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(Expansión, 07-05-2026) | Laboral

La IA ya no sólo ayuda: aprende a pensar como lo hacen los profesionales

Si enseñamos a la inteligencia artificial la forma en que desempeñamos nuestro trabajo y permitimos que asimile las tareas esenciales que realizamos, quizá estemos formando a quien algún día pueda reemplazarnos laboralmente. Cuando pensamos en el futuro del empleo y en el impacto que tendrá la inteligencia artificial, resulta evidente que la IA ya no se limita a asistir: está aprendiendo a razonar y actuar como los propios profesionales. La cuestión de fondo es si realmente nos estamos preparando para el futuro o si, sin darnos cuenta, estamos enseñando a las máquinas a competir con nosotros. En este contexto cobra relevancia Mercor, una start-up que remunera a expertos para que enseñen a la IA a ejecutar tareas complejas. La empresa transforma el conocimiento especializado en sistemas escalables, representando el paso hacia una inteligencia artificial que no sólo acompaña el trabajo profesional, sino que también es capaz de reproducirlo. Lo que hace Mercor demuestra que entrenar sistemas capaces de replicar tareas profesionales avanzadas no consiste simplemente en proporcionar respuestas prediseñadas. Implica desmenuzar una profesión en múltiples microdecisiones: qué información analizar primero, qué datos tienen más peso, qué errores son tolerables, qué señales indican riesgos o qué recomendaciones serían las más adecuadas. La OIT advierte que el impacto de la IA generativa debe analizarse a nivel de tareas concretas y no únicamente de profesiones completas, ya que cada empleo combina actividades con distintos niveles de automatización. Los profesionales que colaboran en este tipo de entrenamiento pueden estar adaptándose al nuevo escenario laboral, aunque también podrían estar contribuyendo a debilitar partes de su propio mercado. Un abogado que revisa respuestas generadas por IA comprende mejor cómo funcionarán las herramientas jurídicas del futuro, pero al mismo tiempo ayuda a desarrollar sistemas que reducirán horas de revisión documental. Del mismo modo, un consultor que enseña a un modelo a elaborar diagnósticos estratégicos obtiene ingresos y reconocimiento, aunque también puede disminuir la demanda de analistas junior en proyectos similares. Anthropic, en un estudio reciente sobre el efecto de la inteligencia artificial en el empleo, analiza la exposición laboral a partir de tareas reales realizadas con IA y no sólo de hipótesis teóricas. Según la compañía, la exposición crece cuando las tareas son técnicamente viables, habituales en el trabajo y susceptibles de automatización dentro de un puesto. Ante este panorama surge una pregunta inevitable: ¿estamos entrenando a nuestro propio sustituto? McKinsey sostiene que probablemente no se trate de un reemplazo total, sino parcial. La IA no necesita sustituir por completo a un profesional para alterar la economía de una profesión; basta con asumir las tareas más repetitivas, documentales, textuales o analíticas. Según la consultora, la IA generativa podría aportar entre 2,6 y 4,4 billones de dólares anuales a la economía global mediante la automatización y aceleración del trabajo basado en conocimiento, lo que implicaría una redistribución de tareas, márgenes y empleo. Sin embargo, quizá la cuestión más importante sea otra: ¿estoy utilizando la IA para construir un activo propio o estoy ayudando a otros a construirlo con mi conocimiento? Harvard Business Review, en una guía sobre crecimiento de ingresos para consultoras y despachos de abogados, señala que la diferencia está en convertir el conocimiento en un activo reutilizable -software, metodologías, bases de datos, marca o comunidad- en lugar de limitarse a vender tiempo. Las firmas profesionales buscan transformar sus servicios en productos porque el modelo basado únicamente en horas trabajadas limita el crecimiento: sólo se generan ingresos mientras el profesional está activo. En cambio, un producto puede comercializarse de forma repetida, generar ingresos recurrentes y ofrecer mayores márgenes sin depender constantemente de la intervención humana. La inteligencia artificial facilita precisamente esa transformación, permitiendo convertir la experiencia profesional en herramientas autónomas. Así, un reclutador, un director financiero o un abogado pueden crear sistemas que continúan funcionando incluso sin su presencia. El cambio esencial no es tecnológico, sino económico: pasar de cobrar por cada encargo a obtener ingresos recurrentes a través de productos escalables. La IA convierte al profesional en una fuente de conocimiento susceptible de ser capturada. Las empresas pueden registrar cómo trabaja un experto, traducir ese criterio en sistemas internos y reducir su dependencia de personas concretas. Aunque esto incrementa la productividad, también puede disminuir el poder de negociación del especialista, y esa pérdida de influencia supone un riesgo laboral. El Índice de IA 2025 de la Universidad de Stanford resume esta transformación con claridad: antes, las empresas necesitaban recurrir al experto cada vez que requerían su criterio; ahora pueden capturar ese conocimiento, empaquetarlo y redistribuirlo mediante software. El profesional recibe una compensación una sola vez, mientras que el sistema puede utilizarse miles de veces. En consecuencia, el verdadero ganador no será únicamente quien posea más conocimientos, sino quien logre convertirlos en un activo escalable.

