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(El Economista, 16-03-2026) | Laboral

Cataluña deja de ser receptora neta de trabajadores por primera vez en el siglo

Cada vez es más frecuente que los trabajadores cambien de comunidad autónoma para firmar un nuevo contrato. En 2025, los desplazamientos laborales entre regiones aumentaron un 5,08%, según los datos de la estadística de contratos. A pesar de este crecimiento, el mapa de territorios emisores y receptores de trabajadores apenas ha variado, salvo por un cambio relevante: Cataluña ha pasado a tener saldo negativo por primera vez en lo que va de siglo. Así lo recoge el último informe del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, que destaca que Cataluña ha protagonizado la transformación más notable de toda la serie histórica. Tras décadas registrando más entradas que salidas de trabajadores, en 2025 la comunidad presenta un déficit cercano a 9.000 contratos, lo que significa que han salido hacia otras regiones más trabajadores de los que han llegado. Los saldos negativos de Cataluña se producen especialmente en relación con Madrid -principal destino de trabajadores con un saldo positivo de unos 204.000 contratos-, así como con Aragón, Murcia, La Rioja y Baleares. Este desequilibrio se concentra principalmente en los sectores de agricultura y construcción, mientras que Cataluña continúa siendo receptora de trabajadores en actividades vinculadas a servicios e industria. En general, quienes abandonan la región ocupan puestos básicos o cualificados en el ámbito agrícola, mientras que los trabajadores que llegan suelen desempeñar funciones de carácter técnico. El paso de Cataluña de territorio receptor a emisor resulta llamativo por la rapidez con la que se ha producido. Según los datos del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, la comunidad ha pasado de registrar un saldo positivo de 20.000 contratos en 2023 a presentar un déficit superior a 8.000 en 2025. La tendencia ya se había empezado a percibir en 2024, cuando el saldo positivo apenas alcanzó las 600 firmas. Este cambio tiene sus raíces en años anteriores, especialmente tras la pandemia, que supuso un punto de inflexión en la movilidad laboral entre comunidades. Cataluña no ha recuperado los niveles de contratación de trabajadores procedentes de otras regiones que tenía antes de la crisis sanitaria. Mientras en 2018 se firmaron 248.598 contratos con empleados llegados de otros territorios, en los últimos años la cifra apenas ha rozado los 200.000 y en 2025 se quedó en 191.696 incorporaciones, frente a más de 200.000 salidas hacia otras comunidades. Otras regiones como Madrid o Andalucía tampoco han recuperado completamente los niveles de entradas previos a la pandemia. Sin embargo, la capital continúa ampliando su ventaja como principal polo de atracción laboral, con más de 446.000 contratos firmados en 2025 con trabajadores procedentes de otras comunidades, lo que le permite mantener un saldo positivo cercano a 204.500 contratos. Por su parte, Andalucía, que históricamente ha sido una comunidad emisora de trabajadores, ha reducido de forma notable su saldo negativo, que en 2025 se situó en -80.727 contratos. El SEPE señala que, aunque sigue siendo la región con mayor saldo negativo, también es la que más ha logrado reducir esta brecha en el último año, con un recorte de más de 25.300 contratos. En cambio, comunidades como Castilla-La Mancha, Galicia, Cantabria o Asturias han ampliado su saldo negativo. En el conjunto del país, las tasas más elevadas de movilidad laboral entre comunidades se registran en La Rioja y Castilla-La Mancha, donde más del 24% de los contratos implican desplazarse a otra región. Les siguen Murcia, Ceuta, Navarra, Madrid y Melilla, con tasas cercanas al 15%. En el lado opuesto, los territorios con menor movilidad son País Vasco, Andalucía, Galicia, Cataluña y Canarias. No todos los desplazamientos laborales implican, sin embargo, un cambio de comunidad autónoma, ya que también existe un volumen significativo de movimientos entre provincias. Mientras que la tasa de movilidad entre comunidades se sitúa en el 11,57%, la movilidad entre provincias alcanza el 16,56%. En 2025, los contratos que implicaban cambiar de provincia aumentaron un 4,62%, ligeramente por debajo del crecimiento de los cambios entre comunidades. La mayoría de estos contratos con movilidad laboral corresponde al sector servicios, que supera los cuatro millones de acuerdos. A bastante distancia se sitúan las actividades de agricultura y pesca, con menos de 900.000 contratos, seguidas de la industria y, en último lugar, la construcción. Además, los datos revelan una importante brecha de género: los hombres concentran cerca de dos tercios de los contratos que implican movilidad laboral, tanto en los desplazamientos entre comunidades autónomas como en los movimientos entre provincias.

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(Expansión, 16-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas revoluciona la creación de empresas: listas en 48 horas y para toda la UE

La Comisión Europea presentará esta semana EU Inc, una iniciativa destinada a crear un régimen empresarial único en la Unión Europea inspirado en el modelo de Delaware. De acuerdo con el último borrador del proyecto al que ha tenido acceso Expansión, la propuesta pone el foco en la digitalización y en simplificar al máximo los procedimientos administrativos. Este nuevo sistema, que pretende transformar la manera en que se crean empresas dentro de la UE, forma parte del llamado "régimen 28". Se trataría de un marco legal y administrativo opcional que permitiría a las compañías operar bajo normas comunes en todo el bloque, reduciendo así la fragmentación que generan los 27 sistemas nacionales y facilitando trámites completamente digitales. Según el borrador más reciente, las empresas podrían constituirse en un plazo aproximado de 48 horas y con un coste máximo de 100 euros. Además, sería posible crear una compañía con capital social cero, lo que ofrece mayor flexibilidad financiera. Este modelo supondría un cambio significativo frente a los procesos actuales, que pueden durar semanas o meses y cuyo coste oscila entre 3.000 y 25.000 euros, dependiendo del país donde se registre la empresa. Inspirado en el éxito del marco jurídico de Delaware para compañías innovadoras en Estados Unidos, el objetivo de la propuesta impulsada por la Comisión presidida por Ursula von der Leyen es reducir la incertidumbre y los elevados costes que enfrentan emprendedores e inversores al tener que adaptarse a la normativa de cada país en el que desean operar. El borrador subraya que, además de facilitar la creación de empresas, una prioridad clave es digitalizar los procesos administrativos y minimizar la burocracia. Con este fin, se plantea la creación de una interfaz virtual centralizada de registro, que funcionaría como una ventanilla única basada en el sistema BRIS (Interconexión de Registros Mercantiles). Gracias a esta plataforma, las empresas podrían realizar trámites en cualquier Estado miembro sin tener que interactuar con 27 sistemas distintos. Todas las gestiones relacionadas con el ciclo de vida de la empresa -constitución, registro de sucursales, inversiones o liquidación- se realizarían exclusivamente en línea, eliminando trámites presenciales y documentación en papel. Asimismo, la propuesta establece el principio de "solo una vez", según el cual la empresa presentaría su información una única vez y serían las autoridades nacionales (fiscales, seguridad social, etc.) las encargadas de consultarla directamente a través del sistema BRIS. Incluso los estatutos de la empresa seguirían este enfoque simplificado: solo tendrían que presentarse en inglés y en el idioma del país donde se ubique la sede social. Si posteriormente se abre una sucursal en otro Estado miembro con un idioma distinto, el registro del país de destino deberá recuperar automáticamente la documentación necesaria desde el sistema central. La normativa prevé que solo se exija una traducción certificada al idioma local cuando resulte estrictamente imprescindible, por ejemplo, en determinados procedimientos judiciales o para cumplir requisitos específicos de divulgación pública. Con el objetivo de lograr una mayor armonización normativa, la Comisión Europea plantea aprobar esta iniciativa mediante un reglamento, lo que implicaría su aplicación directa y obligatoria en todos los Estados miembros sin necesidad de adaptación legislativa nacional. No obstante, las normas nacionales seguirían aplicándose en materias no cubiertas por el reglamento o cuando se remita expresamente a ellas, especialmente en legislación laboral y fiscal, competencias que siguen siendo de los Estados. El régimen EU Inc estaría abierto a cualquier empresa con sede en la UE, tanto de nueva creación como ya existentes que decidan adoptar este modelo una vez entre en vigor. Aun así, está especialmente diseñado para microempresas -con hasta cuatro empleados, activos de hasta 300.000 euros e ingresos anuales de hasta 200.000 euros-, así como para startups y scaleups innovadoras, a las que se ofrecerán procedimientos más ágiles en casos de insolvencia o liquidación. En concreto, estas empresas podrían cerrar su actividad mediante un proceso acelerado de hasta tres meses si no tienen deudas, han transferido sus activos y han cesado su actividad. Si existen deudas, el procedimiento podría prolongarse hasta seis meses, con trámites simplificados, sin necesidad obligatoria de abogado e incluso con subastas judiciales de activos digitales que podrían realizarse de forma transfronteriza. Estas medidas buscan impulsar el dinamismo empresarial, reduciendo el impacto negativo del fracaso empresarial -el llamado "coste del fracaso"- y permitiendo que emprendedores e inversores puedan iniciar nuevos proyectos con mayor rapidez, sin mantener capital bloqueado durante largos periodos.

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(El País, 16-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Estados Unidos levanta las sanciones a los petroleros rusos durante un mes

La Administración de Donald Trump ha decidido aliviar temporalmente las restricciones impuestas al petróleo ruso, una medida que podría aportar miles de millones de dólares adicionales a las arcas del Kremlin en pleno contexto de tensión energética derivada del conflicto con Irán. Estados Unidos permitirá durante un mes -salvo que se prorrogue la decisión- la venta en los mercados internacionales de crudo y otros derivados rusos que ya estaban cargados en buques antes del 12 de marzo. Según Kiril Dmitriev, enviado especial de Vladímir Putin y responsable del fondo soberano ruso, esta medida podría poner en circulación unos 100 millones de barriles de petróleo. La reacción desde Europa no se hizo esperar. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, criticó en redes sociales lo que calificó como una "decisión unilateral" por parte de Washington y expresó su preocupación por las consecuencias de esta medida. Desde Moscú, Dmitriev celebró la decisión señalando que, en medio de una crisis energética creciente, flexibilizar las restricciones al sector energético ruso parecía cada vez más inevitable. Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, precisó que la autorización concedida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros solo afecta al petróleo ruso que ya se encuentra transportándose por mar. Si no hay nuevas modificaciones, el crudo que Rusia produzca a partir de ahora seguirá sujeto a las sanciones. La semana anterior, Washington ya había levantado su veto a las ventas de petróleo ruso a India. El anuncio actual supone, en la práctica, que Estados Unidos tolerará que otros países compren el crudo que Moscú mantenía almacenado en buques en alta mar durante los meses de restricciones. Esta flexibilización también permitirá a Rusia vender ese petróleo sin los grandes descuentos que había tenido que aplicar debido a las sanciones. Antes del conflicto con Irán, el crudo ruso se comercializaba con rebajas de hasta 30 dólares respecto al precio internacional. Así, cuando el barril de Brent crude oil se situaba en torno a 70 dólares, el petróleo ruso podía adquirirse por unos 40, aunque con el riesgo de posibles sanciones para los compradores. La decisión llega en un momento delicado para las finanzas del Kremlin. Las sanciones impuestas en otoño por Washington a gigantes petroleros rusos como Rosneft y Lukoil habían incrementado la presión sobre las cuentas públicas. Pocos días antes del inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, el ministro de Finanzas ruso, Antón Siluanov, anunció recortes presupuestarios para reforzar el Fondo Nacional de Bienestar. Entre enero y febrero, el déficit público ruso alcanzó los 3,4 billones de rublos -unos 37.000 millones de euros-, una cifra cercana al objetivo fijado para todo 2026. Aunque el inicio del año suele concentrar gran parte del gasto público, en esta ocasión los ingresos presupuestarios totales cayeron alrededor de un 10%, con un desplome de cerca del 50% en los procedentes de los hidrocarburos. Según cálculos citados por el diario británico Financial Times, Rusia podría ingresar aproximadamente 150 millones de dólares adicionales al día mientras se mantenga esta relajación parcial de las sanciones. De acuerdo con datos de la International Energy Agency, Rusia exportó en febrero unos 6,6 millones de barriles diarios, cerca de 184 millones en todo el mes, lo que generó unos 9.500 millones de dólares, unos 1.500 millones menos que en enero. Aun así, los expertos consideran que esta inyección de ingresos difícilmente cambiará el curso de la guerra en Ucrania. Los problemas económicos de Rusia no se deben tanto a sus cuentas públicas como al desequilibrio de su economía civil, muy afectada por el peso de la industria militar tras varios años de conflicto. Además, los hidrocarburos ya representan alrededor de una cuarta parte de los ingresos del Kremlin, lejos de más de la mitad que suponían en el pasado. Incluso, una entrada repentina de divisas podría reforzar el rublo y perjudicar la competitividad de las empresas rusas. Pese a los ingresos adicionales que podría generar la actual crisis energética, el Ministerio de Finanzas ruso mantiene su intención de reducir el gasto y endurecer las reglas fiscales. En Moscú no creen, al menos por ahora, que el actual repunte de los precios de la energía vaya a prolongarse durante todo el año. Desde el inicio de los ataques contra Irán -realizados sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU- la Casa Blanca y el Kremlin han mantenido contactos directos para abordar la situación energética. Trump ya adelantó la posibilidad de suavizar sanciones a sectores petroleros de distintos países tras una conversación telefónica con Putin. Posteriormente, Dmitriev se reunió en Florida con el enviado estadounidense, el empresario Steve Witkoff, y con Jared Kushner, yerno del expresidente. La ofensiva militar contra Irán ha desencadenado además el bloqueo del Estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Como consecuencia, el barril de Brent se ha situado en torno a los 100 dólares. Aunque se trata de un precio elevado, sigue dentro de los márgenes históricos: cuando Rusia inició su invasión de Ucrania en 2022, el crudo llegó a alcanzar los 130 dólares y permaneció por encima de los 100 durante más de tres meses.

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(El Periódico, 16-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación se mantiene en el 2,3% en febrero, justo antes del ataque a Irán

La inflación se mantuvo sin cambios en febrero en el 2,3% interanual, según confirmó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ratificó así el dato provisional publicado a finales del mes pasado. De este modo, el índice de precios al consumo (IPC) repite el mismo nivel registrado en enero y apunta, al menos de momento, a una etapa de cierta estabilidad tras las fluctuaciones que se produjeron durante 2025. No obstante, la interpretación de este dato ya está condicionada por el nuevo contexto internacional. El conflicto iniciado en Oriente Próximo tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y la consiguiente subida de los precios de la energía podrían modificar rápidamente la evolución de la inflación. Varios analistas advierten de que las cifras de febrero reflejan una situación económica previa a este nuevo shock energético y podrían quedar pronto desactualizadas. Durante el segundo mes del año, la contención de los precios se debió principalmente al abaratamiento de la electricidad, que compensó el aumento de algunos servicios habituales de consumo, como la restauración, así como la subida de determinados alimentos. Este equilibrio entre factores que empujaban al alza y a la baja permitió que el índice general se mantuviera prácticamente estable. Por su parte, la inflación subyacente -que excluye la energía y los alimentos no elaborados por su volatilidad- se situó en el 2,7%, una décima más que en enero. Este indicador, considerado una referencia para medir la tendencia más estructural de los precios, sigue mostrando ciertas presiones en servicios y bienes relacionados con la actividad económica. La evolución del IPC en febrero refleja precisamente ese juego de fuerzas opuestas. Por un lado, los precios energéticos contribuyeron a moderar el índice, especialmente la electricidad. Por otro, el encarecimiento de algunos servicios y productos alimentarios ejerció presión al alza. Entre ellos destaca la restauración, cuyos precios aumentaron un 4,8% en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que el conjunto de los alimentos registró una subida del 3,2%. Entre los incrementos más destacados figura el de la recogida de basuras, que se encareció un 28,6% coincidiendo con la entrada en vigor de un nuevo sistema de tasas que obliga a los contribuyentes a asumir el coste real de la gestión de los residuos. También subieron con fuerza los precios de la joyería y los relojes de pulsera, que aumentaron un 27,5% debido al encarecimiento del oro. En el sector del transporte, el tren experimentó una subida cercana al 14% respecto al año anterior. En lo que respecta a los alimentos, el producto que más se ha encarecido en comparación con febrero de 2025 es el café y sus derivados, con un aumento del 8,3%. Le siguen los productos lácteos y los huevos (6%), las frutas (5,9%) y la carne (5,4%). En sentido contrario, los aceites y grasas han registrado una notable bajada del 13,1%. Si se analizan los productos de forma individual, los huevos destacan como el alimento que más se ha encarecido, con una subida del 30% en un año, mientras que el aceite de oliva se ha abaratado cerca de un 17%. Aunque la inflación se mantiene dentro del objetivo marcado por el Banco Central Europeo, el Ministerio de Economía ha evitado interpretar este dato como una señal definitiva de estabilidad. La prudencia responde al cambio de escenario provocado por la guerra en Oriente Próximo y por el repunte del precio del petróleo en los mercados internacionales, con el barril de Brent superando los 100 dólares. Ante esta situación, el Gobierno ha adelantado esta semana un paquete de medidas fiscales orientadas especialmente a los sectores del campo y el transporte para mitigar el impacto del encarecimiento energético. La cautela del Ejecutivo coincide con el análisis de numerosos expertos. Muchos consideran que la aparente estabilidad de febrero corresponde a una etapa previa al actual aumento de los precios de la energía. Por ello, la atención se centra ahora en los datos de marzo, que permitirán observar con mayor claridad el impacto del conflicto en Oriente Próximo. Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research, señala que la previsión provisional de una inflación del 3,1% para ese mes podría convertirse en el nivel mínimo, tras el fuerte aumento del precio de los carburantes en las últimas semanas. Según explica, el encarecimiento de los combustibles tiene un efecto casi inmediato en el IPC debido a su peso dentro de la cesta de consumo. Otros efectos derivados del aumento de los costes energéticos podrían tardar algo más en trasladarse al consumidor final. Entre ellos se encuentran el precio de la electricidad o el de los alimentos, especialmente aquellos cuya producción depende en gran medida de fertilizantes, cuyo coste está estrechamente vinculado a la energía. Un diagnóstico parecido comparten el economista jefe para Europa de Oxford Economics, Ángel Talavera, y Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas. Torres advierte de que el aumento del coste de la energía ya empieza a trasladarse al conjunto de la economía. En particular, señala la evolución de los alimentos frescos, que ya partían de tasas superiores al 6% y que, según sus estimaciones, podrían superar el 7% interanual en marzo. "Esto podría situar la inflación por encima del 3%, probablemente entre el 3% y el 3,5%", apunta. Más allá de un posible repunte puntual, los economistas centran su atención en la duración del fenómeno inflacionario. Torres destaca que la economía actual es más sensible a las variaciones de precios que hace cuatro años, cuando la guerra en Ucrania coincidió con la reapertura de las economías tras la pandemia y con importantes problemas en las cadenas de suministro globales. En su opinión, Europa afronta ahora una situación económica más frágil. Aunque España continúa creciendo a un ritmo relativamente sólido en comparación con otros países europeos, algunos indicadores comienzan a mostrar signos de moderación. Ese enfriamiento del consumo podría actuar como un freno para la inflación subyacente y evitar, al menos por ahora, que se produzcan los llamados efectos de segunda ronda: un proceso en el que el aumento de los costes se traslada de forma generalizada a salarios y precios, generando una espiral inflacionaria más persistente.

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(El Economista, 16-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La vivienda desacelera: el precio en las grandes ciudades subirá un 7% este año, la mitad que en 2025

El mercado de la vivienda en España comienza a mostrar signos de un cambio de etapa, con un crecimiento de precios que previsiblemente perderá intensidad. Tras un periodo de fuertes incrementos, las previsiones apuntan a que en 2026 el encarecimiento se moderará. Después de subidas de dos dígitos en las principales ciudades -como el 18,9% registrado en Madrid o el 14,5% en Barcelona- se espera que el aumento medio ronde el 7%, aproximadamente la mitad del ritmo observado en 2025, según los cálculos de la consultora Gloval Analytics. Para el conjunto del país, la firma prevé que el precio de la vivienda crezca entre el 5,6% y el 8,4%. En concreto, el incremento estimado para Madrid se sitúa en torno al 6,9%, mientras que en Barcelona podría alcanzar aproximadamente el 7,1%. Estas previsiones se basan en un escenario macroeconómico relativamente estable y coherente con las estimaciones del Banco de España sobre la evolución de la economía y el empleo. La institución anticipa que el PIB continuará creciendo en los próximos años, aunque a un ritmo más moderado que el registrado recientemente. La desaceleración prevista en el crecimiento de los precios llega después de un 2025 especialmente dinámico para el sector inmobiliario. En Madrid, el precio medio de la vivienda alcanzó los 5.218 euros por metro cuadrado, lo que representa un aumento interanual del 18,9% y un crecimiento trimestral del 2,8%. En su área metropolitana, el valor medio se situó en 3.468 euros por metro cuadrado, un 18,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Barcelona también experimentó importantes incrementos, aunque algo inferiores a los de la capital. El precio medio en la ciudad se situó en 4.599 euros por metro cuadrado, con una subida anual del 14,5% y un aumento trimestral del 1,5%. En el conjunto del área metropolitana, el precio medio alcanzó los 3.067 euros por metro cuadrado, lo que supone un crecimiento del 10,6% respecto al año anterior. Uno de los rasgos más destacados del último año ha sido la extensión de las subidas a casi todos los municipios de las áreas metropolitanas. En el caso de Madrid, el aumento de los precios ha sido especialmente intenso en varias localidades del cinturón metropolitano, donde incluso ha superado el ritmo de encarecimiento de la capital. Entre los municipios con mayores incrementos destacan Fuenlabrada, con un aumento del 25,5%, Móstoles, con un 23,4%, Coslada, con un 21,4%, y Leganés, donde el precio de la vivienda subió un 20,7%. Según el informe de Gloval, estos datos evidencian que la presión de la demanda se está desplazando hacia zonas periféricas debido al elevado coste de la vivienda en el centro de las grandes ciudades. Si se analizan los precios en términos absolutos, los municipios más caros del entorno madrileño siguen siendo Pozuelo de Alarcón, con 4.954 euros por metro cuadrado, Alcobendas, con 4.490 euros, y Majadahonda, con 4.446 euros, consolidándose como algunos de los mercados residenciales más exclusivos del área metropolitana. En Barcelona, el encarecimiento también se ha generalizado en los municipios del área metropolitana. Los mayores aumentos se han registrado en Badalona (18,1%), Sant Adrià de Besòs (17,2%) y Santa Coloma de Gramenet (16,3%), lo que confirma la expansión del crecimiento de los precios hacia el cinturón urbano. Este comportamiento del mercado se produce en un entorno económico que continúa siendo favorable para el sector inmobiliario, apoyado por una evolución positiva del crédito hipotecario. Durante el último trimestre de 2025, las nuevas operaciones de financiación concedidas a los hogares alcanzaron 22.317 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 18,57%. En el conjunto del año, el crecimiento superó el 21%. No obstante, algunos indicadores empiezan a reflejar cierta desaceleración en la actividad del mercado. En el área metropolitana de Madrid, el número de viviendas transmitidas descendió un 9,62% respecto al año anterior, mientras que en Barcelona la variación fue prácticamente nula, con una ligera caída del 0,06%. Para Roberto Rey, presidente y consejero delegado de Gloval, estos datos reflejan la solidez estructural del mercado residencial español. Según explica, la demanda sigue superando claramente a la oferta disponible, lo que continúa impulsando los precios, especialmente en las grandes áreas urbanas. En este contexto, los expertos anticipan que el mercado podría entrar en una fase de crecimiento más equilibrado. La escasez de vivienda, sobre todo en las principales ciudades, seguirá presionando los precios al alza, aunque el ritmo de subida tenderá previsiblemente a moderarse a medida que el mercado se adapte a un entorno económico más estable.

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(Expansión, 13-03-2026) | Fiscal

El Gobierno baraja rebajas fiscales a la luz pero busca alternativas a la bonificación sobre el litro de carburante

El Gobierno está preparando un plan para hacer frente a las consecuencias económicas que el conflicto en Oriente Próximo puede tener en España. Este plan incluirá medidas fiscales destinadas a frenar el aumento de los precios de la energía, así como acciones concretas para reducir el impacto del encarecimiento de los carburantes, prestando especial atención a sectores como el agrícola y el transporte. También contempla recuperar parte del llamado escudo social y activar mecanismos para proteger el empleo. Así lo explicó ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras reunirse con empresarios y sindicatos para analizar posibles medidas, que el Ejecutivo pretende aprobar "en los próximos días" con la mayor rapidez posible, aunque no precisó si será en el Consejo de Ministros del próximo martes. Durante su intervención, Cuerpo quiso transmitir un mensaje de calma a la población y aseguró que la situación actual está lejos de la vivida en 2022 tras el inicio de la guerra en Ucrania. Según indicó, España llega a este momento con una mayor preparación en materia de seguridad energética, gracias a su apuesta por las energías renovables, la electrificación de la economía, la diversificación de fuentes de suministro y el desarrollo de infraestructuras como redes de transporte energético, refinerías o plantas de regasificación. El ministro detalló que el plan del Gobierno se estructurará en cuatro grandes bloques. El primero incluirá medidas fiscales dirigidas a reducir el coste de la electricidad y de la energía, siguiendo el modelo de algunas decisiones adoptadas durante la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania, cuando se rebajaron impuestos relacionados con la electricidad. El segundo bloque estará enfocado en mitigar el impacto del aumento del precio de los combustibles, especialmente del diésel, en sectores como el agrícola, el transporte por carretera y la logística, que son los más afectados. En este sentido, Cuerpo señaló que, tras consultar con agentes sociales y sectores implicados, se ha descartado repetir la bonificación general de 20 céntimos por litro aplicada en 2022. En su lugar, el Gobierno estudia fórmulas alternativas que permitan que las ayudas se reflejen de forma más efectiva en los precios finales y garanticen condiciones de competencia. Además, el Ministerio de Economía reforzará la vigilancia de los precios en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Para comprobar la eficacia de las medidas, se empleará inteligencia artificial que permitirá supervisar los precios aplicados en las cerca de 12.600 estaciones de servicio del país. El tercer bloque del plan contempla recuperar algunas medidas del escudo social que quedaron paralizadas tras ser rechazadas en el Parlamento, como la prohibición de cortar suministros básicos a familias vulnerables o el mantenimiento del bono social eléctrico. También se prevé activar mecanismos de protección laboral, entre ellos los ERTE, para proteger el empleo en caso de que la situación económica se complique. Por último, el Ejecutivo quiere seguir impulsando su estrategia a largo plazo basada en el desarrollo de energías renovables, la transición ecológica y la electrificación de la economía, que el ministro considera una herramienta clave para reducir el impacto de futuras crisis energéticas. Cuerpo insistió en que la prioridad actual es cerrar cuanto antes un paquete de medidas que responda a las dificultades que ya están experimentando ciudadanos y empresas, incorporando las propuestas de sectores económicos, agentes sociales y grupos parlamentarios para lograr el mayor consenso posible. En un contexto marcado por la incertidumbre sobre la evolución del conflicto en Irán y sus posibles efectos en la economía mundial, el ministro subrayó que las decisiones deben adoptarse con rigor, responsabilidad y suficiente flexibilidad para adaptarse a cómo evolucione la situación.

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(Expansión, 13-03-2026) | Fiscal

El Plan de Control de Hacienda para 2026 estrecha el cerco sobre actividades digitales

La Agencia Tributaria reforzará este año su control sobre el uso de los inmuebles, realizará inspecciones en viviendas destinadas al alquiler turístico, supervisará los ingresos del sector de la construcción y pondrá especial atención en ámbitos como las criptomonedas, los neobancos y las plataformas digitales. Las actividades vinculadas al entorno digital y al sector inmobiliario serán los dos principales focos de actuación de Hacienda durante 2026. Así lo establece el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En el ámbito digital, la Agencia Tributaria centrará su vigilancia en los criptoactivos, las entidades financieras digitales, los pagos realizados mediante teléfonos móviles y los ingresos procedentes de plataformas online. En el plano físico, el control se intensificará sobre el mercado inmobiliario, la construcción y las viviendas destinadas al alquiler vacacional. Todo ello sin dejar de lado otros objetivos como la detección de falsas residencias fiscales, el control de grandes fortunas y multinacionales, el fraude relacionado con hidrocarburos o el uso de sociedades ficticias. Uno de los ejes de la estrategia de control consistirá en recopilar cada mes información sobre la titularidad de cuentas bancarias y sobre los ingresos obtenidos por empresarios y profesionales a través de sistemas de cobro con tarjeta (TPV) o mediante pagos asociados a números de teléfono móvil, como ocurre con aplicaciones de pago instantáneo. El control sobre las criptomonedas será otra de las prioridades del organismo. Según explica el plan, la naturaleza tecnológica y la facilidad para mover estos activos entre países generan una mayor dificultad para la Administración a la hora de obtener información, lo que hace necesario reforzar los mecanismos de supervisión y la cooperación internacional. El documento advierte de prácticas que dificultan la identificación de los verdaderos titulares de estos activos digitales, como el uso de plataformas de intercambio situadas en otros países, la utilización de monederos electrónicos no custodiados o las transferencias directas entre carteras personales. Para combatirlo, Hacienda aprovechará las nuevas obligaciones informativas de los contribuyentes y empleará herramientas de seguimiento basadas en tecnología blockchain, con el objetivo de localizar operaciones relevantes y detectar posibles patrimonios no justificados o ingresos no declarados. Dentro del entorno digital, también se impulsarán investigaciones sobre los llamados neobancos, entidades financieras que operan de forma digital y que a menudo utilizan licencias bancarias de otros países de la Unión Europea. El objetivo es evitar que estas plataformas puedan utilizarse para ocultar patrimonio o ingresos. Asimismo, la Agencia Tributaria continuará utilizando sistemas automatizados de información para supervisar los beneficios obtenidos a través de plataformas digitales dedicadas a la compraventa de productos, la prestación de servicios profesionales o el alquiler de viviendas y medios de transporte. En el ámbito inmobiliario, una de las novedades será la estrategia para detectar viviendas turísticas no declaradas. Para ello se elaborará un mapa que clasifique los inmuebles según su uso y se llevarán a cabo inspecciones presenciales para comprobar cómo se utilizan las viviendas en zonas urbanas. Estos planes de visitas permitirán identificar alquileres que se declaran con un uso diferente al real y detectar posibles irregularidades en los arrendamientos turísticos o de temporada. El plan también contempla reforzar la lucha contra el fraude fiscal en empresas con grandes volúmenes de negocio, en personas con patrimonios elevados y en casos de utilización indebida de estructuras societarias. Además, se intensificará la vigilancia sobre sectores económicos en expansión, como el comercio electrónico y el mercado inmobiliario y de la construcción. Por otro lado, Hacienda reforzará el control sobre las falsas residencias fiscales, tanto en el extranjero como entre distintas comunidades autónomas, en colaboración con las administraciones regionales. En el caso de las grandes fortunas, se investigarán especialmente aquellas situaciones en las que se detecten signos externos de riqueza que no se correspondan con los ingresos declarados. El uso de sociedades pantalla, empresas instrumentales o compañías sin actividad real será objeto de especial vigilancia. Finalmente, las grandes empresas también estarán bajo el foco de la inspección tributaria, especialmente tras la entrada en vigor del nuevo tipo mínimo global del 15% aplicado a grandes corporaciones y multinacionales.

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(El País, 13-03-2026) | Fiscal

Hacienda redoblará el control sobre el fraude en los alquileres de temporada y pisos turísticos

Ante las dificultades cada vez mayores para acceder a una vivienda en España, la Agencia Tributaria ha decidido centrar una parte importante de su estrategia de control para 2026 en el mercado inmobiliario, especialmente en los alquileres de temporada y en las viviendas destinadas al uso turístico. El objetivo de Hacienda es detectar inmuebles residenciales cuyo uso real no coincida con el declarado y que, en algunos casos, se presenten como alquiler de vivienda habitual cuando en realidad tienen otros fines. Así se recoge en las Directrices del Plan Anual de Control Tributario publicadas este jueves en el Boletín Oficial del Estado. Para ello, los inspectores realizarán visitas de comprobación con el fin de identificar mecanismos o fórmulas legales utilizados para esquivar obligaciones fiscales en este tipo de arrendamientos y aliviar, en la medida de lo posible, la presión existente en el mercado del alquiler. Esta intensificación del control llega en un momento en el que el sector de la construcción está experimentando un repunte tras varios años de menor actividad. Por esta razón, Hacienda ampliará la vigilancia sobre todo el ámbito inmobiliario, abarcando desde la promoción y construcción de viviendas hasta su venta, alquiler e intermediación. Se prestará especial atención a los ingresos obtenidos a través de plataformas digitales y a las comisiones de las empresas intermediarias para asegurar que el crecimiento del sector se refleje adecuadamente en la recaudación fiscal. La Agencia Tributaria advierte de que el aumento de la actividad inmobiliaria hace necesario reforzar el seguimiento de determinados riesgos fiscales habituales en este sector. Entre ellos menciona la deducción indebida de gastos financieros, el uso excesivo de subcontrataciones o determinadas prácticas en la comercialización e intermediación de inmuebles. Además, se intensificará el control sobre las actividades económicas relacionadas con la vivienda y los alquileres para detectar ingresos no declarados o casos en los que el uso real de los inmuebles difiere del declarado ante la Administración. También se revisarán con especial detalle otras prácticas que pueden generar irregularidades, como la valoración de los inmuebles en operaciones de compraventa, sobre todo cuando intervienen empresas vinculadas o estructuras societarias. De forma paralela, Hacienda mantendrá los planes de visitas a empresas y profesionales de distintos sectores para comprobar aspectos formales y censales de su actividad. Dentro de estas actuaciones, uno de los objetivos será localizar viviendas que, aunque figuren como alquiler residencial, en realidad se destinan a otros usos -como alquiler turístico o temporal- sin haber sido declaradas correctamente. Esta estrategia de control se desarrolla en un contexto marcado por el fuerte aumento del precio de la vivienda y la escasez de oferta en numerosas ciudades españolas. Ante esta situación, distintas administraciones han intensificado la regulación y la supervisión del mercado. En este marco, Hacienda pretende reforzar el control sobre actividades relacionadas con el alquiler vacacional y con nuevas fórmulas de arrendamiento temporal que, según la propia Administración, en ocasiones se utilizan para ocultar ingresos o evitar obligaciones fiscales. El plan de control para 2026 no se limita, sin embargo, al sector inmobiliario. Como en años anteriores, la Agencia Tributaria también incrementará la vigilancia sobre grandes empresas, contribuyentes con altos patrimonios y estructuras societarias que puedan utilizarse de forma indebida para reducir la carga fiscal. En particular, se prestará atención al uso de sociedades instrumentales para evitar el pago del IRPF o del impuesto sobre el patrimonio, por ejemplo imputando gastos personales a las empresas o mediante fórmulas que encubren el reparto de dividendos. Asimismo, Hacienda reforzará la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal. Para ello, pondrá el foco en negocios que no aceptan pagos con tarjeta y en contribuyentes cuyo nivel de vida no se corresponde con los ingresos o el patrimonio que declaran. En materia de impuestos especiales, el plan también contempla un mayor control sobre el fraude relacionado con el impuesto sobre hidrocarburos y con productos sujetos a regímenes fiscales específicos, como el alcohol, las bebidas derivadas o el tabaco. Igualmente, se intensificará la vigilancia sobre el fraude del IVA en operaciones intracomunitarias -especialmente el denominado fraude carrusel- y sobre ciertas operaciones relacionadas con la matriculación y posterior venta de vehículos. Por último, el documento prevé reforzar el control sobre el comercio electrónico y los nuevos modelos de negocio desarrollados a través de redes sociales, así como el uso de cuentas en entidades financieras digitales o neobancos que puedan emplearse para ocultar ingresos o patrimonios fuera de España.

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(El Confidencial, 13-03-2026) | Fiscal

El Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea (TJUE) da la razón a Hacienda en su negativa a que se pueda deducir el IVA por invitaciones a clientes a espectáculos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado que las empresas no puedan deducir el IVA de los gastos destinados a invitar a clientes a espectáculos, como palcos deportivos o zonas VIP, siguiendo la postura de Hacienda. La sentencia, publicada este jueves, coincide con el criterio de la abogada general y aclara que los Estados miembros no pueden modificar de manera unilateral las normas del IVA, salvo excepciones previas a la incorporación de España al régimen europeo en 1986. En nuestro país, la Agencia Tributaria impide deducir el IVA en gastos relacionados con invitaciones a clientes para espectáculos y actividades de representación, algo que no ocurre en otros Estados miembros porque no está contemplado en la normativa europea. En casos anteriores, los tribunales dieron la razón a Hacienda frente a reclamaciones de empresas como Randstad, que entre 2009 y 2011 invitó a clientes a los palcos del Santiago Bernabéu, el Camp Nou, la zona Paddock Club del Gran Premio de Fórmula 1 de Barcelona y viajes en la embarcación Clipper Stad Amsterdam. Sin embargo, al llegar al Tribunal Supremo, surgieron dudas sobre si la ley española cumplía con la "cláusula stand-still", que permite a los Estados mantener ciertas exclusiones existentes antes de la aplicación de la directiva comunitaria del IVA en 1985. El fallo del TJUE establece que esta prohibición de deducción aplica a espectáculos deportivos y también a otros de carácter recreativo, como cine o teatro. Las empresas no podrán deducir el IVA de los gastos realizados para invitar a clientes, proveedores, asesores o personas vinculadas a la compañía. Antes de 1986, España no tenía un sistema de IVA con deducciones, aunque introdujo una exclusión específica justo antes de su adhesión para mantener dicha prohibición. Tras 40 años, se debatía si esta exclusión era compatible con la normativa europea. Despachos y asesores confiaban en que Europa corrigiera la interpretación de Hacienda, pero la abogada general Juliane Kokot propuso el 23 de octubre dar la razón a la Agencia Tributaria, postura que finalmente adoptó el TJUE este jueves. El tribunal recuerda que la legislación española no amplió el alcance de la exclusión y que, antes de la entrada en vigor del IVA, no existía un sistema que permitiera deducir este tipo de gastos. Además, la normativa nacional define claramente la naturaleza de los bienes y servicios excluidos, garantizando que la excepción no se convierta en una exclusión generalizada. El TJUE considera que la sentencia es relevante porque cierra el debate sobre la validez de la prohibición absoluta de deducir el IVA en atenciones a clientes, proveedores y empleados, incluyendo entradas a espectáculos deportivos o recreativos. Aunque no satisface las expectativas de los contribuyentes, aporta seguridad jurídica. Las empresas deberán asumir que el IVA de este tipo de gastos no es deducible, aunque sí podrá considerarse gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades dentro del límite del 1 % de la cifra neta de negocios. Jorge Gómez, director en Alvarez & Marsal, advierte además que intentar deducir este IVA podría considerarse no razonable según la normativa y conllevar un riesgo de sanción.

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(Expansión, 13-03-2026) | Laboral

Las empresas no pueden utilizar atajos organizativos ni exprimir sus recursos técnicos para neutralizar los efectos de un paro laboral

El Tribunal Constitucional (TC) ha establecido que modificar o ampliar los servicios mínimos con el objetivo de reducir los efectos de una huelga supone una vulneración clara del derecho fundamental de huelga. En una sentencia dada a conocer hoy, el tribunal ha dado la razón al Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte al concluir que la empresa Metro de Sevilla realizó lo que jurídicamente se conoce como "esquirolaje organizativo". La resolución, redactada por el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, no ha estado exenta de discrepancias dentro del propio tribunal. Los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel han anunciado votos particulares en los que expresan su desacuerdo con la postura mayoritaria, lo que refleja el debate existente sobre cómo equilibrar el derecho a la huelga con la libertad empresarial. El conflicto se remonta a finales de 2018, cuando el comité de empresa de Metro de Sevilla convocó una huelga indefinida que se desarrollaría todos los jueves a partir del 29 de noviembre. Ante esta convocatoria, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio fijó unos servicios mínimos basados en la planificación habitual de la compañía, que contemplaba la circulación de trenes simples. No obstante, durante las jornadas de paro de los días 13, 20 y 27 de diciembre, la dirección de la empresa decidió poner en funcionamiento trenes dobles. Con esta medida se duplicó la capacidad de transporte de pasajeros empleando únicamente al personal asignado a los servicios mínimos. Esta decisión dio lugar a un proceso judicial. En primera instancia, el Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla falló a favor del sindicato y concluyó que la empresa había vulnerado el derecho de huelga, imponiéndole además una indemnización de 6.251 euros. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) revocó posteriormente esta sentencia al considerar que la compañía había utilizado de forma legítima los recursos técnicos de los que disponía para mantener su actividad. El Tribunal Constitucional ha anulado ahora la resolución del tribunal andaluz y ha confirmado la sentencia inicial del juzgado sevillano. Además, la decisión sirve para actualizar la doctrina sobre el derecho de huelga en relación con la capacidad de organización de las empresas. Hasta ahora, la normativa que regula las huelgas en España -el Real Decreto-ley 17/1977, anterior a la Constitución- prohíbe expresamente el llamado "esquirolaje externo", es decir, la contratación de nuevos trabajadores para sustituir a los huelguistas. Con el tiempo, la jurisprudencia del propio Constitucional también incluyó el "esquirolaje interno", que consiste en desplazar a empleados de sus puestos habituales para cubrir el trabajo de quienes están en huelga. Con esta nueva sentencia, el tribunal consolida además la prohibición del denominado "esquirolaje organizativo o tecnológico". El Constitucional sostiene que, del mismo modo que no se pueden sustituir trabajadores para neutralizar una huelga, tampoco es admisible recurrir de forma extraordinaria a medios técnicos o materiales con ese mismo propósito. Según el tribunal, emplear tecnologías o procedimientos de manera diferente a la habitual para contrarrestar los efectos del paro supone una interferencia directa en el ejercicio de este derecho. La sentencia también advierte de que el marco legal de 1977 ha quedado superado por los cambios tecnológicos y organizativos actuales. Con este pronunciamiento, el alto tribunal lanza un mensaje claro a las empresas: cualquier estrategia, ya sea humana, técnica u organizativa, dirigida a neutralizar los efectos de una huelga puede considerarse una vulneración del derecho fundamental de los trabajadores.

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