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(El Confidencial, 04-02-2026) | Laboral

España entra en el club con salario mínimo más alto (1.519 euros al mes) en términos reales

El salario mínimo continúa creciendo y lo hace con fuerza en términos reales, es decir, teniendo en cuenta el poder adquisitivo de los salarios, un criterio que permite establecer comparaciones entre países. Según los datos de Eurostat, España ya se sitúa -incluso antes de que entre en vigor en 2026 el incremento del 3,1%- entre los países cuyo salario mínimo, ajustado por paridad de poder de compra y libre del efecto de la inflación, supera los 1.500 euros mensuales. En concreto, el salario mínimo interprofesional alcanza los 1.519 euros al inicio del año, una cifra que solo es superada por Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica e Irlanda. A continuación se sitúan Francia y Polonia, este último el primer país del antiguo bloque del Este que entra en este grupo. La diferencia entre el salario mínimo más alto y el más bajo se mueve entre los 2.157 euros de Alemania y los 1.545 euros de Polonia. Por debajo se encuentra un conjunto de doce países cuyos salarios mínimos reales oscilan entre los 1.000 y los 1.500 euros mensuales. En el tramo inferior figuran Letonia y Estonia, ambos con un salario mínimo inferior a los 1.000 euros. Conviene recordar que, a 1 de enero de este año, 22 de los 27 países de la Unión Europea cuentan con un salario mínimo legal. El resto, entre ellos Italia, Austria o Suecia, no disponen de este instrumento. A partir de esta información se extrae una primera conclusión: la desigualdad salarial dentro de la UE sigue siendo muy elevada, aunque se reduce cuando la comparación se realiza en términos de paridad de poder de compra. Aun así, el salario mínimo más alto de la Unión -el alemán- es 4,4 veces superior al más bajo -el estonio- según esta metodología. En todos los casos, las cifras se expresan en términos brutos, es decir, antes de aplicar impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, que varían notablemente de un país a otro. En Dinamarca, por ejemplo, el sistema de protección social se financia fundamentalmente a través del IVA, por lo que los trabajadores no realizan aportaciones directas sobre su salario. Además, para facilitar la comparación, todas las cantidades se han homogeneizado a doce mensualidades, pese a que en países como España es habitual el pago en catorce. La utilización del poder de compra como referencia resulta clave para evitar distorsiones, ya que una comparación meramente nominal se ve afectada por la inflación y el coste de la vida. En el caso español, antes de la última subida acordada por UGT, CCOO y el Gobierno, el SMI en doce pagas se situaba en 1.424,5 euros mensuales, pero ajustado por poder adquisitivo asciende hasta los 1.519 euros, lo que explica su posición destacada en el ranking europeo. Eurostat publica los datos del salario mínimo en términos mensuales, aunque no todos los países lo abonan con esa periodicidad. Por ello, en aquellos donde se fija por horas -como Alemania, Francia, Irlanda o Países Bajos- la remuneración horaria se convierte en una equivalencia mensual. Otra forma de análisis consiste en comparar el salario mínimo con el salario medio o, de forma más precisa, con el salario mediano, que divide a los trabajadores en dos grupos iguales según sus ingresos. Desde esta perspectiva, la relación entre el salario mínimo y los ingresos brutos en Europa oscila entre el 44% en Estonia y el 69% en Portugal.

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(El Economista, 04-02-2026) | Laboral

Seguridad Social "depura" sus estadísticas y la volatilidad del empleo cae un 9,2% de golpe

