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(Cinco Días, 05-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

España impulsa el crecimiento de la actividad privada de la eurozona en agosto

La actividad del sector privado en la eurozona registró en agosto un avance "moderado", aunque con un claro líder: España. Así lo reflejan los datos publicados por S&P Global y el Hamburg Commercial Bank (HCOB) a través del índice PMI compuesto -que mide tanto los servicios como la industria manufacturera-, el cual alcanzó los 51 puntos, apenas una décima más que en julio pero todavía por encima del umbral de contracción (50 puntos). España volvió a destacar como la economía más dinámica, con 53,7 puntos, aunque ligeramente por debajo de los 54,7 registrados en julio. El enfriamiento también se notó en Irlanda (51,3) y Alemania (50,5), mientras que Italia aceleró levemente hasta 51,7. Francia, en cambio, fue la gran rezagada: con 49,8 puntos se quedó en terreno contractivo. Según el HCOB, "la tasa de expansión alcanzó su nivel más alto en un año, aunque sigue siendo débil". Esta fragilidad responde a la pérdida de impulso en el sector servicios de la eurozona, que cayó a 50,5 puntos en agosto. No obstante, las compañías reportaron un repunte en los nuevos pedidos, algo que no ocurría desde mayo de 2024. En cuanto a precios, los servicios continúan siendo el principal foco de presión inflacionista. Los costes operativos repuntaron al ritmo más alto desde marzo, lo que se tradujo en un aumento de los precios cobrados, el más intenso en los últimos cuatro meses. El economista jefe del HCOB, Cyrus de la Rubia, calificó este crecimiento de "dolorosamente lento" y apuntó a factores que frenan la recuperación, como las tensiones políticas en Francia y España, la incertidumbre sobre el acuerdo comercial entre la UE y EE. UU. y las dificultades persistentes del sector automovilístico. En paralelo, se conocieron los datos del PMI de servicios en España: el indicador se mantuvo en zona expansiva en agosto, pero con menor fuerza, al descender hasta 53,2 puntos (1,9 menos que en julio). Según la entidad, el sector se benefició de un "entorno de demanda favorable" y de un "aumento en los nuevos pedidos". El empleo continuó creciendo por vigésimo noveno mes consecutivo gracias a la mayor carga de trabajo, aunque el ritmo de contrataciones se redujo de forma significativa en comparación con julio. Además, se detectaron problemas de capacidad y escasez de personal en las empresas. Para Jonas Feldhusen, economista junior del HCOB, "la economía del sector privado español sigue mostrando estabilidad" y, pese a la ralentización de los servicios, el país mantiene un desempeño sólido "sobre todo si se le compara con el resto de socios de la eurozona".

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(Expansión, 05-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La relación comercial entre España y los países que forman Mercosur puede dispararse con la retirada de los gravámenes prevista en el pacto

