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(El País, 22-07-2025) | Laboral

La Administración impartirá un máster de dos años a los aspirantes a funcionarios superiores y se quedará “con los mejores”

El Ministerio de Función Pública ha presentado una nueva estrategia con el objetivo de modernizar y hacer más eficiente la Administración del Estado. El ministro Óscar López ha descrito esta iniciativa como una forma de afinar "la fábrica del Estado", destacando su intención de llevar a cabo una transformación profunda, con un fuerte impulso hacia la digitalización y el uso de inteligencia artificial. Aunque esta meta ya ha sido compartida por anteriores responsables del área, López ha señalado que esta vez se quiere ir más allá. Uno de los cambios más relevantes que ha mencionado es la reforma del sistema de acceso a los cuerpos superiores de la Administración (grupos A1 y A2). En lugar del modelo tradicional de oposiciones, se plantea un nuevo sistema basado en una formación especializada y una evaluación final. Aún no se ha precisado cuándo se pondrá en marcha este nuevo enfoque. Según el plan, los aspirantes deberán superar una prueba inicial para acceder a un programa formativo exclusivo. Solo quienes obtengan las mejores calificaciones podrán cursar un máster de dos años, al final del cual se celebrará un examen que determinará quiénes ocuparán finalmente las plazas. Quienes no consigan una plaza obtendrán igualmente el título de máster. El ministerio aclara que esta propuesta está en una etapa preliminar y que será discutida con los sindicatos, respetando los estándares europeos y en coordinación con el sistema de becas del Ministerio de Educación. Clara Mapelli, secretaria de Estado de Función Pública, ha asegurado que este nuevo modelo contará con el "máximo rigor" y garantizará una igualdad real de oportunidades. Ha explicado que se utilizarán centros e institutos de formación ya existentes en la Administración para ofrecer programas equivalentes a 120 créditos ECTS. Los mejores participantes podrían incorporarse como funcionarios, mientras que el resto saldrá con una titulación de posgrado. Además, se prevé becar a los aspirantes para facilitar su acceso a esta vía formativa. Por el momento, no se ha especificado si esta iniciativa se aplicará solo en la Administración General del Estado o si afectará a toda la función pública. Tampoco se ha aclarado qué ocurrirá con quienes no superen la formación: si deberán repetir el proceso o si tendrán otras opciones de acceso. En cuanto a los funcionarios de los grupos C1 y C2, seguirán accediendo mediante el sistema actual, aunque recibirán formación especializada después de conseguir la plaza. El ministro López también ha anunciado medidas para mejorar la atención al ciudadano, como la eliminación de la cita previa obligatoria -ya propuesta por José Luis Escrivá-, la creación de una oficina integral que concentre múltiples servicios administrativos y una plataforma digital que integre estos procesos. No obstante, no ha confirmado si se eliminará la tasa de reposición, una medida anticipada por su antecesor. La inteligencia artificial jugará un papel clave en esta transformación. El Gobierno considera que su incorporación supondrá un avance tan significativo como lo fue la llegada de internet. López ha afirmado que el uso masivo de datos y algoritmos representa "la mayor revolución de la Administración General desde internet". Para ello, se desarrollará una plataforma soberana de inteligencia artificial, con una inversión inicial de 14 millones de euros. El Ejecutivo abrirá un espacio de colaboración con empresas tecnológicas interesadas. Uno de los modelos a seguir será el de Red.es, que, según López, ha gestionado con gran eficacia las ayudas del kit digital a más de 700.000 pymes mediante bots que procesan las solicitudes en tan solo tres minutos. La idea es aplicar ese mismo sistema a otros servicios públicos. Además, se pondrá en marcha un nuevo sistema basado en IA llamado SimplexES, cuyo objetivo será agilizar y simplificar trámites administrativos. Un ejemplo claro es la declaración de la renta, donde ya se utilizan herramientas que facilitan la cumplimentación de formularios. Este será el modelo de referencia que se pretende extender a otros ámbitos administrativos. También se ha puesto en valor el uso creciente de la aplicación "Mi Carpeta Ciudadana", ya utilizada por seis millones de personas. Según López, herramientas como esta podrán anticiparse a las necesidades de los usuarios mediante funciones predictivas. Por ejemplo, la IA podría recordar a los ciudadanos ciertos trámites relacionados con la educación o los impuestos y facilitar su gestión en gran medida.

