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(La Vanguardia, 24-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las reservas en Semana Santa crecen un 50% al ser España un país refugio

El turismo en España se encamina nuevamente hacia cifras récord este año. Aunque siempre es complicado hacer previsiones exactas, los datos disponibles indican que la Semana Santa, uno de los momentos clave del calendario vacacional, podría alcanzar niveles de ocupación muy elevados. Según la plataforma de viajes Destinia, las reservas han aumentado un 50% respecto al mismo periodo del año pasado. En el caso de los visitantes internacionales, el crecimiento ha sido del 29%, impulsado en gran parte por las reservas de última hora. Desde la compañía destacan que España sigue siendo percibida como un destino seguro, lo que favorece la llegada de turistas extranjeros. En la misma línea, desde la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) señalan que este fenómeno ya se ha producido en otras ocasiones, ya que el país actúa como un destino refugio en contextos de incertidumbre internacional. Además, apuntan que las reservas anticipadas han crecido entre un 5% y un 10%, y confían en que unas buenas condiciones meteorológicas impulsen aún más las contrataciones de última hora, tanto nacionales como internacionales. La imagen de España como lugar seguro también está atrayendo a mercados emisores importantes, especialmente europeos. De hecho, estimaciones de BBVA Research indican que entre el 30% y el 36% del aumento de las pernoctaciones de turistas extranjeros se debe a tensiones geopolíticas en países competidores, especialmente en zonas del Mediterráneo como Egipto o Turquía. En ciudades como Barcelona, los datos también reflejan una evolución positiva. Las reservas han crecido cerca de un 20% y, aunque el precio medio ha descendido ligeramente, la duración de las estancias está aumentando. Desde la plataforma SiteMinder señalan que, pese a la incertidumbre en el sector, los hoteles afrontan una Semana Santa con buenas perspectivas. También destacan que los viajeros están reservando con menos antelación, adaptando sus planes de forma más flexible. Sin embargo, no todo son buenas noticias. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha expresado su preocupación por el encarecimiento de los combustibles y por los problemas en infraestructuras clave, como el transporte ferroviario de alta velocidad, que están generando dudas a la hora de organizar viajes, sobre todo en el mercado interno. Desde el sector hotelero advierten de que, si estas incidencias se prolongan, podrían tener un impacto relevante en un momento crucial para la actividad turística. En algunas zonas, especialmente en Andalucía, donde los problemas ferroviarios están siendo más acusados, ya se observan descensos de la demanda de entre el 15% y el 30%, con pérdidas económicas que podrían superar los 300 millones de euros. A pesar de ello, el interés por destinos como Sevilla o Málaga sigue siendo elevado, con importantes incrementos en las búsquedas de viajes, lo que sugiere que la demanda potencial continúa siendo fuerte.

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(La Razón, 24-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Más de 4.700 "golden visa" a extranjeros por la compra de vivienda

La vivienda lleva tiempo situándose entre las mayores inquietudes de la ciudadanía en España. En diciembre de 2024 alcanzó el primer puesto en el barómetro del CIS, cuando un 22,3% la señalaba como su principal problema, y desde entonces no ha dejado de crecer su importancia. En marzo de este año, esa cifra ya se elevaba al 43,5%, consolidándose claramente como la preocupación dominante. Durante años, además, el mercado inmobiliario español ha servido como vía de entrada para inversores extranjeros con alto poder adquisitivo, que encontraban en la compra de vivienda una forma sencilla de obtener permiso de residencia. Se trata de los conocidos como visados de oro o "golden visa". Según datos obtenidos a través del Portal de Transparencia, desde la puesta en marcha de este programa en 2013, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, hasta su eliminación en abril de 2025 por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se concedieron un total de 7.995 visados de este tipo. Es la primera vez que se hacen públicas estas cifras. De ese total, la gran mayoría -7.686 permisos, es decir, más del 96%- se otorgaron a personas que realizaron inversiones inmobiliarias superiores a 500.000 euros. Solo 309 correspondieron a otras modalidades de inversión, como aportaciones de capital. Este sistema se creó tras la crisis financiera de 2008 con el objetivo de atraer inversión extranjera procedente de fuera de la Unión Europea. Para acceder al permiso de residencia, se ofrecían distintas opciones: invertir más de un millón de euros en empresas o depósitos bancarios, adquirir deuda pública por al menos dos millones o comprar inmuebles por un valor mínimo de 500.000 euros. Sin embargo, esta última fórmula fue con diferencia la más utilizada. La supresión de este mecanismo fue impulsada por el Gobierno de Sánchez tras la presión de sus socios de izquierda, especialmente Sumar y Podemos. Aunque el anuncio se realizó en abril de 2024, la eliminación no se hizo efectiva hasta un año después, en abril de 2025. Pese a su desaparición, el debate sobre las golden visa ha vuelto a cobrar protagonismo recientemente, tanto por la crisis de vivienda como por la polémica en torno a la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno. El Partido Popular ha criticado esta regularización, mientras que desde el Ejecutivo se ha recordado que fue el Gobierno de Rajoy quien creó estos visados. No obstante, los datos muestran que ha sido durante el mandato de Sánchez cuando más permisos de este tipo se han concedido, tanto en cifras absolutas como en promedio anual.

