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(El Economista, 25-04-2025) | Laboral

Trabajo quita un puesto a CEOE en el CES europeo y Garamendi excluye a Cepyme

Cepyme ha quedado fuera del Comité Económico y Social Europeo (CESE), el órgano consultivo de la Unión Europea que agrupa a representantes de trabajadores, empresarios y otros colectivos sociales. Hasta ahora, la CEOE contaba con siete representantes en este comité, pero el Ministerio de Trabajo -encargado de proponer a los miembros- ha decidido reducir esa cifra a seis. A raíz de esta reducción, según confirman fuentes consultadas por elEconomista.es, la CEOE ha optado por dejar fuera a Cepyme, que llevaba una década participando en el CESE. La representación de Cepyme recaía hasta ahora en su vicepresidenta, María Helena de Felipe, quien también forma parte de Foment del Treball y ostenta el cargo de vicepresidenta ejecutiva en la confederación europea de pymes, SME United. Desde la CEOE, organización presidida por Antonio Garamendi, confirman que han pasado de tener siete a seis asientos, pero rechazan que haya una intención deliberada de excluir a Cepyme. Alegan que sus representantes no hablan solo por las grandes empresas, sino por todo el colectivo empresarial, incluidas las pymes. Esta decisión profundiza en las tensiones internas entre CEOE y Cepyme, especialmente marcadas por el conflicto entre el actual presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, y Ángela de Miguel, la candidata respaldada por Garamendi para liderar la organización de pymes. El malestar dentro de Cepyme ha aumentado, sobre todo después de que De Miguel afirmara, al presentar su candidatura para las elecciones del 20 de mayo, que "las pymes están abandonadas". Aunque es cierto que CEOE ha perdido un asiento, muchas organizaciones no comprenden por qué la única organización que representa directamente a las pymes ha sido excluida en este momento. Según las fuentes citadas, el proceso de renovación de los vocales comenzó en marzo y se extenderá hasta septiembre. En este contexto, la CEOE podría optar por mantener a sus seis representantes actuales -procedentes de sectores como el metal, la banca, la distribución, la alimentación, además de un asesor cercano a Garamendi y la delegada de la patronal en Bruselas- o modificar la composición. El reglamento establece que los Estados miembros son los encargados de proponer a los miembros del CESE, basándose en las candidaturas que presentan las organizaciones, mientras que el nombramiento final lo realiza el Consejo Europeo por un periodo de cinco años. A España le corresponden 21 representantes: siete por parte de los trabajadores, siete por parte de los empresarios y siete más por otros intereses sociales. Hasta ahora, en el grupo empresarial solo participaba la CEOE, mientras que el cupo sindical se reparte entre CCOO, UGT y ELA. Este escenario ha impulsado a otras organizaciones, como Conpymes y Pimec, a mover ficha para ocupar el espacio institucional dejado por Cepyme. Ambas buscan ganar terreno en la representación de las pequeñas y medianas empresas tanto a nivel institucional como en el diálogo social y la negociación colectiva. El Gobierno, además, parece estar abierto a esta posibilidad, como muestra el desarrollo de la futura ley sobre representatividad empresarial, enfocada en dar voz a las empresas de menor tamaño. El Ministerio de Trabajo no ha dado explicaciones públicas sobre la exclusión de Cepyme, a pesar de que hace apenas una semana inició el proceso para facilitar la entrada de Pimec en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC). En una orden emitida el pasado 10 de abril, el departamento de Yolanda Díaz concedía a las organizaciones empresariales madrileñas un plazo de diez días para acordar con Pimec la distribución de los asientos. Pimec, por su parte, intentó iniciar un diálogo con CEOE y Cepyme a través de dos cartas solicitando una reunión. Sin embargo, no obtuvo respuesta y se enteró posteriormente de que ambas organizaciones habían decidido ampliar el recurso que presentaron en agosto contra la orden que regula el proceso de renovación. CEOE y Cepyme han pedido medidas cautelares para frenar el procedimiento hasta que se resuelva el litigio, argumentando que Pimec no puede formar parte del órgano por estar ya integrada en otra confederación estatal.

