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(El Confidencial, 19-06-2026) | Laboral

El absentismo laboral no toca techo: cerró 2025 en el 7,68% y marca máximos históricos

El absentismo laboral en España se ha consolidado como uno de los grandes retos estructurales del mercado de trabajo. Cada jornada, entre 1,6 y 1,7 millones de personas no acuden a su puesto laboral, y de ellas alrededor de 1,27 millones se encuentran de baja médica por incapacidad temporal (IT). Esta situación ha llevado al absentismo a marcar máximos históricos al cierre de 2025. Así lo refleja el XV Informe Adecco sobre empresa saludable y gestión del absentismo, elaborado por The Adecco Group. Según el estudio, la tasa anual de absentismo en España se sitúa en el 7,68%, lo que supone un incremento interanual de 0,42 puntos porcentuales y más de dos puntos por encima de los niveles previos a la pandemia. Además, en el cuarto trimestre del año la tasa alcanzó el 7,88%, el valor más alto registrado en toda la serie histórica. Desde Adecco explican que este aumento responde, en gran medida, al crecimiento de las bajas por incapacidad temporal, cuya tasa ya se sitúa en el 5,97%, tras subir 0,29 puntos respecto al año anterior. Entre los factores que explican esta tendencia destacan el envejecimiento de la población activa, el incremento de los problemas de salud mental y la prolongación de los procesos médicos. Las consecuencias también son significativas en términos de productividad. De media, cada trabajador pierde 10,9 horas de trabajo al mes debido al absentismo. Este volumen de horas no trabajadas genera dificultades adicionales para la organización empresarial, especialmente en la planificación de turnos, la cobertura de vacantes y el aumento de costes operativos. Por ello, el informe subraya que la salud laboral debe abordarse como un elemento estratégico de gestión y no únicamente como una cuestión administrativa, ya que su evolución condiciona directamente la organización de las plantillas y la capacidad de anticipar necesidades de cobertura. El repunte del absentismo también está teniendo un impacto directo sobre el mercado laboral. Según el estudio, la creciente necesidad de sustituir trabajadores ausentes está impulsando la demanda de empleo temporal y elevando la presión sobre los costes laborales. En este contexto, Carlos Arcas, director del instituto, señala que el absentismo está transformando la gestión de recursos humanos, obligando a las empresas a buscar mayor flexibilidad, reforzar sus políticas de salud laboral y replantear sus estrategias organizativas. A esta situación se suma el aumento de las enfermedades profesionales con baja, que crecieron un 6,16% en 2025. Este incremento se debe principalmente a patologías relacionadas con movimientos repetitivos, sobrecarga física y posturas forzadas. Según los datos de Adecco, más del 80% de estas enfermedades profesionales están vinculadas a agentes físicos, con una incidencia especialmente elevada en la industria manufacturera. Esto confirma que una parte relevante del absentismo guarda relación directa con las condiciones físicas de determinados puestos y con la exposición prolongada a tareas de elevada exigencia corporal. Aunque el absentismo afecta a todos los sectores económicos, su impacto no es uniforme. La industria presenta la tasa más elevada, con un 8,34%, mientras que el sector servicios registra el mayor incremento interanual, con una subida de 0,47 puntos porcentuales. Por su parte, la construcción alcanza una tasa del 6,54%, aunque muestra una tendencia de acercamiento progresivo al resto de sectores. Existen además actividades especialmente afectadas. En el caso de las actividades postales y de correos, la tasa de absentismo asciende al 13,28%, muy por encima de la media nacional. Este dato refleja importantes tensiones operativas en sectores caracterizados por una alta exigencia física, fuerte presencialidad y escaso margen para aplicar modelos organizativos flexibles. Según Arcas, el absentismo tiende a concentrarse en sectores con mayor desgaste físico y menor capacidad de adaptación organizativa, lo que agrava los problemas para cubrir vacantes y aumenta la rotación de personal. En este escenario, las ausencias laborales se consolidan como uno de los principales desafíos estructurales del mercado laboral español, con efectos directos sobre la productividad empresarial, la organización interna de los equipos y la sostenibilidad del empleo.

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(Expansión, 19-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas plantea la reforma bancaria más ambiciosa de las reglas postcrisis

