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(Expansión, 15-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump y Xi aceleran el deshielo en las relaciones comerciales entre EEUU y China

La primera jornada de la cumbre bilateral entre Estados Unidos y China terminó sin pactos concretos, aunque dejó clara la voluntad de ambas potencias de rebajar la tensión comercial. "Xi es un tipo fantástico, un gran amigo". Así describió el presidente estadounidense, Donald Trump, a su homólogo chino, Xi Jinping, durante el encuentro celebrado ayer en Pekín. Ambos dirigentes trasladaron un mensaje de calma a los mercados en un momento marcado por el debilitamiento de la economía mundial y por la crisis energética derivada del conflicto con Irán: Washington y Pekín quieren evitar una nueva escalada comercial. El ambiente de la reunión fue mucho más cordial de lo que se esperaba. Trump, recibido con una gran puesta en escena repleta de banderas de ambos países, agradeció la organización del encuentro e invitó a Xi a visitar la Casa Blanca en septiembre. El mandatario chino, más contenido en las formas, mantuvo también un tono conciliador. Afirmó que ha llegado el momento de "romper la dinámica de represalias mutuas" y defendió que "el diálogo siempre es preferible a la confrontación". Además, lanzó un mensaje favorable a las empresas estadounidenses al asegurar que China seguirá ampliando su apertura a las multinacionales extranjeras. En paralelo al encuentro entre ambos presidentes, las delegaciones negociaron la posibilidad de extender la tregua comercial acordada el pasado año y analizaron una eventual reducción parcial de los aranceles que todavía afectan a cientos de miles de millones de dólares en intercambios entre los dos países. Pekín mostró disposición a suavizar algunas limitaciones sobre las exportaciones de tierras raras, mientras que la Casa Blanca dejó abierta la opción de rebajar ciertos gravámenes a productos chinos. Aun así, la jornada terminó sin avances definitivos y los analistas no esperan anuncios de gran alcance, sino más bien una progresiva mejora de las relaciones bilaterales. Si ese acercamiento se consolida, Trump y Xi podrían reunirse hasta en tres ocasiones más durante este año, incluida una posible visita del líder chino a Washington y nuevos contactos en las cumbres del G20 en Miami y de Cooperación Económica Asia-Pacífico, previstas para finales de 2026. La reunión se produce además en un contexto especialmente delicado para la economía internacional. El cierre del estrecho de Ormuz y el aumento de la tensión en el Golfo Pérsico han incrementado la incertidumbre sobre las cadenas de suministro, el transporte marítimo y el precio del petróleo. Para China, muy dependiente de las importaciones energéticas y de las exportaciones, una recesión global supondría un riesgo considerable, ya que cerca de una quinta parte de su PIB depende del comercio exterior. Trump llegó a Pekín necesitado de exhibir algún logro económico. El presidente estadounidense afronta presión interna por la inflación, el desgaste político provocado por los reveses judiciales relacionados con su política arancelaria y la desconfianza de los inversores ante los constantes cambios de estrategia de la Casa Blanca. Xi, por el contrario, acude con una posición negociadora más sólida y con la intención de presentar a China como un factor de estabilidad frente al actual escenario geopolítico. Uno de los aspectos más llamativos del encuentro fue la presencia de destacados empresarios tecnológicos estadounidenses en la delegación que acompañó a Trump. Entre ellos figuraban Elon Musk, de Tesla; Tim Cook, de Apple; y Jensen Huang, de Nvidia. La presencia de estos directivos evidencia hasta qué punto las grandes tecnológicas estadounidenses siguen dependiendo del mercado chino pese al endurecimiento político impulsado por Washington. Apple mantiene gran parte de su producción en el país asiático; Nvidia necesita conservar el acceso a uno de los principales mercados mundiales de inteligencia artificial; y Tesla considera China un mercado clave para su crecimiento industrial y comercial. Las primeras impresiones trasladadas por estos ejecutivos fueron de moderado alivio. En Silicon Valley y Wall Street existía el temor de que la cumbre desembocara en nuevas restricciones tecnológicas o comerciales. Sin embargo, el tono pragmático mostrado por ambas delegaciones fue interpretado como una señal de que tanto Estados Unidos como China buscan recomponer, al menos parcialmente, sus relaciones económicas. Uno de los focos principales estuvo en Nvidia. La incorporación de Jensen Huang a la delegación estadounidense a última hora se interpretó como un movimiento estratégico para tratar de rebajar las tensiones relacionadas con los chips avanzados y la inteligencia artificial, dos de los principales frentes de disputa entre ambas potencias. El consejero delegado de Nvidia defendió la necesidad de mejorar las relaciones entre Washington y Pekín y calificó de "excelentes" las reuniones mantenidas durante la jornada. También reconoció las dificultades que afronta la empresa en Asia a raíz de las restricciones impuestas por el Gobierno estadounidense. La tecnología se ha convertido en el principal escenario de confrontación económica entre ambos países. Estados Unidos intenta limitar el acceso chino a semiconductores avanzados y tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial, mientras China utiliza su dominio sobre minerales estratégicos y tierras raras como elemento de presión. Todo apunta a que este seguirá siendo uno de los principales puntos de fricción de la cumbre. "Las dos grandes potencias de la inteligencia artificial van a empezar a dialogar", señaló el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, también presente en Pekín. Según explicó, ambos países mantienen conversaciones "constructivas" porque Estados Unidos sigue liderando la carrera tecnológica.