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(Cinco Días, 23-03-2026) | Fiscal

El Gobierno bajará al 10% el IVA de gasolina, gasóleo, luz y gas

El Gobierno ha dado luz verde este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario convocado para abordar las primeras consecuencias de la guerra en Oriente Próximo, a un conjunto de medidas fiscales que afectan a los carburantes, la electricidad y el gas. Entre las principales decisiones destaca la bajada del IVA de los combustibles del 21% al 10%, junto con la reducción del impuesto especial sobre hidrocarburos, la rebaja del IVA de la luz y el gas y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, según fuentes cercanas al plan que deberá ser aprobado en el Congreso. Más allá de la fiscalidad, el paquete incluye la prohibición de despedir por motivos económicos a los trabajadores en aquellas empresas que reciban ayudas públicas durante esta crisis. También contempla el control de los márgenes empresariales y una congelación de los alquileres, aunque esta última medida se aprobará mediante un decreto independiente ante la previsión de dificultades para sacarla adelante en el Parlamento. Con estas iniciativas, el Ejecutivo pretende reducir el coste de la gasolina, el diésel y el consumo energético en los hogares, además de proteger el empleo en un contexto de fuerte tensión en los mercados. La reducción del IVA de los carburantes busca trasladarse directamente al precio final que pagan los consumidores al repostar, ya que este impuesto se aplica sobre el importe total, que incluye tanto la base imponible como el impuesto especial. A falta de concretar los detalles, la medida debería abaratar el precio de la gasolina y el gasóleo. Esta decisión se complementa con un recorte en el impuesto de hidrocarburos, que afecta a una amplia gama de productos utilizados como combustible o para calefacción, como gasolinas, gasóleos, querosenos, fuelóleos, gas natural, gases licuados del petróleo y biocarburantes, entre otros. En el ámbito energético, el plan también prevé reducir el IVA de la electricidad y el gas del 21% al 10%, además de rebajar el impuesto especial sobre la electricidad. A ello se suma la suspensión del impuesto sobre la producción eléctrica, con el objetivo de disminuir los costes del sistema y evitar que se trasladen a la factura de los consumidores. El impuesto eléctrico grava el consumo con un tipo del 5% y lo abonan los usuarios a través de la factura, aunque son las compañías las encargadas de ingresarlo en Hacienda. Por su parte, el impuesto sobre la producción eléctrica, del 7%, recae sobre las empresas generadoras y se calcula en función de sus ingresos por la energía producida. En el plano laboral, se incorpora una medida impulsada por Sumar que impide a las empresas beneficiarias de ayudas públicas despedir trabajadores en este contexto. Además, se adelantará la aplicación de los planes de movilidad sostenible, que fomentan el transporte colectivo de empleados para reducir el gasto en combustible. El paquete también incluye la prórroga de incentivos fiscales para la rehabilitación de viviendas y la compra de vehículos eléctricos. En total, se articula en dos decretos: uno principal, que reúne las medidas fiscales, laborales y de control de márgenes, junto con cambios estructurales en el sector energético; y otro centrado en vivienda, que contempla, entre otras cuestiones, la extensión de contratos de alquiler próximos a vencer. Con este conjunto de medidas, el Ejecutivo busca mitigar el impacto de la crisis energética derivada del conflicto internacional, contener la inflación y proteger tanto a familias como a empresas en un entorno de incertidumbre creciente. En las últimas semanas, el encarecimiento del petróleo ha elevado el precio medio de la gasolina hasta 1,709 euros por litro y el del diésel hasta 1,837 euros en España. El presidente, Pedro Sánchez, ha presentado un paquete menos amplio que el aprobado al inicio de la guerra en Ucrania. Esto responde, por un lado, a que el impacto económico actual se considera menor y se opta por medidas más ajustadas al margen fiscal disponible. Por otro, la fragilidad parlamentaria del Gobierno y las dificultades recientes en el Congreso han llevado a diseñar una propuesta más moderada para facilitar su aprobación.