La Comisión Europea está preparando un paquete de medidas para reforzar la competitividad del sector bancario europeo en un contexto marcado por las elevadas necesidades de financiación de la economía. En el último borrador al que ha accedido EXPANSIÓN ya se perfilan los ejes principales de una reforma que aspira a convertirse en uno de los mayores cambios regulatorios desde la crisis financiera. El Ejecutivo comunitario prevé presentar oficialmente este documento el próximo 15 de julio. Después se abrirá un periodo de consultas para recoger aportaciones y terminar de dar forma a una propuesta legislativa que podría ver la luz en el primer trimestre de 2027. Aunque aún falta tiempo para su aprobación, el borrador ya adelanta modificaciones profundas en la normativa bancaria europea. La agenda de reformas se estructura en tres grandes áreas: favorecer una mayor integración del mercado, simplificar los requisitos prudenciales y de resolución, e incorporar un enfoque más orientado a la competitividad dentro de la supervisión. La Comisión considera que, aunque la banca europea ha recuperado niveles históricos de rentabilidad, sigue actuando principalmente como un mecanismo de contención frente a crisis en lugar de desempeñar un papel impulsor del crecimiento económico. Por ello, sostiene que la resiliencia no debe seguir siendo el único objetivo estratégico. El sector bancario ha recibido el documento con sorpresa, destacando el alcance de la iniciativa y el elevado número de disposiciones legislativas que Bruselas plantea revisar. En cuanto a la integración del mercado, la Comisión propone modificar las reglas actuales para facilitar una mayor coordinación entre bancos con presencia en varios países. Una de las principales novedades sería permitir que los requisitos de capital y liquidez se cumplan a nivel de la entidad matriz en los grupos transfronterizos. Este cambio supondría eliminar la obligación de mantener colchones de capital y liquidez separados en cada filial, una de las principales demandas de la banca. A cambio, la matriz asumiría la obligación legal de transferir recursos a sus filiales cuando fuera necesario. Con esta medida, Bruselas espera liberar una cantidad significativa de recursos que podrían destinarse a financiar la economía real, especialmente en ámbitos como la transición ecológica, la digitalización y el refuerzo de la defensa europea. Según las estimaciones manejadas, solo en liquidez podrían movilizarse alrededor de 230.000 millones de euros. Para compensar la reducción de colchones nacionales, la Comisión estudia mecanismos de protección adicionales que generen confianza entre las autoridades de cada país. Aunque el instrumento ideal sería un Fondo Europeo de Garantía de Depósitos, la falta de consenso político ha llevado a explorar alternativas, como redefinir el papel de los fondos nacionales en situaciones de quiebra transfronteriza. Además, Bruselas también quiere avanzar en la armonización de normas ajenas al ámbito puramente bancario, como la protección del consumidor y los estándares digitales. El segundo bloque de la reforma se centra en los requisitos regulatorios y los colchones anticrisis. En este terreno, la Comisión parece alinearse parcialmente con las demandas del sector, al estudiar fórmulas para hacer más transparentes y previsibles las exigencias regulatorias. Siguiendo propuestas ya planteadas por el Banco Central Europeo, Bruselas contempla simplificar los distintos componentes del colchón de capital para crear un único colchón liberable capaz de cubrir riesgos tanto cíclicos como estructurales. El objetivo es evitar duplicidades entre requerimientos de distintas autoridades que encarecen innecesariamente la carga regulatoria. También se estudia armonizar los criterios de los recursos exigidos para absorción de pérdidas (MREL) con los estándares aplicables a los grandes bancos sistémicos globales (TLAC). La intención no es reducir la solvencia, sino eliminar solapamientos regulatorios que resten competitividad. Asimismo, la Comisión analizará si es posible reducir la frecuencia de revisión de los planes de resolución bancaria o simplificar sus procedimientos de aprobación, lo que permitiría disminuir costes operativos. Respecto a la aplicación de los estándares internacionales de Basilea, la Unión Europea mantiene su compromiso, aunque quiere tener en cuenta las particularidades del sistema bancario europeo. Con ello pretende evitar desventajas competitivas frente a economías como Estados Unidos, donde la implantación de estas normas podría ser parcial o más lenta. Bruselas también plantea reglas más flexibles para entidades pequeñas y de estructura sencilla, al considerar que presentan riesgos limitados para la estabilidad del sistema financiero. En materia de supervisión, la Comisión no llega a proponer que la competitividad se convierta formalmente en un segundo mandato para los supervisores junto a la estabilidad financiera. Sin embargo, sí insta a la Autoridad Bancaria Europea y al Banco Central Europeo a desarrollar una cultura supervisora que valore también la aportación de la banca al crecimiento económico de la Unión Europea. Bruselas advierte además contra una supervisión basada en una tolerancia cero al riesgo, al considerar que ese enfoque puede frenar la financiación empresarial y la inversión. Por último, la Comisión reclama una mayor coordinación entre supervisores y una visión más integrada para reducir la carga burocrática asociada al reporte de datos regulatorios, un coste que ya supera los 11.000 millones de euros. Con una mayor armonización entre autoridades, Bruselas confía en recortar hasta la mitad esas obligaciones administrativas para el sector bancario.

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(La Vanguardia, 19-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España destaca el dinamismo de la economía pero eleva el déficit de vivienda a 750.000 casas

