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(Cinco Días, 28-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno prevé aprobar la norma que prohíbe ofrecer la contratación de la luz por teléfono

Después de más de un año de tramitación, el Consejo de Ministros prevé aprobar en su reunión de esta semana o en la siguiente el real decreto que desarrolla el Reglamento General de Suministro y Contratación de Energía Eléctrica. La nueva norma elimina, entre otras prácticas, la posibilidad de que las comercializadoras realicen llamadas telefónicas con fines publicitarios o para contratar el suministro eléctrico, salvo en aquellos casos en los que exista una solicitud expresa, clara e informada por parte del consumidor, o cuando la llamada haya sido iniciada por el propio usuario. La restricción se extiende también a las ventas cruzadas y obliga a las compañías a grabar íntegramente las conversaciones, a las que el cliente podrá acceder en un plazo máximo de 20 días. Esta medida ya figuraba en el borrador presentado en agosto de 2024 por el Ministerio para la Transición Ecológica, entonces dirigido por Teresa Ribera, e incorporaba una petición expresa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En un informe sobre los mercados minoristas de gas y electricidad, el supervisor alertaba del elevado número de reclamaciones de consumidores que recibían llamadas engañosas sin haber dado su consentimiento, lo que en muchos casos derivaba en contratos con deficiencias o sin información suficiente. La CNMC reclamaba prohibir la contratación telefónica para atajar lo que calificó como un problema estructural. El Ejecutivo también ha tenido en cuenta las advertencias del Defensor del Pueblo, que ha denunciado reiteradamente el alto volumen de quejas ciudadanas y la falta de disposición de algunas empresas para resolver los conflictos. Las personas mayores de 65 años y aquellas con discapacidad aparecen como los colectivos más vulnerables ante este tipo de prácticas. Aunque la Ley General de Telecomunicaciones de 2022 ya reconocía el derecho a no recibir llamadas comerciales no deseadas, no prohibía de forma expresa la contratación, lo que había permitido a las eléctricas seguir utilizando este canal. El real decreto, que supera las 200 páginas, refuerza además las garantías en el proceso de contratación. El consumidor deberá identificarse con su DNI y las comercializadoras estarán obligadas a gestionar y resolver las reclamaciones relacionadas con la calidad del servicio. Los contratos, excepto los del mercado libre, tendrán una duración inicial de un año prorrogable automáticamente y podrán cancelarse en cualquier momento sin penalización cuando se trate de personas físicas acogidas a la tarifa 2.0TD. Las empresas del sector han mostrado su oposición a este punto, al considerar que muchos usuarios con esa tarifa son compañías con múltiples puntos de suministro y reciben un trato similar al de los hogares. En cuanto al cambio de comercializadora, el plazo máximo se fija en diez días. El reglamento servirá como norma de cierre para completar la transposición de la directiva europea del mercado interior de la electricidad de 2019, que hasta ahora solo se había aplicado de forma parcial. Establece un marco común para la comercialización, actualiza la regulación vigente e introduce figuras como la del agregador independiente. La norma también regula la creación del defensor del cliente eléctrico, similar al existente en sectores como la banca o los seguros. Su implantación será voluntaria para las compañías, aunque las resoluciones que adopte tendrán carácter vinculante. Este defensor complementará a los servicios de atención al cliente, que sí son obligatorios. Las grandes eléctricas han reconocido que esta figura podría aportar prestigio, aunque no han decidido aún si la implantarán. Una parte relevante del reglamento se centra en las obligaciones de las comercializadoras, a las que se exigirán mayores requisitos técnicos y económicos. Aquellas con más de 200.000 clientes deberán ofrecer tarifas dinámicas con precios variables a lo largo del día. Además, deberán acreditar solvencia suficiente mediante avales y recursos propios que garanticen el desarrollo de su actividad. Aunque durante la tramitación se planteó exigir un capital mínimo de 500.000 euros a las comercializadoras independientes, finalmente no se ha fijado una cantidad concreta. Las empresas del sector son las encargadas de recaudar, a través de las facturas, los peajes destinados a financiar la distribución y el transporte, los cargos que cubren costes del sistema eléctrico y los impuestos asociados al suministro. En caso de impago por parte de comercializadoras que quiebran o son inhabilitadas, el sistema asume actualmente la deuda de peajes y cargos, mientras que Hacienda soporta la correspondiente a los tributos. Por ello, tanto las grandes compañías como la CNMC venían reclamando mayores garantías, similares a las ya existentes en el mercado mayorista. En España, las comercializadoras del mercado libre solo están obligadas a contar con el capital social mínimo general de 3.000 euros que exige la legislación mercantil. En cambio, las comercializadoras de referencia, que ofrecen el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor a hogares y microempresas, deben disponer de un capital mínimo de 500.000 euros y son filiales de grandes grupos como Endesa, Iberdrola, Naturgy o Repsol.