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(El Economista, 15-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE frena la subida de tipos en junio y aviva el miedo a la represión financiera en Europa

Pocos discuten que el papel del Banco Central Europeo atraviesa uno de sus momentos más complejos. La economía de la eurozona empieza a evidenciar síntomas de debilidad por la incertidumbre internacional y el encarecimiento del petróleo, mientras la inflación vuelve a ganar intensidad. En este contexto, el BCE se enfrenta a un delicado equilibrio: subir los tipos podría agravar la desaceleración económica y repetir el error cometido en 2011, cuando un endurecimiento monetario acabó acelerando la crisis de deuda soberana en Europa. Pero mantener los tipos sin cambios en pleno repunte inflacionario también entraña riesgos importantes. El recuerdo de la respuesta tardía del BCE ante la inflación tras la pandemia sigue muy presente. Durante buena parte de 2021, la institución defendió que el aumento de los precios era transitorio y estaba ligado principalmente a la energía. Sin embargo, la persistencia de la inflación y las posteriores subidas superiores al 10% evidenciaron que el organismo reaccionó demasiado tarde al retrasar el endurecimiento monetario. Ahora, algunos analistas consideran que el BCE podría estar incurriendo en un error similar al rebajar el tono sobre una posible subida de tipos en junio, después de que varios de sus miembros insinuaran hace apenas unas semanas que ese movimiento parecía prácticamente decidido. Según publica Bloomberg, dos semanas después de que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, advirtiera sobre la posibilidad de elevar los tipos de interés, el escenario ha cambiado y esa subida empieza a parecer menos probable. La moderación relativa del petróleo, que aunque continúa por encima de los 100 dólares no ha registrado el repunte extremo que se temía, junto con la ausencia de un contagio inflacionista más amplio y el estancamiento económico de la eurozona, estaría llevando a varios responsables del banco central a suavizar su discurso. El giro resulta llamativo porque algunas de las voces más influyentes del BCE habían señalado semanas atrás que sería necesario endurecer la política monetaria si persistían las tensiones inflacionistas y continuaba el conflicto en Oriente Medio. Ninguna de esas dos circunstancias ha desaparecido, pero ahora varios miembros del organismo consideran que solo un deterioro mayor de las perspectivas inflacionarias justificaría intervenir. Este cambio de tono ya ha comenzado a reflejarse en los mercados. A finales de abril, los inversores daban prácticamente por segura una subida de tipos en junio, con una probabilidad cercana al 93%. Ahora, esa expectativa se ha reducido hasta el 78%. Entre quienes han moderado el mensaje se encuentra el gobernador del Banco de Finlandia, Olli Rehn, que calificó las expectativas de inflación de "todavía estables" y consideró "tranquilizadora" la evolución de los salarios en la eurozona, dejando abierta la puerta a una actitud más prudente en la reunión del 11 de junio. Incluso Isabel Schnabel, una de las figuras tradicionalmente más partidarias de políticas monetarias restrictivas dentro del BCE, ha señalado recientemente que un endurecimiento adicional solo sería necesario si la crisis energética se agravara y se extendiera al resto de la economía. Por su parte, el vicepresidente saliente del BCE, Luis de Guindos, ha pedido cautela al advertir de que el impacto negativo sobre el crecimiento será "mucho más visible" en las próximas semanas. La economía de la eurozona apenas avanzó en el primer trimestre y el sector servicios ya muestra signos de deterioro. Una desaceleración más acusada podría contribuir a contener las presiones inflacionistas y reforzar los argumentos a favor de mantener los tipos sin cambios. En la misma línea, el gobernador del Banco de Grecia, Yannis Stournaras, ha reconocido que el riesgo de recesión es "real y justificado". Sin embargo, mantener los tipos de interés en niveles reducidos también tiene consecuencias relevantes. Con una tasa oficial situada en el 2% y con depósitos y cuentas remuneradas ofreciendo rendimientos aún menores, la inflación erosiona el ahorro de millones de europeos que mantienen su dinero en productos conservadores. Esta situación alimenta el temor a una nueva etapa de represión financiera, un entorno en el que los tipos reales permanecen en negativo y el poder adquisitivo de los ahorradores se deteriora progresivamente. Al mismo tiempo, unos tipos bajos benefician a los agentes más endeudados, especialmente a los gobiernos con elevados niveles de deuda pública. La inflación impulsa el crecimiento nominal del PIB mientras la deuda se mantiene estable en términos nominales, facilitando así una reducción relativa de la carga financiera de los Estados siempre que el BCE mantenga controlados los costes de financiación. Es en este contexto donde aparece el concepto de "dominancia fiscal", es decir, la presión que ejercen los gobiernos sobre los bancos centrales para evitar políticas monetarias demasiado restrictivas que compliquen la sostenibilidad de las cuentas públicas en un escenario de fuerte gasto y elevados déficits. Algunos analistas consideran que Europa y otras economías occidentales se acercan peligrosamente a esta dinámica. Marco Giordano, director de inversiones de Wellington Management, sostiene que tanto el BCE como el Banco de Inglaterra están mostrando una creciente disposición a tolerar temporalmente una inflación superior al objetivo para evitar un endurecimiento excesivo que perjudique al crecimiento y a la situación financiera de los hogares. Más crítico se muestra Anatole Kaletsky, de Gavekal Research, quien cuestiona la confianza absoluta en que los bancos centrales lograrán devolver la inflación al 2%. A su juicio, esa expectativa podría verse frustrada por la presión política para evitar recesiones y por la necesidad de proteger la solvencia de los gobiernos. Esta visión dibuja un posible círculo vicioso: los Estados aumentan el gasto público sin ingresos suficientes para financiarlo, los inversores comienzan a desconfiar de la sostenibilidad fiscal y exigen mayores rentabilidades para comprar deuda soberana. Ante el riesgo de crisis financieras o de deuda, los bancos centrales terminan interviniendo mediante tipos bajos o programas de compra de bonos. Medidas que alivian temporalmente la presión, pero que también pueden incentivar un mayor endeudamiento y dejar las economías más expuestas ante futuras turbulencias.