Si una persona hubiera estado completamente desconectada de la actualidad durante los últimos seis meses y retomara ahora la información económica, difícilmente deduciría por los datos de crecimiento difundidos este jueves por el Banco de España que, en ese periodo, se ha producido una guerra que mantuvo bajo presión a los mercados energéticos. La institución ha mantenido sin cambios su previsión de crecimiento del PIB español en el 2,3% para este año, el mismo porcentaje estimado en marzo y una décima por encima del cálculo de diciembre. De cara a 2027, tampoco prevé variaciones y estima que la economía avanzará un 1,7%. Aun así, persisten incertidumbres, especialmente en el mercado de la vivienda. El organismo reconoce que el deterioro del escenario internacional podría frenar el ritmo de crecimiento en ambos ejercicios, aunque considera que ese efecto negativo quedará compensado por otros factores. En 2026, el respaldo llega de una evolución de la actividad en el segundo trimestre ligeramente mejor de lo previsto en marzo. Para 2027, influye una mayor expansión de la población, ya que las nuevas previsiones incorporan flujos migratorios más elevados de lo contemplado anteriormente. Estas previsiones se publican apenas un día después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un esperado acuerdo de paz tras más de tres meses de conflicto. Sin embargo, las estimaciones del supervisor se cerraron el 27 de mayo, por lo que no reflejan los últimos acontecimientos geopolíticos. Si el precio del petróleo continúa bajando y el comercio energético se normaliza antes de lo previsto, el impacto sobre la economía podría ser aún más favorable. En cualquier caso, el contraste con la zona euro sigue siendo notable: el área crecerá apenas un 0,8% en 2026, aproximadamente un tercio del ritmo esperado para España. Así lo subrayó el director general del Banco de España, David López Salido, durante la presentación del informe en Madrid. Según explicó, España destaca por mostrar un mayor dinamismo económico frente a economías como las de Francia, Alemania o Italia, que evidencian una fase de crecimiento más agotada. El crecimiento sostenido de la economía española también se apoya en el comportamiento del PIB a comienzos de año, cuando avanzó un 0,6%, generando una inercia positiva. Aunque el contexto internacional se ha deteriorado, la economía mantuvo un ritmo sólido durante el primer trimestre de 2026, si bien comenzaron a apreciarse señales de moderación. Para el segundo trimestre, los modelos del Banco de España apuntan a que el PIB podría seguir avanzando a un ritmo similar, con un incremento estimado de entre el 0,5% y el 0,6% respecto al trimestre anterior. El empleo continuaría siendo uno de los principales motores, con una tasa de paro que pasaría del 10,5% en 2025 al 10% en 2026 y al 9,8% en 2027. Las previsiones de crecimiento presentadas este jueves están en línea con las de otros organismos internacionales. La Comisión Europea es ligeramente más optimista y prevé un crecimiento del 2,4% en 2026. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional estima un 2,1%, mientras que la OCDE sitúa el avance en el 2,2%, igual que el Gobierno. En lo que todos coinciden es en que la expansión superará el 2%. Más preocupante es el panorama de la inflación. El Banco de España ha revisado al alza su previsión de incremento medio de precios para este año, pasando del 3% al 3,6%, y eleva en una décima la estimación para 2027, hasta el 2,6%. Este ajuste responde al encarecimiento de la energía y al aumento de precios en bienes industriales no energéticos y servicios. La diferencia con la zona euro también se amplía en este ámbito, lo que puede afectar a la competitividad empresarial. Según López Salido, esta brecha se explica en parte por la fuerte demanda vinculada al turismo y al ocio. Además, mostró especial preocupación por la inflación subyacente, considerada la más difícil de contener, ya que es donde más crece la distancia respecto a los socios europeos. Junto a las previsiones macroeconómicas, el Banco de España publicó su informe anual de 2025, un documento de más de 300 páginas en el que la vivienda ocupa un lugar central. El análisis señala que la oferta residencial no está creciendo al ritmo de la demanda, ya que la creación neta de hogares supera ampliamente el número de nuevas viviendas construidas. Como consecuencia, entre 2021 y 2025 se habría acumulado un déficit de 750.000 viviendas. La mitad de ese déficit se concentra en seis provincias: Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga. Además, la tendencia continúa empeorando. Según López Salido, los datos actuales no invitan al optimismo ni desde el sector privado ni desde el público. Pese al continuo aumento de los precios inmobiliarios, el Banco de España no aprecia indicios de una burbuja. El informe sostiene que los indicadores de riesgo para la estabilidad financiera no reflejan desequilibrios comparables a los de anteriores ciclos expansivos. También destaca características propias del mercado actual, como el auge del alquiler y una mayor diversidad territorial. Desde el punto de vista del crédito, tampoco se observan señales alarmantes. Solo el 13% de las hipotecas supera el 80% del valor de la vivienda, una situación muy distinta a la registrada antes de la crisis inmobiliaria de 2008, cuando el endeudamiento era mucho más elevado. El informe también identifica a los grupos más afectados por las dificultades de acceso a la vivienda: los residentes en grandes áreas urbanas y los hogares con menores ingresos, especialmente jóvenes y población de origen extranjero. Asimismo, insiste en que el mercado inmobiliario español no puede analizarse como una realidad homogénea. Mientras ciudades y territorios como Málaga, Madrid, Barcelona, Valencia o Baleares han experimentado fuertes subidas reales de precios en la última década, otras provincias como Zamora, Soria, Teruel, Ciudad Real o Asturias han registrado aumentos inferiores a la inflación.