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(El País, 23-03-2026) | Fiscal

El Ejecutivo ha concentrado en dos reales decretos 80 medidas para contener los efectos económicos de la guerra en Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes, tras un Consejo de Ministros extraordinario, un conjunto de medidas destinadas a mitigar el impacto económico derivado de la ofensiva militar que desde hace un mes llevan a cabo Estados Unidos e Israel contra Irán. Con el objetivo de asegurar la aprobación de iniciativas orientadas a frenar el aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto en Oriente Medio, el Ejecutivo ha optado por agruparlas en un único real decreto que incluye diversas actuaciones fiscales. Las medidas relacionadas con la vivienda se tramitarán por separado en otro decreto, después de que Sumar presionara para incorporar una prórroga de los alquileres. En total, ambos textos reúnen 80 iniciativas y movilizarán 5.000 millones de euros. La mayoría estarán vigentes hasta el 30 de junio, aunque su duración podría ampliarse en función de la evolución del conflicto. Entre las decisiones adoptadas figura la reducción de impuestos sobre la electricidad para abaratar la factura energética de hogares y empresas. El IVA pasa del 21% al 10%, y el impuesto especial sobre la electricidad se rebaja hasta el 0,5%. También se suspende de forma temporal el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, que grava con un 7% a las compañías generadoras. Aunque no lo abonan directamente los consumidores, suele repercutir en el precio final, por lo que se busca reducir el coste de generación. En cuanto a los combustibles, el IVA del diésel y la gasolina se reduce igualmente al 10%, con la intención de compensar el encarecimiento registrado desde el inicio de la guerra. Esta rebaja se aplica también al gas natural, los pellets y la leña, combustibles habituales en numerosos hogares, especialmente en entornos rurales. Se establece además una ayuda directa de 20 céntimos por litro de carburante destinada a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, sectores especialmente afectados por el aumento del gasóleo. A estas medidas se suma una rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea, con el fin de contener aún más los precios. El Gobierno también fija un límite al precio de la bombona de butano, que no podrá superar los 16,35 euros, y establece un tope aproximado para el propano cercano a los 12 euros. En el ámbito social, se refuerza el bono eléctrico hasta diciembre de 2026, manteniendo descuentos del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para los más afectados. Además, se prohíbe cortar suministros básicos en estos hogares. Las industrias con un alto consumo eléctrico recibirán una bonificación del 80% en determinados costes, lo que permitirá reducir significativamente sus gastos y mejorar su competitividad internacional. También se introducen medidas para flexibilizar los contratos energéticos de empresas y autónomos, facilitando su modificación según las necesidades. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contará con mayores competencias para supervisar el cumplimiento de estas medidas y sancionar posibles abusos. El plan incluye además incentivos fiscales en el IRPF para fomentar la instalación de energías renovables, como placas solares o sistemas de climatización eficientes. En el ámbito laboral, no se activan por ahora mecanismos amplios como los ERTE, aunque sí se incorporan dos medidas específicas. Por un lado, se prohíbe el despido por causas relacionadas con la crisis energética en empresas que reciban ayudas públicas. Por otro, se adelanta la obligación de implantar planes de movilidad sostenible en empresas de cierto tamaño, fijando como fecha límite el 5 de diciembre de 2026. Asimismo, se plantea limitar los márgenes empresariales para evitar subidas injustificadas de precios en el contexto de la crisis. Por último, en un decreto independiente centrado en la vivienda, se aprueba la congelación durante dos años de los alquileres que finalicen en 2026. En estos casos, al renovar el contrato, el precio deberá mantenerse sin incrementos más allá de la actualización anual vinculada al IPC.

