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(El Economista, 10-05-2024) | Fiscal

El coche eléctrico choca ante la paradoja fiscal de los impuestos de la transición verde

La transición hacia los coches eléctricos enfrenta desafíos inesperados. Aunque la demanda aumenta, no al ritmo esperado por la industria automotriz, lo que ha desencadenado una guerra de precios entre las empresas para atraer a nuevos consumidores, quienes priorizan más el costo al adquirir un vehículo eléctrico. Una adopción deficiente podría comprometer la transición energética, por lo que varios gobiernos han implementado ayudas para impulsar la compra de estos vehículos. Sin embargo, a medida que los coches eléctricos ganan terreno, los ingresos por impuestos sobre combustibles disminuyen, lo que podría generar un déficit en las finanzas de muchos países, especialmente en Europa. En 2023, a nivel mundial, los coches eléctricos impidieron la recaudación de 11.140 millones de euros en impuestos sobre gasolina y diésel. Por otro lado, los ingresos por impuestos sobre vehículos eléctricos ascendieron a 1.860 millones de euros, lo que resultó en una pérdida de 9.280 millones de euros. Aunque estas cifras pueden parecer modestas a nivel global, con el crecimiento actual del mercado de coches eléctricos, estas pérdidas podrían alcanzar los 102.090 millones de euros en 2035 a nivel mundial. Según el informe Global EV Outlook 2024 de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Europa representa el 60% de estas pérdidas. Esto es notable, considerando que Europa tuvo una cuota de ventas de vehículos eléctricos significativamente menor que China el año pasado. China dominó el 60% de las ventas, mientras que Europa y Estados Unidos representaron el 25% y el 10%, respectivamente, del total mundial. Esta alta concentración es una debilidad del mercado de coches eléctricos. La diferencia radica en que los impuestos a los combustibles en Europa son más altos que en China y Estados Unidos. Por ejemplo, el impuesto sobre la gasolina en Francia, Alemania e Italia es seis veces mayor que en China. Se prevé que las pérdidas en Europa alcancen los 64.960 millones de euros en 2035, en comparación con los 15.780 millones de euros en China y los 278 millones de euros en Estados Unidos. Las pérdidas menores en Estados Unidos se deben a que el país tiene una de las tasas impositivas más bajas sobre combustibles, solo superada por Rusia, Brasil e Indonesia, según el Departamento de Energía de EE. UU. El aumento en el uso de coches eléctricos resulta en una disminución de los ingresos por combustibles, lo que obliga a los Estados a realizar una transición impositiva de los vehículos de combustión a los eléctricos. Esto podría contrarrestar los incentivos para adquirir estos modelos, poniendo en riesgo la transición verde. Noruega, líder europeo en coches eléctricos, ha cambiado su estrategia debido a esta situación. Aunque anteriormente introdujo medidas para fomentar las ventas de coches eléctricos, como la eliminación del IVA en la compra, el país ha comenzado a revertir estas políticas. El gobierno noruego eliminó los beneficios fiscales para las empresas con vehículos eléctricos en su flota, con el objetivo de evitar la reducción de los ingresos fiscales. En España, el uso de coches eléctricos aún no ha alcanzado un punto crítico. Aunque las ventas aumentaron un 73,4% en 2023, representan solo el 5,6% de las ventas totales. Por lo tanto, los esfuerzos se centran en impulsar su uso, como el Plan MOVES III, que proporciona ayudas para la compra de vehículos eléctricos.

