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(El País, 29-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas busca aumentar la capacidad de las refinerías europeas para frenar los precios de los combustibles

La Comisión Europea ha iniciado conversaciones con las empresas del sector del refino para estudiar cómo aumentar la capacidad de las refinerías europeas y reducir la exposición de ciudadanos y empresas a las subidas de los precios energéticos. Aunque la transición hacia fuentes de energía más limpias y económicas exige reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles, la prolongación de la guerra en Ucrania y el conflicto entre Estados Unidos e Irán han puesto de manifiesto la vulnerabilidad del suministro energético europeo. El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, y el responsable de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, han inaugurado en Bruselas una primera ronda de contactos con representantes de las refinerías y de la OTAN. Uno de los objetivos es garantizar un suministro suficiente y asequible de combustibles, así como asegurar la movilidad de las fuerzas militares en caso de emergencia. Las conversaciones continuarán a nivel técnico y está previsto que los responsables vuelvan a reunirse a comienzos de 2027 para evaluar los avances. La iniciativa llega en un momento de fuerte tensión en los mercados energéticos. El precio del gas natural en Europa se aproximó el miércoles a los 100 euros por megavatio-hora, un nivel que no se alcanzaba desde 2022. En el mercado de futuros neerlandés, el coste subió más de un 3%, hasta los 99,50 euros por megavatio-hora, impulsado por la incertidumbre en Oriente Próximo y las informaciones sobre la posible reanudación de los ataques estadounidenses contra Irán tras las elecciones de medio mandato de la próxima semana. El diálogo con las refinerías forma parte de las actuaciones planteadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, después de la última cumbre de líderes comunitarios. Los Veintisiete reclamaron una respuesta coordinada y urgente ante el encarecimiento de la energía, con medidas específicas y temporales que tengan en cuenta las particularidades de cada Estado miembro y preserven el funcionamiento del mercado único. Entre las opciones consideradas figuran la optimización de la capacidad de refino y el aplazamiento hasta 2028 de determinadas obligaciones sobre las emisiones de metano aplicables a los importadores de petróleo, gas y carbón. Por ahora, Bruselas no ha concretado qué medidas se pondrán en marcha para incrementar la producción. Jorgensen ha explicado que el sector ha presentado propuestas que deberán ser examinadas, aunque ha insistido en la necesidad de actuar con rapidez. La Agencia Internacional de la Energía ha advertido de que el mercado mundial del gasóleo continuará sometido a una elevada presión durante buena parte de 2027. El comisario ha alertado de que el próximo invierno será complicado tanto para los hogares como para la economía europea. Actualmente, las refinerías de la Unión Europea cubren alrededor del 70% de la demanda de combustible para aviación y el 85% del consumo de gasóleo. Sin embargo, la capacidad industrial se ha reducido durante las últimas dos décadas: aproximadamente una cuarta parte de las refinerías europeas han cerrado y la capacidad de refino del continente ha disminuido en torno a un 10%. A esta evolución se suma el aumento de las desinversiones en el sector. Para Jorgensen, la crisis actual debe servir para revisar esta tendencia y reforzar la autonomía energética europea. El comisario considera necesario disponer de una capacidad de refino suficiente y flexible que permita responder a las alteraciones del mercado internacional y reducir la exposición a futuras interrupciones del suministro. Las conversaciones iniciadas en Bruselas pretenden identificar las posibilidades de aumentar la producción y mejorar el aprovechamiento de las instalaciones existentes. El proyecto, no obstante, plantea un difícil equilibrio entre las necesidades inmediatas y los compromisos medioambientales de la Unión Europea. Mientras Bruselas estudia cómo ampliar la capacidad para procesar combustibles fósiles, mantiene sus objetivos de reducción progresiva de emisiones y la meta de alcanzar la neutralidad climática en 2050. La reducción de la capacidad de refino en los últimos años se enmarca, precisamente, en el proceso de transformación del modelo energético europeo. El comisario ha reconocido que es necesario conciliar ambas prioridades. A largo plazo, la estrategia comunitaria pasa por abandonar la dependencia de los combustibles fósiles, pero, en la actualidad, millones de ciudadanos siguen utilizando vehículos de combustión y sistemas de calefacción basados en gas y combustibles líquidos. Además, las necesidades de defensa hacen que los ejércitos europeos continúen dependiendo de estos suministros. La Comisión quiere aprovechar el diálogo con las refinerías para elaborar una hoja de ruta que permita modernizar la industria y adaptarla a los objetivos climáticos sin comprometer la seguridad energética. Entre las posibilidades que se estudiarán figura el impulso de la producción de biocarburantes y combustibles sintéticos, con el fin de facilitar la transformación del sector y reducir progresivamente su impacto ambiental. Jorgensen también ha señalado que los beneficios que está obteniendo actualmente la industria del refino pueden contribuir a financiar esa transformación. Según ha explicado, cuando remita la crisis podría producirse un exceso de oferta mundial de los productos que las refinerías fabrican en la actualidad. Por ello, Bruselas considera importante aprovechar el periodo de elevada demanda y rentabilidad para impulsar inversiones que permitan avanzar hacia un modelo energético menos dependiente de los combustibles fósiles.

