contar con el respaldo político unánime de los Estados miembros y poder entrar en funcionamiento en 2028, coincidiendo con el inicio del nuevo marco presupuestario. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido de que la Unión necesita incorporar alrededor de 66.000 millones de euros anuales en nuevos recursos para financiar las prioridades del próximo presupuesto. En caso contrario, las alternativas pasarían por incrementar las contribuciones nacionales o aplicar importantes recortes al gasto comunitario, que podrían alcanzar hasta el 40% de algunas partidas. Según la Comisión, este escenario pone de manifiesto la necesidad de encontrar nuevas fuentes estables de financiación para sostener las políticas europeas de los próximos años.

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(El País, 06-07-2026) | Laboral

La patronal de las pymes hace oficial su respaldo a Garamendi en las elecciones de CEOE

Antonio Garamendi ha reforzado su posición de cara a las elecciones de la CEOE, previstas para el 1 de octubre, tras recibir el respaldo unánime de la ejecutiva de Cepyme. El apoyo llega de la mano de Ángela de Miguel, quien devuelve así el respaldo que Garamendi le brindó hace un año para alcanzar la presidencia de la patronal de las pymes. En el comunicado difundido por Cepyme, su Comité Ejecutivo subraya la necesidad de contar con un liderazgo sólido y consolidado para defender los intereses empresariales en un contexto marcado por la incertidumbre económica y regulatoria. La organización también ha destacado la gestión desarrollada por Garamendi al frente de la CEOE durante los últimos años, valorando especialmente su papel en la interlocución con el Gobierno y en los procesos de diálogo social junto a CCOO y UGT. La patronal de las pequeñas y medianas empresas considera que la continuidad de Garamendi contribuirá a reforzar la unidad de acción del tejido empresarial y permitirá seguir defendiendo condiciones favorables para el crecimiento de las compañías, la creación de empleo y el desarrollo económico del país. Aunque por el momento no ha surgido ningún rival oficial, distintas voces del ámbito empresarial señalan a Gerardo Cuerva como el único candidato con capacidad para disputarle el liderazgo. Cuerva, actual presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, mantiene de momento silencio sobre una eventual candidatura. La figura de Ángela de Miguel sigue siendo relevante en este equilibrio interno. Su victoria en las elecciones de Cepyme en mayo del año pasado, con un ajustado 53% de los votos frente a Cuerva, evidenció entonces la existencia de divisiones dentro del empresariado respecto a la línea impulsada por Garamendi. Sin embargo, su respaldo actual refuerza la cohesión interna en torno al presidente de CEOE. Además de Cepyme, Garamendi ha sumado el apoyo de otras organizaciones empresariales de peso. Entre ellas se encuentra Confebask, que ha puesto en valor su trayectoria profesional y su conocimiento del tejido empresarial vasco. También la patronal catalana Foment del Treball prevé formalizar su respaldo en los próximos días. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, ya ha elogiado públicamente la gestión de Garamendi, calificándola de especialmente meritoria en una legislatura compleja. Este apoyo tiene especial relevancia porque Foment respaldó en 2022 a Virginia Guinda, rival de Garamendi en los anteriores comicios. A estos respaldos se suman también CEOE Tenerife y dirigentes de organizaciones empresariales de Aragón, Andalucía y Murcia, además de asociaciones sectoriales como Ametic y AEB. Según los estatutos de la CEOE, las candidaturas podrán presentarse hasta 40 días antes de la votación, situando el límite en la penúltima semana de agosto. Para concurrir, los aspirantes deben reunir el aval de al menos el 10% del censo electoral y contar con el respaldo de representantes de, como mínimo, seis organizaciones empresariales distintas. Si finalmente resulta reelegido, Antonio Garamendi afrontará su tercer mandato al frente de la CEOE, cargo que ocupa desde 2018. Esta posibilidad fue facilitada por la reforma estatutaria aprobada en 2023, que eliminó el límite de dos mandatos consecutivos para la presidencia de la organización.

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(El País, 06-07-2026) | Laboral

El paro de los extranjeros repunta ligeramente en plena regularización

El mercado laboral español volvió a mostrar en junio su habitual fortaleza estacional impulsada por el arranque de la temporada turística, con 128.500 nuevos empleos y 28.700 parados menos. Sin embargo, este año se ha producido una anomalía relevante: mientras la afiliación a la Seguridad Social alcanzó máximos históricos, el paro registrado entre los trabajadores extranjeros aumentó ligeramente, un comportamiento poco habitual en este mes. En junio de 2026, el número de extranjeros inscritos en el paro ascendió a 342.100 personas, lo que supone 4.210 más que en mayo y 10.070 más que un año antes. Este repunte rompe con una tendencia histórica de descensos continuados en el sexto mes del año. De hecho, excluyendo el periodo de la pandemia, no se registraba un aumento del paro extranjero en junio desde 2008, en los inicios de la crisis inmobiliaria. El contraste con años anteriores es notable. En junio de 2025 el paro extranjero cayó en 10.800 personas, en 2024 lo hizo en 9.300 y en 2023 en 8.600. También difiere del comportamiento del desempleo entre los trabajadores españoles, cuyo paro sí continuó bajando en junio, con 32.947 personas menos inscritas. Los expertos relacionan este cambio de tendencia con el proceso extraordinario de regularización de extranjeros impulsado por el Gobierno. La principal explicación es que muchas personas que hasta ahora permanecían fuera de los registros oficiales, al obtener documentación provisional o regularizar su situación, pasan a tener derecho a inscribirse como demandantes de empleo. Luis Zarapuz, coordinador del gabinete económico de CCOO, considera que la regularización explica buena parte del repunte. Según su análisis, resulta lógico que el afloramiento administrativo de nuevos trabajadores genere simultáneamente más afiliación y un ligero aumento del paro registrado, ya que muchas personas pasan a formar parte del sistema formal de empleo. No obstante, los especialistas recomiendan prudencia antes de extraer conclusiones definitivas. Aunque parte de la menor caída del paro puede atribuirse al proceso de regularización, aún existen otros factores que podrían estar influyendo en la evolución del mercado laboral. Desde el Ministerio de Trabajo prefieren no establecer por ahora una relación directa entre el aumento del paro extranjero y la regularización. Joaquín Pérez Rey ha señalado que todavía es pronto para cuantificar ese efecto y sostiene que su impacto sobre el paro registrado sería muy reducido. Donde sí resulta evidente el efecto de la regularización es en el empleo. Según el Ministerio de Inclusión, 159.100 extranjeros regularizados ya se encontraban trabajando a 30 de junio, contribuyendo de forma directa al fuerte incremento de afiliación. Los sectores que más empleo están absorbiendo entre los trabajadores regularizados son la hostelería, con 38.800 altas; el comercio, con 20.200; las actividades administrativas, con 19.300; y la construcción, con 18.300. Se trata de ramas con elevada demanda de mano de obra y fuerte peso estacional. En conjunto, la afiliación de extranjeros creció en junio en 86.600 personas, más del triple del incremento registrado en junio de 2025. Esto significa que aproximadamente dos tercios del empleo creado en el mes corresponde a trabajadores extranjeros, un dato que ilustra la magnitud del fenómeno. En términos interanuales, el crecimiento también ha sido especialmente intenso. La afiliación extranjera aumenta un 11,3%, con 350.200 cotizantes más, frente al avance del 6,8% registrado el año anterior. Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research, observa un efecto claro de la regularización sobre la afiliación, al detectar un crecimiento superior al esperado antes de iniciarse el proceso. En su opinión, aunque el repunte del paro extranjero es llamativo por el cambio de signo, no resulta estadísticamente preocupante dentro del contexto general de reducción del desempleo. En la misma línea, Carlos Arcas considera que este aumento del paro debe interpretarse principalmente como un efecto administrativo temporal. Según explica, muchas personas que antes no figuraban en ningún registro oficial ahora aparecen como demandantes de empleo al incorporarse al mercado laboral formal. En consecuencia, el balance global sigue siendo claramente positivo. Más que reflejar destrucción de empleo, el ligero aumento del paro entre extranjeros parece responder al afloramiento de trabajadores previamente invisibles para la estadística oficial. La regularización estaría, por tanto, ampliando la base laboral formal de España y reforzando la capacidad del mercado de trabajo para sostener el crecimiento económico.

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(El Economista, 06-07-2026) | Laboral

Cataluña sube 74 euros el complemento a las pensiones no contributivas

El Parlament de Cataluña ha aprobado una modificación normativa que garantiza el mantenimiento del complemento autonómico que perciben los beneficiarios de las pensiones no contributivas (PNC), evitando que su cuantía varíe cada año en función de las revalorizaciones de la prestación estatal. La medida ha salido adelante a través de las enmiendas incorporadas a la ley de presupuestos de 2026 y beneficiará a más de 56.000 personas. Hasta ahora, la normativa obligaba a la Generalitat a ajustar el importe del complemento autonómico para que, sumado a la pensión no contributiva abonada por el Estado, alcanzara el nivel fijado por el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), que en 2026 se sitúa en 9.622,18 euros anuales, un 3% por encima del ejercicio anterior. Este año, el Gobierno central aprobó una subida del 11,35% de las pensiones no contributivas, elevando su cuantía hasta los 733 euros mensuales. Como consecuencia de ese incremento, la legislación vigente hasta ahora obligaba a reducir el complemento que abona la Generalitat, que habría pasado de 119 euros a 68,85 euros al mes. Con la reforma aprobada por el Parlament, el complemento autonómico queda blindado y deja de disminuir cuando aumenta la prestación estatal. La medida tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 y permitirá que los beneficiarios perciban 51,42 euros mensuales más de lo que habría correspondido con la normativa anterior y 74 euros más al mes en comparación con la cuantía recibida durante 2025. El objetivo de esta modificación es garantizar una mayor estabilidad en los ingresos de los perceptores de pensiones no contributivas y evitar que las mejoras aprobadas por el Estado se traduzcan en una reducción automática de la aportación complementaria de la Generalitat.

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