La Dirección General de Tributos ha emitido una respuesta vinculante respecto a la aplicación de la reducción del 90% en el IRPF por ingresos derivados del alquiler de viviendas situadas en zonas tensionadas, cuando se ha aplicado una bajada de al menos un 5% en el precio respecto al contrato anterior.
En la consulta, un contribuyente pregunta si, después de haber rebajado el alquiler un 5,25% y tras marcharse el inquilino un año después, es necesario volver a reducir el precio para seguir aplicando dicha reducción en la declaración de la renta.
La DGT aclara que para beneficiarse de esta deducción es obligatorio que el nuevo precio sea inferior al último vigente en el contrato anterior. En consecuencia, si al formalizar un nuevo contrato no hay una rebaja adicional sobre ese precio anterior, ya no se podrá aplicar la reducción del 90%.
Esta interpretación limita aún más los casos en los que los propietarios pueden acceder a los beneficios fiscales por alquilar sus viviendas a precios moderados, en un contexto de fuerte presión sobre el mercado residencial.
Dentro de una iniciativa presentada recientemente por el PSOE en el Congreso para incentivar el alquiler a precios asequibles, se plantea aumentar la reducción hasta el 100% para los arrendadores que cumplan estas condiciones. Sin embargo, esta medida ha sido criticada por formaciones como Podemos, que consideran que podría beneficiar excesivamente a los propietarios.
Pese a esta posible mejora en los incentivos, el proyecto legislativo también prevé un aumento de la carga fiscal para quienes mantengan viviendas desocupadas, incluyendo segundas residencias en zonas rurales o en municipios costeros.
El Gobierno se verá obligado a repetir la evaluación del sistema de pensiones que realizó recientemente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la cual, el pasado 31 de marzo, concluyó que no era necesario aplicar ajustes. Esta nueva revisión responde a las exigencias de la Comisión Europea en el marco del cumplimiento de los compromisos adquiridos con los fondos europeos del plan de recuperación postpandemia. A pesar de que la ley establece que dicha evaluación debe realizarse cada tres años, ahora deberá repetirse antes del 1 de junio de 2026, apenas un año después del último análisis. Así lo recoge un proyecto de real decreto del Ejecutivo que se tramitará por la vía urgente y que previsiblemente entrará en vigor en unos tres meses.
En esta revisión extraordinaria no se considerarán las transferencias fiscales del Estado a la Seguridad Social que el Gobierno incorporó anteriormente como ingresos adicionales con el fin de evitar ajustes. Según el borrador legal al que ha accedido El País, esas partidas se han excluido para que la evaluación refleje de forma más precisa la sostenibilidad real del sistema.
Fuentes cercanas explican que la Comisión Europea mostró su malestar porque dichas transferencias distorsionaban el diagnóstico financiero del sistema de pensiones, trasladando el déficit a otras partes del presupuesto público. Esta práctica vulneraba el espíritu de la reforma pactada en el marco de los fondos Next Generation EU, por los cuales España ya había recibido importantes cantidades. Como resultado, durante la actual revisión del cumplimiento de hitos para liberar un nuevo tramo de fondos, los técnicos comunitarios determinaron que el compromiso no se había cumplido debidamente y se bloqueó el desembolso. En términos técnicos, Bruselas considera que el hito ha sido revertido.
Desde el Gobierno se argumenta que este nuevo informe solicitado a la Airef no constituye una reevaluación completa, sino un análisis adicional que pretende reforzar la transparencia y aportar más claridad sobre factores como los ingresos derivados de la reforma laboral, los aranceles o las revisiones del PIB. "No es una nueva evaluación, sino un ejercicio de transparencia para afianzar la confianza en la sostenibilidad del sistema", aseguró un portavoz del Ejecutivo.
Sin embargo, Bruselas se ha mantenido firme en sus exigencias. La Comisión ha advertido que, de no corregirse adecuadamente el proceso, el Tribunal de Cuentas Europeo podría exigir la devolución de los fondos ya entregados, lo que implicaría posibles responsabilidades para los propios funcionarios comunitarios.
La evaluación original de la Airef en 2023 estimaba que el sistema necesitaba un ajuste equivalente al 0,8% del PIB -unos 12.000 millones de euros-. Pero el Gobierno modificó las reglas del cálculo al incluir como ingresos las transferencias del Estado, ya previstas y, por tanto, sin impacto real adicional. Además, ese cambio afectaba negativamente al equilibrio general de las finanzas públicas, generando una duplicidad contable. Por ello, la Comisión ha obligado a rehacer el examen bajo criterios más rigurosos. No obstante, la mejora del PIB en los últimos años podría compensar parte de ese desajuste, según las nuevas previsiones.