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(Expansión, 25-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno reúne a 75 multinacionales en un foro global para captar inversión extranjera

El Gobierno tiene como objetivo posicionar a España como un país capaz de beneficiarse en medio de las turbulencias del comercio internacional. Mientras numerosas empresas alrededor del mundo ajustan sus estrategias a raíz del impacto de la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump, el Ejecutivo aprovechará este lunes la ocasión para presentarse ante la comunidad internacional como un destino seguro, predecible y con una de las economías más sólidas entre los países desarrollados. Esta presentación tendrá lugar en el Invest in Spain Summit, un nuevo foro internacional que reunirá al equipo económico del Gobierno con representantes de 75 grandes empresas de 25 países, con la intención de resaltar las ventajas que ofrece España y atraer capital extranjero. El evento se celebrará en el Real Casino de Madrid y contará con el respaldo de la jefatura del Estado, ya que será inaugurado por el Rey Felipe VI. Esta cumbre busca poner en valor las oportunidades que ofrece el mercado español, especialmente en sectores estratégicos de alto valor añadido, permitiendo a los líderes empresariales un contacto directo con el Ejecutivo, incluyendo al presidente Pedro Sánchez, quien cerrará la jornada y mantendrá reuniones privadas con algunos participantes. Las 75 multinacionales confirmadas provienen de 25 países distintos y, por cuestiones de confidencialidad, aún no se han revelado sus nombres. No obstante, según ha podido saber EXPANSIÓN, la mayoría proceden de Estados Unidos -centro de la actual guerra comercial-, China -país con el que España ha fortalecido relaciones tras la visita de Sánchez a Xi Jinping-, Japón -líder asiático en tecnología-, así como Alemania y Francia, dos de las principales economías europeas. Fuentes cercanas al evento indican que los sectores con mayor presencia serán el tecnológico, energético (especialmente renovables), químico, agroalimentario, aeroespacial y automovilístico. Todos ellos se alinean con la estrategia del Gobierno para impulsar la transformación verde y digital de la economía, considerándolos clave para el crecimiento europeo en los próximos años, además de ser generadores de empleo cualificado y estable. Organizado por ICEX - Invest in Spain, el foro permitirá a los altos ejecutivos de estas compañías exponer sus iniciativas, necesidades e inquietudes directamente a miembros del equipo económico, ministros, secretarios de Estado y otros representantes de organismos públicos vinculados al comercio y la inversión. Se prevé la celebración de unas 100 reuniones bilaterales, incluidas aquellas con el presidente y varios ministros. Además de Pedro Sánchez, participarán en el encuentro la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. El Ejecutivo también ha extendido la invitación a las comunidades autónomas, que estarán representadas por sus consejeros de Economía o directores generales, con el propósito de establecer vínculos con las empresas interesadas en invertir en sus regiones. La jornada se desarrollará en inglés, desde primera hora de la mañana hasta media tarde, e incluirá un almuerzo presidido por el ministro de Economía con los representantes de las multinacionales. El Invest in Spain Summit tiene un doble propósito: consolidar la imagen de España como un lugar atractivo, estable y competitivo para la inversión internacional, y al mismo tiempo identificar y fomentar nuevas oportunidades de inversión, sobre todo en áreas clave como la transición ecológica, la digitalización, la industria tecnológica y las energías limpias. En un escenario internacional marcado por la inestabilidad económica y geopolítica, el Gobierno quiere mostrar a España como uno de los países más fiables del entorno europeo, destacando la solidez de su economía frente a los vaivenes políticos de Estados Unidos. En este contexto, la reciente revisión al alza del crecimiento del PIB español hasta el 2,5% para 2025, según el FMI, refuerza el atractivo del país justo a las puertas del foro. El Ejecutivo espera que este encuentro sea el primero de muchos, con la ambición de convertirlo en una cita anual fija para las multinacionales interesadas en establecerse o ampliar su presencia en España.