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(El Economista, 19-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno busca aseguradora para blindar su cartera de viviendas valorada en 5.000 millones

El Ministerio de Vivienda ha puesto en marcha un concurso público para contratar los seguros que protegerán los inmuebles gestionados por Casa 47, la nueva entidad pública surgida de la transformación de Sepes. El objetivo a largo plazo es alcanzar una cartera de 95.000 viviendas, incluyendo, entre otros activos, inmuebles procedentes de la Sareb. Sin embargo, la previsión más inmediata se centra en los próximos dos años, periodo en el que Casa 47 espera gestionar un portafolio asegurado de 28.600 inmuebles distribuidos en 140 promociones. El valor estimado de estos activos supera los 5.000 millones de euros, según recogen los pliegos del contrato. La licitación se divide en dos lotes independientes con un presupuesto total de 8,9 millones de euros para un periodo de dos años. El lote principal corresponde al seguro de daños materiales, dotado con 6,7 millones de euros. Esta cobertura protegerá tanto el continente de los inmuebles, valorado en 4.862 millones, como su contenido, estimado en 171,6 millones. El segundo lote, con un importe de 2,2 millones de euros, está destinado a cubrir la responsabilidad civil y patrimonial. Este seguro asumirá posibles contingencias derivadas de la propiedad, la gestión y el alquiler de las viviendas. La incorporación de inmuebles a Casa 47 será progresiva. Durante el primer año se prevé sumar unas 4.900 viviendas junto con sus anejos, mientras que el resto se incorporará en el segundo ejercicio de vigencia de la póliza. El contrato también contempla la cobertura temporal de hasta 9.000 viviendas que permanecerán en manos de Casa 47 entre tres y seis meses antes de ser cedidas en usufructo a otras administraciones públicas. Debido a esta incorporación gradual, Casa 47 realizará ajustes trimestrales en el importe de las primas, que podrán variar al alza o a la baja según el tamaño efectivo de la cartera en cada momento. Las aseguradoras interesadas en participar deberán incluir además una comisión de corretaje para Aon, designada como mediador de Casa 47 desde abril de 2025 por un importe de 288.000 euros. Este bróker ya había gestionado anteriormente las pólizas de Sepes: el seguro de daños materiales con Axa, la responsabilidad civil de directivos con Liberty Seguros y la cobertura de responsabilidad civil patrimonial con Berkley. Por ahora, ninguna aseguradora ha confirmado públicamente su participación en el concurso. Varias compañías están analizando las condiciones del pliego, especialmente por la falta de datos históricos de siniestralidad del parque residencial, ya que los inmuebles proceden de distintas entidades. Ante esta incertidumbre, el concurso permite que varias aseguradoras concurran conjuntamente mediante fórmulas de coaseguro. El plazo para presentar ofertas finaliza el próximo 26 de junio. La adjudicación del contrato se basará principalmente en tres criterios. El peso mayor recae en la oferta económica, que podrá aportar hasta 60 puntos. También se valorará la reducción de la franquicia inicial de 3.000 euros, con un máximo de 35 puntos. Finalmente, se concederán cinco puntos adicionales a las propuestas que ofrezcan una indemnización mínima superior a 50 millones de euros.

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(El Economista, 19-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El CGPJ solicita la creación de seis plazas de magistrado en el Tribunal Supremo

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha decidido hoy pedir al real decreto que está preparando el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la incorporación de seis nuevas plazas de magistrado en el Tribunal Supremo dentro de la programación de 2026, que prevé la creación de 500 unidades judiciales y la adaptación de la planta judicial. De esas seis plazas, dos se asignarían a la Sala Primera (Civil), otras dos a la Sala Segunda (Penal) y las dos restantes a la Sala Cuarta (Social). Esta petición forma parte del listado de órganos cuya creación el CGPJ considera prioritaria y ajustada a la planificación prevista en el proyecto normativo. En su respuesta al oficio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en el que se solicitaba criterio sobre si la puesta en marcha de las 500 nuevas plazas debía hacerse de manera simultánea o progresiva, el Pleno ha planteado una implantación escalonada. Así, propone que el 1 de enero de 2027 entren en funcionamiento las plazas correspondientes a órganos colegiados, como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales, además de los jueces de adscripción territorial y plazas de categoría de juez. Posteriormente, el 1 de junio de 2027 se activarían las plazas de los Tribunales de Instancia en ciudades sede de Tribunales Superiores de Justicia o Audiencias Provinciales, incluidas las sedes desplazadas. Finalmente, el 1 de noviembre de 2027 se pondría en marcha el resto de plazas previstas en el plan. El órgano de gobierno de los jueces insiste además en que estas nuevas unidades deben contar desde su entrada en funcionamiento con los medios materiales, tecnológicos y personales necesarios para garantizar el ejercicio adecuado de la función jurisdiccional. Asimismo, el CGPJ recuerda al Ministerio la propuesta de reforma del artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en marzo, orientada a adaptar el sistema de formación inicial de la carrera judicial a las necesidades derivadas de la implantación de los Tribunales de Instancia. Por otro lado, el Pleno también ha respaldado varias medidas relacionadas con las Secciones de Violencia sobre la Mujer. Entre ellas, la ampliación de la jurisdicción de la sección de Córdoba a varios partidos judiciales como Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya. También ha informado favorablemente la creación de una nueva sección de Violencia sobre la Mujer en el Tribunal de Instancia de Lucena, ampliando su ámbito a distintos partidos judiciales de la provincia. Del mismo modo, se ha aprobado la creación de una nueva plaza en la sección de Vitoria-Gasteiz, cuya jurisdicción se extenderá al partido judicial de Amurrio.