El reciente acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Mercosur abre un amplio abanico de oportunidades para la industria española, que figura entre las principales beneficiadas por la futura eliminación de las barreras comerciales que hasta ahora limitaban sus exportaciones hacia Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Actualmente, las redes de exportación ya están consolidadas: en el último ejercicio las empresas españolas vendieron bienes por un valor de 4.330 millones de euros a estos mercados. Una vez que el pacto entre en vigor, los aranceles comenzarán a desaparecer de manera progresiva durante un periodo de transición de diez años. Esta medida aportará un respiro a las compañías, que podrán mejorar su competitividad y aumentar sus cifras en sectores clave, especialmente en un momento en que el comercio con Estados Unidos se ve penalizado por la imposición de aranceles. El sector que concentra el grueso de las ventas españolas al bloque sudamericano aguarda con expectativas el levantamiento de obstáculos comerciales. Los 1.500 millones de euros que generan actualmente las exportaciones a los países de Mercosur tienen un amplio margen de crecimiento una vez que se eliminen los impuestos del 14% que pesan sobre sus productos. En el ámbito químico, Repsol aparece como uno de los actores mejor posicionados para capitalizar este nuevo escenario. Su filial Repsol Química produce derivados como benceno, estireno, polipropileno o zeolitas, con el sur de Europa y los países del Mercosur como mercados prioritarios, una relación que podrá fortalecerse gracias a la reducción de aranceles. Un caso similar es el de Moeve, la antigua Cepsa, cuya división química exporta ya a varios países del Mercosur y cuenta con una planta en Brasil, desde donde distribuye la mayor parte de su producción. En el terreno farmacéutico, la compañía Rovi es una de las que más puede ganar con la eliminación de aranceles. Aunque Europa sigue siendo su mercado central, ya comercializa algunos medicamentos en Sudamérica y planea ampliar su presencia en la región. La supresión de impuestos supondrá un impulso directo a sus resultados y podría animarla a reforzar sus operaciones en el área. La maquinaria industrial y los equipos eléctricos constituyen el segundo sector más relevante para las exportaciones españolas hacia Mercosur, con un valor de 930 millones de euros en 2024. En este caso, el beneficio del acuerdo es aún mayor, ya que actualmente este tipo de bienes soportan gravámenes del 20%. Dentro de este segmento destaca Ingeteam, especializada en el desarrollo y fabricación de equipos eléctricos como motores, generadores e inversores. La empresa cuenta con presencia en Uruguay, Paraguay y Brasil, donde incluso dispone de una planta, y en 2023 firmó en Brasil su mayor contrato hasta la fecha para un proyecto fotovoltaico de 455 MW junto al Grupo Cobra. DanobatGroup, perteneciente a la Corporación Mondragón, también parte de una posición sólida, al exportar máquinas-herramienta de alta precisión principalmente a Brasil, destino prioritario de unas ventas internacionales que representan el 90% de su producción. En el sector de los plásticos, gravado con un 18% de aranceles que se irán suprimiendo, Repsol vuelve a situarse entre las firmas mejor colocadas para ampliar su negocio, especialmente con productos químicos y materiales reciclados. El sector automovilístico será igualmente uno de los grandes ganadores de este pacto histórico, que llega en un contexto complejo, marcado por los aranceles impuestos por la Administración Trump que han lastrado al mercado europeo. España exportó en 2024 vehículos y componentes por 301 millones de euros a los países de Mercosur, una cifra con un alto potencial de crecimiento si desaparecen los actuales impuestos del 35%. La mejora de precios que traerá la liberalización se suma a la fortaleza de la industria española en la fabricación de coches pequeños de combustión y modelos híbridos, muy demandados en los países del bloque. Ese mismo año, las plantas españolas enviaron 1.911 vehículos a Mercosur, de los cuales 1.556 tuvieron como destino Brasil, según datos de Anfac. El panorama se amplía aún más si se incluye México, con el que la UE también modernizará su acuerdo de asociación. En 2024, España exportó más de 37.000 automóviles a México, y en el primer semestre de este año la cifra alcanzó las 15.000 unidades. Dentro de este mercado, Seat -integrada en el grupo Volkswagen- concentra la mayor parte del peso. Aunque no comercializa en Argentina, Brasil ni Paraguay, sí lo hace en Uruguay y Colombia. En México, uno de sus principales destinos internacionales, vendió 26.000 coches en 2024, incluidos más de 7.200 bajo su marca Cupra.

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(Expansión, 05-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La Justicia europea acota la responsabilidad de los bancos por los fraudes digitales a sus clientes

