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(El País, 17-11-2025) | Laboral

La negociación para subir las cuotas de autónomos se estanca y aboca a una prórroga de las tarifas actuales en 2026

Las conversaciones para revisar al alza las cuotas de los autónomos comenzaron con fuerza, pero pronto quedaron estancadas. En la reunión inicial del 13 de octubre, la Seguridad Social propuso un aumento significativo de las cotizaciones, más elevado en los tramos bajos que en algunos intermedios y todavía superior en los tramos altos. La propuesta generó rechazo tanto en partidos de izquierdas como de derechas. Pocos días después, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, rectificó en una entrevista con EL PAÍS: aunque defendió que la subida era necesaria para alcanzar en 2032 el objetivo de cotizar según los ingresos reales, admitió que era conveniente suavizar el ritmo de implantación del sistema. En la reunión del 20 de octubre, el ministerio planteó congelar las cuotas más bajas y aplicar incrementos graduales y por debajo de la inflación en el resto de los tramos. Desde ese encuentro no se ha convocado ninguna sesión formal adicional, aunque sí han proliferado declaraciones de agentes sociales y grupos parlamentarios que dificultan la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Si este pacto no llega o si no logra el respaldo del Parlamento, la propia Saiz ha reconocido que el Gobierno tendrá que prorrogar las cuotas actuales en 2026. En este contexto, las principales asociaciones de autónomos involucradas en la negociación (ATA, UPTA y Uatae) han expresado su malestar por el bloqueo del proceso con la Seguridad Social. "Esto lo ha paralizado Moncloa", afirma un representante de una de las asociaciones, una percepción que comparten otras organizaciones consultadas. La secretaria general de Uatae, María José Landaburu, considera que el Gobierno está actuando con "miedo" y en una situación de "parálisis", algo que juzga "inaceptable" y difícil de entender, dado que, asegura, aún existe amplio margen para negociar. A raíz del enfrentamiento entre las asociaciones de autónomos y los agentes sociales, cuyas propuestas sobre las subidas de cuotas son completamente opuestas, tanto Landaburu como un representante sindical que prefiere mantenerse en el anonimato sostienen que el Ejecutivo podría desbloquear el diálogo si aborda mejoras en la protección social. Entre ellas mencionan la flexibilización de los requisitos para acceder a la prestación por cese de actividad o, como insiste Uatae, la aprobación de un subsidio de desempleo para autónomos mayores de 52 años. Sin embargo, en ATA consideran que abrir el debate sobre nuevas prestaciones podría generar tensiones internas en el propio Gobierno. Recuerdan que el subsidio para mayores de 52 años es competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo, que según diversas fuentes sería totalmente contrario a extender esta ayuda al colectivo autónomo. Desde ATA interpretan el estancamiento de las conversaciones desde una perspectiva puramente política: "El Gobierno sabe que Junts no va a apoyar ninguna medida laboral, y menos una que implique subir las cuotas de los autónomos. Además, con elecciones en Extremadura el 21 de diciembre, parece poco probable que alguien quiera aprobar una subida antes de esa fecha". Por su parte, fuentes sindicales también reconocen que la orden de frenar las reuniones podría haber venido desde Moncloa, pero advierten: "Están equivocados y esto les puede costar dinero en fondos europeos", ya que la implantación del nuevo sistema de cotización para autónomos es uno de los compromisos incluidos en el plan de recuperación financiado por la UE. En cambio, desde el Ministerio de Seguridad Social transmiten mayor confianza y señalan que su última propuesta, que incluye mejoras en la protección social del colectivo, "está siendo analizada por las asociaciones". Por ello, apelan a la "responsabilidad" de estas organizaciones y esperan que valoren positivamente el planteamiento para poder seguir avanzando conforme a lo aprobado en 2022. Dentro del propio colectivo, UPTA es la asociación que ve más viable un pacto. Fue además la primera en presentar su propuesta, elaborada junto con UGT, ante el ministerio. Su presidente, Eduardo Abad, ha señalado: "Estamos dando un margen de tiempo durante noviembre para que el Gobierno actúe con iniciativa; si no lo hace, seremos nosotros quienes impulsemos un acuerdo por cualquier vía, porque sería un error gravísimo mantener congeladas las cuotas en 2026: eso significaría perder derechos de pensión en el futuro". Así, Abad deja entrever que, si el bloqueo continúa, UPTA intentará promover algún tipo de consenso entre las asociaciones. De hecho, algunas fuentes apuntan a la existencia de contactos discretos y bilaterales en los que el Gobierno estaría intentando convencer a las organizaciones de la importancia de continuar con el sistema de cotización por ingresos reales, ahora puesto en cuestión.

