Noticias

(Expansión, 17-06-2026) | Laboral

CEOE reclama que la Seguridad Social asuma el coste de los primeros 15 días de baja

La dificultad para encontrar trabajadores, especialmente aquellos con formación y cualificación específicas, se ha convertido en una de las principales preocupaciones del tejido empresarial español. Junto al creciente absentismo laboral, este desajuste entre las necesidades de las empresas y la disponibilidad de profesionales figura entre los desafíos más relevantes para la competitividad de la economía. Las organizaciones empresariales insisten en que ambos fenómenos requieren una respuesta coordinada que implique tanto a los agentes sociales como a las administraciones públicas. Pese a que España continúa registrando más de 2,4 millones de personas desempleadas, la falta de candidatos adecuados para determinados puestos sigue aumentando. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que el mercado laboral contabilizó 159.785 vacantes al cierre del primer trimestre de 2026, lo que supone 6.900 más que un año antes y el volumen más elevado desde que comenzó la serie estadística en 2013. La mayor parte de estos puestos sin cubrir se concentra en el sector servicios, que acumula 138.379 vacantes, equivalentes a casi el 87% del total. El resto se reparte entre la industria, con 12.261 puestos disponibles, y la construcción, que registra 9.145. Territorialmente, el problema tiene una especial incidencia en Cataluña, la Comunidad de Madrid y Andalucía, las tres regiones con mayor peso económico del país. Las empresas atribuyen esta situación a diversos factores que convergen simultáneamente. Entre ellos destacan el envejecimiento de la población activa, la insuficiencia del relevo generacional y la transformación de las expectativas laborales de los trabajadores más jóvenes. Además, numerosos expertos consideran que las cifras oficiales podrían estar infravalorando la verdadera dimensión del problema, ya que las estadísticas únicamente reflejan las vacantes existentes en un momento concreto. Diversas organizaciones empresariales y compañías especializadas en recursos humanos estiman que el número real de puestos sin cubrir podría situarse entre los 200.000 y los 250.000. En muchos casos, las necesidades de contratación terminan resolviéndose mediante la incorporación de profesionales que no reúnen plenamente los requisitos inicialmente demandados. Algunos sectores presentan una situación especialmente delicada. En la construcción, la escasez de mano de obra cualificada y los obstáculos administrativos están generando retrasos en numerosos proyectos. La Confederación Nacional de la Construcción calcula que serían necesarios alrededor de 700.000 trabajadores adicionales para ejecutar todas las actuaciones comprometidas actualmente. Por su parte, el sector hostelero afronta dificultades similares. Hostelería de España ha impulsado recientemente una plataforma digital de empleo con la intención de facilitar la cobertura de unas 50.000 vacantes durante la campaña de verano. A esta problemática se añade el incremento continuado del absentismo laboral. La CEOE volvió a alertar este jueves de que se trata de una cuestión que afecta de forma estructural a la economía española y que está erosionando la productividad empresarial. Según los cálculos de la patronal, el coste asociado a las ausencias laborales se ha multiplicado por tres durante la última década y alcanzó los 33.000 millones de euros en 2025. De esa cantidad, más de 17.000 millones fueron asumidos directamente por las empresas. La magnitud de este fenómeno ha llevado a la organización empresarial a solicitar cambios en el sistema de cobertura de las bajas temporales. En concreto, reclama que la Seguridad Social asuma desde el primer momento el pago de las prestaciones y cotizaciones correspondientes a los trabajadores en situación de incapacidad temporal durante los primeros quince días de ausencia, una carga que actualmente recae sobre las compañías. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advirtió de que el absentismo constituye uno de los mayores costes que soporta el sistema productivo, únicamente superado por el gasto destinado al pago de las pensiones. A su juicio, esta situación perjudica tanto la competitividad empresarial como el funcionamiento general del mercado laboral. Junto a la falta de trabajadores y al absentismo, las empresas también afrontan una presión creciente derivada del aumento de los costes laborales. Según los datos del INE, el coste medio por trabajador y mes, incluyendo salarios y cotizaciones sociales, alcanzó los 3.278 euros durante el primer trimestre del año, un 4,9% más que en el mismo periodo de 2025 y el nivel más elevado registrado para un primer trimestre desde el inicio de la serie histórica. Del total, 2.403,8 euros correspondieron a salarios y remuneraciones directas, mientras que los 874,2 euros restantes se destinaron a otros costes laborales, principalmente cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. Ambos componentes experimentaron incrementos cercanos al 5% respecto al año anterior. Además, el coste por hora efectivamente trabajada registró un crecimiento aún más intenso, con un avance interanual del 5,4%, reflejando el encarecimiento progresivo de la mano de obra para las empresas españolas.