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha reconocido el derecho de los consumidores a recuperar las cantidades perdidas en fraudes digitales, como la clonación de tarjetas de crédito o el robo de credenciales bancarias. Sin embargo, advierte de que los afectados deben comunicar la incidencia a su entidad de forma inmediata. La resolución del TJUE supone un pronunciamiento clave tanto para los bancos como para los usuarios que sufran un robo derivado de un fraude online con sus medios de pago. En su fallo, la Corte de Luxemburgo delimita el alcance de la responsabilidad de las entidades financieras y proveedores de servicios de pago frente a las pérdidas ocasionadas a sus clientes por este tipo de delitos. El tribunal establece que los usuarios tienen la obligación de notificar "sin demora injustificada" cualquier operación no autorizada. Si el aviso no se produce de manera rápida, el cliente puede perder el derecho a recuperar su dinero, incluso dentro del plazo máximo de 13 meses que marca la normativa comunitaria. De esta forma, la Justicia europea limita la obligación automática de los bancos de devolver los importes sustraídos y reparte la carga de responsabilidad con los consumidores, que deberán actuar con diligencia y presentar una reclamación en cuanto detecten el fraude. La abogada especializada en Consumo, Vanesa Fernández, explica a Expansión que la sentencia "subraya la importancia de la diligencia del usuario", ya que introduce un doble requisito: no haber superado los 13 meses desde la operación fraudulenta y haber comunicado el hecho en el momento en que se detecta. El caso que ha dado origen a esta sentencia corresponde a un cliente francés al que, durante dos meses, se le realizaron retiradas fraudulentas diarias desde una cuenta de depósito en oro, sin haber recibido nunca la tarjeta asociada. Tras la negativa de la justicia francesa a devolverle el dinero por haber notificado tarde el fraude, la cuestión llegó al TJUE, que finalmente confirmó el rechazo de su reclamación. Los jueces europeos argumentan que los bancos pueden denegar la devolución cuando la notificación tardía se deba a "negligencia grave o conducta deliberada" del cliente, que impida a la entidad reaccionar a tiempo para frenar el fraude. No obstante, en casos de cargos sucesivos, la pérdida del derecho solo se aplicaría a aquellas operaciones que podrían haberse evitado con un aviso temprano. Aunque el fallo se apoya en una directiva anterior, sus conclusiones son aplicables a la normativa vigente, en un contexto en el que los delitos de suplantación de identidad y robo de datos bancarios están en máximos históricos. La sentencia también aclara que corresponde a la entidad financiera demostrar que el retraso en la comunicación se debió a negligencia o mala fe del usuario. Si no logra probarlo, deberá asumir las pérdidas. Con ello, el TJUE insiste en que el cliente debe vigilar sus cuentas y actuar con proactividad, ya que no puede desentenderse de la seguridad de sus operaciones. El criterio europeo complementa la doctrina fijada recientemente por el Tribunal Supremo en España, que en mayo obligó a las entidades a responder por los perjuicios derivados de fraudes o clonaciones de tarjetas. En aquel fallo, se instaba a los bancos a implementar sistemas de control automático que detecten patrones sospechosos -como el número de operaciones, su frecuencia, horarios o importes- y generen alertas para reforzar la seguridad. En definitiva, ambos pronunciamientos consolidan una visión de responsabilidad compartida: los bancos siguen obligados a devolver los fondos sustraídos, salvo que exista negligencia del usuario, mientras que los clientes deben avisar sin demora y actuar con cuidado. Todo ello en un escenario donde los fraudes digitales se perfilan como uno de los mayores retos legales y financieros de los próximos años.

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(El País, 04-09-2025) | Fiscal

Hacienda incluye la defensa y los efectos de la guerra arancelaria entre las prioridades de los Presupuestos de 2026

