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(El Economista, 16-04-2026) | Laboral

El auge del contrato indefinido incentiva a las empresas a invertir más en la formación de sus plantillas

La formación continua en las empresas ha sido tradicionalmente una de las grandes debilidades del mercado laboral español, con niveles muy inferiores a los de otros países europeos. Además, cuando los trabajadores compaginaban empleo y estudios, en la mayoría de los casos eran ellos mismos quienes asumían el coste. Sin embargo, esta situación está empezando a cambiar: cada vez más ofertas de empleo incluyen el compromiso de facilitar la actualización profesional de los candidatos. Este giro no responde tanto a nuevos incentivos o al impacto de la inteligencia artificial, sino a un efecto inesperado de la reforma laboral de 2021, que podría contribuir a corregir una de las principales carencias de la fuerza laboral en España. Un estudio realizado por Pawel Adrjan (Indeed y Universidad de Oxford), Carlos Victoria Lanzón (Universidad Complutense) y Jonas Jessen (WZB Berlín) señala que el aumento de los contratos indefinidos y la limitación de los temporales tras la reforma han llevado a muchas empresas a replantear su estrategia. Como resultado, están ofreciendo a sus empleados oportunidades de formación dentro del propio puesto de trabajo. Esto implica que, más allá de los contratos en prácticas, las compañías están apostando por proporcionar formación continua durante toda la trayectoria profesional del trabajador dentro de la empresa, lo que también se convierte en un elemento clave para atraer talento. Los autores destacan que estudios anteriores se centraban en los trabajadores temporales, pero lo hacían a través de indicadores indirectos como la productividad o los salarios, sin analizar de forma directa la oferta de formación por parte de las empresas. Además, no se había prestado suficiente atención a las políticas destinadas a reducir la temporalidad. El análisis revela que los sectores más afectados por la reforma laboral son los que más han incrementado la publicación de ofertas que incluyen formación financiada por la empresa. A partir del estudio de más de tres millones de anuncios de empleo en Indeed entre 2018 y 2024, se observa que las ocupaciones donde más cayó la temporalidad han llegado a triplicar la oferta de formación. En concreto, esta ha aumentado en 4,3 puntos porcentuales (un 53% más en términos relativos) respecto a los sectores menos impactados, que ya partían de una mayor proporción de contratos indefinidos antes de 2022. De hecho, en los últimos años se ha producido una inversión en esta tendencia. El incremento de la formación responde tanto a un cambio en el comportamiento de las empresas ya existentes como a una mayor presencia de compañías que tradicionalmente apuestan por formar a sus empleados. Según Adrjan, ofrecer contratos indefinidos incentiva a las empresas a invertir más en capital humano, algo especialmente relevante en España, donde la formación continua sigue siendo baja en comparación con otras economías avanzadas, lo que supone un reto para la productividad en un contexto de rápida transformación tecnológica. En este sentido, la reforma laboral impulsada en 2021 por Yolanda Díaz ha conseguido de forma indirecta un objetivo que no lograron iniciativas anteriores: aumentar la formación proporcionada por las empresas a sus trabajadores. A diferencia de medidas previas -como incentivos, bonificaciones o herramientas como la cuenta formación, que buscaban fomentar el aprendizaje individual-, el modelo actual se basa cada vez más en la implicación directa de las empresas en la capacitación de sus empleados.

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(El Periódico, 16-04-2026) | Laboral

Los sindicatos trasladan su acto central del Primero de Mayo fuera de Madrid: van a Málaga