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(El Economista, 23-03-2026) | Fiscal

El Supremo rechaza que las nuevas empresas tributen solo al 15% si pertenecen a un grupo

El Tribunal Supremo ha establecido que las empresas de reciente creación no pueden beneficiarse del tipo reducido del 15% en el Impuesto sobre Sociedades si forman parte de un grupo empresarial, aunque desarrollen una actividad diferente. En una sentencia fechada el 9 de marzo, con ponencia de la magistrada María Dolores Rivera Frade, el alto tribunal explica que este incentivo fiscal se diseñó para fomentar la creación de compañías verdaderamente independientes. Por ello, busca evitar que los grupos empresariales dividan sus actividades -sean iguales o distintas- mediante la constitución de nuevas sociedades con el objetivo de tributar a un tipo más bajo. La normativa permite que las nuevas empresas que desarrollen una actividad económica apliquen un gravamen del 15% durante sus dos primeros años con beneficios. No obstante, establece varias exclusiones: cuando una persona o entidad vinculada ya realizaba esa actividad con anterioridad, cuando un particular la ejercía previamente y después pasa a controlar más del 50% de la nueva sociedad, o cuando la empresa está integrada en un grupo. En el caso analizado, la Agencia Tributaria negó este beneficio a una compañía que alegaba que la restricción solo debía aplicarse si la empresa matriz desarrollaba la misma actividad. En concreto, la sociedad afectada se dedicaba a la gestión de espacios comerciales y de ocio, mientras que la empresa que poseía el 70% de su capital operaba en el sector inmobiliario. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había dado la razón a la empresa, al considerar que ambas actividades eran distintas. Sin embargo, el Tribunal Supremo corrige este criterio y señala que la ley es clara al excluir a todas las sociedades integradas en un grupo, sin tener en cuenta si su actividad coincide o no con la de la empresa dominante. Según el fallo, el legislador quiso dejar expresamente fuera de este incentivo a las entidades que formen parte de un grupo, independientemente del tipo de actividad que desarrollen. Además, el tribunal subraya que el objetivo de la norma es evitar que la creación de nuevas sociedades se utilice como una vía para aprovechar un beneficio fiscal pensado para empresas que realmente inician una actividad sin continuidad con otras ya existentes vinculadas. Por último, recuerda que, a diferencia de la Ley de apoyo a los emprendedores de 2013 -que sí contempla incentivos fiscales específicos para fomentar la creación de empresas y reducir el desempleo juvenil-, la Ley del Impuesto sobre Sociedades no detalla en su exposición de motivos este tipo de ventajas, aunque fue en este marco donde se introdujo el tipo reducido del 15%.

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(El Economista, 23-03-2026) | Laboral

