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(Expansión, 07-09-2026) | Laboral

La banca busca jóvenes con FP para puestos tecnológicos

Los bancos están renovando sus equipos y acelerando la incorporación de profesionales con conocimientos muy específicos. La demanda se concentra especialmente en especialistas en inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube y ciberseguridad. La competencia por estos perfiles es intensa, ya que las entidades financieras tienen que rivalizar con las grandes empresas tecnológicas para atraer a matemáticos, físicos e ingenieros con alta cualificación. Al mismo tiempo, están ampliando sus oportunidades para jóvenes que acaban de completar ciclos superiores de Formación Profesional (FP), especialmente para cubrir puestos tecnológicos de carácter más técnico. La llegada de la inteligencia artificial generativa está provocando una profunda transformación en el sector financiero. Estas herramientas permiten automatizar numerosas tareas de menor complejidad y, al mismo tiempo, incrementar de forma significativa la productividad de los empleados. Aunque los científicos de datos siguen siendo profesionales muy demandados y con salarios elevados, no todas las funciones tecnológicas requieren este nivel de especialización. Muchas de ellas pueden ser desarrolladas por titulados de FP superior, un colectivo al que las entidades están dando cada vez más espacio tanto en las oficinas como en áreas de servicios corporativos. Entre las titulaciones más buscadas figuran Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Desarrollo de Aplicaciones Web y Administración de Sistemas Informáticos en Red. La Formación Profesional también se está convirtiendo en una vía de acceso a la banca para desempeñar tareas relacionadas con la administración, las ventas, el marketing o la publicidad. En general, estos perfiles pueden ocupar buena parte de los puestos que no implican asesoramiento directo sobre productos de inversión. En este último ámbito, la regulación Mifid II establece requisitos mucho más estrictos y exige contar con certificaciones que acrediten los conocimientos necesarios, expedidas por universidades o centros especializados. CaixaBank puso en marcha hace dos años un programa de prácticas dirigido a estudiantes de FP en Cataluña y recientemente lo ha extendido a Madrid y Andalucía. Los participantes deben completar una formación obligatoria que incluye una introducción al funcionamiento del negocio bancario. En las sucursales, los directores y subdirectores son los encargados de supervisar y acompañar a los estudiantes durante su periodo de prácticas. Una vez finalizada esta etapa, cuando se producen vacantes, la entidad analiza la posibilidad de incorporar a los estudiantes en función de su rendimiento y de las necesidades del negocio. Además, CaixaBank mantiene actualmente abierto un programa destinado a incorporar a 3.000 jóvenes menores de 35 años con perfiles técnicos. En el ámbito exclusivamente tecnológico, CaixaBank ha creado recientemente una titulación propia de FP junto a un centro vinculado a la Universidad Alfonso X el Sabio. El programa tiene una duración de dos años y está especializado en el desarrollo de aplicaciones multiplataforma aplicadas al sector financiero. La formación se distribuye entre las aulas y las instalaciones de CaixaBank Tech, la filial tecnológica del grupo. Al terminar los estudios, los alumnos pueden acceder a prácticas en la entidad. BBVA también está apostando por esta vía de formación. El banco puso en marcha el año pasado, en colaboración con el Instituto de Educación Secundaria Francisco Tomás y Valiente, el primer Grado Superior de FP Dual en Administración y Finanzas especializado en el sector bancario de la Comunidad de Madrid. Durante el segundo curso, los estudiantes con mejores resultados tienen la posibilidad de conseguir una beca remunerada para formarse en la red de oficinas de la entidad. La banca española podría llegar a perder entre 25.000 y 40.000 puestos de trabajo durante la próxima década en el escenario más desfavorable como consecuencia del avance de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, la transformación tecnológica también generará nuevas oportunidades laborales y podría impulsar la contratación de alrededor de 15.000 profesionales con perfiles adaptados a las nuevas necesidades del sector. Estas son las previsiones de Funcas, el servicio de estudios vinculado a las antiguas cajas de ahorro. Aunque ningún directivo de la banca española ha cuantificado públicamente hasta ahora el impacto que tendrá la inteligencia artificial sobre el empleo, las entidades reconocen que se encuentran ante una transformación profunda de un negocio especialmente dependiente de los datos y de los procesos automatizados. El efecto ya comienza a apreciarse en algunos grandes grupos internacionales. Santander ha reducido su plantilla mundial en más de 11.000 trabajadores durante el último año, cerca de un 6%, hasta situarla en 185.250 empleados.

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(La Vanguardia, 07-09-2026) | Laboral

El Gobierno aprobará el martes el real decreto de transparencia en las relaciones laborales

El Ministerio de Trabajo llevará el próximo martes al Consejo de Ministros un nuevo real decreto que amplía las obligaciones de información que las empresas deberán proporcionar por escrito a sus trabajadores sobre las condiciones de su relación laboral. La nueva regulación sustituirá y ampliará los supuestos contemplados en el actual Real Decreto 1659/1998 e incorporará las exigencias establecidas por la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, cuya transposición estaba pendiente desde 2019. Además, el equipo dirigido por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, introduce nuevas obligaciones, especialmente relacionadas con el control de los períodos de prueba. Desde el Ministerio consideran que la norma supondrá una herramienta relevante para reforzar la información de la que disponen los trabajadores y facilitar así el ejercicio de sus derechos. Entre las principales novedades figura la obligación de detallar por escrito todos los elementos que componen la remuneración. El contrato no podrá limitarse a recoger el salario base, sino que deberá identificar de manera individualizada los distintos complementos, las dietas y cualquier otro concepto que tenga incidencia sobre la retribución. También tendrá que explicarse cómo pueden influir los algoritmos empleados por la empresa en el cálculo de la remuneración final del trabajador. La información contractual deberá incluir asimismo datos relativos a la mutua encargada de prestar determinados servicios, los reconocimientos de salud y las medidas específicas dirigidas al colectivo LGTBI que sean de aplicación. La regulación también endurece las exigencias sobre la jornada laboral. Esta deberá quedar especificada con precisión y, cuando la naturaleza irregular del trabajo impida establecerla de forma exacta, la empresa tendrá que fijar por escrito criterios que permitan prever su distribución. En concreto, deberán establecerse las referencias utilizadas para calcular las horas de trabajo diarias, semanales y mensuales. Además, tendrán que quedar recogidas las posibles modificaciones sustanciales de la jornada y las circunstancias relacionadas con el tiempo destinado a cuidados, conciliación y corresponsabilidad. El período de prueba será otro de los aspectos sometidos a un mayor nivel de detalle. Las empresas deberán indicar expresamente su duración y, cuando esta supere los seis meses establecidos con carácter general por la legislación, tendrán que señalar el apartado concreto del convenio colectivo de empresa que permite ampliar ese plazo. El contrato deberá especificar igualmente cuáles son las tareas y pruebas que debe superar el trabajador durante este período. De esta manera, deberán quedar identificadas las condiciones cuyo incumplimiento podría justificar la finalización de la relación laboral durante la fase de prueba.

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(Cinco Días, 07-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las energéticas dispararán su beneficio en 2026 gracias a los precios récord en gas y petróleo

Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Moeve, antigua Cepsa, sumaron en 2023 un beneficio neto conjunto de 10.466 millones de euros. Ese año, el Gobierno decidió aplicar a estas compañías un gravamen extraordinario al considerar que estaban obteniendo ganancias adicionales como consecuencia de los elevados precios energéticos provocados por la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, en los seis primeros meses de 2026, las cinco grandes energéticas ya acumularon 9.863 millones de euros de beneficio, una cifra prácticamente equivalente a la registrada en todo 2023 pero conseguida en apenas la mitad de tiempo. Las previsiones de analistas y expertos apuntan, además, a que los resultados podrían mejorar durante la segunda parte del ejercicio, después de los máximos alcanzados durante el verano por los precios de la electricidad, el gas y los carburantes. Tampoco se espera una relajación significativa de los mercados energéticos en los próximos meses, en un contexto marcado por la incertidumbre derivada de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero. Las propias compañías mantienen sus objetivos para el conjunto del año y algunas incluso anticipan una evolución más favorable de la prevista inicialmente. De cumplirse estas expectativas, las principales energéticas del Ibex-35 podrían cerrar 2026 con un beneficio histórico cercano a los 20.000 millones de euros. Esta cifra supondría más del doble de las ganancias obtenidas tres años antes y más de un 50% por encima de las registradas en 2025, cuando la situación en Oriente Próximo era mucho más estable. Este escenario ha reactivado las peticiones para establecer un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. Quienes defienden esta medida consideran que una parte importante de estas ganancias está relacionada con el impacto de la guerra en Oriente Próximo, al que se suma la destrucción de infraestructuras energéticas en Rusia, que también está contribuyendo a mantener la presión sobre los precios. Las voces favorables a elevar la fiscalidad sobre el sector han aumentado en las últimas semanas. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, planteó recientemente la posibilidad de incrementar la fiscalidad sobre los combustibles para contribuir a financiar las inversiones necesarias para afrontar la emergencia climática. Ribera cuestionó la diferencia entre los elevados beneficios privados obtenidos por las petroleras y el coste que el cambio climático genera para el conjunto de la sociedad, y defendió abrir un debate sobre una posible fiscalidad global o europea sobre el petróleo. En una línea similar se pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien calificó de irresponsable mantener el consumo de combustibles fósiles ante la emergencia climática. El jefe del Ejecutivo también advirtió de que la dependencia energética supone una debilidad para los países. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido todavía más explícito al reclamar que las empresas que están obteniendo mayores beneficios como consecuencia de la crisis contribuyan también a aliviar sus efectos. A finales de agosto, España, Alemania, Italia, Austria y Polonia volvieron a reclamar a la Unión Europea la creación de un impuesto extraordinario sobre los beneficios obtenidos por las petroleras como consecuencia del conflicto en Oriente Próximo. Esta petición se suma a otra iniciativa planteada en abril por Cuerpo junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal para establecer un tributo coordinado a escala europea. Los ministros sostienen que las petroleras están registrando una elevada rentabilidad y que sus márgenes en los productos refinados han aumentado incluso por encima de la subida del precio del crudo. El objetivo de la propuesta es establecer un mecanismo común que permita que las empresas beneficiadas por la crisis contribuyan a reducir el impacto económico que soportan los ciudadanos y las Administraciones públicas. La presión también llega desde los partidos que forman parte del espacio de la izquierda. Sumar y Podemos han reclamado medidas para limitar el precio de los carburantes y establecer un impuesto sobre los beneficios de las compañías energéticas, a las que acusan de beneficiarse del repunte de la inflación y, especialmente, del encarecimiento del petróleo. Podemos plantea además controles sobre determinados precios de los alimentos. Tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el Ejecutivo aprobó un Real Decreto-ley para hacer frente al impacto económico del conflicto y posteriormente prorrogó parte de sus medidas en junio. Entre ellas se incluyeron diferentes ayudas y rebajas fiscales sobre los consumos energéticos. La reducción fiscal aplicada a los carburantes continúa vigente en septiembre, aunque se ha ido reduciendo progresivamente durante los últimos meses. Pese a estas actuaciones, los precios no han dejado de aumentar y la inflación alcanzó en agosto el 4,3%, su nivel más elevado de los últimos tres años. El paquete de medidas aprobado por el Gobierno expira este mes. Cualquier prórroga de las rebajas o la aprobación de nuevas actuaciones, entre ellas un eventual impuesto adicional a las energéticas, necesitaría el respaldo del Congreso de los Diputados, algo que no se presenta sencillo para el Ejecutivo. La creación de nuevos impuestos sobre las grandes empresas se ha convertido en uno de los asuntos más complejos para el Gobierno en los últimos años. Algunos de sus socios parlamentarios, entre ellos el PNV y Junts, se han mostrado contrarios a establecer cargas adicionales sobre las grandes compañías energéticas. En el caso del País Vasco, empresas como Iberdrola y Repsol tienen además una especial relevancia económica. El Ejecutivo ya intentó prolongar el gravamen extraordinario sobre las energéticas en 2025, pero la iniciativa no consiguió salir adelante en el Parlamento. El enfrentamiento llegó incluso al ámbito empresarial: durante el Foro de Davos de enero de 2025, Sánchez mantuvo un encuentro con representantes de grandes compañías del Ibex y llegó a bromear con el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, sobre la votación parlamentaria que había impedido prorrogar el impuesto. Las compañías afectadas no cuestionan los elevados beneficios que están obteniendo actualmente, pero recuerdan que estos resultados deben analizarse dentro de una perspectiva más amplia. Desde una de ellas señalan que el Gobierno probablemente intentará impulsar nuevos impuestos, aunque también destacan las fuertes inversiones realizadas durante años y las pérdidas registradas en otros ejercicios. La capacidad del Ejecutivo para aprobar una nueva fiscalidad sobre el sector dependerá, por tanto, de su margen parlamentario. El escenario será especialmente complicado en un año previo a las elecciones, marcado por una inflación elevada, la evolución de los precios energéticos y las decisiones que pueda adoptar la Administración de Donald Trump, mientras aumenta la preocupación de los hogares por el encarecimiento de los productos y servicios básicos.

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(Cinco Días, 07-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La morosidad bancaria de las empresas toca mínimos, pero el 60% sufre el golpe de los impagos de sus clientes

La morosidad bancaria en España se encuentra en niveles mínimos desde 2008, una evolución que también se refleja en el ámbito empresarial. Los créditos dudosos de las compañías han disminuido un 22,7% desde 2023 y representan ya el 3,14% del volumen total de financiación concedida, según los datos del Banco de España. Sin embargo, esta mejora no se traslada por completo a las relaciones comerciales entre empresas. Un informe elaborado por Gestión de Riesgo de Crédito y Caución e Iberinform, publicado a finales de julio, señala que seis de cada diez compañías españolas se ven perjudicadas por la morosidad. Para el 48%, el problema supone una reducción de ingresos, mientras que un 23% afronta un aumento de los costes financieros y un 8,1% considera que la situación puede llegar a comprometer la continuidad de su negocio. Antes de que se produzca un impago, el principal problema es el retraso en los cobros. Las administraciones públicas, que por ley deberían abonar sus facturas en un máximo de 30 días, tardaron una media de 70 días en pagar durante el pasado año, según el último informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), publicado en abril. Es el plazo más elevado desde 2020. En el caso de las empresas privadas, el periodo medio de pago alcanzó los 67 días, tres más que el año anterior y por encima de los 60 días establecidos legalmente. Además, un 26% de las compañías percibió durante el último año un alargamiento de los plazos. Aun así, la PMcM destaca que el porcentaje de facturas que finalmente quedaron impagadas se redujo del 5,2% al 3,3% en 2025. Las diferencias entre empresas según su tamaño también se reflejan en su capacidad para fijar las condiciones de pago. Según el estudio de Crédito y Caución e Iberinform, solo el 14% de los autónomos consigue establecer sus propios plazos, frente al 36% de las pequeñas y medianas empresas y el 46% de las grandes compañías. Estas últimas, además, presentan un comportamiento especialmente desfavorable en materia de pagos: de acuerdo con los datos de la PMcM publicados en abril, apenas el 15% cumple con los plazos establecidos por la legislación. La aparente contradicción entre una caída de los impagos y el aumento de los periodos de cobro tiene una explicación relacionada con la gestión de la liquidez. Francisco Rodríguez, director de estudios financieros de Funcas, señala que cuando una empresa atraviesa dificultades de tesorería suele priorizar el cumplimiento de sus obligaciones con los bancos, ya que necesita mantener abiertas sus vías de financiación. El retraso se traslada después a los proveedores, que terminan convirtiéndose de facto en financiadores involuntarios del circulante. Rodríguez descarta, sin embargo, que esta situación responda a un descenso generalizado de las ventas y recuerda que la encuesta SAFE sobre acceso a la financiación refleja una economía empresarial resistente. La presión se concentra especialmente en los costes. Entre ellos destacan los laborales y las cotizaciones sociales, además del gasto energético en determinados sectores. A esto se suma que, aunque los tipos de interés hayan comenzado a descender, muchas compañías han tenido que refinanciar su deuda durante los últimos años a tipos superiores a los que soportaban antes del endurecimiento monetario. De esta forma, una empresa puede aumentar sus ventas y, al mismo tiempo, encontrarse con problemas de liquidez si sus costes crecen a mayor velocidad o si sus márgenes se reducen. El sector de la construcción es uno de los que soporta con mayor intensidad esta situación. Según un informe de Equifax publicado en junio, concentra el 16,1% de las empresas españolas que se encuentran en concurso de acreedores, solo por detrás del comercio. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) advierte de que el incremento de los precios de los materiales y de la energía, especialmente condicionado por la crisis en Oriente Próximo, está agravando las dificultades del sector. La patronal reclama recuperar un mecanismo de revisión de precios en los contratos de obra pública, eliminado por el Gobierno en 2015. Sin esta posibilidad, un aumento de los costes de materiales o energía no modifica el importe acordado inicialmente, lo que reduce directamente el margen de los contratistas. El presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, explica que esta presión acaba trasladándose a lo largo de toda la cadena de proveedores. Las empresas priorizan el pago a las entidades financieras porque necesitan mantener su acceso al crédito, mientras que los retrasos terminan afectando a subcontratistas y proveedores. Fernández Alén asegura que algunas compañías están optando incluso por ralentizar de forma discreta la ejecución de sus obras a la espera de que los precios se moderen. La CNC solicitó formalmente a finales de julio al Ministerio de Hacienda que restablezca el mecanismo de revisión de precios y espera recibir una respuesta durante septiembre. Para Funcas, no obstante, todavía no existen motivos suficientes para hablar de una situación de alarma. El alargamiento de los plazos de pago no implica necesariamente que vaya a producirse un repunte de los impagos, aunque sí constituye una señal que debe vigilarse. La situación adquiriría una dimensión diferente si en los próximos meses los retrasos coincidieran con un deterioro de los márgenes empresariales, un aumento de los concursos de acreedores, un endurecimiento del acceso al crédito y un repunte de los préstamos dudosos. La cuestión fundamental será determinar si se trata únicamente de un problema de circulante derivado del aumento de los costes y de los plazos de cobro o si, por el contrario, supone el inicio de un deterioro financiero más profundo.

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(Expansión, 07-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las exportaciones agroalimentarias españolas a Estados Unidos cayeron un 10% en 2025 por los aranceles

Las exportaciones españolas de productos agroalimentarios y pesqueros hacia Estados Unidos cayeron un 10% en 2025, hasta situarse en 3.256 millones de euros, de acuerdo con los datos del Informe Anual de Comercio Exterior Agroalimentario y Pesquero 2025 elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El retroceso se produjo en un contexto marcado por las tensiones comerciales y las dificultades derivadas de la política arancelaria impulsada por la Administración de Donald Trump. A comienzos de año, además, los importadores realizaron operaciones de acopio de mercancías ante la incertidumbre sobre la evolución de los aranceles, pero este movimiento no evitó el descenso de las ventas españolas al mercado estadounidense. Pese a esta caída, Estados Unidos continuó siendo en 2025 el segundo mayor destino de los productos agroalimentarios españoles fuera de la Unión Europea, solo por detrás de Reino Unido. Las exportaciones al mercado británico alcanzaron los 5.241 millones de euros, aunque también registraron un ligero descenso, cercano al 1%. La evolución del comercio estuvo condicionada por el giro de la política comercial estadounidense tras la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Washington estableció en abril de 2025 un arancel general del 10% y, posteriormente, Estados Unidos y la Unión Europea acordaron a finales de julio un tipo máximo general del 15%, que comenzó a aplicarse a mediados de agosto, con algunas excepciones para determinados productos considerados estratégicos. Este endurecimiento de las condiciones comerciales elevó el arancel medio aplicado por Estados Unidos a las importaciones agrícolas procedentes de todo el mundo desde menos del 4% hasta superar el 16%, el nivel más alto desde 1930. A pesar del descenso global de las exportaciones, algunos productos españoles mantienen una posición destacada en Estados Unidos. Es el caso del aceite de oliva, del que el mercado estadounidense fue en 2025 el segundo mayor comprador mundial de producto español, con adquisiciones por valor de 970,55 millones de euros, solo por detrás de Italia. Las bebidas también tienen una importante presencia en el mercado estadounidense, que se situó como el quinto destino mundial y el segundo fuera de la Unión Europea. El vino concentra buena parte de estas ventas, con exportaciones por 374,71 millones de euros. Las conservas vegetales ocuparon asimismo una posición destacada entre los productos más vendidos, especialmente las elaboradas a partir de legumbres y hortalizas. En sentido contrario, las importaciones españolas de productos agroalimentarios procedentes de Estados Unidos aumentaron un 24% durante 2025, hasta alcanzar los 2.568 millones de euros. Entre las principales compras destacaron el maíz, por un valor de 772,58 millones de euros, y la soja, con 504,97 millones. El incremento de las compras a Estados Unidos, unido a la reducción de las exportaciones españolas hacia ese país, provocó una notable reducción del superávit comercial agroalimentario de España con el mercado estadounidense.

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(Expansión, 04-09-2026) | Fiscal

Madrid planta a Hacienda y no acudirá a la votación de la reforma de la financiación autonómica

La Comunidad de Madrid ha decidido no participar mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que está previsto someter a votación el nuevo modelo de financiación autonómica. El Gobierno regional también ha instado al resto de comunidades gobernadas por el PP a adoptar la misma posición, con el objetivo de impedir que se alcance el quórum necesario para celebrar la reunión. La decisión se ha comunicado después de la reunión técnica celebrada previamente para analizar la propuesta de reforma. Desde el Ejecutivo madrileño califican el encuentro de "frustrante" y aseguran que las comunidades plantearon distintas alternativas, incluida la petición de retrasar un mes la votación para intentar acercar posiciones, pero que el Ministerio de Hacienda rechazó todas ellas. Según la Comunidad de Madrid, el nuevo sistema ha sido acordado "de manera bilateral" entre los Gobiernos de España y Cataluña, sin contar con el resto de territorios. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso considera que la ausencia de todas las autonomías gobernadas por el PP sería la única vía para impedir que la reforma salga adelante en el CPFF y denuncia que el modelo supone una ruptura de la igualdad entre los ciudadanos de las distintas comunidades. El Ministerio de Hacienda, por su parte, ha respondido acusando al Gobierno madrileño de "gamberrismo institucional" y ha defendido su disposición a dialogar con todos los territorios y grupos parlamentarios. Hacienda recuerda además que la decisión definitiva sobre el modelo de financiación corresponde al Congreso de los Diputados y sostiene que todas las comunidades de régimen común habían confirmado inicialmente su asistencia al Consejo. Desde el departamento que dirige Arcadi España aseguran también que la reunión técnica se desarrolló con normalidad y que ninguna autonomía había comunicado previamente su intención de no acudir. Por su parte, El portavoz del Consell valenciano, Miguel Barrachina, ha asegurado que la Comunidad Valenciana volverá a decir que 'no' mañana viernes al nuevo modelo de financiación propuesto por el ejecutivo central en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) después de que haya rechazado su propuesta. "No ha logrado complacer más que a una comunidad autónoma", ha manifestado. En estos términos se ha expresado Barrachina, a preguntas de los medios, durante la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, recogida por Europa Press, donde ha sostenido que el ejecutivo valenciano ha llevado a cabo "una serie de alegaciones" que han sido rechazadas y, por lo tanto, ha reafirmado la negativa del Consell a la propuesta del Gobierno.

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(El Economista, 04-09-2026) | Fiscal

Hacienda solo tiene apoyo para aprobar la quita de deuda

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se reúne este viernes, después de que la cita prevista para julio fuera aplazada, con el objetivo de avanzar en la aprobación de la reforma del sistema de financiación autonómica. La amenaza de que no haya quórum sigue presente tras la ausencia de la Comunidad de Madrid, aunque respecto al último encuentro del organismo, celebrado en enero para abordar esta cuestión, sí habrá una novedad: Canarias ha decidido apoyar la propuesta después de que el Gobierno se comprometiera a cumplir la denominada Agenda Canaria. El nuevo modelo, diseñado cuando María Jesús Montero estaba al frente del Ministerio de Hacienda y que incorpora algunas de las demandas de ERC, cuenta con el rechazo de las comunidades gobernadas por el PP, además de Castilla-La Mancha y Asturias. En total, 13 autonomías consideran que la reforma beneficia especialmente a Cataluña y mantiene las actuales diferencias en la financiación territorial. Uno de los principales puntos de conflicto es el principio de ordinalidad, reclamado por Cataluña y que plantea garantizar una posición relativa en recursos a las comunidades que más aportan. El resto de territorios, incluidas Madrid y Baleares pese a que podrían resultar beneficiadas por este criterio, entiende que su aplicación incrementaría las desigualdades. También genera rechazo la ausencia de un fondo de nivelación que garantice una financiación similar por habitante ajustado. En los últimos días, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha reclamado incluso al Ejecutivo que no participe en la votación, al considerar que debe corresponder a las propias comunidades decidir sobre el futuro del sistema. Sin embargo, el principal obstáculo para que la reforma prospere no se encuentra tanto en la oposición de la mayoría de las autonomías como en la posición de Junts. Una vez que el CPFF dé su visto bueno, el Consejo de Ministros deberá aprobar el correspondiente anteproyecto de ley, que posteriormente tendrá que superar su tramitación parlamentaria. En esta fase, las posibilidades de que salga adelante son reducidas, ya que el respaldo de Junts resulta determinante y, por ahora, la formación de Carles Puigdemont no apoya el modelo. Junts rechaza una reforma negociada con ERC que no contempla ni dejar de aplicar en Cataluña la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) ni establecer para esta comunidad un concierto económico similar al existente en el régimen foral. Hasta ahora, el Gobierno solo ha logrado sacar adelante otro proyecto de ley relacionado con la financiación autonómica: el relativo a la condonación de parte de la deuda de las comunidades con el Estado. La iniciativa contempla que la Administración central asuma 83.252 millones de euros de deuda autonómica, con un impacto especialmente relevante en las regiones con mayores niveles de endeudamiento, como Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la medida solo cuenta con el respaldo de Cataluña, mientras que el resto de comunidades rechaza la quita. El PP sostiene que la operación trasladará al conjunto de los españoles el coste de las deudas acumuladas por las autonomías y permitirá mutualizar desequilibrios que, a su juicio, no deberían asumir otros territorios. Pese a ello, los siete diputados de Junts permitieron que el proyecto superara el Pleno del Congreso celebrado en julio. La propia condonación de deuda, no obstante, también afronta un futuro incierto. La iniciativa se encuentra actualmente en la fase de presentación de enmiendas parciales en la Comisión de Hacienda del Congreso. A la habitual lentitud en la tramitación parlamentaria de esta legislatura, que mantiene alrededor de 70 proyectos de ley bloqueados en distintas comisiones, se suman ahora las exigencias de ERC y Junts. Ambas formaciones han advertido al Gobierno de que podrían retirar su apoyo si no se incrementa la cantidad de deuda condonada a Cataluña, fijada actualmente en 17.104 millones de euros. El texto fue elaborado hace más de un año y desde entonces el endeudamiento de la Generalitat ha seguido aumentando. Las negociaciones sobre estas modificaciones se han convertido así en otro de los principales frentes de la legislatura para el Ejecutivo.

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(El Economista, 04-09-2026) | Fiscal

Hacienda exime de IVA las propinas y donativos a streamers y creadores de contenido

Las propinas y aportaciones voluntarias que los seguidores realizan a través de plataformas digitales no están sujetas al IVA. Así lo establece la Dirección General de Tributos en su consulta vinculante V5110-26, de 3 de julio de 2026. Hacienda explica que para que una prestación de servicios quede sometida al IVA debe existir una contraprestación económica. Esta condición no se cumple en el caso de las propinas, ya que se trata de aportaciones voluntarias y gratuitas. Tampoco cambia esta consideración el hecho de que la plataforma cobre al creador una comisión del 5% por gestionar el pago antes de transferir el importe recibido. El criterio de Tributos se apoya en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), especialmente en la sentencia dictada el 3 de marzo de 1994 en el asunto Tolsma (C-16/93). Según esta jurisprudencia, para que un servicio pueda considerarse realizado a título oneroso deben concurrir dos elementos: una relación jurídica entre quien presta el servicio y su destinatario en la que existan prestaciones recíprocas y que el importe recibido constituya la contraprestación efectiva por el servicio ofrecido. Por tanto, las propinas o donativos de los seguidores quedan fuera del ámbito del IVA y no se integran en la base imponible cuando reúnen determinadas características: deben ser voluntarios y unilaterales, no estar sujetos a una cantidad predeterminada, no existir un acuerdo que establezca una contraprestación y responder a razones subjetivas, como la simpatía, el apoyo o el agradecimiento hacia el creador. Tributos destaca que no existe una relación directa y obligatoria entre la cantidad aportada y el acceso o consumo del contenido. Hay usuarios que pueden visualizar el contenido sin realizar ningún pago, mientras que otros pueden entregar cantidades elevadas por iniciativa propia sin esperar recibir un servicio adicional a cambio. Para ilustrar este criterio, Hacienda recurre al ejemplo utilizado por el TJUE de los músicos que actúan en espacios públicos y reciben donativos de los espectadores. Estas cantidades no pueden considerarse la contraprestación por un servicio, porque no existe un acuerdo previo entre el músico y quienes realizan la aportación ni un importe fijado de antemano. Además, tampoco existe una correspondencia necesaria entre la actuación y el dinero recibido. Los transeúntes no han solicitado que el músico interprete determinadas canciones para ellos ni pagan en función del servicio recibido. La decisión de entregar dinero responde a factores personales, como la simpatía o el grado de satisfacción que les produzca la actuación. De hecho, algunas personas pueden realizar una aportación elevada sin detenerse apenas, mientras que otras pueden permanecer escuchando durante un tiempo sin entregar ninguna cantidad. La Dirección General de Tributos también recuerda el criterio establecido en su consulta vinculante V2604-10, de 1 de diciembre de 2010, en la que analizó el tratamiento fiscal de los donativos realizados por peregrinos a cambio del alojamiento en albergues.

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(La Vanguardia, 04-09-2026) | Fiscal

Las grandes fortunas de Madrid elevan su riqueza y las de Cataluña se estancan

Las grandes fortunas de Madrid continúan incrementando su patrimonio y ampliando la brecha respecto a otros territorios, especialmente frente a Catalunya. El patrimonio medio declarado por quienes tributan por el impuesto de Patrimonio en la Comunidad de Madrid ya es cuatro veces superior al registrado en territorio catalán. Una diferencia que se explica, en buena medida, por el tratamiento fiscal favorable que Madrid aplica a los contribuyentes con mayores niveles de riqueza. El mapa del impuesto de Patrimonio actualizado ayer por la Agencia Tributaria, con información correspondiente a 2024, vuelve a mostrar una distribución muy desigual de la riqueza en España. Aunque esta disparidad se repite año tras año, los datos del último ejercicio presentan algunos elementos especialmente relevantes. Entre ellos destaca el fuerte aumento del número de declarantes en Catalunya, que se acerca a los 95.000, casi 4.000 más que un año antes. Sin embargo, este incremento no se ha traducido en un aumento del patrimonio medio declarado, que permanece estable en torno a los 2,8 millones de euros. La evolución de Madrid es diferente. El número de declarantes del impuesto apenas aumentó en un millar, hasta situarse en unos 25.500, pero el patrimonio medio experimentó un crecimiento significativo. Pasó de los 11,1 millones de euros de 2023 a 11,6 millones en 2024, una cifra que cuadruplica la media registrada en Catalunya. Los datos apuntan así a una evolución distinta en ambos territorios: Madrid incorporó un mayor número de contribuyentes con patrimonios muy elevados, mientras que Catalunya sumó más declarantes, pero con niveles de riqueza considerablemente inferiores. También existen diferencias importantes en la recaudación del impuesto. Madrid continúa concentrando el mayor número de contribuyentes que, pese a presentar declaración, están exentos de pagar. De los aproximadamente 25.500 declarantes registrados en 2024, solo 11.400 tuvieron que ingresar efectivamente el impuesto. Los más de 14.000 restantes, con patrimonios situados entre uno y tres millones de euros, pudieron acogerse a la bonificación autonómica del 100% de la cuota. Esta ventaja fiscal supuso que las arcas públicas dejaran de ingresar unos 732 millones de euros en Madrid. En Catalunya, en cambio, el impacto de las bonificaciones autonómicas sobre la recaudación fue de apenas medio millón de euros. En el conjunto de España, la recaudación obtenida a través del impuesto de Patrimonio y del impuesto sobre las grandes fortunas alcanzó en 2024 los 2.100 millones de euros, la cifra más elevada hasta la fecha. Hasta 2023, los contribuyentes madrileños disfrutaban de una bonificación del 100%, por lo que la recaudación procedente de este impuesto en la comunidad era nula. Sin embargo, la creación durante la pasada legislatura del impuesto de solidaridad para las grandes fortunas obligó al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a recuperar el tributo. De este modo, se evitaba que los ingresos derivados de estas grandes fortunas fueran directamente a la Agencia Tributaria estatal y se garantizaba que permanecieran en la Comunidad de Madrid. El patrimonio declarado por los contribuyentes españoles, que se aproxima al billón de euros, está compuesto mayoritariamente por activos financieros. Cerca de tres cuartas partes corresponden a patrimonio mobiliario, principalmente acciones, en las que los declarantes acumulan más de 750.000 millones de euros. Los bienes inmuebles representan alrededor del 20% del patrimonio declarado, con un valor próximo a los 175.000 millones de euros. Por niveles de patrimonio, el grupo formado por las mayores fortunas del país continúa creciendo. Los contribuyentes que declaran una riqueza superior a los 30 millones de euros ya superan el millar.

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(Expansión, 04-09-2026) | Laboral

¿Deben pactarse con los sindicatos los pluses de productividad?

El Tribunal Supremo ha establecido que la negociación con los sindicatos de los criterios utilizados para distribuir e individualizar un complemento de productividad no constituye una obligación automática para las empresas. Esta exigencia únicamente puede reclamarse cuando exista un acuerdo colectivo o una normativa específica que establezca expresamente la necesidad de negociar. La decisión, dictada el pasado 7 de julio, ratifica el criterio adoptado anteriormente por la Audiencia Nacional y desestima la petición de los representantes sindicales, que pretendían convertir en obligatoria la negociación sobre el reparto de este componente variable del salario. El litigio surgió por la distribución de las cantidades destinadas a productividad correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 en una empresa pública. La representación de los trabajadores reclamaba intervenir en la determinación de los criterios, tanto objetivos como subjetivos, que debían utilizarse para asignar las cantidades entre la plantilla. Sin embargo, el Supremo concluye que ni el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores ni el artículo 24 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado aplicable al sector público permiten deducir, por sí solos, una obligación legal de negociar esos criterios de reparto e individualización. Para que dicha obligación exista debe estar prevista de manera expresa en un convenio o acuerdo colectivo o en una regulación específica. El tribunal recuerda además que el complemento analizado había sido establecido mediante un acuerdo alcanzado en 2019, que no contemplaba la obligación de negociar posteriormente ni los criterios de distribución ni la determinación de los trabajadores beneficiarios. Por este motivo, considera que no puede introducirse esa exigencia mediante una interpretación posterior del acuerdo. No obstante, la sentencia sí reconoce a los representantes de los trabajadores el derecho a acceder a la información utilizada por la empresa para efectuar el reparto. En concreto, podrán conocer los criterios aplicados y el detalle de las puntuaciones obtenidas por cada trabajador.

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