Los secretarios generales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, no acudirán este año a la manifestación del Primero de Mayo en Madrid, rompiendo así con la tradición habitual. En su lugar, ambos participarán en la movilización que se celebrará en Málaga, según han confirmado los sindicatos. Esta decisión coincide con el inicio de la campaña electoral andaluza, que arranca esa misma medianoche de cara a los comicios del 17 de mayo. Aunque en un primer momento Sordo evitó confirmar la información en una rueda de prensa, poco después ambas organizaciones sindicales ratificaron su participación en la marcha andaluza. Desde los sindicatos recuerdan que no es la primera vez que el acto principal del Día del Trabajo se celebra fuera de Madrid, como ocurrió en 2011 en Valencia, en plena crisis económica. El Primero de Mayo es la principal jornada reivindicativa del año para los sindicatos, en la que fijan sus prioridades. En la edición anterior, el foco estuvo en la reducción de la jornada laboral, una propuesta que finalmente no salió adelante en el Congreso. Este año, los líderes sindicales detallarán sus reivindicaciones en una comparecencia prevista para el lunes, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional tras el conflicto en Oriente Próximo. La subida de los precios energéticos ha impulsado la inflación, que en marzo alcanzó el 3,4%, superando el crecimiento de los salarios pactados en convenio, que se situaron en el 2,92%. Esta situación ha llevado a los sindicatos a mostrarse prudentes en la negociación del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que debe sustituir al vigente hasta el año pasado. Sordo ha señalado que es preferible esperar a que se aclare el contexto económico antes de cerrar cifras con la patronal, y ha advertido de que la preocupación empresarial por el absentismo será uno de los puntos de mayor fricción. Por otro lado, CC OO ha presentado un informe sobre siniestralidad laboral en el que advierte de que la reducción del número de fallecidos el último año -735, 61 menos que el anterior- no debe interpretarse como una mejora en la prevención. Según el sindicato, este descenso se explica más por cambios en la estructura productiva y por una mayor estabilidad en el empleo que por avances reales en seguridad laboral. El informe destaca que en un 35% de los accidentes con baja no se había realizado una evaluación de riesgos, pese a ser una obligación legal desde hace décadas, lo que evidencia, a juicio del sindicato, importantes carencias en el sistema preventivo. Para abordar esta situación, los sindicatos han acordado con el Ministerio de Trabajo una reforma en materia de prevención de riesgos laborales. No obstante, critican la lentitud en su aprobación, aunque confían en que algunas medidas puedan salir adelante mediante decreto. Finalmente, el estudio señala que el único ámbito donde han aumentado los fallecimientos es el sector de la construcción, donde esta tendencia lleva dos años al alza. Los sindicatos lo vinculan al incremento de la actividad y del empleo en este sector y reclaman medidas como adelantar la jubilación de los trabajadores de mayor edad mediante coeficientes reductores.

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(Expansión, 16-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las "Big Four" ingresan un 9,2% más

Deloitte, PwC, EY y KPMG alcanzan conjuntamente más de 4.100 millones de euros de ingresos en España, según los datos utilizados en este análisis. Entre ellas, Deloitte continúa encabezando el sector con una facturación cercana a los 1.300 millones. Las conocidas como Big Four siguen creciendo en el mercado español, aunque a un ritmo inferior al promedio del sector. En el último ejercicio, estas cuatro firmas sumaron 4.100 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,2% respecto al año anterior, por debajo del crecimiento de dos dígitos (11,4%) registrado en 2024. De acuerdo con el estudio elaborado por EXPANSIÓN a partir de la información facilitada por las propias compañías, el aumento medio del sector se situó en el 10%, elevándose hasta el 12,5% si se consideran únicamente las auditoras medianas. Deloitte se mantiene como la empresa con mayores ingresos en España tras crecer un 9,4% y superar los 1.288 millones de euros, mientras que EY alcanzó los 921,6 millones, con un aumento del 8,7%. Por su parte, PwC y KPMG registraron incrementos del 8,9% y del 10%, respectivamente, aunque aplican criterios distintos a los de sus competidores al contabilizar su actividad, ya que Deloitte y EY solo incluyen los datos de las sociedades registradas en el Registro Mercantil que facturan dentro del país. En términos generales, el balance es positivo. Según el presidente del ICJCE, Víctor Alió, la auditoría ha mantenido una evolución constante en los últimos años. Destaca además que el sector sigue siendo uno de los principales generadores de empleo entre los jóvenes con formación económica y que, cada vez más, se incorporan perfiles tecnológicos. En este sentido, subraya que las firmas están evolucionando hacia modelos multidisciplinares con especializaciones que van más allá del ámbito financiero, con un creciente componente tecnológico. Por su parte, el presidente de REA Auditores, Emilio Álvarez, indica que los trabajos de auditoría crecieron un 5% en 2024, alcanzando los 72.723 encargos. De estos, el 43,69% fueron realizados por pequeñas entidades, el 39,38% por medianas y el 16,93% por grandes firmas. En su opinión, la aparición de nuevas tecnologías refuerza aún más la importancia de la labor de auditoría en la economía.