El Gobierno ha iniciado este miércoles el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2026 con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial que establece las directrices para los ministerios y define las prioridades del Ejecutivo. Desde ahora, cada departamento deberá enviar a Hacienda sus propuestas de ingresos y gastos, que servirán de base para el proyecto de cuentas del próximo ejercicio. El plazo es breve: hasta el 12 de septiembre los ministerios y organismos implicados podrán presentar sus peticiones. Tras dos ejercicios sin presentar proyecto propio -las cuentas actuales son las de 2023, prorrogadas-, el Gobierno quiere centrar los recursos en ámbitos como la defensa y el apoyo a sectores golpeados por la incertidumbre derivada de la guerra comercial global impulsada por Estados Unidos. Estos apartados no aparecían en la orden del año pasado, que finalmente quedó sin efecto. La vivienda también adquiere mayor protagonismo en el documento publicado ahora en el BOE, con más referencias que en 2024. En el área militar, Hacienda insiste en la necesidad de "modernizar las capacidades en defensa" y reforzar la industria y el empleo vinculados a la seguridad, con la meta de llevar el gasto hasta el 2% del PIB. En materia de comercio, se prevé un paquete de medidas para respaldar a las empresas exportadoras afectadas por los nuevos aranceles internacionales, especialmente en sectores más vulnerables. Respecto a la vivienda, los objetivos pasan por aumentar la oferta de alquiler asequible, ampliar el parque público y prevenir tensiones en el mercado. A estas prioridades se suman otras líneas de acción: culminar la ejecución de los fondos europeos, reforzar los servicios públicos esenciales para consolidar el Estado del bienestar, impulsar la innovación, la digitalización y la reindustrialización, promover la I+D+i, avanzar en sostenibilidad y transición ecológica, y garantizar la cohesión territorial, la igualdad de género y la protección a la infancia y la juventud. La orden ministerial supone el arranque oficial del ciclo presupuestario, aunque quedan pasos clave por completar. El calendario legal es exigente y el Ejecutivo ya acumula retrasos. A estas alturas deberían estar aprobados los objetivos de estabilidad y deuda pública, requisito indispensable para fijar el límite de gasto no financiero -conocido como techo de gasto-, además de contar con el cuadro macroeconómico que sustenta técnicamente las cuentas. Ninguno de estos hitos se ha cumplido todavía. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró el martes que la senda de estabilidad se remitirá al Congreso en breve. La Constitución exige que el proyecto de Presupuestos llegue al Congreso al menos tres meses antes de acabar el año, es decir, antes del 1 de octubre, para dar tiempo a su tramitación y entrada en vigor el 1 de enero. En la práctica, los gobiernos rara vez cumplen con esta fecha y suelen ajustar el calendario según la coyuntura política, como ocurre ahora. Sin embargo, el retraso actual reduce las posibilidades de que las nuevas cuentas estén listas a tiempo. Si no se consigue, España afrontaría la tercera prórroga de los Presupuestos de 2023, ya que el Ejecutivo renunció a presentar proyecto tanto en 2024 como en 2025. A la dificultad técnica se suma la política: el Gobierno debe conseguir una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar las cuentas, lo que no está garantizado. Las tensiones entre los socios de coalición y la necesidad de recabar apoyos externos hacen incierta la negociación presupuestaria. El propio presidente, Pedro Sánchez, adelantó en una entrevista esta semana que el Ejecutivo centrará sus esfuerzos en las cuentas de 2026 y descartó convocar elecciones si el proyecto no prospera en el Congreso. Montero, por su parte, subrayó tras el Consejo de Ministros que el Gobierno presentará el proyecto "con o sin apoyos", aunque recordó que la acción del Ejecutivo no se limita a la aprobación de unos Presupuestos y que, en caso de rechazo, se podría seguir prorrogando el marco actual.

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(El Economista, 04-09-2025) | Fiscal

Hacienda adeuda 19.500 millones a los contribuyentes en devoluciones de impuestos y litigios

El Ministerio de Hacienda ha reservado 19.500 millones de euros para devolver impuestos a los contribuyentes y atender los litigios perdidos. La partida supone un incremento del 10% respecto al año anterior, motivado sobre todo por las devoluciones pendientes a los pensionistas que cotizaron en su día a las antiguas mutualidades laborales, según recoge la Cuenta General de la Administración del Estado de 2024. En 2023, Hacienda destinó 1.700 millones a este concepto. Ahora, ha ampliado la provisión en 3.555 millones para reintegrar a los jubilados el IRPF abonado de forma indebida. El Congreso de los Diputados aprobó en julio la ley que obliga a devolver en un único pago durante este año lo correspondiente tanto a la Renta de 2024 como a los ejercicios anteriores no prescritos. El mayor volumen de devoluciones, no obstante, procede de las autoliquidaciones presentadas por particulares y empresas que, a 31 de diciembre, aún no habían recibido resolución. Para este fin se han apartado 11.716 millones de euros, un 4% más que en 2023. A ello se suma la devolución a las empresas por la sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2024, que anuló el Real Decreto-ley de 2016 impulsado por Cristóbal Montoro para endurecer el Impuesto de Sociedades. Hacienda deberá reintegrar en este caso 800 millones de euros, una cifra menor que la prevista en 2023, cuando se reservaron 1.200 millones para compensar pérdidas no aplicadas o deducciones por doble imposición. De forma paralela, se mantiene una dotación de 59 millones para los activos fiscales diferidos, y se eleva un 45%, hasta 1.621 millones, el fondo para cubrir devoluciones derivadas de reclamaciones en los tribunales económico-administrativos, lo que refleja el aumento de la litigiosidad reciente. También se conserva intacta la provisión de 1.480 millones de euros destinada a las operadoras de telefonía móvil por la devolución del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). El Tribunal Supremo declaró en 2022 que este tributo contravenía la normativa europea de telecomunicaciones, al tener un carácter meramente recaudatorio, ser discriminatorio y limitar la competencia en el sector. Por último, el Ministerio ha reservado 197 millones para cubrir reclamaciones relacionadas con el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) u otros conflictos contables, y añade por primera vez una partida de 53 millones para hacer frente a las responsabilidades derivadas del recurso de casación presentado por la Comunidad de Madrid en relación con las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica de 2019.

