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(Expansión, 23-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El decreto de prórroga de alquileres forzado por Sumar lleva visos de decaer en un mes

El Gobierno de coalición integrado por PSOE y Sumar vivió el viernes una fuerte crisis interna cuando el socio minoritario se negó a participar en el Consejo de Ministros hasta lograr que se incorporaran medidas sobre vivienda dentro del plan para hacer frente al impacto económico de la guerra en Irán. Esta negativa provocó un retraso de más de dos horas en el inicio de la reunión, prevista para las 09:30, y terminó con la aprobación de un segundo real decreto centrado en la congelación de los alquileres, aunque con pocas probabilidades de ser convalidado por el Parlamento, lo que implicaría su caída en el plazo de un mes. Por un lado, el Ejecutivo aprobó el paquete principal de 80 medidas, con una dotación de 5.000 millones de euros para responder a la crisis en Oriente Próximo. Este plan se someterá a votación la próxima semana mediante un trámite urgente y, en principio, cuenta con opciones de salir adelante. De hecho, tanto el Partido Popular como Junts -que junto a Vox han rechazado anteriormente otros decretos del Gobierno- mostraron disposición a apoyarlo al considerar que incluye rebajas fiscales similares a las que venían defendiendo. El segundo decreto contempla la ampliación automática durante dos años de los contratos de alquiler que finalicen en 2026 y 2027, además de fijar un límite del 2% a las subidas anuales de las rentas. El propio presidente, Pedro Sánchez, restó relevancia al conflicto interno, aunque admitió que esta segunda norma no cuenta, por ahora, con los apoyos necesarios para ser aprobada en el Congreso. Aunque entrará en vigor tras su publicación en el BOE, previsiblemente perderá efecto en un mes si no logra la convalidación parlamentaria. Por el momento, el Partido Popular ya ha anunciado su rechazo frontal, calificando la situación como un "chantaje" por parte de Sumar, mientras que otras formaciones como Junts y el PNV no han fijado aún una posición clara. La reacción del ámbito empresarial también ha sido muy crítica. Las organizaciones CEOE y Cepyme expresaron su oposición a estas medidas, al considerar que imponen restricciones injustificadas sobre el mercado del alquiler, afectan al derecho a la propiedad privada y generan inseguridad jurídica. Según las patronales, este tipo de intervenciones, incluidas dentro de un paquete extraordinario ligado a la crisis energética, desincentivan la oferta de vivienda, frenan la inversión y pueden agravar las dificultades de acceso en lugar de resolverlas. Además, atribuyen la aprobación del decreto a una presión política dentro del propio Gobierno. Desde Sumar, sin embargo, defendieron la medida. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que su prioridad era proteger a la ciudadanía frente al principal problema actual, la vivienda, y destacó que se negoció hasta el último momento para lograrlo. Según sus estimaciones, la iniciativa beneficiará a unos 2,7 millones de personas. Por su parte, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, calificó el decreto como muy positivo y afirmó que el Gobierno sale reforzado tras este episodio.

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(Expansión, 23-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El FMI pide a España quitar el tope a los alquileres ante la caída de oferta