LEER MÁS

(El Economista, 17-06-2026) | Laboral

La patronal anima a las empresas a hacer controles médicos a trabajadores de baja para evitar fraudes

La CEOE ha intensificado la búsqueda de medidas para contener el aumento de las bajas por incapacidad temporal, que suponen un impacto económico superior a los 17.000 millones de euros para las empresas. Ante la falta de avances concretos en la mesa de negociación con la Seguridad Social, las organizaciones empresariales están explorando distintas herramientas previstas en la normativa laboral, entre ellas la posibilidad de realizar reconocimientos médicos a trabajadores en situación de baja para verificar su incapacidad para desempeñar su puesto. Durante una jornada celebrada este martes centrada en el absentismo laboral -término con el que la patronal engloba el incremento de las bajas por contingencias comunes-, varios representantes empresariales defendieron un mayor uso de los mecanismos de control ya recogidos en la legislación vigente. El presidente de la patronal de la construcción CNC, Pedro Fernández Alén, subrayó que el artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores ampara a las empresas para verificar el estado de salud de sus empleados cuando alegan una incapacidad para acudir al trabajo. Este precepto permite que las compañías puedan someter a los trabajadores a reconocimientos médicos para comprobar su situación, y establece además que la negativa a someterse a dichos controles puede conllevar la suspensión de los complementos salariales asociados a la baja, habituales en muchos convenios colectivos. Según Fernández Alén, el contexto actual exige "perder complejos" y utilizar todas las herramientas disponibles para mejorar la productividad. El Tribunal Supremo ya se pronunció en 2021 sobre esta cuestión, avalando la posibilidad de que las empresas realicen estos controles, siempre que el resultado se limite a indicar si el trabajador está o no en condiciones de desempeñar su actividad, sin detallar diagnósticos ni información médica sensible, con el fin de preservar la intimidad y la dignidad del empleado. Esta vía se contempla como un posible instrumento para detectar posibles casos de fraude en las bajas laborales. En la misma línea, el presidente de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), Manuel Piquer, defendió el uso de este mecanismo como una herramienta clave para el control del absentismo, señalando que aunque no es una práctica generalizada, ya hay grandes empresas que recurren a servicios médicos externos para realizar este tipo de evaluaciones. A su juicio, en determinados supuestos incluso podría justificarse la eliminación de los complementos salariales asociados a la incapacidad temporal. Desde la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), su portavoz, Laly Escudero, insistió en la necesidad de mejorar la información disponible sobre las causas de las bajas laborales. En las negociaciones con el Gobierno se ha planteado que los partes médicos especifiquen las limitaciones funcionales del trabajador, especialmente en los casos en los que una misma persona desempeña más de un empleo, de forma que la incapacidad no se extienda automáticamente a todas sus actividades laborales. Escudero añadió que también se está abordando la reducción de los complementos por incapacidad temporal en el marco de la negociación colectiva, ya que muchos convenios, firmados hace décadas, establecen el abono del 100% del salario desde el primer día de baja hasta el decimoquinto. En esta línea, el presidente de Confemetal, José Miguel Guerrero, apuntó que en distintos convenios provinciales ya se han introducido ajustes para reducir estos pagos en los primeros días de ausencia o en casos de reincidencia. En conjunto, las organizaciones empresariales coinciden en que el incremento de las bajas laborales requiere una revisión del marco actual, tanto en lo relativo al control médico como a la estructura de los complementos salariales, con el objetivo de contener el impacto económico sobre las empresas y mejorar la eficiencia del sistema.