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(El País, 25-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez anuncia una inversión de 1.300 millones de euros para el nuevo PERTE de vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una inversión de 1.300 millones de euros a lo largo de los próximos diez años para el nuevo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) centrado en la vivienda. El anuncio tuvo lugar durante el cierre del evento Hacia una construcción industrializada, celebrado en Ifema Madrid, con la presencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. El propósito de esta iniciativa, según destacó Sánchez, es "construir más viviendas, de mejor calidad, en menos tiempo y con precios más accesibles". Financiado con fondos europeos, este programa pretende promover la construcción de unas 15.000 viviendas industrializadas al año -fabricadas en entornos industriales-, con el objetivo de alcanzar las 20.000 unidades en una década. La base del proyecto se situará en la zona logística del Puerto de Valencia, en terrenos gestionados por Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo), como símbolo del compromiso del Ejecutivo con la recuperación de áreas afectadas por la gota fría del pasado octubre. "Necesitamos cambiar el modo en que construimos para mejorar nuestra calidad de vida. Hoy en día, para millones de personas, acceder a una vivienda digna y asequible se ha vuelto una utopía, tanto en España como en Europa. Por eso debemos actuar con determinación desde todas las administraciones públicas", ha subrayado el presidente. El PERTE se estructura en torno a tres ejes fundamentales: ampliar la capacidad de producción, fomentar la eficiencia y sostenibilidad en la edificación, y aumentar la presencia de jóvenes y mujeres en el sector. En lo relativo a la producción, se apoyará a pymes interesadas en la industrialización de viviendas mediante la financiación de sus proyectos. En cuanto a eficiencia, se espera que los nuevos métodos constructivos reduzcan los tiempos de ejecución entre un 20% y un 60%, a la vez que las edificaciones estén mejor preparadas para el impacto del cambio climático. En el ámbito laboral, se pretende aumentar la participación femenina en el sector, donde actualmente representan solo el 11% de la fuerza laboral. Este plan llega en un momento clave para el mercado inmobiliario español, marcado por el aumento de los precios y la escasez de oferta accesible. Con esta estrategia, el Gobierno pretende transformar el modelo constructivo del país apostando por métodos como la edificación modular, que permitirían acelerar los plazos y abaratar costes. Sánchez también aprovechó para recalcar la urgencia de reformar el modelo productivo y desbloquear la reforma de la Ley del Suelo, aún estancada en el Congreso. El presidente hizo hincapié en la necesidad de actualizar el artículo 55 de dicha ley para evitar que errores menores en la planificación urbanística paralicen proyectos enteros. "Es una demanda de numerosos colectivos y cuenta con el respaldo de gran parte del sector y de muchas comunidades autónomas, incluso aquellas dirigidas por partidos de la oposición", afirmó Sánchez, apelando a las Cortes Generales para dar impulso a esta reforma que podría facilitar la contención de precios del suelo y ofrecer mayor seguridad jurídica. La feria Rebuild, donde se presentó la iniciativa, reúne esta semana en Madrid a representantes de promotoras, arquitectos, empresas tecnológicas y administraciones públicas. Este evento sirvió como escaparate para presentar las primeras medidas concretas del PERTE, uno de los doce pilares que el Ejecutivo adelantó en enero para abordar la actual crisis de vivienda. Según datos del Banco de España, el país arrastra un déficit acumulado de unas 600.000 viviendas entre 2022 y 2025, lo que ha provocado un aumento constante en los precios y ha agudizado la emergencia habitacional. La ministra de Vivienda subrayó que el sector está mostrando signos de recuperación, al haberse construido en 2024 más viviendas nuevas (127.000) que hogares creados (111.000), algo que no ocurría desde 2020. "Estamos más cerca de alcanzar la media europea y contamos con una base sólida para seguir avanzando", afirmó Rodríguez. David Martínez, presidente de Rebuild y consejero delegado de Aedas Homes, respaldó el plan, asegurando que el objetivo de construcción anual es factible. "Esta es la dirección correcta. Es necesario un cambio de modelo en la construcción para poder responder a las necesidades habitacionales del país", concluyó.

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(El Economista, 24-04-2025) | Fiscal

El Supremo respalda a Hacienda y permite que investigue años prescritos sin límite temporal

El Tribunal Supremo ha respaldado a la Agencia Tributaria al reconocerle la facultad de examinar ejercicios fiscales ya prescritos sin restricción temporal, siempre que las operaciones realizadas en esos años sean relevantes para calcular o regularizar la deuda tributaria de periodos que aún no han prescrito. Así lo establece una sentencia dictada el pasado 2 de abril, cuyo ponente fue el magistrado Francisco José Navarro Sanchís. En ella, el alto tribunal afirma con claridad que la reforma de la Ley General Tributaria de 2015 introdujo el "principio de imprescriptibilidad de las actuaciones de comprobación". Según esta resolución, la Agencia Tributaria puede revisar ejercicios prescritos si estos tienen repercusión en ejercicios posteriores aún abiertos. Para ello, el Supremo remite a una sentencia previa, del 11 de marzo de 2024, donde ya se fijó criterio en un caso similar. En aquella ocasión se concluyó que la reforma legal de 2015 amplió las competencias de la Administración para realizar comprobaciones retroactivas. El fallo subraya que la Administración puede investigar hechos, actos, operaciones, valores y demás elementos relacionados con la obligación tributaria, aunque correspondan a años ya prescritos, siempre que influyan en ejercicios no prescritos. Esta ampliación de facultades se considera plenamente constitucional, según el Tribunal, ya que fue expresamente prevista por el legislador. Además, recuerda que el Tribunal Constitucional ya se pronunció en 2016 afirmando que la legislación tributaria retroactiva no contraviene la Constitución, dado que los ciudadanos tienen el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Sin embargo, la sentencia no está exenta de controversia. A pesar de ser el ponente, el magistrado Navarro Sanchís emitió un voto particular en desacuerdo con el resto del tribunal. En su opinión, el Tribunal Supremo debería reinterpretar la Ley General Tributaria para establecer límites claros a las comprobaciones retroactivas de Hacienda, en aras de salvaguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos. Navarro Sanchís advierte que el hecho de que la ley guarde silencio sobre un límite temporal no debe interpretarse como una autorización para una actuación sin restricciones por parte de la Administración. Señala que ninguna ley debería aplicarse de forma que conduzca a resultados absurdos o que atenten contra otros derechos fundamentales, igualmente dignos de protección. El magistrado propone una reinterpretación más acorde con los principios constitucionales, que dé prioridad a la seguridad jurídica, al derecho de defensa de los contribuyentes y a la necesidad de limitar el alcance del poder administrativo.