Los sindicatos exigen pactar las alzas salariales como seguro ante la crisis

La situación en Oriente Medio ha reintroducido la incertidumbre económica y, como consecuencia, también afecta al mercado laboral, que este año afronta la negociación de salarios sin una referencia clara. Ante este escenario, los sindicatos reclaman a la patronal CEOE que retome el diálogo para renovar el acuerdo marco que serviría de base a un posible pacto de rentas si el conflicto deriva en una crisis de precios a medio plazo. Desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, defendió recientemente que el contexto actual refuerza la necesidad de impulsar subidas salariales en los convenios, en línea con lo que plantean para el nuevo acuerdo. En una posición similar se expresó el líder de UGT, Pepe Álvarez, quien recordó que ya han solicitado formalmente a la CEOE iniciar estas negociaciones, sin haber obtenido respuesta por ahora. El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) es un marco en el que sindicatos y empresarios fijan orientaciones básicas para los convenios durante un periodo de tres años. El último expiró en 2025, por lo que aún está pendiente definir las pautas que guiarán las negociaciones del próximo ciclo. Aunque este acuerdo aborda distintos aspectos, la cuestión salarial suele ser la más relevante, ya que permite acercar posiciones entre trabajadores y empresas y reducir conflictos laborales. Un eventual pacto de rentas iría más allá, al implicar también al Gobierno y buscar un reparto equilibrado del impacto económico mediante límites tanto a los salarios como a los márgenes empresariales. La experiencia reciente tras la invasión rusa de Ucrania sugiere que alcanzar este tipo de acuerdos en un entorno inflacionario elevado resulta complicado. El último AENC se cerró en 2023 tras un año de negociaciones, y no incluyó subidas retroactivas para 2022, pese a que fue una de las principales demandas sindicales en un momento de fuerte encarecimiento de los precios. Tampoco prosperó entonces un pacto de rentas, pese a los intentos del Ejecutivo. Los sindicatos defendían introducir cláusulas de revisión salarial ligadas al IPC, mientras que los empresarios planteaban incluir también ajustes en sueldos públicos y pensiones, que ya habían sido actualizados sin mecanismos de corrección. Por ahora, la inflación no ha alcanzado niveles como los de 2022, algo que el Gobierno ha subrayado en varias ocasiones. Sin embargo, las tensiones internacionales ya están influyendo en el coste de los combustibles, especialmente el diésel, lo que previsiblemente se reflejará en los datos de precios de marzo y abril. Aun así, el Ejecutivo destaca que la afiliación a la Seguridad Social mantiene un comportamiento estable, lo que indica que, por el momento, la contratación no se ha visto afectada. El empleo ha mostrado una evolución positiva en los últimos años, incluso en 2025, cuando se anticipaba cierta desaceleración. La llegada de trabajadores extranjeros ha sido clave para cubrir vacantes en distintos sectores y sostener la actividad. No obstante, en los primeros meses del año, las organizaciones empresariales han empezado a detectar señales de menor dinamismo en la contratación, que podrían intensificarse si el conflicto se prolonga. En enero y febrero apenas se han registrado 28 convenios colectivos, algunos de ellos firmados antes de finalizar 2025, con una subida salarial media del 3,22%. Este incremento es superior al de acuerdos anteriores aún vigentes, que se sitúan en torno al 2,91%. Sin embargo, estas negociaciones se están llevando a cabo con gran incertidumbre, basándose en previsiones de inflación que podrían verse alteradas por la evolución del conflicto. En cualquier caso, estas subidas quedan lejos de las demandas sindicales para el nuevo AENC. CCOO y UGT proponen incrementos del 4% anual, lo que supondría un 12% en tres años, además de aumentos adicionales para los salarios más bajos, que podrían elevar el total hasta un 21%. Por su parte, las organizaciones empresariales consideran excesivas estas propuestas y, por el momento, rechazan iniciar las conversaciones.

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(El Economista, 23-03-2026) | Laboral

Función Pública baraja aprobar las 35 horas en la Administración central este viernes