LEER MÁS

(El Economista, 17-06-2026) | Laboral

El salario medio avanza un 4,9% en el primer trimestre y se sitúa en 2.403 euros

El coste laboral en España registró un incremento del 4,9% durante el primer trimestre del año, el mayor avance interanual desde finales de 2023. Este aumento sitúa el coste medio por trabajador en 3.278,01 euros mensuales, el nivel más elevado para un inicio de ejercicio desde que el Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó la serie en el año 2000. La tendencia alcista, que se prolonga ya durante cinco años consecutivos, también se refleja en el componente salarial, que incluye todas las remuneraciones en metálico y en especie. En este caso, el coste salarial creció igualmente un 4,9% hasta alcanzar los 2.403,80 euros brutos por empleado y mes, lo que supone también un máximo histórico para un primer trimestre en más de dos décadas. Tanto el coste laboral como el salarial han acelerado su ritmo de crecimiento respecto al trimestre anterior, con avances superiores en más de un punto porcentual, lo que confirma una reactivación de las presiones salariales tras la etapa de moderación posterior a la pandemia. Este comportamiento se ve influido, en parte, por la subida del salario mínimo interprofesional. En términos generales, ambos indicadores evolucionan por encima de la inflación media del primer trimestre, situada en el 2,6%, aunque las previsiones apuntan a que el conjunto del año podría cerrar con una inflación superior al 3,5%, lo que será determinante para evaluar la evolución real del poder adquisitivo. El comportamiento del coste laboral varía notablemente según los sectores de actividad. Los mayores incrementos interanuales se registran en el suministro de energía, con un alza del 15,1% hasta los 9.043,7 euros mensuales por trabajador, y en educación, donde el aumento es del 10,8% hasta los 3.130,99 euros. En el extremo opuesto, el único descenso se produce en el suministro de agua, con una caída del 0,9% hasta los 3.499,52 euros. Entre los sectores con aumentos más moderados destacan la hostelería, que registra un incremento del 1,4% hasta los 1.883 euros mensuales -el nivel más bajo del conjunto de actividades-, y las actividades artísticas, con un avance del 2,3% hasta los 2.127,8 euros. Por comunidades autónomas, los salarios experimentan incrementos en todas las regiones, aunque destacan especialmente el País Vasco, con una subida del 8,7%, Cantabria con un 8,4%, y Madrid y Castilla y León, ambas con un aumento del 5,8%. La Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE refleja también un aumento del 4,8% en los llamados otros costes laborales, hasta situarse en 874,21 euros por trabajador y mes. Dentro de este apartado, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que constituyen su principal componente, crecen un 4,5%. En este trimestre, el incremento salarial ha superado al de los costes no salariales, en contraste con lo ocurrido a finales de 2025. El coste laboral por hora efectiva trabajada sube un 5,4%, hasta los 24,88 euros, mientras que el coste por hora pagada aumenta un 4,8%, alcanzando los 21,62 euros. La estadística incorpora además el dato de vacantes de empleo, que ascienden a 159.785 entre enero y marzo, lo que supone 6.900 más que en el mismo periodo del año anterior y el registro más elevado desde 2013. Se considera vacante el puesto de trabajo creado recientemente, no cubierto o próximo a quedar libre, para el que la empresa realiza gestiones activas de contratación. Según el INE, la gran mayoría de las empresas (91,6%) declara no disponer de vacantes porque no necesita más personal, mientras que un 4,8% señala el elevado coste de contratación como el principal motivo para no ampliar plantilla.

LEER MÁS

(El País, 17-06-2026) | Laboral

Los sindicatos inician movilizaciones en la Seguridad Social este miércoles en demanda de más personal y mejoras laborales

Los sindicatos CC OO, UGT, CSIF y CIG han decidido elevar la presión sobre el Gobierno y han convocado una serie de movilizaciones entre los trabajadores de la Seguridad Social para reclamar refuerzos de plantilla y mejoras laborales. Las protestas arrancarán este miércoles y podrían prolongarse en el tiempo si, según advierten las organizaciones sindicales, no se producen avances en las reivindicaciones planteadas. Las primeras concentraciones tendrán lugar entre las 11:00 y las 11:30 horas frente a las direcciones provinciales de la Seguridad Social en ciudades como A Coruña, Valencia, Logroño, Sevilla, Zaragoza, Murcia, Bilbao, Girona, Albacete, Oviedo, Santander, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. También habrá movilizaciones en los servicios centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Madrid. Los representantes de los trabajadores justifican esta convocatoria por lo que consideran un incumplimiento reiterado de los compromisos adquiridos por la Administración en los últimos años. Según denuncian, la falta de soluciones está agravando los problemas estructurales que arrastra el organismo y comprometiendo la calidad de la atención prestada a los ciudadanos. Entre las principales preocupaciones figura el déficit de personal. De acuerdo con los datos aportados por CSIF, alrededor de un tercio de los puestos de trabajo de la Seguridad Social permanece sin cubrir, lo que equivale a unas 10.000 vacantes. Esta situación se ve agravada por el envejecimiento de las plantillas, ya que aproximadamente la mitad de los trabajadores alcanzará la edad de jubilación en los próximos cinco años. Los sindicatos alertan de que la falta de efectivos está teniendo un impacto directo en el funcionamiento diario del organismo. Entre los ejemplos que citan se encuentran los retrasos para conseguir una cita presencial, que en algunas provincias pueden superar el mes y medio de espera, o la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, cuyos expedientes pueden tardar cerca de un año en resolverse. Asimismo, advierten de que determinadas oficinas cuentan con plantillas tan reducidas que resulta imposible atender adecuadamente a los ciudadanos. Además de las demandas relacionadas con el empleo, las organizaciones sindicales reclaman mejoras en las condiciones laborales del personal. Una de sus exigencias es la actualización del complemento de productividad, cuya revisión continúa pendiente en la Seguridad Social, al igual que ocurre en otros ámbitos de la Administración General del Estado. También reclaman avances en el desarrollo de la carrera profesional y en los mecanismos de movilidad interna, cuestiones recogidas en acuerdos anteriores que, según denuncian, todavía no se han materializado. Por su parte, UGT añade a estas reivindicaciones la necesidad de aplicar de forma efectiva la nueva regulación de jornada y horarios aprobada para los empleados públicos de la Administración General del Estado. Esta normativa establece una jornada semanal de 35 horas, una medida que, según el sindicato, aún no se está implementando plenamente en la Seguridad Social. Las organizaciones convocantes han dejado claro que las movilizaciones no se limitarán a esta primera jornada de protesta. Su intención es mantener la presión sobre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hasta que se adopten medidas concretas para reforzar las plantillas, mejorar las condiciones laborales y garantizar la sostenibilidad futura de uno de los organismos clave del Estado del bienestar.