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(Cinco Días, 18-06-2026) | Fiscal

El Gobierno ultima el nuevo decreto con ayudas para paliar el impacto de la guerra en Irán

El inminente final de la guerra en Irán no supondrá el fin de las medidas de apoyo económico desplegadas para mitigar sus consecuencias. El Gobierno ya trabaja en una nueva prórroga y ampliación del escudo anticrisis, cuya aprobación está prevista para el último Consejo de Ministros de junio. Así lo confirmó este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien anunció la próxima aprobación de un real decreto ley destinado a proteger tanto al tejido productivo como a los ciudadanos frente a los efectos económicos derivados del conflicto. La futura norma no se limitará a atender las necesidades de los sectores más directamente afectados por la guerra. Aunque actividades como la agroalimentaria o la industrial han sufrido especialmente el encarecimiento de los fertilizantes, la energía y los costes logísticos, el Ejecutivo pretende articular una respuesta de mayor alcance para amortiguar el impacto sobre el conjunto de la economía. Pese a los avances diplomáticos que apuntan a la firma de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán este viernes en Ginebra, el Gobierno ha mantenido intacta su agenda de contactos con los sectores económicos más expuestos. Durante los últimos días, el Ministerio de Economía ha intensificado las reuniones con representantes empresariales para evaluar las consecuencias del conflicto y recabar propuestas de cara al diseño del nuevo paquete de medidas. El lunes, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, mantuvieron un encuentro con operadores del sector gasista y petrolero. Un día después, Cuerpo se reunió con representantes de la automoción, la industria de componentes, las empresas intensivas en consumo energético, los fabricantes de materiales de construcción, siderúrgicas, compañías papeleras y farmacéuticas, acompañado por el ministro de Industria, Jordi Hereu. Este miércoles el diálogo continúa con el sector agroalimentario, en una reunión en la que también participa el ministro de Agricultura, Luis Planas. La ronda de contactos comenzó formalmente el pasado 10 de junio, después de que el Ejecutivo planteara a los agentes sociales la conveniencia de extender las medidas extraordinarias de apoyo económico. El objetivo es evaluar tanto el alcance de los daños provocados por la guerra como la eficacia de las ayudas actualmente vigentes, con la intención de corregir posibles deficiencias y adaptar mejor las nuevas iniciativas a las necesidades reales de cada sector. Las organizaciones empresariales ya han trasladado algunas de sus principales demandas. La industria alimentaria solicita ayudas directas y la suspensión temporal del impuesto sobre los envases de plástico. Por su parte, las empresas de transporte y logística reclaman prolongar durante varios meses las compensaciones actualmente en vigor y denuncian retrasos en el cobro de determinadas ayudas, circunstancia que está obligando a algunas compañías a recurrir a financiación externa para mantener su actividad. Por el momento, el Ministerio de Economía evita concretar el contenido definitivo del nuevo decreto y se limita a señalar que la prioridad es completar primero la ronda de consultas. Lo que sí está fijado es el calendario: el texto será aprobado previsiblemente el 29 de junio, justo antes de que expiren buena parte de las medidas vigentes el día 30. Aunque el acuerdo de paz está favoreciendo una rápida corrección de los precios energéticos, el Ejecutivo considera que los efectos económicos del conflicto seguirán presentes durante los próximos meses. Los precios del petróleo, el gas natural y los fertilizantes han comenzado a descender con fuerza, pero la recuperación de la normalidad en los mercados internacionales todavía requerirá tiempo. Esta situación podría reflejarse en la evolución de la inflación. Diversos analistas prevén que el índice de precios al consumo se acerque al 4% durante el verano si desaparecen las ayudas a los carburantes, frente al 3,2% registrado en mayo. Según el Gobierno, las rebajas fiscales aplicadas en los últimos meses han contribuido a reducir la inflación en más de un punto porcentual, ayudando además a que España mantenga algunos de los precios de gasolina y diésel más bajos de Europa. A medio plazo, sin embargo, las perspectivas son más favorables. La Agencia Internacional de la Energía considera que el acuerdo de paz podría favorecer una situación de exceso de oferta de petróleo durante el próximo año. Si el crecimiento de la producción supera al de la demanda mundial, los precios energéticos podrían continuar descendiendo, consolidando un escenario más benigno para consumidores y empresas. Actualmente, el barril de petróleo cotiza en torno a los 78 dólares, muy por debajo de los aproximadamente 120 dólares que llegó a alcanzar en los momentos de mayor tensión del conflicto.

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(Expansión, 18-06-2026) | Fiscal

Madrid, las islas y las autonomías del mediterráneo sus principales motores regionales de impulso