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(El Economista, 10-05-2024) | Laboral

La reforma del subsidio penalizará a los parados de larga duración y a los trabajadores con peores empleos

El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para simplificar y mejorar el nivel asistencial presenta una novedad destacada: la posibilidad de compatibilizar la prestación contributiva por desempleo con un empleo a jornada completa, siempre y cuando el salario no supere el 225% del IPREM, es decir, 1.350 euros. Sin embargo, al profundizar en los detalles del texto, surgen diversas sorpresas: la compatibilidad está limitada a un máximo del 80% del IPREM (480 euros en los niveles actuales) durante los dos primeros meses. Posteriormente, este porcentaje se reducirá de manera significativa, una medida que afecta principalmente a los desempleados de larga duración y a aquellos que acepten trabajos a tiempo parcial. El borrador del texto legal, al cual elEconomista.es ha tenido acceso, incluye cambios significativos con respecto a la versión presentada en diciembre, que fue rechazada por el Congreso con el voto en contra de diputados del PP, Vox y Podemos. La formación morada fundamentó su rechazo en la reducción del 125% al 100% de la base mínima en la cotización que aporta el SEPE para la jubilación de los beneficiarios mayores de 52 años. La nueva versión del Gobierno aborda este tema, pero introduce la posibilidad de compatibilizar las prestaciones con un trabajo a tiempo completo. El mecanismo para lograr esto es similar al de los subsidios. Es decir, la prestación se convierte en un "complemento de apoyo al empleo" que se irá reduciendo conforme el beneficiario consuma su período de prestación. Según el texto, esta normativa se aplicará a las prestaciones contributivas por desempleo reconocidas un año después de su entrada en vigor (un plazo que el Gobierno ha retrasado del 1 de abril al 1 de julio de 2025) para aquellos que hayan superado los 12 meses y comiencen un trabajo a tiempo completo o parcial. No obstante, se establece una excepción para aquellos que hayan comenzado a cobrar el paro antes de esa fecha pero alcancen o superen los 12 meses en ese momento, permitiéndoles compatibilizar un trabajo a tiempo completo con su prestación. El límite de un año reduce el número potencial de beneficiarios a la mitad de aquellos que perciben la prestación contributiva. Según datos actuales del SEPE, aproximadamente 430.000 personas tienen un período de cobro reconocido de más de 12 meses, de las cuales 198.000 alcanzan los 24 meses. Sin embargo, es difícil prever cuántos superarán estos umbrales en un año, ya que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que el 80% de los beneficiarios no agotan el período de cobro reconocido. El esquema es llamativo, ya que el complemento se reduce con el tiempo que el desempleado lleva cobrando el paro. Entre el décimo tercer y décimo quinto mes, el complemento alcanzará el 80% del IPREM, que equivale al importe asignado actualmente para un subsidio (y el mínimo que se alcanzará con el nuevo sistema), es decir, 480 euros según el nivel actual de este indicador. A partir de ahí, el porcentaje disminuirá hasta llegar al 30% (180 euros). A los trabajadores a tiempo parcial se les aplicarán reducciones aún más pronunciadas. Una de las sorpresas más destacadas es que, aunque actualmente no se puede compatibilizar un empleo a tiempo completo con el paro, sí se permite con un empleo a tiempo parcial. Esto implica restar del importe de la prestación la parte proporcional al tiempo trabajado. El nuevo sistema establece un límite no en relación con esa cantidad, sino con el IPREM, y este porcentaje también disminuye con el tiempo, lo cual es una novedad. Es importante recordar que la prestación contributiva se reduce del 80% al 60% de la base reguladora a partir del sexto mes, pero se mantiene constante hasta su agotamiento. Por lo tanto, las personas que llevan más de 12 meses percibiendo una prestación y tienen un empleo a tiempo parcial no ven reducido el importe de su prestación con el tiempo. Esta novedad explica el período de gracia otorgado a los desempleados que trabajen a tiempo parcial: aquellos que deseen acogerse a este sistema un año después de la entrada en vigor de la normativa experimentarán un empeoramiento en sus condiciones, con una ayuda mucho menor que la de los desempleados con empleo a tiempo completo. La idea, al igual que con el diseño de los subsidios, es que este complemento (y la prestación) no se utilicen como apoyo para empleos a media jornada, sino como un incentivo para la empleabilidad. Sin embargo, en la práctica supone un endurecimiento de las condiciones. Surge una pregunta adicional: ¿Qué sucede con la prestación que no se utiliza junto con el complemento? La cuantía de una prestación contributiva se determina en función de la base reguladora, no del IPREM como ocurre con los subsidios. En este sentido, el complemento no guarda proporción con la prestación. A pesar de ello, el decreto sugiere que también reducirá los días de cobro de la prestación, al igual que ocurre con los subsidios. En algunos casos, esto puede resultar en un beneficio, especialmente para aquellos que reciben el complemento durante los dos primeros meses (cuando alcanza el 80% del IPREM). Sin embargo, la disminución a lo largo del tiempo hace que no sea rentable e incluso que el desempleado lo perciba como una pérdida del dinero que el SEPE le "debe". En cualquier caso, el borrador deja claro que el SEPE podrá desistir de la aplicación de la compatibilidad, en cuyo caso la prestación quedará suspendida por la realización de un trabajo por cuenta ajena.

