Noticias

(El Confidencial, 26-05-2026) | Fiscal

España es el país europeo que más ha frenado la inflación bajando el IVA

Antes del estallido de la crisis inflacionaria, España figuraba entre los países europeos con mayores niveles de inflación. En algunos momentos, incluso superó en más de un punto porcentual la media de la eurozona, lo que despertó inquietud entre los analistas por el posible deterioro de la competitividad de la economía española. Sin embargo, en el último mes esa diferencia se ha estrechado hasta alcanzar su nivel más bajo en un año. La principal razón es que el Gobierno español ha aplicado una rebaja fiscal para hacer frente a la crisis energética mucho más intensa que la adoptada por otros socios europeos. De acuerdo con los datos de Eurostat, las medidas anticrisis aprobadas por el Ejecutivo han reducido la inflación española en 1,2 puntos porcentuales. Ningún otro país de la eurozona ha aplicado un estímulo fiscal de esa magnitud. Italia ocupa el segundo lugar, aunque su impacto apenas alcanza los 0,6 puntos, la mitad del efecto registrado en España. Gracias a estas medidas, el IPC armonizado español se situó en el 3,5%, muy próximo al 3,1% de la eurozona. El paquete anticrisis ha contribuido así a contener la pérdida de competitividad de la economía española. Otros países europeos, no obstante, han preferido recurrir a ayudas directas dirigidas a familias o sectores concretos, políticas que no afectan de forma directa al IPC, aunque también suponen una forma de subvención al consumo energético. La moderación de los precios se concentra principalmente en los productos beneficiados por las rebajas fiscales, especialmente electricidad, gas y carburantes. España se encuentra entre los países europeos donde menos han subido estos productos. La gasolina, por ejemplo, apenas se ha encarecido un 2,1% respecto al mismo mes del año anterior, frente al aumento del 14% registrado en la eurozona. En el caso del diésel, el incremento alcanza el 28% en España, mientras que en el conjunto del área euro llega al 35%. Estas medidas han supuesto un alivio importante para los hogares, aunque también esconden ciertos efectos negativos. El principal es que España podría convertirse en uno de los países donde la inflación repunte con más fuerza una vez desaparezcan las ayudas fiscales. Si se excluyera el efecto de la rebaja de impuestos, la inflación española habría alcanzado el 4,5%, uno de los registros más elevados de Europa. Dentro de la eurozona, únicamente Luxemburgo y Croacia presentarían peores cifras. Esto refleja que el decreto anticrisis está amortiguando una presión inflacionista mucho más intensa de lo que muestran los datos oficiales. La diferencia es especialmente evidente en los productos energéticos. La idea defendida por el Gobierno de que la transición energética está ayudando a contener los precios pierde fuerza al comparar la situación española con la de otros países europeos. En la electricidad, por ejemplo, la factura doméstica es actualmente un 4,3% más baja que hace un año. Sin embargo, sin la reducción fiscal, el precio habría aumentado un 4,9%. De este modo, España pasaría de figurar entre los países con mejor evolución del coste eléctrico a situarse entre los peores. En el conjunto de la eurozona, el precio de la electricidad sin variaciones fiscales apenas habría aumentado un 0,4%. Esto evidencia que el coste final que soportan los hogares no depende únicamente de los mercados mayoristas, sino también de la carga fiscal y regulatoria incorporada al recibo. En el caso del diésel, el precio antes de impuestos ya se ha incrementado un 44,7%, el segundo peor dato de toda la eurozona y cuatro puntos por encima de la media europea. Algunos analistas consideran que las rebajas fiscales podrían estar favoreciendo que las familias mantengan un elevado consumo de combustibles, lo que contribuye a sostener las presiones sobre los precios. Al suavizar la señal de encarecimiento, los consumidores no ajustan su demanda al nuevo contexto económico y el Estado termina subvencionando parcialmente el consumo energético. En el resto de bienes y servicios no afectados por las medidas fiscales, la inflación española se mantiene entre las más elevadas de la eurozona. Alimentación, ropa, muebles, electrodomésticos, hostelería, servicios sanitarios o seguros registran incrementos claramente superiores a los de otros países europeos. La inflación subyacente -que excluye energía y alimentos frescos por ser los componentes más volátiles- se sitúa en el 3,1% en España, frente al 2,1% de media en la eurozona. Solo Croacia presenta una cifra superior dentro de los países que comparten el euro. Estos datos reflejan que la economía española continúa soportando presiones inflacionistas generalizadas, derivadas no solo de la crisis energética, sino también del dinamismo de la demanda interna. El crecimiento económico y el fuerte consumo siguen alimentando las tensiones sobre los precios. El decreto anticrisis ha logrado amortiguar temporalmente la inflación, pero su efecto será limitado en el tiempo. Bajo la rebaja fiscal se estaría acumulando una subida de precios más intensa que la observada en el resto de Europa. De hecho, sin las ayudas, la diferencia de inflación respecto a la eurozona habría alcanzado 1,3 puntos. Esa presión podría hacerse visible en los próximos meses, ya que España comenzará a retirar progresivamente la reducción del IVA a partir de junio.