El Fondo Monetario Internacional ha finalizado su revisión periódica de la economía española en el marco del Artículo IV. En el informe publicado este viernes, advierte de la conveniencia de acelerar el ajuste de las cuentas públicas, especialmente ante el incremento previsto del gasto en pensiones en los próximos años. En sus conclusiones, elaboradas por Romain Duval, el organismo también alude al impacto de la guerra en Irán sobre los precios energéticos, poco después de que el Gobierno anunciara un paquete de medidas para hacer frente a esta situación. A su juicio, las rebajas fiscales destinadas a amortiguar el encarecimiento de la energía deben ser temporales, estar bien dirigidas y evitar alterar el funcionamiento de los precios. A pesar del contexto internacional, el FMI considera que la economía española mantendrá un crecimiento sólido tanto este año como el siguiente. No obstante, ha revisado ligeramente a la baja sus previsiones: sitúa el avance del PIB en el 2,1% para este año, dos décimas menos que su estimación anterior, y en el 1,8% para 2027, una décima menos. En cuanto a la inflación, prevé que alcance el 3% este año, impulsada por el encarecimiento de la energía y los suministros tras el cierre del estrecho de Ormuz, y que se modere hasta el 2,2% el próximo. El organismo no descarta un escenario más negativo si el conflicto en Oriente Próximo se prolonga. Según Duval, se parte de la idea de que el impacto será temporal, pero si se convierte en permanente, las consecuencias serían más severas, con un mayor deterioro del crecimiento y un aumento más intenso de los precios. En materia fiscal, el informe insiste en la necesidad de acelerar la reducción del déficit para disponer de mayor margen de maniobra ante el aumento del gasto asociado al envejecimiento de la población. El FMI estima que el déficit del sistema de pensiones se estabilizará por encima del 2% del PIB en 2031, aunque podría incrementarse aún más en las décadas posteriores. Además, señala que España afronta uno de los mayores aumentos previstos en gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración dentro de la Unión Europea, con un incremento cercano a cuatro puntos del PIB entre 2030 y 2050. Respecto a la financiación autonómica y las recientes medidas de alivio de deuda para las comunidades autónomas, el organismo subraya que un mayor flujo de recursos desde el Estado debe ir acompañado de planes creíbles de ajuste fiscal y de una reforma de las reglas que limite de forma estricta el crecimiento del gasto, en línea con la normativa europea. También advierte de que estas decisiones implicarán, previsiblemente, subidas de impuestos o recortes de gasto a nivel estatal. En el ámbito de la vivienda, el FMI reconoce la existencia de un problema de escasez de oferta y considera que se requieren medidas más contundentes. En su opinión, sería prioritario impulsar el desarrollo urbanístico, poner a disposición más suelo para edificar y agilizar los trámites administrativos, además de facilitar el acceso a la financiación. Por último, el informe aborda la productividad, señalando diversos obstáculos que afectan a las empresas, como la falta de capital humano suficiente, las dificultades de financiación, la carga burocrática y la complejidad de los incentivos fiscales a la innovación. Según el organismo, avanzar en reformas que reduzcan estos problemas podría elevar el crecimiento anual de la productividad en torno a un cuarto de punto porcentual.

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(El País, 23-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La investigación europea del apagón apunta a fallos de Red Eléctrica, las empresas y los reguladores en España

El gran apagón que afectó a la península Ibérica el 28 de abril del año pasado fue consecuencia de una combinación de factores que coincidieron en un mismo momento. Según la investigación europea elaborada por un grupo de expertos de Entso-e, la asociación que reúne a los operadores de redes eléctricas del continente, se produjo una serie de fallos encadenados en distintos niveles del sistema: desde compañías eléctricas y centrales de generación hasta instalaciones renovables y el propio operador del sistema, junto a un marco regulatorio inadecuado. Todo ello desembocó en una caída del suministro calificada como inédita. La principal conclusión es que se trató de un problema de carácter sistémico que llevó al sistema eléctrico a un punto crítico del que no pudo recuperarse a tiempo. Incluso el proceso de reposición del suministro, que duró 16 horas y había sido valorado positivamente en un primer momento, presenta aspectos mejorables según el informe. Pocos días después del incidente, Entso-e puso en marcha un grupo de trabajo para analizar lo ocurrido. Tras un informe preliminar en octubre en el que ya se señalaba la falta de información por parte de algunas empresas, ahora se ha presentado el documento definitivo, que incluye 22 recomendaciones para evitar que se repita una situación similar. Los expertos subrayan que su objetivo no era señalar culpables, sino identificar las causas del fallo. El análisis detecta deficiencias en la gestión del sistema por parte de Red Eléctrica, especialmente en el control de la tensión, donde algunos procesos clave se realizaban de forma manual, lo que ralentizaba la toma de decisiones. Además, no existía un seguimiento en tiempo real de la potencia reactiva aportada por las centrales, un elemento esencial para mantener la estabilidad del sistema, lo que dificultó anticipar el riesgo cuando la tensión se acercó a niveles peligrosos. También se señala a las grandes compañías eléctricas, ya que varios generadores convencionales no aportaron la potencia reactiva necesaria en los momentos críticos, quedándose por debajo de lo requerido por el operador. En cuanto a las energías renovables, el informe apunta que su funcionamiento con un factor de potencia fijo limitó su capacidad de respuesta ante cambios en la tensión. A esto se sumó que numerosas instalaciones se desconectaron automáticamente antes de alcanzar los límites permitidos, lo que agravó la inestabilidad justo antes del apagón. El documento también identifica problemas en el marco regulatorio. En España, el rango de tensión permitido en la red de alta tensión es más amplio que en otros países europeos, lo que reduce el margen de seguridad entre el funcionamiento normal y el punto en el que se activan las desconexiones automáticas. Además, se detecta la ausencia de incentivos y sanciones que obliguen a las centrales a cumplir con ciertos requisitos de comportamiento dinámico. Otro factor que contribuyó al incidente fue el autoconsumo. Durante las oscilaciones de tensión, numerosas pequeñas instalaciones solares se desconectaron de forma automática, provocando un efecto en cadena que incrementó la inestabilidad del sistema. Los expertos también critican la dificultad para acceder a datos clave durante la investigación, una limitación que ya habían señalado en su informe preliminar. El documento final incluye recomendaciones agrupadas en cinco áreas: control de la tensión, gestión de oscilaciones, desconexiones, planes de contingencia y recuperación del sistema. Tras la publicación del informe, Red Eléctrica ha defendido su actuación, asegurando que el apagón fue resultado de múltiples factores y que no puede atribuirse a un único responsable. La compañía sostiene que ya en su informe anterior aportó pruebas de que actuó conforme a la normativa en todo momento, antes, durante y después del incidente.