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(El Economista, 10-05-2024) | Laboral

El Tribunal Supremo zanja el debate: son laborales los litigios sobre seguros de pensiones empresariales

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resuelto definitivamente, en una sentencia emitida el 29 de abril de 2024, que los conflictos relacionados con los seguros colectivos de rentas, establecidos por las empresas como beneficios voluntarios de la Seguridad Social para sus empleados, de acuerdo con lo acordado en el convenio colectivo sectorial, son competencia de la jurisdicción Social y no de la Civil. El magistrado Vela Torres, como ponente, ha afirmado que "la mejora voluntaria representa una protección adicional, complementaria a la provista por el sistema público de pensiones, pero no constituye una forma alternativa o sustitutiva de la protección que el régimen público debe ofrecer". Esta cuestión debe interpretarse a la luz del artículo 2 q) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Estas mejoras suelen originarse en una disposición acordada colectivamente, mediante la cual el empleador se compromete a suscribir una póliza de seguro que garantice al trabajador el pago de una suma de dinero en caso de ciertos eventos, como la incapacidad o el fallecimiento debido a un accidente laboral o una enfermedad profesional, incluso cubriendo contingencias comunes. Aunque, además de la legislación laboral y de Seguridad Social, es necesario considerar lo establecido en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, sobre Contrato de Seguro, y el uso de un contrato mercantil de seguro para implementar la eficacia de la mejora, esto no altera la naturaleza laboral de la relación jurídica ni la atribución de competencia al Orden Social. El magistrado argumenta que, prácticamente desde la promulgación de la Ley de Contrato de Seguro de 1980, surgió la pregunta sobre si los litigios relacionados con los contratos de seguro que ofrecen cobertura de mejoras voluntarias de la seguridad social correspondían a la jurisdicción civil o social. Existen numerosas sentencias de la Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo, que sostienen que la competencia corresponde al orden jurisdiccional social (sentencias de 25 de octubre de 1982, 4 y 8 de junio de 1984, 18 de junio de 1985 y 30 de abril y 11 de noviembre de 1986), tal como resumió la sentencia de la Sala Cuarta de 27 de enero de 1987. Por otro lado, no hay ninguna sentencia de la Sala Primera que afirme la competencia de la jurisdicción Civil para estos asuntos. Por el contrario, la única sentencia que abordó indirectamente la cuestión, la núm. 206/2006, de 23 de febrero, reconoció la competencia de la jurisdicción Civil en un litigio entre un mutualista y una mutua, precisamente porque la relación jurídica entre ellos no derivaba de una relación laboral ni de la aplicación de un convenio colectivo en su ámbito laboral.

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(El País, 10-05-2024) | Laboral