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(El Economista, 17-11-2025) | Laboral

Diaz quiere obligar a las empresas a evaluar el riesgo para la salud mental en su plantilla

Los representantes de la patronal y los sindicatos llevan casi dos años trabajando en la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, vigente desde 1995 y considerada desfasada por el Ministerio de Trabajo, ya que no contempla los riesgos ni los daños vinculados a la salud mental. Por ese motivo, el departamento dirigido por Yolanda Díaz propone modificar la ley para incorporar de manera explícita la obligación de que las empresas evalúen los riesgos psicosociales dentro de sus planes de prevención. Así lo señalan fuentes del diálogo social consultadas por elEconomista.es, que explican que el borrador presentado por el Gobierno pretende incluir entre las responsabilidades del empleador la vigilancia de cualquier factor que pueda perjudicar la salud física, psicológica o emocional de la plantilla. Esta modificación iría acompañada de la creación de un reglamento específico que detallaría cómo deben protegerse los trabajadores frente a estos riesgos, al estilo de lo que ya ocurre con los agentes cancerígenos o sustancias como el amianto. La elaboración de esta normativa permitiría a la Inspección de Trabajo profundizar en métodos de evaluación y en la aplicación de medidas preventivas. Con ello, España se adelantaría al resto de países de la Unión Europea, en un momento en que la Comisión Europea está preparando una directiva centrada en los riesgos psicosociales en el ámbito laboral. En 2021, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ya emitió un criterio técnico que establecía que las empresas estaban obligadas a analizar riesgos asociados a la carga o duración del trabajo, la calidad de la comunicación interna, el nivel de participación en las decisiones o los conflictos entre compañeros. Además, recalcaba que dicha evaluación debía basarse en criterios técnicos y métodos cuantitativos, no en impresiones subjetivas. La nueva propuesta de Trabajo amplía las definiciones dentro de la ley para incluir de forma transversal la salud mental. Para ello, amplía el concepto de daños laborales a los ámbitos físico, cognitivo, emocional, conductual y social. Según fuentes del diálogo social, esto facilita que determinados problemas de salud mental puedan considerarse derivados del trabajo cuando se encuadren como "accidente laboral". Sin embargo, reconocer estos trastornos como "daños" no implicaría automáticamente que pasen a formar parte del cuadro de enfermedades profesionales. Para que un trastorno sea reconocido formalmente como contingencia profesional, debe demostrarse que está causado directamente por el trabajo. Para ello, sería necesario actualizar el listado de enfermedades profesionales -vigente desde 2006-, lo que exigiría modificar la Ley de Seguridad Social y aprobar un nuevo real decreto. Interlocutores del diálogo social recuerdan que, con la redacción actual de la ley -que obliga a evaluar riesgos de forma general-, las empresas ya deberían estar valorando los riesgos psicosociales. Sin embargo, reconocen que muchas no lo hacen debido a la complejidad de gestionarlos. Por ello, consideran que un tratamiento más específico facilitará la mejora de los sistemas de prevención y pondrá el foco en riesgos que a menudo quedan relegados a un segundo plano. Estas reformas llegan en un contexto de fuerte aumento de las bajas laborales por problemas de salud mental. Según datos a los que ha accedido elEconomista.es, las mutuas han registrado un incremento del 86% en las incapacidades temporales relacionadas con ansiedad, depresión y otros trastornos desde 2018, alcanzando 416.326 bajas en 2024. Los casos reconocidos como contingencias profesionales, aunque mucho menores, también se han incrementado un 7% en ese mismo periodo, hasta los 1.063 casos en 2024.

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(El Economista, 17-11-2025) | Laboral

El Gobierno define los porcentajes para la subida salarial de funcionarios esta semana