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(El Confidencial, 23-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE anticipa una recesión e inflación al 6% si la guerra en Oriente Medio se enquista

El precio del petróleo llegó a alcanzar el jueves los 119 dólares por barril, impulsado por el ataque al yacimiento de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Qatar. A este factor se suma el riesgo de que el conflicto se prolongue y el temor a daños en infraestructuras energéticas clave, lo que ha generado un escenario más negativo del que anticipaban los mercados hace apenas unos días. El Banco Central Europeo ha reaccionado a esta situación revisando sus previsiones económicas. Aunque su escenario principal apunta a una futura moderación de los precios, ha incorporado dos supuestos alternativos que reflejan los riesgos actuales. En el más adverso, se contempla que el barril de Brent llegue a los 140 dólares y que descienda lentamente a lo largo de los próximos años, situándose en torno a los 100 dólares a finales de 2028, lo que implicaría una crisis energética intensa y prolongada. Bajo este supuesto, la economía europea podría entrar en recesión en el corto plazo, acompañada de un fuerte repunte de la inflación. Este planteamiento evidencia que el impacto económico del encarecimiento energético no es progresivo, sino que se intensifica cuanto más se alarga el conflicto. En ese escenario más negativo, la eurozona registraría caídas del PIB en los próximos trimestres, con descensos del 0,3% y del 0,1%, lo que confirma que la crisis actual podría derivar en una contracción económica. No obstante, este no es el escenario central del BCE, que prevé que la economía siga creciendo, aunque a un ritmo más lento, con avances mínimos en algunos periodos. El encarecimiento del petróleo también tendría consecuencias importantes sobre los precios. La inflación, que antes de la guerra rondaba el 1,9%, podría superar el 6% a comienzos de 2027. En paralelo, los costes energéticos para los hogares se dispararían, con incrementos superiores al 25%, y no empezarían a moderarse hasta mediados de ese mismo año. Frente a este panorama, el escenario base del BCE es más optimista. Parte de la idea de que el conflicto será breve y que el suministro energético se normalizará relativamente rápido. En ese caso, el repunte de la inflación sería limitado, alcanzando su máximo en el segundo trimestre y situándose ligeramente por encima del 3%. Además, el BCE considera que este aumento de los precios no se trasladaría al resto de la economía, ya que no afectaría a la inflación subyacente. Esto implica que las empresas absorberían el incremento de costes reduciendo sus márgenes, en lugar de trasladarlo a los consumidores. En conjunto, la institución mantiene por ahora la expectativa de que el impacto de la crisis se concentre en el ámbito energético y sea limitado en el tiempo, lo que explica que no tenga prisa por endurecer su política monetaria. Sin embargo, la posibilidad de escenarios más negativos ha incrementado la inquietud en los mercados. Actualmente, los inversores anticipan entre dos y tres subidas de los tipos de interés por parte del BCE antes de otoño. Aunque su presidenta, Christine Lagarde, ha dejado claro que se intentará evitar un endurecimiento si no es imprescindible, también ha subrayado que el organismo actuará si las expectativas de inflación comienzan a desviarse.