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(El País, 04-09-2025) | Laboral

El desplome laboral de la educación no reglada: las academias despiden a un 38% de sus trabajadores en verano

Cuando se habla de estacionalidad en el empleo, lo habitual es pensar en la agricultura o el turismo: sectores de largas jornadas, bajos salarios y poca cualificación. La situación contrasta con la educación, donde las jornadas son más cortas, los sueldos están por encima de la media y la mayoría de empleados tienen estudios superiores. Aun así, la enseñanza comparte con el campo y la hostelería una gran volatilidad en el empleo a lo largo del año. Entre abril y agosto, el sector educativo perdió 254.154 trabajadores, un 19% del total, según los últimos datos de la Seguridad Social. El mayor impacto se da en la educación privada no reglada -academias, escuelas de música o idiomas-, que concentró cuatro de cada diez bajas, lo que supuso 149.500 empleos menos en ese periodo. Por tipo de centro, la caída más fuerte, tanto en cifras absolutas como relativas, se da en la enseñanza no reglada. La educación privada también sufre una reducción importante: 25.549 empleos menos, un 20%. La enseñanza pública pierde 72.757 afiliados (-11%) y los centros concertados restan 6.348 (-4,4%). Estos descensos son similares a los de años anteriores y provocan el malestar de los sindicatos, que denuncian especialmente la precariedad en la educación no reglada, agravada desde que los exámenes de recuperación se adelantaron de septiembre a junio. Si se analiza el peso de cada tipo de centro, la contracción resulta aún más llamativa: aunque en abril los centros no reglados representaban el 30% de los afiliados del sector educativo, ellos solos concentran el 59% de la pérdida de empleos hasta agosto. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, reconoció este lunes que, aunque los datos generales son positivos, aún hay aspectos mejorables en el ámbito educativo. Destacó, no obstante, que la mayoría de estos trabajadores son ahora fijos discontinuos gracias a la reforma laboral, lo que les permite reincorporarse tras el parón estival. Los registros muestran que, de los 393.540 empleados en la enseñanza no reglada en abril, un 54% eran indefinidos a tiempo completo y un 35% fijos discontinuos. Es este último grupo el que prácticamente desaparece en verano: pierde el 89% de los puestos, mientras que los indefinidos apenas retroceden un 3%. El uso del contrato fijo discontinuo en la enseñanza no reglada no se replica con la misma intensidad en el resto de centros educativos, donde la jurisprudencia limita su aplicación. Así, es posible aplicarlo al personal de comedor, pero no a docentes. Según los datos, solo el 14% de los trabajadores de colegios privados son fijos discontinuos, frente al 0,4% en los públicos y el 0,1% en los concertados. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, advirtió de que la Inspección de Trabajo vigila de cerca estas prácticas: "Es inaceptable que realidades similares en educación se atiendan con contratos distintos". Añadió que en julio se convirtieron 722 contratos en indefinidos al no estar justificada su temporalidad, y recalcó que la reforma laboral eliminó el contrato por obra y servicio, garantizando que, con contrato fijo ordinario o discontinuo, los trabajadores vuelvan a su puesto con el inicio del curso. Pese a la caída estival, el número de empleados en educación se recupera tras las vacaciones y, además, muestra un crecimiento sostenido: desde 2019, los ocupados en el sector han aumentado un 34%, más del doble que el conjunto del empleo (14%). Aun así, los sindicatos denuncian que, aunque el fijo discontinuo ofrece mayor estabilidad que la contratación temporal anterior, no compensa la pérdida de ingresos durante los meses sin actividad. Por otra parte, los responsables de Trabajo y Seguridad Social señalaron otro foco de precariedad: la elevada bolsa de interinos en la enseñanza pública. Entre abril y agosto, el número de interinos pasó de 167.495 a 123.149, un descenso del 26%, lo que explica buena parte de la caída del empleo en este ámbito. Suárez subrayó que se trata de un problema que corresponde a las administraciones autonómicas resolver, una idea en la que también insistió Pérez Rey.