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(El Periódico, 15-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los huevos, el vacuno y el transporte urbano lideran las subidas del IPC de abril en el último año

El coste de la vida aumentó un 3,2% en abril en comparación con el mismo mes del año pasado y varios productos y servicios habituales registraron fuertes subidas de precio. Entre los incrementos más destacados figuran los huevos, la carne de vacuno, el transporte público urbano y los carburantes. También se encarecieron los gastos relacionados con la educación y el ocio, según los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicados por el INE. El grupo de transporte fue el que más contribuyó al aumento de la inflación interanual, con una subida superior a un punto hasta alcanzar el 6,5%, impulsado principalmente por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos particulares, frente a la caída registrada en el mismo periodo del año anterior. En términos interanuales, los productos y servicios que más aumentaron de precio entre abril de 2025 y abril de 2026 fueron los combustibles líquidos, con un alza del 51,7%; el gasóleo, un 28,2%; la joyería y los relojes, un 28%; la recogida de basuras, un 26,8%; el transporte combinado de pasajeros, un 26,6%; y las hortalizas frescas, un 23%. En cambio, algunos productos registraron descensos importantes. Las frutas tropicales se abarataron un 20,4%, el transporte aéreo internacional cayó un 18,9%, el butano y el propano bajaron un 16,4%, el gas natural un 9,6% y también descendieron los precios de los aceites vegetales. Entre los alimentos, los huevos volvieron a destacar por su encarecimiento, con una subida interanual del 14,7%, aunque el incremento es menor que el registrado a finales del año pasado, cuando llegó a superar el 31%. La carne de vacuno también mantuvo una fuerte tendencia alcista, con un aumento del 13,3%, mientras que el transporte público urbano se encareció un 12,4% respecto a abril de 2025. Otros productos que registraron importantes incrementos fueron las legumbres y hortalizas frescas, con una subida del 11,5%; la carne de ovino, un 9%; y el pescado fresco y congelado, un 8,7%. En cambio, otras variaciones fueron más moderadas: el agua mineral, los refrescos y los zumos aumentaron un 2%, y las bebidas alcohólicas un 1,1%. En el ámbito textil, la ropa apenas experimentó cambios significativos respecto al año anterior. El mayor aumento correspondió al calzado femenino y de niño, con subidas del 2,6% y 2,3%, respectivamente. El calzado masculino se encareció un 2,2% y la ropa de mujer un 2%. El transporte personal, especialmente el gasto en gasolina y lubricantes, también siguió al alza. Llenar el depósito del coche costaba en abril un 7,7% más que un año antes. El tabaco, por su parte, subió un 7,2%. Los gastos vinculados al ocio y al turismo también aumentaron. Salir a restaurantes, bares o establecimientos similares resultó un 3,9% más caro, mientras que las actividades recreativas y de entretenimiento subieron un 3%. En educación, los costes crecieron por encima de la inflación general. La enseñanza primaria se encareció un 3,7%, la secundaria un 3,5% y la universitaria un 1,4%. Además, otros servicios educativos, especialmente las actividades extraescolares y la enseñanza no reglada, aumentaron un 2,1%. En el lado contrario, el transporte público interurbano protagonizó la mayor caída de precios, con un descenso del 6,5%. También bajaron los aceites y grasas, un 5,4%; las frutas frescas, un 2,8%; el azúcar, un 2,5%; y las patatas y sus preparados, un 1,2%. Asimismo, se redujeron ligeramente los costes de calefacción, alumbrado y distribución de agua, así como los relacionados con electrodomésticos y sus reparaciones, todos ellos con caídas del 1%. También registraron descensos más moderados la carne de cerdo y los textiles y accesorios para el hogar, ambos con retrocesos del 0,3%.