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(Expansión, 20-03-2026) | Fiscal

Sánchez lanza hoy un paquete acotado de rebajas fiscales a luz y carburantes

El Gobierno aprobará hoy en un Consejo de Ministros extraordinario un plan para hacer frente a las repercusiones económicas derivadas de la guerra en Irán, centrado principalmente en medidas fiscales destinadas a frenar el encarecimiento de la electricidad y los combustibles. Con este paquete, el Ejecutivo pretende mantener un delicado equilibrio: por un lado, ofrecer un alivio económico significativo a hogares y empresas; por otro, evitar un aumento excesivo del gasto público que choque con los criterios europeos; y, además, no sobrepasar las distintas líneas rojas marcadas por los partidos políticos para asegurar su aprobación parlamentaria. Este plan integral, que se ha estado negociando durante días con agentes sociales, representantes empresariales y formaciones políticas, será aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario. Posteriormente, lo presentará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha reiterado su rechazo tanto al conflicto como a sus efectos económicos. El paquete incluirá un primer bloque de medidas estructurales orientadas a reforzar la electrificación de la economía y a ampliar el uso de energías renovables, una estrategia que el Ejecutivo considera clave para amortiguar el impacto de las tensiones energéticas, especialmente tras el encarecimiento del petróleo provocado por el cierre del estrecho de Ormuz. No obstante, el protagonismo recaerá en un segundo bloque de actuaciones urgentes destinadas a aliviar la presión sobre los ingresos de las familias y la actividad empresarial, según ha señalado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En este ámbito, el Gobierno recurrirá principalmente a medidas fiscales, tomando como referencia la experiencia adquirida con la guerra en Ucrania, cuando se redujeron impuestos vinculados a la electricidad. Sin embargo, en el caso de los carburantes, se descarta recuperar la bonificación directa por litro, por lo que las alternativas pasan por ajustes en el IVA o en el Impuesto de Hidrocarburos, dentro de los límites fijados por la Unión Europea. Además, se prevé un seguimiento de los precios mediante herramientas de inteligencia artificial en colaboración con la CNMC. Más allá de las medidas generales, el Ejecutivo pondrá especial atención en los sectores más afectados por el aumento de los costes energéticos, como el transporte, la logística, la agricultura, la pesca y la industria con alto consumo eléctrico. El diseño del plan está condicionado por la negativa de la Comisión Europea a flexibilizar las reglas fiscales, lo que limita el margen para aumentar el gasto público. Asimismo, el Gobierno buscará asegurar la convalidación parlamentaria del decreto, evitando incluir medidas controvertidas como la prohibición de desahucios, que ya ha sido rechazada anteriormente. Solo se incorporarán aquellas propuestas que cuenten con un respaldo suficiente. En paralelo, el Ejecutivo ha decidido aplazar la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, argumentando que su prioridad actual es responder a la crisis derivada del conflicto en Oriente Próximo. Según Pedro Sánchez, la situación requiere centrarse en proteger a la ciudadanía ante un contexto internacional especialmente complejo. No obstante, desde el Ministerio de Economía se insiste en que la situación no alcanza la gravedad de la vivida tras el inicio de la guerra en Ucrania. Por su parte, María Jesús Montero ha confirmado que el retraso de los Presupuestos se debe a la prioridad otorgada a este decreto, en un momento en el que, además, se prepara para dejar su cargo y optar a la presidencia de Andalucía.

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(El País, 20-03-2026) | Fiscal

La Agencia Tributaria da acceso ya a los contribuyentes a los datos fiscales para preparar la declaración de la renta