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(El País, 22-07-2025) | Laboral

El Gobierno rescata el estatuto del becario para intentar enviarlo al Congreso antes de agosto

Más de dos años después de que Yolanda Díaz, Unai Sordo y Pepe Álvarez presentaran el pacto sobre el estatuto del becario, la normativa que busca regular las prácticas profesionales está un paso más cerca de llegar al Consejo de Ministros. El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha anunciado que este lunes por la tarde el proyecto será analizado en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), lo que representa un trámite previo fundamental antes de su posible discusión en el Consejo de Ministros. Este avance no implica necesariamente que la CDGAE lo apruebe o que sea debatido en la reunión del gabinete prevista para mañana, pero sí constituye un paso relevante para seguir su tramitación. En el mejor de los escenarios planteados por el Ministerio de Trabajo, el texto podría ser incluido en el orden del día del Consejo de Ministros del 29 de julio, justo antes del receso estival. Desde el Ministerio de Economía confirman que también se tratará el tema este martes, aunque coinciden en mostrar cautela respecto a su evolución. En paralelo, sigue sin haber acuerdo dentro del Ejecutivo para presentar los nuevos permisos por nacimiento ante la CDGAE, a pesar de que su retraso está generando sanciones diarias por parte de la Comisión Europea. "Estamos manteniendo negociaciones intensas con el PSOE tanto en relación al contenido como a los plazos de ambos temas. Tenemos la voluntad de que se aprueben, especialmente los permisos, antes del parón de verano. Hay muchas familias esperando y debemos cumplir con la normativa europea", expresó Urtasun en rueda de prensa. El estatuto del becario sigue siendo el único acuerdo cerrado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos que ni siquiera ha llegado al Consejo de Ministros para su remisión al Parlamento. Desde un inicio, el ala socialista del Gobierno se mostró contraria a este pacto, alegando que aún estaba poco desarrollado y requería más trabajo técnico, lo que ha frenado su avance. Desde el departamento que lidera Yolanda Díaz aseguran que no se han hecho cambios sustanciales al documento criticado por los socialistas, y que el texto que se pretende aprobar es el consensuado con CC OO y UGT, aunque ha sido rechazado tanto por las organizaciones empresariales como por los rectores universitarios. Entre sus principales medidas destacan la obligación de las empresas de cubrir los gastos de transporte y manutención del estudiante (aunque no se exige salario), y la restricción de las prácticas extracurriculares, consideradas las más precarias. Una vez pase por el Consejo de Ministros, el estatuto deberá someterse a la aprobación del Parlamento para entrar en vigor. Sin embargo, varias fuerzas políticas, tanto a la izquierda como a la derecha del Gobierno, ya han mostrado dudas o rechazo al texto actual. En cuanto a los nuevos permisos por nacimiento, todo apunta a que no serán debatidos en la CDGAE esta semana, a pesar del interés del Ministerio de Trabajo en avanzar en este tema. El decreto recoge varias propuestas: entre ellas, ampliar a 20 semanas el permiso por nacimiento para madres y padres, medida que ha generado reservas en el PSOE desde la anterior legislatura, pese a estar incluida en el acuerdo de coalición con Sumar de 2023. También se plantea extender a 34 semanas el permiso en los casos de familias monomarentales, aunque desde Sumar insisten en la urgencia de regular el pago de cuatro de las ocho semanas de permiso para el cuidado de hijos, que puede solicitarse hasta que el menor cumpla ocho años. Esta medida es clave, ya que España fue expedientada por la Unión Europea en 2023 por incumplir esta directiva, y actualmente afronta una sanción diaria superior a los 9.000 euros. Según advierte Sumar, la multa podría aumentar hasta 43.000 euros diarios a partir de agosto.