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(El País, 07-05-2026) | Laboral

Los expertos de Trabajo piden que la responsabilidad social pese más en la contratación pública y ayudas para que las pymes cumplan

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impulsó en abril del pasado año la creación de un grupo de especialistas con el objetivo de revisar y modernizar la normativa relacionada con la responsabilidad social empresarial. El encargo culminó este miércoles con la presentación de un informe que reúne un centenar de propuestas orientadas a reforzar el compromiso social, laboral y medioambiental de las compañías. Entre las principales recomendaciones destacan otorgar mayor relevancia a los criterios de responsabilidad social en la adjudicación de contratos públicos, facilitar ayudas a las pequeñas y medianas empresas para que puedan adaptarse a estas exigencias, incentivar económicamente a los directivos comprometidos con estas políticas, reforzar la protección de los trabajadores que denuncien irregularidades y establecer mecanismos de compensación para las comunidades afectadas por proyectos de multinacionales en otros países. El Ministerio de Trabajo anunció que este documento servirá como punto de partida para abrir un proceso de diálogo con los agentes sociales con vistas a una futura reforma legislativa. Sin embargo, la iniciativa afronta importantes obstáculos políticos debido a la mayoría parlamentaria de la derecha y al rechazo mostrado por las organizaciones empresariales hacia las propuestas defendidas por Díaz. Durante la presentación del informe, la vicepresidenta aseguró que el documento llega en un momento especialmente relevante por el contexto internacional actual, marcado por tensiones geopolíticas y una creciente crisis del multilateralismo. Según afirmó, las empresas deben asumir una mayor corresponsabilidad en la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y los derechos laborales. Asimismo, criticó a la Comisión Europea por impulsar medidas de simplificación administrativa que, en su opinión, podrían traducirse en una reducción de las obligaciones sociales y ambientales exigidas a las empresas. La primera de las cien medidas planteadas propone que las compañías adopten formalmente un compromiso de respeto a los derechos humanos. Este compromiso debería reflejarse, especialmente, en los contratos comerciales de aquellas empresas que operan en terceros países. Además, los expertos defienden garantizar la protección de las personas que denuncien prácticas empresariales contrarias a los derechos humanos, evitando cualquier tipo de represalia laboral. Esta medida se alinea con recientes iniciativas legislativas destinadas a proteger a los denunciantes de corrupción política y empresarial. El informe también pone el foco en la igualdad de trato y en las condiciones laborales de colectivos especialmente vulnerables, sobre todo en países donde las garantías sociales son menores. Por ello, insta a las empresas transnacionales vinculadas a España a aplicar criterios de responsabilidad social en toda su cadena de valor, asegurando condiciones de trabajo dignas para las personas pertenecientes a pueblos originarios. En esa misma línea, propone que las comunidades afectadas por proyectos empresariales sean consultadas previamente y que existan mecanismos de reparación y compensación por posibles daños materiales o morales. Con el objetivo de reforzar estas políticas, los autores sugieren vincular parte de la retribución variable de los directivos al cumplimiento de objetivos de responsabilidad social. También plantean realizar una transposición ambiciosa de la directiva europea sobre diligencia debida empresarial, crear comités de participación de las partes interesadas, implantar sistemas internos de alerta y ampliar la participación sindical en estas cuestiones. En relación con los sindicatos, el documento considera necesario dotarlos de más recursos para desempeñar adecuadamente sus funciones. Entre otras medidas, propone facilitar tiempo remunerado para tareas sindicales, acceso a asesoramiento especializado financiado y espacios adecuados para reuniones. Además, plantea hacer obligatoria la negociación de protocolos contra el acoso laboral en los convenios colectivos y coordinar la prevención de riesgos laborales con las políticas de sostenibilidad ambiental. El informe reconoce que el cumplimiento de estas obligaciones puede resultar especialmente complejo para las pequeñas y medianas empresas. Por ello, propone la creación de ayudas públicas específicas, entre ellas un "Kit de Sostenibilidad" inspirado en el actual Kit Digital, destinado a financiar formación y medidas relacionadas con la responsabilidad social y los planes de transición empresarial. También recomienda habilitar líneas de financiación blandas, avales y garantías para aquellas pymes que acrediten buenas prácticas conforme a estándares reconocidos. Otra de las cuestiones centrales del documento es reforzar los criterios sociales y ambientales en la contratación pública. Los expertos plantean que las administraciones definan objetivos concretos relacionados con el trabajo digno, la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la lucha contra el cambio climático o el comercio ético. Asimismo, proponen endurecer la exclusión de concursos públicos para empresas sancionadas de manera firme por infracciones graves que cuestionen su integridad profesional. Para supervisar el cumplimiento de estas políticas, el informe recomienda crear una autoridad independiente. El trabajo ha sido coordinado por Jesús Cruz Villalón y en su elaboración han participado expertos de distintas universidades y centros de investigación nacionales e internacionales especializados en economía, sociología, derecho laboral y responsabilidad social corporativa.