LEER MÁS

(El Confidencial, 17-06-2026) | Laboral

Los abogados temen que el Gobierno recorte la pasarela al RETA salida del Congreso

La futura pasarela que permitirá a los mutualistas trasladar sus aportaciones a la Seguridad Social para mejorar su pensión ha superado un importante trámite parlamentario, pero todavía genera incertidumbre entre los colectivos afectados debido a que aspectos clave de su aplicación quedan pendientes del desarrollo reglamentario que deberá aprobar el Gobierno. La proposición de ley aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 11 de junio incorpora cambios relevantes respecto al planteamiento inicial del Ejecutivo gracias a una enmienda impulsada por el Partido Popular. Entre las principales novedades destaca la eliminación de las restricciones que impedían acogerse a la pasarela a los mutualistas ya jubilados y a quienes acumulan más de 15 años de cotización en la Seguridad Social. Además, el texto aprobado elimina la referencia expresa al coeficiente de conversión del 0,77 que figuraba en versiones anteriores y deja la definición de este parámetro en manos del futuro reglamento. Este aspecto es especialmente sensible porque el coeficiente determinará cuántos años o qué volumen de cotización se reconocerá a quienes decidan incorporarse al sistema público. Las asociaciones de mutualistas valoran positivamente los cambios introducidos durante la tramitación parlamentaria, ya que consideran que amplían considerablemente el alcance de la medida. Sin embargo, también muestran preocupación porque la ley delega en el Gobierno la regulación de cuestiones fundamentales para determinar quién podrá acogerse finalmente al sistema y en qué condiciones. Una de las principales inquietudes radica en que la norma no establece ningún plazo concreto para aprobar el reglamento de desarrollo. Esto implica que, aunque la ley entre en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la pasarela no podrá aplicarse de forma efectiva hasta que se apruebe esa regulación complementaria. Desde las organizaciones representativas de abogados y procuradores se teme que el Ejecutivo pueda introducir criterios técnicos o financieros que reduzcan el alcance práctico de la reforma. Entre las dudas planteadas figura la posibilidad de que se establezcan fórmulas de cálculo menos favorables para los mutualistas o que se limiten los periodos computables para determinar las futuras prestaciones. El origen de esta preocupación se encuentra en la posición mantenida previamente por el Gobierno durante la tramitación parlamentaria. El Ejecutivo vetó inicialmente varias propuestas que ampliaban el acceso a la pasarela argumentando su elevado coste para las cuentas públicas. Según sus estimaciones, permitir el acceso a mutualistas con más de 15 años cotizados en la Seguridad Social supondría incorporar a unos 47.000 nuevos beneficiarios y tendría un impacto económico superior a los 5.200 millones de euros. Las asociaciones profesionales sostienen, por el contrario, que la medida no debe interpretarse como un privilegio para determinados colectivos, sino como una solución destinada a corregir situaciones en las que las prestaciones obtenidas a través de las mutualidades resultan insuficientes para garantizar una protección adecuada durante la jubilación. El texto legal aprobado presenta una redacción amplia al referirse a los profesionales colegiados que estén o hayan estado integrados en una mutualidad alternativa, lo que, según la interpretación de los representantes de los mutualistas, permitiría incluir a colectivos que inicialmente habían quedado excluidos. No obstante, la falta de concreción sobre aspectos esenciales mantiene abierto el debate. La tramitación parlamentaria aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por el Senado antes de regresar al Congreso para su aprobación definitiva. Durante esta fase, las asociaciones intentarán reforzar las garantías legales para evitar que el futuro reglamento limite el alcance de una reforma que consideran fundamental para mejorar las pensiones de miles de profesionales adscritos históricamente a mutualidades alternativas.