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(El Economista, 22-07-2025) | Laboral

La industria pierde el 25% de su empleo en España desde el año 2000

La economía española ha venido perdiendo peso industrial de forma continua a lo largo de los primeros 25 años del siglo XXI. El proceso de deslocalización y desindustrialización que se ha intensificado en las últimas décadas ha provocado un descenso significativo en la contribución de la industria al Producto Interior Bruto (PIB), que ha pasado del 17,9% en el año 2000 al 11,8% en 2024, una caída de seis puntos porcentuales. El retroceso ha sido aún más acusado en el empleo: actualmente, la industria manufacturera genera menos del 10% del total de puestos de trabajo, frente al 17,3% que representaba hace un cuarto de siglo. Este retroceso del sector industrial en la economía española queda reflejado en la más reciente monografía publicada por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). El estudio revela que en la actualidad trabajan en la industria manufacturera unas 2.170.000 personas, lo que equivale al 9,9% del empleo total. Desde el año 2000 se han destruido 723.500 empleos industriales, lo que supone una contracción del 25% en este ámbito. Esta evolución contrasta con el discurso político y comunitario, que desde hace años defiende la necesidad de reindustrializar Europa -y en particular España- como base para fortalecer la economía y preservar el Estado del Bienestar. No obstante, el informe advierte de que durante este periodo la distancia entre España y el resto de países europeos se ha ampliado: el valor añadido bruto de la industria manufacturera española se sitúa 3,9 puntos por debajo de la media comunitaria y lejos del objetivo marcado por la UE, que aspira a que la industria represente el 20% del PIB de los Estados miembros. "El proceso de desindustrialización en España responde a una dinámica global de mayor apertura y desplazamiento de la producción hacia países terceros", resume el informe titulado La adaptación de la industria manufacturera española al escenario energético y la transición digital. En España, la industria manufacturera -excluyendo el sector energético- agrupa algo más de 150.000 empresas, lo que representa el 4,8% del tejido productivo del país. Cuatro sectores concentran el 60% de la producción industrial nacional, funcionando como los pilares de esta rama económica. Entre ellos, destaca la industria agroalimentaria, que supone por sí sola el 19,4% del total, situándose 8,4 puntos por encima de la media europea, lo que refleja una especialización distintiva respecto a otros países de la UE. Le siguen los sectores del metal (12,7%), la industria química y farmacéutica (12,1%) y la fabricación de material de transporte (11,8%). También se sitúan por encima de la media comunitaria los sectores textil y del plástico. En cambio, la industria española muestra una posición más débil frente a Europa en áreas clave como la fabricación de maquinaria y bienes de equipo -donde su peso es la mitad del promedio europeo- o en sectores como la electrónica, la óptica y la informática, donde su representación es hasta seis veces menor. Una de las razones por las que los expertos destacan la importancia de una industria sólida es su mayor productividad en comparación con el sector servicios. En España, esta diferencia es aún más acentuada: la productividad industrial está un 5,4% por debajo de la media europea, y la brecha se amplía al compararse con países como Francia (16% de diferencia) o Alemania (29%). De hecho, si se analiza la productividad total de los factores -que contempla tanto el rendimiento del capital como del trabajo-, se observa que la industria manufacturera en España es un 6% menos eficiente que el sector servicios. No obstante, el estudio advierte que existen fuertes diferencias entre subsectores industriales. Además de analizar la evolución de la industria desde el año 2000, el informe -dirigido por los profesores Joaquín Maudos, Juan Fernández de Guevara y María Dolores Furió- también examina el papel de la digitalización y el acceso a la energía como factores clave para mejorar la competitividad industrial. Según el documento, los sectores con mayor intensidad tecnológica duplican en eficiencia a aquellos con menor nivel de digitalización. En este sentido, el sector TIC ha incrementado su productividad un 40% entre 2000 y 2021, mientras que las industrias menos tecnológicas apenas han mostrado mejoras. Entre los sectores más rezagados en digitalización, el estudio señala a actividades tradicionales como la alimentación, el textil, el calzado, la madera o las artes gráficas, que aún presentan un largo camino por recorrer para alcanzar los estándares marcados por Europa.