La presidenta de la Airef, Cristina Herrero, ya advirtió que el motivo principal por el cual no fue necesario un ajuste en la última evaluación fue el crecimiento económico, un factor coyuntural que podría revertirse si se produce un deterioro económico. Las nuevas proyecciones macroeconómicas redujeron el gasto neto en pensiones en 0,7 puntos del PIB en promedio entre 2022 y 2050. También se tuvieron en cuenta 0,3 puntos por transferencias estatales y 0,1 puntos por el impacto positivo de las subidas del salario mínimo. Así, el sistema logró superar el análisis del 31 de marzo por un estrecho margen de 0,2 puntos.
Bruselas impuso esta evaluación para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones. Debe ser elaborada por la Airef cada tres años, basándose en las proyecciones de gasto que publica la Comisión Europea en su informe sobre envejecimiento, combinadas con una estimación del impacto de las medidas gubernamentales destinadas a aumentar ingresos. Si, tras este cruce de datos, el gasto neto supera el 13,3% del PIB en promedio entre 2022 y 2050, se exige aplicar un ajuste para corregir el desequilibrio. Si no se adoptan medidas compensatorias, se activa un aumento automático de cotizaciones repartido en cinco años.
El nuevo real decreto establece que en la evaluación se deben considerar las subidas de cotizaciones contempladas en la reforma liderada por el exministro José Luis Escrivá: el llamado mecanismo de solidaridad, el aumento del tope de cotización, la cuota adicional para salarios altos y la equiparación progresiva de las cotizaciones de los autónomos con las de los asalariados. También se tendrán en cuenta las reformas que incrementen el número de cotizantes y, por ende, la recaudación.
A pesar de todo, la Airef ha sostenido desde el principio que este método no es el más adecuado para medir la sostenibilidad del sistema, una opinión que también comparte el Fondo Monetario Internacional. Según sus estimaciones, el verdadero desequilibrio entre ingresos y gastos proyectado rondará el 3% del PIB en 2050, lo que equivaldría a unos 45.000 millones de euros con el PIB actual. El real decreto reconoce que varios organismos internacionales han alertado de que este mecanismo ignora la sostenibilidad del conjunto de las finanzas públicas.
En una evaluación paralela, la Airef concluyó que la sostenibilidad no ha mejorado y que la tendencia actual obligaría a desviar recursos de otras partidas presupuestarias para financiar las pensiones. El informe también proyecta que el envejecimiento de la población podría aumentar la deuda pública en 47 puntos del PIB de aquí a 2050, de los cuales unos 31 puntos corresponderían al incremento del gasto en pensiones. Para revertir esa tendencia y estabilizar la deuda, sería necesario aplicar un ajuste estructural de 3,16 puntos del PIB anual hasta 2040. El Gobierno ya ha comprometido la mitad de ese ajuste (1,68 puntos) en el plan fiscal remitido a Bruselas, siempre y cuando se cumpla en su totalidad.
Especialistas en materia tributaria advierten que la iniciativa del Gobierno para aplicar un IVA del 21% a los pisos turísticos podría contravenir la Constitución y ser objeto de impugnación judicial una vez que se apruebe. Esta medida forma parte de una proposición de ley presentada por el grupo socialista en el Congreso el pasado 22 de mayo, cuyo objetivo es facilitar el acceso al alquiler mediante diversas medidas que, según estos expertos, presentan dudas de legalidad. Entre ellas se encuentra la intención de aplicar el tipo general del IVA a los pisos turísticos, como forma de frenar esta modalidad de arrendamiento.
Actualmente, estos inmuebles se consideran viviendas y están exentos del IVA, salvo en los casos en que se presten servicios similares a los de un hotel, como limpieza o cambio de sábanas durante la estancia, en cuyo caso se les aplica un 10%. Sin embargo, la nueva propuesta busca gravar con el 21% a todos los pisos turísticos alquilados por menos de 30 días y situados en localidades de más de 10.000 habitantes, independientemente de si ofrecen servicios adicionales o no.
Esaú Alarcón, abogado fiscalista y profesor de Derecho Tributario en la Universidad Complutense, califica esta medida como especialmente grave, ya que no solo elimina la exención del impuesto, sino que impone una carga fiscal superior a la de los hoteles. Según él, esto implica una clara discriminación hacia este tipo de alojamiento, ya que lo razonable sería aplicarles el mismo tipo reducido si se busca asimilarlos a la industria hotelera. Alarcón considera que esta diferencia de trato vulnera el principio de igualdad y plantea serias dudas sobre su constitucionalidad.