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(Expansión, 14-05-2026) | Laboral

La patronal carga contra Yolanda Díaz por poner en riesgo a las pymes con las subidas del SMI

Cepyme alerta de que el deterioro del diálogo social impulsado por el Ministerio de Trabajo, junto al aumento de los costes laborales y la creciente carga regulatoria, está poniendo contra las cuerdas a las pequeñas y medianas empresas españolas. La patronal considera que las medidas aprobadas por el Gobierno en los últimos años están reduciendo de forma notable los márgenes de las pymes y dificultando su viabilidad. Estas compañías, que representan el 99% del tejido empresarial español, afrontan importantes dificultades para adaptarse a las nuevas exigencias normativas por carecer, en muchos casos, de estructuras suficientes para asumir rápidamente los cambios regulatorios. A esta situación se suma, según la organización, el incremento de los costes de producción y especialmente de los laborales, impulsados principalmente por las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional promovidas por el Ministerio de Trabajo. Cepyme advierte de que esta combinación de factores está generando un escenario especialmente delicado para miles de pequeños negocios. Ante este contexto, la patronal presidida por Ángela de Miguel reclama al Ejecutivo mayor moderación tanto en la aprobación de nuevas obligaciones administrativas como en el incremento de costes laborales. En un comunicado difundido este miércoles, la organización carga especialmente contra el departamento que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al que acusa de haber deteriorado el diálogo social y de adoptar decisiones unilaterales sin evaluar adecuadamente sus consecuencias sobre las empresas. En los últimos meses, tanto Cepyme como CEOE han abandonado distintas mesas de negociación al considerar que el Ministerio de Trabajo ya daba por cerrados determinados acuerdos antes de escuchar las propuestas empresariales. Entre los principales desacuerdos figuran las negociaciones sobre la reducción de jornada, la reforma del despido o los cambios en la normativa de prevención de riesgos laborales. La patronal de las pymes sostiene que la situación de estas empresas se ha agravado por la pérdida de calidad del diálogo social y denuncia que el Gobierno está dejando de lado a las organizaciones empresariales en cuestiones clave. A su juicio, esta dinámica refleja un desconocimiento de la realidad de las pequeñas empresas y supone un riesgo creciente para el tejido productivo español. Cepyme también advierte de que las pymes afrontan problemas estructurales que amenazan tanto su competitividad como su continuidad. Entre ellos destaca el exceso de burocracia y la sobrerregulación, que generan elevados costes administrativos y restan tiempo y recursos, especialmente en el caso de las microempresas, que carecen de departamentos especializados. Asimismo, la organización critica que muchas de las medidas laborales aprobadas no tienen en cuenta las circunstancias reales de las empresas, lo que provoca una creciente desconexión entre la legislación y la actividad económica cotidiana. La patronal señala además que la elevada presión fiscal, el encarecimiento de los costes laborales y operativos, las dificultades para avanzar en digitalización, la incertidumbre regulatoria y la falta de seguridad jurídica están configurando un escenario especialmente complejo para las pequeñas empresas. En su opinión, si esta tendencia continúa podrían multiplicarse los cierres de negocios, agravarse la despoblación y aumentar los desequilibrios territoriales. Por ello, Cepyme reclama un diálogo social "real y transparente" que incorpore las necesidades específicas de las pymes y evite decisiones unilaterales que puedan perjudicar la inversión, la competitividad y la estabilidad económica. La organización también pide medidas adaptadas al tamaño de las empresas, incentivos fiscales y apoyo específico para acelerar los procesos de digitalización.

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(El País, 14-05-2026) | Laboral

Los expertos advierten que la sentencia del Supremo sobre los trabajadores públicos temporales disparará las demandas