Trabajo dice que los salarios en España no deben ir ligados a la productividad

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, argumentó que la productividad en España debería relacionarse con aspectos distintos al salario, y que la reducción de la jornada laboral sin disminuir el salario podría ser un mecanismo para aumentar la productividad sin afectar los salarios. Pérez Rey expresó este jueves durante unas jornadas organizadas por la Fundación 1º de Mayo, que España necesita adoptar un enfoque diferente y dejar de asociar la productividad exclusivamente con los salarios, lo que podría contribuir a reducir la brecha salarial de 20 puntos porcentuales con respecto a Europa. "Ayer pedía el presidente del Gobierno a las empresas que debían subir el salario y, efectivamente, yo creo que las empresas deben subir el salario, pero claro, esto no puede ser una especie de invitación a que se haga un acto de ejercicio de autorresponsabilidad, sino que esto tiene que ser un compromiso", ha expuesto. En consonancia con esto, señaló que el aumento de los salarios en España implica fortalecer todos los mecanismos salariales relacionados con el desempeño de la empresa y aumentar las escalas salariales. Para lograrlo, resaltó la importancia de la negociación colectiva. "Los convenios colectivos en este país están básicamente afectando a nueve de cada diez trabajadores, y eso quiere decir también que las organizaciones sindicales y patronales de este país tienen una capacidad de regulación del conjunto de las relaciones laborales que va mucho más allá del ámbito estricto de la representación y de la afiliación", subrayó el secretario de Estado. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, precisó que el aumento de los salarios contribuye a mejorar la productividad de las empresas españolas a largo plazo y representa un factor de cohesión social entre las instituciones. Además, Sordo también abogó por la importancia de mejorar los niveles de remuneración de las organizaciones sindicales. "¿Está hablando de subvenciones? No, estoy hablando de una retribución acorde con la inmensa responsabilidad que el marco legislativo español atribuye a las organizaciones sindicales en función de la aplicación erróneas de eficacia general de lo que pactamos", indicó Sordo.

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(El País, 10-05-2024) | Laboral

La Inspección de Trabajo ha aflorado 16 millones de euros en salarios impagados a lo largo del año

Las inspecciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo durante los primeros cuatro meses de este año han revelado que las empresas estaban dejando de pagar correctamente a sus trabajadores, lo que resultaba en una evasión de más de 16 millones de euros en salarios y cotizaciones a la Seguridad Social. En algunos casos, se encontró que las empresas pagaban por debajo del salario mínimo legal, omitían complementos salariales, abonaban sueldos inferiores a los establecidos por convenio o incluso dejaban de pagar los salarios a los empleados sin justificación. Estas infracciones fueron corregidas, dando lugar a la recuperación de los salarios impagados. Esta acción forma parte de una campaña más amplia para regularizar los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social. En particular, se ha prestado atención a asegurar que las empresas ajusten los salarios de acuerdo con el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) y que cumplan adecuadamente con las obligaciones laborales, como el pago y la protección de las empleadas del hogar. Por otro lado, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, abogó por aumentar los salarios y desvincularlos de la productividad empresarial, argumentando que España debe dejar de ser un país con sueldos bajos en comparación con Europa. Subrayó la importancia de que el aumento salarial sea un compromiso por parte de las empresas, en lugar de una simple sugerencia. En relación con este tema, el PP ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para promover el uso de currículos anónimos en los procesos de selección, una medida respaldada también por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Argumentan que ciertos aspectos personales como la edad, el sexo o la apariencia física pueden influir en las decisiones de contratación, y buscan evitar posibles discriminaciones en el empleo.

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(Expansión, 10-05-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Cuerpo: "El Estado es un accionista que da estabilidad a las empresas estratégicas"