Aunque el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto ha contribuido a rebajar la tensión en Oriente Próximo, el panorama internacional continúa marcado por la incertidumbre. Por un lado, porque la experiencia reciente demuestra que la estabilidad aún no está garantizada; por otro, porque incluso si la crisis se resuelve de forma definitiva, sus efectos seguirán notándose durante meses en los precios y en las cadenas de suministro, especialmente por los daños sufridos en infraestructuras energéticas clave de la región. En este contexto complejo, la economía española ha mostrado una notable capacidad de resistencia, apoyada principalmente en el consumo privado -favorecido por la fortaleza del mercado laboral- y en el dinamismo de las exportaciones de servicios, especialmente aquellas no vinculadas al turismo. Por ello, BBVA Research mantuvo la semana pasada su previsión de crecimiento del PIB español en el 2,4% para este año, aunque redujo en tres décimas, hasta el 2,1%, su estimación para 2027. En su Observatorio Regional, la entidad financiera analiza cómo se distribuirá este crecimiento entre comunidades autónomas. Según sus previsiones, en 2026 serán Comunidad de Madrid, los archipiélagos y las regiones mediterráneas las que lideren la expansión económica, mientras que en 2027 el protagonismo pasará a las comunidades del norte, con mayor peso industrial y exportador, hoy más afectadas por el deterioro del contexto exterior. Impulsadas por el turismo -favorecido temporalmente por el efecto refugio frente a otros destinos afectados por la crisis en Oriente Medio-, las exportaciones de servicios y el aumento del consumo de visitantes extranjeros, las economías regionales con mayor crecimiento este año serán la Comunidad Valenciana, con un avance del 3%; Madrid, con un 2,7%; Islas Baleares y Andalucía, ambas con un 2,6%; y Región de Murcia, con un 2,5%. Junto a Castilla-La Mancha, que también crecerá un 2,5% gracias al buen comportamiento del consumo privado, serán las únicas regiones que superarán la media nacional. La Comunidad Valenciana seguirá beneficiándose este año del impulso generado por las medidas de apoyo tras la dana, especialmente en el sector de la construcción. No obstante, este efecto perderá fuerza de cara a 2027, cuando su crecimiento se moderará hasta el 1,9%, por debajo del promedio nacional. Aun así, el turismo y el buen comportamiento de las exportaciones no turísticas seguirán sosteniendo su actividad. Madrid, por su parte, continuará creciendo por encima de la media nacional tanto este año como el próximo, aunque también experimentará una desaceleración. Entre sus principales fortalezas destacan la solidez de su sector servicios -especialmente en actividades de alto valor añadido-, su capacidad de atraer turismo y la resistencia del consumo interno pese al repunte inflacionario. Además, el aumento previsto del gasto en defensa podría generar nuevas oportunidades para determinadas empresas españolas. Según el informe, regiones como País Vasco, Madrid, Asturias, Navarra y Galicia podrían verse especialmente beneficiadas por esta inversión, debido al peso de sectores vinculados directa o indirectamente a la industria militar. En línea con la media nacional crecerán también Islas Canarias, gracias al turismo, aunque con señales de moderación, y Cataluña, impulsada por la fortaleza de sus exportaciones de servicios y su atractivo turístico. Cataluña, además, figura entre las comunidades mejor posicionadas para beneficiarse de recientes acuerdos comerciales firmados por la Unión Europea, como el alcanzado con Mercosur. En el extremo opuesto, el informe sitúa a Navarra y La Rioja como las comunidades con menor crecimiento en 2026, ambas con un avance del 1,8%. Les siguen de cerca País Vasco y Asturias, con un aumento del PIB del 1,9%. Estas regiones son más vulnerables al impacto de la inestabilidad internacional, ya que su mayor exposición industrial y exportadora las hace especialmente sensibles al encarecimiento de la energía y a las disrupciones comerciales. De cara a 2027, si la desescalada en Oriente Próximo logra consolidarse y con ello se normalizan los precios energéticos y las cadenas globales de suministro, las comunidades del norte podrían recuperar protagonismo. En ese escenario, destacarían los crecimientos del 2,4% en País Vasco y Navarra, así como del 2,3% en Cataluña, Aragon y Galicia. Madrid, por su parte, avanzaría un 2,2%, ligeramente por encima del crecimiento previsto para el conjunto de España.

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(Expansión, 18-06-2026) | Fiscal