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público, conocida este martes, no parece que vaya a poner fin al intenso debate judicial que ya acumula alrededor de 40.000 reclamaciones en distintas instancias. Al contrario, expertos del ámbito jurídico, académico y sindical consideran que el fallo provocará un aumento de la litigiosidad entre los trabajadores de administraciones y organismos públicos, ante la ausencia de una reforma legislativa que aporte una solución definitiva. Aunque los especialistas coinciden en que la resolución del Supremo está sólidamente argumentada, también advierten de que deja numerosas cuestiones abiertas que seguirán resolviéndose en los tribunales. El responsable del área de Empleo Público del despacho Vento Abogados & Asesores, Pablo Guntiñas, explica que el criterio fijado por el Supremo no es completamente nuevo, ya que el tribunal ya se había pronunciado en una línea similar en 2021. Sin embargo, considera que esta nueva resolución supone un cambio relevante que podría traducirse en un incremento significativo de demandas relacionadas con la fijeza laboral. El fallo responde al conocido como "caso Obadal", relativo a una trabajadora de la Comunidad de Madrid que acumuló contratos temporales durante siete años, entre 2016 y 2023. La empleada había superado parte del proceso selectivo, pero no consiguió plaza debido a que el número de aprobados superaba las vacantes disponibles, lo que provocó que continuara vinculada a la Administración mediante contratos temporales. Según explica Guntiñas, la trabajadora únicamente aprobó la fase eliminatoria de oposición, pero no logró superar la valoración de méritos. Aun así, el Supremo considera suficiente haber superado esa parte del proceso para reconocer la transformación de su relación laboral en fija. A juicio del abogado, esta interpretación puede animar a otros empleados públicos temporales a reclamar la fijeza simplemente por haber superado alguna fase selectiva. La propia sentencia incluye además un voto particular del magistrado Rafael Antonio López Parada que va incluso más lejos y plantea la posibilidad de extender este criterio a procedimientos basados exclusivamente en concursos de méritos, aunque esa posición no representa la opinión mayoritaria de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. La resolución también introduce novedades relevantes en materia de indemnizaciones por abuso de temporalidad. Además de reconocer la posible conversión en trabajadores fijos del personal laboral afectado -en este caso, la empleada ya tenía reconocida la condición de indefinida no fija- el tribunal contempla la posibilidad de que estos trabajadores puedan recibir una doble compensación económica. Por un lado, prevé una indemnización vinculada a la extinción de la relación laboral, similar a la que perciben los trabajadores despedidos en el sector privado. Por otro, abre la puerta a reclamar una compensación adicional por daños y perjuicios derivados del abuso de la contratación temporal. Para calcular esta segunda indemnización, el Supremo sugiere utilizar criterios similares a los contemplados en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, fijando como referencia cantidades mínimas que podrían alcanzar los 10.000 euros. Los expertos creen que este nuevo escenario incrementará también las reclamaciones económicas. Según Guntiñas, la sentencia obligará a los abogados a reforzar la argumentación de las demandas para acreditar los perjuicios concretos sufridos por los trabajadores y aspirar así a indemnizaciones superiores. Además, recuerda que incluso quienes ya hayan obtenido plaza fija podrían reclamar compensaciones si anteriormente padecieron situaciones de abuso de temporalidad. También las demandas ya presentadas podrán modificarse para incorporar los nuevos criterios establecidos por el Supremo. El catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz Villalón, considera igualmente que esta sentencia no supone un punto final, sino el inicio de una nueva etapa judicial en la materia. A su juicio, todavía quedan numerosos aspectos pendientes que seguirán resolviéndose caso por caso en los tribunales. No obstante, Cruz Villalón sostiene que la solución definitiva no puede depender únicamente de los jueces, sino de una reforma legal impulsada por el Gobierno. Entre las posibles medidas, menciona la necesidad de establecer responsabilidades personales y patrimoniales para los funcionarios que permitan abusos en la temporalidad, agilizar los procesos selectivos para evitar retrasos de varios años y reservar plazas específicas para atender necesidades temporales o coyunturales dentro de las administraciones públicas.

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(El País, 14-05-2026) | Laboral

Trabajo recurrirá la sentencia del Supremo que limita el acceso de los inspectores a miles de empresas

El Tribunal Supremo emitió el pasado 14 de abril una sentencia con importantes consecuencias para la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El fallo establece que los inspectores necesitarán autorización judicial para acceder a un centro de trabajo cuando este coincida con el domicilio social de una empresa. En la práctica, esta decisión afecta especialmente a numerosas pymes donde la sede social y el lugar de actividad comparten ubicación. El Ministerio de Trabajo considera que esta interpretación limita la capacidad de actuación de la Inspección y, por ello, ha solicitado a la Abogacía del Estado que presente recurso contra la sentencia, según adelantó eldiario.es y han confirmado fuentes del departamento dirigido por Yolanda Díaz a EL PAÍS. Mientras espera el resultado del recurso, Trabajo asegura que la Inspección continúa desarrollando su labor con normalidad y garantizando el respeto a los derechos de los trabajadores. El ministerio explica además que, tras conocerse el fallo, se trasladaron nuevas directrices internas destinadas a reforzar la seguridad jurídica de los inspectores durante sus actuaciones. Desde el departamento subrayan que los inspectores siguen teniendo acceso a cualquier centro de trabajo, salvo en el caso de domicilios de personas físicas y, tras esta sentencia, también en determinados espacios pertenecientes a personas jurídicas considerados constitucionalmente protegidos. Según la interpretación del ministerio, esta limitación no afecta a todas las instalaciones de la empresa, sino únicamente a zonas reservadas donde se realizan tareas de dirección, se toman decisiones estratégicas o se conserva documentación sensible. En aquellos casos en los que la Inspección necesite acceder a esos espacios, Trabajo señala que será necesario obtener el consentimiento del titular o representante de la empresa. Si este se negara, los inspectores tendrían que solicitar autorización judicial para entrar en áreas no abiertas al público vinculadas a funciones directivas o de custodia documental. El ministerio recuerda además que impedir injustificadamente el acceso de la Inspección puede constituir una obstrucción sancionable conforme a la legislación vigente. La resolución del Supremo ha provocado malestar entre los representantes de los inspectores. El Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS) advirtió en un comunicado de que exigir autorización judicial previa dificultará las inspecciones sorpresa en miles de empresas y puede perjudicar la rapidez y eficacia de las actuaciones inspectoras. El sindicato considera además que equiparar el domicilio social de una empresa al domicilio particular altera el equilibrio existente entre la protección de derechos fundamentales y las facultades de control de la Inspección de Trabajo.