LEER MÁS

(Cinco Días, 17-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El crudo pierde los 80 dólares por barril, pero le costará caer por debajo de los 70

El petróleo ha experimentado una fuerte corrección a la baja durante la última semana tras el acercamiento entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Próximo y garantizar nuevamente la libre circulación por el estrecho de Ormuz. Después de alcanzar niveles cercanos a los 95 dólares por barril, la cotización llegó a situarse por debajo de los 80 dólares, reflejando el alivio de los mercados ante la perspectiva de una desescalada. No obstante, tanto las compañías del sector como numerosos analistas consideran prematuro hablar de una vuelta a la normalidad. Aunque el acuerdo ha reducido la tensión inmediata, persisten importantes factores de incertidumbre que dificultan un regreso rápido a los precios previos al estallido de la guerra, cuando el barril cotizaba por debajo de los 70 dólares. Uno de los principales obstáculos es la desconfianza de las navieras respecto a la seguridad de la ruta marítima. Jotaro Tamura, consejero delegado de Mitsui OSK Lines, explicó al Financial Times que muchas compañías evitarán utilizar el estrecho de Ormuz hasta disponer de garantías sólidas sobre la estabilidad del acuerdo. Esta cautela podría prolongarse incluso después de la firma prevista del memorando entre Washington y Teherán, ya que continúan abiertas cuestiones especialmente delicadas. Entre ellas destaca el futuro del programa nuclear iraní. Estados Unidos exige limitaciones significativas, mientras que las autoridades iraníes defienden su continuidad. Se trata de un asunto clave para la Administración estadounidense, que necesita presentar avances tangibles ante su electorado. Esta circunstancia podría endurecer las negociaciones en las próximas semanas. Otro punto de fricción es la posibilidad de que Irán cobre tasas a los buques que atraviesen Ormuz como contraprestación por garantizar la seguridad de la navegación. Washington, por el contrario, considera que la reapertura del corredor marítimo debe producirse sin restricciones ni costes adicionales para los operadores internacionales. Tampoco puede descartarse la influencia de Israel en el proceso. El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha mostrado su malestar por los términos del entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán, lo que introduce un nuevo elemento de incertidumbre en unas negociaciones que todavía están lejos de concluir. A estas dificultades diplomáticas se suma el impacto que la guerra ha tenido sobre la producción petrolera de la región. Según datos de la OPEP, la extracción de crudo en Oriente Próximo se ha reducido en más de diez millones de barriles diarios debido tanto a problemas logísticos como a los daños sufridos por diversas infraestructuras energéticas. Mientras que las interrupciones derivadas de la falta de transporte podrían resolverse relativamente rápido, la reconstrucción de instalaciones dañadas requerirá mucho más tiempo. En algunos casos, las reparaciones podrían prolongarse durante varios años antes de que la capacidad productiva vuelva a los niveles anteriores al conflicto. Parte del petróleo que ha llegado recientemente al mercado procedía de reservas almacenadas en puertos y terminales del Golfo Pérsico, así como de cargamentos retenidos en buques que permanecían a la espera de poder cruzar Ormuz. Sin embargo, una vez liberadas estas existencias acumuladas, el ritmo de suministro dependerá nuevamente de la capacidad real de producción y transporte, que continúa siendo limitada. Por este motivo, grandes entidades financieras y firmas especializadas como JPMorgan, Goldman Sachs, HSBC o Commodity Context consideran que el petróleo podría mantenerse durante varios meses en una franja de entre 80 y 90 dólares por barril antes de acercarse de nuevo a los niveles previos a la guerra. En la misma línea, Standard & Poor's señala que la recuperación del tráfico marítimo y de los flujos energéticos a través de Ormuz será gradual incluso después de un acuerdo preliminar. La agencia advierte además de que seguirán existiendo dificultades operativas y un elevado grado de incertidumbre hasta que se alcance un pacto definitivo entre las partes. Según los analistas, el debate ya no gira tanto en torno a si el estrecho volverá a abrirse, sino a las condiciones en las que se producirá esa reapertura. Aunque los riesgos geopolíticos han disminuido de forma notable en los últimos días, el mercado seguirá incorporando una prima de incertidumbre que mantendrá cierta presión sobre los precios energéticos durante los próximos meses.