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(Expansión, 04-09-2025) | Laboral

UGT considera “prematura” la votación para la reducción de jornada laboral en el Congreso

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, se reunió con Carles Puigdemont en Waterloo el pasado diciembre, justo antes de que sindicatos y Gobierno presentaran el acuerdo para reducir la jornada laboral. En aquel encuentro pidió al líder de Junts que respaldara la medida, una petición que volvió a reiterar este miércoles en rueda de prensa. Sin embargo, entonces no obtuvo respuesta y ahora tampoco, aunque la diferencia es que los plazos se estrechan. "Llegar de vacaciones y encontrarnos con que en menos de una semana esto pasa al Pleno y se vota, no me parece oportuno. La fecha es prematura", criticó Álvarez. El anuncio de que el proyecto estrella del Ministerio de Trabajo tendrá su primer examen en el Congreso la próxima semana, con la votación de las enmiendas, no convence a UGT. Más aún porque la inclusión en el orden del día se decidió gracias a los votos de PP, Vox y UPN, que se impusieron en la Junta de Portavoces, pese a que PSOE y Sumar pedían retrasar el debate. Álvarez reconoció que los sindicatos no se dan por vencidos, aunque admitió que "no es un asunto sencillo". Aun así, mostró cierto optimismo: "Creo que esta batalla la vamos a ganar. No sé si en la votación del próximo miércoles, espero que sí", dijo, dejando claro que el resultado aún es incierto. Desde Junts señalan que mantienen su enmienda a la totalidad y que la votación del 10 de septiembre se ha fijado por un "error" del Gobierno, que permitió a la derecha forzar el calendario. "Junts sigue en la misma posición", remarcan fuentes del partido de Puigdemont, que reprochan que la propuesta solo cuente con el aval de los sindicatos y no de las patronales. Pese a ello, Álvarez aseguró ver margen para el entendimiento: "Estoy convencido de que de aquí al miércoles habrá muchas reuniones". También pidió a Junts que no castigue a los trabajadores "golpeando al Gobierno", recordando que varias encuestas reflejan un amplio apoyo en Cataluña a la reducción de la jornada. Además, instó a PP y Vox a reconsiderar sus enmiendas a la totalidad. Ante la posibilidad de que la reforma fracase en el Congreso, el líder sindical reclamó al Ejecutivo que registre de nuevo el proyecto y consideró razonable que el registro horario digital, junto con el aumento de sanciones por incumplimiento, se tramite por separado, ya que no necesita convalidación parlamentaria. Desde el Ministerio de Trabajo insisten en que esta obligación se aprobará en cualquier caso, independientemente de lo que ocurra con el recorte de jornada.

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(El Economista, 04-09-2025) | Laboral

España sigue siendo un país de camareros, peones y limpiadores

El viejo cliché de que España es un "país de camareros" tiene respaldo en los datos. Según el último informe del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), esta fue la profesión con más contrataciones en 2024, igual que en años anteriores, representando el 10,2% de los 15,4 millones de contratos firmados. Tras ella se sitúan los peones de la industria manufacturera (6,8%), los peones agrícolas (6,6%), el personal de limpieza (5,7%), los vendedores (5,2%) y los peones de logística y mozos de almacén (2,3%). Sin embargo, los empleos más contratados no coinciden con los más buscados por los parados. Entre quienes están en desempleo, el perfil más solicitado es el de limpiador o limpiadora (10,5% de las demandas), seguido de dependiente de comercio (8,9%), personal administrativo (7,15%), peones industriales (4,92%) y, en quinto lugar, los camareros (3,53%). La diferencia entre oferta y demanda tiene explicación. El estudio del SEPE revela que el perfil medio del parado es el de una mujer (59,5% del total) mayor de 55 años (33,1% del desempleo), mientras que el trabajador más contratado suele ser un hombre (53,1% de los contratos) de entre 25 y 34 años (26,9%). Tanto la lista de ocupaciones más contratadas como la de las más demandadas tienen un rasgo común: son empleos de baja cualificación y bajo valor añadido, lo que contrasta con el discurso oficial que insiste en impulsar sectores de alto nivel tecnológico o innovador. Su peso, de hecho, sigue siendo mínimo en el mercado laboral. El nivel educativo también marca diferencias: el 76% de los parados no ha superado la educación obligatoria, mientras que entre los contratados esa proporción baja al 53%. Esto confirma que la formación ayuda a encontrar empleo, aunque no es decisiva debido a los bajos requisitos que exigen muchas de las vacantes. La Síntesis Anual del Perfil de Usuarios del SEPE, un informe que el Ministerio de Trabajo comenzó a publicar en 2022, recopila de forma estructurada la evolución de los parados y demandantes, así como de los contratos gestionados por los servicios públicos de empleo. Pero los datos muestran que esa intermediación tiene poco peso real: en julio, de 1,9 millones de colocaciones, solo el 43% correspondía a personas registradas como demandantes de empleo, y apenas un 2,3% se produjo gracias a ofertas gestionadas directamente por las oficinas públicas. En 2024, las 20 profesiones con más contratos sumaron 8,85 millones, el 57,4% del total, aunque las seis primeras concentraron 5,56 millones (37%). Lidera el ranking la hostelería, con 1,58 millones de contratos de camareros, un oficio que, curiosamente, es el único de esta lista con más contratos indefinidos que temporales (52,03%), aunque la mayoría son a tiempo parcial o fijos discontinuos. Además, un 31,7% de estos acuerdos fueron eventuales de menos de una semana, lo que explica su enorme peso en el volumen de contrataciones: pese a la reforma laboral y al aumento de la indefinición, el empleo sigue dependiendo de sectores con gran rotación y elevada demanda de nuevos contratos. En cuanto a los empleos más solicitados por los parados, el patrón es similar. Las 20 ocupaciones más buscadas representaron el 53,3% de los demandantes (1,36 millones), aunque seis de ellas concentran casi un millón de solicitudes. El género y la edad son claves: mientras el 93% de quienes piden un empleo de limpieza son mujeres, su presencia en trabajos de la construcción es marginal (2,7% en peones y apenas 0,6% en albañiles).

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(El Economista, 04-09-2025) | Laboral

Los jóvenes que ni trabajan ni buscan un empleo crecen más de un 10% desde 2021

En España hay algo más de 17 millones de personas que no trabajan ni buscan empleo de manera activa. Forman parte de la llamada población inactiva, un colectivo que en los últimos años ha crecido principalmente por el aumento de las jubilaciones. Sin embargo, los datos del INE reflejan también un repunte entre los jóvenes: en este grupo, los inactivos han aumentado más de un 10% en los últimos cuatro años. Según los registros del segundo trimestre del año, casi 3,5 millones de jóvenes de entre 16 y 30 años se encuentran fuera del mercado laboral por distintos motivos. La mayoría son menores de 20, que prolongan sus estudios y, por ello, figuran como inactivos. En conjunto, representan el 45% de la población joven, frente a poco más de 4 millones considerados activos (de los cuales 3,3 millones tienen un empleo). La formación académica es la razón principal de esta inactividad: más del 83% de los jóvenes asegura no trabajar ni buscar trabajo porque está estudiando. Entre abril y junio se contabilizaron 283.900 jóvenes más que en 2021 en esta situación, justo al inicio de la etapa posterior a la pandemia. Este repunte se concentra sobre todo en los menores de 20 años, que sumaron 180.000 nuevos casos en este periodo. Este fenómeno, no obstante, no se limita a los menores de 30. El número de personas de todas las edades que se declaran inactivas por dedicar tiempo completo a la formación ha crecido un 12% en cuatro años y un 42% en la última década. Esto se relaciona con las crecientes exigencias de las empresas en competencias y cualificación, que han impulsado el auge del reskilling (aprender nuevas capacidades) y el upskilling (mejorar o ampliar las existentes). Más allá de los estudios, la EPA muestra otro dato llamativo: el número de jóvenes que no buscan trabajo porque cuidan a menores, dependientes o mayores ha subido un 55%. Actualmente hay cerca de 90.000 jóvenes en esta situación, frente a los 56.000 de 2021. Por el contrario, ha caído con fuerza el grupo de jóvenes afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE/ERTE). En 2021, aún bajo el impacto de la crisis del coronavirus, había 23.800 en esta circunstancia; en el segundo trimestre de 2025 apenas superaban los 3.000. El resto de motivos de inactividad tienen un peso menor. Unos 143.000 jóvenes se incluyen en la categoría de "otros motivos"; algo más de 120.000 no pueden participar en el mercado laboral por enfermedad o discapacidad reconocida; y menos de 18.000 explican su situación por no haber encontrado un empleo adecuado, incluso por debajo de las cifras de hace cuatro años. En resumen, la evolución de la inactividad juvenil en este periodo ha sido significativa, con un incremento de dos dígitos comparable únicamente al registrado por los nuevos jubilados. El grupo de 65 a 69 años ha crecido un 10,8% en este tiempo, triplicando la media del resto de franjas de edad debido a la jubilación progresiva de la generación del baby boom.

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(La Vanguardia, 04-09-2025) | Laboral

Se buscan jóvenes para el relevo laboral de los "boomers"

El progresivo envejecimiento de la población en España tendrá un fuerte impacto en el mercado laboral. Ya hoy se percibe la falta de profesionales en numerosos oficios -electricistas, fontaneros, carpinteros, albañiles, agricultores, ganaderos, trabajadores industriales, docentes, médicos o, como se ha evidenciado este verano, agentes forestales-, pero dentro de una o dos décadas, cuando la mayor parte de la población activa se jubile, la escasez de mano de obra será aún más grave y podría poner en riesgo la viabilidad de muchas empresas. "Estamos ante un auténtico incendio demográfico", advierte la investigadora Mónica Moso, autora del último informe del Observatorio de la Formación Profesional de CaixaBank Dualiza y Orkestra Instituto Vasco de Competitividad. Y puntualiza: "No es un fenómeno inesperado, hemos visto cómo se iba gestando y extendiendo". En términos demográficos, la carencia de jóvenes se ha duplicado en los últimos diez años. Hoy, el grupo de personas mayores de 50 años supera en 3,5 millones al de los menores de 30, lo que anticipa un déficit notable en el relevo generacional. Aunque es normal que los jóvenes retrasen su incorporación al mercado laboral por motivos formativos o para esquivar la precariedad, la brecha es cada vez más profunda y afecta a todos los sectores y niveles educativos. La Formación Profesional (FP) es uno de los ámbitos más sensibles, ya que la falta de técnicos es un problema presente que se agravará en el futuro. Esta situación se repite en toda España, pero se intensifica en las comunidades del noroeste, como Asturias, Galicia y Castilla y León, donde al envejecimiento se suma la despoblación y la falta de atractivo de oficios vinculados al territorio -pesca, agricultura, ganadería o gestión forestal-. El informe calcula que, en estas zonas, solo habrá un joven para reemplazar a cada cuatro trabajadores que se jubilen. Además, la llegada de población migrante, que en otras regiones ayuda a mitigar el problema, es mucho menor. En números absolutos, el mayor déficit de mano de obra se registrará en las comunidades más industrializadas y con más oferta laboral: Andalucía (551.721 personas menos para el relevo generacional), Madrid (473.396), Catalunya (454.896) y la Comunidad Valenciana (365.543). Otro de los problemas es la orientación de las preferencias formativas. Los jóvenes muestran mayor interés por sectores como ocio, cultura y hostelería, donde no existe brecha generacional, mientras que rehúyen ámbitos como la industria, la construcción o la administración, donde apenas hay un joven por cada tres trabajadores veteranos. Solo en oficios industriales, artesanales y de construcción faltan cerca de medio millón de personas jóvenes. A ello se suman más de 400.000 en cuidados, comercio, restauración o seguridad. En 2024, los déficits más graves se concentraban en la administración pública (más de 500.000 vacantes), la industria (474.000) y el comercio y reparación de vehículos (367.000). El informe también subraya que el envejecimiento generará nuevas oportunidades de empleo en sectores ligados a la FP, especialmente en el ámbito de los cuidados. Para Moso, España se enfrenta a un reto estructural: faltan jóvenes, muchos emigran, y los que permanecen en el país a menudo están inactivos o sin la formación adecuada. Al mismo tiempo, ciclos de grado medio en áreas como industria, agricultura o construcción acumulan una gran demanda de profesionales. "La FP dual es clave porque conecta directamente con las empresas", señala. La investigadora concluye con una advertencia: "Una sociedad envejecida es más vulnerable, menos innovadora, menos creativa y más dependiente". La clave, sostiene, está en la formación, tanto para aprovechar el talento disponible como para fijar población joven, en especial en las zonas rurales.

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