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(Cinco Días, 14-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La AIE advierte que las reservas de petróleo se reducen a un ritmo récord y prevé un pico de precios antes del verano

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha publicado este martes su informe mensual sobre el mercado petrolero correspondiente a abril y el diagnóstico vuelve a ser extremadamente preocupante. La guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz provocaron entre marzo y abril una pérdida acumulada de suministro superior a los mil millones de barriles procedentes de los productores del Golfo, lo que equivale a unos 14 millones de barriles diarios, en un mercado mundial que ronda los 100 millones diarios de producción. Se trata de una crisis de abastecimiento sin precedentes recientes, aunque el mercado global está tratando de amortiguar el impacto mediante dos mecanismos: un aumento acelerado de la producción en otros países exportadores y una reducción del consumo derivada del fuerte encarecimiento del petróleo y sus derivados. El alza de precios está destruyendo demanda y obligando a consumidores y empresas a reducir su consumo energético, lo que ayuda parcialmente a contener el desequilibrio entre oferta y demanda. La situación refleja una adaptación forzada a un conflicto que se acerca ya a su tercer mes y que ha alterado profundamente las cadenas globales de suministro energético. A pesar del incremento de producción fuera del Golfo y de la moderación del consumo observados en abril, la AIE advierte de que el déficit de suministro persistirá al menos hasta el último trimestre del año, incluso bajo el supuesto de que los flujos energéticos comiencen a normalizarse progresivamente a partir del tercer trimestre. La agencia lanza además una advertencia inmediata sobre la evolución de los precios. Según el organismo, las reservas mundiales de petróleo se están reduciendo a un ritmo récord, por lo que es probable que la volatilidad del mercado aumente aún más antes del pico de demanda del verano. En otras palabras, si el estrecho de Ormuz continúa bloqueado durante las próximas semanas, el petróleo y los combustibles derivados podrían seguir encareciéndose. El informe señala que el suministro mundial de crudo cayó en abril otros 1,8 millones de barriles diarios, situándose en 95,1 millones. Desde febrero, la pérdida acumulada asciende ya a 12,8 millones de barriles diarios, debido principalmente al desplome de la producción y exportación en el Golfo Pérsico, parcialmente compensado por otros productores internacionales. La AIE calcula que, incluso suponiendo una recuperación gradual de los flujos desde junio, la producción media mundial de petróleo durante 2026 será 3,9 millones de barriles diarios inferior a la de 2025, hasta situarse en torno a los 102,2 millones de barriles diarios. Dentro de este escenario de escasez, el momento más delicado podría producirse en la segunda mitad del año si no se alcanza una rápida reapertura del estrecho de Ormuz. La agencia sostiene que el mercado seguirá soportando un fuerte déficit de oferta al menos hasta finales del tercer trimestre de 2026, incluso contemplando como escenario base un final relativamente próximo del conflicto. Otro de los elementos de preocupación es el rápido agotamiento de las reservas estratégicas, cuya liberación ha sido esencial para evitar problemas mayores de abastecimiento y contener la escalada del crudo. La AIE considera insuficiente tanto el esfuerzo de producción adicional realizado por países ajenos al Golfo como la reducción del consumo observada en numerosos mercados para compensar completamente el déficit generado por la guerra. Los datos muestran una caída muy significativa de las reservas globales de petróleo. En marzo descendieron en 129 millones de barriles y en abril en otros 117 millones. El desplome ha sido especialmente intenso en los países de la OCDE, donde las reservas cayeron en abril en 146 millones de barriles, mientras que en los países no pertenecientes a la organización la reducción fue mucho más moderada. En total, incluyendo el petróleo almacenado en buques, las existencias mundiales se redujeron en unos 250 millones de barriles entre marzo y abril. Ante esta situación, la AIE impulsó en marzo la mayor liberación coordinada de reservas estratégicas de su historia, con 400 millones de barriles. Hasta comienzos de mayo ya se habían liberado 164 millones y está previsto que otros 210 millones salgan al mercado antes de finales de julio. El informe también destaca la capacidad de algunos productores para reorganizar las rutas de exportación. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han conseguido redirigir parte de sus ventas hacia terminales situadas fuera del estrecho de Ormuz, mientras que otros países productores han incrementado notablemente su bombeo. Estados Unidos ha sido uno de los principales protagonistas de esta respuesta. La AIE ha revisado al alza las previsiones de crecimiento de la oferta procedente de América para 2026 en más de 600.000 barriles diarios desde comienzos de año, hasta alcanzar un incremento medio de 1,5 millones diarios. También han aumentado significativamente sus exportaciones Brasil, Canadá, Kazajistán y Venezuela. El incremento de las exportaciones desde la cuenca atlántica hacia Asia, principalmente a través del canal de Suez, ha crecido en unos 3,5 millones de barriles diarios desde febrero, contribuyendo a reducir parcialmente el desequilibrio del mercado. Además del aumento de la producción, la AIE subraya que el ajuste de la demanda está siendo un factor clave para contener la escalada de precios. La agencia prevé ahora que la demanda mundial de petróleo se reduzca en 2,4 millones de barriles diarios interanuales durante el segundo trimestre de 2026 y cierre el conjunto del año con una caída media de 420.000 barriles diarios, una previsión mucho más débil que la estimada antes del conflicto. El encarecimiento de la energía, el deterioro económico global y las medidas de ahorro energético están afectando de forma creciente al consumo. El mayor retroceso se registrará precisamente durante este segundo trimestre, cuando la demanda podría disminuir en torno a 2,45 millones de barriles diarios. Por el momento, la destrucción de demanda se aprecia especialmente en sectores como el petroquímico, donde la escasez de materias primas empieza a ser muy acusada, y en la aviación. Según la AIE, la actividad aérea continúa muy por debajo de los niveles habituales, lo que ha ayudado a moderar parcialmente la presión sobre el precio del combustible para aviones, que llegó casi a triplicarse tras la interrupción de las exportaciones energéticas desde Oriente Próximo.

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(Cinco Días, 14-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV refuerza el mensaje contra el uso de información privilegiada

La sanción impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores al exfutbolista Gerard Piqué y al empresario José Elías por operar en Bolsa con información privilegiada ha vuelto a situar en el centro del debate la transparencia en los mercados y la importancia de la educación financiera. Pocos días después de hacerse pública la resolución, Finanzas Para Todos -el programa impulsado por la CNMV, el Banco de España y el Ministerio de Economía- ha difundido material divulgativo para explicar qué se entiende por información privilegiada, por qué está prohibida y cuáles son sus consecuencias para el mercado y los inversores. La plataforma recuerda que este tipo de información hace referencia a datos relevantes sobre una empresa o activo financiero que todavía no han sido comunicados públicamente y que, de conocerse, podrían alterar el precio de las acciones. Utilizar esos datos para comprar o vender títulos antes de que el resto de participantes tenga acceso a ellos vulnera el principio básico de igualdad informativa sobre el que se sustentan los mercados financieros. La publicación coincide con la repercusión generada por las multas impuestas por la CNMV a Piqué, sancionado con 200.000 euros, y a José Elías, castigado con 100.000 euros. Según el supervisor bursátil, Elías informó al exjugador de que Atrys Health mantenía conversaciones para lanzar una opa sobre Aspy Global Services. Tras conocer esa información, Piqué adquirió más de 104.000 acciones de Aspy por unos 240.000 euros. Dos días más tarde, la operación se comunicó oficialmente al mercado y los títulos se revalorizaron. Una semana después, el exfutbolista vendió las acciones obteniendo una plusvalía cercana al 22% y unas ganancias de alrededor de 50.000 euros. Desde Finanzas Para Todos recuerdan que la confianza es uno de los pilares esenciales del sistema financiero y que prácticas como el uso de información privilegiada generan ventajas injustas y dañan la igualdad entre inversores. La normativa no limita este tipo de infracciones únicamente a directivos o empleados de empresas cotizadas. También pueden verse implicados asesores, abogados, periodistas, familiares o cualquier persona que tenga acceso a información sensible y la utilice para beneficiarse económicamente, ya sea de forma directa o indirecta. La iniciativa educativa insiste además en la necesidad de diferenciar entre el análisis financiero legítimo y el uso ilegal de información reservada. Analizar balances, estudiar empresas o seguir la actualidad económica forma parte de la actividad habitual de cualquier inversor. Lo ilícito aparece cuando se emplea información relevante aún no pública para operar con ventaja sobre el resto del mercado. En los últimos años, la CNMV ha intensificado el control sobre posibles abusos de mercado, especialmente en operaciones corporativas y movimientos sospechosos previos a anuncios relevantes. Según los datos más recientes del organismo, durante 2025 se recibieron más de 200 alertas relacionadas con posibles operaciones irregulares comunicadas por entidades financieras y otros operadores obligados a informar. La legislación española prevé sanciones especialmente duras para este tipo de conductas. Además de multas elevadas, pueden imponerse inhabilitaciones e incluso penas de prisión en los casos más graves, especialmente cuando el beneficio económico obtenido o el daño causado al mercado alcanza una dimensión relevante.

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(Expansión, 14-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Senado aprueba el nombramiento de Kevin Warsh como presidente de la Fed

Kevin Warsh ha sido confirmado oficialmente este jueves como nuevo presidente de la Reserva Federal después de lograr el apoyo mayoritario del Senado, último paso necesario para asumir la dirección del banco central de Estados Unidos a partir del próximo 15 de mayo. Un total de 54 senadores respaldaron su nombramiento al frente de la Fed, mientras que 45 votaron en contra de su designación. Warsh relevará en el cargo a Jerome Powell el 15 de mayo. No obstante, Powell continuará como gobernador de la institución durante un periodo todavía indefinido, aunque su mandato no podrá extenderse más allá de enero de 2028, fecha en la que concluye oficialmente su etapa dentro del organismo. El relevo añade más tensión al proceso de transición en la Reserva Federal. Powell ha advertido recientemente de que la presión ejercida por Donald Trump sobre el banco central pone en riesgo la independencia de la institución y ha dejado entrever que no abandonará definitivamente la Fed hasta que se aclaren todas las dudas en torno a la investigación penal promovida por el presidente estadounidense contra él. Aunque la causa judicial ha sido archivada, el procedimiento administrativo sigue abierto. La llegada de Warsh coincide además con un momento especialmente complejo para la economía estadounidense. Trump llevaba meses reclamando fuertes bajadas de tipos de interés para impulsar la actividad y reducir los costes de financiación, pero el conflicto con Irán ha modificado por completo el escenario económico. El encarecimiento de la energía ha reactivado las presiones inflacionistas y ha reducido considerablemente las opciones de que la Fed pueda recortar tipos en el corto plazo. De hecho, los inversores prácticamente descartan ya una bajada de tipos durante 2026 y empiezan incluso a valorar posibles incrementos en 2027 si la inflación vuelve a intensificarse. Aunque ningún dirigente de la Reserva Federal ha defendido públicamente nuevas subidas, varios miembros del organismo sí han reconocido que esa posibilidad ya no puede descartarse. Todo ello sitúa a Warsh en una posición delicada desde el inicio de su mandato. Durante su comparecencia ante el Senado, los demócratas intentaron retratarlo como un candidato alineado con las exigencias de Trump, algo que el exejecutivo de Wall Street negó en repetidas ocasiones. Sin embargo, las propias declaraciones del presidente estadounidense han limitado su margen de actuación, ya que Trump había asegurado públicamente que solo elegiría a un presidente de la Fed partidario de reducir los tipos de interés. Antes de asumir oficialmente el cargo, Warsh se ha comprometido a desprenderse de buena parte de los más de 130 millones de dólares en activos financieros que posee. Una vez completadas esas operaciones, tomará posesión formal de la presidencia de la Reserva Federal. Su candidatura ya había superado hace dos semanas un paso decisivo al recibir el visto bueno del comité bancario del Senado. Los 13 representantes republicanos apoyaron su nombramiento, mientras que los 11 demócratas votaron en contra. Desde entonces, ha ido superando el resto del proceso parlamentario, aunque sin alcanzar el amplio consenso político que tradicionalmente suele acompañar la elección del presidente de la Fed.

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(Expansión, 14-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) alcanza un acuerdo con España y tendrá una oficina permanente

Paso histórico para el arbitraje español. La Corte Permanente de Arbitraje (CPA), considerada la institución arbitral en funcionamiento más antigua del mundo, prepara su desembarco en España. El Consejo de Ministros autorizó el pasado martes la firma y aplicación provisional de un acuerdo entre el Estado español y la CPA que permitirá la apertura de una oficina permanente en Madrid, según ha podido saber EXPANSIÓN y ha confirmado la propia organización. La CPA, creada en 1899 y con sede en La Haya (Países Bajos), está considerada una de las entidades de arbitraje más reconocidas a nivel internacional. Su cuartel general se encuentra en el Palacio de la Paz, edificio emblemático de la ciudad neerlandesa que también alberga el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas. Además de su sede principal en La Haya, la institución dispone actualmente de oficinas en Buenos Aires, Hanói, Mauricio, Singapur y Viena con el objetivo de acercar sus servicios a distintas regiones del mundo. Ahora, la CPA ha elegido Madrid para ampliar su presencia internacional, facilitar el acceso a sus mecanismos de resolución de conflictos, reforzar el multilateralismo y potenciar el uso del español en el ámbito jurídico global. La apertura de estas delegaciones se articula mediante los llamados acuerdos de sede, a través de los cuales el país anfitrión y la CPA fijan el marco jurídico que permite desarrollar procedimientos arbitrales en ese territorio bajo determinadas garantías. Estos pactos aseguran, entre otras cuestiones, que árbitros, mediadores, conciliadores y personal de la institución puedan ejercer sus funciones en condiciones similares a las existentes en Países Bajos. Los acuerdos también regulan los privilegios e inmunidades reconocidos a los participantes en los procedimientos administrados por la CPA. Entre ellos figura la protección frente a acciones judiciales derivadas de manifestaciones orales o escritas realizadas durante los procesos arbitrales, siempre bajo ciertas condiciones. Como país anfitrión, España asumirá el compromiso de proporcionar las infraestructuras y servicios necesarios para la celebración de procedimientos gestionados por la institución, incluyendo salas para audiencias. El acuerdo prevé además la creación de una oficina estable de la CPA en territorio español, cuya ubicación concreta se definirá una vez concluyan las negociaciones con el Ejecutivo. La llegada de la Corte Permanente de Arbitraje culmina un proyecto impulsado desde hace años por el Club Español e Iberoamericano del Arbitraje (CEIA). La organización llevaba más de cinco años trabajando para atraer la institución a España y ha colaborado estrechamente con la Dirección General del Español en el Mundo, dirigida por Mónica Colomer de Selva e integrada en la Secretaría de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el Español en el Mundo.

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