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(Expansión, 16-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMC destapa graves desajustes en la red eléctrica en toda España

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) optó recientemente por hacer públicos de forma detallada y accesible online los llamados mapas de la red eléctrica en España. Gracias a ello, cualquier persona puede consultar la localización de los puntos de acceso, tanto para el consumo de electricidad como para su generación y vertido al sistema. Al analizar estos mapas, se llega a una conclusión preocupante: el problema de la red eléctrica no se limita únicamente a la saturación, como se creía hasta ahora, sino que es más profundo. Los datos revelan un claro desequilibrio: existen puntos de conexión disponibles en lugares donde no se demandan, mientras que escasean -o incluso no existen- en aquellas zonas donde la demanda es elevada. Este desajuste, además, se produce en ambos sentidos, afectando tanto a las conexiones para consumo como a las destinadas a la generación eléctrica. En un escenario ideal, los puntos de acceso para consumo se ubicarían cerca de las zonas con capacidad de generación, lo que permitiría un mejor equilibrio entre oferta y demanda sin necesidad de grandes infraestructuras de transporte eléctrico. Sin embargo, en España ocurre lo contrario: hay cientos de megavatios habilitados para consumo en áreas con poca generación, y viceversa. Este desequilibrio afecta al conjunto del sistema eléctrico, tanto a la red de distribución como a la de transporte. La red de distribución, que opera en media y baja tensión y abastece a hogares y pymes, está gestionada por grandes compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, junto a numerosas eléctricas locales. Por su parte, la red de transporte, que funciona en alta tensión y actúa como eje principal del sistema, está bajo el control de Red Eléctrica, dependiente de Redeia. Un ejemplo ilustrativo es el arco mediterráneo, que abarca el litoral oriental de la Península, desde Cádiz hasta Girona. En esta zona se observa una gran cantidad de puntos disponibles para consumo en alta tensión en provincias como Cádiz, Murcia, Alicante o Barcelona, mientras que en las redes de distribución la disponibilidad es más limitada. En cambio, para generación eléctrica, existe un exceso de capacidad en Cataluña, pero no en otras regiones. Ante esta situación, las soluciones pasan por habilitar nuevos puntos de conexión donde hacen falta o por desarrollar infraestructuras que permitan trasladar la electricidad entre territorios. Estos mapas se han elaborado a partir de la información que los operadores de redes deben remitir a la CNMC, en cumplimiento de una normativa aprobada el año pasado con el objetivo de evaluar con mayor precisión el problema de la saturación. Hasta ahora, los datos se ofrecían de forma fragmentada o agregada por cada operador, pero su integración y homogeneización permite entender mejor la magnitud del problema y localizar las zonas más afectadas. Un caso especialmente significativo es el de Madrid. Según la CNMC, los primeros informes ya indicaban que más del 80% de los puntos de acceso en redes de distribución estaban saturados. Con los nuevos datos, se confirma que en determinadas áreas -donde se concentran numerosos proyectos de centros de datos- la saturación alcanza prácticamente el 100%, sin margen para nuevas conexiones de más de un megavatio.