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública mantiene hoy un nuevo encuentro con los sindicatos (UGT, CCOO, CSIF, ELA y CIG) para cerrar los últimos aspectos relacionados con la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE). El objetivo es que esta medida quede aprobada antes de que termine marzo. Según ha trascendido, el departamento que dirige Óscar López tiene marcado en su agenda este viernes como fecha clave, ya que el 27 de marzo podría producirse su aprobación definitiva en la Mesa General de la AGE. Las reuniones previstas para este lunes y el miércoles servirán para concretar quiénes podrán acogerse a esta reducción y en qué condiciones se aplicará dentro de la Administración central. De acuerdo con la información disponible, algunos colectivos quedarán excluidos de esta jornada de 35 horas, como las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el personal docente y sanitario de Melilla. En este último caso, será necesaria una normativa específica para aplicar la medida, lo que retrasará su entrada en vigor. Por otro lado, los sindicatos han logrado que los trabajadores de Instituciones Penitenciarias sí puedan beneficiarse de esta reducción. Una vez que la propuesta supere la Comisión Permanente, será la Mesa General de la Administración General del Estado la encargada de darle el visto bueno definitivo. Posteriormente, los distintos ministerios y organismos públicos -como el SEPE, Tráfico, Justicia, la Agencia Tributaria, Instituciones Penitenciarias o las entidades de la Seguridad Social- deberán negociar cómo adaptar sus actuales jornadas de 37,5 horas semanales al nuevo límite de 35. La recuperación de esta jornada está contemplada en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI (2022-2024), firmado por CCOO y UGT junto al Gobierno, entonces representado por la ministra de Función Pública, María Jesús Montero, actualmente vicepresidenta primera y titular de Hacienda. Más de un año después de la finalización de ese acuerdo, el Ejecutivo aún tiene pendientes algunos compromisos, como esta reducción de jornada, la recuperación de la jubilación parcial de los funcionarios o la reclasificación profesional. No obstante, la implantación de las 35 horas era uno de los objetivos más sencillos de materializar, y el propio ministerio había previsto que entrara en vigor entre febrero y marzo. En paralelo, numerosos ayuntamientos ya llevan tiempo aplicando esta jornada reducida. Ciudades como Sevilla, Madrid, Santa Cruz de Tenerife o Cáceres funcionan desde hace años con semanas laborales de 35 horas. En Barcelona, por ejemplo, se alcanzó en diciembre un preacuerdo para reducir la jornada de 37,5 a 35 horas dentro del convenio municipal, con vigencia entre 2025 y 2028. Este acuerdo se aplicará al personal con horarios ordinarios, mientras que quienes tengan turnos especiales recibirán compensaciones económicas por las horas extra. En algunos municipios existen excepciones similares a las que ahora se plantean en la Administración central. En Sevilla, por ejemplo, la jornada general de 35 horas está en vigor desde 2017 -siempre que se cumplan los objetivos presupuestarios-, aunque determinados colectivos, como la Policía Local o los bomberos, mantienen jornadas de 37,5 horas debido a la naturaleza de su trabajo.

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(La Vanguardia, 23-03-2026) | Laboral

Más teletrabajo y menos viajes: las recomendaciones de la AIE para reducir la demanda de petróleo por la guerra en Irán

Ampliar el teletrabajo, reducir de forma notable los viajes de negocios en avión o incluso hacer gratuito el transporte público para desincentivar el uso del coche particular. Estas son algunas de las diez propuestas que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha planteado para recortar de manera urgente el consumo de petróleo en plena crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo. El organismo, que coordina la respuesta de 32 grandes economías, propone así un conjunto de actuaciones dirigidas tanto a gobiernos como a empresas y ciudadanos ante una interrupción del suministro que se está prolongando más de lo esperado tras el cierre del estrecho de Ormuz. Entre las primeras medidas, la AIE recomienda fomentar el trabajo a distancia siempre que sea posible, con el fin de reducir los desplazamientos diarios. También propone disminuir los límites de velocidad en autopistas en al menos 10 kilómetros por hora, una decisión que, según sus cálculos, permitiría reducir de forma significativa el consumo de combustible tanto en vehículos particulares como en el transporte de mercancías. El organismo insiste además en impulsar el uso del transporte público frente al coche privado, incluso mediante incentivos como su gratuidad, y sugiere limitar la circulación en las grandes ciudades. A esto se suma la promoción del coche compartido, una conducción más eficiente y mejoras en la logística del transporte de mercancías y reparto para reducir el uso de diésel. En el ámbito aéreo, la AIE plantea recortar los vuelos cuando existan alternativas, especialmente en los desplazamientos profesionales, donde considera que hay mayor margen de reducción. También pone el foco en el gas licuado de petróleo (GLP), cuyo suministro se ha visto afectado, proponiendo priorizar su uso para necesidades esenciales como la cocina y fomentar alternativas domésticas como las cocinas eléctricas. Por su parte, la industria podría contribuir sustituyendo determinadas materias primas -por ejemplo, empleando nafta en lugar de GLP en algunos procesos- e introduciendo mejoras de eficiencia y mantenimiento para disminuir el consumo energético a corto plazo. Estas acciones, centradas principalmente en limitar el uso del vehículo privado, permitirían ahorrar hasta seis millones de barriles diarios, una cantidad importante aunque insuficiente para compensar completamente la caída del suministro. La AIE advierte de que el conflicto ha provocado la mayor interrupción en la historia del mercado petrolero, debido a la paralización casi total del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. Antes de la crisis, por esta vía transitaban diariamente unos 15 millones de barriles de crudo y otros cinco millones de productos derivados, lo que representaba cerca del 20% del consumo mundial. Actualmente, esos flujos se han reducido drásticamente. A pesar de la liberación masiva de reservas estratégicas por parte de los países miembros de la AIE, el organismo considera imprescindible actuar también sobre la demanda, especialmente en un contexto en el que el precio del petróleo ha llegado a alcanzar los 119 dólares por barril. La institución estima que estas medidas podrían recortar entre cuatro y seis millones de barriles diarios, una cifra relevante pero que no cubriría por completo el déficit generado. El objetivo, por tanto, no es resolver la crisis, sino aliviar su impacto y ganar tiempo, reduciendo la presión sobre consumidores y economías. En el fondo, el problema sigue teniendo un origen geopolítico. Según el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, la clave para estabilizar el mercado pasa por la reapertura del estrecho de Ormuz. Mientras tanto, la estrategia combina el uso de reservas para sostener la oferta y la reducción del consumo para contener la demanda, en un contexto de gran incertidumbre. Birol advierte de que, si no se alcanza una solución rápida, las consecuencias económicas y energéticas seguirán agravándose.

