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(Expansión, 06-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España y Portugal acuerdan un mercado común de comercio, licitaciones y crédito

El Gobierno de España y el de Portugal tienen previsto acordar hoy el impulso de un verdadero mercado ibérico común. La iniciativa, que se presentará durante la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada en La Rábida (Huelva), pretende suprimir obstáculos geográficos y administrativos para que las empresas puedan operar a ambos lados de la frontera con mayor facilidad, tanto en el ámbito comercial como en el acceso a financiación o a concursos públicos. Este plan se alinea con la estrategia del Ministerio de Economía para reducir las trabas existentes entre comunidades autónomas españolas y aspira además a servir de referencia para reforzar el mercado único dentro de la Unión Europea, mediante normas empresariales comunes en los 27 Estados miembros. Según explicó a este diario el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Israel Arroyo, la propuesta va más allá de simplemente aproximar regulaciones o permisos empresariales. El objetivo es eliminar barreras y unificar procedimientos, también en materia de contratación pública, de modo que compañías portuguesas puedan participar en licitaciones en España y empresas españolas hacerlo en Portugal, accediendo en igualdad de condiciones a contratos públicos en ambos países. La hoja de ruta también contempla otras medidas, como facilitar el reconocimiento recíproco de cualificaciones profesionales, avanzar hacia un sistema compartido de facturación electrónica entre empresas, simplificar la apertura de cuentas bancarias transfronterizas y reforzar la cooperación entre el Banco Português de Fomento (BPF) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Además, se plantea estudiar la creación de un sistema público conjunto de calificación crediticia que amplíe las posibilidades de financiación y las inversiones entre ambos territorios. Otro aspecto destacado es la intención de España y Portugal de impulsar conjuntamente nuevas interconexiones eléctricas con el resto de Europa. La cumbre se celebra bajo el lema "Alianza por la seguridad climática", y ambos gobiernos reivindican la llamada "solución ibérica" que limitó el precio del gas tras la invasión rusa de Ucrania, en un contexto en el que las tensiones internacionales, como el enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán, vuelven a presionar al alza los precios de la energía. En esencia, explica Arroyo, el acuerdo busca crear una zona de comercio y cooperación económica más estrecha, siguiendo ejemplos históricos como el Benelux, la unión económica creada en los años cuarenta por Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, que posteriormente inspiró la construcción de la Unión Europea. España y Portugal pretenden ahora adaptar ese modelo de integración a las condiciones y desafíos del siglo XXI. La iniciativa hispano-portuguesa también se inspira en las propuestas del ex primer ministro italiano Enrico Letta, quien en su informe sobre el futuro del mercado único defendió la idea de un "Estado 28": un marco común que facilite que una empresa establecida en un país de la UE pueda operar fácilmente en cualquier otro. Siguiendo esta lógica, el Gobierno español ha desarrollado el proyecto denominado "Régimen 20", cuyo objetivo es eliminar obstáculos internos y reducir las fronteras administrativas entre las comunidades autónomas, permitiendo que una empresa pueda operar en las 17 regiones y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla mediante procedimientos comunes y simplificados. El desarrollo de esta iniciativa comenzó el año pasado centrándose en cinco sectores especialmente afectados por las dificultades territoriales: comercio y hostelería, transporte, formación, profesiones reguladas y construcción de infraestructuras. Ahora, el Ejecutivo pretende ampliar este modelo incluyendo también a Portugal como primera experiencia de cooperación supranacional. La iniciativa recibirá un importante respaldo con la declaración conjunta prevista en la cumbre de hoy, inicialmente programada para el 29 de enero pero aplazada tras la tragedia ferroviaria de Adamuz, cuyos fallecidos fueron despedidos ese mismo día en un funeral celebrado también en Huelva. El encuentro, que contará con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del primer ministro portugués, Luis Montenegro, dará paso al "Foro Estratégico Luso-Español para Impulsar la Competitividad", encargado de avanzar en la implementación del mercado ibérico con resultados visibles a corto y medio plazo. Este proyecto busca reforzar una relación comercial ya muy intensa entre ambos países. Según datos del ICEX, en 2024 las exportaciones españolas a Portugal alcanzaron los 35.316 millones de dólares (alrededor de 30.000 millones de euros), destacando productos como combustibles y aceites minerales, automóviles, material eléctrico, maquinaria y plásticos. Por su parte, España importó bienes portugueses por valor de 18.105 millones de dólares (unos 15.300 millones de euros), lo que generó un saldo comercial favorable a España de aproximadamente 17.211 millones de dólares (14.600 millones de euros). El intercambio de servicios, superior a los 5.000 millones de dólares, también presenta un ligero superávit para España, mientras que la inversión y el empleo siguen aumentando en ambos sentidos.

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(Expansión, 06-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las empresas avisan de alzas de precios, freno a la inversión y financiación más cara

El conflicto en Oriente Próximo amenaza con reducir la competitividad de las empresas y afectar también a las exportaciones. Sectores como la logística, el transporte, la industria con alto consumo energético y la agricultura se perfilan entre los más perjudicados por el aumento del precio de la energía. Además, los cambios en las rutas y dinámicas del comercio internacional están obligando a las compañías a acelerar la elaboración de planes de contingencia. La guerra plantea una doble presión para el tejido empresarial. Por un lado, ya se están notando los mayores costes energéticos derivados del encarecimiento del gas y el petróleo. Por otro, existe el riesgo de un choque comercial con Estados Unidos si se materializan las amenazas lanzadas por Donald Trump en relación con la postura del Gobierno español respecto al conflicto con Irán. Los empresarios asumen que el incremento de los precios de la energía puede reactivar tensiones inflacionistas, pero también alertan de otros efectos indirectos, como la posible reducción de inversiones internacionales o el encarecimiento del crédito. Todo ello podría reducir los márgenes empresariales y debilitar la competitividad del sistema productivo, con consecuencias inciertas para la actividad exportadora, uno de los motores del crecimiento económico reciente. Aun así, las principales organizaciones empresariales consultadas señalan que las empresas han ganado capacidad de adaptación tras años marcados por tensiones geopolíticas y disputas comerciales, por lo que confían en poder mitigar los efectos más negativos del conflicto. También recuerdan que el comercio español con los países directamente implicados es relativamente reducido, aunque insisten en la necesidad de mantenerse alerta y preparar planes ante una posible prolongación o intensificación de la crisis. La preocupación, no obstante, es generalizada. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advierte del riesgo de un nuevo episodio inflacionario, similar al que siguió a la invasión de Ucrania, y pide al Gobierno que identifique a los sectores y colectivos más afectados para orientar las posibles ayudas. Desde Cepyme, su presidenta Ángela de Miguel explica que la guerra ya está teniendo repercusiones en los mercados energéticos internacionales, lo que se refleja en el precio del petróleo y, especialmente, del gas natural, con posibles repercusiones también en el coste de la electricidad. En su opinión, si el conflicto se prolonga, las pymes podrían afrontar un importante aumento de gastos y problemas en sus cadenas de suministro, lo que presionaría aún más sus márgenes en un contexto de financiación más exigente. Precisamente el posible encarecimiento del crédito es una de las mayores inquietudes del sector empresarial. El presidente de Confemetal, José Miguel Guerrero, señala que el principal temor es que la inflación -impulsada por el aumento de los costes energéticos- encarezca la producción y el transporte y vaya acompañada de condiciones financieras más restrictivas. Ante esta coyuntura, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, pide prudencia y vigilancia ante la volatilidad a corto plazo y advierte de que, a medio plazo, podría producirse una reorganización de los flujos comerciales que obligará a las empresas españolas a adaptarse con rapidez y reforzar sus planes de contingencia. En el ámbito financiero, la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, considera fundamental que Europa acelere su agenda de competitividad para reforzar su autonomía estratégica y poder afrontar las necesidades de energía, innovación y defensa. La incertidumbre también puede afectar a la llegada de nuevas inversiones. La presidenta de Multinacionales con España, Paloma Cabrera, explica que el aumento de costes y la inestabilidad geopolítica pueden presionar los márgenes de las empresas y condicionar las decisiones de inversión de las multinacionales. Cuando el precio de la energía se vuelve imprevisible, señala, también lo hacen los planes de crecimiento. En una línea similar, la directora ejecutiva de la Asociación Española de Centros de Datos (SpainDC), Begoña Villacís, apunta que los inversores suelen reaccionar con cautela ante escenarios de incertidumbre, por lo que podrían retrasarse o congelarse temporalmente nuevos proyectos, como los relacionados con centros de datos. Sin embargo, considera que a medio y largo plazo la demanda de infraestructuras digitales y la posición energética de España podrían reforzar su papel como centro europeo en este ámbito. Si el conflicto se prolonga, también podrían resentirse las exportaciones. Según José Luis Bonet, una desaceleración de la economía mundial reduciría la demanda exterior y frenaría el crecimiento de las ventas internacionales. Desde el Club de Exportadores señalan que el impacto directo es limitado, ya que las exportaciones españolas a los países más afectados por el conflicto rondan entre 2.000 y 3.000 millones de euros al año, pero advierten de que el aumento general de precios acabaría afectando a la mayoría de las empresas exportadoras, especialmente a la industria intensiva en energía. El presidente de CEIM, Miguel Garrido, subraya que las tensiones comerciales afectan tanto a las importaciones como a las exportaciones: por un lado, encarecen el acceso de los consumidores a productos competitivos y, por otro, dificultan la expansión internacional de las empresas y la creación de empleo. Las pymes y los autónomos serían probablemente los más perjudicados, al contar con menores márgenes. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, destaca que el encarecimiento del combustible supone un problema importante para sectores como el taxi, el transporte o la agricultura, muy dependientes del uso de carburantes. Entre las actividades más expuestas se encuentran la logística y el transporte, considerados pilares de la economía y donde el diésel representa cerca del 40% de los costes operativos. El presidente de la organización empresarial UNO, Francisco Aranda, explica que el aumento del precio del gas también eleva el coste de la electricidad en plataformas logísticas, almacenes y centros de distribución, además de encarecer el transporte aéreo. Entre los productos más afectados se encuentran la electrónica, los semiconductores, los medicamentos, la moda rápida, los repuestos industriales y las mercancías vinculadas al comercio electrónico. En el sector del automóvil, la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, advierte de que un incremento prolongado de los costes energéticos podría reducir la demanda y ralentizar la renovación del parque automovilístico. Aun así, confía en la solidez del sector, aunque insiste en la importancia de mantener un entorno estable que favorezca la inversión y el empleo.

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(El Mundo, 06-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump tilda a España de "perdedor" y le acusa de ser "muy hostil" con la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este jueves a criticar duramente a España, a la que calificó como un país "perdedor", acusándola además de mantener una actitud "muy hostil" hacia la OTAN. El mandatario reprochó que el Gobierno español sea el único aliado que se opone a destinar el 5% de su PIB al gasto en defensa y advirtió de posibles consecuencias por esta postura. "Hay muchos ganadores, pero España es un perdedor", declaró Trump en una entrevista telefónica concedida al diario New York Post. Durante la conversación, el presidente estadounidense también expresó nuevamente su "decepción" con Reino Unido debido a su posición inicial de rechazar el uso de sus bases militares para llevar a cabo ataques contra Irán. Trump insistió en que España está actuando de forma "muy hostil" hacia la OTAN y criticó que sea "el único país" que se resiste a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. "Se comportan de manera muy hostil con todos (...) No están actuando como un aliado comprometido, y nosotros tampoco lo haremos con ellos", advirtió, en un mensaje que deja entrever posibles represalias hacia el Gobierno de Pedro Sánchez.

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(Expansión, 05-03-2026) | Fiscal

El Gobierno estudia ayudas a "hogares, trabajadores, empresas y autónomos" para paliar el impacto económico del conflicto abierto en Oriente Próximo

La decisión del Gobierno español de no autorizar a Estados Unidos el uso de las bases militares de Rota y Morón para una ofensiva conjunta con Israel contra Irán ha provocado una nueva amenaza por parte de Donald Trump. El martes, el presidente estadounidense calificó a España de "aliado terrible" y manifestó su intención de suspender las relaciones comerciales con el país. Lejos de ceder ante la presión, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, compareció para reafirmar su postura como defensor de la legalidad internacional y como voz crítica frente a Washington. "Nos oponemos a este conflicto y apostamos por una salida diplomática y política", afirmó, al tiempo que anunció que su gabinete estudia medidas para amortiguar el impacto económico en la ciudadanía y el tejido empresarial. Sánchez resumió la posición del Ejecutivo en un claro "no a la guerra", durante una declaración institucional sin preguntas en el Palacio de La Moncloa, recuperando el lema que se popularizó en 2003 contra la invasión de Irak. Además, dirigió críticas al llamado "trío de las Azores" -George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar-, a quienes responsabilizó de haber generado un incremento del terrorismo yihadista, una crisis migratoria de gran alcance y tensiones inflacionistas tras aquella intervención. En medio de la creciente tensión, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró que la postura española pone en peligro vidas estadounidenses y reprochó nuevamente a España no alcanzar el compromiso de destinar el 5% del PIB a Defensa acordado en la OTAN. Sánchez replicó que resulta inaceptable que algunos dirigentes utilicen la guerra como cortina de humo para ocultar sus fracasos y beneficiar a unos pocos, en alusión a quienes consideran que seguir ciegamente a otros es una forma de liderazgo. Aunque el presidente dejó claro que su Gobierno se opone al régimen iraní, insistió en que la solución debe ser pacífica. España recibió el respaldo de la Unión Europea frente a las amenazas comerciales de Estados Unidos. Desde Bruselas recordaron que cualquier medida contra un Estado miembro afecta al conjunto de la UE y subrayaron que la política comercial se negocia de manera conjunta, descartando represalias selectivas. Sánchez también advirtió sobre las consecuencias económicas de la escalada bélica, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán en Oriente Próximo. Señaló el desplome de los mercados, las alteraciones en el tráfico aéreo y la inestabilidad en el estrecho de Ormuz, por donde circula una parte significativa del suministro mundial de gas y petróleo. Reconoció que el desenlace es incierto y que existe la posibilidad de un conflicto prolongado con efectos globales severos. Ante este escenario, el Ejecutivo contempla activar medidas similares a las aplicadas en crisis anteriores, como la derivada de la guerra en Ucrania. Entre las opciones figuran rebajas fiscales sobre la energía y los carburantes, reducción o eliminación del IVA en alimentos básicos, ayudas a sectores estratégicos como el transporte y la agricultura, mecanismos laborales como los ERTE energéticos o el mecanismo RED, avales públicos para empresas y refuerzos de las prestaciones sociales. Según fuentes gubernamentales, todas las alternativas están abiertas. Expertos fiscales apuntan que, si la guerra se prolonga más de un mes, podría aprobarse un primer paquete que incluiría rebajas del IVA en electricidad y gas, bonificaciones en combustibles y medidas de alivio tributario para los hogares. A pesar del elevado coste presupuestario que supondrían estas iniciativas, en un contexto de ajuste a las reglas fiscales europeas, Sánchez defendió que la fortaleza de la economía española y el aumento de la recaudación tributaria -que podría superar los 325.000 millones de euros en 2025- permiten afrontar esta nueva crisis. Asimismo, aseguró que el Gobierno actuará en coordinación con los agentes sociales, como ya hizo durante la pandemia, la crisis energética y la reciente crisis arancelaria. En esta línea, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado a sindicatos y empresarios para negociar el eventual paquete de medidas.

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(Expansión, 05-03-2026) | Fiscal

El Supremo fija que las pensiones por incapacidad reconocidas judicialmente tributan en el año en que la sentencia es firme

El Tribunal Supremo ha sentado criterio en materia tributaria al determinar que las pensiones de incapacidad reconocidas mediante resolución judicial deben declararse en el IRPF correspondiente al ejercicio en que la sentencia adquiere firmeza, y no en los años a los que se refieren los pagos atrasados. En una reciente resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima la solicitud de una contribuyente que pretendía repartir los importes retroactivos entre ejercicios anteriores a través de declaraciones complementarias. El Alto Tribunal precisa que, cuando el derecho a percibir la pensión ha estado en litigio, el ingreso no puede considerarse exigible hasta que existe un pronunciamiento judicial firme que lo reconozca. Los magistrados fundamentan su decisión en la regla especial prevista en el artículo 14.2.a) de la Ley del IRPF. Argumentan que no se trata de un mero retraso en el abono de una cantidad ya concedida -supuesto en el que sí procedería imputarla a ejercicios anteriores-, sino de una deuda cuya propia existencia estaba pendiente de resolución. En consecuencia, el hecho imponible nace en el momento en que la sentencia deviene firme. Como elemento compensatorio para el contribuyente, el Supremo recuerda que, al concentrarse todos los atrasos en un único ejercicio fiscal, resulta aplicable la reducción del 30% prevista para rendimientos generados en un periodo superior a dos años, contemplada en el artículo 18.2 de la Ley. Esta rebaja atenúa los efectos de la progresividad del impuesto y evita una carga excesiva por la percepción acumulada de los importes. La doctrina fijada obliga así a quienes obtengan una pensión por vía judicial a incluir la totalidad de los atrasos en la declaración del IRPF del año en que la resolución sea firme, sin posibilidad de modificar ejercicios anteriores para distribuir la tributación. A cambio, se garantiza el derecho a aplicar la citada reducción del 30% para suavizar el impacto fiscal.

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(El Economista, 05-03-2026) | Fiscal

Los presupuestos del Govern para 2026 proyectan 14.300 millones en incentivos fiscales

El tejido empresarial catalán ha vuelto a mostrar su malestar por la falta de bajadas de impuestos en el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2026. No obstante, las cuentas autonómicas sí contemplan un incremento de los beneficios fiscales -a través de deducciones, exenciones y otras ventajas- tanto para familias como para empresas. Eso sí, la mayoría de estos incentivos tienen su origen en normativa estatal y no en decisiones propias del Govern. De acuerdo con una memoria adjunta a los presupuestos, los beneficios fiscales previstos para 2026 alcanzan los 14.329,4 millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 12,3%. El IVA concentra el mayor volumen de estas ventajas tributarias, con un 44,1% del total, seguido por los impuestos de Sucesiones y Donaciones, IRPF, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) y Patrimonio. Del total del ahorro estimado para los contribuyentes, el 88,2% -equivalente a 12.633,1 millones de euros- deriva de legislación estatal. Solo el 11,8% restante responde a medidas aprobadas por la Generalitat. En el ámbito estatal, los beneficios se concentran en IVA, IRPF, ITP y AJD, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio; mientras que, en el plano autonómico, el grueso de los incentivos se focaliza en Sucesiones y Donaciones. La reducción de la carga fiscal implica, en la práctica, una merma de ingresos públicos con el objetivo de favorecer otras metas económicas y sociales. Así lo justifica el Departamento de Economía y Finanzas, que subraya que el sistema tributario también actúa como herramienta de política económica para promover el crecimiento, la cohesión social y la inversión. Según el Govern, estos beneficios buscan fomentar el empleo, estimular la I+D, sostener el tejido empresarial, favorecer la redistribución de la renta o incentivar actividades con impacto positivo, como la cultura y la educación. Sin embargo, estas políticas reducen el potencial recaudatorio de la Generalitat. Frente a unos ingresos teóricos de 51.040,2 millones de euros, el Ejecutivo autonómico descuenta el importe asociado a los beneficios fiscales y estima que los ingresos efectivos para 2026 se situarán en 36.710,8 millones. Si se añaden otros recursos no financieros, la cifra total ascendería a 48.231 millones. El impacto de estas ventajas no es homogéneo entre los distintos tributos. En conjunto, los beneficios fiscales suponen una merma del 28,1% en la recaudación potencial. Las mayores reducciones se registran en Sucesiones y Donaciones, donde la pérdida alcanza el 70,2%, y en Patrimonio, con un 57,5%. Precisamente estos dos impuestos son objeto de críticas recurrentes por parte de las organizaciones empresariales, que reclaman la supresión del tributo sobre el Patrimonio y una reforma profunda de Sucesiones y Donaciones. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reiterado recientemente sus reproches a la elevada presión fiscal en Cataluña, aludiendo a un supuesto "infierno fiscal" en comparación con otras comunidades autónomas. En el proyecto presupuestario, el único movimiento en materia tributaria es la supresión de determinadas tasas, aunque se introducen otras nuevas. Pese al compromiso inicial de revisar la eficacia de los tributos propios -Cataluña es la comunidad con mayor número de figuras de este tipo-, no se han materializado cambios relevantes. En 2025, el Govern aprobó un recargo en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para grandes tenedores de vivienda, y recientemente el Parlament dio luz verde a un aumento de la tasa turística con el respaldo de PSC, ERC y Comuns. Por otro lado, el informe económico-financiero que acompaña a los presupuestos dibuja un escenario favorable en términos de ingresos. Recuerda que en 2024 la recaudación en Cataluña creció un 7,3%. A pesar de la moderación de la inflación, los ingresos por IVA aumentaron, y en el caso del IRPF, las mayores retenciones sobre el trabajo se explican por la creación de empleo, la mejora de los salarios y el incremento del tipo efectivo aplicado.

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(El País, 05-03-2026) | Laboral

Díaz se reúne este jueves con los líderes patronales y sindicales para diseñar un escudo social ante la escalada bélica

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha citado para este jueves a los principales representantes de sindicatos y patronales con el fin de analizar posibles medidas de apoyo ante el agravamiento del conflicto en Oriente Próximo. A la reunión asistirán el secretario general de CC OO, Unai Sordo; el líder de UGT, Pepe Álvarez; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; y la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel. La ministra explicó que el objetivo del encuentro es estudiar un paquete de iniciativas que protejan tanto a los trabajadores como a las empresas ante las posibles consecuencias económicas y sociales derivadas de la escalada bélica, en referencia a lo que calificó como "ataques ilegales" del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Irán. Según indicó, al igual que ocurrió durante la pandemia o tras el estallido de la guerra en Ucrania, el Ejecutivo actuará para salvaguardar a la ciudadanía frente a los efectos que pueda generar esta coyuntura. Así lo señaló durante la apertura de unas jornadas dedicadas al impacto de la inteligencia artificial en el empleo. Díaz, que gestionó personalmente la convocatoria con los dirigentes sindicales y empresariales, afirmó que el Gobierno está preparado para adoptar decisiones "de manera inmediata" si fuera necesario. Estas medidas podrían centrarse en ámbitos como el mantenimiento del tejido productivo, el encarecimiento de la cesta de la compra o el aumento de los costes energéticos. Fuentes cercanas a la reunión apuntan que, previsiblemente, las actuaciones relacionadas con la energía serán prioritarias, aunque se analizarán todos los posibles efectos económicos y sociales. Desde CC OO, su secretario de Acción Sindical, Javier Pacheco, señaló que la intención es diseñar un "escudo social", tomando como referencia los mecanismos aplicados durante la crisis sanitaria y los aprobados tras la invasión de Ucrania. Por su parte, el vicesecretario de Acción Sindical de UGT, Fernando Luján, indicó que los sindicatos acudirán con disposición a escuchar y a pactar las medidas que resulten necesarias, como ya hicieron en situaciones anteriores. Las organizaciones sindicales han comenzado a recopilar información urgente sobre el impacto que la actual escalada puede estar teniendo en empresas y sectores productivos, así como sobre el conflicto diplomático abierto recientemente entre Estados Unidos y el Gobierno español. En este contexto, Díaz respondió a las críticas de Trump defendiendo que España es un país soberano y comprometido con la paz, con plena legitimidad para decidir sobre los derechos y la vida de sus ciudadanos. Subrayó además que el país "no admite presiones ni lecciones de nadie". Asimismo, instó al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a posicionarse con claridad y a explicar si respalda la postura del Gobierno español o los planteamientos del mandatario estadounidense.

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(El Economista, 05-03-2026) | Laboral

Los ceses en periodo de prueba se disparan un 864%

En 2025 las empresas españolas dieron por finalizados 1,02 millones de contratos porque los empleados no superaron el periodo de prueba. La cifra supone un aumento del 2,34% respecto a 2024 y un 79% más que en 2021, antes de la reforma laboral. Se trata del nivel más alto desde que existen registros comparables (2013) y contrasta con la ligera caída de los despidos en sentido estricto, que descendieron un 1,4% hasta los 1,04 millones, aunque todavía se sitúan un 94% por encima de los niveles previos al cambio normativo. Estos datos evidencian una divergencia entre las dos principales vías de extinción laboral que más han crecido en los últimos años. El contexto está marcado por el desplome de la contratación temporal y el avance de los contratos indefinidos. Esto influye especialmente en las bajas durante el periodo de prueba: las correspondientes a trabajadores fijos se han multiplicado un 864%, superando las 720.000, mientras que los despidos han aumentado un 137%. Esta evolución alimenta las sospechas de que el periodo de prueba se estaría utilizando para encubrir empleos de carácter eventual bajo la apariencia de indefinidos, generando trabajadores fijos con escasa estabilidad real. Conviene distinguir que no superar el periodo de prueba no equivale jurídicamente a un despido. Ambas figuras tienen regulación y efectos distintos en el Estatuto de los Trabajadores. El periodo de prueba, cuyo límite general es de seis meses -aunque los convenios pueden ampliarlo ligeramente-, vincula tanto a la empresa como al trabajador. Durante ese tiempo, el empleado puede marcharse sin necesidad de preaviso. No obstante, las estadísticas de la Seguridad Social solo contabilizan como bajas por no superar el periodo de prueba aquellas en las que el desistimiento parte del empresario; si es el trabajador quien se va, se considera dimisión. En estos casos, a diferencia del despido, no existe derecho a indemnización y apenas se exige justificación, salvo supuestos claros de discriminación. Además, los contratos temporales que concluyen al cumplirse el plazo pactado sí generan indemnización -12 días por año trabajado-, lo que implica que extinguir un contrato indefinido durante el periodo de prueba puede resultar incluso más barato que dejar finalizar uno eventual. Esta mayor facilidad, rapidez y menor coste respecto al despido o a la finalización de un contrato temporal ha situado al periodo de prueba en el centro del debate tras la reforma laboral, ante la sospecha de que en algunos casos sustituye de facto a la temporalidad. Si se observa la serie histórica, antes de la pandemia y de la reforma ya se apreciaba que, cuando el empleo repunta, aumentan con fuerza las bajas en periodo de prueba, llegando a superar a los despidos. Sin embargo, desde 2021 ambas variables han evolucionado de manera más paralela. Incluso en determinados meses, como enero, los despidos superan a las extinciones por no superar la prueba. En términos globales, el incremento podría interpretarse como una consecuencia lógica del aumento de la contratación indefinida desde 2021. Sin embargo, hay un dato revelador: en 2021 solo el 13% de las bajas por no superar el periodo de prueba afectaba a indefinidos; ahora ese porcentaje alcanza el 75%. Asimismo, el peso de los despidos sobre contratos indefinidos ha pasado del 75% al 93%. Esto plantea interrogantes. Es razonable que más contratación fija conlleve más despidos de indefinidos, pero la relación no es tan directa en el caso de las bajas en periodo de prueba, que afectan a contratos recién firmados. En 2021 apenas uno de cada diez contratos era indefinido; hoy representan el 41%. Sin embargo, el protagonismo de los indefinidos en las bajas se ha invertido de forma mucho más intensa, lo que sugiere una alteración en la forma de extinguir estos empleos. En concreto, las bajas de afiliación de indefinidos por no superar el periodo de prueba en 2025 aumentaron un 864% respecto a 2021 -aún marcado por la pandemia- y un 445% frente a 2019. En comparación, los despidos crecieron un 137% y un 130%, respectivamente. Por último, el análisis mensual revela un cambio de patrón tras la reforma laboral: las extinciones en periodo de prueba muestran ahora mayor volatilidad y un marcado componente estacional, con oscilaciones más intensas que en los despidos. Esta tendencia apunta a una posible precarización de los contratos indefinidos a través del uso creciente de esta vía de finalización.

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(El Economista, 05-03-2026) | Laboral

El TJUE aclarará el 14 de abril si el Estado debe hacer fijos a los interinos con contratos temporales abusivos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya ha fijado el 14 de abril como la fecha en la que dictará una de las resoluciones más relevantes para España en materia laboral pública. Ese día decidirá si la Administración está obligada a convertir en fijos a los interinos y empleados públicos que hayan encadenado contratos temporales de manera abusiva. La corte europea ya había apuntado esta posibilidad en sus sentencias del 22 de febrero y del 13 de junio de 2024, en las que abrió la puerta a la estabilización de estos trabajadores. No obstante, el Tribunal Supremo planteó una nueva cuestión prejudicial para que el TJUE aclarara el alcance de esos pronunciamientos. El alto tribunal español preguntó si la doctrina nacional, que impide la conversión automática en fijos de los interinos, es compatible con el derecho comunitario, recordando que la Constitución exige que el acceso al empleo público respete los principios de igualdad, mérito y capacidad. El pasado 9 de octubre, el Abogado General del TJUE presentó sus conclusiones, paso previo a la sentencia definitiva. En su dictamen señaló que el tribunal europeo no ha impuesto de forma directa la obligación de hacer fijos a estos empleados, aunque sí contempla esa solución si el ordenamiento español no prevé otra medida eficaz para corregir el abuso de la temporalidad y sancionar adecuadamente a la Administración. Asimismo, consideró que la indemnización más elevada prevista actualmente en España -33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades en caso de despido improcedente- no sería suficiente para compensar el perjuicio sufrido por estos trabajadores. La decisión del TJUE deberá aclarar, por tanto, si la conversión en indefinidos es obligatoria o si pueden establecerse mecanismos alternativos que resulten disuasorios frente al uso abusivo de contratos temporales y garanticen una reparación adecuada. El pronunciamiento podría tener un impacto significativo: de los cerca de tres millones de empleados públicos -entre funcionarios, interinos y personal laboral- aproximadamente un 32% mantiene una relación temporal, lo que supone casi un millón de personas potencialmente afectadas.

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(El Economista, 05-03-2026) | Laboral

Los salarios crecen el doble que la productividad por hora desde 2018

El Consejo de la Productividad, organismo independiente impulsado por el Ministerio de Economía en 2024, ha publicado su primer informe, en el que alerta de un crecimiento de la productividad "insatisfactorio" en España y de la debilidad de sus principales factores explicativos. Según el documento, la mejora del empleo registrada en los últimos años ha ido acompañada de un aumento de los salarios superior al avance de la productividad por hora trabajada. En concreto, desde 2018 la remuneración por hora ha aumentado un 7,7%, el doble que la producción generada en ese mismo tiempo, que ha crecido un 3,6%. Este comportamiento supone un cambio respecto a etapas anteriores. Entre 1999 y 2017, la productividad por hora se incrementó un 9,5%, mientras que los salarios por hora apenas avanzaron un 3%. Los economistas vinculan este giro a las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional y al impacto de la reforma laboral de 2021, que redujo de forma notable la temporalidad. Pese a esta evolución reciente, el informe señala que los salarios reales prácticamente no han mejorado en los últimos 25 años si se tiene en cuenta el efecto de la inflación. Aunque las transformaciones del mercado laboral compensaron parcialmente el impacto del fuerte repunte de precios en 2021 y 2022 -cuando el encarecimiento energético se trasladó a los precios sin un ajuste equivalente de los salarios nominales, reduciendo la cuota laboral-, ello no se ha traducido en una ganancia sostenida de poder adquisitivo. El Consejo destaca, no obstante, un elemento positivo: por primera vez, el aumento del peso de las rentas laborales coincide con una intensa creación de empleo, que ha elevado la tasa de ocupación y reducido el desempleo, al tiempo que la inmigración ha ampliado la población en edad de trabajar. Además, subraya que, a diferencia de otras economías europeas, la participación de las rentas del trabajo en el PIB parece haberse estabilizado en un nivel superior al previo a la pandemia, en parte porque los nuevos empleos generados presentan un perfil más técnico. El organismo advierte de que el escaso dinamismo de la productividad y el hecho de que durante años no se tradujera en mayores salarios han limitado la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores. Por ello, plantea la necesidad de adoptar medidas estructurales. También recuerda que la relación entre productividad y salarios varía significativamente según el sector, el tamaño empresarial y el territorio, siendo las grandes compañías las que muestran mejores resultados, gracias a una mayor intensidad de capital y a una conexión más directa entre inversión y trabajo. Entre las recomendaciones, los expertos apuestan por reforzar los incentivos a la innovación tecnológica mediante mercados más integrados y políticas que fomenten la competencia, así como por impulsar estrategias industriales estables orientadas a la digitalización y la transición energética. También subrayan la importancia de proteger y formar a los trabajadores para facilitar la adaptación a los cambios estructurales. En esta línea, proponen la creación de un fondo de inversión que facilite financiación a largo plazo para empresas con elevado potencial de crecimiento.

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