Verifactu nace obsoleto: las empresas deberán volver a adaptarse antes de 2030

Los asesores fiscales alertan de la falta de una estrategia coordinada en la implantación de las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Antifraude y de la futura factura electrónica obligatoria. A su juicio, la normativa impulsada por el Ministerio de Hacienda podría quedar desfasada antes de lo previsto, ya que Spain deberá adaptar su legislación a la Directiva europea ViDA antes de 2030. Tras dos aplazamientos, las empresas deberán cumplir con las nuevas exigencias de la Ley Antifraude a partir del 1 de enero de 2027, mientras que los autónomos dispondrán hasta el 1 de julio de ese mismo año. Una de las principales novedades será la obligación de utilizar Verifactu, el sistema de verificación de facturas de la Agencia Tributaria, mediante el cual las compañías tendrán que remitir sus facturas al Fisco para reforzar el control tributario. Sin embargo, desde la Asociación Española de Asesores Fiscales advierten de que estas obligaciones podrían tener una vida útil limitada. La razón es que la transposición de la Directiva ViDA obligará a revisar el reglamento actual, forzando a muchas empresas a realizar una nueva adaptación tecnológica poco después de haber invertido en adecuar sus sistemas de facturación a las exigencias actuales. El Consejo de Ministros aprobó recientemente el anteproyecto para la transposición parcial de esta directiva europea, cuyo objetivo es modernizar el sistema del IVA comunitario y ajustarlo a un entorno cada vez más digitalizado. Fernando Matesanz, coordinador del Grupo de Expertos en Impuestos Indirectos de la AEDAF, cuestiona la conveniencia de implantar ahora medidas como Verifactu y la factura electrónica obligatoria sin haberlas alineado previamente con el marco comunitario que será de obligado cumplimiento en 2030. Según su valoración, esta situación está provocando que España quede desacompasada respecto a otros países de la European Union, donde ya se están desarrollando normativas más adaptadas al futuro modelo europeo. En el caso concreto de Verifactu, los asesores consideran que varios aspectos deberán revisarse. Uno de ellos es que la Ley Antifraude se centra exclusivamente en las facturas emitidas, dejando fuera de forma equivalente el tratamiento de las facturas recibidas, algo que previsiblemente cambiará con la normativa comunitaria. También genera dudas la coexistencia de Verifactu con el Suministro Inmediato de Información (SII), ya que ambos sistemas cubren en gran medida operaciones similares. Desde la AEDAF consideran probable que, a partir de 2030, solo uno de los dos mecanismos termine manteniéndose. Por otro lado, la Ley Crea y Crece, que regula la factura electrónica obligatoria, también podría verse modificada. La Directiva ViDA prevé extender la facturación electrónica a todas las operaciones intracomunitarias, una exigencia que la regulación española actual todavía no contempla. Albert Folguera, integrante del Grupo de Expertos en Impuestos Indirectos de la AEDAF, critica además la dualidad del sistema español frente a modelos más centralizados como el de Italy, donde todas las facturas electrónicas se remiten directamente a la Administración tributaria sin excepciones. Ante este escenario, los asesores fiscales reclaman una hoja de ruta clara que permita ordenar la convergencia entre el sistema español de facturación y las futuras exigencias europeas. Su objetivo es avanzar hacia un modelo único y coherente desde el principio, evitando cambios regulatorios sucesivos que obliguen a empresas y autónomos a asumir nuevos costes de adaptación en pocos años.

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(El País, 18-06-2026) | Fiscal

Canarias, Castilla La Mancha, Asturias y Cataluña, las cuatro únicas autonomías que acuden a la cita con Hacienda para la reforma de financiación

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular están cumpliendo su advertencia y no acudirán a las reuniones bilaterales convocadas por el Ministerio de Hacienda para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. El departamento que dirige Arcadi España arrancará este jueves la ronda de contactos para presentar su propuesta, aunque lo hará, si nada cambia, solo con cuatro autonomías. Canarias será la primera en sentarse a la mesa este jueves, mientras que la próxima semana será el turno de Castilla-La Mancha y Asturias. En el caso de Cataluña todavía no hay fecha prevista, aunque se da por hecho un entendimiento favorable, dado que el modelo se consensuó inicialmente con la Generalitat. El resto de comunidades, todas gobernadas por el PP, han rechazado acudir a estas citas individuales al considerar que una reforma de este alcance debe negociarse exclusivamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde están representadas todas las comunidades de régimen común. El Gobierno se enfrenta así a un primer obstáculo en su intento de abrir la negociación de un sistema que lleva más de una década pendiente de reforma. El actual modelo está vigente desde 2009 y tanto el Ejecutivo central como la mayoría de las comunidades coinciden en que ha quedado desfasado y requiere actualización. Sin embargo, las discrepancias sobre el método de negociación han surgido incluso antes del inicio formal de las conversaciones. Las comunidades del PP sostienen, por un lado, que el modelo planteado por el Gobierno se ha diseñado en función de las necesidades de Cataluña, con quien se pactó inicialmente. Por otro, insisten en que cualquier decisión debe abordarse únicamente en el CPFF. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se reunió esta semana con Arcadi España, aunque el dirigente autonómico dejó claro que la financiación autonómica no estaba incluida en el orden del día. Hacienda, sin embargo, defiende que las reuniones bilaterales forman parte de un proceso que no excluye la negociación multilateral. De hecho, Arcadi España recordó recientemente en el Congreso que ya se han celebrado encuentros en el seno del CPFF y que, una vez concluida esta ronda de contactos individuales, el ministerio volverá a convocar ese órgano para continuar la negociación con todas las comunidades. Por ello, en el Ministerio no entienden el rechazo de los gobiernos autonómicos del PP, ya que consideran que ambos formatos son complementarios y no excluyentes. Pese a que acudirán a la mesa, es previsible que tanto Canarias (donde gobiernan Coalición Canaria y el PP) como Castilla-La Mancha y Asturias (gobernadas por el PSOE) expresen críticas al modelo propuesto. Desde la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea de Canarias enmarcan la reunión como un encuentro técnico, al que "siempre" asisten. Sin embargo, en anteriores ocasiones, Canarias ha seguido la posición de las comunidades del PP, por lo que un apoyo explícito al planteamiento del Gobierno sería una sorpresa. Por su parte, Castilla-La Mancha y Asturias se han mostrado contrarias al marco general del plan del Ejecutivo y han hecho públicas sus reservas sobre distintos aspectos, aunque han decidido acudir para conocer el detalle de la propuesta y trasladar sus propias reivindicaciones. La situación es distinta en Cataluña. La Generalitat y el Gobierno central llevan meses manteniendo contactos sobre esta cuestión, ya que la propuesta que ahora presenta Hacienda tiene su origen en el acuerdo político alcanzado entre el PSOE y ERC. Esa negociación previa ha convertido a Cataluña en el territorio con el diálogo más avanzado, aunque el Gobierno insiste en que la reforma deberá extenderse al conjunto de comunidades de régimen común. Hacienda confía en que la posición de las comunidades del PP pueda cambiar a medida que avance el proceso. El ministerio defiende que la reforma supondrá una inyección cercana a 21.000 millones de euros para las comunidades autónomas, además de adaptar el modelo a la evolución demográfica y económica de los últimos 15 años para corregir los desequilibrios acumulados desde la última reforma.