Función Pública y los sindicatos retoman las negociaciones para avanzar en un nuevo Acuerdo Marco que modernice la Administración y la adapte al siglo XXI. En esta ocasión, el propósito principal es reactivar la actualización salarial de los empleados públicos, congelada desde el 31 de diciembre de 2024 tras la expiración del pacto firmado en 2022 por UGT, CCOO y Función Pública, que establecía incrementos retributivos para 2022, 2023 y 2024. Se prevé que este miércoles el departamento dirigido por Óscar López presente las cifras que servirán de base para pactar una subida que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo y, además, incluya un porcentaje adicional para recuperar parte de la capacidad de compra perdida desde 2012, cuando los ajustes salariales redujeron las nóminas entre un 5% y un 10%. Después de un año en el que los principales sindicatos del sector público (Csif, UGT y CCOO) han insistido en la necesidad de una convocatoria para abordar esta cuestión -y ante una amenaza de huelga general para diciembre-, el ministerio ha iniciado por fin las conversaciones para fijar el incremento salarial de los próximos tres años, así como el correspondiente a 2025, que deberá aplicarse con carácter retroactivo desde enero. Tomando como referencia las previsiones económicas de Funcas, especialmente las relacionadas con la inflación, el aumento salarial para 2025 se situaría por encima del 2,5%. Los analistas apuntan a que el IPC cerrará diciembre con una media del 2,6%, mientras que previsiones como las de BBVA Research, CaixaBank Research, CEOE, EthiFinance Ratings e Intermoney colocan la inflación de 2025 en torno al 2,5%. En el extremo más elevado, la Universidad Loyola Andalucía pronostica un 2,8%. Bajo estas estimaciones, se espera que Función Pública proponga un porcentaje alineado con estas cifras. El panel de Funcas también establece las previsiones para 2026. Los expertos estiman que la inflación se situará en torno al 2,1%, medio punto por debajo de la esperada para el cierre de 2025. Las previsiones más optimistas son las de AFI, que calculan un IPC del 1,6%, mientras que Metys anticipa un 2,4%, la cifra más alta del conjunto de analistas consultados. A ese incremento fijo se sumaría un porcentaje adicional, como ya recogía el acuerdo anterior, con el fin de compensar progresivamente la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde hace más de una década. Según Csif, desde 2010 los empleados públicos habrían perdido alrededor del 19% de capacidad de compra, y desde 2022 -cuando se firmó el último acuerdo, del que este sindicato quedó al margen por discrepancias con los aumentos pactados- esa pérdida ya ronda el 6%, tomando como referencia los datos consolidados hasta octubre, con un IPC del 3,1%. En el acuerdo previo, el incremento fijo aplicado en 2022 fue del 3,5%. En 2023, la subida fija alcanzó el 2,5% sobre la base ya actualizada el año anterior, a lo que se añadió un 0,5% por el comportamiento del IPCA, que superó la revalorización retributiva acumulada. En 2024, último ejercicio en el que se revisó el salario de los empleados públicos, el aumento fue del 2% más un 0,5% adicional vinculado al IPCA, que se aplicó finalmente en junio, tras varios meses de retraso y nuevas presiones sindicales para que se ejecutara.

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(El Economista, 17-11-2025) | Laboral

Un 40% de empresas prevé aumentar plantillas antes de que finalice 2025

El mercado laboral español se acerca al final del año inmerso en un proceso de cambio profundo, y un 39% de las empresas prevé incrementar su plantilla antes de que concluya 2025, frente a un 14,8% que optará por reducirla. Así lo recoge el Informe EP+D 2025, elaborado por la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (AEDRH). En este contexto, marcado por la intención de contratar de una parte importante del tejido empresarial, las compañías advierten de un problema creciente: la escasez de perfiles cualificados. Según el informe, uno de cada cinco procesos de selección no llega a cerrarse debido a la falta de candidatos adecuados, lo que refleja un fuerte desajuste entre la oferta y la demanda de talento. "Nos encontramos con un talento cada vez más exigente y empresas que ya detectan dificultades en reclutamiento, selección y compromiso. Es una paradoja: tenemos tasas de desempleo muy elevadas y, al mismo tiempo, organizaciones que no logran cubrir sus necesidades de personal ni adaptarse a los nuevos retos", afirma Juan Neble Hasta, director de Recursos Humanos en Hipoges y miembro de la AEDRH. El informe también detalla los sectores con mayores tensiones de talento. Sobresalen los perfiles tecnológicos vinculados a la logística, las energías renovables y la salud. Entre los profesionales más demandados se encuentran Digital Analysts, ingenieros de proyectos, especialistas en ciberseguridad, Project Developers y personal sanitario. La "batalla por el talento" se afianza como uno de los grandes retos de las empresas en España. En los procesos de selección, las organizaciones dan especial importancia a cualidades como el liderazgo transformador, la capacidad de adaptación, la orientación al aprendizaje y una visión estratégica. En palabras de María Sánchez, directora de Personas, Calidad y RSC en IFEMA y miembro de la AEDRH, "las compañías buscan líderes capaces de impulsar el cambio, profesionales flexibles, con ganas de aprender y con visión estratégica del mercado". La transformación del mercado laboral también se refleja en las prioridades de los trabajadores. El salario sigue siendo un factor clave, pero la flexibilidad laboral ha ganado un peso decisivo, especialmente entre las generaciones más jóvenes: el 77% de las empresas reconoce que este aspecto condiciona sus procesos de selección. Además, el 35% de las organizaciones prevé contratar más talento sénior, una señal de que se avanza hacia equipos intergeneracionales más equilibrados. En el ámbito formativo, la Formación Profesional se consolida como la vía más alineada con las necesidades reales de las empresas (33,5%), por encima de la educación universitaria (16,5%). La expansión de la inteligencia artificial genera preocupación, pero también se percibe como una oportunidad: el 79% de las compañías considera que impulsará procesos de reskilling y una redefinición de competencias, reforzando la importancia de la formación continua y la actualización tecnológica. Por otro lado, el estudio Claves laborales de la Gen Z, elaborado por Randstad, señala que un 35% de los jóvenes españoles lamenta haberse incorporado al sector en el que trabaja, aunque esta cifra es ligeramente inferior a la media mundial (37%). La mitad de los miembros de la Generación Z en España eligió su sector basándose en la disponibilidad de empleo en ese momento, una proporción que también es menor que la global (56%). El informe también revela diferencias en la forma de buscar empleo. Mientras que a nivel internacional el 55% de los jóvenes se apoya en el networking o referencias para encontrar nuevas oportunidades, en España lo hace el 51%. La búsqueda de ofertas online también es algo menos habitual entre los jóvenes españoles: un 44% consulta portales de empleo con regularidad, frente al 54% de la media global. Aunque más de un tercio de los jóvenes se arrepiente de trabajar en su sector actual, muchos no cambian de empleo por falta de tiempo para hacerlo, según indica el 41% de los encuestados. Además, una mayoría considera que los requisitos que figuran en las ofertas de empleo son excesivos para el puesto ofertado, y un 49% cree que las habilidades exigidas no se ajustan a la realidad.