El titular de Economía urge a "adoptar una postura más cautelosa frente a la llegada de inversión extranjera a nuestras empresas clave". "Necesitamos resguardar nuestros intereses y contamos con los medios adecuados para hacerlo", afirma. "Debemos dejar de ser ingenuos o crédulos al evaluar la entrada de inversión extranjera en nuestras empresas estratégicas", declaró el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, argumentando que el Estado debe "defender los intereses" del país utilizando los instrumentos disponibles, desde imponer condiciones a una operación hasta adquirir participación en dichas compañías. "El Estado actúa como accionista brindando estabilidad", aseguró durante el V FORO INTERNACIONAL EXPANSIÓN, organizado en colaboración con el think tank internacional The European House-Ambrosetti, celebrado recientemente en el Parador de Alcalá de Henares. Las declaraciones de Cuerpo surgen en medio del regreso del Estado al capital de Telefónica, empresa en la que el Gobierno encomendó a la Sepi tomar un 10% de las acciones (ya ha adquirido un 7% y ha nominado a Carlos Ocaña, cercano al presidente del Ejecutivo, como consejero) como respuesta a la adquisición del 9,9% por parte de la empresa estatal saudí STC. Ante la posibilidad de que el Gobierno tome medidas similares frente a la oferta pública de adquisición (OPA) del grupo húngaro Magyar Vagon sobre Talgo, o la del gigante energético emiratí Taqa sobre Naturgy, Cuerpo destacó que en la Unión Europea hay consenso sobre la necesidad de proteger "la autonomía estratégica, especialmente en sectores clave, como el energético, las telecomunicaciones, las infraestructuras o el sector financiero", añadiendo explícitamente el de "los transportes". En este contexto, afirmó, "el Estado actúa como accionista brindando estabilidad y una visión a largo plazo", aunque especificó que esto "no tiene por qué ser la única" acción defensiva que el Gobierno podría tomar ante este tipo de operaciones. "Nuestra normativa permite, si lo consideramos necesario, establecer condiciones para estas operaciones, como mantener un cierto nivel de inversión o proteger nuestras redes e infraestructuras", explicó. Cuerpo reconoció que esta consideración estratégica se aplica a empresas como Naturgy o Talgo, "que además tienen características específicas relacionadas con la propiedad intelectual que las hacen aún más estratégicas", subrayó. En resumen, concluyó el ministro, "se trata de proteger nuestros intereses y contamos con los medios adecuados para hacerlo, y ese es el mensaje que creo que debemos transmitir". Cuerpo defendió que este "marco debería inspirar mucha confianza", sin que, afirmó, el blindaje reduzca el atractivo de España como destino de inversión, ya que, de 2018 a 2024, "ha sido el cuarto país del mundo en el que se han iniciado más proyectos nuevos con inversión extranjera", destacó. El ministro de Economía destacó que otro "mensaje de confianza adicional" es el sólido crecimiento económico del país, que sorprendió con un aumento del 0,7% en el primer trimestre, llevando al Banco de España a anticipar una revisión al alza de su pronóstico de crecimiento del PIB para 2024 por encima del actual 1,9%, como informó el día anterior en el V FORO INTERNACIONAL EXPANSIÓN el gobernador, Pablo Hernández de Cos. Ante la pregunta de si el Gobierno está considerando elevar su propia estimación, Cuerpo recordó que hace diez días enviaron una actualización de sus previsiones para 2024 a Bruselas, manteniendo una proyección de crecimiento del PIB del 2% este año "por precaución en las previsiones macroeconómicas, que son la base para la elaboración presupuestaria". En este sentido, Cuerpo defendió que "la prórroga presupuestaria de 2023 no ha tenido un impacto negativo", dado el "margen de flexibilidad" de las cuentas para "reasignar partidas", aunque adelantó que el Gobierno ya está "centrado en la negociación de los Presupuestos de 2025". Además, explicó, el Gobierno "está trabajando para que los nuevos impuestos temporales sobre las grandes entidades bancarias y las empresas energéticas se mantengan de manera permanente en nuestro sistema tributario". "Este cambio de temporal a permanente debe incluir una revisión de los impuestos", como la adaptación del impuesto sobre el sector financiero a la evolución de los tipos de interés, que se espera que comiencen a bajar en junio, o incentivos para las inversiones en electrificación de las empresas energéticas.