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(El Confidencial, 18-06-2026) | Fiscal

Los errores legislativos cuestan 14.400 millones a las arcas públicos en juicios perdidos

Las resoluciones judiciales contrarias a las Administraciones Públicas han supuesto un importante impacto para las cuentas públicas españolas. Según la última Opinión sobre riesgos fiscales elaborada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), las sentencias desfavorables han generado un coste acumulado de 14.432 millones de euros durante los dos últimos ejercicios, reflejando las consecuencias económicas derivadas de errores normativos y decisiones administrativas posteriormente corregidas por los tribunales. Lejos de remitir, este riesgo continúa presente. La AIReF advierte de que existen numerosos procedimientos aún pendientes de resolución que podrían traducirse en nuevas devoluciones multimillonarias para el Estado. Entre ellos destaca especialmente el litigio relacionado con el Impuesto sobre Hidrocarburos, cuyo impacto potencial podría alcanzar los 6.500 millones de euros, según las estimaciones recogidas en la Cuenta General del Estado elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Aunque el organismo considera improbable que se materialice el importe máximo previsto, subraya la elevada relevancia fiscal del procedimiento. A esta contingencia se suman otros asuntos ya resueltos en contra de la Administración o con una elevada probabilidad de generar nuevos costes. Es el caso del bono social eléctrico, cuya factura para las arcas públicas supera ya los 913 millones de euros y continúa aumentando a medida que se resuelven nuevos recursos. También figura entre los expedientes más significativos el relacionado con el Impuesto sobre Actividades Económicas aplicado a operadores de telefonía móvil, cuyo coste podría situarse en torno a los 1.400 millones de euros. Asimismo, el Estado ha sufrido recientemente un revés judicial en el conflicto derivado del proyecto de almacenamiento de gas Castor, tras perder un procedimiento frente a Enagás que obliga al pago de 255 millones de euros. A ello se añade la controversia relacionada con la desgravación fiscal del fondo de comercio en adquisiciones internacionales, cuyo impacto presupuestario podría hacerse especialmente visible a partir de 2026. La lista de riesgos no termina ahí. España mantiene abiertos diversos litigios vinculados a la reducción de incentivos a las energías renovables, recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional por valor de 346 millones de euros y reclamaciones relacionadas con subvenciones denegadas por el Ministerio de Industria que suman otros 129 millones. También permanece pendiente la resolución de varios procedimientos vinculados a la liquidación de concesiones de autopistas de peaje, con reclamaciones que rondan los 1.800 millones de euros. En conjunto, la AIReF considera que el volumen de procedimientos en curso representa una amenaza significativa para la estabilidad presupuestaria y exige una mayor atención por parte de las administraciones responsables. El organismo también pone el foco en una práctica habitual de las Administraciones: prolongar los litigios hasta las últimas instancias judiciales incluso en aquellos casos en los que las posibilidades de éxito son reducidas. Esta estrategia permite retrasar los pagos, pero suele incrementar notablemente la factura final debido al devengo de intereses. La AIReF destaca que actualmente no existe información suficientemente detallada que permita conocer qué parte del coste total de las sentencias corresponde precisamente a estos intereses. Entre las resoluciones que más han impactado en las cuentas públicas durante los dos últimos años sobresale la devolución del IRPF a antiguos mutualistas, que ha supuesto cerca de 6.000 millones de euros. A ello se suma la declaración de inconstitucionalidad de determinados cambios introducidos en el Impuesto sobre Sociedades en 2016, que obligó a devolver aproximadamente 3.000 millones de euros en 2024 y generó un coste adicional cercano a los 1.000 millones en 2025. Ante esta situación, la AIReF reclama al Gobierno un esfuerzo adicional en materia de transparencia sobre los procedimientos judiciales abiertos y recomienda reforzar la calidad normativa para reducir el riesgo de futuras condenas. Entre sus propuestas figura la realización de consultas previas con organismos europeos cuando se planteen reformas especialmente sensibles, así como una evaluación más exhaustiva de aquellas medidas que ya hayan sido cuestionadas o anuladas en el pasado. El organismo también considera necesario que el Ministerio de Hacienda disponga de mecanismos más ágiles para ejecutar las sentencias desfavorables y recomienda analizar con mayor rigor las probabilidades de éxito de cada litigio antes de prolongar los procedimientos judiciales. El objetivo sería corregir con rapidez las disposiciones susceptibles de ser anuladas y minimizar así el coste económico que finalmente recae sobre los contribuyentes.

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