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(Cinco Días, 17-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las criptos sucumben a la aversión al riesgo: el bitcoin ya pierde casi todo lo ganado en el año

El mercado de las criptomonedas sigue sin recuperarse. Los activos digitales acumulan varias semanas de marcada debilidad, con los grandes inversores reduciendo exposición, salidas históricas de los ETF y un interés muy limitado por parte del pequeño inversor. Todo ello ocurre en un entorno dominado por la incertidumbre respecto a futuros recortes de tipos, la evolución de los datos macroeconómicos y las dudas sobre la inteligencia artificial. A pesar de la inestabilidad, bitcoin había logrado sostenerse por encima de los 100.000 dólares, pero finalmente ha cedido ante la presión. Este viernes ha profundizado sus descensos hasta tocar los 95.947,76 dólares, arrastrado por un nuevo episodio de aversión al riesgo y por las ventas masivas en el sector tecnológico, que han terminado de hundir su cotización. El miedo creciente a un posible estallido de la burbuja de la IA ha golpeado con fuerza a Wall Street. De nuevo, la criptodivisa más veterana evidencia una de sus grandes vulnerabilidades: su fuerte correlación con los principales índices estadounidenses. El miércoles, Nvidia cayó un 3,6%, provocando que el Nasdaq retrocediera un 2,3%. En solo 24 horas, bitcoin ha perdido cerca de un 7%. A primeras horas del día, la criptomoneda ronda los 96.000 dólares, tras borrar más de 450.000 millones de dólares de capitalización desde comienzos de octubre. El motivo principal son las ventas de grandes inversores: los ETF ligados a bitcoin registraron salidas netas por valor de unos 870 millones solo este jueves, la segunda mayor fuga diaria desde su creación, según Bloomberg. A esto se suma el enfriamiento en las compras por parte de las tesorerías corporativas, que anteriormente habían actuado como soporte del precio. Como resultado, también se han esfumado las ganancias del ejercicio: desde enero apenas avanza un 3%, frente al 15% del S&P 500 o el 41% del Ibex. Un balance decepcionante para quienes venían de disfrutar subidas del 120% en 2024 y del 157% en 2025. Estas caídas eran previsibles. El mercado llevaba semanas mostrando signos claros de debilidad e inquietud. Casi todos los activos operan en negativo, con retrocesos más pronunciados en la última jornada: ethereum cae un 10%, XRP y solana un 9%, y BNB más de un 5%. Si bitcoin ya sufría presión, los inversores han intentado evitar en las últimas semanas las altcoins, más volátiles y con menor liquidez. Incluso los valores bursátiles vinculados al ecosistema cripto están atravesando un mal momento: las acciones de Strategy, compañía de software convertida en uno de los mayores acumuladores de bitcoin, se desploman más de un 28% en el año y cotizan en niveles de octubre de 2024. Su capitalización ya es inferior al valor de los bitcoins que posee, una señal de que los inversores dejan de pagar una prima por la empresa y cuestionan el modelo altamente apalancado de su fundador, Michael Saylor. La reducción de entradas en los ETF, la continua venta de inversores a largo plazo, el escaso interés minorista y la marcada aversión al riesgo apuntan, según 10x Research, a que el mercado cripto ha entrado en una fase bajista. "Cuando las narrativas propias del sector pierden fuerza, aumenta la correlación con los activos tradicionales. Eso es lo que está impulsando el movimiento actual", afirma a Bloomberg Jake Ostrovskis, responsable de operaciones OTC en Wintermute. Y los mercados globales tampoco ayudan: desde hace tiempo se advertía de la valoración excesivamente alta de los llamados siete magníficos (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla y Nvidia), infladas por el boom de la IA. En este contexto, la falta de factores que impulsen nuevas subidas y la búsqueda de refugios como el oro o la plata están intensificando las caídas, señala el analista Javier Cabrera. Para Javier Molina, el retroceso de bitcoin y del mercado cripto responde a un ajuste técnico dentro de un panorama macroeconómico incierto, pero no constituye un cambio estructural de tendencia. A esto se añade la inquietud por los próximos datos macroeconómicos: aunque el fin del cierre del Gobierno estadounidense dio cierto alivio a comienzos de semana, ese efecto se ha disipado. En los próximos días, el mercado aguarda un aluvión de referencias clave, como las cifras de inflación o el informe laboral de septiembre, elementos que podrían influir significativamente en la ya dividida Reserva Federal. La institución ha estado operando prácticamente a ciegas durante semanas debido a la falta de estadísticas derivada del cierre. Jerome Powell señaló recientemente que un recorte de tipos en diciembre no está asegurado, enfriando las expectativas del mercado.

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(El País, 17-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno incluirá por primera vez metas de reducción de pobreza y desigualdad en el cuadro macroeconómico

La buena marcha de una economía no puede medirse únicamente a través de su tasa de crecimiento, pese a que este sea el indicador más utilizado para evaluar su dinamismo. Consciente de que este dato no refleja si los beneficios del progreso llegan a todos los ciudadanos, el Gobierno incorporará por primera vez indicadores de pobreza y desigualdad en el cuadro macroeconómico. Este documento -que incluye las previsiones sobre crecimiento, empleo e inflación para los próximos años- se actualizará este martes, con una revisión al alza de la previsión de crecimiento para 2025, que pasará del 2,7% actual al 2,9%. Además, incluirá un nuevo objetivo relacionado con la disminución de las desigualdades. España mantiene un crecimiento más robusto que otros países europeos y muestra unos fundamentos más sólidos que hace unos años. El PIB aumentó un 3,5% en 2024 y, en el tercer trimestre de 2025, registró una expansión del 2,8% interanual, tras el 3,1% y el 3,0% de los dos trimestres previos. Con estos datos, el Gobierno considera razonable anticipar un avance del 2,9% para el conjunto del año, según señalan fuentes consultadas por EL PAÍS, en línea con el acumulado hasta septiembre. La actualización del cuadro macro se presentará justo después de que la Comisión Europea publique este lunes sus previsiones de otoño, que previsiblemente seguirán una línea similar. Pero, más allá de estas revisiones, y como ya han hecho notar diversas instituciones y analistas, persisten claroscuros. Algunos de los principales indicadores utilizados para medir pobreza y desigualdad no reflejan una evolución tan positiva como la del empleo o los salarios. Por ello, a partir de este martes, el nuevo cuadro macroeconómico incluirá un indicador específico que permitirá analizar cómo progresa un objetivo que el Ejecutivo considera esencial: que el crecimiento económico llegue al conjunto de la población. El Gobierno está ultimando los datos que utilizará para elaborar este indicador, que servirá para proyectar la evolución de la pobreza y la desigualdad a corto y medio plazo. A la espera de conocer las cifras definitivas, las estadísticas más recientes no resultan especialmente optimistas. Según Eurostat, la tasa de pobreza persistente se situó en el 13,6% en 2024, más de dos puntos por encima de la de 2023 -que fue la mejor en 15 años-, aunque aún muy por debajo del 17,7% alcanzado durante la pandemia. En el caso de los trabajadores, el riesgo de pobreza afectó al 11% en España, el tercer peor dato de la UE, aunque el mejor para el país en más de diez años. En cuanto a la distribución de la renta, el índice Gini -que asigna valores de cero (perfecta igualdad) a 100 (máxima desigualdad)- situó a España en 31,2 puntos en 2024, por encima de la media de la zona euro y de la UE. Pese a ello, el indicador muestra ligeras mejoras desde 2015, con la excepción de 2020. Otro análisis, el de la encuesta de condiciones de vida del INE, también apunta a un leve avance: el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social bajó al 25,8% en 2024, frente al 26,5% del año anterior. Sin embargo, continúan siendo cifras muy elevadas, lo que refuerza la necesidad de adoptar políticas para reducir la distancia entre los hogares con menos recursos y los que concentran mayor riqueza. Todo ello convive con un crecimiento casi ininterrumpido de la renta media por hogar desde 2016, que beneficia a ciertos grupos, pero no a los más vulnerables. Con la incorporación de estos objetivos al cuadro macro, el Gobierno quiere dotarse de un compromiso de "autodisciplina", explican fuentes del Ejecutivo. Admite que la precariedad -que afecta incluso a personas con trabajo pero con sueldos insuficientes- y el encarecimiento del acceso a la vivienda empujan a parte de la población hacia la pobreza, mientras otros segmentos avanzan con rapidez. El crecimiento del PIB, por tanto, resulta insuficiente como único termómetro del éxito de las políticas económicas. Al Gobierno le incomoda que estas estadísticas se utilicen como una evaluación directa de su desempeño en materia de desigualdad. Defiende avances como el incremento del salario mínimo y la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, que considera herramientas clave para mejorar la situación de los más desfavorecidos. Al mismo tiempo, reconoce el empeoramiento de las brechas de ingresos y se alinea con la tendencia internacional que insta a crear métricas fiables para medir la desigualdad. De hecho, el viernes pasado, un grupo de 500 economistas y especialistas en la materia envió una carta a los líderes mundiales solicitando la creación de un indicador global de desigualdad, inspirado en el modelo del IPCC para el cambio climático. Entre los firmantes figuran la exsecretaria del Tesoro de EE UU Janet Yellen y los economistas Thomas Piketty y Gabriel Zucman, referentes mundiales en el estudio de la desigualdad. La misiva sigue la línea del reciente informe del G-20 elaborado por el Nobel Joseph Stiglitz, el primero del grupo centrado específicamente en esta cuestión. Además de estos nuevos objetivos sociales, el cuadro macro -que es la base para preparar los Presupuestos Generales del Estado- elevará ligeramente la previsión de crecimiento para este año, aunque hay más incertidumbre sobre la actualización de 2026. En la última revisión, en septiembre, se estimaba un 2,7% para 2025 y un 2,2% para 2026. Numerosos analistas prevén ya aumentos mayores, dado que la economía acumula un avance del 2,8% hasta septiembre, a la espera de los datos del último tramo del año.

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(El Periódico, 17-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El INE confirma que la inflación de octubre fue la más alta del año por la electricidad y el transporte

No ha habido sorpresas: los precios continúan sin ceder. El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma que la inflación subió un 3,1% en octubre, la cifra más alta del año y una décima por encima de la registrada en septiembre, según los datos definitivos publicados este viernes. Este aumento está impulsado sobre todo por el encarecimiento de la electricidad, de los vuelos internacionales y del transporte ferroviario. También refleja fuertes incrementos en productos como los huevos -afectados por el brote de gripe aviar- y en la gestión de residuos tras la aplicación de la nueva tasa de basuras. Parte del incremento se ve compensado por el abaratamiento de los paquetes turísticos tras el fin de la temporada y por la bajada de los carburantes, que se beneficia de una moderación en el precio del petróleo. La inflación subyacente -que excluye los componentes más volátiles, como energía y alimentos frescos- se sitúa en el 2,5%, una décima más que el mes anterior. El INE ya había avanzado estas cifras hace dos semanas. El dato final confirma el avance de los precios, que acumulan cinco meses consecutivos al alza y no alcanzaban niveles similares desde junio del año pasado. Las presiones inflacionistas proceden de varios ámbitos: la electricidad se mantiene en cotas elevadas desde el apagón, los servicios están subiendo más de lo esperado y los alimentos siguen sin mostrar signos claros de moderación. Entre los principales grupos analizados, la vivienda fue el que registró el mayor aumento, con un avance de cuatro décimas hasta el 7,5%, impulsado por la subida del precio de la luz. Restaurantes y hoteles subieron un 4,4%, y los alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,4%, aunque con fuertes diferencias entre productos. Tal y como se preveía, los huevos encabezan las subidas: su precio se disparó un 22,5% interanual debido al brote de gripe aviar que obliga a confinar y sacrificar aves para evitar la propagación del virus. Pese a ello, la carne que más aumenta no es la de pollo, sino la de vacuno, que se encareció un 17,8%. Otros alimentos con incrementos de dos dígitos en octubre son el café (19,4%), el chocolate (16,1%), los aceites distintos del de oliva (15,3%) y el cacao y chocolate en polvo (12,7%). El aceite de oliva, en cambio, continúa abaratándose. Tras ser uno de los productos más afectados por la escalada inflacionaria de 2021, ahora se sitúa en la parte baja de la lista: es el alimento que más baja en octubre, con un descenso del 41,6% interanual. El azúcar y las patatas también reducen sus precios, un 13,5% y un 3,4%, respectivamente. El pan, las legumbres y las hortalizas frescas muestran cambios mínimos, con subidas inferiores al 1%. Al examinar con más detalle cada categoría considerada por el INE, el mayor incremento corresponde a la recogida de basuras. La nueva tasa que entró en vigor este año ha elevado un 30,3% el coste del servicio, el aumento más alto de toda la estadística. En segundo lugar figura la joyería y bisutería (26,8%), seguida del transporte combinado de pasajeros (26,7%), los huevos, el café, la electricidad (18,7%), el transporte en tren (17,9%) y los ya mencionados productos alimentarios. En el extremo contrario, los mayores descensos corresponden al aceite de oliva, el azúcar y los paquetes turísticos nacionales (-6,4%). Por comunidades autónomas, los mayores incrementos se registraron en Baleares y Madrid, ambos con un 3,6%. También superan la media nacional la Comunidad Valenciana, Ceuta, Andalucía, Cantabria y el País Vasco. Murcia presenta la tasa más baja del país, del 2,2%. Los datos del INE confirman que el proceso de desinflación se ha frenado. Tras el descenso progresivo desde los máximos superiores al 10% alcanzados en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, el tramo final está resultando más complicado. La propia fortaleza de la economía tampoco ayuda: el PIB creció un 0,6% en el tercer trimestre, impulsado por la inversión y una demanda interna sólida gracias a las mejoras salariales y a un mercado laboral en máximos de afiliación, apoyado por el aumento de la población debido a la inmigración. Mientras tanto, en la zona euro los precios se moderaron en octubre, según los datos preliminares de Eurostat. La inflación cayó hasta el 2,1%, una décima menos que en septiembre, situándose en niveles compatibles con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) y respaldando las recientes bajadas de tipos impulsadas por el organismo presidido por Christine Lagarde.

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(El Confidencial, 14-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España empieza a diseñar límites al crédito que eviten una burbuja inmobiliaria

El encarecimiento de la vivienda, junto con el aumento en la concesión de créditos a familias y empresas, ha vuelto a despertar la atención de los analistas. Aunque persiste el recuerdo de la burbuja inmobiliaria y financiera de hace años, el Banco de España no considera que exista actualmente una situación similar. Sin embargo, ha comenzado a preparar medidas preventivas para controlar un posible exceso de crédito y reforzar el marco macroprudencial del sistema financiero. Según su informe de estabilidad financiera de otoño, la institución está elaborando "un marco analítico que oriente la decisión, en su caso, de activar límites macroprudenciales sobre los estándares de concesión". En otras palabras, está diseñando herramientas que le permitan intervenir si detecta que las entidades bancarias empiezan a relajar sus criterios al otorgar hipotecas. Por ahora, el Banco de España no planea poner en marcha estas medidas, pero quiere tenerlas listas por si en el futuro resultan necesarias. Este tipo de instrumentos, conocidos como borrower based measures (BBM), servirían para establecer restricciones sobre la concesión de préstamos hipotecarios. El propio organismo recuerda que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya le ha recomendado valorar la aplicación preventiva de estos límites, en caso de observar un crecimiento excesivo del crédito o una pérdida de rigor en los criterios de concesión. La mayoría de los países europeos ya cuentan con herramientas de este tipo de manera preventiva. De hecho, solo tres miembros de la zona euro, entre ellos España, aún no las han implementado. Algunos gobiernos han optado por limitar el porcentaje máximo de financiación en relación con el valor de la vivienda (loan to value), otros establecen topes sobre los ingresos familiares (loan to income), el nivel de endeudamiento o la duración de las hipotecas. El director general de Estabilidad Financiera, Daniel Pérez Cid, ha explicado que el objetivo actual es "disponer de un marco analítico que permita activar estas medidas en caso de necesidad". El Banco de España está revisando la experiencia internacional, evaluando estudios sobre su eficacia y elaborando un modelo propio adaptado al mercado español. Por el momento, no existen señales que justifiquen la puesta en marcha de estas restricciones. No obstante, resulta significativo que la entidad comience estos trabajos en un contexto de encarecimiento sostenido de la vivienda y en medio de advertencias sobre un posible sobrecalentamiento del mercado. El Banco de España busca anticiparse y contar con mecanismos listos para actuar si detecta un crecimiento excesivo del crédito o una relajación de las condiciones de concesión. Estas herramientas funcionarían directamente sobre el nuevo crédito, lo que podría ayudar a evitar desequilibrios que amenacen la estabilidad del sistema financiero. El organismo recuerda que las medidas macroprudenciales son relativamente recientes -surgieron tras la crisis financiera-, aunque los primeros estudios demuestran que pueden ser eficaces en determinadas circunstancias. Sin embargo, advierte de que también pueden generar efectos no deseados, como el desplazamiento de la demanda hacia el mercado del alquiler, cambios en la distribución de rentas o impactos sobre el consumo. Por ello, el análisis en curso pretende evaluar sus consecuencias sobre el conjunto de la economía, más allá del sistema financiero. El Banco de España descarta por ahora la existencia de una burbuja inmobiliaria. Considera que el incremento de los precios responde principalmente a factores estructurales, como el crecimiento de la población y la mejora del empleo, más que a comportamientos especulativos o a un exceso de crédito.