Además, el proyecto legislativo contempla un nuevo impuesto que afectaría a ciudadanos extracomunitarios que adquieran viviendas en España, obligándoles a pagar en impuestos una cantidad igual al precio del inmueble. Es decir, si compran una vivienda por 500.000 euros, tendrían que abonar otros 500.000 en concepto de tributos. El experto considera que esta carga tiene un carácter confiscatorio, algo que podría contradecir principios constitucionales, ya que el Tribunal Constitucional ha establecido en el pasado que una tributación cercana al 100% puede considerarse excesiva.
A esto se suma el posible conflicto con la normativa europea, especialmente con la libre circulación de capitales recogida en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que protege no solo a los ciudadanos de los países miembros, sino también a los de terceros países. Alarcón anticipa que, si la propuesta es finalmente aprobada, llevará el caso ante la Comisión Europea y recuerda que los afectados deberán pagar el impuesto antes de poder impugnarlo judicialmente.
Una vez publicada la norma, podrán presentar recurso de inconstitucionalidad tanto los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado como los gobiernos autonómicos y asambleas regionales que se consideren perjudicados. También los jueces que conozcan casos concretos podrán plantear la cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Las grandes compañías y multinacionales españolas con ingresos anuales superiores a 750 millones de euros deberán abonar por primera vez el nuevo impuesto mínimo del 15% adicional al Impuesto sobre Sociedades entre los días 1 y 25 de julio de 2026. El Ministerio de Hacienda ha abierto un periodo de audiencia pública hasta el 24 de junio para recabar opiniones sobre la Orden que regula este tributo, en la que se establecen los modelos a utilizar, el procedimiento de presentación electrónica y los plazos correspondientes.
La normativa contempla tres formularios: el modelo 240, destinado a comunicar a la Agencia Tributaria qué entidad del grupo será la encargada de presentar la información; el modelo 241, para enviar dicha declaración informativa; y el modelo 242, para proceder a la autoliquidación del impuesto. Esta Orden ministerial se aplicará a los ejercicios iniciados a partir del 31 de diciembre de 2023, lo que implica que las empresas tendrán que tributar sobre los beneficios generados durante 2024.
Con carácter excepcional, la primera comunicación mediante el modelo 240 y la presentación inicial del modelo 241 deberán realizarse durante los dos meses anteriores al 30 de junio de 2026.
En cuanto a la autoliquidación, las empresas dispondrán de 25 días naturales contados a partir del decimoctavo mes tras el cierre del ejercicio. Por ejemplo, si el año fiscal finaliza el 31 de diciembre de 2024, el impuesto deberá liquidarse entre el 1 y el 25 de julio de 2026.
A partir del segundo ejercicio, los plazos se modificarán. El modelo 241 se presentará como máximo el último día del decimoquinto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal. El modelo 240 deberá entregarse en los tres meses anteriores a esa fecha. Por último, la autoliquidación del impuesto mediante el modelo 242 se realizará en los 25 días naturales posteriores al cierre del citado decimoquinto mes.
El crecimiento del gasto público en 2024 llevó a la gran mayoría de las administraciones públicas a incumplir la Ley de Estabilidad, que fija objetivos de déficit, deuda y gasto para el sector público. La regla de gasto fue superada ampliamente por la mayor parte de territorios, incluyendo la Administración Central, como figura en el informe de cumplimiento publicado por la Intervención General. En concreto, el límite permitido de incremento del gasto computable en 2024 era del 2,6%, pero la Administración Central lo elevó un 6,8%. Esto es, casi triplicó el tope de gasto permitido por la ley.
La mayor parte de este desfase fue consecuencia del pago de sentencias condenatorias para el Estado, por una cuantía de 6.582 millones de euros. En cualquier caso, sin ese montante, la Administración Central también habría superado el límite que fija la regla de gasto. Además del Gobierno central, otras 13 comunidades autónomas incumplieron la regla de gasto. En total, el subsector completo de comunidades autónomas incrementó su presupuesto computable un 5,1%, casi el doble del límite máximo permitido del 2,6%.
Sólo las corporaciones locales se ajustaron a lo que determina la Ley de Estabilidad y no sólo no aumentaron su gasto, sino que lo redujeron un 2,3%. Este resultado abre un escenario complicado para el Ministerio de Hacienda. La Ley de Estabilidad no deja lugar a dudas, la Administración que incumpla la regla de gasto debe presentar "un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto". Y, además, debe hacerlo ante el Congreso o la cámara competente en un plazo máximo de un mes.