La campaña de la renta está a punto de comenzar. El próximo 8 de abril se inicia el plazo oficial para presentar la declaración del IRPF -en un primer momento únicamente por internet-, aunque desde este miércoles 18 de marzo los contribuyentes ya pueden consultar sus datos fiscales, un resumen con su información personal y económica. Estos datos incluyen la identificación del contribuyente y su domicilio, así como los ingresos obtenidos por trabajo o actividad profesional, las retenciones aplicadas durante el año, posibles ganancias patrimoniales -como las derivadas de la venta de acciones- o, en su caso, pérdidas. Con esta información, la Agencia Tributaria elabora un borrador de la declaración que pone a disposición del ciudadano, por lo que resulta fundamental comprobar que todos los datos sean correctos antes de validarlo. El IRPF funciona mediante retenciones a lo largo del año, es decir, se va adelantando parte del impuesto. Al finalizar el ejercicio -en esta campaña se declaran los ingresos de 2025- se regulariza la situación: si el resultado es a pagar, significa que se ha abonado menos de lo debido y hay que ingresar la diferencia; si es a devolver, será Hacienda quien reintegre el exceso pagado. Revisar los datos fiscales es clave tanto para evitar posibles errores que puedan acarrear sanciones como para asegurarse de aplicar todas las deducciones disponibles. Por ejemplo, ingresos por alquileres o beneficios fiscales por la compra de un vehículo eléctrico o por mejoras en la eficiencia energética de la vivienda. La consulta de estos datos puede hacerse a través de la web o la aplicación de la Agencia Tributaria, utilizando sistemas de identificación como Cl@ve Móvil, certificado digital o DNI electrónico. Para acceder, es necesario obtener previamente un número de referencia de seis caracteres y confirmar el domicilio fiscal. Tras comprobar y, si procede, corregir la información, habrá que esperar al 8 de abril para presentar la declaración. Desde ese día podrá hacerse online; a partir del 29 de abril se podrán pedir citas para atención telefónica, que comenzará el 6 de mayo; y desde el 1 de junio se habilitará la opción de realizarla presencialmente en oficinas, siempre con cita previa. La campaña finalizará el 30 de junio.

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(La Vanguardia, 20-03-2026) | Fiscal

Montero avanza que España cumplió el objetivo de déficit del 2,5% en 2025

España ha logrado cumplir el objetivo de déficit fijado para 2025, situado en el 2,5% del PIB. Así lo anunció este jueves la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su intervención en Los Desayunos, un nuevo espacio informativo impulsado por RTVE y EFE. Según destacó, este resultado es relevante porque proporciona cierto margen de actuación ante situaciones imprevistas, como la reciente guerra en Irán, que amenaza con desencadenar una crisis energética. De hecho, el Ejecutivo ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para este viernes con el fin de aprobar medidas que amortigüen el encarecimiento de los carburantes. Montero subrayó que alcanzar este objetivo ha sido especialmente significativo si se tiene en cuenta que durante la pandemia el déficit llegó a situarse en torno al 10% del PIB. Además, defendió que la reducción no se ha basado en recortes del gasto ni en fuertes subidas de impuestos, como ocurrió -según señaló- durante la crisis financiera bajo gobiernos del Partido Popular. En su lugar, aseguró que se ha ampliado la base impositiva y reforzado la progresividad del sistema, reduciendo la carga fiscal para las rentas más bajas y aumentándola para grandes empresas y patrimonios. El dato definitivo del déficit se conocerá a finales de mes, cuando se remita a Bruselas. La mejora del saldo público ha sido posible gracias a la recuperación económica tras la pandemia, que impulsó la recaudación, en parte también favorecida por el repunte de la inflación tras la invasión rusa de Ucrania. En 2024, el déficit se situó en el 2,8% del PIB, muy por debajo de los niveles alcanzados en 2020. Si se incluyen los gastos extraordinarios derivados de la dana de octubre -que la Comisión Europea permitió excluir-, la cifra ascendía al 3,2%. Cumplir el objetivo de 2025 supone, por tanto, una reducción adicional de al menos siete décimas. No obstante, este margen no implica necesariamente mayor flexibilidad presupuestaria. La propia ministra recordó que las reglas fiscales europeas ya no están suspendidas, como ocurrió durante la pandemia. Además, el nuevo marco comunitario pone el foco en el crecimiento del gasto público -ajustado por ciertos factores como los intereses de la deuda-, y las previsiones apuntan a que España tendrá que aplicar ajustes a partir de 2027 para cumplir con los compromisos adquiridos. En este contexto, y ante la incertidumbre sobre la duración del conflicto en Oriente Próximo y su impacto económico, se prevé que el Gobierno apruebe un paquete de medidas más moderado que el adoptado en 2022 frente a la crisis inflacionaria, cuando se impulsó una amplia rebaja de impuestos energéticos. Montero no ha adelantado los detalles del plan que presentará el presidente Pedro Sánchez, aunque sí indicó que combinará medidas estructurales en el ámbito energético con otras destinadas a reducir el impacto del encarecimiento de los combustibles. Asimismo, confirmó que el Ejecutivo continúa negociando con los distintos grupos parlamentarios el contenido del decreto de ayudas, que incluirá únicamente aquellas iniciativas que cuenten con suficiente respaldo. Esta postura reduce la probabilidad de incorporar medidas en materia de vivienda, como los límites al alquiler que defienden algunos partidos, pero que otros rechazan y cuyos apoyos son necesarios para sacar adelante la norma. Según Montero, las conversaciones siguen abiertas tanto con los agentes sociales como con las formaciones políticas para garantizar la aprobación del decreto.