LEER MÁS

(Expansión, 17-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMC arremete contra el poder de veto del Comité de Inversiones Estratégicas

Desde su creación, el denominado Comité de Inversiones Estratégicas ya apuntaba a convertirse en un foco de controversia. Sin embargo, pocos anticipaban que una de las críticas más contundentes llegaría desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo, presidido por Cani Fernández, cuyo mandato concluyó precisamente ayer y que ahora permanece en funciones, ha emitido un informe especialmente crítico con varios aspectos fundamentales de este nuevo órgano. El comité interministerial tendrá la capacidad de determinar qué grandes proyectos empresariales reciben el respaldo del Ejecutivo, una circunstancia que puede resultar decisiva para acceder a ayudas públicas, subvenciones o autorizaciones administrativas. En su análisis, la CNMC pone en duda tanto los criterios como el procedimiento previstos para evaluar y declarar estos proyectos estratégicos, tanto en las fases iniciales como en la resolución definitiva. El regulador considera necesario definir parámetros objetivos y medibles, especialmente en conceptos ambiguos como la "relevancia" o la "significación" de los proyectos, con el objetivo de limitar la discrecionalidad y garantizar que las decisiones se adopten con criterios transparentes y verificables. El informe ha sido elaborado a petición del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños. Su contenido supone un revés para una de las iniciativas más destacadas impulsadas por la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, encabezada por Manuel de la Rocha. Aunque el Comité de Inversiones Estratégicas fue anunciado a finales del año pasado, su desarrollo tomó forma durante la pasada primavera, coincidiendo con la aprobación del decreto de medidas anticrisis motivado por el conflicto en el golfo Pérsico. Fue entonces cuando se concretaron su estructura y competencias mediante una nueva regulación. Entre los aspectos más llamativos de la normativa figura que el órgano estará copresidido por la persona responsable de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 de la Presidencia del Gobierno -cargo que ocupa Manuel de la Rocha- junto con el Ministerio de Economía. No obstante, el texto no especifica si la representación de este departamento corresponderá directamente al ministro Carlos Cuerpo o a una persona designada por él. La CNMC insiste además en que los criterios aplicables durante la fase preliminar de análisis de las inversiones deben estar sustentados en indicadores objetivos y cuantificables. También propone aclarar la importancia relativa de cada uno de los criterios de evaluación e incorporar una valoración inicial sobre la capacidad técnica de los promotores de los proyectos, complementando así el análisis de su solvencia económica y financiera. Por último, el organismo regulador reclama que las evaluaciones se basen en criterios homogéneos, verificables y transparentes, y considera imprescindible que los baremos utilizados para valorar los proyectos sean aprobados y publicados con carácter previo a su aplicación.

LEER MÁS

(El País, 17-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Competencia abre expediente a los seis grandes bancos españoles por la guerra hipotecaria