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(El Economista, 07-05-2026) | Laboral

El 22% de los nuevos contratos de trabajo duran menos de una semana

La reforma laboral aprobada en 2022 mediante acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal tenía como objetivo principal reducir al máximo la temporalidad y fomentar la contratación indefinida. Más de tres años después de su entrada en vigor, el balance se considera positivo, ya que cerca de la mitad de los nuevos contratos son actualmente fijos. No obstante, este cambio también ha venido acompañado de un aumento del peso de los contratos de muy corta duración, especialmente aquellos inferiores a siete días, que ya representan el 22% del total. La normativa impulsada por el Ministerio de Trabajo eliminó el antiguo contrato por obra y servicio y limitó los contratos temporales a situaciones concretas, como sustituciones de empleados o necesidades puntuales de producción. Además, estableció una penalización económica para las empresas que realicen contrataciones de menos de 30 días, una cuantía que se actualiza con las subidas del Salario Mínimo Interprofesional y que actualmente alcanza los 32,6 euros. La comparación con los datos de 2019 refleja que, aunque la reforma ha reducido el número global de contratos temporales, los acuerdos de menos de una semana continúan siendo los más frecuentes dentro de esta modalidad. En marzo se registraron 285.158 contratos de menos de siete días, frente a los 461.292 firmados en el mismo mes de 2019. Aun así, este tipo de contratos representa el 45% de todos los temporales, superando a los acuerdos con duraciones superiores a un mes o incluso de varios meses. Las cifras difundidas por el SEPE junto a los datos de paro muestran que el peso de estos contratos ultracortos se mantiene estable respecto a 2025. Esto ocurre a pesar de que el volumen total de contrataciones ha aumentado un 10%, mientras que los contratos indefinidos han crecido un 13%. De esta manera, parece haberse frenado el incremento de los contratos más breves sobre el total que se observó tras la aplicación de la reforma laboral. Precisamente este fenómeno fue uno de los aspectos destacados por UGT durante la presentación de un informe sobre la evolución del mercado laboral en 2025. El sindicato, liderado por Pepe Álvarez, advirtió que, tras varios años de moderación, desde 2023 los contratos de corta duración han vuelto a mostrar una tendencia al alza, lo que consideran un elemento que debe vigilarse con atención. Alberto del Pozo, coordinador del área económica del servicio de estudios de UGT, explicó que los contratos más breves comenzaron a ganar protagonismo tras la crisis de 2008, una dinámica que se intensificó con la reforma laboral de 2012 y que alcanzó su punto máximo en 2019. Posteriormente, la reforma de 2022 logró reducir su peso relativo y, desde 2024, este tipo de contrataciones se ha estabilizado alrededor del 21% o 22% del total. Desde el sindicato consideran que esta evolución puede interpretarse también de manera positiva. Según su análisis, muchos de los antiguos contratos temporales de mayor duración -que en numerosos casos no estaban suficientemente justificados- habrían pasado a transformarse en contratos indefinidos. Como consecuencia, al disminuir el número total de contratos temporales, los contratos más cortos han ganado peso relativo dentro de esta categoría, ya que suelen utilizarse principalmente para responder a necesidades imprevistas de producción o aumentos puntuales de demanda.