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(El País, 20-03-2026) | Laboral

El Gobierno baraja contratar temporales para desbloquear miles de jubilaciones parciales en ayuntamientos y comunidades

El Gobierno está negociando con los sindicatos de la función pública una modificación legal para recuperar la situación previa a la última reforma de pensiones. El objetivo es permitir que las administraciones vuelvan a contratar relevistas con contratos temporales en los procesos de jubilación parcial, en lugar de exigir que sean indefinidos, como establece actualmente la normativa. Con este cambio se pretende desbloquear miles de jubilaciones parciales de personal laboral en ayuntamientos y comunidades autónomas, que quedaron paralizadas desde abril de 2025 por la falta de trabajadores que cumplieran los nuevos requisitos. Según fuentes sindicales, las conversaciones con Seguridad Social y Función Pública están muy avanzadas y se abordarán en una reunión prevista para la próxima semana, con la intención de aprobar la medida lo antes posible, incluso dentro de este mes. Por ahora, la negociación se centra exclusivamente en el personal laboral de las administraciones, que es el único que tiene regulada esta modalidad de jubilación, que permite anticipar el retiro entre dos y tres años reduciendo jornada y salario, mientras otro trabajador cubre el resto mediante un contrato de relevo. El problema surgió tras la reforma que introdujo nuevas condiciones para la jubilación parcial, entre ellas la obligación de que el relevista tenga un contrato indefinido a tiempo completo y con una duración mínima de dos años posteriores a la jubilación total del titular. Estos requisitos, en vigor desde el 1 de abril de 2025, han bloqueado en la práctica esta modalidad en el sector público, ya que la contratación fija exige superar procesos de acceso al empleo público que suelen prolongarse durante largos periodos. Como consecuencia, miles de trabajadores llevan más de un año esperando poder acogerse a este sistema, que antes era habitual. Ante esta situación, la Secretaría de Estado de Función Pública puso en marcha una tasa de reposición específica como medida urgente para facilitar la contratación de relevistas en la Administración General del Estado, aunque esta solución no ha sido inmediata ni ha beneficiado a empleados autonómicos y locales. Por ello, el Ejecutivo plantea ahora recuperar de forma provisional el marco anterior a abril de 2025 en el ámbito de las administraciones públicas, mediante un real decreto ley que permita contratar relevistas de manera temporal. Estas plazas se incluirían posteriormente en futuras ofertas de empleo público para su cobertura definitiva. En caso de que el contrato del relevista finalice antes de los dos años posteriores a la jubilación completa del trabajador sustituido, la Administración deberá contratar a otro, tal como ya ha establecido la Seguridad Social. La urgencia de esta medida también responde a las exigencias de los sindicatos en la mesa de diálogo social sobre la gestión de las bajas laborales, donde las organizaciones han condicionado la negociación a la resolución de este problema. Desde CC OO y UGT Servicios Públicos valoran positivamente que esta solución esté cerca de aprobarse, tras meses reclamándola, aunque recuerdan que sigue pendiente recuperar la jubilación parcial anticipada para funcionarios y personal estatutario -como el sanitario transferido a las comunidades-, que actualmente no pueden acceder a ella desde que fue suprimida en 2012. A pesar de que el ministro de Función Pública, Óscar López, acordó con los sindicatos en 2024 restablecer este derecho, aún no se ha materializado. En la misma línea, el sindicato CSIF critica que esta situación continúe bloqueada desde hace más de una década y señala que la recuperación de la jubilación parcial para funcionarios sigue atascada en el Congreso dentro del proyecto de Ley de Función Pública. Además, otra de las demandas pendientes en este ámbito es permitir, con carácter general, que los empleados públicos puedan prolongar su vida laboral hasta los 72 años, una propuesta defendida especialmente por altos cargos de la Administración agrupados en Fedeca y que también forma parte del debate legislativo en curso.

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(El Economista, 20-03-2026) | Laboral

Más de dos millones de empleados empiezan o finiquitan un empleo cada trimestre en España

España terminó 2025 sin ocupar, por primera vez en cuatro años, el puesto de país con mayor tasa de paro de la Unión Europea, un lugar que ahora corresponde a Finlandia. Sin embargo, el mercado laboral español continúa siendo el más inestable: un 5,8% de los trabajadores ha comenzado un empleo en los últimos tres meses, mientras que otro 4,8% lo ha dejado. En conjunto, esto supone unos 2,4 millones de personas, es decir, un 10,6% del total de ocupados, inmersos en una dinámica constante de rotación. Según la Encuesta de Fuerza Laboral de Eurostat, que mide las incorporaciones y salidas recientes del empleo, el número de afectados es ligeramente superior al de finales de 2019 (aunque el mínimo se registró en 2020 debido al parón provocado por la pandemia). No obstante, en términos porcentuales, la tasa actual es la más baja desde 2009, dejando al margen el impacto excepcional del COVID-19. Un aspecto clave es la composición de estos movimientos. En España hay más personas que acceden a un empleo (5,8%, unos 1,3 millones) que las que lo abandonan (4,8%, cerca de 1,1 millones), algo que ocurre en la mayoría de países europeos, salvo en casos como Suecia, Luxemburgo y Eslovenia. Aun así, el peso de quienes salen del empleo es elevado: representan el 45,3% de las rotaciones, por encima de la media europea (37%) y muy lejos de países como Alemania (25%) o Países Bajos (8%). Este porcentaje es similar al de Francia, aunque inferior al de Suecia, Luxemburgo, Eslovenia y también Grecia, donde alcanza el 50%. Interpretar estos datos no es sencillo, ya que Eurostat no detalla las causas de las entradas y salidas del empleo. Es decir, no distingue si los nuevos ocupados proceden del desempleo ni si quienes abandonan su trabajo lo hacen voluntariamente, por despido o por finalización de contrato. Sin embargo, cuando las incorporaciones superan claramente a las salidas, suele indicar que predominan los cambios de empleo entre trabajadores, algo habitual en países con bajo paro. Por el contrario, cuando las salidas tienen un peso elevado -como ocurre en economías con más desempleo, entre ellas España- sugiere que una parte importante de esa rotación es involuntaria. Estas estadísticas ofrecen una perspectiva distinta a otras que analizan los flujos del mercado laboral, aunque también presentan limitaciones. Al tratarse de datos trimestrales, no captan los cambios más inmediatos -semanales o diarios- que sí reflejan, por ejemplo, las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Esto explica en parte por qué no siempre coinciden con la evolución del paro. De hecho, la tasa de desempleo ha variado más intensamente que la rotación laboral, que se mantuvo prácticamente estable entre 2009 y 2021 en torno al 12% (salvo durante la pandemia). Tras la reforma laboral, apenas ha descendido en torno a punto y medio. Este ligero ajuste se ha producido en un contexto de fuerte caída del paro y de un cambio profundo en la contratación, con un notable aumento de los contratos indefinidos, que han pasado de representar el 10% al 40% del total. Pese a esta mejora, el volumen de trabajadores afectados por la rotación sigue siendo elevado en términos absolutos: unos 2,4 millones, una cifra similar a la anterior a la pandemia. La diferencia es que ahora hay más personas ocupadas, lo que explica que el porcentaje haya disminuido aunque el número total se mantenga. Además, la relación entre rotación y desempleo es más estrecha de lo que parece. Entre 2009 y 2014, las salidas del empleo superaban a las entradas. A partir de 2015, tras la Gran Recesión, la tendencia cambió: comenzaron a registrarse más incorporaciones que abandonos, coincidiendo con una fuerte reducción del paro. Este patrón se ha mantenido hasta ahora, salvo durante la pandemia, aunque en los últimos trimestres el descenso del desempleo ha sido más moderado. Esto sugiere que las nuevas incorporaciones ya no provienen tanto de personas en paro, sino de cambios de trabajo entre quienes ya están ocupados. En definitiva, aunque la rotación ha disminuido gracias al aumento de la contratación indefinida, la diferencia entre entradas y salidas se mantiene, lo que refleja un mercado laboral dinámico. El hecho de que esta brecha no se reduzca aleja, por ahora, el riesgo de enfriamiento, si bien estos datos no recogen todavía el posible impacto económico del conflicto en Irán iniciado a finales de febrero.

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(Expansión, 20-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE deja los tipos en el 2%, pero promete ser "ágil" ante el "elevado impacto en la inflación" por Irán

El banco central ha optado por mantener sin variaciones los tipos de interés en esta nueva reunión, aunque ha elevado de forma notable sus previsiones de inflación para este año -en siete décimas- y ha reiterado su compromiso de actuar con contundencia para contenerla. El Banco Central Europeo (BCE) mantiene así su postura prudente. Ha decidido dejar el precio del dinero en el 2%, nivel en el que se sitúa desde junio del año pasado, aunque no descarta movimientos en el corto plazo. La decisión, adoptada por unanimidad bajo la presidencia de Christine Lagarde, responde a la necesidad de analizar con mayor detenimiento el impacto del nuevo encarecimiento energético que atraviesa la Unión Europea, provocado nuevamente por tensiones geopolíticas. El conflicto en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz han impulsado al alza los precios del gas y del petróleo, lo que podría presionar la inflación en la zona euro por encima del objetivo del BCE. La institución reconoce que esta situación incrementa la incertidumbre, al generar riesgos de mayor inflación y menor crecimiento económico. De hecho, prevé un efecto significativo a corto plazo en los precios debido al aumento del coste de la energía. De cara al medio plazo, el BCE señala que todo dependerá de factores como la duración e intensidad del conflicto y de cómo el encarecimiento energético se traslade a los precios de consumo y a la actividad económica. Ante este escenario incierto, ha elaborado distintos supuestos en sus previsiones, sin que ninguno resulte especialmente tranquilizador. En su escenario central, el organismo estima que la inflación alcanzará el 2,6% en 2026, lo que supone una revisión al alza respecto a cálculos anteriores. Posteriormente, se moderaría hasta situarse cerca del 2% en 2027 y 2028. En cuanto al crecimiento, prevé tasas moderadas: un 0,9% en 2026, un 1,3% en 2027 y un 1,4% en 2028, lo que implica una ligera rebaja, aunque sin anticipar una recesión. Estas previsiones parten de la hipótesis de que el precio del petróleo rondará los 90 dólares por barril y que el gas natural alcanzará unos 50 euros por megavatio/hora en el segundo trimestre de 2026, para después estabilizarse. Sin embargo, este escenario dependerá en gran medida de la evolución del conflicto. En este contexto, aumentan las expectativas de que el BCE intervenga. Los mercados ya anticipan posibles subidas de tipos, algo que también se refleja en sus proyecciones. Lagarde ha subrayado que el Consejo de Gobierno actúa con serenidad, pero también con determinación, dejando claro que están preparados para ajustar la política monetaria si es necesario. La presidenta insistió en que el objetivo es asegurar que la inflación vuelva al entorno del 2% a medio plazo, lo que ha reforzado la idea de que podría haber una subida de tipos en próximas reuniones, incluso en la de abril. Aun así, el BCE insiste en que tomará decisiones en función de la evolución de los datos y no seguirá una hoja de ruta fija. La urgencia de reaccionar con rapidez se explica porque este nuevo episodio inflacionario llega poco tiempo después del anterior, provocado por la guerra en Ucrania, cuando la inflación superó el 10% y obligó a subir los tipos hasta el 4%. Lagarde advierte además de que tanto empresas como trabajadores aún recuerdan ese episodio, lo que podría acelerar reacciones como subidas salariales o de precios. Este comportamiento podría desencadenar efectos indirectos que alimenten aún más la inflación en el corto plazo. La enorme incertidumbre derivada de la guerra de Irán ha llevado al BCE a publicar sus proyecciones macroeconómicas contemplando diversos escenarios. El más adverso resulta especialmente lesivo para las perspectivas económicas de la zona euro, con una inflación que escala al 4,6% este mismo año y que se mantiene en el tiempo elevándose al 4,8% en 2027. Esta situación está marcada por un impacto mayor en el suministro de energía con una interrupción del hasta un 60% del suministro de petróleo y gas natural por el estrecho de Ormuz. 

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