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(El Economista, 22-07-2025) | Laboral

El empresario puede rebajar la sanción de una falta "muy grave" al trabajador

El Tribunal Supremo ha establecido, en una sentencia dictada el 10 de junio de 2025, que el empresario puede imponer una sanción correspondiente a una falta grave, aunque el comportamiento del trabajador haya sido calificado como falta muy grave, siempre que así lo permita el convenio colectivo aplicable. Con esta resolución, la Sala de lo Social unifica doctrina en torno a los límites y posibilidades del poder disciplinario empresarial. El magistrado ponente, Cristóbal Villanueva, analiza los artículos 20 y 58 del Estatuto de los Trabajadores (ET), concluyendo que la potestad disciplinaria del empresario -derivada de su capacidad para organizar y dirigir la actividad laboral- debe ejercerse dentro de los márgenes fijados por la ley y por los convenios colectivos. No obstante, también admite que el empleador puede actuar con moderación y optar por una sanción más leve, siempre que esté prevista normativamente. El alto tribunal reafirma la importancia de los principios constitucionales de legalidad y tipicidad (artículo 25.1 de la Constitución Española), que exigen que toda infracción y su correspondiente sanción estén previamente definidas. Sin embargo, introduce una interpretación más flexible que beneficia al trabajador: considera legítimo aplicar una sanción menos severa que la prevista para la falta cometida, siempre que esa reducción esté contemplada por la negociación colectiva. El magistrado argumenta que esta opción responde al principio de gradualidad sancionadora, y es plenamente compatible con la seguridad jurídica y las garantías procesales del trabajador. Al tratarse de una medida más benigna, no se produce ningún perjuicio para el sancionado ni se vulneran sus derechos fundamentales. La sentencia también recuerda que el poder sancionador del empleador no es ilimitado. De hecho, el artículo 58.3 del Estatuto de los Trabajadores prohíbe expresamente imponer sanciones que afecten a las vacaciones, al derecho al descanso o que consistan en multas económicas. Además, toda sanción impuesta puede ser revisada por los tribunales conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), lo que garantiza un control judicial efectivo sobre su legalidad y proporcionalidad.

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(El Economista, 22-07-2025) | Laboral

La negociación colectiva tiene potestad para modificar los beneficios sociales

La Audiencia Nacional ha confirmado que la negociación colectiva tiene la facultad de modificar beneficios sociales, según establece en su sentencia del 3 de junio, en la que rechaza la demanda presentada por la Confederación Intersindical Galega (CIG) contra Naturgy y los sindicatos firmantes del convenio colectivo. El litigio colectivo pretendía dejar sin efecto la decisión de reducir el tope de la bonificación en el suministro eléctrico que reciben tanto empleados en activo como jubilados. Concretamente, el conflicto se centraba en el III Convenio Colectivo del Grupo Naturgy, que fijó desde el 1 de enero de 2023 un nuevo límite anual de 25.000 kWh, frente a los 30.000 kWh establecidos anteriormente. Esta sentencia refuerza el principio de que la negociación colectiva tiene capacidad para regular las condiciones laborales y sociales, incluyendo la posibilidad de modificar beneficios previamente establecidos, siempre que dichas modificaciones se realicen conforme al marco normativo y convencional vigente. Alfredo Aspra, abogado laboralista y socio del despacho Labormatters Abogados, destaca que la resolución "ratifica y refuerza el papel central de la negociación colectiva en la definición de las condiciones laborales, incluso cuando implica cambios en beneficios ya existentes, siempre dentro de los límites legales y pactados en convenios". La Sala de lo Social subraya que el origen del beneficio de la tarifa eléctrica con bonificación es de carácter convencional, no individual ni derivado de un contrato personal. El tribunal señala que esta ventaja se remonta a reglamentos y ordenanzas de mediados del siglo XX, y ha sido regulada de forma continua por los distintos convenios colectivos aplicables en la empresa. En este sentido, Aspra remarca que "la tarifa bonificada no constituye un derecho individual, sino una condición colectiva establecida en sucesivos convenios, y por tanto sujeta a modificación dentro de ese ámbito". Cabe añadir que Naturgy ha defendido que la reducción del consumo bonificado está alineada con su política de sostenibilidad. Además, sostiene que el nuevo límite de 25.000 kWh anuales continúa siendo considerablemente superior al consumo medio de un hogar en España, que oscila entre los 3.500 y los 5.700 kWh al año.