La difusión de los datos de paro y afiliación correspondientes al primer mes del año ha estado condicionada por la introducción de un ajuste estadístico en la clasificación de las actividades económicas, cuyo objetivo es afinar el peso real del sector tecnológico dentro de la economía, aunque el cambio también ha tenido efectos sobre otros ámbitos y ramas productivas. No ha sido la única novedad: la Tesorería General de la Seguridad Social ha aplicado además una "depuración" en el cómputo de las altas y bajas de afiliación con el fin de reflejar de manera más precisa la evolución del mercado laboral. Esta revisión, sin embargo, ha tenido un impacto significativo en los indicadores de rotación del empleo, que se reducen un 9,2%. Tras la modificación metodológica, en enero de 2026 se contabilizaron 1,69 millones de altas y 1,78 millones de bajas en el Régimen General, los niveles más bajos de toda la serie histórica -excluyendo el periodo de la pandemia-. Este descenso se produce pese al crecimiento del empleo, que normalmente implica un mayor volumen de entradas y salidas, y a pesar de que estas cifras habían aumentado de forma progresiva desde la reforma laboral. A modo de comparación, en enero de 2025 se registraron 1,87 millones de altas y 2,04 millones de bajas al cierre del mes, lo que supone alrededor de 200.000 movimientos menos en cada categoría en solo un año. No obstante, esta comparación directa no resulta estadísticamente válida, ya que se desconoce cómo habrían sido los datos de 2025 aplicando la nueva metodología, por lo que es necesario recurrir a otros enfoques para evaluar el impacto real del cambio. En cualquier caso, los nuevos registros encajan mejor con la evolución de un mercado laboral en el que el contrato indefinido ordinario ha ganado protagonismo y en el que, tal y como reflejan las estadísticas paralelas del Ministerio de Trabajo, se necesitan menos contratos para generar empleo. Aun así, España continúa presentando el mayor nivel de volatilidad laboral de Europa -medido por el volumen de entradas y salidas del empleo- incluso tras esta revisión estadística. La razón del ajuste queda recogida en una nota metodológica de la Tesorería General de la Seguridad Social, que explica que el recuento tradicional de altas y bajas se veía alterado por modificaciones en las condiciones de la relación laboral, como cambios de jornada, así como por anulaciones, correcciones u otros movimientos administrativos que afectaban al estatus del trabajador. Hasta ahora, estos supuestos se contabilizaban como nuevas relaciones laborales que sustituían a las anteriores, generando "altas ficticias" y "bajas ficticias" que no respondían a una contratación real ni a la finalización de un contrato. Como consecuencia, las estadísticas de rotación laboral aparecían sobredimensionadas. La actualización del algoritmo empleado por la Tesorería permite ahora filtrar este tipo de movimientos y ofrecer una imagen más fiel de la realidad laboral, manteniendo una única relación contractual cuando se producen cambios internos y avanzando hacia resultados más consistentes y alineados con otras fuentes estadísticas que miden las altas y bajas por métodos alternativos. No obstante, el brusco corte en la serie de datos acumulados a final de mes -y el hecho de que la nueva metodología no se haya aplicado de forma retroactiva- dificulta la comparación histórica. Existe, sin embargo, una vía alternativa: los datos en términos de media diaria, que sí incorporan una serie reconstruida hasta enero de 2025 y permiten analizar con mayor claridad el efecto de la depuración. Al comparar las altas y bajas calculadas con ambos sistemas, se observa que la nueva contabilidad reduce estos movimientos en torno a un 9,2% de media anual, con oscilaciones que van del 7% al 11% según el mes, en buena medida por la estacionalidad que caracteriza a muchos empleos. El impacto tampoco es homogéneo por tipo de contrato: en el caso de los fijos discontinuos, la modalidad con mayor rotación, la volatilidad solo se reduce un 6,7%. A la espera de que la Seguridad Social revise las estadísticas y mejore la comparabilidad histórica -un proceso complejo que coincide además con la implantación del nuevo sistema de clasificación de actividades económicas, el CNAE 2025, que sustituye al vigente desde 2009-, los datos apuntan más a una limpieza estadística que a una reducción sustancial de uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral español: la elevada volatilidad del empleo. De hecho, aunque los niveles absolutos sean ahora algo más bajos, la tendencia al alza de la rotación se mantiene, lo que sugiere un mercado laboral más dinámico, pero todavía muy condicionado por el peso de las actividades estacionales y temporales, aunque estas se articulen cada vez más mediante contratos indefinidos. Una de las cuestiones clave pendientes es cómo afectará esta depuración a las estadísticas que explican las causas de las bajas de afiliación. La publicación de estos datos se ha interrumpido justo cuando estaban a punto de difundirse las cifras correspondientes al cierre de 2025, que apuntaban a un máximo histórico -desde que existe la serie en 2012- en dimisiones y despidos, un récord que podría verse atenuado con la aplicación de la nueva metodología.

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(Cinco Días, 04-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las letras resisten en el 2% y refuerzan su papel como refugio para el ahorro

Pese a la profunda transformación que viven los mercados financieros, España continúa beneficiándose de un contexto especialmente favorable. Mientras el Ibex 35 encadena máximos históricos, el Tesoro Público avanza con normalidad en su calendario de financiación. El organismo encabezado por Paula Conthe ha abierto el mes de febrero con su habitual subasta de letras a seis y doce meses. En un momento en el que la política monetaria vuelve a acaparar la atención de los inversores, el Tesoro ha colocado un total de 6.134,4 millones de euros. La expectativa de que el Banco Central Europeo mantenga sin cambios los tipos de interés contribuye a mantener contenidas las rentabilidades. Con ligeros ajustes a la baja, el interés de la deuda a corto plazo se mantiene en torno al 2%. La demanda conjunta de ambas emisiones ha alcanzado los 9.316,8 millones de euros, un volumen elevado, aunque por debajo del doble de lo finalmente adjudicado. La mayor parte de la colocación correspondió a las letras a doce meses, con 4.324,72 millones adjudicados. Su rentabilidad desciende ligeramente, aunque logra mantenerse en el entorno del 2%. En un escenario marcado por la volatilidad generalizada -que incluso afecta a activos tradicionalmente considerados refugio, como el oro-, los inversores buscan opciones que ofrezcan rentabilidad con un nivel de riesgo moderado. Con los tipos lejos de sus niveles máximos y sin problemas de liquidez en el sistema bancario, los depósitos han perdido atractivo. Aunque las letras del Tesoro ya no superan la inflación, continúan siendo para muchos pequeños ahorradores una de las alternativas más seguras para obtener un retorno adicional. Superada la cuesta de enero, el interés del inversor minorista vuelve a intensificarse: las peticiones no competitivas, asociadas mayoritariamente a este perfil, ascendieron a 1.184,7 millones de euros. En el caso de las letras a seis meses, el Tesoro adjudicó 1.809,6 millones. La rentabilidad marginal también se redujo ligeramente, situándose cerca del 2%, mientras que la demanda minorista fue algo menor, con 611,8 millones. La próxima subasta del Tesoro tendrá lugar el jueves, apenas unas horas antes de que el BCE comunique su decisión sobre los tipos de interés tras la reunión de su consejo de gobierno. Con una inflación que cerró diciembre en el 2% y una economía que sigue mostrando un crecimiento sólido, el consenso del mercado da por hecho que la autoridad monetaria mantendrá los tipos inalterados por quinta vez consecutiva. Frente a las tensiones políticas que en Estados Unidos ponen en cuestión la independencia de la Reserva Federal, en la zona euro la estabilidad monetaria y la mejora del entorno macroeconómico están atrayendo capital. Este clima no solo beneficia a las grandes economías del bloque, como Alemania, sino que también impulsa el interés por los países periféricos, donde confluyen crecimiento, rentabilidades todavía atractivas y un menor nivel de incertidumbre política. En este contexto, España destaca de forma clara. La confianza de los inversores se ha reflejado tanto en el mercado primario -con una demanda histórica de 144.900 millones de euros en la emisión sindicada de enero- como en el secundario. La prima de riesgo, medida como el diferencial entre la rentabilidad de la deuda española y la alemana, continúa reduciéndose y se sitúa ya en torno a los 36 puntos básicos.

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(Cinco Días, 04-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España pide información al sector sobre el uso de la inteligencia artificial

El Banco de España ha puesto su atención en los primeros pasos que está dando el sector financiero en la incorporación de la inteligencia artificial. El supervisor ha pedido a las principales entidades que operan en el país información sobre sus planes y sobre el uso que ya están haciendo de esta tecnología, según fuentes del sector. La finalidad es garantizar que la IA no asuma funciones críticas de forma autónoma, ni tome decisiones relevantes sobre riesgos, concesión de crédito u otros procesos clave sin un control humano adecuado. Este interés no es exclusivo de la banca. La inteligencia artificial está transformando el funcionamiento interno de las grandes compañías y, para muchos directivos, supone un cambio equiparable al que en su día trajo internet. En el caso de los bancos, se analiza su potencial para recortar costes, ganar eficiencia y reforzar la rentabilidad del sector tras varios ejercicios de resultados elevados. Las grandes entidades ya han comenzado a actuar. Bankinter ha puesto en marcha un plan específico para acelerar la implantación de la IA, que dependerá directamente de su consejera delegada, Gloria Ortiz. BBVA ha sellado un acuerdo con OpenAI, mientras que CaixaBank ha creado una oficina dedicada a la inteligencia artificial. Santander, que también ha alcanzado un acuerdo con OpenAI, ha constituido una división de gran tamaño para abordar este ámbito, que se espera tenga un papel destacado en el próximo plan estratégico que presentará el grupo a finales de mes. La singularidad del sector financiero radica en su alto nivel de regulación y en la vigilancia constante de los supervisores. El posible impacto de la IA y los riesgos asociados a su uso han activado las alertas tanto en Fráncfort, sede del Banco Central Europeo, como en Madrid. De hecho, el BCE ya incluye la inteligencia artificial entre sus prioridades supervisoras para los próximos años, en coordinación con la Autoridad Bancaria Europea y los supervisores nacionales. Por ahora, son los supervisores de cada país quienes están liderando el diálogo con las entidades financieras sobre esta materia. Así lo recoge el anteproyecto de ley sobre el uso responsable y la gobernanza de la inteligencia artificial, todavía en fase de consulta pública, que designa al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como autoridades de vigilancia del mercado. Desde el sector bancario se señala que el papel de la IA, tanto para las entidades como para los supervisores, se encuentra en una fase muy inicial. No obstante, el interés del organismo que preside José Luis Escrivá se centra en comprender cómo y con qué fines quieren emplearla los bancos. En especial, se busca asegurar que estos sistemas no funcionen sin supervisión humana, que sus decisiones sean transparentes y comprensibles, y que no se utilicen en áreas especialmente sensibles como la gestión de riesgos, la concesión de crédito o la prevención del fraude. También preocupa el posible sesgo de estos modelos y el riesgo de que puedan discriminar a determinados colectivos, por ejemplo por razones de sexo o raza. En su memoria de supervisión de 2024, el Banco de España ya anticipaba que sería designado como autoridad de vigilancia del mercado en materia de inteligencia artificial y que estaba preparando su estructura interna para asumir estas funciones. En este sentido, cuenta con un equipo transversal dedicado al seguimiento de esta tecnología en el ámbito bancario y en contacto permanente con las entidades. Según recoge ese documento, esta labor de supervisión incluirá tareas como el control del cumplimiento de la normativa, la evaluación de la conformidad de los modelos de IA, la cooperación con otros supervisores europeos para garantizar una aplicación coherente de las reglas, el seguimiento de incidentes y el impulso de la innovación dentro de un marco regulado.

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(Expansión, 04-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE soportará las dudas y un euro fuerte sin bajar tipos

Mañana tendrá lugar en Fráncfort una nueva cita de política monetaria y todo apunta a que los tipos de interés permanecerán sin cambios. Esta situación se ha vuelto casi habitual, ya que la última modificación del precio del dinero se produjo en junio del año pasado, cuando el Banco Central Europeo (BCE) redujo sus tipos hasta el 2% en un contexto marcado por la escalada de la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump. Desde entonces, el Consejo de Gobierno ha celebrado cuatro reuniones consecutivas en las que, independientemente de la evolución de los indicadores macroeconómicos, ha defendido que la institución se encontraba en una posición sólida para afrontar las incertidumbres y cumplir con su mandato de estabilidad de precios. No obstante, en las últimas semanas han vuelto a aflorar las dudas. Estas inquietudes resurgieron a comienzos de año ante el aumento de los riesgos geopolíticos, motivados por la intervención de Estados Unidos en Venezuela y por el choque entre Trump y la Unión Europea en torno a Groenlandia. Para los responsables de política monetaria, estos episodios evidencian que, pese a los acuerdos existentes, los conflictos pueden reactivarse de forma repentina. Por ello, la vigilancia sobre un posible deterioro de las perspectivas de crecimiento y su impacto en la inflación resulta esencial, y la capacidad de reacción debe mantenerse intacta. "Las amenazas arancelarias no son nuevas; ya hemos pasado por esto. Más allá de su efecto directo, lo realmente relevante es el retorno de la incertidumbre", señaló recientemente la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Aunque finalmente la amenaza de nuevos aranceles de Trump a la UE no se materializó, los motivos de preocupación para los banqueros centrales siguen multiplicándose. A la tensión geopolítica se sumó, pocos días después, una acusada depreciación del dólar frente al euro, asociada a una pérdida de confianza en la economía estadounidense, que llevó el tipo de cambio hasta los 1,2 dólares por euro, si bien posteriormente se ha moderado hasta el entorno de 1,18. Si bien el BCE no persigue un nivel concreto del tipo de cambio, sí evalúa sus efectos sobre las expectativas de inflación. Una apreciación intensa del euro causada por factores externos -y no por una mejora de la economía europea- puede resultar problemática, al restar competitividad a las exportaciones y abaratar las importaciones, lo que tiende a frenar el avance de los precios. Este escenario adquiere especial relevancia en un contexto de previsiones de inflación muy ajustadas: un 1,9% en 2026, un 1,8% en 2027 y un 2% en 2028. Cualquier revisión a la baja situaría la inflación por debajo del objetivo durante todo el horizonte temporal, comprometiendo la estabilidad de precios. "Estamos observando con atención la apreciación del euro y sus posibles efectos desinflacionarios", afirmó el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, quien subrayó que este factor será determinante para orientar la política monetaria en los próximos meses. Pese a todo, el Consejo de Gobierno ha optado por mantener la calma y no intervenir por ahora. La mayoría de sus miembros considera que actuar en este momento sería precipitado, ya que la política monetaria necesita conservar margen de maniobra para estimular la economía si la situación se deteriora, y cada decisión tomada ahora reduce el espacio de actuación futura. "No se trata de reaccionar de forma exagerada ante cada variación de los datos. Lo fundamental es identificar las tendencias y las fuerzas estructurales que configuran la economía", explicó Gediminas Simkus, gobernador del Banco de Lituania, quien admite, no obstante, que el tipo de cambio podría acabar inclinando la balanza hacia una subida o una bajada de los tipos. Mientras tanto, los mercados financieros ya han ajustado sus expectativas. Los futuros sobre los tipos de interés en la zona euro descuentan ahora un nuevo recorte a lo largo de este año, un giro significativo respecto a hace apenas unos meses, cuando se anticipaba una subida de 25 puntos básicos entre marzo y junio. "Si el euro continúa apreciándose, podría surgir en algún momento la necesidad de responder desde la política monetaria", reconoció la semana pasada Martin Kocher, gobernador del Banco de Austria. Su declaración resulta especialmente relevante, dado que se le considera uno de los miembros más restrictivos del BCE y habitualmente contrario a una orientación monetaria más flexible.

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(El Economista, 04-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Ibex 35 cierra su histórica brecha frente al EuroStoxx 50: logra igualar su rendimiento en las últimas dos décadas

En 2025, el Ibex 35 volvió a situarse en el centro de la atención internacional. La intensa subida registrada entre enero y diciembre no tiene precedentes en las últimas tres décadas del índice y ha servido para devolver al mercado español al primer plano en la comparación con los grandes selectivos europeos, donde tradicionalmente había sido encuadrado entre los de peor comportamiento. No obstante, esa etiqueta de índice rezagado pierde fundamento cuando se analiza su trayectoria a largo plazo. De hecho, tras las alzas del tramo final del pasado año y el arranque de 2026, el Ibex 35 ha logrado cerrar la distancia que le separaba de otros mercados europeos y se consolida como uno de los índices más rentables del siglo entre sus homólogos del continente. La rentabilidad acumulada del Ibex 35 y del EuroStoxx 50 en los últimos veinte años resulta prácticamente idéntica, y el repunte reciente -que le ha permitido superar con holgura el umbral psicológico de los 18.000 puntos- lo sitúa entre los índices bursátiles más alcistas del siglo, si se deja fuera de la comparación al Dax 40 alemán. Este último, al ser un índice de retorno total, incorpora no solo la variación de precios, sino también los dividendos y otros ingresos reinvertidos, lo que lo hace difícilmente comparable con los índices tradicionales de precios. Precisamente esta característica explica que el selectivo alemán refleje el crecimiento real del capital invertido, diferenciándose del resto al incluir explícitamente la rentabilidad por dividendo. Según los expertos de Valuations de Alvarez & Marsal, el buen momento del mercado español se apoya principalmente en la mejora de los resultados empresariales y no tanto en una expansión de valoraciones. En la misma línea, Joan Cabrero, analista técnico y estratega de elEconomista.es, destaca que el Ibex 35 continúa inmerso en una fase de subida libre. "La tendencia es claramente alcista y, por ahora, no presenta señales relevantes de deterioro, algo que no resulta especialmente sorprendente", señala. Cabrero subraya que no existen indicios de agotamiento comprador más allá del muy corto plazo mientras el índice no cierre semanalmente por debajo de los mínimos de la semana anterior, situados actualmente en torno a los 17.500 puntos. Mientras esa sucesión de mínimos ascendentes se mantenga intacta, el escenario dominante seguirá siendo de continuidad alcista. No obstante, advierte de que conviene mantener la prudencia: "Ningún mercado avanza de forma rectilínea y es lógico que en algún momento aparezcan correcciones o episodios de volatilidad que sirvan para enfriar los excesos a corto plazo". Aun así, el experto insiste en que, mientras la estructura técnica no se rompa, el mensaje es claro: disfrutar del tramo alcista que atraviesa el Ibex 35. Por su parte, el analista de mercados Juan Ignacio Crespo considera llamativo que, a comienzos de semana, las bolsas europeas apenas reaccionaran a la fuerte corrección de los metales preciosos, a diferencia de los mercados de Asia-Pacífico, que sí reflejaron con mayor intensidad ese ajuste. Crespo recuerda que en 1980 las bolsas europeas tampoco fueron inmunes a una crisis similar en el mercado de los metales, aunque reaccionaron con cierto retraso: al menos 23 días en Londres, 29 en Fráncfort y 33 en Madrid, unos plazos que, según explica, reflejan el distinto grado de internacionalización de cada mercado. A pesar de ello, el analista apunta que, aunque las bolsas suelen resistir inicialmente los contagios procedentes del mercado de los metales preciosos, cuando estos entran en una crisis profunda, finalmente terminan viéndose afectadas, en mayor o menor medida, en función del contexto económico general. Este es precisamente uno de los factores que más atención concentra entre analistas e inversores en las últimas jornadas, junto con el desarrollo de la temporada de resultados. En las próximas semanas, las compañías del Ibex 35 presentarán sus cuentas correspondientes a 2025, lo que permitirá evaluar si los beneficios empresariales son suficientes para respaldar las subidas casi ininterrumpidas que el índice acumula desde hace ocho meses. Entre las compañías que mejor comportamiento han registrado en la bolsa española durante las últimas dos décadas -y que han contribuido decisivamente a que el mercado marque máximos históricos- destacan Inditex, Laboratorios Farmacéuticos Rovi, Ferrovial, Grifols y Amadeus. Mención especial merece la firma textil gallega, cuyas acciones han multiplicado por diez su valor y que se ha convertido en uno de los mayores pesos del índice. También figuran entre las compañías con mayor influencia el grupo tecnológico vinculado al sector turístico y la empresa de infraestructuras, que acumulan revalorizaciones cercanas al 400% y al 500%, respectivamente, en las últimas décadas. La subida registrada por el Ibex 35 en 2025 no tiene parangón en los últimos 30 años y, por el momento, no muestra señales claras de agotamiento. Así lo reflejan los balances mensuales del índice, que encadena ya ocho meses consecutivos de avances, una racha inédita desde 2006, antes de la crisis financiera desencadenada por la quiebra de Lehman Brothers. Ni el intenso calendario de resultados empresariales en Estados Unidos ni las tensiones geopolíticas entre Washington y Teherán han frenado el impulso del mercado español. De hecho, el Ibex 35 ha renovado su máximo histórico en trece ocasiones desde el inicio del año, una muestra clara de la fortaleza alcista que ha exhibido en las últimas semanas.

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(El Periódico, 04-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años