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(El País, 16-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno impondrá desde octubre el prefijo 400 para las llamadas comerciales

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha aprobado una orden que obliga a las empresas a realizar sus llamadas comerciales únicamente desde números que empiecen por el prefijo 400. Esta medida forma parte del Plan Antiestafas del Gobierno y entrará en vigor en un plazo de seis meses, por lo que a partir de octubre los operadores deberán bloquear cualquier llamada de este tipo que no utilice dicha numeración. Según el contenido de la orden, este nuevo rango de nueve cifras permitirá a los usuarios reconocer de inmediato que se trata de una llamada con fines comerciales antes de responder. Con ello, el Ejecutivo pretende reducir tanto el volumen de comunicaciones no deseadas como los fraudes basados en la suplantación de identidad. La iniciativa responde a lo establecido en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada en diciembre, que ya contemplaba la creación de una numeración específica para actividades comerciales. Cuando el sistema esté plenamente implantado, las compañías de telecomunicaciones tendrán la obligación de detectar y bloquear las llamadas que intenten sortear la norma utilizando números móviles o geográficos con fines publicitarios. Los números con prefijo 400 estarán diseñados para ser unidireccionales, lo que significa que los usuarios podrán recibir llamadas, pero no devolverlas. Esta característica busca evitar estafas basadas en la devolución de llamadas a números desconocidos que pueden implicar costes elevados o formar parte de redes fraudulentas. Además, la normativa obliga a los operadores a ofrecer a los clientes la opción de bloquear todas las llamadas procedentes de este rango. De esta forma, cualquier usuario podrá decidir no recibir comunicaciones comerciales de manera sencilla, sin necesidad de recurrir a registros externos o aplicaciones adicionales. Si, una vez aplicada la medida, un ciudadano recibe una llamada comercial desde un número no autorizado, podrá denunciarlo ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones o ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que serán las encargadas de supervisar el cumplimiento de la normativa y, en su caso, sancionar a las empresas que la incumplan. En cuanto a las llamadas de atención al cliente, solo podrán realizarse desde números cortos específicos, líneas gratuitas (800 y 900) o números geográficos asociados a la empresa. El objetivo es diferenciar claramente entre la atención solicitada por el usuario y las llamadas comerciales. De hecho, desde marzo de 2025 ya está prohibido utilizar números móviles para servicios de atención al cliente. Los resultados de las medidas previas del Plan Antiestafas reflejan la magnitud del problema: desde marzo de 2025 se han bloqueado cerca de 192 millones de llamadas fraudulentas y 17 millones de mensajes SMS. Esta actuación conjunta de los operadores ha permitido frenar muchas comunicaciones antes de que lleguen a los usuarios. En el caso de Telefónica, por ejemplo, se interceptan alrededor de 500.000 llamadas fraudulentas al día. El plan también incluye medidas contra el fraude por mensajes móviles, conocido como smishing. En este sentido, la CNMC ha aprobado la creación de un registro de alias para SMS, donde empresas y administraciones deberán inscribir los identificadores que utilizan como remitente en sus mensajes. A partir del 7 de junio, los operadores estarán obligados a bloquear cualquier mensaje cuyo remitente no esté registrado en esta base de datos. El objetivo es garantizar que el nombre que aparece en el móvil, como el de un banco o una institución pública, corresponda realmente con quien envía el mensaje. Para registrarse, las entidades deberán demostrar su vínculo legal con el nombre o marca que pretendan utilizar.

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(Expansión, 15-04-2026) | Fiscal