LEER MÁS

(Expansión, 26-05-2026) | Laboral

Más de 1,6 millones de empleados trabajan solo 21 horas semanales pese a querer una jornada completa

Según un informe elaborado por Asempleo, el sector servicios reúne el 86,6% de los casos de subempleo en España, especialmente en actividades como la hostelería, el comercio y los servicios administrativos. Por detrás se sitúan la industria y la construcción. En un contexto marcado por cifras históricas de ocupación y por el debate impulsado por el Gobierno sobre la reducción de la jornada laboral, persiste una realidad: 1,62 millones de trabajadores tienen empleos con menos horas de las que querrían. Así lo pone de manifiesto un estudio de la patronal de las empresas de trabajo temporal, que, aunque detecta una disminución gradual del subempleo, alerta de que este problema sigue muy presente y se concentra en determinados sectores y perfiles. El análisis, elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2026, señala que esta situación afecta especialmente a mujeres y jóvenes, además de ser más frecuente en actividades con fuerte componente estacional, como la hostelería, el comercio o algunos servicios. Aunque el volumen de subempleados ha bajado respecto al máximo alcanzado en 2013, cuando superaban los dos millones, Asempleo considera que el fenómeno continúa siendo una muestra de ineficiencia del mercado laboral, ya que limita la productividad y agrava las desigualdades. La definición de subempleado incluye a quienes trabajan menos horas de las que desean, están disponibles para ampliar su jornada en un corto plazo y buscan activamente más empleo o la posibilidad de incrementar sus horas laborales. Según el informe, estos trabajadores realizan de media 21,7 horas semanales, pese a que desearían alcanzar las 40,1 horas. La diferencia, de 18,4 horas a la semana, evidencia el importante desfase existente. Por nivel educativo, el subempleo tampoco se limita a personas con baja cualificación: 576.000 afectados cuentan con estudios superiores y otros 498.100 tienen educación secundaria, lo que revela un desajuste entre la formación y las oportunidades laborales disponibles. El estudio también detecta diferencias relevantes por género, edad y sector económico. Las mujeres representan el 58,4% del total de subempleados, frente al 41,6% de hombres, una brecha que la patronal relaciona con la parcialidad involuntaria, las responsabilidades de cuidados y la elevada rotación en determinados sectores. Por franjas de edad, los jóvenes de entre 20 y 24 años continúan registrando niveles similares a los de 2014, con cerca de 177.000 afectados, lo que refleja las dificultades de acceso a empleos con jornadas amplias y mayor estabilidad. En cambio, entre las personas de 25 a 34 años el subempleo ha caído un 41,4% desde 2014, situándose en 409.300 personas, lo que apunta a una mejora gradual en el acceso a trabajos más estables. Por sectores, los servicios concentran la inmensa mayoría del subempleo, especialmente en hostelería, comercio y servicios administrativos. Mientras tanto, la industria ha reducido progresivamente esta situación y la construcción muestra un ligero incremento ligado a la recuperación de la actividad inmobiliaria. El informe insiste en que el subempleo supone un desaprovechamiento de talento y capacidad productiva. La amplia diferencia entre las horas trabajadas y las deseadas confirma, según Asempleo, que no se trata de un fenómeno puntual, sino estructural, con consecuencias económicas y sociales para los trabajadores. La patronal también advierte de algunos riesgos futuros. La expansión de la inteligencia artificial y la automatización en el sector servicios podría reducir la demanda de determinados perfiles laborales y aumentar el número de personas con jornadas insuficientes. Al mismo tiempo, considera que el crecimiento del turismo y la hostelería podría ayudar a absorber parte del subempleo si se implantan modelos laborales más flexibles. Además, la digitalización de los sistemas de intermediación laboral podría facilitar un mejor ajuste entre empresas y trabajadores, reduciendo el tiempo que una persona permanece en situación de subempleo involuntario. El presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, advierte de que la infrautilización continuada de la fuerza laboral supone una pérdida de potencial económico para el país, especialmente en un momento en el que el aumento de la productividad resulta esencial para sostener el Estado del bienestar y mejorar la competitividad internacional.

LEER MÁS

(El Economista, 26-05-2026) | Laboral

España pierde el tren europeo del empleo de alto valor añadido

Los conocidos como "empleos de alto valor añadido" se han presentado tradicionalmente como una de las principales palancas para mejorar la economía y el mercado laboral en España. Se trata de actividades asociadas a los contratos más estables y mejor remunerados, además de ser las que más contribuyen al PIB en términos de innovación y generación de riqueza. Desde la Gran Recesión, su evolución ha sido muy significativa: todo el empleo neto creado desde 2008 se concentra en estas ramas. Sin embargo, el país continúa sin converger con Europa, ya que la diferencia respecto a la zona euro apenas se ha reducido y sigue en niveles similares a los previos a la pandemia. Uno de los principales factores explicativos es el peso de la educación y la sanidad, donde persisten elevados niveles de precariedad. La categoría de empleo de alto valor añadido no es cerrada, pero suele agrupar cinco grandes ramas del sector servicios: informática y telecomunicaciones (programación, servicios informáticos y telecomunicaciones), actividades profesionales, científicas y técnicas (ingenierías, arquitectura, abogacía, consultoría e I+D), actividades financieras y de seguros, educación y actividades sanitarias y de servicios sociales. Estos sectores se contraponen a los denominados de "bajo valor añadido", caracterizados por un uso intensivo de mano de obra, mayor rotación, temporalidad elevada, menor cualificación y salarios más reducidos. En este grupo se incluyen principalmente la hostelería, el comercio y la construcción, actividades con una marcada estacionalidad en muchos casos. A comienzos de 2026, los sectores de alto valor añadido sumaban 6,4 millones de ocupados, equivalentes al 28,1% del empleo total, el máximo de toda la serie histórica del INE desde 2008. En ese año, antes de la crisis financiera, había 4,3 millones de trabajadores en estas actividades, que representaban el 20,3% del total. Desde entonces, todo el empleo neto creado (1,67 millones) se ha concentrado en estas ramas, que han sumado en conjunto 2,1 millones de ocupados, mientras que el resto de sectores ha perdido unos 418.600 empleos. Este crecimiento se concentra sobre todo en sanidad, educación, actividades científicas y técnicas y programación informática, mientras que los servicios financieros y algunas actividades TIC han mostrado ligeros retrocesos. No obstante, la foto cambia si se toma como referencia el periodo posterior a 2020. Desde entonces se han creado 2,6 millones de empleos en la economía española, de los cuales 1,2 millones corresponden a sectores de alto valor añadido y 1,4 millones al resto. Esto muestra que la aportación de estos sectores a la creación de empleo ha sido variable en el tiempo, con un único año de aportación negativa (2013) y varios ejercicios de caída en el conjunto del empleo. Aunque en el acumulado desde 2008 el empleo de alto valor añadido compensa las pérdidas del resto de sectores, esto no ocurre en ningún año concreto, ya que su peso medio apenas ronda el 25% del empleo total. Por ello, el efecto positivo solo se aprecia en el largo plazo, lo que sugiere que la transformación del modelo productivo sigue sin materializarse con la intensidad esperada. Los resultados son más modestos si se adopta una definición más estricta de este tipo de empleo, limitada a TIC y servicios profesionales vinculados a la tecnología. En este caso, el crecimiento es más intenso en términos relativos, pero el volumen total se reduce a 1,9 millones de trabajadores, muy por debajo de sanidad y educación, aunque con mayor dinamismo proporcional. Esta situación ayuda a explicar algunas de las paradojas en la comparación con Europa. España ha creado empleo de alto valor añadido a un ritmo relativamente elevado, pero ha mostrado un peor comportamiento en otros sectores, que aún no han recuperado los niveles de 2008. De este modo, aunque el Gobierno sostiene que la economía española avanza hacia actividades de mayor calidad y valor, esta evolución no se ha traducido en una reducción de la brecha con la zona euro. El peso de estos sectores en España se mantiene en el 28,1%, frente al 32,1% de la media europea, una diferencia de 4,4 puntos porcentuales que apenas ha variado en las últimas dos décadas. Si se amplía la perspectiva a 2008, la distancia llegó a ser de cinco puntos, se redujo ligeramente durante la crisis financiera y desde entonces se ha mantenido prácticamente estable. En consecuencia, España sigue claramente por debajo del promedio europeo en este indicador. La principal causa de esta brecha se encuentra en el menor peso relativo de la sanidad y la educación, sectores altamente dependientes del sector público y con mayores niveles de temporalidad. Además, son también áreas donde se registra una elevada incidencia del pluriempleo.

LEER MÁS

(El Economista, 26-05-2026) | Laboral

La Seguridad Social "aflora" 312.000 pluriempleados

Responder con exactitud cuántas personas tienen más de un empleo en España no es sencillo, ya que las dos principales fuentes estadísticas -la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE y los registros de la Seguridad Social- ofrecen cifras significativamente distintas. Según la EPA, en 2025 la media de ocupados en situación de pluriempleo se sitúa en 577.825 personas. Sin embargo, los datos de afiliación a la Seguridad Social elevan esa cifra hasta 889.526 trabajadores, lo que supone una diferencia de 311.701 personas, la más elevada desde que existen registros comparables, en 2002. Esta divergencia se explica en gran medida por la propia naturaleza de ambas fuentes. La EPA se basa en encuestas a hogares y solo contabiliza a quienes declaran en ese momento tener más de un empleo, por lo que puede dejar fuera trabajos secundarios muy esporádicos o de corta duración, como los realizados en fines de semana, festivos o en campañas puntuales. En cambio, la Seguridad Social registra todas las altas laborales, lo que hace que su recuento incluya cada relación de trabajo activa. Aunque posteriormente se promedia para el cálculo anual, esta metodología provoca que las cifras sean sistemáticamente más altas, algo que ocurre desde 2004, pero nunca con una brecha tan amplia como la actual. El propio análisis estadístico añade otra capa de complejidad. Mientras que la EPA muestra una estabilidad del pluriempleo en 2025 e incluso un ligero descenso, la afiliación refleja un aumento cercano al 5% y marca un nuevo máximo histórico. Esta evolución opuesta sugiere cambios en la forma en que se generan y registran los empleos secundarios, posiblemente ligados a mayor fragmentación de los trabajos o a su vinculación con sustituciones y coberturas temporales. Por sectores, la mayor concentración de situaciones de pluriactividad se da en educación (12%), seguida de sanidad (10,8%), servicios auxiliares (10,7%) y, con el 9,4% cada uno, hostelería y comercio. Estas cinco ramas concentran más de la mitad del pluriempleo en España. El contraste entre ambas estadísticas resulta aún más llamativo si se compara con el comportamiento general del empleo. En términos globales, la EPA suele registrar más ocupados que la Seguridad Social, lo que habitualmente se interpreta como un indicio de economía sumergida. Estudios como el de Fedea han señalado que una parte importante de esa diferencia corresponde a trabajadores extranjeros en situación irregular. Sin embargo, en el caso del pluriempleo este patrón se invierte desde hace más de dos décadas, lo que podría estar relacionado con un mayor control administrativo y fiscal de los empleos secundarios, así como con una mejor detección por parte de la Seguridad Social. Al mismo tiempo, no se descarta que parte de estos trabajos no se declaren en las encuestas del INE si se desarrollan en la economía informal. Otro elemento relevante es la forma en que se contabiliza esta realidad. Los datos de la Seguridad Social no miden personas, sino "situaciones de cotización", por lo que un mismo trabajador puede aparecer varias veces si tiene más de un empleo. Esto implica que los cerca de 900.000 registros no equivalen exactamente a 900.000 personas. La propia metodología reconoce este desfase, estimando que la diferencia entre afiliaciones y personas reales ronda el 4% del total, aunque en los últimos años este porcentaje ha alcanzado sus niveles más altos de la serie, superando ese umbral en 2024 y 2025.