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(El Periódico, 24-04-2025) | Fiscal

SEPI lanza un examen exhaustivo de sus empresas, alianzas y oficinas para blindarse por el impuesto a multinacionales

A finales del año pasado, España aprobó de forma definitiva una reforma fiscal con la que se alinea con la iniciativa global impulsada por la OCDE y respaldada por el G-20 y la Unión Europea, cuyo objetivo es garantizar que las grandes multinacionales tributen al menos un 15% en el impuesto de sociedades. Esta medida pretende frenar las estrategias de optimización fiscal mediante las cuales muchas de estas empresas trasladan sus beneficios a territorios con baja tributación para reducir su carga fiscal. Según el Ministerio de Hacienda, esta normativa afectará en el caso español a alrededor de 125 grupos empresariales con sede en España y a más de 700 grupos internacionales con filiales en el país. En total, se estima que más de 800 grandes compañías con operaciones en España y con ingresos anuales superiores a 750 millones de euros deberán pagar un impuesto adicional si su tributación efectiva se sitúa por debajo del 15%. Entre las entidades afectadas se encuentra la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding público que agrupa participaciones directas en más de veinte empresas y participaciones menores en más de cien. Su facturación anual ronda los 6.000 millones de euros. Para adaptarse a las exigencias de esta nueva normativa, SEPI ha iniciado un proceso de revisión profunda de todas sus empresas participadas, alianzas estratégicas y presencia internacional. SEPI actúa como el brazo financiero del Estado en empresas públicas como Correos, RTVE, Navantia, Agencia Efe, Tragsa o Enusa, y mantiene también posiciones en compañías clave del sector privado como Telefónica (10%), Indra (28%), Hispasat (7,41%), Airbus (4,12%), Alestis Aerospace (24,05%), Ebro Foods (10,36%), Enagás (5%), Redeia (20%), IAG (2,53%) y Epicom (40%). El grupo deberá empezar a tributar según esta nueva regulación a partir de 2026, tomando como referencia los resultados obtenidos durante el ejercicio de 2024. Debido a la complejidad de su estructura, SEPI ha lanzado una licitación para contratar asesoría especializada en materia fiscal y contable. Esta asistencia externa, cuyo contrato se estima en unos 230.000 euros, tiene como objetivo garantizar que el grupo cumpla plenamente con sus nuevas obligaciones fiscales. El Gobierno quiere delimitar con precisión qué empresas dentro del grupo SEPI estarán sujetas al nuevo impuesto complementario. Para ello, se llevará a cabo un análisis detallado que abarcará tanto el territorio nacional como internacional, incluyendo sociedades con participaciones minoritarias, sucursales, oficinas permanentes, uniones temporales de empresas y alianzas estratégicas. La normativa europea contempla ciertas excepciones, conocidas como "puertos seguros", que permiten a algunas empresas quedar exentas del impuesto adicional si cumplen ciertas condiciones, como generar menos de 10 millones de euros en ingresos en un país determinado o si ya tributan allí por encima del 15%. SEPI también quiere que el asesor designado identifique estos casos dentro de su estructura internacional, y que calcule con precisión los importes adicionales que deberá pagar, así como los beneficios fiscales derivados de esas exenciones. Cabe recordar que España se adelantó a esta reforma global y ya desde 2022 aplica un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible del impuesto de sociedades para empresas con ingresos superiores a 20 millones de euros. La nueva norma, sin embargo, establece un tipo del 15% a nivel global que se calcula sobre el resultado contable ajustado, y afecta solo a los grupos que facturen más de 750 millones anuales. Ambas medidas coexisten, pero se ha diseñado un mecanismo específico para evitar que las empresas se vean obligadas a tributar dos veces por el mismo concepto.