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(Expansión, 10-05-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La compraventa de viviendas cae un 13,7% en marzo, pero el precio crece un 4,5%

Según los datos publicados hoy por el Consejo General del Notariado, la actividad de compraventa de viviendas en España experimentó una disminución del 13,7% en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda retrocedió un 4,5%. Sin embargo, el precio medio de la vivienda aumentó un 4,2%. En cuanto al número de compraventas, se registraron un total de 56.559 unidades en marzo, lo que supone una caída del 13,7% interanual. El precio medio del metro cuadrado se situó en 1.683 €/m², con un incremento del 4,2%. En lo que respecta al tipo de vivienda, las compraventas de pisos disminuyeron un 13,9%, alcanzando las 43.761 unidades, mientras que las viviendas unifamiliares descendieron un 13,2% hasta las 12.797 unidades. En cuanto a los precios, los pisos experimentaron un aumento del 4,5%, con un precio medio de 1.878 euros/m², mientras que el precio de las viviendas unifamiliares promedió los 1.314 euros/m², con un incremento del 3,8%. En cuanto a la distribución por comunidades autónomas, se observa que catorce regiones registraron una reducción en la compraventa de viviendas, mientras que solo tres experimentaron un aumento. Las comunidades con un crecimiento positivo fueron La Rioja (5,6%), Asturias (4,3%) y el País Vasco (2,8%). En términos de precios, se observa un aumento del 4,2% en el precio del metro cuadrado a nivel nacional. Quince autonomías experimentaron un incremento en el precio de la vivienda, mientras que en las dos restantes se registró una disminución. Destacan los aumentos de dos dígitos en Baleares (23,9%), Canarias (18,0%) y Cantabria (16,1%). En contraste, se observaron retrocesos en Navarra (-35,4%) y Murcia (-0,002%).

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(El Mundo, 10-05-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La población de España marca máximos históricos, rozando los 49 millones de personas

El 1 de abril, España registraba una población total de 48.692.804 habitantes, con un aumento de 82.346 personas durante el primer trimestre de 2024, según los datos provisionales más recientes de la Estadística Continua de Población (ECP) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) hoy. Este crecimiento poblacional se debe principalmente a la llegada de extranjeros, ya que la población con nacionalidad española sigue disminuyendo. En términos anuales, la población aumentó en 459.615 personas. Durante este período, el número de hogares también aumentó, llegando a un total de 19.334.585 después de sumar 23.809 nuevos hogares. El crecimiento poblacional se atribuye casi en su totalidad al aumento de personas nacidas en el extranjero, cuya población alcanzó los 8.915.831 individuos, superando a la población extranjera, debido en parte a los procesos de nacionalización española. Las principales nacionalidades de los inmigrantes fueron colombianos (con 39.200 llegadas a España), marroquí (26.000) y venezolana (22.600). En cuanto a las nacionalidades más comunes entre los emigrantes, destacan la española (con 10.000 salidas), la marroquí (9.900) y la rumana (8.000). El número de extranjeros aumentó en 85.684 personas, alcanzando un total de 6.581.028, mientras que la población de nacionalidad española disminuyó en 3.338 personas. Durante el primer trimestre de 2024, la población creció en 12 comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Melilla, mientras que se redujo en las cinco comunidades autónomas restantes y en la ciudad autónoma de Ceuta. La Comunidad de Madrid (0,44%), la ciudad autónoma de Melilla (0,40%) y la Comunitat Valenciana (0,36%) experimentaron los mayores incrementos en la población.

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(Expansión, 09-05-2024) | Fiscal

La presidenta madrileña anuncia una nueva batería de incentivos fiscales para el acceso a la vivienda