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(El Economista, 07-05-2026) | Laboral

Trabajo empieza a revertir el "atasco" del SEPE que provocó la reforma del subsidio de paro

El tiempo medio necesario para reconocer las prestaciones por desempleo se situó en marzo en 2,25 días, lo que supone una reducción del 13% respecto al mismo mes del año anterior. Aun así, este plazo continúa siendo muy superior al registrado en ejercicios anteriores: un 94% más elevado que los 1,24 días anotados en marzo de 2024 y un 110% por encima del mínimo histórico alcanzado en marzo de 2020, cuando el trámite apenas requería 1,06 días. El principal motivo de este incremento se encuentra en la reforma de los subsidios por desempleo que entró en vigor a finales de 2024. Según los sindicatos, los cambios introducidos provocaron un auténtico colapso en las oficinas de empleo. La nueva normativa incorporó procedimientos más complejos, entre ellos la transformación del subsidio en un complemento de apoyo al empleo compatible con la actividad laboral, además de problemas derivados del sistema informático de gestión, cuya normalización parece comenzar ahora. Aunque la situación empieza a mejorar, todavía queda lejos de los niveles previos a la reforma. Entre diciembre de 2024, cuando el plazo medio era de 1,61 días, y enero de 2026, mes en el que alcanzó los 3,68 días, se acumularon catorce meses consecutivos de aumentos interanuales. Esta tendencia sólo comenzó a revertirse a partir de febrero de este año. La evolución registrada en 2025 rompió así la mejora observada durante los tres ejercicios anteriores posteriores a la pandemia, una etapa en la que la gestión de los ERTE y varios ciberataques pusieron en serias dificultades el funcionamiento del SEPE. Los plazos de reconocimiento presentan habitualmente una elevada volatilidad mensual debido a la estacionalidad del mercado laboral. Sin embargo, al comparar los datos de marzo a lo largo de toda la serie histórica, la tendencia resulta más evidente: para encontrar registros peores que los de 2025 habría que remontarse a 2021 y 2022. Además, este deterioro resulta difícil de justificar únicamente por factores económicos, ya que incluso durante la Gran Recesión el aumento del desempleo vino acompañado de una reducción significativa en los tiempos de tramitación. La reorganización del antiguo Inem a comienzos de siglo -tras completarse el traspaso de competencias de políticas activas a las comunidades autónomas- junto con la progresiva digitalización de los servicios permitió acelerar notablemente la gestión de prestaciones. Entre marzo de 2004 y marzo de 2010, el plazo medio pasó de 15 días a tan solo 3. Posteriormente, entre 2014 y 2020, coincidiendo con la recuperación económica tras la crisis financiera, ningún mes de marzo superó los dos días de demora. El mínimo histórico se alcanzó precisamente en marzo de 2020, con apenas un día de plazo medio, justo antes de que el Gobierno aprobara los ERTE para amortiguar el impacto laboral de los confinamientos derivados de la pandemia. Un año más tarde, ese periodo se había disparado hasta los 5,7 días, lo que suponía un incremento del 420%. Aunque en los ejercicios posteriores volvió a reducirse de forma importante, la situación volvió a empeorar en 2025. De hecho, el aumento interanual registrado entonces fue el segundo mayor de toda la serie histórica, con una subida del 108%. Por ello, el descenso del 13% registrado en marzo deberá intensificarse considerablemente en los próximos meses si se quiere recuperar la normalidad previa.

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(Cinco Días, 07-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo pierde los 100 dólares en la mejor sesión para los mercados desde el alto el fuego de hace un mes