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(Expansión, 28-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Coches, maquinaria y vino: estos son los sectores más beneficiados por el acuerdo UE-India

La apertura progresiva del comercio entre ambas regiones sitúa a determinados sectores económicos en una posición especialmente favorable para aprovechar el acceso al nuevo mercado. De la aspiración a los hechos. El histórico acuerdo comercial entre la Unión Europea e India ya es una realidad y, una vez entre en vigor, permitirá a las empresas europeas ahorrar alrededor de 4.000 millones de euros anuales en aranceles. Tras más de dos décadas de negociaciones -intensificadas especialmente desde 2022-, la Comisión Europea ha logrado abrir las puertas de un mercado de cerca de 1.500 millones de consumidores, tradicionalmente caracterizado por un elevado proteccionismo y fuertes barreras comerciales. El pacto abarca decenas de miles de productos, aunque la eliminación de aranceles se aplicará de forma gradual y desigual, ya que la UE ha aceptado dar margen a la industria india para adaptarse y fortalecerse. En el ámbito industrial, sectores estratégicos como la maquinaria y el material eléctrico -con aranceles que alcanzaban el 44%-, así como el aeronáutico y aeroespacial -con tasas de hasta el 11%-, verán reducidos sus gravámenes hasta el 0% en prácticamente todos los productos. Lo mismo ocurrirá con los productos químicos, el hierro y el acero (actualmente gravados hasta con un 22%) y los farmacéuticos, que pasarán del 11% a la exención total. En el caso de los instrumentos ópticos, médicos y quirúrgicos, el arancel del 27,5% desaparecerá en el 90% de los artículos, mientras que en los plásticos la tasa del 16,5% se eliminará casi por completo. En sectores más sensibles, como el de perlas, piedras preciosas y metales, el gravamen del 22,5% se reducirá al 0% solo para una quinta parte de los productos, con rebajas adicionales en otro 36%. El sector del automóvil ha sido uno de los puntos más complejos de la negociación. La UE no ha logrado una liberalización plena, aunque sí avances relevantes. Actualmente, el bloque comunitario apenas exporta 3.000 vehículos al año a India debido a los elevados aranceles. El nuevo acuerdo establece una cuota de 250.000 vehículos que se beneficiarán de una reducción progresiva de impuestos desde el 110% hasta el 10%. De ese total, 160.000 corresponderán a vehículos de combustión y 90.000 a eléctricos, cifras que se ajustarán con el tiempo en función de la evolución del mercado indio. La negativa europea a eliminar completamente las barreras al acero -un sector estratégico para India y considerado excedentario por la UE- ha impedido avanzar más en este capítulo. El ámbito agrícola ha sido uno de los más sensibles de la negociación. Ambas partes han acordado excluir de la liberalización los productos considerados más vulnerables. La Unión Europea mantendrá sus aranceles actuales sobre artículos como carne de vacuno, azúcar, arroz, pollo, leche en polvo, miel, plátano, trigo blando, ajo y etanol. Asimismo, se conservarán contingentes para productos como carne de ovino y caprino, maíz dulce, uvas, pepinos, cebollas secas, ron de melaza y almidones. Pese a estas salvaguardas, el acuerdo contempla una reducción significativa -o eliminación total- de los aranceles para muchas exportaciones agroalimentarias europeas hacia India, que actualmente soportan gravámenes medios del 36% y en algunos casos de hasta el 150%. Esto abre la puerta a un notable aumento de las ventas. En 2024, las exportaciones agroalimentarias de la UE a India alcanzaron los 1.300 millones de euros, apenas el 0,6% del total comunitario, lo que evidencia el amplio margen de crecimiento. Por sectores, el vino verá reducido su arancel del 150% al 20% en la gama premium y al 30% en la media. Los licores pasarán del 150% al 40% y la cerveza del 110% al 50%. Productos como el aceite de oliva, la margarina y otros aceites vegetales eliminarán por completo sus gravámenes, al igual que los alimentos procesados -pan, pasta, bollería, chocolate o comida para mascotas- y los zumos y cervezas sin alcohol, cuyos aranceles actuales llegan al 50% y 55%. En el ámbito cárnico, la carne de ovino pasará de un 33% a un 0%, mientras que los embutidos y elaborados reducirán su tasa del 110% al 50%. En frutas, productos como el kiwi o la pera verán caer su arancel del 33% al 10% dentro de un cupo determinado. Según Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics, el impacto inicial del acuerdo será limitado debido a que los canales comerciales aún están poco desarrollados. No obstante, subraya que el potencial es enorme, dada la dimensión del mercado indio y sus perspectivas de crecimiento, que a medio y largo plazo podrían convertir este pacto en un acuerdo incluso más relevante que el firmado con Mercosur.

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(El País, 28-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE revisará los criterios de concesión de hipotecas de los bancos para evitar una nueva burbuja inmobiliaria