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(El Economista, 24-04-2025) | Laboral

Seis de cada diez contratos eventuales duran menos de un mes

La reforma laboral ha generado un resultado inesperado en el ámbito de los contratos temporales. Si bien ha logrado reducir significativamente tanto el volumen como la proporción de estos contratos en el mercado de trabajo, también ha dejado al descubierto la fragilidad inherente a este tipo de empleo: en lo que va de año, el 37,3% de los contratos temporales firmados han tenido una duración igual o inferior a siete días, lo que supone un incremento de once puntos porcentuales respecto al periodo previo a la reforma. Desde que entró en vigor, esta modalidad ultra corta se ha convertido en la más común entre los contratos eventuales, sin que las medidas destinadas a combatir el abuso de la temporalidad hayan surtido un efecto claro. El resumen podría ser: "hay menos contratos temporales, pero son más precarios que nunca". Este fenómeno expone una de las debilidades de la reforma: si bien se ha limitado la temporalidad, no se ha conseguido mejorar las condiciones laborales de quienes siguen accediendo a contratos de corta duración. Dado que los contratos eventuales aún representan seis de cada diez nuevas contrataciones, que crezca el peso de los más breves resulta alarmante. Esta tendencia tiene una razón técnica: la reforma puso especial atención en eliminar los contratos temporales sin una fecha de finalización clara, en especial el contrato por obra y servicio, que desapareció en marzo de 2022 por considerarse una fuente habitual de precariedad, según los expertos. Como resultado, el número de contratos temporales cayó de 17,27 millones en 2021 a 8,94 millones en 2023, una bajada del 48,2%. La mayor parte de esta reducción corresponde al desplome de los contratos por obra y servicio, que pasaron de 5,76 millones a apenas 1,1 millones en 2024, una reducción del 83,5%. Los pocos que quedan son principalmente por sustitución o jubilación parcial. Los contratos temporales con duración superior a un mes también se redujeron, un 31,7%, quedando en 2,54 millones. Este descenso se debe a que, bajo las nuevas reglas, las empresas están obligadas a convertirlos en indefinidos si se prolongan, lo que ha incentivado el uso de contratos fijos discontinuos. Sin embargo, las conversiones reales de temporales a indefinidos siguen siendo muy limitadas, lo que sugiere que las empresas prefieren dejar vencer el contrato y firmar uno nuevo desde cero. Los contratos de menos de un mes se redujeron un 22,9%, quedando en 5,29 millones, de los cuales 3,3 millones fueron de siete días o menos (un 26,5% menos). Lo paradójico es que, a pesar de ser los más castigados por la reforma, estos contratos ultracortos son los que menos han disminuido. En lo que llevamos de 2025, los contratos inferiores a una semana han crecido un 2,59%, y los de menos de un mes un 1,79%. Así, los contratos de menos de siete días ya representan el 37,3% del total de temporales, frente al 36,8% con que cerraron 2024. Los contratos de menos de un mes alcanzaron su pico en 2024 con un 59,93% del total, veinte puntos más que antes de la reforma. En el primer trimestre de 2025 esta proporción ha bajado al 57,78%, influida por el descenso de los contratos de entre siete y treinta días. No obstante, estos datos aún no incluyen los efectos de la contratación de Semana Santa ni del inicio de la temporada turística, por lo que será necesario esperar para ver si se consolida una moderación o si, por el contrario, 2025 marca un nuevo récord.

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(El Periódico, 24-04-2025) | Laboral

El fraude en las bajas laborales se ha convertido en una preocupación significativa para las empresas