El Ibex 35 paga el 26,8% por el Impuesto sobre Sociedades en 2025

La aportación fiscal de los seis bancos que cotizan en bolsa alcanza el 29,1%, superando el tipo nominal del 25%. El Impuesto sobre Sociedades recae principalmente en las grandes empresas, cuya contribución resulta especialmente relevante. Las compañías del Ibex 35 registraron en 2025 un tipo efectivo del 26,8% en el Impuesto sobre Sociedades respecto a sus beneficios. En total, abonaron 25.100 millones de euros sobre unas ganancias antes de impuestos de 93.617 millones. En este contexto, destaca el peso del sector bancario. Los seis bancos cotizados presentan una carga fiscal media del 29,1%, claramente por encima del tipo general, consolidándose como el principal sostén de la recaudación dentro del índice. Estos datos proceden del Observatorio del Impuesto sobre Sociedades elaborado por el analista Joaquín Tamames a partir de la información pública que las empresas facilitan en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en sus informes para inversores. Tamames subraya que el grueso del impuesto recae sobre las grandes corporaciones y que su aportación es considerable. Por ello, defiende que el debate sobre la fiscalidad empresarial debería basarse en datos objetivos y no en percepciones o discursos simplificados. El sector financiero lidera la contribución tanto en términos absolutos como relativos. En conjunto, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja pagaron 14.135 millones de euros, lo que supone el 56% del total analizado. Entre ellos, destacan CaixaBank (32,0%), Sabadell (31,7%) y BBVA (31,4%) como los que soportan mayor presión fiscal, seguidos de Unicaja (29,7%) y Bankinter (29,0%). Banco Santander, con un 25,3%, se sitúa en línea con la media del índice. El estudio analiza 31 de las 35 empresas del Ibex a partir de sus cuentas de 2025, tomando como referencia el beneficio antes de impuestos y el gasto correspondiente al impuesto. Quedan fuera ArcelorMittal, por su contabilidad en dólares; Colonial y Merlin, por su régimen fiscal especial; y Cellnex, debido a sus pérdidas. Más allá de la banca, algunas empresas muestran cargas fiscales destacadas. Acerinox sobresale con un 158,9%, probablemente por ajustes contables o compensaciones de pérdidas pasadas, mientras que Sacyr alcanza el 43%. En casos como Telefónica y Ferrovial no se aplica una tasa efectiva: la primera por registrar pérdidas y la segunda por presentar ajustes fiscales positivos. En el lado opuesto, varias compañías presentan tipos más bajos, como Rovi (4,2%) o Acciona Energía (5,9%). También registran menor presión fiscal Enagás (16,9%), Grifols (18,7%), Acciona (19%) y Solaria (19,4%). No obstante, estos niveles reducidos suelen responder a factores puntuales, como el uso de créditos fiscales o la compensación de bases negativas de ejercicios anteriores. Por otro lado, un amplio grupo de empresas se sitúa cerca del tipo nominal del 25%, entre ellas Repsol (25,5%), IAG (25,8%), Naturgy (25,9%) y Mapfre (28,8%), junto con otras como Puig Brands, Indra, Logista, Aena y Endesa. En cuanto a la evolución reciente de la recaudación, en febrero de 2026 el Impuesto sobre Sociedades generó 21 millones de euros, mejorando frente al saldo negativo de 218 millones del mismo mes de 2025. En el acumulado de enero y febrero, el saldo neto sigue siendo negativo (-6.005 millones), debido a las devoluciones, aunque mejora un 18,8% respecto al año anterior. Según la Agencia Tributaria, este avance se explica por un menor volumen de devoluciones y un crecimiento homogéneo del 8,5% en febrero.

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(El Economista, 15-04-2026) | Fiscal