Las perspectivas de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán han devuelto el ánimo a los mercados financieros. Después de dos días marcados por la incertidumbre ante una posible ruptura del alto el fuego, las señales de distensión comenzaron con el anuncio de Donald Trump de suspender la operación de escolta de buques en el estrecho de Ormuz. Poco después, el medio Axios informó de avances relevantes en las negociaciones para poner fin a un conflicto que se prolonga desde hace más de dos meses. El petróleo, muy sensible a este tipo de tensiones, ha reaccionado con fuerza: el brent ha caído por debajo de los 100 dólares por barril tras haber superado recientemente los 115. Según fuentes citadas por ese medio, ambos países estarían cerca de cerrar un breve acuerdo que pondría fin a las hostilidades. Tras semanas de incertidumbre, los inversores han reaccionado positivamente y los mercados -tanto de renta variable como de deuda y energía- se encaminan hacia su mejor jornada desde el pasado 8 de abril, cuando se anunció el alto el fuego inicial. El precio del petróleo y del gas en Europa registra caídas superiores al 11%. La bajada de los precios energéticos contribuye a reducir las presiones inflacionistas, lo que ha animado a los inversores a volver a tomar posiciones en Bolsa y en bonos. Las plazas europeas avanzan con subidas cercanas al 3%. En España, el Ibex 35 supera los 18.000 puntos y se acerca a los 18.200, niveles que no alcanzaba desde el 20 de abril. También mejora el comportamiento de la deuda pública: la rentabilidad del bono alemán a diez años desciende más de ocho puntos básicos y baja del 3%, mientras que el bono español cae 11 puntos básicos hasta el 3,4%. En este contexto, muchos gestores advierten de que quedarse al margen puede suponer perder la recuperación. Aunque los mercados están acostumbrados a cambios de rumbo tanto en Washington como en Teherán, el impacto económico del conflicto parece estar favoreciendo un acercamiento. Los analistas consideran que el mercado ya anticipa una reducción de tensiones y una mejora en el suministro energético, aunque advierten de que el proceso no será lineal. Las informaciones apuntan a que el acuerdo incluiría una pausa por parte de Irán en el desarrollo nuclear, a cambio de la liberación de fondos bloqueados y el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos. Además, ambas partes estarían dispuestas a normalizar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio global de petróleo. No obstante, los expertos prevén que la recuperación de los flujos comerciales será gradual, debido a las disrupciones acumuladas. Durante casi dos meses, el bloqueo parcial de esta vía ha generado tensiones importantes en la economía mundial. Los países productores del golfo Pérsico han tenido que frenar parte de su producción ante la dificultad de exportar, mientras que las reservas globales han disminuido de forma significativa, aumentando la preocupación por el suministro y alimentando temores sobre posibles restricciones. Los analistas subrayan que restablecer el flujo de unos 13 millones de barriles diarios es clave para estabilizar el mercado. Aunque las reservas han permitido compensar en parte la interrupción, su descenso incrementa la vulnerabilidad y la volatilidad del mercado petrolero. En paralelo, el foco de los inversores sigue puesto en el sector tecnológico. El crecimiento ligado a los semiconductores, impulsado por la inteligencia artificial y la computación avanzada, continúa siendo una tendencia estructural. En este sentido, cualquier mejora en la situación geopolítica favorece el interés por compañías tecnológicas, especialmente en Asia y mercados emergentes. La caída del precio del petróleo también ha tenido efectos positivos en el mercado de deuda, con los bonos estadounidenses a largo plazo recuperándose y el rendimiento a 30 años situándose por debajo del 5%. Aun así, crece la expectativa de que la próxima decisión de la Reserva Federal pueda ser una subida de tipos. Por su parte, el oro avanza impulsado por la debilidad del dólar, con una subida del 1,8% hasta los 4.637 dólares por onza.

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(Expansión, 06-05-2026) | Fiscal

El Supremo blinda a Hacienda: perdona sus errores de forma y ya no anulan inspecciones

El Tribunal Supremo ha delimitado con mayor precisión la línea que separa el cumplimiento estricto de los procedimientos formales y la eficacia de la actuación administrativa. En una reciente sentencia, el alto tribunal aborda dos cuestiones habituales en los recursos contra la Agencia Tributaria: la nulidad por fallos procedimentales y la forma de calcular los rendimientos cuando un contribuyente desarrolla varias actividades económicas. El caso tiene su origen en una inspección realizada a un contribuyente de la Comunidad Valenciana que, además de gestionar un estanco, desarrollaba otras actividades como la venta de libros y la explotación de apuestas. El afectado solicitó la nulidad total de las liquidaciones de IRPF e IVA, argumentando que la Administración no le había citado formalmente -indicando lugar y fecha- para firmar las actas de inspección. A su entender, esta omisión suponía la ausencia de un trámite esencial. El Tribunal Supremo, sin embargo, no comparte este criterio. En su razonamiento, recuerda que en el ámbito administrativo no cualquier defecto implica automáticamente la nulidad absoluta. Para que un error formal invalide todo el procedimiento, es necesario que haya generado una verdadera indefensión, es decir, que haya impedido al contribuyente ejercer su derecho de defensa o haya influido en el resultado final. En este supuesto, el tribunal considera que el contribuyente participó en todo el proceso inspector, tuvo la oportunidad de presentar alegaciones y ya había mostrado su desacuerdo con la propuesta de la Administración. Por ello, concluye que la falta de una citación formal no supone un motivo suficiente de nulidad si no afecta al contenido final de la decisión. Con esta interpretación, se pretende evitar que fallos formales sin impacto real se utilicen como vía para eludir obligaciones fiscales. La sentencia también analiza cómo debe calcularse el rendimiento neto en el IRPF cuando un contribuyente realiza varias actividades dentro de un mismo negocio. El recurrente defendía que los ingresos y gastos debían computarse por separado para cada actividad, y que un cálculo conjunto invalidaba la liquidación. El Supremo establece que, aunque lo más adecuado es realizar un cálculo individualizado para mayor claridad, la Administración puede optar por una valoración conjunta siempre que esté debidamente justificada y el resultado sea equivalente al que se obtendría separando las actividades. Lo relevante, según el tribunal, es que el rendimiento final esté correctamente determinado. Si no se demuestra que el método utilizado ha causado un perjuicio económico o ha distorsionado la capacidad contributiva, la liquidación sigue siendo válida. Esta resolución refuerza la posición de los órganos de inspección y, al mismo tiempo, acota las garantías del contribuyente. Al ratificar la decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el Supremo subraya que la nulidad de pleno derecho es una medida excepcional, reservada para situaciones graves en las que se comprometa de forma real la legalidad sustantiva. En definitiva, la sentencia consolida el principio de conservación de los actos administrativos. A partir de ahora, tanto asesores fiscales como la propia Administración cuentan con un criterio más claro: el contenido de la decisión prevalece sobre defectos formales que no afecten a su justicia o validez.