Esta problemática se manifiesta con especial intensidad entre los trabajadores autónomos que gestionan pequeños negocios, donde está generando un creciente malestar y desconfianza. Así lo señala Ignacio de la Calzada González (@un_tio_legal), abogado laboralista con más de 600.000 seguidores en redes sociales, donde ofrece asesoramiento jurídico. Según explica, en algunos casos, tras un desacuerdo o advertencia por parte del empleador, ciertos trabajadores optan por solicitar una baja médica, incluso sin presentar síntomas graves, alegando motivos como la "ansiedad". Durante ese periodo, continúan participando en actividades como cursos o formaciones, lo que pone en tela de juicio la veracidad de su situación de incapacidad. Este tipo de prácticas perjudica seriamente a los empleadores, quienes deben seguir pagando el salario del trabajador ausente durante los primeros días de la baja, generando frustración y desconfianza. Las bajas fraudulentas suponen un coste económico relevante, ya que la empresa asume una parte significativa del gasto, al menos hasta el día 15, cuando la Seguridad Social comienza a cubrirlo. A esto se suma el impacto sobre las arcas públicas, ya que el aumento en el número de bajas laborales ha hecho crecer notablemente el gasto estatal en prestaciones por incapacidad temporal. Tal como recuerda De la Calzada, "las bajas las financiamos todos a través de nuestros impuestos". Para hacer frente a este tipo de abusos, la Seguridad Social ha intensificado los controles sobre las bajas médicas. Se han aumentado la frecuencia y el rigor de las revisiones, con la participación activa de las mutuas y las propias empresas. Estas últimas están ahora obligadas a proporcionar informes que ayuden a comprobar si la condición alegada por el empleado es compatible con su puesto de trabajo. Estas acciones buscan detectar posibles fraudes y agilizar tanto la reincorporación laboral como la adecuada atención médica, evitando desajustes en el sistema. En casos más sospechosos, algunos empresarios optan incluso por contratar detectives privados. Estas investigaciones suelen incluir: observación directa del día a día del trabajador para identificar comportamientos que contradigan su estado de salud declarado; recopilación de pruebas en forma de fotos o vídeos; y elaboración de informes detallados que pueden ser utilizados en procesos judiciales o administrativos. Los empleados que cometen fraude simulando bajas médicas se exponen a consecuencias legales y laborales. Las empresas tienen potestad para imponer sanciones que van desde reducciones salariales hasta el despido por motivos disciplinarios. Además, una baja fraudulenta puede dañar seriamente la imagen profesional del trabajador, dificultando su acceso a futuras oportunidades laborales.

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(Cinco Días, 24-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los bonos soberanos europeos se convierten en refugio ante el pinchazo del imperio del dólar

Los mercados financieros comienzan a vislumbrar un escenario en el que tanto el dólar como la deuda pública de Estados Unidos podrían ver debilitado su papel dominante como referencias globales. Desde que Donald Trump oficializó su ofensiva comercial, la moneda estadounidense ha ido perdiendo valor, generando un entorno de inestabilidad financiera que aleja a los inversores. Las políticas económicas radicales del país están provocando un desvío de los flujos financieros hacia otras regiones del mundo, consolidando a la deuda soberana europea -especialmente la alemana- como un nuevo refugio seguro en medio de tanta incertidumbre. Mientras la deuda estadounidense sufre presiones ante un panorama de menor crecimiento económico y la ofensiva de Trump contra la independencia de la Reserva Federal, los intereses de los bonos europeos descienden, volviendo a niveles previos al anuncio del ambicioso plan de gasto del canciller alemán, Friedrich Merz. En este contexto, el euro ha ganado terreno frente al dólar, alcanzando su valor más alto en tres años. Otras monedas refugio, como el yen japonés y el franco suizo, también se han beneficiado del movimiento de capitales. El rendimiento del bono alemán, por ejemplo, ha caído al 2,45%, regresando a cifras anteriores al 5 de marzo, fecha en la que el "bund" experimentó la mayor subida de rentabilidad desde la reunificación alemana. En aquella ocasión, Merz presentó un programa de inversión pública sin precedentes, valorado en un billón de euros, para reforzar el gasto en defensa e infraestructuras, rompiendo así con la tradición de disciplina fiscal impuesta por la Constitución alemana. Esta transformación del enfoque económico tuvo un fuerte impacto en los mercados, provocando un aumento de la rentabilidad del bund hasta el 3%, efecto que se contagió a otros bonos europeos. Sin embargo, el temor a las consecuencias de la política comercial estadounidense ha desatado una oleada de ventas de deuda de EE. UU. y una mayor demanda de bonos europeos, considerados más seguros. El bono español a diez años también ha retrocedido, situándose en el 3,13% tras haber superado el 3,5%, aunque este ajuste ha incrementado ligeramente las primas de riesgo, hasta los 70 puntos básicos en el caso español y 116 en el italiano. "Todos los activos denominados en dólares están registrando salidas, salvo el oro", afirma David Ardura, director de inversiones de Finaccess Value. Según él, las decisiones económicas de Trump suponen un choque para EE. UU., pero para Europa podrían generar un efecto deflacionario: menores precios energéticos, una moneda más fuerte y una reducción del consumo. "La deflación sopla con fuerza en Europa, y ante la previsión de nuevas bajadas de tipos, la demanda de bonos europeos ha aumentado", añade. De hecho, el Banco Central Europeo ya ha iniciado ese camino, y el mercado anticipa recortes de hasta 70 puntos básicos en los tipos este año, mientras que se diluyen las expectativas de recortes en Estados Unidos. Finaccess Value es solo una de las muchas gestoras que han reducido su exposición a activos estadounidenses en favor de la deuda europea de mayor calidad crediticia, como los bonos a largo plazo de Alemania y Austria, ambos con calificación AAA. "En marzo el mercado reaccionó de forma exagerada ante la deuda alemana. Nosotros aprovechamos para vender bonos de EE. UU. y reforzar posiciones en Europa. En bolsa estadounidense solo mantenemos inversiones cubiertas en euros; hemos salido de la renta variable en dólares", explica Ardura. La última encuesta de gestores de Bank of America confirma este giro en las carteras. Por su parte, los inversores japoneses, tradicionalmente conservadores, han vendido más de 20.000 millones de dólares en bonos internacionales este mes, según el Financial Times. En un primer momento, los bonos del Tesoro de EE. UU. actuaron como refugio frente a los aranceles generalizados impuestos por Trump el 2 de abril, reduciendo su rentabilidad por debajo del 4%. No obstante, días después los inversores comenzaron a castigar duramente los efectos de estas políticas, llevando el rendimiento al 4,5%, debido al temor a un déficit fiscal creciente por el debilitamiento económico. Esta presión obligó a Trump a anunciar una tregua de 90 días en sus medidas arancelarias, aunque la rentabilidad del treasury se mantiene elevada, en torno al 4,3%, y la desconfianza persiste, agravada por los constantes ataques a la Fed. "Estamos ante un movimiento global de reubicación de capitales. No se trata solo de la política monetaria europea. Los inversores están abandonando bonos y activos en dólares y cambiando a euros o yenes, si no tienen el dólar como moneda de referencia. No se puede hablar aún de una huida total, pero sí de un cambio relevante en las carteras", concluye Francisco Chambel, director del mercado de capitales de Unicredit. Solo el tiempo dirá si los inversores volverán a cobijarse en el dólar. Pero si Trump no rectifica su rumbo económico, muchos analistas consideran que ya ha comenzado una rotación estructural de largo plazo hacia otros mercados y divisas, que podría extenderse durante años.