El Banco Central Europeo (BCE) quiere evitar a toda costa que se repitan los desequilibrios que sacudieron al sistema financiero mundial en 2008. Con ese objetivo, el supervisor bancario único de la zona euro prepara una revisión generalizada de los criterios de concesión y de los precios aplicados a las hipotecas en todas las entidades bajo su supervisión. Esta iniciativa llega en pleno endurecimiento de la competencia hipotecaria -ya cuestionada públicamente por algunos altos directivos del sector- y en un contexto de fuerte encarecimiento de la vivienda en países como España, lo que ha complicado especialmente el acceso a la compra para los jóvenes. Los bancos en los que el BCE identifique deficiencias podrían enfrentarse a advertencias, sanciones económicas o incluso a exigencias de capital superiores a las habituales. El control del crédito concedido hoy para evitar un repunte de la morosidad en el futuro figura entre las prioridades supervisoras fijadas por el BCE para el periodo 2026-2028. En un documento oficial, la institución presidida por Christine Lagarde subraya la necesidad de que las entidades apliquen y mantengan "estándares crediticios robustos y precios ajustados al riesgo". España destaca, además, como uno de los mercados con los tipos hipotecarios más bajos de Europa. En ese mismo texto, el BCE anuncia la puesta en marcha de una denominada "revisión temática" sobre los estándares de concesión de crédito y sobre las estrategias de las entidades para afrontar posibles pérdidas futuras. Este tipo de revisión implica, fundamentalmente, el análisis de la información disponible y, si fuera necesario, la solicitud de datos adicionales a los bancos. Se trata más de un ejercicio de supervisión basada en datos que de una inspección presencial, con el objetivo de comprobar que las entidades no relajan sus criterios al otorgar nuevos préstamos y que evalúan adecuadamente los riesgos del entorno, especialmente ante un posible deterioro de la coyuntura económica global. El documento de prioridades supervisoras también contempla examinar con mayor detalle los criterios utilizados para conceder estos préstamos e incluso deja abierta la posibilidad de llevar a cabo inspecciones específicas sobre el riesgo de crédito, centradas en el origen de las hipotecas. Como resultado de estas actuaciones, el supervisor advierte de que, en aquellos bancos donde se detecten vulnerabilidades, podrá adoptar medidas correctoras o intensificar la supervisión. Entre las herramientas a su disposición se encuentran la imposición de sanciones temporales -hasta que se subsanen las deficiencias- y la consideración de estas debilidades a la hora de fijar los requerimientos mínimos de capital. Mariano Lasarte, socio responsable del sector financiero de KPMG en España, explica que entre las principales preocupaciones del BCE se sitúan tanto el cumplimiento de los criterios de concesión de nuevo crédito -ante el riesgo de que las operaciones actuales se conviertan en la morosidad del mañana- como la adecuada fijación de precios y costes, clave para la rentabilidad de las entidades. Según apunta, el BCE llevará a cabo una revisión transversal de estos criterios y precios, de la que previsiblemente surgirán buenas prácticas que acabarán influyendo en las guías de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en un horizonte de tres o cuatro años. Todo ello se produce en un escenario marcado por meses de fuertes subidas en el precio de la vivienda, que ya se sitúa en niveles cercanos a los previos al estallido de la anterior burbuja inmobiliaria, y por una intensa competencia entre los bancos para captar clientes hipotecarios. Las entidades señalan que el desajuste entre la oferta y la demanda de viviendas está impulsando tanto la compra de inmuebles como la solicitud de financiación, lo que presiona a la baja los precios de los préstamos. Esta dinámica ha sido duramente cuestionada por algunos de los máximos responsables de la banca española. La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, calificó recientemente el mercado hipotecario de "irracional e ilógico" durante la presentación de resultados del banco, y advirtió de que algunas ofertas -especialmente las hipotecas a tipo fijo con intereses muy inferiores al euríbor- pueden convertirse en un problema para las entidades que acumulen grandes carteras a esos niveles. En la misma línea se han pronunciado anteriormente el consejero delegado de Santander, Héctor Grisi, y el de BBVA, Onur Genç. La preocupación no se limita al ámbito bancario y también ha llegado al Banco de España. Según ha trascendido, la institución dirigida por José Luis Escrivá analiza la posibilidad de aplicar medidas adicionales, conocidas en el sector como borrower-based measures, destinadas a limitar la concesión de hipotecas de mayor riesgo. En concreto, se estudian restricciones relacionadas con la proporción entre el valor del inmueble y el importe del préstamo, la relación entre la deuda y los ingresos del prestatario, el coste financiero del crédito y el plazo de amortización. Aunque el Banco de España dispone desde 2018 del marco legal necesario para aplicar este tipo de límites, no ha sido hasta ahora cuando ha iniciado su análisis. Se trata de una práctica ampliamente extendida en Europa y que el propio BCE está promoviendo. De hecho, solo España, Alemania e Italia no han activado aún estas medidas. Hasta el momento, el enfoque del supervisor europeo se había centrado más en desincentivar la concesión de hipotecas excesivamente arriesgadas -por ejemplo, penalizando en el capital regulatorio los préstamos que superan el 80% del valor del inmueble- que en imponer restricciones directas. Ahora, el planteamiento podría endurecerse.

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(El Periódico, 28-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los hoteles españoles baten el récord de pernoctaciones con 366,7 millones a 128 euros por habitación

El fuerte tirón del turismo en los últimos años ha convertido a la hotelería española en uno de los sectores más favorecidos por esta expansión. España ha pasado de recibir 84 millones de turistas internacionales en 2019 a cerca de 97 millones en 2025, y los datos anuales de la encuesta de ocupación hotelera del INE, publicados este martes, confirman esa evolución. Durante el último año, los hoteles contabilizaron 366,7 millones de pernoctaciones, una cifra inédita que marca un nuevo récord y que, por primera vez, supera el millón de estancias diarias de promedio. En comparación con la etapa previa a la pandemia, el número total de noches contratadas ha aumentado en 23,7 millones, un crecimiento explicado casi en su totalidad por la demanda extranjera. Entre 2019 y 2025, la media diaria de pernoctaciones se incrementó en unas 65.000. De ese aumento, cerca del 90% corresponde a turistas internacionales, con 58.500 estancias adicionales al día, mientras que los viajeros residentes apenas aportaron 6.500, el 10% del total. Esta diferencia entre el comportamiento del turismo nacional y el internacional está estrechamente vinculada al encarecimiento de los precios hoteleros. En ese periodo, la tarifa media de los cerca de 15.000 hoteles del país subió un 40%, pasando de 91 a 128 euros por noche. Este aumento ha condicionado especialmente a los viajeros nacionales, cuyo poder adquisitivo es inferior al de muchos visitantes extranjeros. En 2025, las pernoctaciones de residentes descendieron un 0,2%, hasta situarse en 121,8 millones, un nivel similar al de 2023. En cambio, el turismo internacional alcanzó un máximo histórico de 245 millones de estancias, con un crecimiento anual del 1,6%. La subida de precios también se ha reflejado en la rentabilidad del sector. El ingreso medio por habitación disponible, el revpar, aumentó un 6,3% en 2025 y alcanzó los 89,7 euros, lo que supone un incremento del 47% respecto a los niveles previos a la pandemia y un nuevo récord histórico. La actividad hotelera se concentra de forma muy notable en cuatro comunidades autónomas: Canarias, Baleares, Cataluña y Andalucía, que reúnen el 70% del total de pernoctaciones del país. Canarias lideró el ranking con 72,8 millones de estancias, el 19,8% del total, seguida de Baleares con 63,6 millones (17,3%), Cataluña con 60,7 millones (16,5%) y Andalucía con 57,1 millones (15,5%). En Baleares y Canarias la dependencia del turismo extranjero es especialmente elevada, ya que representa el 92% y el 88% de las pernoctaciones, respectivamente. A escala más local, la presión turística se concentra con mayor intensidad en Mallorca, donde se registraron 50 millones de pernoctaciones y el 94% correspondió a visitantes internacionales. Le siguen la isla de Tenerife, con 26,2 millones de estancias y un 86,2% de turistas extranjeros, y el área de Barcelona, que alcanzó los 23 millones de noches, de las cuales el 87% fueron de viajeros procedentes de otros países.

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(Expansión, 27-01-2026) | Fiscal

Hacienda pierde hasta 51.000 millones anuales por las rentas no declaradas al Fisco

Los ingresos que los contribuyentes dejan de declarar a la Agencia Tributaria alcanzan en España unos 112.000 millones de euros anuales, una cantidad que, de aflorar, podría generar hasta 51.000 millones de euros adicionales en recaudación. Esta es la estimación presentada este lunes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en un informe sobre evasión fiscal, en el que se constata que el cumplimiento tributario ha mejorado de forma notable en las últimas dos décadas, aunque todavía se sitúa por debajo del nivel de otros países del entorno. El estudio, firmado por los investigadores Jaime Vallés y Anabel Zárate, de la Universidad de Zaragoza, examina la denominada "brecha fiscal" derivada de aquellos trabajadores, inversores, arrendadores y empresarios que, de forma intencionada, no comunican a Hacienda la totalidad de sus ingresos, no presentan la declaración del IRPF o abonan solo una parte de la cuota que les corresponde. Esta estimación se centra exclusivamente en el fraude del impuesto sobre la renta y no debe confundirse con el concepto de economía sumergida, que incluye además actividades ilegales, empleo irregular, servicios sin facturar y otros tributos distintos del IRPF. El análisis, que abarca el periodo comprendido entre 2003 y 2022, muestra una evolución positiva en el grado de declaración de las rentas. Si a comienzos de siglo se declaraba aproximadamente entre el 70% y el 75% de los ingresos reales, en la actualidad ese porcentaje se sitúa en torno al 80%-85%. Aun así, el volumen de rentas ocultas continúa siendo elevado y en 2022 aumentó más de un 7%, hasta alcanzar los 112.000 millones de euros. Con estos datos, Fedea estima que la pérdida bruta de recaudación asociada a la brecha fiscal del IRPF se situó ese año entre 21.000 y 51.000 millones de euros, dependiendo del tipo impositivo aplicable a las rentas no declaradas, que puede oscilar entre el 19% y el 47% según el tramo del impuesto. En términos macroeconómicos, esta merma equivale a entre 1,5 y 3,7 puntos del PIB. No obstante, una parte de este impacto se compensa gracias a las actuaciones de control de la Agencia Tributaria. En 2022, Hacienda logró recuperar alrededor de 10.000 millones de euros mediante inspecciones y comprobaciones, lo que reduce el coste neto de la evasión fiscal a un rango de entre 11.300 y 41.300 millones de euros, es decir, entre el 0,8% y el 3% del PIB. En comparación internacional, el informe señala que el peso del fraude fiscal neto sobre el PIB es superior al observado en países como Reino Unido, Suecia o Canadá, aunque se sitúa en niveles similares a los de Italia, Estados Unidos o Australia. Según Fedea, incluso en la hipótesis más prudente, la brecha fiscal del IRPF representa un volumen de recursos equiparable al de algunas de las principales partidas de gasto público. Por ello, el estudio alerta de las relevantes implicaciones sociales y económicas del fenómeno, tanto en términos de eficiencia y equidad como de sostenibilidad de las finanzas públicas. El informe destaca que las rentas del trabajo son las que presentan mayores niveles de cumplimiento, con tasas de declaración superiores al 90%. Esta elevada fidelidad se explica, en gran medida, por el sistema de retenciones en origen, que limita de forma muy efectiva la posibilidad de ocultar ingresos. En cambio, las rentas no laborales, que cuentan con menor trazabilidad, registran porcentajes de declaración significativamente más bajos, cercanos a la mitad de los ingresos reales. En concreto, solo se declara el 54,5% de las rentas procedentes del alquiler de inmuebles, mientras que los ingresos del capital mobiliario -como los derivados de fondos de inversión, depósitos bancarios o dividendos- se comunican a Hacienda en apenas un 57% de los casos. Como conclusión, Fedea insta a la Agencia Tributaria a implantar controles periódicos y sistemáticos sobre las rentas no declaradas, siguiendo el modelo de otros países que elaboran estimaciones oficiales de forma recurrente para combatir el fraude fiscal.

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(El País, 27-01-2026) | Fiscal

El Gobierno ofrece incentivos en el impuesto de sociedades para atraer a la patronal al acuerdo del salario mínimo

El Ministerio de Trabajo y el de Hacienda han alcanzado finalmente un acuerdo sobre un sistema de incentivos fiscales ligado a las subidas salariales dentro del impuesto de sociedades, con el objetivo de atraer a las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme al pacto para incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI). El Gobierno plantea un aumento del 3,1% en 2026, lo que situaría el SMI en 1.221 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas. Esta es la propuesta definitiva que el Ministerio de Trabajo trasladó este lunes a los agentes sociales, quienes deberán consultar ahora con sus respectivos órganos de dirección antes de pronunciarse, según fuentes presentes en el encuentro. En cualquier caso, el porcentaje de incremento no está sujeto a cambios y será aprobado próximamente por el Consejo de Ministros. Además, la subida tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, según ha indicado Trabajo. Por el momento, la iniciativa de ofrecer bonificaciones fiscales a las empresas que mejoren los salarios no ha convencido a la patronal. La representante empresarial en la negociación, Rosa Santos, ha señalado que la propuesta se ha presentado únicamente de forma verbal y "sin ningún nivel de concreción", lo que dificulta su evaluación. De la escasa información disponible se desprende que la bonificación se aplicaría en el impuesto de sociedades y estaría dirigida a todas las empresas que incrementen el salario mínimo. No obstante, Santos ha criticado que el acceso a este incentivo estaría condicionado a dos requisitos que consideran "inasumibles": garantizar el mantenimiento del empleo y elevar los salarios más bajos de las tablas salariales de los convenios colectivos por encima del SMI. La rebaja fiscal tiene dos condiciones: que las empresas que se adhieran mantengan la plantilla y que se "impulsen" subidas salariales por encima del SMI a partir de 2027, según ha señalado a la salida del encuentro Rosa Santos, directora del Departamento de Relaciones Laborales de CEOE. El jueves por la tarde se realizará otra reunión tripartita para continuar debatiendo la nueva propuesta. Los sindicatos, por su parte, también reclaman mayor claridad y detectan diversas "lagunas" en la propuesta que deberán resolverse. En este contexto, han confirmado que el Gobierno remitirá en los próximos días más detalles y que el jueves por la tarde se celebrará una nueva reunión para decidir si es posible cerrar un acuerdo a tres bandas. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado en declaraciones a los medios posteriores a la reunión que la bonificación afectaría solo "a las empresas que tienen a más trabajadores cobrando el SMI" y que la fórmula que se diseña para aplicar la rebaja fiscal "debe ser un incentivo para que las empresas suban los salarios". "No se trata de premiar a quienes tienen a sus trabajadores en el SMI, se trata de estimular para que abandonen las escalas tan bajas. Sí a la compensación, pero coordinada con un incentivo que no sea negativo", ha añadido Pérez Rey. El secretario de Estado ha concretado que se está diseñando "un sistema" con el Ministerio de Hacienda para que las empresas afectadas "abandonen las escalas del SMI" en sus convenios colectivos y "les suban el salario a sus trabajadores". La oferta de incentivos fiscales presentada este lunes se produce tras una negociación especialmente tensa entre Trabajo y Hacienda sobre la posibilidad de que el salario mínimo comenzara a tributar este año. Finalmente, ambos ministerios acordaron que, en la práctica, el SMI continúe exento de tributación. Para ello, Hacienda prevé actualizar la deducción aplicada el año pasado, de manera que ningún trabajador que supere el mínimo exento por sus circunstancias personales tenga que pagar impuestos.

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(La Vanguardia, 27-01-2026) | Fiscal

El fraude en el IRPF por rentas ocultas alcanza los 112.000 millones

El fraude en el IRPF continúa siendo elevado en España, aunque en los últimos años se aprecia una mejora en el grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales. En 2022, las rentas no declaradas por trabajadores, autónomos, empresarios, inversores y propietarios alcanzaron los 112.000 millones de euros, según un estudio exhaustivo publicado por Fedea y elaborado por Jaime Vallés y Anabel Zárate. Esta cifra supone un aumento respecto a 2020 y 2021, ejercicios marcados por la caída de la actividad económica, pero representa una reducción significativa frente a 2019, cuando el fraude ascendía a 140.000 millones. El informe mide la denominada brecha fiscal, entendida como la parte de la renta que no se declara en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a lo largo del tiempo. Los autores precisan que la brecha fiscal es una "estimación del límite superior del fraude", ya que incluye no solo la ocultación intencionada de ingresos, sino también prácticas de elusión fiscal y discrepancias estadísticas o conceptuales entre distintas fuentes tributarias. En cualquier caso, subrayan que este concepto no debe equipararse a la economía sumergida, que engloba además actividades ilegales, empleo no registrado y otros tributos distintos al IRPF. El análisis detalla el nivel de cumplimiento según el tipo de renta. Las rentas del trabajo presentan los mejores resultados: alrededor del 90% de los trabajadores declara correctamente sus ingresos. Según el estudio, este alto grado de cumplimiento se explica por el sistema de retenciones en origen, que reduce de forma muy eficaz las posibilidades de ocultación. En cambio, las rentas distintas del trabajo cuentan con una menor trazabilidad administrativa y, en consecuencia, muestran tasas de cumplimiento sensiblemente más bajas. En este sentido, las rentas procedentes de actividades económicas y del capital inmobiliario concentran el mayor volumen de fraude -o brecha fiscal-. En 2022, estas fuentes de ingresos acumularon cerca de la mitad de la renta no declarada, con unos 54.000 millones ocultos a Hacienda. Por su parte, la brecha correspondiente al capital mobiliario ascendió a 12.500 millones de euros ese mismo año. A partir de estas estimaciones, el informe de Fedea calcula una pérdida de recaudación de entre 21.000 y 51.000 millones de euros en 2022, lo que equivale a entre el 1,5% y el 3,7% del PIB de ese ejercicio. Aunque los resultados reflejan un empeoramiento respecto a 2020, se mantienen claramente por debajo de los niveles máximos de fraude registrados en el pasado y mejoran las cifras anteriores a la pandemia. En 2021, la renta fraudulenta se situó en 61.000 millones, mientras que en 2012 y 2013 la merma de ingresos alcanzó los 67.000 y 68.000 millones, respectivamente. El estudio concluye, por tanto, que existe una mejora general del cumplimiento fiscal en comparación con las dos primeras décadas del siglo XXI. En 2006, el fraude se estimaba en 157.000 millones de euros y en 2019 en 140.000 millones. Durante la pandemia, la caída de la actividad económica provocó un desplome de las rentas ocultas, que descendieron hasta los 91.000 millones. Desde una perspectiva territorial, el informe destaca que se mantienen patrones regionales estables. Madrid, Cantabria y la Comunidad Valenciana registran niveles de cumplimiento superiores a la media nacional, mientras que Andalucía, Canarias, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y La Rioja presentan de forma recurrente peores resultados. Según los autores, esto se explica probablemente por el mayor peso de sectores tradicionales con menor trazabilidad y por factores geográficos como la insularidad o la dispersión poblacional, que dificultan el control fiscal. Las mayores mejoras absolutas en el cumplimiento del conjunto de rentas se observan en Canarias, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha, mientras que los avances más modestos se dan en Asturias y Aragón. Cataluña se sitúa en posiciones intermedias en todos los indicadores analizados. En paralelo, el Ministerio de Hacienda ha intensificado en los últimos años las actuaciones para combatir la ocultación de ingresos. Como resultado, la Agencia Tributaria logró recuperar en 2022 cerca de 10.000 millones de euros correspondientes al IRPF.

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(El Confidencial, 27-01-2026) | Fiscal

La Comunidad de Madrid aplicará en 2027 la rebaja de medio punto en el IRPF prometida en las últimas elecciones

Isabel Díaz Ayuso ya perfila la fase final de la legislatura con el anuncio de nuevas iniciativas. La presidenta de la Comunidad de Madrid avanzó este lunes, durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, que la reducción de medio punto en el IRPF comprometida en 2023 comenzará a aplicarse en 2027 y supondrá un ahorro global de unos 500 millones de euros para los madrileños. Asimismo, explicó que el Ejecutivo autonómico está elaborando un nuevo reglamento de vivienda que impedirá acceder a una vivienda protegida durante cinco años a quienes hayan sido condenados por ocupación ilegal. "Frente a la corrupción del Gobierno de la Nación, la Comunidad de Madrid funciona", afirmó Ayuso, quien aprovechó su intervención para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la gestión del sistema ferroviario, una semana después de la tragedia ocurrida en Adamuz. La presidenta regional alternó su habitual discurso político, de tono muy crítico, con dos anuncios clave de cara al tramo final de su mandato. Con este nuevo tijeretazo impositivo, cuya entrada en vigor está prevista para 2027 con el fin de que surta efecto en la declaración de la Renta que se efectúe en 2028, el tipo mínimo del IRPF autonómico se situará en el 8%, frente al 8,5% vigente, y el máximo en el 20%, en contraste con el 20,5% actual, afianzando a Madrid como la autonomía con el IRPF más bajo de toda España. "Los madrileños se van a beneficiar de esta medida con la que queremos ayudar a la economía de una sociedad que por méritos propios ha hecho de la Comunidad de Madrid una de las mejores del mundo y que siempre está y estará al servicio de España a través de su sanidad, de sus universidades, de sus empresas", afirmó Ayuso. La rebaja del tramo autonómico del IRPF es una promesa electoral que había quedado pendiente tras la reducción aplicada en 2022. Desde el Ejecutivo madrileño señalan que la medida entrará en vigor el próximo año y situará el tipo mínimo en el 8% y el máximo en el 20%. Según el Gobierno regional, el impacto será especialmente favorable para las rentas más bajas y con menor capacidad económica, ya que el 71% de los beneficiarios tendrá ingresos inferiores a los 35.000 euros anuales, cifra que coincide con el salario medio en la Comunidad de Madrid. El Gobierno autonómico estima que casi tres millones de contribuyentes se verán beneficiados por esta rebaja, que se suma a otras reducciones fiscales ya aprobadas, como las relacionadas con el acceso a la vivienda, en contraste con la política tributaria del Ejecutivo central. Además, desde la Puerta del Sol calculan que el ahorro fiscal puede alcanzar hasta 635 euros en comparación con Cataluña y 555 euros respecto a Castilla-La Mancha. A fecha de hoy y a expensas de que en próximos meses otras CCAA puedan mover ficha, Madrid se refuerza como la región con el IRPF más bajo de España, con un tipo máximo (sumados los tramos estatal y autonómico) que en 2027 se situará en el 44,5% y un mínimo que será del 17,5%. Estos tipos contrastan con el 54% actual de la Comunidad Valenciana, el más alto de todo el país; el 52% de Navarra (aunque su mínimo es del 13%); el 51,5% de La Rioja; el 50,5% de Canarias; o el 50% de Cataluña, Aragón o Asturias. Madrid siempre ha defendido que su política de moderación fiscal es esencial para mantener bien engrasada la maquinaria económica de la región, con la premisa de que cuanto más dinero quede en el bolsillo de los contribuyentes más crece la actividad, generando oportunidades y empleos, lo que a la larga se traduce en mayor recaudación. De hecho, tras la anterior rebaja de medio punto, con efectos en el IRPF de 2022 y a la que se sumó ese año la primera deflactación del IRPF aplicada por el ejecutivo regional, la Comunidad recaudó 13.392 millones del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta, un 7,2% más que el año anterior o, si se prefiere, un aumento de 897 millones. La eficacia de este modelo, que aglutina 34 rebajas de impuestos solo desde 2019, con un ahorro global estimado de 40.000 millones de euros (a razón de 10.575 euros por madrileño), se plasma en que Madrid ha consolidado su liderazgo como mayor economía regional del país, representando cerca del 20% del PIB nacional, liderando la creación de empleo y captando el grueso de la inversión extranjera que apuesta por España. La segunda iniciativa anunciada este lunes se refiere al futuro reglamento de vivienda, actualmente en fase de tramitación. La principal novedad será el endurecimiento de las medidas contra la ocupación ilegal. Según avanzó Ayuso, el texto establecerá que las personas con una condena firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda no podrán solicitar una vivienda protegida si los hechos se produjeron en los cinco años previos. También se exigirá acreditar un empadronamiento mínimo de diez años en la Comunidad de Madrid. "Vamos a seguir intensificando la lucha contra la ocupación, a pesar de contar con competencias limitadas", aseguró la presidenta madrileña, quien recordó que la Comunidad de Madrid prevé poner en el mercado más de 14.000 viviendas de alquiler asequible dentro del Plan Vive.

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(El Economista, 27-01-2026) | Fiscal

La Audiencia Nacional exime a las firmas extranjeras de tributar dividendos si están en pérdidas

La Audiencia Nacional (AN) ha ratificado que las empresas extranjeras no están obligadas a tributar en España por los dividendos percibidos de sociedades cotizadas españolas cuando registran pérdidas en su país de origen. Esta interpretación supone un nuevo precedente para los contribuyentes no residentes y se recoge en dos resoluciones judiciales que aplican la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en diciembre de 2024. Como consecuencia, se abre la posibilidad de que la Agencia Tributaria deba devolver las retenciones practicadas sobre esos dividendos, junto con los correspondientes intereses de demora. En una de las sentencias más recientes, fechada el 12 de diciembre, la Audiencia Nacional resuelve el contencioso entre Credit Suisse y la Hacienda española, que había exigido al banco suizo tributar por los dividendos obtenidos de empresas españolas entre 2012 y 2015, a pesar de que el grupo registraba pérdidas a nivel global en ese periodo. La entidad alegó que esta tributación suponía un trato desigual respecto a las entidades financieras residentes en España, a las que se les reembolsa la retención sobre dividendos cuando se encuentran en situación de pérdidas, y que además vulneraba el principio de libre circulación de capitales. La Audiencia Nacional respalda esta tesis al recordar que el TJUE concluyó que la diferencia de trato entre residentes y no residentes en la tributación de dividendos en situaciones de pérdidas contraviene la normativa comunitaria, ya que disuade a las empresas extranjeras de invertir en compañías españolas. Aunque el pronunciamiento europeo se refería específicamente al Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) en el territorio histórico de Vizcaya, la Agencia Tributaria utilizó este argumento para oponerse a su aplicación al régimen estatal. Hacienda defendió que los marcos normativos no eran comparables y que la sentencia del TJUE se circunscribía a ejercicios distintos y a la normativa foral vizcaína. Sin embargo, la Audiencia Nacional rechaza esta interpretación y afirma que no se ha demostrado que la legislación aplicable sea diferente, por lo que la doctrina del TJUE debe extenderse al régimen general del IRNR en España, al considerar que este también vulnera la libre circulación de capitales. La sentencia añade que, en caso de que la Administración tenga dudas sobre si la empresa extranjera se encuentra realmente en pérdidas, dispone de suficientes instrumentos de cooperación internacional para verificarlo. Entre ellos cita los convenios para evitar la doble imposición, la Directiva europea sobre cooperación administrativa en materia fiscal (DAC) y el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de Estrasburgo. Este pronunciamiento se enmarca en una tendencia más amplia de los tribunales españoles a corregir situaciones de discriminación fiscal que afectan a contribuyentes extranjeros. De hecho, la Audiencia Nacional ya dictaminó el pasado mes de julio que Hacienda discriminaba a contribuyentes extracomunitarios propietarios de viviendas en España destinadas al alquiler, al impedirles deducir gastos asociados como los de comunidad, seguros o reformas. No obstante, esta resolución ha sido recurrida y será el Tribunal Supremo quien se pronuncie definitivamente. Además, el Alto Tribunal ya resolvió en dos sentencias, de 29 de octubre y 3 de noviembre de 2025, que la normativa española vulneraba la libre circulación de capitales al impedir a los no residentes aplicar el denominado escudo fiscal en el Impuesto sobre el Patrimonio, un mecanismo que permite reducir la cuota del impuesto cuando esta absorbe una parte significativa de las rentas obtenidas por el contribuyente en el ejercicio.

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(El País, 27-01-2026) | Laboral

En el aire la revalorización de las pensiones

Un año después, el escenario vuelve a repetirse casi sin cambios. El Ejecutivo no tiene garantizado que este martes el Congreso convalide los decretos aprobados por el Consejo de Ministros durante las pasadas Navidades, que incluyen la revalorización inmediata de las pensiones -un 2,7% en la mayoría de los casos-, la prórroga de varias ayudas dirigidas a los hogares más vulnerables y las subvenciones al transporte público. Al igual que entonces, Junts mantiene en suspenso su respaldo a este paquete de medidas y todo apunta a que podría votar en contra, un movimiento decisivo teniendo en cuenta el rechazo ya anunciado por el PP. Las conversaciones continúan abiertas y el partido independentista aún no ha revelado todas sus cartas. Para abordar esta situación, el Congreso ha convocado un pleno extraordinario de carácter ómnibus, ya que el mes de enero no es hábil parlamentariamente. En esa sesión se debatirá la convalidación de dos reales decretos aprobados en el último Consejo de Ministros de 2025, celebrado el 23 de diciembre, que deben ser ratificados por las Cortes en el plazo legal de un mes. Ambos textos recogen medidas clave de la denominada "agenda social" del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, como recordó este lunes la portavoz socialista, Montse Mínguez, quien apeló a la responsabilidad del conjunto de los grupos para evitar que decaigan. El primero de los decretos contempla la actualización anual de las pensiones, con una subida general del 2,7% y aumentos de entre el 7% y el 11% para las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. También incluye la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, límites a los cortes de suministros básicos como electricidad, agua o gas, la prórroga del bono social eléctrico y la ampliación de ayudas para los afectados por la dana, entre otras medidas. El segundo decreto somete a votación la continuidad de las ayudas destinadas a fomentar el uso del transporte público mediante la bonificación de abonos y títulos multiviaje. Ninguno de los dos cuenta, por ahora, con los apoyos suficientes asegurados. PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG defienden la urgencia de aprobar ambos decretos. Incluso Podemos, pese a su creciente distanciamiento del resto de socios de investidura, los considera necesarios. Su portavoz, Pablo Fernández, afirmó que convalidarlos es "una obligación moral", ya que no hacerlo supondría un grave perjuicio para miles de familias, aunque matizó que se trata de medidas de mínimos que no compensan otras carencias del Gobierno en política social y de vivienda. En el lado contrario, el PP volverá a votar en contra, alineándose una vez más con Vox, como ya hizo en la votación del año pasado. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, adelantó esta postura en una entrevista radiofónica y posteriormente la confirmó el responsable de Hacienda del partido, Juan Bravo, quien recordó que los populares registraron en noviembre una iniciativa para desvincular la revalorización de las pensiones del resto del paquete. Según el PP, si el Gobierno aceptara tramitar esa subida por separado, el problema quedaría resuelto. Además, los populares cuestionaron el decreto relativo al transporte público y plantearon la necesidad de reflexionar sobre si esos recursos deberían destinarse a colectivos concretos o invertirse en seguridad y mantenimiento de la red ferroviaria, especialmente tras el accidente de Adamuz. Por su parte, Junts ha optado por no desvelar de forma explícita el sentido de su voto, aunque ha dejado entrever su rechazo a medidas que no hayan sido previamente pactadas de manera bilateral. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, criticó lo que considera una práctica habitual del Gobierno: utilizar a los pensionistas como elemento de presión política. En la misma línea que el PP, Junts registró su propia propuesta para actualizar las pensiones sin vincularlas a otros asuntos ajenos. Desde la dirección del partido de Carles Puigdemont señalaban este lunes que preferían esperar a ver qué decretos llegan finalmente al pleno para fijar su posición definitiva. Mientras tanto, en el grupo socialista insistían en mantener abiertas las negociaciones hasta el último momento, sin descartar acuerdos, dada la relevancia de las medidas en juego. Ni el PSOE ni el Ejecutivo han aclarado qué pasos darán en caso de que los decretos no superen la votación y queden sin efecto.

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