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(Expansión, 06-05-2026) | Fiscal

Qué supone que los fondos entren en las asesorías fiscales

El ámbito del asesoramiento fiscal en España, tradicionalmente marcado por un enfoque conservador, fuertes exigencias regulatorias y una cultura centrada en el prestigio personal de los socios, está experimentando una transformación discreta pero profunda. Lo que antes parecía propio de países anglosajones se está convirtiendo en una realidad cada vez más presente en los despachos españoles. El capital privado ha empezado a interesarse por este sector, atraído por las oportunidades de eficiencia en un mercado muy fragmentado. Jesús González Ruiz-Jarabo, socio de fiscalidad internacional de PKF Attest, señala que este fenómeno ha dejado de ser algo excepcional en otros países para convertirse en una tendencia global que ya empieza a hacerse notar en España. Este cambio no solo afecta a la propiedad de los despachos, sino también a la forma en que se prestan los servicios a los clientes. Aunque la normativa española limita la participación de inversores no profesionales en firmas legales, el capital riesgo ha encontrado fórmulas alternativas, como el modelo de las Managed Services Organizations (MSO). Este esquema divide la actividad en dos estructuras. Por un lado, la LegalCo, donde los profesionales mantienen su independencia técnica, su ética y su habilitación profesional. Por otro, la BusinessCo, participada por fondos de inversión, que gestiona aspectos como la tecnología, el marketing, los recursos humanos y la captación de clientes. Este planteamiento permite que los asesores se centren en su labor técnica, pero introduce también criterios de rentabilidad financiera que antes no eran habituales en el sector. La BusinessCo persigue aumentar el valor de la empresa con vistas a una futura venta, apoyándose en la escalabilidad del modelo. El interés de los inversores se dirige especialmente a servicios fiscales recurrentes, como el cumplimiento tributario, las declaraciones periódicas o el asesoramiento técnico más estandarizado. Para que este modelo funcione, se apoyan en varios factores clave. Entre ellos, destaca la profesionalización de la captación de clientes, que deja de depender de las relaciones personales de los socios para apoyarse en estrategias de marca y análisis de datos. También es importante el desarrollo de herramientas propias, como software basado en inteligencia artificial para analizar riesgos fiscales y gestionar grandes volúmenes de información de forma eficiente. Uno de los mayores desafíos es transformar el conocimiento individual en procesos estructurados. En los despachos tradicionales, gran parte del valor reside en la experiencia de determinados profesionales; si estos se marchan, ese conocimiento se pierde. El nuevo modelo busca sistematizar ese saber, reducir la dependencia de personas concretas y aumentar el valor global de la organización. Este proceso está dando lugar a un sector dividido en dos grandes bloques. Por un lado, un entorno más industrializado, donde priman la eficiencia y el coste, adecuado para servicios repetitivos. Por otro, el asesoramiento estratégico, donde siguen siendo esenciales el criterio experto y la confianza, especialmente en operaciones complejas como fusiones, litigios o planificación patrimonial avanzada. En este segundo ámbito, la independencia y el conocimiento técnico siguen siendo elementos diferenciales difíciles de replicar en estructuras más estandarizadas. Otro punto delicado es la gestión de los socios con gran capacidad para generar negocio. Los fondos de inversión suelen trabajar con horizontes temporales relativamente cortos, mientras que la reputación de un despacho se construye a lo largo de muchos años. Esto genera una tensión entre los objetivos financieros a corto plazo y la construcción de valor a largo plazo. El éxito de estos modelos dependerá no solo de la inversión, sino también de la capacidad para mantener la autonomía profesional de los asesores. Encontrar el equilibrio entre la lógica financiera y la reputación será clave. El cambio ya está en marcha. Los clientes son cada vez menos propensos a pagar honorarios elevados por tareas que consideran rutinarias. Por ello, los despachos deben identificar qué partes de su actividad pueden estandarizar sin perder calidad. El futuro parece inclinarse hacia modelos híbridos, que combinen el uso de tecnología y estructuras empresariales eficientes con la capacidad de ofrecer asesoramiento estratégico en momentos clave. En definitiva, el valor seguirá estando en la capacidad de comprender el negocio del cliente y aportar experiencia. Esa dimensión, al menos por ahora, no puede ser completamente sustituida por la automatización ni por el capital financiero.

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(El Economista, 06-05-2026) | Fiscal

La justicia impone el valor de referencia para tributar la compra de viviendas baratas en subastas

La justicia ha respaldado la utilización del valor de referencia catastral -más próximo al precio de mercado- para calcular los impuestos en la compra de viviendas adquiridas a bajo precio en subastas, pese al mayor coste fiscal que esto puede suponer en este tipo de operaciones. Los inmuebles subastados suelen venderse con rebajas que oscilan entre el 20% y el 50%. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado en una reciente sentencia que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales debe calcularse tomando como base el valor de referencia del inmueble, y no el precio real pagado. En el caso analizado, con fecha 24 de abril, el tribunal obliga a una pareja que adquirió una vivienda por 116.700 euros en subasta a tributar por un valor de referencia de 163.900 euros. Los compradores recurrieron alegando que este sistema vulneraba el principio de capacidad económica. Sin embargo, el tribunal gallego se apoya en una sentencia previa del Tribunal Constitucional, de 12 de febrero, que avala este método de valoración fijado por la Dirección General del Catastro. Según esta doctrina, cuando existe un valor de referencia, este debe prevalecer sobre el precio de adjudicación. La resolución recuerda que, desde la entrada en vigor en enero de 2022 de este sistema de referencia, se aplica a todo tipo de adquisiciones de inmuebles: subastas administrativas (por deudas con Hacienda o la Seguridad Social), judiciales (derivadas de ejecuciones hipotecarias o embargos), notariales (de carácter voluntario) y también compraventas privadas, como las realizadas por bancos o empresas. El valor de referencia solo se sustituye si el precio declarado o el valor de mercado es superior. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia señala que el Tribunal Constitucional ya estableció que el legislador dispone de un amplio margen para definir cómo se determina la base imponible de un impuesto, pudiendo utilizar métodos que no reflejen con exactitud la capacidad económica real, sino estimaciones basadas en valores medios o potenciales. En este sentido, la Ley contra el fraude fiscal de 2021 optó por el valor de referencia en lugar del precio real de la operación para evitar que la tributación dependiera de lo que acuerden las partes y para reducir los conflictos entre contribuyentes y la Administración sobre la valoración de los inmuebles. El Tribunal Constitucional consideró que la compra de un inmueble es en sí misma una manifestación de capacidad económica, y que el uso de un sistema objetivo como el valor de referencia es legítimo desde el punto de vista constitucional, siempre que respete este principio. Asimismo, señaló que se trata de un sistema razonable, basado en valores cercanos al mercado, y que además permite al contribuyente acudir a métodos de valoración directa si considera que la referencia no se ajusta a la realidad. Siguiendo esta línea, el tribunal gallego explica que el Catastro fija estos valores a partir de datos de compraventas facilitados por los notarios, sin llegar a equipararse exactamente al precio de mercado. También recuerda que los contribuyentes pueden impugnar el valor de referencia, aunque deben aportar pruebas que demuestren posibles errores o incoherencias en la valoración.

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(Cinco Días, 06-05-2026) | Laboral

El seguro pacta un nuevo convenio colectivo para sus 75.000 trabajadores hasta 2028

El sector asegurador ha alcanzado un acuerdo para renovar su marco laboral durante los próximos años. Las organizaciones empresariales -Unespa (aseguradoras y reaseguradoras), AMAT (mutuas de accidentes de trabajo), Asecore (corredurías de reaseguro) y CEM (mutualidades de previsión social, como las de abogados o procuradores)- han firmado junto a los sindicatos CC OO y UGT un nuevo convenio colectivo que afectará a unos 75.000 trabajadores. Este incluye una subida salarial del 3,5% para 2025, con efectos retroactivos. El acuerdo establece las bases de las relaciones laborales en el sector para un periodo de cuatro años. Para los ejercicios comprendidos entre 2026 y 2028, las revisiones salariales se regirán por el sistema habitual, vinculado a la evolución del PIB y ajustado por el IPC. Ya en febrero, CC OO adelantó un preacuerdo que estimaba un incremento total cercano al 14% en ese periodo. Como novedad, se han afinado los criterios de cálculo de estas subidas, incorporando más tramos en los indicadores para lograr que el resultado sea más flexible y refleje mejor las variaciones económicas durante la vigencia del convenio. En materia salarial, se fija una retribución mínima global para los próximos años de entre 18.000 y 20.000 euros. Además, desaparece el nivel profesional más bajo -el nivel 9- al haber quedado desfasado por las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional. El complemento de comida también se incrementará de forma progresiva, pasando de 11,30 euros diarios en 2025 a 13 euros en 2027 y 2028. En cuanto a la previsión social, las empresas deberán aumentar su aportación al seguro de aportación definida, similar a un plan de pensiones, que crecerá desde el 1,9% del salario en 2025 hasta el 2,5% en 2027. El convenio introduce además nuevas medidas de conciliación. Se crea un permiso específico para trabajadores con hijos con una discapacidad superior al 33%, que les permitirá asistir a tres reuniones escolares o tutorías durante el curso. Asimismo, dentro del permiso anual de 24 horas para asuntos propios, se habilita la posibilidad de utilizar 16 horas como tiempo retribuido y no recuperable para acudir a consultas médicas propias. También se contempla que las personas en tratamiento oncológico que puedan seguir trabajando tengan la opción de hacerlo en modalidad de teletrabajo, facilitando así la compatibilidad con sus cuidados médicos. Por último, el texto incorpora otras novedades relevantes, como la adaptación a la normativa europea sobre inteligencia artificial y la inclusión de medidas orientadas a garantizar la igualdad y evitar la discriminación del colectivo LGTBI, junto con un protocolo específico de actuación.

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(El País, 06-05-2026) | Laboral

El Gobierno aprueba 27.232 nuevas plazas de empleo público para la Administración central, una oferta similar a la de 2025

El Gobierno ha dado luz verde este martes, en el Consejo de Ministros, a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, que contempla 27.232 nuevas plazas para la Administración General del Estado (AGE). De ellas, 20.541 corresponden al turno libre y 6.345 a promoción interna. Si se añaden las 9.785 plazas ya previstas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, el total supera ligeramente las 37.000, según explicó el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, tras la reunión del Ejecutivo. En conjunto, la cifra es algo superior a la de 2025 (36.588 plazas), aunque se queda unos 3.000 puestos por debajo del máximo alcanzado en 2024, cuando se superaron las 40.000. Los sindicatos del ámbito público -CCOO, UGT y CSIF- ya han mostrado su rechazo a esta oferta y prevén no apoyarla por segundo año consecutivo. Por un lado, critican no haber conocido los detalles hasta el mismo día de su aprobación, lo que consideran una falta de transparencia y de diálogo. Por otro, consideran insuficiente el volumen de plazas, ya que el Gobierno ya había anticipado que sería similar al del año anterior, algo que, a su juicio, no permite generar el empleo neto necesario en la Administración. Según indicó López, una de las principales novedades de la OEP de 2026 es su enfoque en la digitalización de los servicios públicos. En este sentido, se incluyen 1.700 plazas para especialistas en tecnologías de la información, un 42% más que en la convocatoria anterior. Además, por primera vez se organizarán procesos selectivos por especialidades dentro del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, con el objetivo de incorporar perfiles en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos. El ministro destacó que el uso de servicios digitales públicos en España supera la media europea (83% frente a 75%) y que el país se sitúa siete puntos por encima en digitalización de la Administración, según datos de la Comisión Europea. Aun así, el Ejecutivo pretende incrementar en un 25% los trámites digitales. "Queremos trasladar al sector privado que la digitalización servirá para transformar el empleo, no para destruirlo", afirmó. Como ejemplo, López subrayó que esta oferta permitirá crear unos 6.200 empleos netos en la Administración central, es decir, más incorporaciones que salidas. No obstante, esta cifra apenas mejora en unos 800 puestos la del año anterior (5.400), lo que también ha contribuido al rechazo sindical, que reclama un mayor refuerzo de las plantillas. Otra de las novedades es la inclusión de 346 plazas dentro de una oferta extraordinaria destinada a afrontar retos relacionados con la emergencia climática, con perfiles como meteorólogos, ingenieros de montes o especialistas forestales. Desde Función Pública se ha señalado que la planificación de esta oferta responde a tres grandes prioridades: avanzar en la digitalización, mejorar los servicios esenciales y reforzar áreas estratégicas. Según el ministerio, se busca dar respuesta inmediata a necesidades urgentes derivadas del contexto político, económico y medioambiental. Sin embargo, los sindicatos han criticado que no se haya contemplado una oferta extraordinaria para reforzar los servicios encargados de la regularización de inmigrantes, un ámbito en el que, según denuncian, ya se están produciendo retrasos y problemas por falta de personal suficiente.

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