Cataluña rechaza deflactar los tramos autonómicos del IRP

Cataluña es la única comunidad autónoma con alto nivel económico que todavía no ha ajustado los tramos autonómicos del IRPF a la inflación. Este miércoles, el Parlament debate una propuesta de ley impulsada por Junts que pretende precisamente eso: adaptar el impuesto sobre la renta al aumento del coste de la vida. Además, la iniciativa incluye otras rebajas fiscales, como elevar el mínimo exento y aplicar una bonificación del 99% en el impuesto de Sucesiones y Donaciones. No obstante, la negativa del PSC y de sus socios de gobierno, ERC y Comuns, impedirá que la medida prospere. Con ello, Cataluña continuará formando parte del reducido grupo de territorios que no han adoptado esta práctica. Según el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), en los últimos años diez comunidades autónomas han ajustado o suavizado los tramos del IRPF para compensar la subida de precios. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid aplicó esta medida en 2022 y 2023, mientras que Andalucía y la Comunidad Valenciana también introdujeron cambios para aliviar la carga fiscal. En esta última, se incrementaron los mínimos personales y familiares, así como las deducciones, mientras que Andalucía optó por deflactar los primeros tramos del impuesto. Otras regiones con menor peso económico, como Aragón, Galicia, Canarias, Murcia o La Rioja, también han revisado su escala autonómica en los últimos años. En el caso de Navarra y el País Vasco, este ajuste se ha aplicado de forma continuada. Expertos como Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas, recuerdan que desde 2020 la inflación acumulada supera el 20%, mientras que la recaudación ha crecido cerca de un 50%. Por ello, defienden la deflactación como una herramienta eficaz para aliviar la presión fiscal sobre la clase media, especialmente en una comunidad como Cataluña, donde este esfuerzo es de los más elevados. Junts ha situado la reducción de impuestos como uno de los pilares de su estrategia económica, con el objetivo de mejorar la competitividad y evitar la salida de talento. Su propuesta incluye una rebaja de los tipos en los primeros tramos del IRPF, especialmente para rentas bajas y medias, mediante un ajuste técnico basado en la paridad de poder adquisitivo. Aunque las reducciones son moderadas, se estima que tendrían impacto en los contribuyentes. Asimismo, el plan contempla elevar el mínimo exento hasta algo más de 5.900 euros y aplicar una bonificación casi total en Sucesiones y Donaciones, ampliando la cobertura a situaciones que actualmente no están contempladas, como ciertos negocios heredados. Sin embargo, todo apunta a que la iniciativa será rechazada por la mayoría parlamentaria de PSC, ERC y Comuns, que ya han presentado enmiendas a la totalidad. Una propuesta similar del PP tampoco salió adelante recientemente. Aun así, los populares ven con buenos ojos parte del planteamiento de Junts y critican que la política fiscal actual no favorece suficientemente a las rentas medias. Desde el entorno socialista recuerdan, por su parte, que ya se introdujeron cambios en 2025 para reducir el tipo mínimo del IRPF en rentas inferiores a 33.000 euros, una medida que, según defienden, benefició a la mayoría de los contribuyentes.

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(El País, 15-04-2026) | Laboral

El Gobierno aprueba la resolución que oficializa las 35 horas para los 250.000 trabajadores de la Administración General del Estado

Los empleados de la Administración General del Estado (AGE) verán reducida su jornada laboral en dos horas y media semanales. Así lo establece una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, aprobada por el Ministerio de Función Pública, que fija la jornada en 35 horas semanales, cumpliendo el acuerdo alcanzado con los sindicatos CC OO, UGT y CSIF el pasado 27 de marzo. Esta medida afecta a unos 250.000 trabajadores del ámbito estatal. La nueva normativa entra en vigor mañana, aunque se concede un plazo de un mes a los organismos públicos para adaptar sus calendarios laborales a este cambio. Hasta ahora, la mayoría de empleados de administraciones autonómicas y locales ya disfrutaban de jornadas de 35 horas -alrededor del 60%-, lo que, según los sindicatos, suponía una desigualdad respecto a los trabajadores de la Administración central. Este compromiso ya figuraba en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI firmado en 2022, aunque su aplicación se retrasó hasta retomarse en noviembre dentro de un acuerdo salarial más amplio. La resolución aclara que esta reducción de jornada se limita a la Administración General del Estado y no afecta a otras administraciones, como las locales, pese a que los sindicatos consideran que podría tener cierto impacto indirecto en ellas. El acuerdo establece una jornada media anual de 35 horas semanales, equivalente a 1.533 horas al año, aplicable a todo el personal de la AGE. Aunque inicialmente algunos colectivos quedaban fuera -como trabajadores de prisiones o de sanidad y educación en Ceuta y Melilla-, finalmente se han incluido, si bien su aplicación concreta deberá negociarse de forma específica. Asimismo, los distintos departamentos deberán reorganizar su funcionamiento para garantizar que la reducción de jornada no afecte a la calidad ni a la continuidad de los servicios públicos, especialmente en áreas con atención directa al ciudadano o con trabajo por turnos. El Gobierno también se compromete a reforzar la planificación de recursos humanos y las ofertas de empleo público para asegurar que esta medida sea compatible con un buen funcionamiento de los servicios. La norma se aplica a la AGE, a la Seguridad Social y a organismos públicos dependientes, pero excluye al personal militar y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En esencia, actualiza la regulación vigente desde 2019, introduciendo ajustes para adaptarla a la nueva jornada. En cuanto a los horarios, la franja fija de mañana pasa a ser de 9:00 a 14:00, en lugar de hasta las 14:30, completándose el resto de la jornada con horario flexible entre las 7:00 y las 18:00 (de lunes a jueves) y hasta las 15:30 los viernes. También se reducen los horarios fijos de jornada partida y de tarde. La jornada intensiva de verano se mantiene sin cambios: seis horas y media diarias entre el 16 de junio y el 15 de septiembre. Por su parte, los empleados con régimen de especial dedicación pasarán de trabajar 40 horas a 37 horas y media semanales. Finalmente, se amplían las medidas de flexibilidad horaria para facilitar la conciliación. Los trabajadores con responsabilidades familiares -como cuidado de menores, personas mayores, dependientes o familiares enfermos- podrán ajustar su horario fijo en una hora diaria. Además, se incorpora la posibilidad de flexibilizarlo también para quienes convivan con personas dependientes, aunque no exista vínculo familiar.