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(La Vanguardia, 29-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno decreta tres días de duelo por el siniestro de Urda

El nuevo accidente ferroviario registrado este miércoles en la provincia de Toledo, con al menos 68 fallecidos, ha provocado una fuerte conmoción política y ha dejado en suspenso la precampaña electoral del 29 de noviembre. El siniestro se produce apenas nueve meses después del ocurrido en Adamuz (Córdoba), que causó 46 víctimas mortales, en el mismo corredor de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La tragedia abre interrogantes sobre la seguridad ferroviaria y sitúa al ministro de Transportes, Óscar Puente, bajo una creciente presión política, mientras se esperan los resultados de la investigación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que España no puede asumir dos accidentes graves de alta velocidad en un mismo año. Desde el lugar del siniestro, ha asegurado que se investigarán todas las posibles causas y que, si se detectan negligencias o fallos en los sistemas de seguridad, se exigirán responsabilidades. Entre las hipótesis que se barajan figuran un posible error humano en el centro de control de Adif en Atocha y un fallo informático en el sistema de seguridad que habría desencadenado el accidente. Sánchez ha señalado que, aunque los dos accidentes ferroviarios registrados este año tienen causas distintas, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para reforzar la seguridad y recuperar la confianza de los usuarios en la alta velocidad. Tras conocer lo ocurrido, el jefe del Ejecutivo ha suspendido su agenda y ha mantenido contacto con el ministro de Transportes y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. También ha informado al rey Felipe VI y se ha desplazado al puesto de mando de Urda acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El Gobierno ha anunciado tres días de luto oficial, desde este jueves hasta el sábado 31 de octubre, durante los cuales se suspenderán también los actos de precampaña. Sánchez ha insistido en que las prioridades inmediatas son atender a las víctimas y a sus familiares, así como esclarecer las circunstancias del siniestro. La determinación de las causas será clave para establecer posteriormente las posibles responsabilidades políticas. Óscar Puente, que se ha desplazado al centro de control de Adif en Atocha, ha calificado el accidente de difícil explicación y ha apuntado a una posible decisión equivocada del operador que autorizó la reanudación de la marcha de un tren de Renfe que terminó colisionando con otro de Iryo, que permanecía detenido. El ministro ha considerado inexplicable que se diera esa autorización en las circunstancias que se investigan, aunque ha evitado adelantar conclusiones definitivas. Por el momento, Puente ha descartado presentar su dimisión y ha afirmado que su prioridad es esclarecer lo ocurrido y contribuir a resolver la situación. Sin embargo, dentro de la dirección del PSOE hay dirigentes que consideran que debería asumir responsabilidades políticas una vez que se conozcan los hechos. La posibilidad de su salida del Gobierno añade presión al Ejecutivo en vísperas de la cita electoral del 29 de noviembre. La oposición ha reclamado explicaciones al Gobierno, aunque las formaciones han adoptado posiciones diferentes. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha suspendido su agenda y ha regresado a Madrid. Por ahora, ha evitado exigir responsabilidades políticas concretas, pero ha anunciado que reclamará información sobre el gasto destinado al sistema ferroviario, en un contexto marcado por las críticas sobre el mantenimiento de la red y las incidencias registradas en los últimos meses. Vox, por su parte, ha sido la formación que ha mantenido sus actos de precampaña. El partido ha celebrado una protesta en la plaza de Cibeles, en Madrid, en la que se han reclamado las dimisiones de Sánchez y Puente. Su presidente, Santiago Abascal, ha expresado su indignación por la tragedia y ha lanzado duras acusaciones contra el Ejecutivo. El accidente ha alterado así el escenario político a pocas semanas de las elecciones. Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno centra sus esfuerzos en la atención a las víctimas y en determinar qué falló en la circulación ferroviaria. El alcance de las responsabilidades y las consecuencias para el ministro de Transportes dependerán de las conclusiones que se obtengan sobre las causas del siniestro.

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(El Economista, 29-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Justicia frena los testamentos que usan la mejora para beneficiar al cónyuge frente a los hijos

El Tribunal Supremo ha determinado que un testador no puede imponer una sustitución fideicomisaria sobre el tercio de mejora de la herencia a favor de su cónyuge viudo, aunque establezca que los bienes deberán conservarse para transmitirlos posteriormente a sus hijos. La sentencia, de 7 de octubre de 2026, establece que tanto el fiduciario como el fideicomisario deben ser descendientes del causante cuando la sustitución afecta a este tercio de la herencia. El magistrado ponente, Seoane Spiegelberg, considera que esta disposición testamentaria vulnera la intangibilidad cualitativa de la legítima estricta y de la legítima larga de los herederos forzosos. Por este motivo, el alto tribunal desestima el recurso de casación presentado por la viuda y confirma la nulidad de las operaciones de partición de la herencia realizadas por el contador partidor. El litigio tiene su origen en un testamento otorgado en 2017 por un hombre casado en segundas nupcias bajo el régimen de separación de bienes y con tres hijos de un matrimonio anterior. La defensa de la viuda sostuvo ante el Supremo que la disposición no infringía los artículos 782, 813 y 824 del Código Civil. A su juicio, la prohibición de establecer sustituciones sobre el tercio de mejora debía interpretarse atendiendo a quién recibiría finalmente los bienes, es decir, los hijos designados como fideicomisarios, y no a la identidad de la fiduciaria. También argumentó que su posición era equiparable a la protección que la ley reconoce al cónyuge viudo mediante el usufructo del tercio de mejora, conforme al artículo 834 del Código Civil. El testador había legado a su esposa el tercio de libre disposición, atribuido la legítima estricta a una de sus hijas y nombrado herederos universales del resto a sus otros dos hijos, ambos varones. Asimismo, estableció una sustitución fideicomisaria sobre determinados porcentajes de fincas e inmuebles, designando a su viuda como heredera fiduciaria, con la obligación de conservar los bienes, y a sus dos hijos como fideicomisarios. Al formalizarse la partición de la herencia, cuyo caudal neto ascendía a 1,8 millones de euros, el contador partidor agotó el tercio de libre disposición mediante legados en metálico, saldos bancarios y atribuciones de bienes en pleno dominio a la viuda. Por otra parte, la cuota correspondiente a la titularidad fiduciaria de los inmuebles, valorada en 77.000 euros, se imputó al tercio de mejora. Los dos hijos nombrados herederos universales demandaron a la viuda para solicitar la rescisión de la partición por lesión y la reducción de los legados inoficiosos. Argumentaron que la carga impuesta sobre los inmuebles reducía indebidamente sus derechos hereditarios al impedirles disponer plenamente de esos bienes hasta el fallecimiento de la fiduciaria. El Tribunal Supremo distingue entre el usufructuario y el heredero fiduciario. Mientras que el primero dispone de un derecho real sobre bienes ajenos, el segundo adquiere el pleno dominio de los bienes hereditarios, con la posibilidad de disfrutarlos y ejercer las facultades propias de la propiedad, aunque tenga la obligación de conservarlos y restituirlos posteriormente. Por ello, el fiduciario es un sucesor a título gratuito que obtiene un beneficio directo de la disposición testamentaria. La Sala fundamenta su decisión en el artículo 782 del Código Civil, que prohíbe imponer sustituciones fideicomisarias sobre la legítima y limita las que recaen sobre el tercio de mejora a favor de descendientes. A ello se suma el artículo 824, que impide establecer gravámenes sobre dicho tercio si no se hacen en beneficio de los legitimarios o de sus descendientes. Dado que el cónyuge viudo no es descendiente del causante, atribuirle la titularidad fiduciaria de bienes pertenecientes al tercio de mejora limita la disponibilidad de esa parte de la herencia por los herederos forzosos hasta el fallecimiento de la esposa. Esta restricción vulnera, según el tribunal, el principio de intangibilidad cualitativa de la legítima recogido en el artículo 813 del Código Civil. La sentencia descarta asimismo que la disposición pueda ampararse en una cautela sociniana, destinada a proteger al cónyuge viudo, ni en el artículo 831 del Código Civil, relativo a la delegación de la facultad de mejorar. El testamento no atribuía expresamente facultades distributivas de este tipo y, además, los hijos implicados no eran descendientes comunes del matrimonio. En consecuencia, el Supremo confirma la nulidad de la partición hereditaria elaborada por el contador partidor y condena a la viuda al pago de las costas procesales, además de declarar perdido el depósito constituido para recurrir.

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(El Economista, 29-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas moviliza casi 12.000 millones para crear un cuerpo de 30.000 agentes de fronteras

La Comisión Europea ha presentado un paquete legislativo que fija el objetivo de alcanzar un cuerpo permanente de 30.000 agentes después de 2027. Para ello, se prevé crear la Reserva Europea de Fronteras y Retornos, integrada por 17.000 efectivos procedentes de las administraciones nacionales. El marco financiero plurianual para el periodo 2028-2034 contempla una dotación de 11.888 millones de euros. El paquete incluye dos propuestas de reglamento destinadas a reforzar la capacidad operativa de Frontex y a establecer un sistema informático común para los 27 Estados miembros. La iniciativa busca actualizar la normativa europea relativa al control de las fronteras exteriores y a la gestión de los procedimientos de retorno. La primera propuesta, identificada como COM(2026) 1030, plantea una refundición del reglamento de Frontex para convertir a la agencia en el principal instrumento operativo del Sistema Europeo Común de Retornos. Entre las nuevas competencias previstas figura la posibilidad de adquirir equipamiento técnico propio y organizar compras conjuntas. También se contempla la creación de un Centro de Coordinación de Retornos encargado de planificar las operaciones de retorno voluntario y forzoso. Además, Frontex podrá prestar asistencia en terceros países mediante acuerdos de estatuto y gestionar el Centro de Vigilancia en línea como informador de confianza en el marco del Reglamento de Servicios Digitales. La propuesta incorpora igualmente una Oficina de Apoyo en materia de Visados y una Oficina SIRENE interna. La segunda iniciativa, registrada como COM (2026) 1037, regula la digitalización de los expedientes relacionados con el retorno, la readmisión y la reintegración. Para ello, establece una arquitectura técnica descentralizada denominada columna vertebral digital común. Cada Estado miembro contará con un sistema nacional RECAMAS, conectado con los demás países a través de un portal de comunicación desarrollado por la agencia eu-LISA. La infraestructura se completará con el sistema iRCMS, destinado a la gestión de la readmisión, y el sistema RIAT, centrado en la reintegración. Cada expediente dispondrá de un identificador único que permitirá realizar su seguimiento en tiempo real. El proyecto prevé automatizar la apertura de expedientes cuando finalice el periodo de estancia legal, así como la emisión de decisiones de retorno y la utilización de inteligencia artificial. El plazo general de conservación de los datos será de diez años. La supervisión del programa recaerá en una Junta de Gestión formada por diez representantes de la Comisión Europea, Frontex y eu-LISA. La implantación completa del sistema está prevista para 2034.

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(Expansión, 28-10-2026) | Fiscal

Una maraña de tributos y tasas municipales encarece de forma artificial la obra nueva

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales de España. Aunque el debate suele centrarse en la falta de suelo disponible, el aumento del coste de los materiales y la inflación, existe otro elemento que contribuye al encarecimiento de los inmuebles: la acumulación de impuestos y tasas que deben afrontarse durante todo el proceso de promoción y construcción. Cada vivienda de nueva construcción incorpora, además de los costes de materiales, diseño y mano de obra, una serie de tributos municipales que se aplican en distintas fases del proyecto. Juan Carpizo, socio de Fiscal y responsable de la práctica ibérica de Fiscalidad Local y Medioambiental de Andersen, señala que la carga fiscal vinculada a la promoción inmobiliaria representa un sobrecoste estructural que repercute directamente en el precio final. Según el experto, esta tributación incrementa el esfuerzo económico que deben realizar los compradores y dificulta todavía más el acceso a la vivienda. Los costes fiscales comienzan antes de iniciar las obras. Cuando el promotor adquiere un terreno, debe asumir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) durante el periodo de propiedad y desarrollo del proyecto. A este desembolso se añaden el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), cuyo tipo puede alcanzar el 4% del coste real de la construcción, y la tasa por licencia urbanística, que se calcula sobre el presupuesto de ejecución material. Durante el desarrollo de la promoción también se generan otros gastos, como los derivados de ocupar la vía pública con grúas, contenedores o andamios, además de las tasas relacionadas con inspecciones y autorizaciones técnicas. Carpizo subraya que estos pagos son costes efectivos que no pueden recuperarse y que se incorporan al coste de producción del inmueble, trasladándose finalmente al comprador a través del precio de venta. Uno de los aspectos más controvertidos de esta fiscalidad es el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal. Tras la modificación normativa de finales de 2021, el sector promotor considera que el sistema puede generar una tributación que no se corresponde con la capacidad económica real. Según Carpizo, el impuesto llega a gravar incrementos de valor que, en determinados supuestos, están vinculados a costes necesarios para desarrollar el activo inmobiliario, lo que provoca una diferencia entre la base imponible y la ganancia económica efectiva. El problema adquiere especial relevancia en las promociones inmobiliarias, cuyos periodos de tenencia del suelo suelen ser reducidos y, en muchos casos, inferiores a dos años entre su adquisición y la venta de las viviendas. El fiscalista advierte de que algunos municipios han incrementado hasta un 600% los coeficientes aplicables a los periodos de propiedad más cortos, elevando considerablemente las cuotas tributarias sin que ese aumento tenga necesariamente una relación directa con la evolución real del valor del terreno. La acumulación de estos impuestos y tasas influye en la composición del precio final de la vivienda, que no depende únicamente de su ubicación, sus características constructivas o su eficiencia energética. Carpizo considera que España ha desarrollado un entramado de tributación municipal específico para la promoción urbanística, con figuras impositivas y tasas que afectan a distintas etapas del proceso. A su juicio, este modelo no encuentra un equivalente funcional en otros países europeos, lo que convierte la fiscalidad local vinculada a la vivienda en una singularidad del sistema español. Este sobrecoste fiscal añade presión a un mercado que ya se enfrenta a importantes dificultades de acceso y a una oferta insuficiente en determinadas zonas. Por ello, la revisión de los tributos municipales asociados a la construcción se plantea como una cuestión relevante dentro del debate sobre cómo agilizar la promoción de nuevas viviendas, reducir los costes de desarrollo y facilitar el acceso a este bien esencial. En la adquisición de vivienda de obra nueva, el comprador debe desembolsar de entrada un 10% en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). A esta partida se añade el gravamen de Actos Jurídicos Documentados (AJD), un tributo autonómico que añade entre un 0,5% y un 1,5% adicional según la comunidad. Esta estructura produce un efecto en el que el ciudadano termina pagando el IVA sobre una base que ya ha sido engordada por las tasas y tributos municipales previos. En conjunto, sumando los gravámenes invisibles de la fase constructiva y los exigidos en el acto de compraventa, la carga fiscal total llega a suponer entre el 20% y el 25%.

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(El País, 28-10-2026) | Fiscal

El nuevo impuesto a los ricos frena la mudanza de fortunas entre comunidades, pero dispara la ingeniería fiscal