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(El Periódico, 14-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La tasa de variación anual del IPC del mes de octubre se situó en el 3,1%, una décima por encima de la registrada en septiembre

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de octubre fue del 3,1%, una décima superior a la registrada el mes anterior. El grupo que más destacó por su influencia en el aumento de la tasa anual fue: Vivienda, cuya tasa anual aumentó cuatro décimas, hasta el 7,5%, debido a la subida de la electricidad, mayor que en octubre de 2024. Entre los grupos con influencia negativa destacó: Ocio y cultura, cuya tasa anual disminuyó cinco décimas, hasta el 0,1%. Este comportamiento se debió, principalmente, al descenso de los precios de los paquetes turísticos, mayor que en octubre del año pasado. La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se situó en el 2,5%, una décima superior a la registrada el mes anterior. En octubre la tasa de variación mensual del IPC general fue del 0,7%. Los grupos con mayor repercusión mensual positiva en la tasa mensual del IPC fueron: Vestido y calzado, que presentó una variación del 8,2%, que recogió el comportamiento de los precios al comienzo de la temporada de otoño-invierno. Este grupo repercutió 0,287 en el IPC general. Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una tasa del 1,4% y una repercusión de 0,263. Destacaron en este comportamiento los incrementos de los precios de las frutas, la carne, la leche, queso y huevos y los aceites y grasas. Vivienda, que presentó una variación del 0,9%, consecuencia de la subida de precios de la electricidad y, en menor medida, del gas. La repercusión de este grupo en el IPC general fue 0,118. Por su parte, entre los grupos con repercusión mensual negativa destacó: Ocio y cultura, con una variación del -0,8% a causa del descenso de los precios de los paquetes turísticos. Este grupo repercutió -0,067 en el IPC general. El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en octubre. Illes Balears y Comunidad de Madrid presentaron las tasas más elevadas (3,6% ambas) y Región de Murcia la más baja (2,2%). En el mes de octubre la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 3,2%, dos décimas por encima de la registrada el mes anterior. La variación mensual del IPCA fue del 0,5%.

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(Expansión, 13-11-2025) | Fiscal

Hacienda deberá incluir más información en sus notificaciones tributarias

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo obliga a la Agencia Tributaria a especificar el motivo de sus comunicaciones desde el mismo acuse de recibo. En los últimos meses, varios tribunales han corregido la forma en que Hacienda venía gestionando las notificaciones tributarias, reforzando así la protección de los derechos de los contribuyentes, que en muchos casos no habían sido plenamente respetados. El nuevo criterio del Supremo se centra en la obligación de informar claramente sobre la razón por la que se emite una notificación en el propio acuse de recibo. En una resolución dictada el pasado 1 de octubre, el Alto Tribunal considera insuficiente la información que la Agencia Tributaria incluía hasta ahora en sus avisos, ya que esta no permitía al ciudadano conocer de antemano el contenido de la comunicación, actuar con la debida diligencia al recogerla o, en su caso, responder adecuadamente. Por ello, el Tribunal modifica el criterio aplicado hasta el momento -que podría hacerse extensivo a cualquier otro tipo de notificación administrativa- y determina que "es necesario que la documentación acreditativa del intento de notificación contenga, además de la identificación del expediente, la fecha, la identidad y el contenido del acto que se pretende notificar, mediante una referencia específica a su contenido esencial". Expertos en derecho tributario señalan que, si Hacienda incumple esta exigencia y procede a publicar la notificación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el procedimiento podría considerarse defectuoso, lo que abriría la posibilidad de recurso por parte del contribuyente. Además, este nuevo criterio se suma a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo a comienzos de año, según la cual la Agencia Tributaria debe agotar todos los medios de comunicación disponibles antes de dar por válida una notificación electrónica que el contribuyente no haya abierto en un plazo de diez días, principio que ya están aplicando otros tribunales.

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