Isabel Díaz Ayuso está finalizando la implementación de nuevos incentivos para la compra y el alquiler de viviendas que supondrán un ahorro de 118 millones de euros para los contribuyentes. Se otorgará una deducción de 1.000 euros a los propietarios que pongan sus inmuebles en alquiler. Durante su participación en el V FORO INTERNACIONAL EXPANSIÓN, la presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció una serie de medidas fiscales destinadas a mejorar el acceso a la vivienda en la región. Entre estas medidas, Díaz Ayuso mencionó una deducción de 1.000 euros en el IRPF para los propietarios que pongan sus inmuebles en alquiler. "Si se transmite la idea de que alquilar tu casa es sinónimo de problemas, la oferta disminuirá", advirtió la presidenta. Asimismo, se establecerá una deducción en el IRPF de 1.000 euros para aquellos que formalicen nuevos contratos de arrendamiento de viviendas que hayan estado vacías durante al menos un año y se incorporen al mercado del alquiler con contratos de más de 3 años de duración. Esta deducción se aplicará a propietarios o usufructuarios que no posean más de cinco propiedades inmobiliarias y se espera que alcance a unos 20.000 ciudadanos, generando un ahorro de 20 millones de euros. Además, se creará una bonificación del 25% en los préstamos hipotecarios para vivienda habitual sobre la diferencia entre los intereses pagados y los que se habrían pagado con el euríbor de diciembre de 2022, con un límite de 300 euros al año. Esta medida beneficiará a unos 450.000 contribuyentes y generará un alivio fiscal de alrededor de 90 millones de euros. Díaz Ayuso también mencionó un nuevo paquete de reducciones fiscales para combatir la despoblación en los municipios rurales. Esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a los jóvenes menores de 35 años a establecer su residencia habitual en municipios con menos de 2.500 habitantes, ya sea mediante compra o alquiler. Se estima que beneficiará a más de 1.200 contribuyentes y generará un ahorro de más de 8 millones de euros en el primer año. Por último, se establecerá una deducción por traslado de residencia a estos municipios de 1.000 euros en el año en que se produzca el cambio, siempre y cuando el contribuyente mantenga la residencia durante los tres años siguientes. Además, los jóvenes que adquieran una vivienda habitual en estos pueblos podrán deducirse el 10% del precio de adquisición, con un límite anual de 1.546 euros durante diez años fiscales. Se aplicará una bonificación del 100% en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en caso de adquisición de vivienda de segunda mano, y de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en caso de vivienda nueva. Díaz Ayuso también destacó la situación económica de España, señalando que "no pinta bien", aunque destacó que Madrid vive un buen momento. Criticó las políticas del Gobierno central y aseguró que Madrid siempre estará del lado de quienes generan riqueza y empleo.

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(El País, 09-05-2024) | Fiscal

El Consejo Económico y Social sugiere aumentar los recursos propios de la UE emitiendo deuda pública conjunta

El Consejo Económico y Social (CES) ha emitido un informe en el que critica las nuevas reglas fiscales europeas aprobadas a principios de año, señalando que no resuelven completamente los problemas del sistema anterior debido a su complejidad, prociclicidad y falta de protección para la inversión. Para abordar estas deficiencias, el informe propone varias recomendaciones, entre las cuales destaca la importancia de lograr la Unión Bancaria, profundizar en la integración financiera mediante la Unión del Mercado de Capitales, definir una política industrial específica por sectores y emitir eurobonos para reforzar los recursos propios de la UE y financiar inversiones tecnológicas y ambientales. Aunque las nuevas reglas fiscales se centran en el medio plazo y permiten una mayor implicación de los Estados, el CES considera que el sistema sigue siendo complejo y utiliza variables poco claras. Además, algunas previsiones son poco realistas según el informe elaborado por el organismo, que destaca la necesidad de reformar los mecanismos europeos comunes y reforzar la inversión a nivel europeo para hacer frente a las particularidades macroeconómicas del momento. El CES también subraya la importancia de equilibrar el nuevo marco fiscal con la política monetaria, prestando atención a la coexistencia de una posición fiscal más estricta con los efectos retardados de la restricción monetaria. Además, insta a completar la Unión Bancaria para evitar situaciones de inestabilidad financiera y contribuir a la resiliencia económica de la Unión Europea. En cuanto a la integración financiera, el CES aboga por avanzar en la Unión del Mercado de Capitales para crear mercados financieros más competitivos y movilizar el capital privado necesario para impulsar la innovación y respaldar las inversiones. Esto podría lograrse mediante la emisión de deuda pública conjunta y la creación de nuevos impuestos europeos. Otra recomendación importante del informe es la definición de una política industrial común que permita a la UE competir a nivel internacional y promover la cohesión económica y territorial. Finalmente, el CES destaca la importancia de valorar las inversiones en capital humano y considerar la perspectiva de género y la infancia en las políticas económicas y sociales de la Unión Europea.

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