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(Cinco Días, 22-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El volumen de exportaciones españolas afectado por los aranceles de EE UU alcanzaría los 22.700 millones

Las exportaciones españolas que podrían verse directamente afectadas por la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos ascienden a unos 15.100 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 83% del total de las ventas al país norteamericano. No obstante, si se consideran también los efectos indirectos, el impacto global podría alcanzar los 22.700 millones de euros. Así lo ha indicado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, este lunes durante su intervención en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados. La Unión Europea mantiene la esperanza de lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos antes del 1 de agosto. Sin embargo, el ministro ha advertido de que los aranceles estadounidenses podrían poner en riesgo unos 380.000 millones de euros en exportaciones comunitarias, es decir, cerca del 70% del total que la UE vende al mercado estadounidense. Aunque, en conjunto, la economía española muestra una menor vulnerabilidad en comparación con otros países europeos, Cuerpo ha destacado que a nivel sectorial las diferencias son notables, y algunos sectores concretos presentan una dependencia mucho mayor del mercado americano. Un ejemplo significativo es el de las grasas y aceites, donde se incluye el aceite de oliva, cuyas exportaciones a Estados Unidos superan los 1.000 millones de euros. "Se trata del volumen más elevado dentro de nuestras exportaciones a ese país, con una exposición que ronda el 20% del total del sector en este mercado", ha precisado el ministro. Desde el punto de vista macroeconómico, el Gobierno prevé que el conflicto arancelario podría tener un impacto equivalente a una décima del PIB en 2025. Cuerpo ha lamentado que el escenario global actual está marcado por una creciente incertidumbre, lo que complica y retrasa decisiones clave en inversión y consumo. Esta situación de inestabilidad ha llevado incluso al Fondo Monetario Internacional (FMI) a revisar a la baja las previsiones de crecimiento para la mayoría de las economías avanzadas de cara a 2025, con la excepción de España, cuya proyección ha sido ajustada al alza hasta el 2,5% para ese año. Ante este contexto, el ministro ha insistido en la importancia de mantener una actitud abierta al diálogo para lograr un acuerdo en las próximas semanas, pero también ha advertido que la Unión Europea no puede pecar de "ingenuidad" y debe prepararse para la posibilidad de que no se alcance ningún pacto antes del 1 de agosto. "Debemos tener un plan de acción preparado si no se llega a un acuerdo", ha subrayado, al tiempo que ha defendido la necesidad de fortalecer el mercado interior europeo y diversificar las relaciones comerciales, mencionando como ejemplo el impulso al acuerdo con Mercosur.