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(Expansión, 23-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La guerra costará 8.000 millones del PIB a la economía española

Los analistas prevén que el crecimiento económico se reduzca entre 0,2 y 0,5 puntos porcentuales, hasta quedar en torno al 2,2%, mientras que la mayoría de empresarios y directivos anticipa un incremento de entre medio punto y un punto en otras variables como la inflación. El consenso de especialistas da por hecho que, incluso en el escenario más favorable -con una resolución rápida del conflicto en Irán-, las economías mundiales sufrirán las consecuencias del encarecimiento de la energía y los combustibles, lo que impulsará al alza la inflación. Así lo refleja el informe de PwC, que reúne la opinión de expertos, empresarios y directivos, quienes estiman que la guerra podría prolongarse alrededor de dos meses y restar entre 0,2 y 0,5 puntos al crecimiento de la economía española este año. En términos económicos, esto supone una pérdida de entre 3.200 y 8.000 millones de euros. En concreto, el 55% de los expertos considera que el PIB disminuirá su ritmo de crecimiento en ese rango de entre 0,2 y 0,5 puntos. Un 22% se muestra más optimista y cree que la caída será inferior a 0,2 puntos. Por el contrario, un 17% prevé un impacto mayor, con una reducción de entre 0,5 y 1 punto porcentual, lo que situaría el crecimiento en una horquilla de entre el 1,7% y el 1,2%. Antes del inicio del conflicto, las previsiones eran más favorables: una parte significativa de los directivos estimaba que el PIB crecería entre el 2% y el 2,2%, mientras que otro grupo importante lo situaba entre el 2,2% y el 2,4%. Incluso un 14% confiaba en superar ese último nivel. En promedio, las estimaciones apuntaban a un crecimiento del 2,24% en 2026, en línea con otras previsiones cercanas al 2,2%. Este recorte en las expectativas se explica principalmente por la presión al alza de los precios. El encarecimiento del petróleo, el gas y otras materias primas está impulsando la inflación, y algunos expertos ya contemplan el riesgo de estanflación, un escenario caracterizado por bajo crecimiento y precios elevados. En cuanto a la evolución de los precios, el 43% de los encuestados cree que la inflación aumentará entre 0,5 y 1 punto porcentual respecto a lo previsto anteriormente. Un 28% estima que el incremento será menor de 0,5 puntos, mientras que un 26% considera que superará el punto porcentual. Estas diferencias reflejan una mayor disparidad de opiniones que en el caso del crecimiento económico, aunque existe consenso en que la situación no seguirá igual que antes de la guerra. Respecto a la duración del conflicto, la mayoría de los expertos sitúa su desarrollo entre tres semanas y dos meses, lo que prolongaría la incertidumbre en los mercados energéticos hasta finales de abril. Sin embargo, un 43% cree que podría alargarse más allá de ese periodo, acercándose al verano. En ese caso, advierten, el impacto sobre la economía mundial sería mucho más severo y obligaría a los gobiernos a aplicar medidas de apoyo fiscal de gran envergadura, con el consiguiente aumento del déficit. Otro factor clave será la respuesta de los bancos centrales en materia de tipos de interés. Actualmente, la facilidad de depósito del Banco Central Europeo se sitúa en el 2,5%. Antes del conflicto, la mayoría de los expertos esperaba que bajara hasta un rango de entre el 1,5% y el 2% a finales de año. Sin embargo, tras el estallido de la guerra, el 50% considera que los tipos se mantendrán entre el 2% y el 2,5%. Un 19% prevé incluso subidas, situándolos entre el 2,5% y el 3%, mientras que un 16% cree que podrían descender hasta entre el 1,5% y el 2%. En conjunto, predomina una visión de impacto económico moderado, aunque la elevada incertidumbre sobre la duración del conflicto genera una gran dispersión en las previsiones de crecimiento, inflación y tipos de interés.