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(Expansión, 24-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Lagarde ya detecta deterioro en el crecimiento europeo por los aranceles

Los efectos de la guerra comercial ya comienzan a sentirse en Europa. Así lo ha señalado Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), quien reconoció que "estamos empezando a notar un empeoramiento en los datos de crecimiento económico". Aunque todavía no se refleja claramente en las exportaciones debido al aumento de los inventarios, Lagarde indicó que las tensiones comerciales ya están impactando en algunos indicadores clave como los índices PMI o las encuestas sobre expectativas de contratación, inversión y consumo. "Esta desaceleración es un fenómeno global", afirmó Lagarde. Durante un foro sobre liderazgo organizado por el Washington Post, la presidenta del BCE dejó entrever que el organismo podría revisar nuevamente a la baja sus previsiones de crecimiento en la reunión de política monetaria programada para junio. En su última actualización, en marzo, el BCE estimó un crecimiento del 0,9% para este año. Si se concreta una nueva corrección, sería el cuarto trimestre consecutivo en el que se recortan las expectativas de crecimiento del PIB. Por otro lado, los primeros cálculos de la Comisión Europea sitúan el impacto potencial de la guerra comercial en hasta un 0,6% del PIB europeo si los aranceles actuales se mantienen en el tiempo. En ese contexto, Lagarde recordó que, a pesar de la tregua acordada recientemente por Donald Trump, los aranceles que Estados Unidos impone a Europa se mantienen en torno al 13,5% de media. No obstante, el BCE no prevé que se produzca una recesión en el corto plazo como consecuencia directa de la guerra comercial, ya que, según Lagarde, "la economía europea ha desarrollado mayor capacidad de resistencia frente a los choques externos". Aun así, el debilitamiento de la economía podría venir acompañado de una moderación en la inflación. Tal como apuntó Lagarde, si no se responde con nuevas subidas de aranceles que eleven los precios, este tipo de choque externo tendería a reducir la inflación. Este escenario, a diferencia del estadounidense, podría abrir la puerta a nuevas bajadas de los tipos de interés por parte del BCE. En su última reunión en Fráncfort, el Consejo de Gobierno redujo los tipos al 2,25%, y no se descarta que puedan situarse incluso por debajo del 1,75% con el objetivo de reactivar la economía. Por el momento, el BCE no se atreve a anticipar con claridad la evolución futura de los tipos de interés, debido a la gran incertidumbre que rodea el contexto internacional. Aun así, Lagarde aseguró que la institución está "preparada y dispuesta" para intervenir si fuera necesario. Estas declaraciones han sido interpretadas por los mercados como una señal de que el BCE estaría dispuesto a realizar recortes más profundos de los tipos si la inflación se mantiene contenida. De hecho, el principal argumento del BCE para reducir las tasas no es tanto el débil crecimiento como la evolución de los precios. En un contexto en el que la guerra comercial podría ejercer una presión deflacionaria, el BCE considera necesario actuar para evitar que la inflación caiga demasiado por debajo del objetivo del 2% a medio plazo. Finalmente, a pesar del escenario adverso, Lagarde aprovechó su intervención para hacer un llamado a los líderes políticos europeos, instándolos a aprovechar la coyuntura actual para avanzar en reformas estructurales que impulsen la Unión de los Mercados de Capitales y refuercen la productividad de la economía en la región.