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(El País, 15-04-2026) | Laboral

Los expertos plantean soluciones alternativas a convertir en fijos a los empleados públicos en abuso de temporalidad

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respondió este martes a las dudas planteadas por el Tribunal Supremo sobre si la normativa española compensa adecuadamente a los empleados públicos víctimas de abuso de la temporalidad. Como en ocasiones anteriores, la corte europea concluyó que España no ofrece una reparación suficiente. Según su criterio, las medidas adoptadas hasta ahora no son adecuadas: ni la figura del indefinido no fijo, ni las indemnizaciones previstas, ni los procesos de estabilización cumplen con los estándares comunitarios. Sin embargo, el TJUE no concreta qué solución debe aplicarse, dejando en manos del Tribunal Supremo la decisión final. Incluso resulta menos específico que en una sentencia de junio de 2024, en la que sugería que convertir a estos trabajadores en fijos podría ser una opción válida. El Gobierno, por su parte, rechaza esta posibilidad, al considerar que vulneraría la legislación nacional y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que establece que el acceso a la función pública debe regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Desde el Ejecutivo insisten en que ni esta sentencia ni el derecho europeo obligan a modificar la ley para hacer fijos a estos empleados. Mientras tanto, las cifras sobre los afectados varían: el sindicato CSIF calcula unos 125.000, mientras que el abogado Javier Arauz eleva el número a más de 900.000. Tras el fallo, el Ministerio de Función Pública descarta cambios legislativos en este sentido, aunque ha convocado a los sindicatos para analizar la situación. Ahora será el Tribunal Supremo quien deba dictar sentencia y, eventualmente, orientar una solución. Algunos expertos plantean alternativas. Arauz propone una figura similar a la fijeza, como el "fijo a extinguir", una categoría creada por los tribunales que permitiría mantener al trabajador en su puesto hasta su salida definitiva, aunque sin opciones de promoción o movilidad. Esta figura ya fue utilizada en otros contextos administrativos, según recuerda el catedrático Cristóbal Molina. No obstante, otros especialistas, como Adrián Todolí, rechazan esta opción, al considerar que no es adecuada para un caso de abuso de temporalidad, ya que se diseñó para situaciones distintas y no ilícitas. Donde sí ven novedades algunos expertos es en la valoración del TJUE sobre las indemnizaciones. El tribunal europeo considera insuficiente la compensación actual de 20 días por año trabajado, ya que solo se aplica en casos concretos. En este sentido, se plantea que podría establecerse una indemnización por el mero hecho de haber sufrido abuso de temporalidad, independientemente de si el trabajador pierde su puesto. Según Molina, el Supremo tiene varias vías abiertas: proponer una fórmula de fijeza limitada o condicionada, aumentar las indemnizaciones más allá de los límites actuales o incluso introducir sanciones para los responsables de personal que permitan estos abusos, como ocurre en otros países como Italia. Desde el ámbito jurídico, se considera que la postura del Gobierno -al afirmar que no existe obligación de convertir en fijos a los interinos- es coherente con la sentencia. No obstante, también se advierte de que el fallo cuestiona las medidas actuales y deja poco margen para diseñar alternativas que cumplan con el derecho europeo. Además, el pronunciamiento del TJUE podría tener efectos inmediatos, como un incremento de litigios contra la Administración. Podrían multiplicarse las reclamaciones individuales por abuso de temporalidad o las impugnaciones relacionadas con la gestión de plazas estructurales. Entre las posibles vías legales, se contempla la responsabilidad patrimonial del Estado, aunque los expertos advierten de que se trata de un procedimiento complejo y difícil de prosperar.