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(Expansión, 23-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El decreto de prórroga de alquileres forzado por Sumar lleva visos de decaer en un mes

El Gobierno de coalición integrado por PSOE y Sumar vivió el viernes una fuerte crisis interna cuando el socio minoritario se negó a participar en el Consejo de Ministros hasta lograr que se incorporaran medidas sobre vivienda dentro del plan para hacer frente al impacto económico de la guerra en Irán. Esta negativa provocó un retraso de más de dos horas en el inicio de la reunión, prevista para las 09:30, y terminó con la aprobación de un segundo real decreto centrado en la congelación de los alquileres, aunque con pocas probabilidades de ser convalidado por el Parlamento, lo que implicaría su caída en el plazo de un mes. Por un lado, el Ejecutivo aprobó el paquete principal de 80 medidas, con una dotación de 5.000 millones de euros para responder a la crisis en Oriente Próximo. Este plan se someterá a votación la próxima semana mediante un trámite urgente y, en principio, cuenta con opciones de salir adelante. De hecho, tanto el Partido Popular como Junts -que junto a Vox han rechazado anteriormente otros decretos del Gobierno- mostraron disposición a apoyarlo al considerar que incluye rebajas fiscales similares a las que venían defendiendo. El segundo decreto contempla la ampliación automática durante dos años de los contratos de alquiler que finalicen en 2026 y 2027, además de fijar un límite del 2% a las subidas anuales de las rentas. El propio presidente, Pedro Sánchez, restó relevancia al conflicto interno, aunque admitió que esta segunda norma no cuenta, por ahora, con los apoyos necesarios para ser aprobada en el Congreso. Aunque entrará en vigor tras su publicación en el BOE, previsiblemente perderá efecto en un mes si no logra la convalidación parlamentaria. Por el momento, el Partido Popular ya ha anunciado su rechazo frontal, calificando la situación como un "chantaje" por parte de Sumar, mientras que otras formaciones como Junts y el PNV no han fijado aún una posición clara. La reacción del ámbito empresarial también ha sido muy crítica. Las organizaciones CEOE y Cepyme expresaron su oposición a estas medidas, al considerar que imponen restricciones injustificadas sobre el mercado del alquiler, afectan al derecho a la propiedad privada y generan inseguridad jurídica. Según las patronales, este tipo de intervenciones, incluidas dentro de un paquete extraordinario ligado a la crisis energética, desincentivan la oferta de vivienda, frenan la inversión y pueden agravar las dificultades de acceso en lugar de resolverlas. Además, atribuyen la aprobación del decreto a una presión política dentro del propio Gobierno. Desde Sumar, sin embargo, defendieron la medida. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que su prioridad era proteger a la ciudadanía frente al principal problema actual, la vivienda, y destacó que se negoció hasta el último momento para lograrlo. Según sus estimaciones, la iniciativa beneficiará a unos 2,7 millones de personas. Por su parte, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, calificó el decreto como muy positivo y afirmó que el Gobierno sale reforzado tras este episodio.

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