Tras haber aprovechado el año pasado el Foro Económico Mundial de Davos para advertir sobre el poder de los tecno-oligarcas de las grandes plataformas digitales -a quienes acusó de amenazar la democracia-, Pedro Sánchez ha trasladado este martes su ofensiva contra lo que denomina el "salvaje oeste digital" a la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái. En este escenario internacional, el presidente del Gobierno ha anunciado un conjunto de cinco iniciativas legislativas y regulatorias que el Ejecutivo pretende aplicar en España con el objetivo de frenar los abusos atribuidos a las grandes plataformas tecnológicas y de asegurar "un ecosistema digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales". Entre las medidas destaca, en primer lugar, el fin de la impunidad de los altos directivos, que pasarán a responder legalmente por las infracciones cometidas en las plataformas que gestionan. De este modo, los consejeros delegados podrán afrontar responsabilidades penales si no eliminan contenidos ilegales o mensajes de odio. En segundo lugar, se introducirá como delito la manipulación de algoritmos y la difusión deliberada de contenidos ilícitos con fines lucrativos. La tercera medida anunciada supone la prohibición del acceso a las redes sociales para los menores de 16 años, lo que obligará a las plataformas a implantar mecanismos eficaces de verificación de edad. A ello se sumará la puesta en marcha de un sistema de seguimiento, medición y trazabilidad que permita identificar lo que el presidente ha denominado una "huella de odio y polarización". "Difundir odio debe tener consecuencias legales y económicas", ha subrayado. Por último, Sánchez ha adelantado que el Gobierno trabajará junto a la Fiscalía para analizar posibles vulneraciones de la ley por parte de Grok, TikTok e Instagram. La restricción del acceso a redes sociales antes de los 16 años ya está contemplada en el proyecto de ley orgánica para la protección de los menores en entornos digitales, impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia y actualmente en tramitación parlamentaria. Esta reforma eleva a los 16 años la edad a partir de la cual los menores pueden consentir el tratamiento de sus datos personales. En el caso de los menores de esa edad, dicho tratamiento solo será posible con la autorización de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, en los términos que se establezcan. En un contexto marcado por el aumento de la tensión entre Estados Unidos e Irán, el jefe del Ejecutivo se ha desplazado al Golfo Pérsico para participar en esta cita anual en Emiratos Árabes Unidos. "España tiende puentes, no levanta muros; apuesta por la cooperación y no por la fragmentación", ha afirmado. "La paz es prioritaria, las personas deben situarse en el centro de la economía y el progreso no puede lograrse a costa de los más vulnerables ni del planeta", ha defendido, en una alusión velada a la agenda ideológica y geopolítica de Donald Trump. "El mundo ha cambiado de forma drástica, y para peor", ha advertido. No obstante, el eje central de su intervención ha sido la gobernanza digital. Sánchez ha recordado que las redes sociales fueron presentadas como herramientas destinadas a fomentar la comprensión global, la cooperación, la libertad y la transparencia, además de mejorar la vida de las personas gracias a la tecnología y los algoritmos. Sin embargo, a su juicio, el resultado ha sido el contrario. "Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido", ha lamentado, "un espacio donde se incumplen las leyes, se toleran delitos, la desinformación se impone a la verdad y millones de usuarios sufren ataques de odio". En este contexto, el presidente ha señalado que, solo en el último año, TikTok ha sido acusada de permitir la difusión de cuentas maliciosas que comparten imágenes de pornografía infantil generadas mediante inteligencia artificial. También ha criticado que el propietario de X, Elon Musk, "pese a ser emigrante", utilizara recientemente su perfil personal para amplificar desinformación sobre una decisión soberana del Gobierno español: la regularización de 500.000 personas migrantes que viven y trabajan en el país. Asimismo, ha denunciado que la misma plataforma haya permitido a su inteligencia artificial, Grok, generar contenidos sexuales ilegales, y que Instagram haya sido acusada de espiar a millones de usuarios en todo el mundo. "Si queremos protegernos, debemos recuperar el control", ha concluido Sánchez, insistiendo en la necesidad de que las plataformas digitales "cumplan las normas como cualquier otro actor". Aunque ha reconocido la complejidad del desafío, ha asegurado que la determinación del Gobierno es mayor que el poder económico de estas compañías. El Ejecutivo prevé aprobar este paquete de medidas la próxima semana en el Consejo de Ministros.

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(La Vanguardia, 04-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno opta al final por aprobar dos decretos: uno con la revalorización de las pensiones y otro con el escudo social

El Consejo de Ministros ha optado por dividir el decreto ómnibus y aprobar este martes dos reales decretos-ley por separado: uno centrado en la revalorización de las pensiones, cuya convalidación parlamentaria está asegurada, y otro que agrupa las medidas del denominado escudo social, entre las que figura la prórroga de la moratoria de los desahucios. Fuentes del Ejecutivo han confirmado esta decisión y, según ha señalado Sumar en un comunicado, la separación de ambos textos implica que "el Partido Popular ya no tiene excusas para respaldar la subida de las pensiones", mientras que el resto de la Cámara deberá posicionarse sobre medidas sociales dirigidas a proteger a los colectivos más vulnerables, vigentes desde la pandemia. El portavoz de Movimiento Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ya había adelantado la disposición del socio minoritario del Gobierno a aceptar dos decretos distintos, siempre que se aprobaran de forma simultánea y que el del escudo social mantuviera íntegramente todas las medidas previstas. Los socios del PSOE parecen aceptar esta fórmula de dos textos diferenciados: uno relativo a la actualización de las pensiones y otro que contempla la posibilidad de ejecutar desahucios cuando el propietario cuente únicamente con una vivienda en alquiler, tal y como el Gobierno ha pactado con el PNV. Podemos ha mostrado su rechazo al acuerdo alcanzado con los nacionalistas vascos, al que ha calificado de "asco absoluto", aunque no ha aclarado si votará en contra. IU, Sumar y Compromís tampoco han descartado su apoyo, si bien insisten en que estas medidas deberían incorporarse de manera permanente a la legislación. Desde el Partido Popular, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha acusado al Ejecutivo de "confesión de culpabilidad" por dividir el decreto ómnibus. A su juicio, esta decisión demuestra que fue el propio Gobierno de Pedro Sánchez quien puso en riesgo la revalorización de las pensiones y utilizó a los jubilados "como rehenes". Pese a ello, el decreto de pensiones saldrá adelante, ya que el PP ha anunciado su respaldo. Vox, por su parte, ha descartado apoyarlo alegando que "no se fía del Gobierno". El Consejo de Ministros ha aprobado de nuevo la actualización de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7% para 2026, así como un incremento superior al 7% en las pensiones mínimas, según ha informado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Además, las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares subirán un 11,4% el próximo año. Ese mismo aumento se aplicará a las pensiones no contributivas y al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Todos estos incrementos se recogen en un real decreto-ley. El decreto del escudo social contempla, entre otras, las siguientes actuaciones: Ayudas para las personas afectadas por la dana en la Comunidad Valenciana y por distintos incendios; Mejoras en las condiciones de jubilación del colectivo de bomberos y Prohibición de los desahucios y de los cortes de suministros básicos a familias vulnerables que no puedan hacer frente al pago del alquiler. La prohibición de los desahucios incluye una excepción para los propietarios que cuenten con uno o dos inmuebles -la vivienda habitual y otra en alquiler-, tal y como se ha acordado entre el Gobierno y el PNV para garantizar el apoyo al decreto cuando vuelva al Congreso. Sumar también ha respaldado esta excepción. De este modo, los propietarios con una única vivienda en alquiler y un inquilino en situación de impago quedan exentos de la obligación de ofrecer una alternativa habitacional a personas vulnerables. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Elma Saiz ha explicado que los detalles del decreto se conocerán en los próximos días, aunque ha precisado que la principal novedad es que, en el caso de propietarios con tres o más viviendas, no se ejecutarán desahucios cuando exista un contrato previo y el propietario no se encuentre en situación de vulnerabilidad. Asimismo, ha señalado que los propietarios de una o dos viviendas no quedarán afectados por la prórroga del escudo social y que serán los servicios sociales los encargados de buscar soluciones habitacionales de emergencia cuando sea necesario. En cualquier caso, la ministra ha asegurado que ambos decretos se presentarán con "total transparencia" y ha indicado que será la ministra de Vivienda quien detalle las medidas relativas a los desahucios.

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(Expansión, 03-02-2026) | Fiscal

Bienes en el extranjero: se abre la puerta a devoluciones masivas de Hacienda

El Tribunal Supremo ha decidido admitir a trámite un recurso de casación que puede desencadenar un nuevo seísmo en la Agencia Tributaria (AEAT) en relación con el polémico Modelo 720, la obligación de informar anualmente sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Mediante un auto reciente, la Sección de Admisión ha identificado como cuestión de interés casacional aclarar cuál es el verdadero alcance de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 27 de enero de 2022, que declaró contrario al Derecho comunitario el régimen sancionador español asociado a este modelo. El Alto Tribunal pretende dilucidar si dicha resolución europea conlleva la anulación completa de los procedimientos en los que se aplicó la imprescriptibilidad de las ganancias patrimoniales no justificadas prevista en el artículo 39.2 de la Ley del IRPF. En concreto, el Supremo deberá pronunciarse sobre si esa eventual nulidad puede extenderse incluso a actos administrativos que adquirieron firmeza por no haber sido recurridos en plazo, en aras de garantizar la primacía y efectividad del Derecho de la Unión, o si, por el contrario, los expedientes ya concluidos quedan al margen de esa revisión. El auto trae causa de un litigio originado en Cataluña. Tal y como explica Esaú Alarcón, abogado fiscalista y socio del despacho Gibernau, el asunto afecta a un contribuyente que fue objeto de una inspección tributaria vinculada al Modelo 720. Como resultado de dicha actuación, la Administración le exigió el abono de una deuda en el IRPF derivada de una ganancia patrimonial no justificada. El afectado, sin embargo, no impugnó la liquidación dentro del plazo ordinario de un mes, sino que presentó su recurso varios meses después. Esta circunstancia motivó que tanto el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechazaran la reclamación por haberse presentado fuera de plazo. "Es un caso durísimo", señala Alarcón. "Llega al Supremo y se plantea si, por la primacía del Derecho europeo, deben decaer todas las consecuencias del Modelo 720 con independencia de que el recurso se haya interpuesto fuera de plazo". A su juicio, la admisión del recurso abre un debate jurídico de gran calado sobre la forma de reparar los perjuicios derivados de una norma que ha sido declarada incompatible con el Derecho de la UE. "Este es un supuesto de manual de nulidad de pleno derecho", afirma, en alusión al artículo 217 de la Ley General Tributaria, que regula un procedimiento excepcional para actos que vulneran derechos fundamentales. Por su parte, Alejandro del Campo, socio de DMS Legal Intelligence, recuerda que ya existen antecedentes relevantes, como la sentencia dictada en julio de 2020 por el magistrado Navarro Sanchís en materia de Impuesto sobre Sucesiones, que permitió revisar liquidaciones firmes tras una condena europea. En el caso del Modelo 720, subraya, resulta determinante que exista una liquidación administrativa. "Cuando hay una liquidación, hay un acto administrativo, y eso abre la vía de la nulidad", explica. Si el Tribunal Supremo resolviera a favor del contribuyente y concluyera que la primacía del Derecho de la Unión prevalece sobre los plazos procesales nacionales en este contexto, el impacto sería enorme. "Si se admite que por primacía del Derecho europeo se puede reclamar, equiparándolo a la nulidad, las consecuencias serían devastadoras", advierte Del Campo. Ello implicaría que, al haberse declarado ilegales tanto el régimen sancionador como la imprescriptibilidad del Modelo 720, también debería decaer la cuota de IRPF exigida, permitiendo a contribuyentes con actos firmes recuperar las cantidades abonadas indebidamente. La estrategia procesal de los letrados del recurrente ha sido especialmente audaz, al impugnar directamente la liquidación fuera de plazo en lugar de acudir a un procedimiento específico de nulidad. "Han apostado todo al recurso ordinario", comenta Alarcón, quien reconoce que, aunque arriesgada, esta vía ha logrado que el Supremo se plantee si la protección de los derechos derivados del Derecho europeo debe imponerse a la firmeza de los actos administrativos. De confirmarse que la sentencia del TJUE obliga a revisar actos firmes, el efecto económico para las arcas públicas sería inmediato. El elemento clave es que no solo quedarían sin efecto las sanciones del 150%, ya anuladas por desproporcionadas, sino también la cuota del IRPF liquidada bajo el criterio de la imprescriptibilidad. Esto obligaría a la Administración tributaria a devolver lo ingresado por ganancias patrimoniales no justificadas correspondientes a ejercicios prescritos, junto con los intereses de demora. El recurso admitido a trámite se refiere expresamente a una liquidación dictada tras una inspección de Hacienda, lo que, según coinciden ambos abogados, facilita el acceso a la nulidad al existir un acto administrativo claro. No obstante, advierten de las mayores dificultades para aquellos contribuyentes que optaron por presentar autoliquidaciones complementarias voluntarias fuera de plazo, con ejercicios ya prescritos, para evitar sanciones más graves. En estos supuestos, al tratarse de actuaciones del propio contribuyente y no de la Administración, "en puridad no cabría la nulidad". Al margen del fallo final que dicte el Tribunal Supremo, la mera admisión del recurso ya tiene un efecto inmediato y de gran trascendencia práctica para los procedimientos judiciales en curso relacionados con la recuperación de cuotas de IRPF vinculadas al Modelo 720. Según destaca Alarcón, se activa un mecanismo legal que permite -y en la práctica impulsa- a los jueces a suspender los procedimientos hasta que el Alto Tribunal fije doctrina. Este efecto se apoya en el artículo 56.5 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, introducido tras la reforma de 2023. Dicho precepto establece que, cuando el Supremo admite un recurso para establecer jurisprudencia sobre una cuestión concreta, los órganos judiciales inferiores deben paralizar los procesos que versen sobre el mismo objeto jurídico. "El artículo 56.5 prácticamente obliga al juez a suspender el procedimiento cuando existe un auto de admisión sobre una cuestión idéntica", explica Alarcón. En la práctica, cualquier contribuyente que tenga actualmente un litigio abierto por ganancias patrimoniales no justificadas derivadas del Modelo 720 puede solicitar la suspensión del procedimiento hasta que el Supremo se pronuncie definitivamente sobre el alcance de la nulidad. "Es una medida de enorme relevancia, porque evita que se dicten sentencias desestimatorias mientras el Supremo delibera", concluye el experto. De este modo, se refuerza la seguridad jurídica y se evita que los tribunales inferiores cierren casos que podrían verse beneficiados por una futura sentencia favorable del Alto Tribunal.

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(El Economista, 03-02-2026) | Fiscal

Hacienda aclara que dejar una vivienda a un familiar gratis tributa en el IRPF

La Dirección General de Tributos (DGT), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha precisado que los propietarios que cedan una vivienda -ya sea una segunda residencia o un inmueble destinado a uso vacacional- a un familiar sin percibir contraprestación económica deben igualmente tributar por ella en el IRPF. En una consulta fechada el 14 de octubre, el órgano interpretativo aclara que, cuando la cesión se realiza de manera totalmente gratuita, la situación fiscal es equivalente a la de una vivienda desocupada. A efectos tributarios, se considera que el contribuyente posee un inmueble con capacidad potencial de generar rentas, por lo que resulta aplicable la denominada imputación de rentas inmobiliarias. En consecuencia, el titular del inmueble deberá declarar en su declaración de la Renta un importe equivalente al 2% del valor catastral de la vivienda o, si dicho valor ha sido revisado en los últimos diez años, el 1,1%. Tal y como expone la DGT, "al no existir un contrato de arrendamiento sino una cesión, y acreditarse que esta se realiza de forma gratuita, el cedente no obtiene rendimientos del capital inmobiliario. No obstante, está obligado a practicar la imputación de rentas inmobiliarias, al tratarse de un inmueble urbano que no genera rendimientos del capital inmobiliario". Según los datos disponibles, los propietarios de viviendas que permanecen vacías y no están alquiladas abonan de media alrededor de 855 euros anuales en concepto de IRPF.

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