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(El Economista, 15-04-2026) | Laboral

El TJUE cree que España abusa de encadenar contratos temporales en el sector público

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que España debe adoptar medidas más eficaces frente al abuso de la temporalidad en el sector público, abriendo la posibilidad de convertir en fijos a los empleados interinos de larga duración o, en su defecto, compensarlos con indemnizaciones superiores a las actualmente previstas, cuyo máximo es de 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades. La sentencia indica que la normativa europea no obliga directamente a transformar estos contratos en indefinidos, pero sí exige a los Estados establecer mecanismos efectivos para prevenir y sancionar este tipo de abusos, algo que, según el tribunal, no ocurre en el caso español. En este sentido, el TJUE descarta las soluciones que se aplican actualmente, como la figura del indefinido no fijo, las indemnizaciones vigentes o los procesos de estabilización, al considerar que no corrigen adecuadamente la situación. Así, reduce las alternativas a dos posibles vías: regularizar a los trabajadores afectados o compensarlos de forma suficiente. El abogado Javier Arauz, que ha impulsado este caso, considera que la resolución apunta claramente hacia la conversión en fijos como solución principal. Sin embargo, el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública sostiene una interpretación distinta y afirma que la sentencia no obliga a modificar la legislación ni a convertir automáticamente en fijos a estos empleados. El fallo responde a varias cuestiones planteadas por el Tribunal Supremo en 2024, que buscaba aclarar si la normativa española -basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública- es compatible con el derecho europeo. También preguntaba si las medidas actuales, como declarar a estos trabajadores indefinidos no fijos o aplicar las indemnizaciones existentes, eran suficientes. El TJUE no entra a interpretar la legislación nacional, pero insta al Supremo a evaluar si el sistema español cumple con la normativa europea. En este contexto, recuerda que ninguna de las medidas actuales resulta adecuada. Considera, por ejemplo, que la figura del indefinido no fijo perpetúa la precariedad, ya que el trabajador pierde su puesto cuando se cubre la plaza mediante un proceso selectivo. Respecto a las indemnizaciones, el tribunal las considera insuficientes. La compensación de 20 días por año trabajado -prevista en la ley de 2021- y la de 33 días con tope de 24 mensualidades no garantizan una reparación completa ni proporcional al daño sufrido. Además, solo se aplican en determinados supuestos, lo que deja fuera a muchos trabajadores afectados. También cuestiona los procesos de estabilización, al entender que no están diseñados específicamente para reparar el abuso, ya que pueden participar aspirantes sin esa situación y los afectados pueden no superarlos. Ahora será el Tribunal Supremo quien deba pronunciarse nuevamente sobre cómo resolver este problema, con una sentencia que podría conocerse en las próximas semanas. Mientras tanto, miles de casos siguen en los tribunales, con trabajadores que reclaman una solución definitiva a su situación.

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