LEER MÁS

(El País, 26-05-2026) | Laboral

“Los datos muestran que, desde la reforma laboral, los contratos duran más: la estabilidad real ha mejorado, no solo la contractual”

Un análisis del centro de estudios Iseak, publicado este martes, concluye que la reforma laboral de 2021 ha modificado de forma significativa el funcionamiento del mercado de trabajo en España, aunque reabre el debate sobre su efecto real en la estabilidad del empleo. El informe, titulado Reforma laboral 2021: ¿más contratos indefinidos o estabilidad real?, sostiene que desde su entrada en vigor "los contratos iniciados en España tienen una menor probabilidad de finalizarse", un cambio que los autores también relacionan con el buen ciclo económico, sin poder aislar el impacto de cada factor. Según el estudio, la mejora de la estabilidad ha beneficiado especialmente a jóvenes, mujeres y trabajadores extranjeros. La reforma, fruto del acuerdo entre Gobierno, sindicatos y patronal, eliminó el contrato de obra y servicio y restringió el uso de la contratación temporal. Aprobada en diciembre de 2021, ha transformado la estructura del empleo: la temporalidad ha pasado del 25% antes de la reforma al 15% en 2025. El informe recuerda que esta situación de precariedad tiene efectos sociales relevantes, como el aumento de la pobreza laboral, la exclusión social o el menor incentivo a la formación. Iseak subraya que la reforma fue la intervención más ambiciosa en décadas en este ámbito, al limitar la temporalidad, impulsar los contratos fijos discontinuos -que pasan del 2,1% al 3,6%- y reforzar la contratación indefinida, que sube del 72,7% al 81,1%. También destaca el cambio en la composición de las nuevas contrataciones: los contratos temporales han pasado de representar el 88% de las altas al 49%, mientras que en el último trimestre de 2025 los fijos discontinuos suponen el 31% de los episodios laborales y los indefinidos el 19%, lo que el estudio describe como una reconfiguración sin precedentes. A partir de ahí, el informe plantea la cuestión central: si ha aumentado la estabilidad real del empleo o si solo ha cambiado la denominación de los contratos. Los investigadores citan trabajos previos, como uno de Fedea liderado por Ignacio Conde-Ruiz, que concluía que la reforma reducía la temporalidad formal pero no necesariamente la efectiva. Con datos actualizados hasta 2025, Iseak llega a una interpretación distinta. El estudio se basa en registros administrativos de la Seguridad Social entre 2018 y 2025 (excluyendo 2020 y 2021 por la pandemia) y aplica un análisis de supervivencia mediante el estimador Kaplan-Meier, una técnica estadística que mide la probabilidad de que un contrato siga activo con el paso del tiempo, hasta un máximo de 270 días. Los resultados apuntan a una mayor duración de los contratos tras la reforma. Por ejemplo, al mes de iniciarse un contrato, la tasa de supervivencia pasa del 49,1% en 2019 al 56,3% en 2022. A los seis meses, la mejora se mantiene, con un aumento del 44% al 50,6%. Esta tendencia positiva se consolida en cohortes posteriores, como las de 2023, 2024 y 2025, según el informe. Sin embargo, el análisis por tipo de contrato introduce matices. Los contratos indefinidos muestran una menor duración media tras la reforma: al mes, su supervivencia baja del 91,5% al 87,8%, y a los seis meses del 86,4% al 80,4%. Los autores lo atribuyen a un cambio en el perfil de los trabajadores que acceden a esta modalidad, que ahora incluye a personas que antes habrían firmado contratos temporales, lo que habría hecho más heterogéneo el colectivo. También se observa una reducción de la estabilidad en los fijos discontinuos, lo que algunos estudios anteriores ya habían vinculado a un desplazamiento de parte de la temporalidad hacia esta figura. En cambio, la estabilidad de los contratos temporales apenas presenta variaciones. El informe analiza además las diferencias por sexo, edad y nacionalidad. Los grupos que más mejoran su estabilidad son aquellos que partían de situaciones más precarias: mujeres, menores de 30 años y trabajadores extranjeros. En el caso de las mujeres, la tasa de supervivencia pasa del 47,8% en 2019 al 55,4% en 2022, aunque la brecha con los hombres se mantiene. Por sectores, las mejoras son más visibles en actividades como la hostelería, tradicionalmente asociadas a mayor inestabilidad laboral. En sus conclusiones, Iseak señala que las curvas de supervivencia muestran de forma consistente una mayor duración de los contratos tras la reforma, un efecto generalizado en la mayoría de colectivos y sectores. No obstante, los autores advierten de que este resultado puede explicarse tanto por el impacto de la reforma como por el ciclo económico expansivo, lo que impide separar con precisión el peso de cada factor sin un análisis contrafactual más complejo.

LEER MÁS

(Cinco Días, 26-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV plantea una norma para limitar el poder de los grandes presidentes ejecutivos del Ibex 35

La Comisión Nacional del Mercado de Valores plantea un cambio profundo en la estructura de poder de las grandes cotizadas españolas. Según un borrador del nuevo Código de Buen Gobierno al que ha tenido acceso este periódico, el supervisor recomienda que las compañías con más de 500 millones de euros de capitalización concentren todas las funciones ejecutivas en la figura del consejero delegado, mientras que el presidente del consejo asumiría únicamente tareas institucionales y de representación. Aunque estas recomendaciones no tienen carácter obligatorio, sí influyen de forma significativa en la percepción de los inversores y de los asesores de voto. De salir adelante, el nuevo modelo pondría en cuestión la actual concentración de poder de figuras como Ana Botín en Banco Santander, Carlos Torres en BBVA, Ignacio Sánchez Galán en Iberdrola o Marc Murtra en Telefónica. Todos ellos tendrían que optar entre mantener la presidencia o conservar las funciones ejecutivas del día a día. La CNMV comenzó a finales del pasado año la revisión de su Código de Buen Gobierno, cuya última actualización se produjo en 2020. El regulador explicó entonces que el objetivo era adaptar las recomendaciones a los nuevos estándares normativos y de gobernanza corporativa. El calendario inicial contemplaba trabajar durante todo 2026 junto a un comité de expertos y abrir una consulta pública en el primer trimestre de 2027. Sin embargo, ya existen borradores preliminares que están siendo debatidos internamente. En uno de esos textos iniciales, fechado en febrero de 2026, el organismo propone establecer una separación clara entre las funciones del presidente y las del consejero delegado, algo históricamente poco habitual en las grandes empresas españolas. El documento plantea que las compañías afectadas tengan hasta el 30 de junio de 2028 para presentar planes de sucesión que expliquen cómo transferirán las competencias ejecutivas al consejero delegado. La implantación efectiva de ese modelo debería completarse, como máximo, antes del 30 de junio de 2030. Aunque el Código de Buen Gobierno funciona bajo el principio de "cumplir o explicar", sus recomendaciones tienen un peso relevante en el mercado. La CNMV obliga a las empresas que no sigan estas pautas a detallar en sus informes anuales de gobierno corporativo qué recomendaciones incumplen y cuáles son los motivos. Este sistema ya ha servido en el pasado para impulsar cambios en la composición de los consejos, especialmente en materia de presencia femenina e independencia de los consejeros. El organismo presidido por Carlos San Basilio justifica esta separación de funciones argumentando que el presidente debe desempeñar un papel esencial en la supervisión y el correcto funcionamiento del consejo de administración. Según el borrador, cuando esa misma persona acumula también funciones ejecutivas puede producirse una excesiva concentración de poder que reduzca la capacidad de control independiente del consejo sobre la gestión empresarial. El texto señala además que las mejores prácticas internacionales apuestan por distinguir claramente entre ambas figuras, especialmente en las grandes cotizadas, con el objetivo de reforzar el equilibrio de poderes y mejorar la eficacia del órgano de administración. La CNMV, no obstante, excluye de esta recomendación a las empresas con menos de 500 millones de euros de capitalización, al considerar que la separación puede generar costes demasiado elevados para compañías de menor tamaño. Con esta propuesta, el supervisor bursátil se suma a las presiones de distintos organismos internacionales para que las grandes empresas españolas evolucionen hacia modelos más próximos al sistema anglosajón. En Reino Unido, por ejemplo, es habitual la figura del chairman, un presidente no ejecutivo encargado de coordinar el consejo de administración sin intervenir en la gestión diaria de la compañía. La presión es especialmente intensa en el sector financiero. El Banco Central Europeo trabaja desde hace cerca de dos años en una nueva guía de gobernanza bancaria que también apunta hacia una separación entre las funciones institucionales del presidente y las ejecutivas del consejero delegado. Tanto Ana Botín como Carlos Torres han defendido en diversas ocasiones el modelo de gobierno corporativo de sus entidades, subrayando que cuenta con el respaldo tanto del BCE como de la CNMV. Sin embargo, el nuevo enfoque regulatorio podría modificar esa posición. En otras entidades financieras españolas ya existe esa división de funciones. Josep Oliu en Banco Sabadell, María Dolores Dancausa en Bankinter y José Sevilla en Unicaja Banco ejercen presidencias sin funciones ejecutivas. También Tomás Muniesa dejó de asumir responsabilidades ejecutivas al relevar a José Ignacio Goirigolzarri al frente de CaixaBank, aunque mantiene su condición de consejero dominical en representación de CriteriaCaixa. El documento todavía no es definitivo y sigue siendo objeto de revisión por parte del comité de expertos coordinado por San Basilio y la vicepresidenta de la CNMV, Paloma Marín. En ese grupo participan representantes de organismos públicos como la Secretaría de Estado de Economía, la Abogacía General del Estado, el Banco de España o la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, así como despachos de abogados como Garrigues y Uría Menéndez y asociaciones empresariales como la Asociación Española de Banca, CECA, Inverco o Unespa. La intención del regulador es abrir el texto a consulta pública durante el primer trimestre de 2027, previsiblemente durante tres meses. Tras analizar las propuestas y observaciones recibidas, la versión definitiva del nuevo Código de Buen Gobierno se publicaría a mediados del próximo año.

LEER MÁS

(El Economista, 26-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno abordará con los agentes sociales las medidas por la guerra que deben mantenerse a partir del 30 de junio

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, han participado esta mañana en una reunión con los agentes del diálogo social para hacer seguimiento de las medidas puestas en marcha para mitigar el impacto derivado de la guerra en Irán. En el encuentro también han estado presentes representantes empresariales y sindicales, como el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, y los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo. Todos los asistentes han acordado volver a reunirse en las próximas semanas para analizar la evolución de la situación y valorar la posible necesidad de prolongar o ajustar las medidas más allá del 30 de junio. El ministro de Economía ha señalado que en las próximas semanas se mantendrán reuniones con los agentes sociales y los distintos sectores económicos con el objetivo de compartir el diagnóstico de la situación y evaluar qué actuaciones podrían ser necesarias una vez finalice el periodo de vigencia de las medidas actuales. Tras la reunión, el Ministerio de Economía ha trasladado una valoración compartida en la que se concluye que España está respondiendo de forma adecuada al impacto del conflicto en Irán. En esta línea, el vicepresidente primero ha afirmado que el conjunto de medidas del Gobierno está cumpliendo su objetivo de proteger el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas. Según ha explicado Cuerpo, de acuerdo con los datos del INE, la inflación de los carburantes en abril habría alcanzado el 28,9% sin las medidas adoptadas, mientras que el Plan de Respuesta ha permitido reducirla en más de 16 puntos porcentuales. Asimismo, ha indicado que el impacto en la inflación general se ha moderado en torno a un punto porcentual. En el cierre del encuentro, tanto los ministerios implicados como los agentes sociales han subrayado la importancia de combinar medidas de corto plazo con estrategias estructurales a largo plazo que impulsen la electrificación y refuercen la capacidad de respuesta ante futuras crisis. En este sentido, Cuerpo ha destacado que la apuesta por las energías renovables ha contribuido a situar a España en una posición más sólida frente a la volatilidad de los mercados energéticos.

LEER MÁS

(La Razón, 26-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los jóvenes, cada vez más cerca de la pobreza: ocho de cada diez no pueden emanciparse y el 90% depende de sus padres

Cada vez resulta más complicado para los jóvenes españoles independizarse del hogar familiar. Más del 80% no logra emanciparse antes de cumplir los 30 años, el peor registro desde que existen estadísticas. Además, nueve de cada diez siguen dependiendo económicamente de sus padres para poder mantenerse, según los datos del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud de España. La situación tampoco mejora demasiado entre quienes tienen empleo. Solo uno de cada cuatro jóvenes trabajadores puede vivir de forma independiente y, aun contando con trabajo, las nuevas generaciones afrontan un riesgo de pobreza superior al del resto de grupos de edad. Estos datos desmontan la idea de que los jóvenes no quieren estudiar o incorporarse al mercado laboral. Más de un tercio de los menores de 29 años compatibiliza estudios y empleo, mientras que cerca del 70% de quienes trabajan desempeñan puestos por debajo de su nivel de cualificación, según la Encuesta de Condiciones de Vida. Además, la tasa de inactividad juvenil se sitúa entre las más bajas registradas en España y el nivel de empleo ronda el 50%, aunque gran parte de los salarios apenas supera el Salario Mínimo Interprofesional. Los bajos ingresos hacen prácticamente imposible acceder a una vivienda en solitario. Con los precios actuales del mercado, un joven trabajador tendría que destinar más del 98% de su sueldo mensual al alquiler. El Consejo de la Juventud advierte de que esta situación impide a muchos jóvenes desarrollar un proyecto de vida propio durante esta etapa. La compra de vivienda tampoco resulta accesible. Ahorrar la entrada necesaria exige dedicar íntegramente el salario de al menos 4,7 años. Por ello, el 55% de los jóvenes que consigue emanciparse lo hace viviendo de alquiler y, dentro de este grupo, más de la mitad comparte piso. El informe también destaca el fuerte crecimiento del alquiler por habitaciones, cuyo precio medio ronda ya los 400 euros mensuales y ha aumentado un 85,4% desde 2022. Esta modalidad resulta más rentable para los propietarios que alquilar una vivienda completa. Desde el Consejo de la Juventud subrayan que el endeudamiento juvenil no responde a gastos excesivos o malas decisiones financieras, sino a la necesidad de cubrir un derecho básico como la vivienda. De hecho, el riesgo de pobreza entre los jóvenes que viven de alquiler pasa del 25,9% al 43%. Según denuncia el organismo, independizarse implica hoy un deterioro automático de la situación económica, hasta el punto de que la emancipación queda reservada en muchos casos a quienes cuentan con ingresos elevados o se produce de forma forzada. "Emanciparse hoy significa empobrecerse", resumen desde la entidad. Actualmente hay en España 1.070.119 jóvenes emancipados, cerca de 50.000 menos que hace un año. Ante este escenario, el Consejo de la Juventud reclama la aplicación efectiva del Estatuto del Becario y defiende una nueva subida del salario mínimo para mejorar las condiciones laborales de los jóvenes. También pide facilitar el acceso de este colectivo al Ingreso Mínimo Vital. En materia de vivienda, la organización considera necesario aplicar plenamente la Ley de Vivienda, especialmente las medidas destinadas a limitar el precio de los alquileres, y reclama además una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para reducir la inseguridad jurídica que afecta a los jóvenes en el mercado del alquiler.

LEER MÁS

(Cinco Días, 22-05-2026) | Fiscal

Bruselas prevé para España una leve mejora en el crecimiento de 2026 hasta el 2,4% pese a la crisis energética

La economía española afrontará con relativa solidez el impacto de la crisis energética desencadenada por la guerra en Oriente Próximo. Así lo considera la Comisión Europea, que ha revisado al alza sus previsiones para España y estima ahora que el PIB crecerá un 2,4% este año, una décima más que en sus cálculos anteriores y dos décimas por encima de las previsiones del propio Gobierno. Se trata, además, de la única gran economía europea cuya estimación mejora, ya que Bruselas ha rebajado en tres décimas las perspectivas tanto para la zona euro, hasta el 0,9%, como para el conjunto de la Unión Europea, hasta el 1,1%. En cambio, sí empeoran las previsiones de inflación en toda Europa, donde se anticipa un aumento significativo de los precios. Hasta el inicio de los ataques sobre Irán a finales de febrero, la economía europea mostraba señales de recuperación tras varios años marcados por las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, la Comisión advierte de que el nuevo conflicto ha alterado profundamente el escenario económico, provocando una de las mayores interrupciones del suministro energético registradas en las últimas décadas. Pese a este contexto, España seguirá creciendo claramente por encima de la media europea, como viene ocurriendo desde la salida de la pandemia. También mantendrá un mejor comportamiento que otras grandes economías del continente. Alemania, por ejemplo, apenas avanzará un 0,6% en 2026, la mitad de lo que se esperaba anteriormente y muy lejos del ritmo previsto para la economía española. Aun así, Bruselas aprecia una cierta desaceleración progresiva en España. El impulso económico actual se apoya en la fortaleza heredada del cierre de 2025 y del arranque de este año, pero las previsiones apuntan a una moderación gradual del crecimiento. Para 2027, la Comisión espera un avance del 1,9%, una décima menos de lo calculado el pasado otoño. Incluso así, España seguirá superando ampliamente las previsiones de crecimiento tanto de la eurozona como del conjunto de la UE. Según el análisis de la Comisión, la demanda interna será el principal motor de la economía española durante 2026 y 2027. El crecimiento estará impulsado especialmente por el consumo de los hogares y por la inversión privada y pública, todavía favorecida por el efecto de los fondos europeos de recuperación. Bruselas considera que el gasto de las familias continuará aumentando gracias a la creación de empleo, al crecimiento de la población derivado de la inmigración y al bajo nivel de endeudamiento de los hogares. El mercado laboral también seguirá mejorando. La Comisión prevé que la tasa de paro baje hasta el 9,9% en 2026 y hasta el 9,6% en 2027, situándose por debajo del 10% por primera vez desde 2007. El Ministerio de Economía destacó tras conocerse las previsiones que España es actualmente la única gran economía de la zona euro que combina un crecimiento claramente superior a la media con creación de empleo, descenso del desempleo y consolidación fiscal. Entre los principales riesgos identificados por Bruselas figura una posible pérdida de dinamismo del turismo, especialmente del procedente de mercados lejanos, debido al encarecimiento de los vuelos provocado por el aumento del precio del queroseno tras la crisis energética. La inflación aparece como otro de los grandes focos de preocupación. La Comisión calcula que este año alcanzará el 3% tanto en España como en la zona euro. Aunque se trata de una media anual, Bruselas advierte de que en algunos meses podrían registrarse cifras todavía más elevadas. A medida que avance 2027, el organismo espera una moderación gradual de los precios gracias a una posible relajación de las materias primas energéticas, aunque seguirán situándose alrededor de un 20% por encima de los niveles previos al conflicto. El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, advirtió de que la guerra en Oriente Próximo supone un nuevo desafío para Europa en un contexto internacional ya marcado por tensiones geopolíticas y comerciales. En su opinión, la Unión Europea debe acelerar reformas económicas, eliminar obstáculos al crecimiento y mantener unas finanzas públicas sólidas. Desde Bruselas también subrayan que esta nueva crisis energética presenta diferencias importantes respecto a la provocada por la invasión rusa de Ucrania. En aquella ocasión, Europa afrontó el riesgo de quedarse sin suministro de gas ruso, lo que obligó a una rápida reorganización energética. Ahora, la crisis afecta sobre todo a materias primas energéticas que se negocian a escala mundial, por lo que el impacto se reparte de manera más uniforme entre las distintas economías. No obstante, la Comisión recuerda que la situación actual es especialmente delicada porque coincide con una economía europea más debilitada, con una desaceleración del empleo, políticas fiscales más restrictivas y unas condiciones de financiación mucho más exigentes. Por ello, Bruselas considera que podrían justificarse medidas temporales de apoyo para los sectores y hogares más afectados, aunque insiste en que deben ser limitadas, focalizadas y sin generar un aumento permanente del gasto público ni alterar las señales del mercado. En otras palabras, la Comisión deja claro que esta vez la respuesta no podrá basarse en grandes planes de gasto como ocurrió durante la pandemia o tras el estallido de la guerra de Ucrania.

LEER MÁS

(Expansión, 22-05-2026) | Fiscal

Hacienda ultima incluir a Rusia en la lista de paraísos fiscales y excluir a Gibraltar

El Gobierno ultima una actualización de la lista española de paraísos fiscales que incluirá dos cambios relevantes. Por un lado, el Ministerio de Hacienda prevé añadir a Rusia debido a la falta de transparencia de determinados regímenes tributarios vinculados a sociedades empresariales, alineándose así con la estrategia seguida por la Unión Europea y otros organismos internacionales tras la invasión de Ucrania. Por otro, el Ejecutivo prepara la salida de Gibraltar de esa relación de jurisdicciones no cooperativas después del acuerdo alcanzado entre Bruselas y Londres para eliminar la Verja y facilitar la circulación de personas y mercancías entre el Peñón y España, acompañado además de compromisos de armonización fiscal. Con este objetivo, Hacienda abrirá desde hoy y hasta el próximo 1 de junio el trámite de audiencia e información pública del borrador de la orden ministerial que definirá qué países, territorios y regímenes tributarios serán considerados jurisdicciones no cooperativas, término con el que actualmente se designa a los tradicionales paraísos fiscales. El departamento dirigido por Arcadi España explica que la revisión de esta lista busca reforzar la lucha contra la competencia fiscal desleal, así como combatir el fraude, la evasión fiscal, la elusión tributaria y el blanqueo de capitales. Dentro de esa actualización, el Gobierno contempla incorporar específicamente el régimen fiscal ruso aplicado a holdings internacionales. Hacienda sostiene que la decisión responde a la opacidad del sistema tributario ruso en este ámbito empresarial. Según los datos aportados por el Ministerio, el valor contable de las inversiones rusas en empresas españolas alcanzó 1.203 millones de euros en 2021, cayó a 452 millones en 2022, se situó en 441 millones en 2023 y repuntó hasta 758 millones en 2024. En sentido inverso, las participaciones de inversores españoles en compañías radicadas en Rusia ascendieron a 580 millones en 2021, 582 millones en 2022, 411 millones en 2023 y 180 millones en 2024. Fuentes gubernamentales admiten además que la inclusión de Rusia en la lista negra fiscal responde también al objetivo político de acompasar las medidas impulsadas por la UE y otros organismos internacionales para limitar las actividades económicas ligadas al régimen de Vladimir Putin tras el inicio de la guerra en Ucrania. Al mismo tiempo, el Ejecutivo se dispone a retirar a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales tras el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido que regulará la relación del Peñón con España en el escenario posterior al Brexit. El pacto garantiza la libre circulación de personas y mercancías y establece mecanismos de cooperación social, medioambiental y tributaria. En materia fiscal, el acuerdo contempla la convergencia de la tributación indirecta sobre mercancías. Gibraltar deberá implantar un impuesto equivalente al IVA, comenzando con un tipo del 15%, que deberá aproximarse progresivamente al 21% aplicado en España en un plazo de tres años. También se prevé armonizar la fiscalidad del tabaco. Además de Gibraltar, Hacienda planea sacar de la lista a Barbados, Dominica, Samoa -en relación con su régimen offshore-, Seychelles y Trinidad y Tobago, teniendo en cuenta los cambios legislativos registrados en estos territorios, el intercambio de información tributaria y los criterios internacionales vigentes. Una vez concluido el periodo de consulta pública y analizadas las aportaciones recibidas, el Ministerio aprobará el texto definitivo. La orden ministerial entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE y afectará a los impuestos devengados desde ese momento y a los ejercicios fiscales iniciados posteriormente. Esta aplicación inmediata regirá para Gibraltar y los otros cinco territorios que abandonarán la lista. En cambio, la incorporación de Rusia contará con un periodo transitorio y no será efectiva hasta seis meses después de la publicación oficial de la norma. La lista española de paraísos fiscales ha experimentado una profunda transformación en los últimos años. Hacienda mantuvo prácticamente intacto el listado durante cerca de tres décadas hasta que en 2023 acometió una primera gran revisión. Desde entonces, el Gobierno se comprometió a actualizar periódicamente la relación de territorios en función de los estándares internacionales y del grado de cooperación tributaria de cada jurisdicción, con el objetivo de responder de forma más eficaz al uso de estos territorios con fines de evasión fiscal. Tras la reforma prevista por el Ministerio, la lista española de jurisdicciones consideradas paraísos fiscales quedará integrada por 19 territorios: Anguila, Bahréin, Bermudas, Fiji, Guam, Guernsey, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Marianas, Islas Salomón, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Jersey, Palaos, Samoa Americana, Vanuatu y Rusia, que se incorporará como principal novedad.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF