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(Cinco Días, 27-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La perspectiva de más inflación lleva el tipo de interés de la deuda española al nivel más alto desde 2023

La creciente incertidumbre sobre la posibilidad de un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, que podría aliviar la tensión en los mercados energéticos, ha provocado este jueves una nueva subida del precio del petróleo y caídas en las Bolsas. Tres días después de que Washington calificara como "productivas" sus conversaciones con Teherán, la respuesta iraní sigue siendo negativa. El país ha rechazado abiertamente la propuesta estadounidense de 15 puntos, transmitida a través de Pakistán, y ha insistido en su reivindicación de soberanía sobre el estrecho de Ormuz. Aunque no descarta futuras negociaciones, su postura inicial es firme. Con el control de este paso estratégico, Irán mantiene en vilo a la economía mundial casi un mes después del inicio de la ofensiva conjunta con Israel, que aspiraba a ser breve. En los mercados bursátiles predomina la cautela más que el pánico, aunque persiste el riesgo de episodios de volatilidad como el vivido a comienzos de semana. El Ibex 35 caía en torno a un 1,25% a mediodía, menos que en la jornada anterior, mientras que el precio del petróleo se sitúa cerca de los 108 dólares, unos 10 por debajo del nivel previo al anuncio de tregua de Donald Trump, aunque con una subida cercana al 5% en el día. Por su parte, los futuros de Wall Street anticipan descensos próximos al 1%. La preocupación es mayor en los mercados de deuda pública, donde la perspectiva de un conflicto prolongado está generando fuertes tensiones. La rentabilidad del bono español a diez años sube hasta el 3,57%, su nivel más alto desde 2023, tras avanzar 10 puntos básicos. En Alemania, el interés supera el 3%, alcanzando máximos desde 2011, mientras que en Estados Unidos se sitúa en el 4,38%, niveles similares a los del pasado verano. El temor a una mayor inflación, junto con la expectativa de subidas de tipos, está llevando a los inversores a exigir mayores rendimientos. Desde el banco suizo Julius Baer, el responsable de inversiones Yves Monzon recuerda que "para detener una guerra hacen falta dos partes" y advierte de que Estados Unidos no puede poner fin al conflicto de forma unilateral. Además, considera que cada día sin una escalada militar refuerza la posición negociadora de Irán. La entidad apunta que los recientes ataques a infraestructuras energéticas marcan un punto de inflexión y adopta una postura neutral respecto a la renta variable, con tendencia a volverse más prudente. En este contexto, recomienda aprovechar las subidas para vender en lugar de comprar en las caídas. El temor a un repunte de la inflación por el encarecimiento de la energía ha llevado a los mercados a descartar bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal este año, lo que ha impulsado al dólar. Aunque en un primer momento se contemplaron posibles subidas adicionales de tipos en Estados Unidos, estas expectativas se han moderado. En Europa, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dejó abierta la puerta a nuevas subidas de tipos si el conflicto eleva de forma sostenida la inflación en la eurozona. Según explicó, si el impacto supone una desviación significativa respecto al objetivo, podría ser necesario un ajuste de la política monetaria. Por su parte, los analistas de ING señalan que, aunque el mercado valora positivamente los intentos de Estados Unidos por alcanzar un acuerdo, la falta de avances concretos mantiene intactas las previsiones de dos o tres subidas de tipos por parte del BCE este año. Incluso para abril, estiman una probabilidad del 60% de un incremento. En este escenario, el factor determinante sigue siendo el precio del petróleo, que apenas ha variado desde principios de semana. Aunque las noticias generan cierta volatilidad, los inversores evitan reaccionar a cada rumor, conscientes de la fragilidad de la situación y del riesgo de una nueva escalada, especialmente ante la firmeza mostrada por Irán.

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(El País, 27-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La OCDE calcula que la inflación en España subirá al 3% en 2026 por la guerra en Irán

El conflicto en Irán ya está pasando factura a las previsiones económicas de España. La OCDE, en sus últimas Perspectivas Económicas Provisionales, estima que el PIB español crecerá un 2,1% en 2026, una décima menos de lo previsto en diciembre. Asimismo, revisa al alza la inflación, que alcanzaría una media del 3%, siete décimas más. De cara a 2027, el crecimiento también se reduce ligeramente hasta el 1,7%, mientras que la inflación bajaría al 2,2%, cerca del objetivo del Banco Central Europeo, aunque aún cuatro décimas por encima de la previsión anterior. Por el momento, el organismo no contempla un impacto tan severo como el provocado por la guerra de Ucrania, cuando los precios se dispararon con mayor intensidad. En comparación con otras economías europeas, España presenta una evolución más favorable: el recorte de una décima en su crecimiento para 2026 contrasta con las dos décimas que perderán países como Alemania, Francia e Italia, ninguno de los cuales superará el 1% de crecimiento. En conjunto, la zona euro crecerá un 0,8%, cuatro décimas menos de lo estimado previamente, debido principalmente al encarecimiento de la energía. Para 2027, el avance será del 1,2%, impulsado en parte por el aumento del gasto en defensa. A escala global, la OCDE mantiene sus previsiones de crecimiento en el 2,9%, con un leve descenso hasta el 3% en 2027. El mayor impacto del conflicto se concentra en la inflación: en las economías avanzadas alcanzará el 4%, 1,2 puntos más que en cálculos anteriores, y se moderará al 2,7% en 2027. Esto sugiere que el organismo considera el efecto como transitorio, aunque advierte de que un conflicto prolongado podría empeorar significativamente el escenario. De hecho, alerta de que interrupciones persistentes en las exportaciones de Oriente Próximo podrían elevar aún más los precios energéticos, agravar la escasez de materias primas y frenar el crecimiento. En este contexto, Estados Unidos resulta relativamente beneficiado, con una revisión al alza de tres décimas en su crecimiento hasta el 2%, gracias a su papel como gran exportador de petróleo y gas. Las previsiones de la OCDE dependen de que los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes comiencen a moderarse a partir de mediados de 2026, algo que todavía genera incertidumbre. Desde la última actualización, el barril de Brent ha subido alrededor de un 40% y el gas europeo de referencia (TTF) un 60%. Además, la institución advierte de posibles tensiones adicionales en el suministro, agravadas por los bajos niveles de reservas de gas en Europa. El encarecimiento energético está vinculado, en gran medida, al bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, lo que ha alterado los flujos de crudo, derivados y gas natural licuado a escala global. Ante este escenario, la OCDE señala que los bancos centrales deberán mantenerse vigilantes y no descarta ajustes en la política monetaria si aumentan las presiones inflacionistas o se deteriora el mercado laboral. En esta línea, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha asegurado que la institución está preparada para subir los tipos de interés en cualquier momento si fuera necesario. Para mitigar el impacto económico, el organismo recomienda aplicar medidas selectivas dirigidas a los hogares más vulnerables y a empresas viables, recordando que el margen fiscal es limitado y que debe preservarse la sostenibilidad de la deuda pública. Finalmente, la OCDE advierte de otros riesgos adicionales, como una posible menor rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial, que podría provocar una reevaluación del riesgo en los mercados financieros y afectar negativamente a la demanda privada, dado el creciente peso de estas compañías en la inversión global.

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(El País, 27-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El INE confirma que la economía española creció un 2,8% en 2025, el doble que la zona euro

La economía española mantuvo en 2025 un crecimiento muy superior al de la mayoría de países europeos. El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó que el PIB aumentó un 2,8%, el doble que en la zona euro, impulsado principalmente por el consumo y la inversión, que siguen siendo los motores clave de la actividad. Aunque esta cifra es inferior al 3,5% registrado en 2024, consolida a España como la economía avanzada con mayor crecimiento en los dos últimos años. El final del ejercicio fue especialmente dinámico. En el cuarto trimestre, el PIB avanzó un 0,8%, el mejor dato del año, gracias sobre todo al empuje de la demanda interna, que aportó nueve décimas, mientras que el sector exterior restó una. A lo largo del año, el ritmo fue ganando intensidad con ciertos altibajos: crecimiento del 0,5% en el primer trimestre, 0,7% en el segundo y 0,6% en el tercero. En conjunto, el buen comportamiento de la demanda nacional compensó con creces la debilidad del sector exterior, especialmente gracias al consumo de los hogares, que creció un 3,3% apoyado en la creación de más de medio millón de empleos. Según Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, este patrón contrasta con el estancamiento de otras economías europeas y responde a características propias del modelo español. Destaca el peso del consumo y de la inversión en construcción, clave también para afrontar la crisis de vivienda, frente a un sector exterior que resta crecimiento por el escaso avance de las exportaciones y el aumento de las importaciones. En este sentido, España está absorbiendo parte de las exportaciones de países como China que antes se dirigían a Estados Unidos, lo que ha contribuido a que el déficit comercial aumente más de un 40% en 2025. Pese a ello, el crecimiento registrado proporciona una base sólida para 2026. El Ministerio de Economía sitúa el punto de partida en un avance del 1,1%, con previsiones iniciales por encima del 2%. Sin embargo, la guerra en Irán ha introducido un elevado grado de incertidumbre que podría alterar estas estimaciones, especialmente por el impacto del encarecimiento energético. Las economías europeas, muy dependientes del gas y el petróleo, ya han visto revisadas a la baja sus previsiones. España podría verse parcialmente protegida gracias a su mayor peso de las energías renovables, aunque no queda al margen del aumento del precio del crudo. En cuanto al balance de 2025, destacan los buenos resultados de la inversión en bienes de equipo, que creció un 7,4%, y de la construcción, con un aumento del 5,2%, en un contexto de dificultades de acceso a la vivienda. Además, el sector exterior ha ganado diversificación: las exportaciones de servicios no turísticos -como informática, consultoría, ingeniería o telecomunicaciones- aumentaron un 11,1%, reflejando una progresiva modernización del tejido productivo. El mercado laboral también mostró una evolución positiva. La tasa de paro descendió por debajo del 10% por primera vez en 17 años, dejando de ser España el país con mayor desempleo de la Unión Europea. A ello se sumó un incremento de la productividad por hora trabajada del 0,7%. Desde la caída provocada por la pandemia en 2020, la economía española encadena cinco años de crecimiento sólido, con aumentos del PIB superiores al 2% en cada ejercicio. Antes del estallido del conflicto en Oriente Próximo, se esperaba mantener esta tendencia en 2026. A finales de abril, el INE publicará el avance del primer trimestre, que permitirá evaluar el impacto inicial de la actual crisis energética sobre la actividad.

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(El Economista, 27-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los "Bizum europeos" eligen Madrid para establecer su sede corporativa

El proyecto para crear un gran sistema europeo de pagos entra en una etapa clave tras los avances logrados en la interoperabilidad entre distintas soluciones nacionales. La sociedad que actuará como núcleo de los futuros "Bizum europeos" y liderará este desarrollo tendrá su sede en Madrid, un paso relevante que sitúa a España en una posición central dentro de una de las iniciativas más estratégicas del sector financiero en Europa y refuerza su papel en el ámbito de los pagos digitales. La elección de la capital española no es casual. Entre los sistemas nacionales existentes, Bizum lidera en número de usuarios, con más de 31 millones de clientes, lo que representa cerca de una quinta parte del total. Según explicó Fernando Rodríguez, responsable de expansión internacional de la plataforma, esta decisión supone el primer gran acuerdo entre los socios del proyecto y marca el punto de partida para su construcción conjunta. Desde Bizum señalan, no obstante, que el proceso aún está en una fase inicial y que quedan por cerrar importantes aspectos legales y acuerdos entre las partes, lo que hace prever un desarrollo largo y complejo. Aun así, destacan que España reúne condiciones favorables para albergar la sede, tanto por la madurez de su mercado como por cuestiones de eficiencia de costes. La creación de esta nueva entidad, que comenzará a operar en los próximos meses, es el resultado de un trabajo previo centrado en conectar diferentes plataformas nacionales. El origen de esta colaboración se encuentra en la alianza EuroPA, que integró inicialmente a España, Andorra, Italia y Portugal, y a la que posteriormente se sumaron sistemas de Polonia, Eslovaquia y países nórdicos. Paralelamente, otras iniciativas como Wero han ido desarrollándose en distintos países europeos. Esta primera fase permitió demostrar que es posible realizar pagos entre usuarios de diferentes redes, aunque también evidenció las limitaciones de un modelo basado en acuerdos bilaterales. Por ello, los impulsores del proyecto decidieron avanzar hacia una estructura más integrada que garantice la autonomía europea en pagos y reduzca la dependencia de grandes operadores internacionales. El objetivo ahora es construir una infraestructura común que funcione como un "puente" entre todas las plataformas, facilitando su conexión y permitiendo una interoperabilidad completa. La nueva compañía será la encargada de coordinar este desarrollo, integrar a los distintos países participantes -ya son 12 de la UE más Noruega- y asegurar una evolución coherente del sistema. Actualmente, los socios trabajan en el acuerdo que regulará la relación entre accionistas, un documento clave para definir la gobernanza, la propiedad y la toma de decisiones. Además, uno de los próximos pasos será designar al equipo directivo, especialmente al consejero delegado que liderará el proyecto y se encargará de convertir su estrategia en una realidad operativa. Esta iniciativa cuenta con un amplio respaldo del sector bancario europeo, que la considera fundamental para reducir la fragmentación del mercado y fortalecer la autonomía estratégica frente a competidores globales. En un contexto marcado por tensiones geopolíticas y rápidos cambios tecnológicos, los pagos se han convertido en un elemento clave para el posicionamiento de Europa. En cuanto a su desarrollo, el plan contempla comenzar con los servicios más sencillos, como los pagos entre particulares, y posteriormente ampliar su alcance a ámbitos más complejos como el comercio electrónico o los pagos en comercios físicos, que podrían estar plenamente operativos entre finales de 2027 y comienzos de 2028.

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(El Periódico, 27-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 3,3% en marzo, un punto por encima de la registrada en febrero

La inflación anual estimada del IPC en marzo de 2026 es del 3,3%, de acuerdo con el indicador adelantado elaborado por el INE. Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría que la tasa anual aumenta un punto, ya que en el mes de febrero esta variación fue del 2,3%. Esta evolución es debida, principalmente, a la subida de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales. También influye, aunque en menor medida, el descenso de la electricidad, menor que el del año pasado, y el aumento de los precios del gasóleo para calefacción, que bajaron en marzo de 2025. La tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se mantiene en el 2,7%. Los precios de consumo registran en marzo una tasa del 1,0% respecto al mes de febrero, según el indicador adelantado del IPC. En el mes de marzo la tasa de variación anual estimada del IPCA aumenta ocho décimas y se sitúa en el 3,3%. La tasa anual estimada de la inflación subyacente del IPCA se sitúa en el 2,8%. Por su parte, la variación mensual estimada del IPCA es del 1,5%.

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(Expansión, 26-03-2026) | Fiscal

Las multinacionales españolas elevan su tributación a niveles récord fuera de la pandemia

La carga fiscal de los principales grupos multinacionales españoles ha alcanzado niveles sin precedentes. En 2023, las 171 mayores empresas con matriz en España soportaron un tipo efectivo global del 21,7%, el más alto registrado al margen del periodo de la pandemia. Esta cifra supone un aumento de cinco puntos respecto a los niveles anteriores al Covid y de siete puntos en comparación con 2021. Así lo pone de manifiesto el informe País por país (Country by country report o CBC), publicado por la Agencia Tributaria, que analiza la situación fiscal de las mayores multinacionales del país. El estudio identifica a 171 grupos con una facturación consolidada mundial igual o superior a 750 millones de euros, que coincide con el conjunto de empresas sujetas al nuevo impuesto mínimo global del 15% acordado por más de 160 países en el marco de la OCDE. Los datos, obtenidos a partir del modelo 231 -obligatorio para grandes multinacionales desde 2016-, recogen información detallada sobre ingresos, beneficios antes de impuestos y el importe del impuesto sobre sociedades devengado y abonado en cada país donde operan sus filiales. El informe también señala un aumento del 20,4% en el número de grandes multinacionales españolas, hasta alcanzar los 171 grupos, que en total cuentan con 16.228 filiales (5.831 en España y 10.397 en el extranjero) y generan una facturación global de 1,2 billones de euros, un 4,8% más que el año anterior. En conjunto, estas compañías obtuvieron beneficios por 112.331 millones de euros (un 14,7% más) y pagaron 24.395 millones en impuestos sobre sociedades a nivel mundial, lo que supone un incremento del 23,9%. Todas las magnitudes económicas analizadas muestran una evolución al alza, especialmente en beneficios e impuestos satisfechos. Como resultado, el tipo efectivo global se sitúa en el 21,7%, por encima del 20,1% registrado en 2022 y muy superior a los niveles de años anteriores (14,4% en 2021, 16,7% en 2019, 18,3% en 2018 y 17% en 2017), aunque todavía por debajo del 24,8% alcanzado en 2020, un ejercicio atípico marcado por la pandemia. No obstante, persisten diferencias dentro del conjunto: 29 grupos multinacionales tributaron a un tipo inferior al 5%, un 37% se situó por debajo del umbral del 15% y un 34% superó el 25%, que es el tipo nominal del Impuesto de Sociedades en España.

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(Expansión, 26-03-2026) | Fiscal

Un tercio de las multinacionales españolas tributa por debajo del tipo mínimo global

Los 171 grupos empresariales sometidos al impuesto mínimo global del 15% presentan un tipo efectivo medio del 21,7% sobre sus beneficios. Sin embargo, 63 de ellos no alcanzan ese umbral y podrían verse obligados a pagar cerca de 3.500 millones de euros adicionales. En términos generales, las multinacionales españolas tributan claramente por encima del mínimo fijado a nivel internacional por la OCDE, ya en vigor en la Unión Europea y en España. Aun así, más de un tercio de los grupos afectados aporta menos de lo exigido, lo que les expone a un recargo fiscal para ajustarse a la nueva normativa. Esta información procede del informe "Country by country" correspondiente a 2023, publicado por el Ministerio de Hacienda. El documento se basa en los datos del modelo 231, vigente desde 2016 dentro del plan BEPS contra la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios. Este informe permite analizar la tributación efectiva de las grandes multinacionales -aquellas con ingresos globales iguales o superiores a 750 millones de euros- y ha resultado clave para evaluar el impacto del nuevo impuesto mínimo global. En 2023 se identificaron en España 171 grupos de este tipo, un 20,4% más que el año anterior, con un total de 16.228 filiales (5.831 en España y 10.397 en el extranjero). En conjunto, generaron una facturación mundial de 1,2 billones de euros y beneficios de 112.331 millones, con aumentos del 4,8% y 14,7%, respectivamente. Su contribución fiscal total ascendió a 24.395 millones, lo que se traduce en un tipo efectivo medio del 21,7%, el más alto registrado salvo el año excepcional de la pandemia. No obstante, este promedio oculta diferencias importantes. Un total de 63 multinacionales tributa por debajo del 15%. Estas concentran el 31% de los beneficios (34.733 millones), pero solo pagan 1.724 millones en impuestos, lo que supone un tipo efectivo del 7,1%. Para alcanzar el mínimo exigido, deberían abonar unos 3.485 millones adicionales. Dentro de este grupo hay distintos niveles de incumplimiento. Por un lado, 15 empresas, con beneficios de 3.991 millones, pagaron 553 millones, situándose ligeramente por debajo del mínimo con un 13,85%. Otras 19, con ganancias de 12.460 millones, abonaron 864 millones, lo que implica un tipo del 6,93% y más de 1.000 millones pendientes. Finalmente, 29 multinacionales con beneficios de 18.282 millones solo pagaron 307 millones, con un tipo del 1,68%, quedando a casi 2.500 millones del umbral exigido. Pese a todo, en conjunto se observa una mejora respecto a 2022, cuando el tipo medio era del 20,1% y la mitad de los grupos no alcanzaba el mínimo del 15%. Ese año también se identificaron empresas con niveles superiores: 32 grupos entre el 15% y el 20%, 24 entre el 20% y el 25%, y 52 por encima del 25%. Cabe recordar que en España el tipo nominal del Impuesto de Sociedades es del 25% (30% para banca y petroleras, y 23% para pymes), aunque las empresas pueden reducir su carga mediante deducciones y beneficios fiscales, mientras que otros países parten de tipos nominales más bajos. El objetivo del acuerdo de la OCDE es evitar que las multinacionales reduzcan su tributación trasladando su sede a jurisdicciones con menor carga fiscal. No obstante, la aplicación inicial del impuesto incluye mecanismos de simplificación que, en la práctica, aliviarán a muchas empresas en los primeros años.

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(La Razón, 26-03-2026) | Fiscal

El Gobierno cede y eximirá de declarar el IVA a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros

La situación de minoría parlamentaria del Gobierno de coalición ha terminado forzando a Pedro Sánchez a dar el paso de trasponer la directiva europea que permitiría a los autónomos quedar exentos de declarar y abonar el IVA cuando su facturación anual no supere los 85.000 euros. Esta norma comunitaria, cuya aplicación debía haberse producido el 1 de enero de 2025, introduce el denominado IVA franquiciado, un sistema pensado para aliviar cargas administrativas y mejorar la liquidez de pequeños negocios y profesionales con menor volumen de ingresos. La medida había sido objeto de negociación durante meses entre las asociaciones de autónomos y el Ministerio de Hacienda, pero el Ejecutivo no llegó a implementarla pese a las advertencias de Bruselas. Ahora, en el contexto de la aprobación del plan anticrisis derivado del conflicto con Irán, el Gobierno se ha visto obligado a asumir esta exigencia de Junts para asegurar su respaldo al decreto del llamado escudo social. Aunque Junts ha capitalizado políticamente este avance, lo cierto es que el Congreso ya había dado luz verde en octubre a una iniciativa del Partido Popular en el mismo sentido, aprobando una moción que proponía eliminar el IVA para autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros. Sin embargo, el Ejecutivo no desarrolló dicha medida, pese a que la Comisión Europea ya había iniciado acciones contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber incorporado la directiva en plazo. En este escenario, el apoyo de Junts al decreto vinculado a la crisis internacional se produce a cambio de una medida que ya había sido previamente avalada por la Cámara. Desde el colectivo de autónomos, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha señalado con tono crítico que "ha tenido que producirse una guerra" para que finalmente se adopte esta decisión. El plazo para su aplicación expiró a comienzos de 2025 y, ante la inacción, la organización llegó a denunciar al Gobierno ante las instituciones europeas. Ahora, la transposición de la directiva se ha convertido en condición para respaldar el decreto anticrisis, una medida largamente reclamada por el sector. ATA estima que la implantación del IVA franquiciado podría suponer un ahorro de hasta 600 euros por autónomo en costes administrativos y gestión. Por su parte, UPTA destaca que más de un millón de autónomos en España podrían acogerse a este régimen simplificado, lo que representaría un alivio significativo en términos burocráticos para quienes tienen menor volumen de facturación. La organización subraya que esta reforma forma parte de las reivindicaciones históricas del colectivo, orientadas a lograr un sistema fiscal más sencillo, estable y ajustado a la realidad del trabajo autónomo. En este sentido, consideran que el IVA franquiciado no es una medida accesoria, sino una necesidad para miles de pequeños negocios, y critican que el Ministerio de Hacienda no la hubiera puesto en marcha en su momento, pese a haber sido previamente consensuada con las organizaciones representativas.

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(El Economista, 26-03-2026) | Fiscal

Hacienda dejará de recaudar hasta 650 millones por suprimir el IVA a los autónomos

La aplicación de una exención del IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros implicaría una merma en la recaudación pública de entre 625 y 650 millones de euros, según un informe del Gabinete de Estudios de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Este cálculo parte de la previsión de que alrededor de 770.000 profesionales podrían acogerse a esta medida, es decir, aquellos que cumplen dos condiciones: no superar los 85.000 euros de ingresos y no tener un nivel elevado de IVA soportado que les resulte más beneficioso seguir en el régimen general. En los casos en los que los autónomos soportan un IVA elevado al adquirir bienes o servicios necesarios para su actividad, no les convendría optar por esta exención, ya que perderían la posibilidad de deducir ese impuesto. El objetivo principal de la medida es simplificar las obligaciones administrativas, permitiendo que estos profesionales no tengan que incluir el IVA en sus facturas ni presentar declaraciones trimestrales ante Hacienda. Según ATA, el ahorro medio por autónomo que se adhiera a este sistema sería de unos 660 euros anuales. Esta cifra se explica, por un lado, por la eliminación de las obligaciones formales relacionadas con el impuesto, lo que supondría un ahorro de unos 25 euros al mes, es decir, 300 euros al año. Por otro lado, también se tiene en cuenta el tiempo dedicado a estas gestiones. Se estima que un autónomo invierte unas dos horas al mes en tareas administrativas vinculadas al IVA -como recopilar facturas o enviarlas a la gestoría-, lo que equivale a unas 24 horas al año. Valorando ese tiempo en 15 euros por hora, el ahorro adicional alcanzaría los 360 euros.

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(El Economista, 26-03-2026) | Fiscal

Madrid aprueba una nueva normativa que protegerá a las empresas familiares

El Consejo de Gobierno celebrado este miércoles de manera extraordinaria en Morata de Tajuña ha aprobado el proyecto de Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, que introduce nuevas ventajas fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y flexibiliza los requisitos para favorecer el relevo generacional y asegurar la continuidad de estos negocios. Tal y como anunció la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el texto se enviará ahora a la Asamblea de Madrid para comenzar su tramitación. Se espera que quede definitivamente aprobado a mediados de año y que entre en vigor el primer día del mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. En términos generales, la futura ley amplía los beneficios fiscales existentes y elimina algunas condiciones que dificultaban el acceso, con el objetivo de facilitar la transmisión de empresas familiares. La principal medida consiste en elevar del 95% al 99% la reducción en la base imponible en casos de herencias o donaciones de empresas individuales, negocios profesionales o participaciones sociales, siempre que el beneficiario mantenga la actividad y los bienes durante al menos cinco años. Además, se amplía el número de familiares que pueden acogerse a estas ventajas. A los descendientes y cónyuges se suman ahora ascendientes, familiares hasta el tercer grado (como hermanos, tíos y sobrinos) e incluso primos, que pertenecen al cuarto grado de parentesco. La norma también contempla a determinados trabajadores con una vinculación relevante con la empresa, siempre que acrediten una antigüedad mínima de diez años y hayan desempeñado funciones directivas durante al menos los últimos cuatro. Por último, el proyecto simplifica las condiciones de acceso, eliminando requisitos como que el donante tenga más de 65 años o que la actividad empresarial constituya su principal fuente de ingresos.

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