La fiscalidad de las grandes fortunas en España ha experimentado un cambio significativo en los últimos años. Durante más de una década, las diferencias entre comunidades autónomas en el impuesto sobre el patrimonio favorecieron la concentración de contribuyentes con elevados recursos en Madrid, donde existía una bonificación del 100%. Sin embargo, la creación a finales de 2022 del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, impulsado por el Gobierno central, estableció un mínimo de tributación estatal para frenar la competencia fiscal entre territorios. Un estudio del World Inequality Lab concluye que la medida ha reducido los incentivos para trasladar la residencia fiscal entre comunidades, aunque también ha impulsado nuevas estrategias para aprovechar las exenciones previstas en la normativa. El informe, titulado Tributación de la riqueza: ¿centralizada o descentralizada? Evidencia a partir del impuesto español sobre las grandes fortunas, ha sido elaborado por los investigadores Francisco García-Rodríguez, Dmitry Petrov y Alice Sodano a partir de datos de la Agencia Tributaria correspondientes al periodo comprendido entre 2016 y 2023. Sus conclusiones muestran un cambio en los movimientos territoriales de los grandes patrimonios. Madrid, que hasta entonces registraba de manera continuada un saldo migratorio positivo de contribuyentes con grandes fortunas, anotó en 2023, primer año completo de aplicación del nuevo impuesto, un saldo negativo entre quienes declaraban un patrimonio neto superior a 3,7 millones de euros, umbral a partir del cual se aplica el gravamen. El impuesto de solidaridad tiene una estructura similar a la del impuesto sobre el patrimonio, pero la recaudación corresponde a la Administración central en lugar de a las comunidades autónomas. Ante esta situación, algunas regiones, entre ellas Madrid, optaron por reducir o eliminar las bonificaciones del tributo autonómico para que los ingresos permanecieran en sus propias arcas, en lugar de transferirse al Estado. En la práctica, el nuevo gravamen redujo la ventaja económica de trasladar la residencia fiscal a una comunidad con menor tributación para evitar el pago. La implantación del impuesto permitió incorporar a cientos de contribuyentes de elevado patrimonio que anteriormente no abonaban este tipo de gravamen. En 2023, la recaudación alcanzó cerca de 2.000 millones de euros en el conjunto de España, de los cuales casi 600 millones correspondieron a Madrid. En 2024, los ingresos superaron los 2.100 millones. Dmitry Petrov, coautor del estudio e investigador y profesor de Economía en la Universidad de Alcalá, advierte de que todavía es pronto para atribuir exclusivamente al nuevo impuesto el cambio en los movimientos de las grandes fortunas. Para confirmar esa relación será necesario comprobar si la tendencia se mantiene durante los próximos años. No obstante, considera que existen indicios de una conexión directa y prevé que los desplazamientos de contribuyentes con grandes patrimonios entre comunidades se vayan estabilizando progresivamente. La competencia fiscal autonómica, sin embargo, no ha desaparecido por completo. El informe señala que continúa afectando a los patrimonios de nivel intermedio, ya que el impuesto estatal se aplica a partir de los 3,7 millones de euros de riqueza neta. Por debajo de ese umbral, muchos contribuyentes con patrimonios de entre 700.000 euros y 3,7 millones siguen beneficiándose de las bonificaciones autonómicas. En comunidades como Madrid y Andalucía, donde se aplican bonificaciones del 100% en ese tramo, estos contribuyentes pueden quedar exentos de pagar el impuesto sobre el patrimonio. De este modo, los gobiernos regionales mantienen margen para utilizar la fiscalidad como instrumento de atracción de riqueza. El estudio también advierte de que la reducción de los incentivos para cambiar de residencia no ha eliminado las estrategias de planificación fiscal de las grandes fortunas. En lugar de trasladarse a otras comunidades, algunos contribuyentes han reorganizado sus activos para reducir la base imponible. Según los investigadores, los grandes patrimonios de Madrid disminuyeron en 2023 cerca de un 6% el patrimonio neto sujeto a tributación declarado a Hacienda respecto a contribuyentes comparables de otras regiones. Petrov explica que este ajuste no parece responder necesariamente a una reducción real de la riqueza, sino a una reorganización de los activos para aprovechar las exenciones legales, especialmente las relacionadas con la empresa familiar. Entre las fórmulas utilizadas figuran la aportación de bienes personales al capital de sociedades no cotizadas y la adaptación de las retribuciones de los directivos para cumplir los requisitos establecidos por la normativa. Según las estimaciones del estudio, estas prácticas redujeron la recaudación pública en Madrid en unos 73 millones de euros durante 2022 y 2023. Los resultados ponen de relieve la importancia de las exenciones fiscales en los tramos más altos de la distribución de la riqueza, donde las participaciones empresariales representan una parte sustancial del patrimonio. Las simulaciones incluidas en el informe calculan que, si se eliminara la exención de los activos empresariales de la base imponible, la recaudación conjunta del impuesto en España podría más que duplicarse y acercarse a los 5.000 millones de euros anuales. Los autores concluyen que la centralización parcial de la tributación ha reducido los incentivos para trasladar grandes patrimonios entre comunidades autónomas, pero no ha eliminado las diferencias fiscales para las fortunas de menor tamaño ni las posibilidades de planificación tributaria. El potencial recaudatorio del impuesto sigue condicionado, por tanto, por el alcance de las exenciones y por la capacidad de los contribuyentes para reorganizar legalmente sus activos.

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(La Vanguardia, 28-10-2026) | Fiscal

Madrid se distancia de Cataluña en PIB per cápita por el empleo no residente

La economía catalana ha perdido terreno frente a la madrileña en términos de PIB per cápita durante el último cuarto de siglo. En el año 2000, el indicador de Cataluña equivalía al 94% del de Madrid, mientras que en la actualidad se sitúa en el 83%. Según un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona, esta brecha no responde a factores estructurales como la productividad o el desempleo, sino al efecto estadístico que provoca la presencia de trabajadores que generan riqueza en una comunidad autónoma, pero residen en otra. El director del servicio de estudios de la Cambra, Joan Ramon Rovira, ha explicado que estos empleados contribuyen a la actividad económica del territorio en el que trabajan, aunque no se contabilizan como parte de su población al calcular el PIB por habitante. El informe destaca que, en los últimos 25 años, la proporción de personas ocupadas respecto al conjunto de la población ha aumentado en casi ocho puntos porcentuales. A juicio de Rovira, ni la tasa de paro ni la relación entre población activa y población total permiten explicar la divergencia entre ambas comunidades. Según los datos de la Cambra, en 2021, último ejercicio disponible para este cálculo, Madrid registraba un saldo neto de 221.386 trabajadores que desempeñaban su actividad en la comunidad, pero vivían en otra autonomía. En Cataluña, la cifra era de 42.348 personas. Además, un cálculo de La Vanguardia a partir de datos de 2024 apunta a que la diferencia entre ambas regiones en PIB per cápita se había ampliado todavía más. En comparación con el conjunto de España, Cataluña también ha reducido su ventaja en este indicador. Su PIB per cápita ha pasado de representar el 121% de la media nacional en el año 2000 al 114% en la actualidad. La Cambra atribuye esta evolución a la convergencia entre la población activa y la población total en el resto del país. La entidad también ha actualizado sus previsiones económicas. Para 2026, calcula que la economía catalana crecerá un 2,8%, tres décimas más de lo estimado anteriormente. Para 2027, sitúa el avance en el 2%, dos décimas por encima de su previsión inicial. El presidente de la Cambra, Josep Santacreu, ha señalado que la actividad atraviesa una fase de enfriamiento, aunque mantiene una capacidad de resistencia favorable. En cuanto a los precios, la Cambra ha elevado cuatro décimas su previsión de inflación para 2026, hasta el 3,7%, y espera una moderación durante el año siguiente. Santacreu ha advertido de que la duración del conflicto en el estrecho de Ormuz será determinante para la evolución de los precios energéticos, pese a las medidas compensatorias adoptadas por los gobiernos.

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(Expansión, 28-10-2026) | Laboral

Los nuevos jubilados cobran 1.863 euros, más que la mitad de los asalariados

El gasto destinado al pago de pensiones alcanzó los 14.539 millones de euros en octubre, un 6,3% más que en el mismo mes del año anterior. Este incremento supera ampliamente la subida de los precios, que se situó en el 4,9% en septiembre, de modo que el desembolso en prestaciones crece un 28% más que el IPC, pese al fuerte repunte de la inflación registrado en los últimos meses. Uno de los principales factores que explican la presión creciente sobre las cuentas de la Seguridad Social es el importe de las pensiones que perciben quienes acceden por primera vez a la jubilación. Las prestaciones iniciales reflejan trayectorias laborales más largas, mayores bases de cotización y salarios más elevados, una tendencia especialmente significativa entre los integrantes de la generación del baby boom. Sin embargo, estas cuantías también plantean un desafío para la sostenibilidad del sistema, ya que las cotizaciones de los trabajadores en activo deben financiar las prestaciones de los pensionistas, de acuerdo con el modelo de reparto vigente. Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social, los nuevos jubilados del régimen general cobraron en septiembre una pensión media de 1.863 euros mensuales en catorce pagas. Esta cantidad equivale a unos 2.173 euros al mes si se distribuye en doce mensualidades. La cifra supera los salarios correspondientes a los seis primeros deciles de ingresos registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2024, cuyo sexto tramo se situaba en 2.130 euros brutos mensuales. Incluso teniendo en cuenta las subidas salariales medias pactadas en convenio durante 2025 y 2026, que acumulan un 6,5%, la pensión de los nuevos jubilados sigue siendo superior a los ingresos de los cinco primeros deciles salariales. Esto significa que quienes se incorporan a la jubilación desde el régimen de asalariados acceden a prestaciones más elevadas que los salarios de aproximadamente la mitad de los trabajadores españoles. La comparación con las pensiones que ya se están abonando también pone de manifiesto el incremento progresivo de las cuantías. Los 1.863 euros mensuales que perciben de media los nuevos jubilados del régimen general superan en un 7,3% los 1.735 euros correspondientes a la pensión media de jubilación de quienes ya forman parte de este régimen. La diferencia alcanza el 18% respecto a la prestación media de jubilación del conjunto de regímenes, situada en 1.577 euros, y se eleva al 35% si se compara con la pensión media del sistema, que incluye todas las clases de prestaciones y asciende a 1.376 euros mensuales. El efecto de sustitución, es decir, la diferencia entre las pensiones que comienzan a pagarse y las que desaparecen, constituye uno de los elementos más relevantes para explicar la evolución del gasto. En el régimen general, que concentra a 5,09 millones de pensionistas, cerca del 48% del total, las nuevas prestaciones de jubilación son un 20% superiores a las que se dejan de abonar. Mientras que las primeras alcanzan una media de 1.863 euros al mes, las pensiones que causan baja se sitúan en 1.541 euros. Este efecto, unido a la actualización anual de las prestaciones conforme al IPC, explica buena parte del crecimiento de la factura de las pensiones. En octubre, la Seguridad Social destinó 14.539 millones de euros al pago de las prestaciones contributivas, un 68% más que en el mismo mes de hace diez años. En comparación con octubre de 2025, el desembolso aumentó un 6,3%, más del doble de la revalorización del 2,7% aplicada a comienzos de año y por encima de la inflación interanual registrada en septiembre, que alcanzó el 4,9%, su nivel más elevado desde febrero de 2023. Las previsiones apuntan, además, a que el gasto volverá a incrementarse en 2027 como consecuencia de la próxima actualización de las pensiones en función de la inflación. El encarecimiento de los precios, impulsado en parte por las tensiones derivadas del conflicto en Oriente Próximo, anticipa una nueva subida de las prestaciones que podría aproximarse al 4%. Las estimaciones de Funcas sitúan el incremento previsto en el 3,6%, lo que supondría un coste adicional de unos 8.400 millones de euros para las cuentas públicas.

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(Expansión, 28-10-2026) | Laboral

El absentismo desbocado amenaza la supervivencia de pymes y autónomos

Las organizaciones empresariales reclaman al próximo Gobierno una batería de medidas para reducir el absentismo laboral y contener el creciente coste que supone para las empresas y las cuentas públicas. Entre sus principales propuestas figuran recuperar el despido objetivo por bajas médicas justificadas reiteradas, limitar los complementos salariales que las empresas abonan durante las incapacidades temporales y permitir que las mutuas puedan proponer el alta médica de los trabajadores. La preocupación del tejido empresarial responde a la magnitud del problema. Cada día, alrededor de 1,6 millones de empleados faltan a su puesto de trabajo, de los que 1,2 millones se encuentran en situación de incapacidad temporal. El impacto económico de estas ausencias superó los 34.000 millones de euros el pasado año, sumando las prestaciones de la Seguridad Social, los costes asumidos directamente por las empresas y los complementos salariales. En lo que va de 2026, el desembolso ha aumentado un 8,6%, lo que anticipa una nueva presión sobre los costes laborales. Las patronales advierten de que las consecuencias son especialmente difíciles de asumir para las pequeñas empresas, que representan el 99% del tejido productivo español y cuentan, en muchos casos, con plantillas inferiores a cinco trabajadores. Miguel Garrido, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y vicepresidente de CEOE, señala que, aunque las tasas de absentismo son más elevadas en las grandes compañías, las consecuencias pueden resultar mucho más graves para los negocios pequeños, que tienen mayores dificultades para sustituir a los empleados ausentes y mantener su actividad. A los costes económicos de las bajas se añaden las dificultades para reorganizar el trabajo y contratar personal de sustitución, especialmente cuando las ausencias se prolongan durante meses. Las empresas deben asumir la prestación económica entre los días cuarto y decimoquinto de la incapacidad temporal, además de los posibles complementos salariales establecidos en convenio. Según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), aunque la duración media de las bajas se situó en 43 días en 2025, por debajo de los 53,7 días registrados en 2020, ha aumentado considerablemente el número de procesos de larga duración. En 2019 se contabilizaban unos 35.000 trabajadores con bajas superiores a un año, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 155.203. Esto supone un incremento del 343% en seis años. La evolución preocupa especialmente a las pequeñas empresas, que disponen de menos recursos para reorganizar sus plantillas y afrontar los gastos derivados de una ausencia prolongada. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que trabajar en una empresa grande aumenta un 81% la probabilidad de iniciar una incapacidad temporal respecto a hacerlo en una microempresa, aunque el impacto organizativo y financiero puede ser más difícil de gestionar en los negocios de menor tamaño. Ante esta situación, CEIM ha intensificado sus reivindicaciones de cara a la próxima legislatura. Durante la jornada «Absentismo laboral: una emergencia silenciosa que exige respuesta inmediata», la patronal madrileña planteó distintas reformas para reducir las ausencias y limitar su repercusión económica sobre las empresas. Una de las propuestas más destacadas es recuperar el despido objetivo por absentismo derivado de faltas de asistencia justificadas, incluso cuando estas respondan a bajas médicas intermitentes. Esta posibilidad estaba contemplada en el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores y fue eliminada a comienzos de 2020 por el Gobierno de Pedro Sánchez, que consideró que la medida podía penalizar a los empleados enfermos y perjudicar su derecho a la salud. La normativa anterior permitía extinguir el contrato cuando las ausencias alcanzaban determinados porcentajes durante periodos concretos. La recuperación de esta figura también ha sido defendida recientemente por Foment del Treball, en el marco de su Libro Blanco sobre el Absentismo Laboral. Las organizaciones empresariales plantean, además, revisar los complementos de incapacidad temporal recogidos en los convenios colectivos, que en numerosos casos permiten mantener hasta el 100% del salario durante la baja. También proponen que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) asuma desde el inicio del proceso el pago de las prestaciones y las cotizaciones correspondientes, así como establecer exenciones en las cuotas a la Seguridad Social para los contratos de sustitución, con el objetivo de reducir los costes derivados de mantener al trabajador de baja y contratar a otra persona para cubrir su puesto. Entre las medidas reclamadas figura igualmente exonerar a las empresas de determinadas cargas a partir de los doce meses de incapacidad temporal y otorgar efectos inmediatos a las propuestas de alta médica formuladas por las mutuas. Por último, los empresarios defienden que los contratos laborales contemplen la suspensión del cómputo del periodo de prueba durante los procesos de incapacidad temporal. Estas iniciativas forman parte de una propuesta más amplia con la que las patronales pretenden modificar la gestión de las bajas y repartir de otra manera los costes asociados al absentismo laboral.

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(El País, 28-10-2026) | Laboral

El paro repunta en el tercer trimestre hasta el 10,18%

El mercado laboral español perdió impulso durante el tercer trimestre de 2026. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de desempleados aumentó en 95.900 personas entre julio y septiembre, el mayor incremento en este periodo desde la Gran Recesión, si se excluyen los años afectados por la pandemia. Al mismo tiempo, la ocupación avanzó en 73.600 trabajadores, muy por debajo de los registros de los dos ejercicios anteriores. Pese a esta desaceleración, España alcanzó un nuevo máximo de 22,85 millones de ocupados, tras crear 465.500 empleos en los últimos doce meses. El aumento de la ocupación en el tercer trimestre es el más débil de los últimos siete años. Para encontrar un avance menor hay que remontarse a 2019, cuando se incorporaron 69.400 personas al mercado laboral. El resultado queda lejos de los 138.300 empleos creados en el mismo periodo de 2024 y de los 118.400 de 2025. En términos relativos, el número de ocupados creció un 0,32% respecto al trimestre anterior, el menor incremento desde 2012, en plena crisis económica. La evolución anual ofrece una imagen más favorable. Entre el tercer trimestre de 2025 y el de 2026 se crearon 465.500 puestos de trabajo, aunque la cifra es inferior a los 564.100 del ejercicio anterior. No obstante, supera los 376.500 empleos generados entre 2023 y 2024, lo que refleja que, pese al frenazo reciente, el mercado laboral mantiene capacidad para seguir aumentando la ocupación. El desempleo también registró un comportamiento desfavorable entre julio y septiembre. El número de parados aumentó en 95.900 personas, frente a las 60.100 del mismo periodo del año anterior. En 2024, por el contrario, se había reducido en 1.200 personas. La evolución anual también muestra un deterioro: mientras que en el ejercicio anterior el paro descendió en 140.900 personas, en los últimos doce meses la reducción se ha limitado a 22.000. La combinación de un crecimiento moderado del empleo y un aumento del desempleo elevó la tasa de paro del 9,87% del segundo trimestre al 10,18%. El incremento duplica el registrado en el mismo periodo de 2025, mientras que en 2024 la tasa había bajado ligeramente, del 11,27% al 11,21%. Pese al repunte, el nivel actual es el más bajo para un tercer trimestre desde 2008. El deterioro se produce en un contexto económico más complejo, marcado por las presiones inflacionistas derivadas de los conflictos en Oriente Próximo y por la incertidumbre política en varias de las principales economías europeas. En términos interanuales, la tasa de paro apenas ha mejorado 0,27 puntos respecto al tercer trimestre de 2025, cuando se situaba en el 10,45%. La reducción queda lejos de los descensos de 0,76 puntos en 2025 y de 0,68 puntos en 2024. España continúa, además, entre los países europeos con mayores niveles de desempleo. En agosto, último mes con datos disponibles de Eurostat, volvió a superar a Finlandia y se situó como el Estado miembro con la tasa de paro más elevada de la Unión Europea. La media comunitaria era del 6,1%, alrededor de cuatro puntos por debajo del registro español. Por sectores, el comercio fue la actividad que más empleo generó en el tercer trimestre, con 117.600 ocupados más. El resultado supera ampliamente los 27.000 puestos añadidos en el mismo periodo de 2025. La sanidad y los servicios sociales sumaron 61.000 trabajadores, frente a los 112.700 del año anterior. También aumentó la ocupación en la Administración pública, con 57.900 empleos adicionales, y en el transporte y almacenamiento, con 55.600. En el lado contrario destaca la educación, que perdió 143.400 ocupados durante el trimestre debido, principalmente, al efecto de las vacaciones estivales. El descenso se concentra especialmente en actividades como las academias de idiomas y de refuerzo. La industria manufacturera también sufrió una caída importante, con 72.600 trabajadores menos, frente al aumento de 33.600 registrado en el mismo periodo del año pasado. El sector agrario perdió otros 58.200 empleos, más del triple que en 2025, cuando el descenso fue de 17.400. Si se observa la evolución de los últimos doce meses, la educación encabeza el crecimiento del empleo, con 107.600 ocupados más. Le siguen la hostelería, con 92.300; las actividades científicas y técnicas, con 63.200; el comercio, con 56.800, y las actividades financieras, con 56.300. La industria manufacturera presenta la evolución más desfavorable entre las principales actividades, con 21.600 ocupados menos en términos anuales, pese al aumento general del empleo. La evolución del desempleo también presenta diferencias territoriales. Navarra registra uno de los mayores incrementos interanuales entre las comunidades autónomas, al pasar del 7,3% en el tercer trimestre de 2025 al 9,2% en el mismo periodo de 2026. Galicia subió del 8% al 9,2%, mientras que Asturias pasó del 9% al 10%. En cambio, el paro disminuyó en algunas comunidades tradicionalmente afectadas por tasas elevadas de desempleo. En Canarias, la tasa cayó del 14,6% al 10,9%, mientras que en Murcia retrocedió del 12,9% al 10,8%. Baleares mantiene uno de los registros más bajos, con un 4,6%, frente al 5,8% de un año antes. Andalucía continúa entre las regiones con más desempleo, con una tasa del 14,9%, seguida de Extremadura, con el 13%. Por nacionalidad, el aumento del paro durante el tercer trimestre afectó tanto a los españoles como a las personas con doble nacionalidad, entre quienes se contabilizaron 71.400 desempleados más. Entre los extranjeros, el incremento fue de 24.500 personas. La creación de empleo tuvo, sin embargo, un origen muy distinto: los trabajadores extranjeros aportaron 75.400 nuevos ocupados, mientras que los españoles y las personas con doble nacionalidad sumaron conjuntamente 1.800. De este modo, el avance de la ocupación en el trimestre se concentró prácticamente en la población extranjera.

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