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(Expansión, 22-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las eléctricas se juegan hoy en el Congreso 200.000 millones de euros

Si el Congreso no aprueba el real decreto-ley 7/2025, conocido como el "decreto antiapagón", se pondrán en peligro cientos de proyectos de energías renovables, se ralentizará la instalación de miles de electrolineras y redes eléctricas, y se perderán importantes ayudas económicas destinadas al sector industrial. En juego están hasta 200.000 millones de euros en inversiones para nuevas infraestructuras energéticas, redes y procesos de descarbonización. La incertidumbre es máxima dentro del sector eléctrico, donde las empresas intentaban ayer cerrar filas ante la falta de apoyo claro por parte de algunos partidos, como Podemos, y la ambigüedad del PP. Si el texto no obtiene el respaldo de la mayoría parlamentaria -algo que no tiene asegurado el Ejecutivo-, la norma quedará invalidada, lo que supondría el fracaso de una propuesta que, por primera vez en años, contaba con el respaldo generalizado del sector. Las compañías consideran este decreto clave para reactivar la inversión en energías limpias, redes eléctricas, autoconsumo y movilidad eléctrica. El decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de junio e incluye medidas urgentes para evitar situaciones como el apagón del 28 de abril que afectó a toda la península, motivo por el cual se le ha apodado "antiapagón". También introduce una serie de disposiciones adicionales -actuando como decreto ómnibus- que buscan agilizar la planificación de nuevas infraestructuras eléctricas y anticipar las inversiones, además de extender los plazos para que los proyectos renovables puedan conectarse a la red y evitar su cancelación. Entre otras acciones, el decreto contempla la simplificación de trámites para instalar electrolineras, incentivos fiscales para electrificar la climatización en edificios residenciales, mayor margen para el autoconsumo y una rebaja del 80% en los peajes eléctricos para la industria con alto consumo energético. Un informe de PwC alertaba ayer de las graves consecuencias si esta normativa no se aprueba. Una de sus funciones sería aliviar el colapso actual en la red eléctrica, que dificulta el acceso de grandes consumidores, como industrias y centros de datos. Actualmente, las solicitudes de conexión a la red por parte del sector industrial superan los 18.000 megavatios (MW), pero debido a la saturación de la red, en 2024 sólo se aprobó una de cada diez solicitudes. Si no se actúa pronto, al menos 16.000 MW de nueva demanda industrial podrían quedar paralizados. La situación de las energías renovables es igual de crítica, si no más. Cientos de proyectos que deberían estar operativos han incumplido los plazos por distintas razones. Según la legislación vigente, esto les obliga a devolver sus permisos. El decreto permitiría una prórroga, lo que evitaría la cancelación de muchos de estos proyectos. A esta tensión política se suma una creciente división social. Mientras que la Alianza Energía y Territorio -que agrupa a más de 200 colectivos ciudadanos, rurales y ecologistas- solicitaba rechazar el decreto y no ceder ante la presión del "lobby de las renovables", la patronal madrileña Ceim pedía su aprobación. En un comunicado, Ceim aseguraba que la norma representa una respuesta estratégica y eficaz ante los retos energéticos de la Comunidad de Madrid y del conjunto del tejido empresarial español.

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(Expansión, 22-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La hipoteca a tipo fijo coge carrerilla y gana terreno a la mixta

Los préstamos hipotecarios a tipo fijo están ganando protagonismo en un contexto marcado por la estabilidad del euríbor, según los datos de iAhorro. En el segundo trimestre del año, el 59,4% de los usuarios que formalizaron una hipoteca para la compra de vivienda a través de este comparador y asesor financiero optaron por una modalidad fija. Al mismo tiempo, las hipotecas mixtas -que combinan un tramo inicial con interés fijo y otro posterior a tipo variable- descendieron hasta representar el 39,9% de las contrataciones. Las hipotecas a tipo variable apenas alcanzaron un 0,95%, consolidando su tendencia a la baja y quedando relegadas a un papel casi marginal. "El gran cambio observado en este trimestre ha sido el regreso de la hipoteca fija al primer puesto en las preferencias de los clientes, tras dos años dominados por las mixtas, desde febrero de 2023", señala el informe trimestral de iAhorro. Según la entidad, este giro no es casual, sino que obedece a una nueva percepción del equilibrio entre seguridad, condiciones atractivas y un entorno económico aún volátil. Mientras que las hipotecas mixtas habían ganado terreno durante 2023 y parte de 2024 gracias a un tipo inicial más bajo, la diferencia entre ambas fórmulas se ha reducido de forma significativa. En cuanto a los datos concretos, los tipos de interés nominal (TIN) de las hipotecas fijas tramitadas en la plataforma rondan el 2,10%, frente al 1,50% del tramo fijo inicial en las mixtas. Esa diferencia de apenas seis décimas ya no compensa el riesgo que supone la evolución futura del euríbor, cuando el préstamo pasa a depender del tipo variable. Actualmente, el índice de referencia hipotecario a 12 meses se mantiene prácticamente inalterado en torno al 2,08% durante los últimos dos meses, lo que contribuye a la cautela de los compradores. "Cuando el cliente percibe que el euríbor está estancado y que su cuota puede subir si opta por una hipoteca mixta o variable, lo natural es que se incline por protegerse", explica Marcel Beyer, CEO de iAhorro. "Hoy en día, la hipoteca fija ofrece esa seguridad con tipos muy competitivos, cercanos al 2% TIN e incluso por debajo en algunos casos". La compañía no prevé que el euríbor caiga por debajo del umbral simbólico del 2% antes de que termine el verano, "y eso sólo si los datos económicos y la inflación evolucionan favorablemente", señala Beyer. Según él, las hipotecas variables podrían volver a ganar terreno si el euríbor baja con más fuerza, lo que les permitiría competir de nuevo con las opciones fijas y mixtas.

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(El Periódico, 22-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La deuda de la eurozona repunta al 88% del PIB y el déficit baja al 2,9% en el primer trimestre de 2025

El inicio de 2025 ha traído consigo un nuevo aumento en la deuda pública de la zona euro, que alcanzó el 88% del PIB al finalizar el primer trimestre, según informó Eurostat este lunes. Esta cifra representa un incremento de seis décimas respecto al cierre de 2024, cuando la ratio era del 87,4%, y también supera el 87,8% registrado en el mismo periodo del año anterior. La deuda del conjunto de la Unión Europea (UE) también mostró una tendencia al alza, situándose en el 81,8% del PIB, lo que supone ocho décimas más que al cierre del último trimestre de 2024. En valores absolutos, la deuda total fue de 13,47 billones de euros en la eurozona y de 14,82 billones en el conjunto de la UE. España figura como el quinto país más endeudado del bloque, con una ratio del 103,5% del PIB. Solo es superada por Grecia (152,5%), Italia (137,9%), Francia (114,1%) y Bélgica (106,8%). No obstante, esta cifra representa una mejora frente al primer trimestre de 2024, cuando el endeudamiento español alcanzaba el 106,3%, lo que supone una reducción de 2,8 puntos porcentuales. Por otro lado, a pesar del repunte de la deuda, el déficit presupuestario de la eurozona disminuyó en el primer trimestre, situándose en el 2,9% del PIB. Esto implica una mejora frente al trimestre anterior (3,2%) y respecto al mismo periodo de 2024 (3,1%). En la UE, la evolución fue similar, con una caída de cuatro décimas respecto al trimestre previo. En el caso de España, el déficit fue del 2,7%, lo que supone una mejora significativa respecto al 3,1% registrado en el trimestre anterior y al 2,9% del año anterior. Esta evolución positiva respalda el proceso de consolidación fiscal iniciado tras la pandemia, aunque el país todavía se encuentra por encima del objetivo del 2% que el Gobierno se ha fijado para final de año. El informe de Eurostat destaca también importantes diferencias entre los Estados miembros. Países como Grecia, Chipre e Irlanda lograron reducciones destacadas en sus niveles de deuda en comparación con el año anterior, mientras que otros, como Polonia, Finlandia y Francia, experimentaron aumentos considerables. En cuanto al déficit, Rumanía (-7,5%), Francia (-5,6%) y Bélgica (-5,5%) encabezan la lista de países con mayores desequilibrios fiscales. Por el contrario, Chipre (5,6%), Grecia (4,2%) y Dinamarca (3,3%) registraron superávits, lo que refleja una recuperación sólida en algunas economías que en su momento fueron duramente golpeadas por la crisis de deuda de hace una década. El documento evidencia una recuperación fiscal desigual entre los países europeos. Mientras algunos avanzan en la consolidación de sus cuentas públicas, otros enfrentan mayores desafíos estructurales. En este contexto, España muestra progresos, aunque aún tiene por delante el reto de reducir su deuda de manera sostenible sin comprometer el crecimiento económico.

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(Expansión, 21-07-2025) | Fiscal

El consenso empresarial es claro y rechaza la propuesta de la Comisión de un impuesto a grandes empresas

La iniciativa de la Comisión Europea para implantar un nuevo impuesto directo a las grandes empresas ha generado una fuerte preocupación en el tejido empresarial español, que lo interpreta como un obstáculo para la competitividad y una medida inoportuna en un contexto de elevada incertidumbre económica. La propuesta presentada por Ursula von der Leyen contempla una carga fiscal progresiva sobre las compañías con ingresos anuales superiores a los 100 millones de euros, lo que ha provocado el rechazo unánime de las principales organizaciones empresariales, que alertan de sus posibles efectos negativos. El nuevo tributo europeo se estructuraría en tres niveles: 100.000 euros anuales para empresas que facturen entre 100 y 250 millones; 250.000 euros para aquellas con ingresos de entre 250 y 500 millones; y 500.000 euros para las que superen los 500 millones. Desde la CEOE consideran que esta iniciativa supone un "grave error" que rompe con el modelo tradicional de financiación de la UE, basado principalmente en las aportaciones estatales y los aranceles. "Establecer un nuevo impuesto sobre las empresas afecta de forma directa a la competitividad del conjunto de Europa", señalan fuentes de la patronal. Subrayan que este tipo de tasas genera un fuerte desequilibrio, ya que, a diferencia del Impuesto de Sociedades que se aplica sobre los beneficios, este nuevo gravamen recaería sobre la facturación total, castigando el tamaño empresarial y el volumen de actividad sin tener en cuenta la rentabilidad real. Asimismo, critican la incoherencia de la Comisión Europea, que exige a las grandes empresas liderar las transformaciones digitales y ecológicas, mientras simultáneamente "les reduce los recursos necesarios" para llevarlas a cabo. Este exceso de presión fiscal, advierten, no solo pone en riesgo las estrategias de inversión y crecimiento, sino que también podría fomentar la deslocalización de grandes multinacionales fuera del territorio comunitario. Una posible salida que implicaría la pérdida de empleo cualificado, innovación tecnológica y recaudación fiscal clave para los propios Estados miembros. En la misma línea, el presidente de Confemetal, José Miguel Guerrero, rechaza rotundamente la propuesta: "Por principios, no creemos que tenga sentido imponer nuevos impuestos a las empresas". En su opinión, el camino correcto es el contrario: "Debemos fomentar la inversión y la innovación mediante un entorno fiscal favorable y una reducción de la burocracia", sostiene. Por su parte, José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, también critica la iniciativa, calificándola como contraria a las necesidades reales de la economía europea, tal como han señalado recientemente los informes Draghi y Letta. "Cargar a las grandes compañías con nuevos impuestos significa frenar el motor económico y social del continente", afirma. Bonet insiste en que la presión fiscal actual ya es suficientemente elevada y que Europa debe optar por una vía alternativa si quiere mantener su competitividad. Esta vía, a su juicio, pasa por atraer inversión mediante una regulación más eficiente y menos cargas administrativas. La postura del empresariado es clara y unánime: Europa no está en condiciones de seguir acumulando obstáculos para sus principales motores económicos. Bonet concluye recordando que estas decisiones no sólo impactan en las grandes corporaciones, sino que también afectan directamente al conjunto del ecosistema empresarial, incluidas las pequeñas y medianas empresas, que "son la base fundamental de nuestra economía" y cuya actividad depende en buena medida del dinamismo de los grandes grupos empresariales.

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