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(Expansión, 24-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El PIB y el mercado laboral perderán fuelle en 2025 y 2026 por la guerra arancelaria

Funcas ha rebajado en tres décimas su previsión de crecimiento del PIB para este año y en cuatro décimas la del próximo, en su escenario más favorable, situándolas en el 2,3% y 1,6%, respectivamente. Esta revisión a la baja se debe al impacto de la guerra comercial y al freno de la economía estadounidense. Si la situación se complica aún más, la caída del PIB podría superar el punto porcentual. El aumento del proteccionismo afectará principalmente a las exportaciones de bienes, mientras que las de servicios no turísticos también perderán impulso debido a la desaceleración global. Además, el turismo crecerá a un ritmo menor que en años anteriores, tras la saturación registrada durante el verano. En su escenario central, Funcas no contempla la aplicación de aranceles mutuos con Europa, y respecto a China, parte de la hipótesis de una distensión progresiva. Carlos Ocaña, director general de Funcas, advierte que si la guerra comercial y la incertidumbre se prolongan, el efecto sobre la economía española podría traducirse en una pérdida de hasta 1,2 puntos del PIB entre este año y el próximo, reduciendo las tasas de crecimiento al 2% en 2025 y al 1,4% en 2026. Según el informe, aunque el buen cierre de 2024 y el positivo comienzo de 2025 podrían haber justificado una revisión al alza de las previsiones, esa posibilidad ha quedado anulada por la imposición de nuevos aranceles. Ocaña subraya que, en este contexto, el rumbo de la economía española y europea está condicionado por factores políticos externos. Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, prevé que los efectos de la guerra comercial comenzarán a notarse pronto, aunque estima que el impacto en las economías europea y española será moderado. Dado que Europa ya mostraba signos de estancamiento, cualquier impacto adicional la acerca más a la recesión. En el caso de España, sin embargo, ese golpe no impediría que el país mantenga un crecimiento superior al 2% en 2025. No obstante, el crecimiento será menos equilibrado que en años anteriores, ya que dependerá casi exclusivamente de la demanda interna, cuya contribución se estima en 2,6 puntos para 2025 y 1,9 en 2026. El sector exterior, en contraste, restará tres décimas al crecimiento tanto en 2025 como en 2026, lo que supone un giro respecto a los últimos tres años, donde aportó más del 30% del crecimiento. Dentro de la demanda interna, se espera un fuerte impulso del consumo, mientras que la inversión, especialmente en bienes de equipo, se verá lastrada por la incertidumbre internacional. El consumo privado mantendrá un ritmo elevado gracias al aumento de la renta disponible y al uso del ahorro acumulado durante los dos últimos años, cuando la tasa de ahorro de los hogares alcanzó un 13,6% de la renta disponible bruta en 2024. El consumo público también crecerá, aunque con menor intensidad debido a la prórroga presupuestaria y a los límites del sistema de financiación a comunidades autónomas. En cuanto a la inflación, se espera que continúe moderándose, con una tasa del 2,3% en 2025 y del 1,9% en 2026. Esta tendencia se vería favorecida por la apreciación del euro, la caída del precio de los hidrocarburos y la entrada de más productos importados, ante el cierre de facto del mercado estadounidense a las exportaciones asiáticas. Sin embargo, posibles medidas de represalia de la UE podrían alterar este escenario. En este contexto, sería plausible una reducción de los tipos de interés por parte del BCE, lo que situaría el Euribor a un año en el 2% a finales de 2025 y en el 1,75% en 2026. El mercado laboral también sentirá los efectos, con una menor creación de empleo. Funcas prevé la generación de unos 360.000 puestos de trabajo netos anuales en este bienio, frente a los 550.000 de media en los dos años anteriores, según la EPA. La tasa de paro bajaría hasta el 10% en 2026, seis décimas menos respecto a la anterior previsión. El déficit público se reduciría al 2,9% en 2025 (sin considerar el impacto de la DANA) y al 2,8% en 2026. No obstante, la deuda pública seguirá rondando el 100% del PIB, lo que limitaría la capacidad de reacción ante futuras crisis.

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