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido abrir un expediente sancionador contra las seis principales entidades financieras del país -Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja- por posibles prácticas contrarias a la competencia relacionadas con el mercado hipotecario. El regulador considera que determinadas manifestaciones públicas realizadas por responsables de estas entidades acerca de la evolución de los precios de las hipotecas a tipo fijo podrían haber facilitado a sus competidores información relevante sobre sus futuras estrategias comerciales. Según la CNMC, este intercambio indirecto de señales podría vulnerar tanto la legislación española de defensa de la competencia como la normativa comunitaria. La investigación se produce en un contexto marcado por la intensa competencia en el mercado hipotecario español. Durante los últimos meses, varias entidades financieras han protagonizado una auténtica batalla comercial para captar clientes, ofreciendo préstamos hipotecarios a tipos de interés cada vez más reducidos. Esta situación ha generado preocupación entre algunos directivos del sector, que han advertido públicamente sobre el riesgo de conceder financiación con márgenes demasiado estrechos. En su opinión, determinadas operaciones podrían resultar poco rentables a largo plazo y afectar a la sostenibilidad del negocio bancario. Sin embargo, no todas las entidades han mantenido la misma posición. Mientras algunas han optado por moderar su actividad hipotecaria, otras han continuado apostando por crecer en este segmento del mercado, aprovechando el aumento de la demanda de financiación para la compra de vivienda. La CNMC considera que las declaraciones realizadas por diversos responsables bancarios durante este periodo podrían haber permitido a otras entidades anticipar decisiones comerciales futuras, alterando potencialmente las condiciones de competencia efectiva en el mercado. El organismo ha precisado que la apertura del expediente no implica que exista una infracción acreditada ni anticipa el resultado final de la investigación. A partir de ahora se abre una fase de análisis durante la cual se recopilará información y se evaluarán los hechos. La CNMC dispone de un plazo máximo de 24 meses para resolver el procedimiento. La actuación del supervisor se produce en un momento en el que el sector financiero español sigue bajo el foco de las autoridades de competencia y de los supervisores bancarios. En los últimos años, el organismo ha investigado diversas prácticas relacionadas con depósitos, financiación empresarial y otros productos financieros. Paralelamente, las autoridades europeas también han intensificado la vigilancia sobre el mercado hipotecario. El Banco Central Europeo está revisando los criterios de concesión de préstamos para evaluar posibles riesgos asociados al incremento de la financiación inmobiliaria, mientras que el Banco de España analiza medidas destinadas a limitar la concesión de hipotecas consideradas de mayor riesgo. El expediente se inicia además en un momento relevante para la propia CNMC, ya que coincide con el final del mandato de su presidenta, Cani Fernández, quien concluye su periodo al frente del organismo tras seis años de gestión. Hasta que se produzca el nombramiento de un sucesor por parte del Gobierno y su posterior ratificación parlamentaria, continuará ejerciendo sus funciones de forma provisional. La decisión de Competencia añade un nuevo elemento de incertidumbre a un mercado hipotecario que vive una etapa de elevada actividad comercial y que sigue siendo uno de los principales focos de atención tanto para las entidades financieras como para los organismos supervisores.

LEER MÁS

(La Vanguardia, 17-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aporta 719 millones de euros a la gigafactoría europea de IA en Tarragona y Madrid

El Gobierno ha dado un paso decisivo en su apuesta por convertir a España en uno de los centros estratégicos europeos para el desarrollo de la inteligencia artificial. El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de 719 millones de euros procedentes de fondos europeos y la creación de la sociedad mercantil que se encargará de impulsar y gestionar la futura gigafactoría de IA que el país aspira a albergar en Móra la Nova, en la provincia de Tarragona. La iniciativa forma parte de la estrategia de fortalecimiento de la soberanía tecnológica y de reindustrialización impulsada por el Ejecutivo. Paralelamente, la Generalitat de Cataluña ha autorizado la puesta a disposición de los terrenos necesarios para el proyecto, ubicado en la comarca de la Ribera d'Ebre, una zona especialmente afectada por la despoblación y preocupada por el impacto económico que podría tener el futuro cierre de la central nuclear de Ascó. La estructura accionarial de la nueva sociedad combinará capital público y privado. El bloque empresarial estará liderado por Banco Santander, ACS y Telefónica, que contarán con una participación individual del 15,67%, sumando conjuntamente el 47% del capital. A ellos se incorporará Multiverse Computing con un 4%, lo que permitirá al sector privado controlar el 51% de la sociedad. Por parte del sector público, el Estado participará con un 47,99% a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, conocida como la "SEPI Digital", mientras que la Generalitat dispondrá inicialmente de un 1% mediante el Institut Català del Sòl. La dirección ejecutiva del proyecto recaerá en Francesc Fajula, quien hasta hace unos meses ocupaba el cargo de consejero delegado de la Mobile World Capital Barcelona, entidad vinculada al ecosistema de innovación tecnológica desarrollado alrededor del congreso mundial de telefonía móvil celebrado en Barcelona. La creación de esta sociedad constituye un requisito imprescindible para que España pueda presentar formalmente su candidatura a la próxima convocatoria de gigafactorías europeas de inteligencia artificial que lanzará la Comisión Europea. El proyecto español prevé movilizar cerca de 4.000 millones de euros mediante la combinación de recursos públicos y privados. Además de Móra la Nova, la candidatura incorpora también a San Fernando de Henares, municipio madrileño que participará en el desarrollo de la infraestructura. La propuesta competirá con otros proyectos europeos para albergar una de las al menos cuatro gigafactorías de IA que la Unión Europea pretende desplegar en distintos Estados miembros. Según el calendario previsto por Bruselas, las instalaciones seleccionadas deberán entrar en funcionamiento entre 2027 y 2028 y podrán beneficiarse de financiación comunitaria destinada a reforzar la capacidad tecnológica europea en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial, la computación avanzada y el procesamiento masivo de datos. La iniciativa supone una de las mayores inversiones tecnológicas impulsadas en España en los últimos años y aspira a situar al país en una posición relevante dentro del desarrollo de la infraestructura digital que sustentará la próxima generación de sistemas de inteligencia artificial en Europa.