Es más, ese plan debe explicitar las causas del incumplimiento de la regla de gasto, las previsiones tendenciales de ingresos y gastos y las medidas que adoptará el gobierno responsable para reconducir el incumplimento en el año en curso. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que, sin medidas de ajuste adicionales, tanto la Administración Central como el conjunto de CCAA incumplirán la regla de gasto este año y los siguientes hasta 2027. Esto significa que la Ley de Estabilidad gana aún más relevancia, ya que mandata a la Administración incumplidora a corregir, ese mismo año, la desviación en la regla de gasto o en el objetivo de déficit.
A partir de aquí, la responsabilidad recae sobre el Gobierno central y, particularmente, sobre el Ministerio de Hacienda. Es el que tiene que asegurarse de que las Administraciones incumplidoras presenten el plan económico-financiero, además de presentar el suyo. En los últimos años, gracias a la suspensión de las reglas fiscales, no tuvo que asumir este papelón. Pero ahora tiene que decidir si asume la ley o la incumple. Antes de la pandemia, el Ministerio de Hacienda ignoraba sistemáticamente esta ley. Ni presentaba el plan económico-financiero a nivel de la Administración Central, ni obligaba a las CCAA a hacerlo. En buena medida, porque cuando era el Gobierno central el que incumplía, al no querer presentar su plan, no tenía argumentos para imponer al resto de administraciones que lo hicieran. Pese al incumplimiento de la regla de gasto, la Administración Central cumplió con su objetivo de déficit gracias al buen ritmo de la recaudación. El crecimiento económico y la inflación, así como el final de las rebajas del IVA permitieron compaginar un incremento del gasto con una reducción del déficit. En concreto, el objetivo de déficit para la Administración Central era del 3% y cerró el año con un 2,91%.
La Intervención General del Estado (IGAE) ha confirmado además, que seis autonomías incumplieron en 2024 el objetivo de déficit. El objetivo para las Comunidades Autónomas era del 0%, esto es, equilibrio presupuestario, pero finalmente cerraron el año con un déficit del 0,1% del PIB. La Comunidad Valenciana lideró el capítulo de los incumplimientos, con un déficit de 2.782 millones, de los cuales, 292 fueron gastos extraordinarios atribuibles a la dana del 29 de octubre. Cataluña fue el segundo territorio con mayor desfase entre ingresos y gastos: 1.227 millones. Euskadi cerró con 585 millones de euros de desequilibrio, el mismo montante económico que Madrid. Murcia lo hizo con 478 millones. La Rioja registró un resultado negativo marginal de apenas 4 millones. El resto de autonomías cerró con superávit.
La Generalitat Valenciana y Cataluña, así como el gobierno de la Región de Murcia, tienen dificultades para financiarse en los mercados privados de deuda, por lo que están a la espera de que, como ocurría hasta ahora, el Ministerio de Hacienda habilite una aportación extraordinaria del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para poder tapar su agujero y aliviar las tensiones de tesorería que acumulan desde el año pasado. No obstante, la ley de estabilidad establece la obligación de hacer un plan de ajuste que acompañe la dotación extra de liquidez. Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda ha estado haciendo la vista gorda sobre esto, empatizando con los problemas estructurales de financiación de autonomías como la valenciana. Montero tiene la palabra.
El reto principal que enfrentan los centros de formación, las empresas y la sociedad en su conjunto consiste en adaptar y hacer evolucionar la educación y las habilidades profesionales para aprovechar al máximo las oportunidades que trae consigo el futuro del trabajo.
El informe "Empleos y sectores emergentes 2025" elaborado por DigitalES en colaboración con InfoJobs, revela una tendencia ya conocida pero cada vez más relevante. Basado en el análisis de más de 12 millones de ofertas laborales, el estudio ofrece una imagen clara de cómo está cambiando el mercado de trabajo en España. Según sus conclusiones, la digitalización, la transición ecológica y los cambios demográficos están impulsando una transformación inevitable en la que las habilidades blandas propias del ser humano comienzan a cobrar un valor decisivo como motor de dicho cambio.
El informe clasifica las profesiones digitales con mayor demanda en cuatro áreas clave: inteligencia artificial, computación en la nube, centros de datos y ciberseguridad. Entre ellas destaca el crecimiento notable en la demanda de ingenieros de centros de datos, cuyo número de ofertas se incrementó en un 875% entre 2019 y 2024. También crecen con fuerza los ingenieros SOC con un 743%, los ingenieros de datos con un 727%, los formadores en ciberseguridad con un 621%, y los profesionales con conocimientos en inteligencia artificial y modelos generativos con un 555%. Asimismo, resalta el caso del consultor de seguridad TIC, con 3.357 vacantes registradas en 2024.
En el ámbito de la inteligencia artificial y los modelos generativos, se demanda el científico de datos, quien se encarga de extraer valor de grandes volúmenes de información, así como el ingeniero de machine learning, que convierte modelos de prueba en aplicaciones reales y escalables. También es clave el ingeniero de datos, responsable de garantizar que la información esté disponible, sea fiable y utilizable por sistemas de IA. A estos perfiles se suman los usuarios de IA en sectores no tecnológicos, como marketing, educación, ventas o recursos humanos, que utilizan estas herramientas para ser más productivos en sus funciones, reflejando cómo la inteligencia artificial se extiende a todas las áreas de trabajo.
En computación en la nube, uno de los perfiles más demandados es el ingeniero DevOps, que combina desarrollo de software y operaciones de TI para automatizar procesos y facilitar la entrega continua de software. También destaca el desarrollador full stack, que trabaja tanto en la parte visible como en la lógica interna de las aplicaciones, especialmente en entornos cloud como AWS, Azure o GCP. Por su parte, el arquitecto cloud diseña y supervisa la infraestructura tecnológica de una organización en la nube, una tarea cada vez más necesaria a medida que crecen las migraciones hacia este tipo de entornos.
En lo que respecta a los centros de datos, se necesitan operadores que garanticen su funcionamiento diario y mantenimiento constante, dado que estas instalaciones son la base física de buena parte de la economía digital. También se requiere un número creciente de ingenieros de centros de datos, encargados de diseñar y gestionar los sistemas técnicos de estas infraestructuras críticas.
En el campo de la ciberseguridad, el perfil más buscado es el del consultor TIC, encargado de evaluar riesgos, asesorar en políticas y recomendar soluciones de protección. Le siguen el gestor de seguridad, responsable de las operaciones diarias y la gestión de crisis, y el arquitecto de ciberseguridad, que diseña la estructura de protección de los sistemas informáticos empresariales. Todos ellos son esenciales ante el incremento constante de ciberamenazas y la creciente necesidad de proteger los datos y sistemas organizativos.
Cada año resulta más difícil poder pasar una semana en las costas españolas. La fuerte demanda turística, en especial la proveniente del extranjero, ha alterado profundamente el panorama económico del alquiler vacacional. Desde 2020, los precios han aumentado un 40%, un ritmo que supera ampliamente el crecimiento de los ingresos de la mayoría de las familias españolas. Esto ha derivado en una oferta enfocada más en obtener el mayor beneficio posible que en ser accesible, haciendo que disfrutar del verano junto al mar se convierta en un privilegio cada vez más distante para muchos.
El verano de 2025 no será diferente. De acuerdo con un informe de la tasadora Tecnitasa, el precio promedio por una semana de alquiler en primera línea de playa ha alcanzado los 1.270 euros, lo que representa un 7% más que el año anterior. Esto supone un aumento de 110 euros respecto a 2024, que ya había experimentado una subida del 10%. Esta tendencia, que triplica el crecimiento del índice de precios al consumo (IPC), confirma una presión estructural sobre el mercado de vivienda vacacional.
Factores como la proliferación de plataformas de alquiler turístico, la profesionalización del negocio y la persistente demanda internacional han impulsado un modelo que prioriza la rentabilidad en las semanas de mayor ocupación. El verano, con su alta concentración de visitantes, sirve de excusa perfecta para seguir elevando los precios en un mercado con escasa oferta disponible.
Esto ha generado un mercado desigual, donde la ubicación influye de forma significativa en el acceso. Las zonas más populares -por su proyección internacional, conexiones aéreas o servicios exclusivos- alcanzan precios récord. En Puerto Banús (Marbella), por ejemplo, una semana cuesta 3.700 euros; en Santanyí (Mallorca), 3.400 euros; y en la Isla de la Toja (Galicia), alrededor de 2.900 euros por siete días.
Estas cifras dibujan una barrera invisible que separa a quienes pueden asumir estos costes de quienes quedan al margen. Con el salario mínimo interprofesional fijado en 1.184 euros mensuales en catorce pagas, una semana de vacaciones en estas zonas cuesta más que el ingreso mensual completo de un trabajador con ese sueldo. Incluso una familia con dos salarios mínimos apenas podría hacer frente al alquiler de un piso medio en agosto sin desequilibrar su economía. Así, muchos destinos costeros se vuelven inalcanzables para gran parte de la población.
Sin embargo, todavía existen algunos lugares donde los precios se mantienen relativamente bajos. En Moncófar o Vinaroz (Castellón), se pueden encontrar apartamentos de 70 m² por unos 550 euros semanales. En El Puig (Comunidad Valenciana), los de 80 m² se alquilan por unos 710 euros, y en Vicedo (Lugo), los precios rondan los 650 euros. Son destinos con menor presión turística y menos proyección internacional, lo que contribuye a mantener los precios moderados.
El informe también destaca que provincias como Cádiz y Málaga, sin llegar a los máximos de Marbella, han registrado los mayores aumentos interanuales, superiores al 12%. En San Roque (Cádiz), el alquiler semanal ha pasado de 1.900 a 2.300 euros, y en Nerja (Málaga), de 1.200 a 1.450 euros. Estos incrementos reflejan que incluso zonas consideradas más asequibles están empezando a encarecerse con rapidez.
El norte y noreste del país tampoco se quedan atrás, con subidas de entre el 6% y el 12% en provincias como A Coruña, Lugo, Girona, Barcelona y Vizcaya. Aun así, hay enclaves costeros donde los precios se han mantenido estables, como algunas zonas de Pontevedra, Huelva, Almería, Granada, Asturias o Cantabria. Por ejemplo, en Sangenjo y El Grove, los alquileres semanales siguen en 1.400 y 950 euros, respectivamente. En Almuñécar (Granada), todavía es posible encontrar apartamentos de 80 m² por unos 900 euros, y en Llanes (Asturias), por alrededor de 780 euros.
Cinco jueces y cuatro fiscales de Barcelona han hecho público un manifiesto en el que llaman a sus colegas a apoyar una posible huelga si el Gobierno no retira el proyecto de ley que modifica el acceso a la carrera judicial y fiscal, así como el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
En dicho documento expresan su preocupación por lo que consideran un serio retroceso en la independencia del poder judicial y en la separación de poderes. Afirman que estas reformas contradicen tanto el marco jurídico europeo como la Constitución española, al facilitar que personas sin la preparación adecuada puedan ser nombradas jueces o fiscales por criterios políticos, en perjuicio de quienes acceden por oposición.
Subrayan que "la única vía para evitar esta situación es la retirada de las propuestas legislativas", y que la huelga se presenta como "el último recurso legítimo" para defender la independencia judicial. Por ello, hacen un llamamiento a todos los miembros de la carrera judicial, fiscal y a los letrados de la Administración de Justicia para que respalden el manifiesto y se sumen a la movilización. El texto ha sido difundido en la red social X a través del perfil '@Huelga2025', creado en mayo con el fin de promover una movilización conjunta del sector contra las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
Uno de los cambios propuestos en la normativa es la modificación del acceso al conocido como "cuarto turno", que permite a juristas con más de cinco años de experiencia optar a plazas de jueces y fiscales. Actualmente, este sistema requiere superar tres pruebas -una tipo test y dos orales que abarcan un temario extenso de 329 temas- además de completar dos años de formación en la Escuela Judicial.
La reforma pretende eliminar una de las pruebas orales, que cubre 144 temas, e incorporar un dictamen escrito de evaluación más subjetiva. También plantea reconocer de forma automática cinco años de antigüedad a los aspirantes que accedan por esta vía y que su formación quede bajo control del Gobierno mediante el Centro de Estudios Jurídicos. Según los firmantes, estas medidas supondrán una merma en la preparación de jueces y fiscales y permitirán una mayor injerencia política en la composición del poder judicial, socavando la separación de poderes.
Otro aspecto cuestionado es la conversión en fijos de más de 1.000 jueces y fiscales sustitutos actuales, mediante un concurso-oposición que se convocará dos meses después de la entrada en vigor de la ley. Los autores del manifiesto critican que estas personas ya cuentan con otras vías de acceso a la carrera, como el cuarto turno, y rechazan la regularización automática.
Finalmente, en cuanto al anteproyecto de reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, alertan de que otorga más poder al Fiscal General del Estado, debilita el papel del Consejo Fiscal y reduce las garantías de los fiscales en cuestiones clave como el reparto de casos, la disciplina interna o la resolución de conflictos. Según indican, la norma pone en peligro la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal.
Después de asegurar la celebración de la Conferencia de Presidentes al aceptar los temas propuestos por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, Pedro Sánchez ha decidido dar un paso adelante y presentar sus propias iniciativas con el objetivo de acercar posturas respecto al problema del acceso a la vivienda. A través de una carta enviada este jueves a los presidentes autonómicos -a la que ha tenido acceso este medio-, el presidente del Gobierno plantea alcanzar un pacto durante la reunión de este viernes en Barcelona para triplicar la inversión pública en vivienda, condicionando ese incremento a la aplicación indefinida del régimen de protección oficial para las viviendas subvencionadas.
El llamado nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda 2026-2030 implicaría aumentar la inversión de los actuales 2.300 millones a 7.000 millones de euros. De esa cantidad, el Gobierno central se compromete a aportar el 60% (4.000 millones), siempre que las comunidades autónomas contribuyan con al menos 2.700 millones. Los recursos irían destinados principalmente a la construcción y rehabilitación de vivienda pública, tanto en propiedad como en alquiler.
Sánchez recalca en la carta que la política de vivienda es una responsabilidad compartida y recuerda que las comunidades autónomas han recibido del Estado un 47% más de fondos entre 2019 y 2025 en comparación con el periodo 2012-2018. Además, propone que todas las viviendas financiadas con fondos públicos mantengan su condición de protegidas de forma permanente, garantizando así una oferta estable de viviendas asequibles para compra o alquiler.
Otro de los compromisos que plantea el Gobierno en materia de corresponsabilidad tiene que ver con la transparencia en el mercado de la vivienda. En su escrito, Sánchez lanza duras críticas contra portales inmobiliarios como Idealista y Fotocasa, a los que acusa de acaparar la información y ofrecer datos poco fiables.
"Hoy en día no existe una base de datos pública y precisa que permita conocer los precios reales de compraventa y alquiler de inmuebles en cada ciudad", argumenta el presidente. Según él, esta falta de información dificulta tanto el diseño de políticas públicas eficaces como la capacidad de negociación de los ciudadanos. Por ello, propone que las comunidades compartan todos los datos disponibles para crear una base estatal integrada y accesible a través de un portal web público. "No podemos seguir tomando decisiones a ciegas", concluye en ese apartado.
En la parte final de la carta, Sánchez invita a los presidentes autonómicos a analizar sus propuestas, centradas en "mayor inversión pública, menos especulación y más transparencia", con el objetivo de debatirlas de forma "serena y constructiva" este viernes, y alcanzar un consenso antes del verano. Asegura que los ciudadanos no eligen a sus representantes para enzarzarse en disputas partidistas, sino para trabajar conjuntamente en la solución de sus problemas. Y remata: "El problema de la vivienda es clave, y debemos estar a la altura".
Desde el Gobierno reconocían este martes que la reunión de la Conferencia de Presidentes corría el riesgo de quedar en un mero trámite, tras varios días de tensiones y amenazas por parte de las comunidades del PP de impugnar legalmente la convocatoria o incluso ausentarse si no se incluían todos los puntos que habían exigido. Finalmente, el Ejecutivo accedió a todas sus peticiones para garantizar la celebración del encuentro. "Aunque no se alcancen acuerdos concretos, el simple hecho de reunirse ya tiene valor", señalaban fuentes gubernamentales.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interpretó esta situación como una victoria de su partido. "Ha quedado demostrado para qué sirve el peso institucional del PP", afirmó el martes por la tarde en un acto en Logroño. "Sirve para frenar que el presidente del Gobierno imponga su agenda", añadió. En su intervención, también criticó duramente a Sánchez por evitar hablar de casos como el de la militante socialista Leire Díez, aludiendo a una presunta operación para obstaculizar investigaciones de la Guardia Civil, y acusó al Ejecutivo de estar más centrado en los tribunales que en atender a los ciudadanos.
Los populares consiguieron incluir en el orden del día temas como la retirada del proyecto de ley para la condonación de deuda, medidas contra la ocupación ilegal y los inquilinos morosos, un nuevo plan energético con fuentes de respaldo, más inversión en infraestructuras clave para evitar "el caos ferroviario", y la eliminación de los proyectos de ley que afectan al Poder Judicial y al Estatuto del Ministerio Fiscal. También exigieron que se reitere que el control de fronteras y la gestión migratoria son competencias exclusivas del Estado. Aunque inicialmente el Gobierno consideró que estos últimos asuntos excedían el ámbito de la Conferencia, finalmente cedió para garantizar la asistencia de todos los presidentes autonómicos.
Quedan aún por cumplir 4.800 objetivos, por ejecutar 335.000 millones de euros y apenas 454 días hasta que finalice el plazo de implementación del plan de recuperación. La Comisión Europea ha instado este miércoles a los gobiernos a acelerar el ritmo para aprovechar al máximo los fondos disponibles y evitar que se pierdan.
Bruselas destaca los avances conseguidos hasta ahora con este plan, un mecanismo de financiación de 800.000 millones de euros creado por la UE como respuesta a la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19 en 2020. Los desembolsos están vinculados al cumplimiento de reformas e inversiones previamente pactadas, y el Ejecutivo comunitario subraya que la ejecución de estos fondos ha tenido una capacidad de absorción mucho mayor que otros instrumentos similares, contribuyendo significativamente al crecimiento económico.
Según fuentes comunitarias, el buen rendimiento de las economías de países como España e Italia se debe en parte a estas reformas estructurales impulsadas gracias al plan de recuperación. En el caso español, se calcula que un 9,3% del PIB en 2023 estuvo relacionado con inversiones financiadas mediante este plan.
A pesar del progreso, queda un largo camino por recorrer. Entre 2020 y 2024, los países de la UE han gastado el 80% de las subvenciones asignadas, lo que equivale a unos 161.000 millones de euros. Sin embargo, solo se ha utilizado el 38% de los préstamos y el 57% de las subvenciones disponibles. Si no se cumplen los hitos establecidos antes de agosto de 2026, los fondos restantes se perderán.
Hay cuatro fechas clave en este calendario. El 31 de agosto de 2026 es el límite para que los países cumplan con sus compromisos. El 30 de septiembre es la fecha tope para solicitar los últimos desembolsos. Luego, la Comisión tiene hasta el 30 de noviembre para evaluar las solicitudes y hasta el 30 de diciembre para realizar los pagos.
La razón por la que no es factible extender estos plazos radica en que la UE emitió deuda conjunta para financiar el plan y solo puede acudir a los mercados según la necesidad. Modificar el calendario sería extremadamente complejo y políticamente casi inviable, ya que requeriría unanimidad entre los 27 Estados miembros y la aprobación de numerosos parlamentos nacionales.
Países como España, Italia, Polonia, Grecia, Croacia y Rumanía aún tienen por ejecutar grandes sumas de dinero, y el tiempo apremia. "Esto no va a cambiar, no se puede cambiar", advirtieron fuentes comunitarias. "Si seguimos al ritmo actual, sobre todo en el primer semestre de 2025, no llegaremos a cumplir los objetivos. Es necesario un cambio de ritmo", insistieron.
Para facilitar el cumplimiento, la Comisión ha propuesto varias medidas. En primer lugar, pide a los gobiernos que prioricen las reformas y proyectos de inversión que sea realista completar antes del 31 de agosto de 2026; el resto, deberá descartarse. "Algunos países parecen esperar milagros con ciertos proyectos. No van a ocurrir", señalan desde Bruselas.
También se recomienda apostar por aquellas medidas que ya hayan demostrado ser eficaces. "Si algo ha funcionado mejor de lo previsto, puede incorporarse al plan", indican fuentes comunitarias. Asimismo, se aconseja dividir proyectos cuando parte de ellos no pueda ejecutarse a tiempo, dejando esa parte para ser financiada más adelante con fondos propios.
Otra posibilidad planteada es que los gobiernos inyecten capital en Bancos Nacionales de Promoción para movilizar inversión privada o que transfieran parte de los fondos a iniciativas a nivel europeo. Además, se insta a los gobiernos a simplificar los planes, eliminar reformas que no estén alineadas con las recomendaciones del Semestre Europeo y ser claros y realistas en sus objetivos.
La Comisión subraya la urgencia de modificar cuanto antes los planes si se desea aprovechar los fondos disponibles. Pero recalca que las inversiones deben ser útiles y tener impacto real. "No se trata de gastar por gastar. Se trata de garantizar que los recursos restantes del fondo se destinen a proyectos concretos y transformadores", subrayan fuentes comunitarias.
España, en particular, es uno de los países con más fondos pendientes de utilización, tanto porque fue uno de los más golpeados por la pandemia -y por tanto recibió más recursos- como porque no solicitó los préstamos disponibles hasta 2023, tres años después del inicio del programa. Además, la Comisión recuerda que una parte importante de los fondos está destinada a la creación de instrumentos financieros que buscan fomentar la inversión privada, lo cual hace que su ejecución dependa también de la demanda del mercado.
Al visitar este sitio web o mediante la utilización de la app móvil podemos utilizar y almacenar información en tu navegador en forma de cookies. Estas incluyen información que es estrictamente necesaria para el funcionamiento y la navegación por el sitio web y, por tanto, no pueden desactivarse.
Como respetamos tu privacidad, mediante el panel de configuración de cookies puedes aceptar o rechazar las cookies haciendo clic en la casilla correspondiente. Para más información o para consultar el listado completo de cookies consulta nuestra Política de Cookies.
Cookies técnicas necesarias
Estas cookies son estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento y navegación del usuario por el sitio web, así como para recordar las preferencias de cookies y, por lo tanto, no es posible desactivarlas. No almacenan ninguna información de identificación personal de forma permanente.
Cookies de Rendimiento
Las cookies de rendimiento nos permiten conocer el nivel de recurrencia de nuestros visitantes y realizar la medición y análisis estadístico de la utilización de nuestro servicio para poder mejorar su rendimiento. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima.