LEER MÁS

(Expansión, 16-06-2026) | Fiscal

Por cada 100.000 euros de precio de vivienda nueva, los compradores asumen más de 26.000 por los impuestos directos e indirectos

El encarecimiento de la vivienda en España no sólo responde al desequilibrio entre oferta y demanda. A la escasez de inmuebles disponibles y al aumento de la población se suma un importante componente fiscal que, según un informe elaborado por EY para Asprima, eleva significativamente el coste que deben asumir quienes adquieren una vivienda. El estudio calcula que la carga tributaria total asociada a la compra de una vivienda alcanza el 26,1% de su valor. Este porcentaje incluye tanto los impuestos soportados por promotores y constructores durante el proceso de desarrollo como los tributos que abonan directamente los compradores al formalizar la adquisición. Uno de los elementos que más ha contribuido a este incremento es la evolución del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal. Tras la reforma aplicada en 2021, los coeficientes utilizados para calcular este tributo aumentaron de forma considerable en las operaciones de corta duración, habituales en la promoción inmobiliaria. Según el informe, esta situación ha generado un encarecimiento relevante de los proyectos residenciales, afectando a su rentabilidad y trasladando parte de ese coste al precio final de las viviendas. Como consecuencia, el acceso a la propiedad resulta cada vez más complicado para determinados colectivos, especialmente los jóvenes y las familias con menor capacidad de ahorro. De hecho, la proporción de propietarios menores de 35 años habría descendido desde el 70% registrado en 2005 hasta cerca del 30% en la actualidad. La cuestión adquiere mayor relevancia tras la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que contempla una inversión de 2.800 millones de euros hasta 2030 destinada a reforzar las ayudas para el acceso a la vivienda. Sin embargo, el sector considera que estas ayudas podrían verse parcialmente neutralizadas por el peso creciente de la fiscalidad sobre la compraventa. El informe destaca que el aumento de la plusvalía municipal ha sido especialmente intenso en algunas grandes ciudades. Madrid encabeza la clasificación con un incremento del 650% desde 2020 en los coeficientes aplicables a determinadas operaciones. Le siguen Sevilla, con una subida del 500%; Málaga y Zaragoza, con aumentos del 305%; y Barcelona, donde el crecimiento alcanza el 275%. Como ejemplo, para un terreno con un valor catastral de 100.000 euros transmitido en el mismo año de su adquisición, la base imponible en Madrid habría pasado de 2.000 a 15.000 euros en apenas seis años. A consecuencia de esta evolución, los promotores soportan una carga fiscal media de 15.372 euros por cada 100.000 euros de precio final de venta. A ello se suman los aproximadamente 10.750 euros que el comprador debe pagar en concepto de IVA y Actos Jurídicos Documentados (AJD). En conjunto, la factura fiscal supera los 26.000 euros por cada 100.000 euros de valor de la vivienda. Así, una vivienda de 300.000 euros puede llevar asociada una carga tributaria superior a los 75.000 euros. El estudio sitúa a España entre los países con una mayor presión fiscal sobre la compraventa de viviendas. Mientras la carga tributaria media ronda el 9,7% en los países de la OCDE y el 6,5% en la Unión Europea, el nivel registrado en España se encuentra muy por encima de esos porcentajes. Para corregir esta situación, EY y Asprima plantean varias medidas. La primera consiste en permitir que los gastos de urbanización y promoción se integren en el valor de adquisición del suelo a efectos del cálculo de la plusvalía municipal, reduciendo así la base imponible del impuesto. Asimismo, se propone establecer bonificaciones específicas para las transmisiones de vivienda nueva, similares a las que ya existen en determinados supuestos para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Por último, el informe plantea reconocer la promoción de vivienda como una actividad de especial interés o utilidad municipal, lo que abriría la puerta a aplicar incentivos fiscales adicionales para favorecer el desarrollo de nuevas promociones residenciales y contribuir a incrementar la oferta disponible en el mercado.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF