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(Expansión, 03-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los dos consorcios bancarios que aglutinan a las "apps" de pagos que funcionan en Europa serán interoperables entre sí este mismo año

Los dos grandes bloques que concentran los sistemas de pagos instantáneos en Europa comenzaron a colaborar el año pasado con el objetivo de hacer compatibles sus plataformas. Por un lado está EuroPA, que agrupa soluciones como la española Bizum, junto a los sistemas de Italia y Portugal, entre otros. Por otro, EPI, impulsora de Wero, muy extendido en Francia, Alemania y Bélgica. En ambos casos se trata de iniciativas promovidas por el sector bancario. Este martes se confirmó oficialmente que esa interoperabilidad será una realidad a lo largo de este mismo año. En la práctica, esto permitirá que un usuario en España pueda enviar o recibir dinero de forma inmediata desde Bizum a un destinatario en Francia o Alemania, y viceversa. El avance es significativo. Hasta ahora, Bizum solo permitía transferencias dentro del territorio nacional, aunque recientemente había alcanzado acuerdos con sistemas de pago de Italia, Portugal, Andorra y algunos países nórdicos que operan con la aplicación Vipps. Gracias a la conexión entre plataformas, unos 130 millones de ciudadanos de trece países podrán realizar pagos transfronterizos directamente desde sus aplicaciones habituales, como Bizum u otras equivalentes, utilizando únicamente el teléfono móvil. El alcance del sistema cubrirá aproximadamente al 72% de la población de la Unión Europea y Noruega, con la posibilidad de incorporar en el futuro a Suiza y a otros países fuera del ámbito comunitario. Las entidades que respaldan este amplio ecosistema de aplicaciones nacionales -una por cada país- tienen previsto constituir una nueva sociedad para culminar este proyecto, con el objetivo de que el sistema esté plenamente operativo en 2026. La interoperabilidad no se limitará a los envíos de dinero entre particulares. A partir de 2027, también se integrarán los pagos en comercios físicos y en el comercio electrónico. En este contexto, Bizum, que ya cuenta con 30 millones de usuarios, trabaja en el lanzamiento de Bizum Pay. Ese será el gran desafío del proyecto: competir con el dominio histórico de Visa y Mastercard. Bizum Pay aspira a ofrecer comisiones más reducidas para los comercios que las redes internacionales de tarjetas y, además, una ventaja clave: la liquidación de pagos y cobros se realizará en el mismo día. Con la alianza anunciada esta semana, los pagos internacionales dentro de Europa pasarán a ser una realidad sin apenas cambios para el usuario final. Los clientes de Bizum continuarán utilizando la aplicación de la misma forma que hasta ahora, sin necesidad de instalar nuevas apps en sus dispositivos. No obstante, esta experiencia podría evolucionar en el futuro. Los promotores del proyecto contemplan la creación de una nueva marca común que coexistirá con las soluciones nacionales actuales. "Europa dispone de la infraestructura, la escala y la ambición necesarias para construir una alternativa europea, soberana y fiable en el ámbito de los pagos. EuroPA ya opera desde marzo en cuatro países -España, Italia, Portugal y Andorra- y demuestra que las soluciones existentes son eficaces y rápidamente adoptadas. Con este acuerdo, ampliamos el acceso de ciudadanos y comercios europeos a medios de pago seguros que protegen los datos, algo que solo puede lograrse mediante un esfuerzo colectivo", señala Ángel Nigorra, director general de Bizum. En la misma línea, Martina Weimert, consejera delegada de EPI, subraya que "este acuerdo confirma que la soberanía europea en pagos no es solo una aspiración, sino una realidad en construcción. Estamos sentando las bases de un auténtico ecosistema de pagos paneuropeo".

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(El Confidencial, 03-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La UE dispara las sanciones a las auditoras hasta su nivel más alto en cinco años

La Unión Europea terminó 2024 con el nivel más alto de sanciones a auditores y sociedades de auditoría registrado en los últimos cinco años. Las autoridades nacionales de control dictaron 1.517 sanciones y actuaciones administrativas, un máximo histórico que evidencia el aumento gradual de la supervisión sobre el sector. Así lo recoge el último informe del Comité de Organismos Europeos de Supervisión de la Auditoría, que agrupa a los reguladores de los Estados miembros y de varios países del Espacio Económico Europeo. En este escenario, España se sitúa entre los países más activos en materia sancionadora, aunque no ocupa el primer puesto en cifras totales. Estos datos se producen justo antes del cambio de rumbo en Estados Unidos con la llegada de la Administración Trump, que ha cesado a la anterior cúpula del organismo supervisor de la auditoría (PCAOB) y plantea su integración en la SEC. El sector prevé un entorno de inspecciones menos exigente, un giro que ha despertado la preocupación de los supervisores europeos. Desde el CEAOB se advierte de que desmantelar este modelo de referencia debilitaría la confianza en los mercados y bloquearía durante años la cooperación internacional, al dejar sin efecto los actuales acuerdos de intercambio de información, una posición que también respalda el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El informe pone de relieve una elevada concentración geográfica de las sanciones. En número de expedientes, Hungría, Rumanía, Alemania y Polonia lideraron la actividad sancionadora en 2024, concentrando una parte muy relevante del total, en muchos casos como consecuencia de revisiones generalizadas de calidad y del fortalecimiento de las facultades de sus autoridades supervisoras. Si se atiende al importe económico, las sanciones más elevadas se localizaron en pocos países. Alemania impuso la multa individual más alta a un auditor, por valor de 300.000 euros, mientras que Noruega encabezó las sanciones a firmas de auditoría por trabajos vinculados a entidades de interés público, con penalizaciones que alcanzaron los 500.000 euros. España también destacó en este apartado, con multas a firmas que superaron los 230.000 euros en auditorías de grandes entidades. El documento diferencia entre sanciones relacionadas con entidades de interés público y aquellas correspondientes a auditorías de entidades que no tienen esa consideración. Las primeras incluyen bancos, aseguradoras, empresas cotizadas, fondos de pensiones, instituciones de inversión colectiva y otras organizaciones con especial relevancia económica o social, sometidas a un régimen de control más estricto. Durante 2024 se contabilizaron 79 sanciones económicas vinculadas a auditorías de entidades de interés público, una cifra muy similar a la de años anteriores, lo que sugiere una evolución estable en este ámbito. En cambio, las sanciones asociadas a auditorías de empresas no consideradas de interés público aumentaron con fuerza, hasta 443, lo que supone un incremento del 38% respecto a 2023. Este repunte explica en gran medida el récord europeo y está relacionado con auditorías de menor tamaño y con incumplimientos de otras obligaciones profesionales, como formación, comunicación de información o colaboración con los supervisores. El presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Santiago Durán, atribuye esta tendencia al fortalecimiento progresivo del marco de supervisión europeo tras la reforma de la Directiva de Auditoría. Recuerda que dicha directiva se modificó en 2014, con un plazo de dos años para su transposición, y que introdujo criterios más estrictos de independencia y transparencia para las autoridades nacionales encargadas de vigilar la actividad auditora. Durán señala también que este refuerzo no ha avanzado de forma homogénea en todos los países. Explica que el sistema español de supervisión pública es uno de los más veteranos de Europa, creado en 1988, mientras que en otros Estados miembros la vigilancia ha evolucionado desde modelos de autorregulación entre auditores hacia sistemas públicos progresivamente más independientes del propio sector. A su juicio, esta convergencia tardía ayuda a entender el aumento actual de sanciones. Considera que la implantación reciente de sistemas públicos de supervisión en varios países, junto con una mayor dotación de medios y competencias, ha permitido ampliar el alcance de las inspecciones y someter a control un número creciente de trabajos de auditoría.

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(La Vanguardia, 03-02-2026) | Laboral

El año arranca con una fuerte destrucción de 270.782 empleos

La economía española siempre destruye empleo en los meses de enero, sin excepción. Pero este año el recorte ha sido especialmente pronunciado, ya que la Seguridad Social ha perdido 270.782 afiliados respecto a diciembre, con lo que el número total de cotizantes ha bajado a 21,57 millones, frente al récord histórico de 21,84 millones de trabajadores con el que cerró 2025. Se trata del peor mes de enero de los últimos 14 años, desde 2012, cuando se recortaron más de 271.000 afiliaciones en el arranque del año, según las cifras publicadas este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Incluso analizando los datos proporcionales, ya que el número total de afiliados es significativamente mayor ahora que hace 13 años, los datos del pasado enero son también los peores en un periodo de tiempo parecido. Así, el mes pasado el número de cotizantes cayó un 1,2% en un solo mes, mientras que hay que remontarse a 2013 y 2012, para encontrar mayores descensos porcentuales significativos: un 1,60% y 1,58%, respectivamente. Este pinchazo contrasta con los datos excepcionales de comportamiento del empleo con los que cerró el pasado año la Encuesta de Población Activa (EPA), tras la creación de más de 600.000 nuevos puestos de trabajo en 2025. Además se da la circunstancia de que, en esta ocasión, las cifras facilitadas por la Seguridad Social no permiten averiguar en qué actividades se ha producido esta destrucción de las afiliaciones, ya que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha llevado a cabo un cambio estadístico en la distribución de los cotizantes por los distintos sectores de actividad (denominados CNAE) que impide la comparación con el mes anterior, así como con el mismo mes de años precedentes. No obstante, hay dos datos algo mejores. El primero lo ofrece la serie desestacionalizada de afiliados, que corrige las variaciones estacionales y de calendario y, por tanto, refleja mejor la tendencia en la marcha del empleo. Según dicha evolución, el número de cotizantes habría experimentado un pequeño incremento de poco más de 17.000 trabajadores. Además, a pesar de la fuerte caída de enero, el sistema ha ganado en los últimos 12 meses 477.818 afiliados, lo que supone un crecimiento interanual de la fuerza laboral del 2,26%, un ritmo muy similar al de los pasados meses de verano y apenas una décima menos del cierre del año pasado. De hecho, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se aferra a estos últimos datos. "Gracias a un importante crecimiento interanual, termina el mes de enero con más trabajadores de la serie. Hay que mirar con detenimiento el dato desestacionalizado y se ve que el comportamiento del mercado laboral sigue siendo muy sólido", asegura. Este martes, el Ministerio de Trabajo también ha hecho públicas las cifras del paro registrado en enero, reflejando también un incremento del número de desempleados inscritos en las oficinas del SEPE de 30.392 personas. Si bien, en este caso es el menor aumento en un mes de enero desde 2022, cuando este registro solo anotó 17.173 nuevos parados respecto al mes anterior. El número de desempleados y de desempleadas registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de enero, ha aumentado en 30.392 en relación con el mes anterior (1,26%). El paro registrado total se ha situado en 2.439.062 personas. En términos interanuales, el paro registrado ha descendido en 160.381 personas (-6,17%). También se reduce el dato desestacionalizado que baja en 25.402 personas.  De hecho, aunque no se puede analizar en este mes el comportamiento del empleo por sectores debido al citado cambio estadístico, fuentes de la administración han asegurado que las fuertes lluvias registradas en enero habrían condicionado mucho a la baja el empleo agrario, entre otros. Por sectores económicos, el paro registrado desciende en Construcción en  3.793 personas (-2,13%), Industria en 14 personas (-0,01%) y en el Colectivo Sin Empleo Anterior en 1.755 personas (-0,79%). La destrucción de empleo afectó más a las mujeres, que vieron desaparecer del registro 141.515 afiliaciones, que a los hombres, entre los que se recortaron 129.268. Asimismo, el colectivo de autónomos siguió perdiendo peso, ya que perdió 19.021 cotizantes. Al igual que ocurre con el régimen general de asalariados, el colectivo mantuvo un crecimiento internanual del 1,1%, al registrar 37.796 afiliados más que un año antes. El desempleo femenino aumenta en 25.284 mujeres (1,75%) hasta las 1.469.283 en relación al mes de diciembre. Es la cifra más baja en un mes de enero en los últimos 18 años. Con respecto al mes de enero de 2025 el paro femenino cae en 94.148 (-6,02%). El desempleo masculino se sitúa en 969.779 al ascender en 5.108 personas (0,53%). Si lo comparamos con enero de 2025, el paro masculino baja en 66.233 (-6,39%). El desempleo de los jóvenes menores de 25 años asciende en el mes de enero en 4.040 personas (2,28%) respecto al mes anterior y marcan su registro más bajo en un mes de enero. A pesar de todo lo destacado, enero también ha dejado algún otro dato positivo en materia de contratación. En concreto, y en consonancia con la destrucción de afiliaciones, el número de contratos registrados en las oficinas del SEPE disminuyó en 66.801 (un 5,4% menos que en diciembre). Aunque, en términos netos, todo el recorte fue de contratos temporales, de los que se anotaron 92.288 menos que el mes anterior (una caída del 12%), mientras que el número de contrataciones indefinidas, aumentó en casi 25.500, lo que supuso un aumento del 5,5% mensual. Casi la mitad de estos nuevos contratos fijos fueron a tiempo completo, que son, dentro de los indefinidos, los de mejor calidad. Le siguieron 132.940 fijos discontinuos y otros 116.971 indefinidos a tiempo parcial. En enero pasado tampoco se vio resentido el peso de los contratos fijos sobre el total de nuevas contrataciones, ya que representaron el 41,6%, un porcentaje prácticamente idéntico al de enero de hace un año y casi cuatro puntos superior al de diciembre de 2025.

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(Expansión, 02-02-2026) | Fiscal

Los fallos del Estado aumentan el malestar por los altos impuestos

Cada vez son más los ciudadanos en España que se preguntan a qué se destina la histórica recaudación fiscal, en un contexto en el que se multiplican los retrasos en el transporte público, se alargan las listas de espera sanitarias y el funcionamiento de la Justicia empeora. En las últimas semanas -incluso antes del trágico siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) y del colapso de Rodalies en Cataluña- las redes sociales se han visto inundadas de quejas de ciudadanos anónimos por el deterioro generalizado de los servicios públicos. El foco principal de las críticas se sitúa en el transporte, la sanidad y la Justicia. Retrasos cada vez más frecuentes en las líneas ferroviarias con mayor demanda (muchos de ellos sin compensación tras el cambio de política de Renfe), esperas interminables para acceder a la atención médica, fallos en los sistemas de prevención de enfermedades, agravamiento del atasco judicial o errores en los mecanismos de control de dispositivos electrónicos destinados a proteger a mujeres víctimas de violencia machista son solo algunos ejemplos. Todo ello contribuye a que crezca la desconfianza sobre el destino de los ingresos récord obtenidos por Hacienda en los últimos años. La más reciente encuesta del CIS -un organismo poco sospechoso de actuar contra el Ejecutivo- sobre fiscalidad ya mostraba que el 48,4% de los españoles considera que soporta una presión impositiva excesiva. Este porcentaje ha ido aumentando a medida que también lo hacía la carga fiscal, impulsada en gran medida por la decisión del Ministerio que dirige María Jesús Montero de no deflactar el IRPF. Al mismo tiempo, se ha incrementado notablemente el número de ciudadanos (57,9%) que cree que la sociedad recibe poco o ningún retorno por lo que paga en impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. El mismo sondeo reflejaba que el 71,5% se declara poco o nada satisfecho con el funcionamiento de la Justicia; el 61,9%, con la atención a personas dependientes; el 59,8%, con las infraestructuras públicas; y el 51,9%, con la asistencia sanitaria. El dato más revelador, no obstante, es que el 79,2% opina que la Administración hace escasos o nulos esfuerzos por explicar en qué se emplea el dinero recaudado. Una posible explicación la aporta Santiago Calvo, doctor en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela y profesor en la Universidad de las Hespérides. Según sus estimaciones, desde 1995 el gasto público en España ha aumentado en 4.324,5 euros por habitante en términos reales, pero más de la mitad de ese incremento se ha destinado al pago de pensiones (52,5%). En cambio, solo el 18,8% del aumento de ingresos se ha dirigido a la sanidad (813,2 euros por persona) y el 7,7% a la educación (336,1 euros). En clara contradicción con el discurso oficial, el gasto estatal en políticas de transporte se ha reducido en 138,7 euros por habitante y el destinado a vivienda ha caído en 66,4 euros por persona. En la práctica, el sistema de pensiones absorbe la mayor parte de los nuevos recursos obtenidos por el Estado a través de trabajadores y empresas, pese a que Pedro Sánchez y María Jesús Montero insisten en que su prioridad es fortalecer los servicios públicos. Este fenómeno no es exclusivo de España, ya que se observa en toda Europa, aunque en nuestro país resulta especialmente intenso debido a la decisión -respaldada por la mayoría de las fuerzas políticas- de volver a vincular la actualización anual de las pensiones al IPC medio. De acuerdo con los datos recopilados por Pablo García-Guzmán, economista asociado al Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el gasto público en pensiones y servicios para mayores ha aumentado un 111% en España desde 2004, mientras que el resto del gasto estatal, excluida la sanidad, solo ha crecido un 31%. Solo Finlandia presenta una brecha mayor entre ambas partidas: allí el gasto en pensionistas se ha incrementado un 108% en dos décadas, frente a apenas un 13% en el resto. En Portugal, la diferencia alcanza los 64 puntos porcentuales, y en Bélgica, los 50. Alemania e Italia, en cambio, muestran un reparto mucho más equilibrado, con diferencias de apenas 4 y 1 punto, respectivamente. Desde la llegada de Sánchez al Gobierno, la presión fiscal en España ha pasado del 34,4% al 36,7% del PIB, un aumento que triplica el promedio de la OCDE. Sin embargo, este mayor esfuerzo tributario no se ha traducido en una mejora de los servicios públicos, sino más bien en lo contrario, como demuestra el incremento sostenido de las quejas ante el Defensor del Pueblo por la falta de citas administrativas, los retrasos en trámites esenciales o las dificultades para acceder a consultas con médicos especialistas.

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(El País, 02-02-2026) | Fiscal

Hacienda elevará la deducción fiscal para que los perceptores del nuevo salario mínimo sigan sin tributar

El Ejecutivo ha confirmado que el salario mínimo interprofesional se incrementará ya este año hasta los 17.094 euros brutos anuales repartidos en 14 pagas, lo que supone un aumento del 3,1% respecto a 2025. Una vez resuelta la incógnita sobre la cuantía final de la subida -tras varias semanas de negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales-, el siguiente paso será ajustar el impuesto sobre la renta para que quienes perciban el nuevo mínimo salarial continúen sin pagar IRPF. Hacienda contemplaba ampliar la deducción vigente para adaptarla al nuevo SMI y, según fuentes del departamento, la medida ya está decidida y se aprobará próximamente mediante una ley. La finalidad de este ajuste es compensar por completo el efecto fiscal derivado del incremento del salario mínimo, como ya ocurrió el año anterior. La deducción actual, fijada en 340 euros anuales, resulta insuficiente tras la subida, por lo que se elevará hasta una cantidad cercana, aunque algo inferior, a los 600 euros. El funcionamiento será similar al actual: durante 2026 los trabajadores soportarán las retenciones correspondientes y, al presentar la declaración de la renta al año siguiente, recibirán una devolución equivalente. Con este planteamiento, el Gobierno cumple su compromiso de situar el salario mínimo en el 60% del salario medio, tal y como recoge la Carta Social Europea, sin necesidad de aplicar un incremento mayor del salario bruto. El énfasis se pone en el salario neto, es decir, en la cantidad que finalmente percibe el trabajador. El razonamiento es que, si el salario mínimo comenzara a tributar, parte de la mejora salarial se diluiría. Para alcanzar el 60% del salario medio en términos netos habría sido necesario un aumento mayor del SMI. La ampliación de la deducción evita ese escenario. En la práctica, el coste del ajuste se reparte entre las empresas y la Hacienda pública. Los empleadores asumen una subida más moderada del salario bruto, mientras que el Estado soporta una menor recaudación fiscal, con un impacto estimado de unos 200 millones de euros anuales. El trabajador, por su parte, percibe íntegramente la mejora salarial. Este enfoque era relevante para el Ejecutivo, que buscaba sumar el respaldo, al menos simbólico, de la patronal. Sin embargo, los empresarios finalmente se desmarcaron del acuerdo por la falta de actualización de los contratos públicos, y el Gobierno solo logró el apoyo de los sindicatos. La adaptación del IRPF también evita reabrir el conflicto surgido hace un año entre los socios de la coalición por la tributación del salario mínimo. Tras la subida anterior, por primera vez algunos perceptores del SMI -principalmente personas solteras sin hijos que no podían beneficiarse de deducciones familiares- comenzaron a pagar IRPF de forma regular, con un coste aproximado de 340 euros anuales. Aquella decisión generó una de las mayores tensiones internas de la legislatura. Desde el área económica del Gobierno se defendía que, tras los sucesivos incrementos, el salario mínimo debía empezar a contribuir a la recaudación, mientras que el Ministerio de Trabajo consideraba incoherente gravar a los trabajadores con ingresos más bajos. El desacuerdo se resolvió con una solución intermedia y, en principio, provisional: Hacienda devolvería al año siguiente lo abonado, de modo que el efecto sobre el salario neto fuera nulo. Con la nueva subida ya cerrada para 2026, el Ejecutivo ha optado por evitar un nuevo enfrentamiento y repetir el mismo esquema. La comisión de expertos convocada por Trabajo había planteado dos opciones: una subida moderada hasta los 17.094 euros brutos anuales y otra más elevada, hasta los 17.360 euros, asumiendo que el salario mínimo comenzara a tributar. La elección del primer escenario, acompañada de una deducción similar a la prevista, permite neutralizar el impacto fiscal y cumplir el objetivo salarial sin necesidad de elevar más el salario bruto.

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(Cinco Días, 02-02-2026) | Laboral

El paro ha bajado en España del 10% por primera vez en 17 años

El dato ha sido presentado por el Gobierno como un logro, calificado incluso de "histórico" por la ministra de Trabajo. Y lo es, en cierto modo: resulta significativo que haya sido necesario tanto tiempo para reducir la tasa de paro hasta el 9,9%. También es llamativo que, tras ese recorrido, España continúe encabezando el desempleo en la Unión Europea, cuya media ronda el 6%, y que siga registrando la mayor tasa de paro juvenil del continente. En la actualidad hay alrededor de 2,5 millones de personas desempleadas, algo más de la mitad mujeres, y cerca del 46% corresponde a parados de larga duración o personas que no han tenido empleo previo. Entre quienes sí trabajaron antes, la causa principal del desempleo es la finalización del último contrato. Aproximadamente el 76% de las personas en paro recibe algún tipo de prestación, mayoritariamente la contributiva o el subsidio, con un gasto medio de unos 1.465 euros mensuales por beneficiario. Los hogares en los que todos sus miembros están desempleados suman unos 770.000, y el desembolso presupuestario total en prestaciones por desempleo supera los 2.000 millones de euros al mes. La Encuesta de Población Activa también refleja una cifra récord de ocupación, con cerca de 22,5 millones de personas trabajando. Son dos millones más que en 2007, en pleno auge inmobiliario, y casi diez millones más que en 1994, antes de la entrada en el euro. La evolución por sectores muestra transformaciones relevantes: la agricultura mantiene su tendencia descendente; la industria, pese a las dificultades, ha aumentado el empleo entre 1994 y 2025, lo que cuestiona la idea de una desindustrialización generalizada; la construcción ha perdido más de un millón de ocupados desde 2007; y los servicios han experimentado un crecimiento muy notable, con cuatro millones más de empleos que en 2007 y diez millones más que en 1994. La terciarización de la economía es evidente, aunque bajo esta categoría no solo se incluye el turismo, sino también actividades profesionales, tecnológicas, financieras y de consultoría, que aportan valor añadido y peso a la balanza de pagos. Otros tres aspectos del mercado laboral merecen atención. En primer lugar, el número de trabajadores por cuenta propia ha disminuido en las dos últimas décadas, pese al énfasis político en el emprendimiento. En segundo lugar, el 40% de los ocupados trabaja en empresas de menos de 50 empleados, que constituyen el 97% del tejido empresarial. En tercer lugar, aunque el 88,5% de los asalariados tiene contrato indefinido y solo el 11,5% es temporal, el empleo a tiempo parcial -con salarios que equivalen al 43% de un puesto a jornada completa- representa el 26% del total y afecta mayoritariamente a mujeres. Si se observa únicamente el periodo entre enero y diciembre de 2025, la mayoría de los contratos firmados fueron temporales y, dentro de los indefinidos, los contratos a tiempo parcial y los fijos discontinuos alcanzaron el 60%. Todo ello en un contexto de elevada precariedad, en el que fue necesario formalizar más de 15 millones de contratos para que el empleo asalariado neto aumentara en apenas medio millón al cierre del año. La complejidad del mercado laboral se amplía con otros dos fenómenos relevantes: el aumento de las vacantes y el elevado nivel de absentismo. Según las estadísticas disponibles, la demanda de empleo no cubierta ha crecido de forma sostenida desde la pandemia y supera ya los 150.000 puestos. No obstante, desde el punto de vista empresarial, la dificultad para cubrir vacantes es aún mayor, no tanto por cuestiones salariales como por un choque de expectativas y culturas laborales con las nuevas generaciones, un fenómeno que conviene seguir de cerca. El absentismo laboral alcanza actualmente niveles récord. Más de 300.000 trabajadores faltan cada día a su puesto sin causa justificada y, si se suma la incapacidad temporal, España lidera también este indicador en Europa, con más de 1,5 millones de personas fuera del trabajo diariamente. El impacto sobre la productividad, los costes empresariales y el sistema sanitario es considerable. Los datos muestran que España empeora en absentismo 4,6 veces más que la media de la UE, un liderazgo poco deseable que apenas recibe atención pública. Otro hito reciente lo aporta el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social: a finales de enero, más de tres millones de trabajadores extranjeros estaban afiliados a la Seguridad Social, representando por primera vez el 14% del total, con más de medio millón de autónomos. Estas cifras indican que la economía española ya no atrae únicamente empleo temporal o de bajos salarios, sino también perfiles cualificados -ingenieros, especialistas tecnológicos, analistas financieros- que cubren déficits derivados del desajuste entre formación y necesidades del mercado laboral. Por último, el Informe Foessa de Cáritas pone de relieve una realidad preocupante: la precariedad laboral se ha convertido en una situación habitual, especialmente entre los colectivos más vulnerables. Cerca de 2,5 millones de jóvenes se encuentran atrapados en una precariedad estructural marcada por contratos temporales, jornadas parciales y salarios bajos. El trabajo a tiempo parcial involuntario actúa como una trampa de pobreza, mientras las nuevas generaciones acceden al empleo con remuneraciones sensiblemente inferiores a las de sus predecesores. La vivienda se ha convertido en el principal foco de desigualdad y tener empleo ya no garantiza escapar de la pobreza. Según el informe, España destaca en Europa como un caso extremo de fragilidad económica, con vulnerabilidades muy elevadas pese al crecimiento macroeconómico.

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(Expansión, 02-02-2026) | Laboral

Sánchez ultima otro decreto para reactivar el alza de pensiones

El Ejecutivo negocia a toda prisa para conseguir los respaldos necesarios a un nuevo paquete normativo, después de que el Congreso rechazara el decreto ómnibus, con el objetivo de aprobarlo entre mañana y el próximo Consejo de Ministros y evitar que la situación afecte al abono de las pensiones. "Quiero decirles a los jubilados y jubiladas de toda España que las pensiones se van a revalorizar, pase lo que pase y con o sin el apoyo del PP, como hemos venido haciendo durante los últimos siete años mientras he sido presidente del Gobierno. Ese es mi compromiso y lo vamos a cumplir", aseguró ayer Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, en un acto electoral celebrado en Teruel con motivo de las elecciones autonómicas aragonesas del próximo domingo. Según fuentes oficiales, el Gobierno trabaja contrarreloj para sumar apoyos a un nuevo decreto que permita recuperar la subida de las pensiones, tras el rechazo parlamentario al macrodecreto aprobado la semana pasada. Desde La Moncloa insisten en que el Ejecutivo "está trabajando para sacarlo adelante lo antes posible" y confían en llevar la iniciativa al Consejo de Ministros de mañana o, como máximo, al de la próxima semana, con el fin de evitar que el bloqueo legislativo tenga consecuencias en la próxima paga de los pensionistas. El Real Decreto-ley aprobado el pasado 23 de diciembre contemplaba una actualización del 2,7% de las pensiones contributivas para compensar la inflación, además de incrementos de entre el 7% y el 11,4% en las pensiones mínimas y una subida del 11,4% del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Pese a que esta medida contaba con un amplio respaldo parlamentario, PP, Vox, Junts y UPN sumaron sus votos para rechazar el decreto ómnibus, que vinculaba la revalorización de las pensiones a una nueva prórroga del llamado escudo social. Este incluía, entre otras medidas, la extensión de la prohibición de desahucios a familias sin alternativa habitacional y el mantenimiento del veto a los cortes de suministros básicos a personas vulnerables. El texto también recogía la prórroga de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, la retirada de la obligación de que los desempleados declaren el IRPF, nuevos coeficientes del impuesto de plusvalía, el mantenimiento de cuotas y módulos de los autónomos, diversas exenciones fiscales -como las ligadas a la rehabilitación de viviendas o la compra de vehículos eléctricos- y ayudas para los damnificados por la dana. El Gobierno sostiene que su intención es recuperar todas las medidas incluidas en el decreto, aunque aún está por ver con qué apoyos parlamentarios logrará aprobarlas. En este contexto se enmarcan los recientes acuerdos con Podemos para la regularización de cerca de 500.000 inmigrantes en situación irregular y con Junts para avanzar en la cesión de competencias en materia migratoria a Cataluña, movimientos destinados a recomponer la mayoría parlamentaria. Desde el PP reclamaron ayer al Ejecutivo que reactive de inmediato la subida de las pensiones, pero a través de un decreto específico y separado que pueda contar con su respaldo. El decreto rechazado también contemplaba la prórroga provisional del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 durante este año, por lo que, de forma oficial, esa referencia ha quedado sin efecto. No obstante, el Gobierno alcanzó el jueves un acuerdo bilateral con los sindicatos -sin el apoyo de las organizaciones empresariales- para incrementar el SMI un 3,1% en 2026, hasta situarlo en 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Esta medida será aprobada mañana en el Consejo de Ministros para poner fin al vacío legal generado.

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(Expansión, 02-02-2026) | Laboral

El "Observatorio de las ocupaciones" del SEPE señala que el número de vacantes ha ido aumentando en los últimos año

Camareros, chefs, trabajadores de la construcción, conductores de camión, personal de enfermería, cuidadores y médicos de atención primaria figuran entre las profesiones en las que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha identificado una falta significativa de personal, hasta el punto de que cerca del 20% de las vacantes resultan prácticamente imposibles de cubrir. Según el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, el número de puestos sin cubrir no ha dejado de crecer en la última década: de unos 56.000 en 2014 se ha pasado a casi 150.000 en 2024, y a cierre del tercer trimestre de 2025 la cifra ya superaba las 152.000 vacantes, de acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE). Pese a este aumento, las vacantes siguen representando menos del 1% del total de la oferta de empleo, muy por debajo de la media europea, situada en torno al 3%. El observatorio subraya además que aproximadamente un tercio de esos puestos corresponde al sector público y pone como ejemplo que el 80% de las plazas sin cubrir en el ámbito de los cuidados debería ser atendido por la Administración. Del conjunto de vacantes detectadas, únicamente el 2,1% se cubre con facilidad, mientras que el 79,3% presenta serias dificultades para encontrar candidatos y el 18,6% se considera directamente de cobertura imposible. El SEPE atribuye este problema, por un lado, al envejecimiento de la población y al rechazo de determinadas condiciones laborales -especialmente en la construcción y la hostelería- y, por otro, al desajuste entre las competencias que demandan las empresas y la formación de los trabajadores, sobre todo en empleos de cualificación media y alta. Los mayores desequilibrios se concentran en la hostelería, la construcción, las actividades sanitarias y el transporte, aunque también destaca el sector agrario. En este último, el organismo resalta la necesidad de mano de obra extranjera, en contraste con el hecho de que numerosos trabajadores españoles opten por desplazarse a la vendimia francesa, donde encuentran condiciones más atractivas. Esta situación convive con un elevado número de personas en desempleo -2,47 millones a finales de 2025, según la Encuesta de Población Activa (EPA)-, si bien el observatorio apunta que muchos parados nacionales muestran reticencias a aceptar empleos de baja cualificación. En 2025, un total de 25.767 trabajadores migrantes accedieron al mercado laboral español a través del programa de gestión colectiva de contrataciones en origen (GECCO), una cifra récord que supera las más de 20.000 incorporaciones de 2024 y las 19.000 de 2023, según datos recogidos por la agencia Efe. Estos programas, en funcionamiento desde hace más de veinticinco años, permiten la tramitación conjunta de los permisos de residencia y trabajo para ciudadanos extracomunitarios que no se encuentran ni residen en España. Marruecos fue el principal país de origen en el último ejercicio, con el 81% de las contrataciones, de las cuales nueve de cada diez correspondieron a mujeres con una edad media de 43 años empleadas en explotaciones agrícolas. Otra herramienta para cubrir puestos vacantes en el exterior es el catálogo trimestral de ocupaciones de difícil cobertura que elabora el SEPE y se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este instrumento facilita la concesión de autorizaciones iniciales de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena a ciudadanos extranjeros. El catálogo es limitado y se centra en empleos para los que no existen candidatos en el mercado nacional y que se repiten en todo el territorio, como ocurre con muchas profesiones de la marina mercante. En el correspondiente al último trimestre de 2025 figuran marineros, pilotos de buques mercantes, oficiales radioelectrónicos, mecánicos, maquinistas, engrasadores, contramaestres, mozos de cubierta, caldereteros y frigoristas navales, además de cocineros, camareros y mayordomos de buque. También incluye distintas especialidades del sector de la construcción y la edificación, como carpinteros metálicos, instaladores electricistas y operadores de grúa, así como entrenadores y deportistas profesionales.

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(El Economista, 02-02-2026) | Laboral

La subida del SMI eleva el coste mínimo por cada trabajador en 690 euros al año

El Ejecutivo tiene previsto aprobar a lo largo de este mes el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros mensuales repartidos en 14 pagas, lo que supone unos ingresos anuales de 17.094 euros. Esta cuantía ha sido pactada con los sindicatos, pese al rechazo de la CEOE, y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. Junto a la mejora salarial, también aumentarán las cotizaciones sociales, de modo que el coste para las empresas se elevará en al menos 690 euros anuales por trabajador respecto al año anterior. El Ministerio de Trabajo optó por una subida del 3,1% del SMI, siguiendo la recomendación del comité asesor en un escenario en el que no se aplicara tributación. A diferencia de lo ocurrido en el ejercicio previo, el Ministerio de Hacienda se comprometió desde el inicio de las negociaciones a mantener este nivel salarial exento del IRPF. Por este motivo, en el diálogo con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme no se barajaron alternativas con importes distintos. Como consecuencia de esta actualización, el coste mínimo que deberán asumir las empresas por cada trabajador con salario mínimo ascenderá a unos 23.470 euros anuales, frente a los aproximadamente 22.780 euros correspondientes al SMI vigente a comienzos de 2025. No obstante, esta cifra es orientativa, ya que en los sectores con mayor nivel de riesgo laboral el desembolso será superior, al aplicarse tipos de cotización más elevados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Los cálculos realizados parten de un tipo del 1,5% para estas contingencias, habitual en empleos de oficina, asesorías o despachos profesionales. Sin embargo, este porcentaje puede situarse entre ese mínimo y el 7,15%, según la actividad económica, lo que genera diferencias de hasta 1.120 euros en las aportaciones a la Seguridad Social entre unas empresas y otras. Desde la patronal señalan que la media ponderada ronda el 2%, aunque en sus estimaciones suelen emplear un 3%. Al igual que sucede con las cotizaciones por contingencias comunes, desempleo, formación profesional, FOGASA o el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) -que ha experimentado un ligero aumento a comienzos de año-, la cotización por accidentes se calcula sobre la base mínima, que se incrementa con el SMI al equivaler a este salario más una sexta parte. En la actualidad, dicha base se sitúa en 1.381,2 euros y, tras la subida, pasará a 1.416 euros. De este modo, las empresas pagarán de media unos 6.375 euros anuales en cotizaciones por cada trabajador que cobre el SMI, lo que supone 173 euros más que el año anterior. La mayor parte del incremento del coste laboral se trasladará directamente al salario del trabajador, con un aumento de 518 euros anuales. El MEI es el único componente de cotización que ha subido de forma directa, por lo que la principal causa del encarecimiento es la ampliación de la base mínima. Durante las negociaciones del SMI, tanto los agentes sociales como el Ministerio de Trabajo adelantaron que Hacienda pretendía repetir el sistema aplicado en 2025, creando una nueva deducción para evitar que estos salarios tributen. El departamento dirigido por María Jesús Montero ha confirmado su intención de hacerlo, aunque aún no ha concretado el importe de la ampliación de la deducción introducida el año pasado, que permitiría este ajuste sin modificar el mínimo exento. Los Técnicos de Hacienda (GESTHA) señalaron el pasado viernes que dicha deducción debería alcanzar los 592 euros para impedir que los trabajadores solteros y sin hijos que perciben el SMI tengan que pagar IRPF. No obstante, el colectivo volvió a mostrar su rechazo a esta solución transitoria, que implica retenciones mensuales y devoluciones posteriores en la declaración de la renta, y reclamó elevar directamente el mínimo exento. Además, estimaron en unos 200 millones de euros la merma de recaudación derivada de mantener el SMI libre de tributación. Por otro lado, las empresas de trabajo temporal han advertido del impacto económico de la revisión de las nóminas correspondientes al mes de enero. Aunque todavía no se ha concretado la fecha exacta de aprobación del nuevo SMI, su entrada en vigor con carácter retroactivo obligará a rehacer millones de nóminas, lo que conlleva tanto un coste económico -por las diferencias salariales y de cotización- como un esfuerzo administrativo significativo. La patronal de las ETT y Agencias de Empleo, ASEMPLEO, alertó de que este proceso puede suponer un sobrecoste administrativo cercano a los 2,9 millones de euros para el conjunto de las empresas, debido al retraso en la publicación oficial del SMI de 2026 y su aplicación desde el inicio del año. En el caso concreto de las ETT, el coste estimado asciende a unos 690.000 euros, agravado por el hecho de que muchos trabajadores ya no permanecen en las mismas empresas. Según detallan, cada recálculo requiere unos 14 minutos de gestión, con un coste horario de consultoría de nóminas de 57 euros y un gasto unitario de 13,30 euros, lo que afecta especialmente a sectores con alta rotación de personal. El presidente de ASEMPLEO, Andreu Cruañas, subrayó que la dificultad para trasladar estos costes administrativos al cliente final reduce los márgenes y la productividad, perjudicando la competitividad de un sector sometido a elevadas exigencias normativas. Por ello, la organización, integrada en la CEOE, solicitó que la aplicación del nuevo SMI se posponga hasta el momento de su aprobación oficial, en lugar de tener efectos retroactivos desde enero. A su juicio, que las empresas conozcan con antelación la normativa y puedan calcular sus costes resulta esencial para una correcta planificación.

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(El Economista, 02-02-2026) | Laboral

Díaz calcula que los salarios crecerán 234 euros al mes al sumar los pluses al SMI

El Ministerio de Trabajo alcanzó el pasado jueves un principio de acuerdo con los sindicatos en el que no solo asumió el compromiso de elevar el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.221 euros mensuales, sino también de modificar la normativa vigente para garantizar que los complementos salariales por conceptos como peligrosidad o trabajo nocturno se sumen a ese umbral mínimo. El Ejecutivo considera que este cambio puede aprobarse vía reglamentaria y que supondrá, de media, un incremento adicional de 234 euros mensuales, según explicó Yolanda Díaz en un vídeo institucional. "La plantilla percibirá ambos conceptos: el SMI de 1.221 euros y, además, los complementos que le correspondan. Esto se traducirá, de media, en unos 234 euros más al mes, algo que hasta ahora apenas se reflejaba en la nómina", señaló la vicepresidenta segunda del Gobierno en un mensaje difundido este viernes. En términos anuales, el aumento podría superar los 3.000 euros, dado que el salario mínimo se abona en 14 pagas. CCOO y UGT llevan años reclamando una modificación legal que ponga fin a la denominada "absorción y compensación" de complementos salariales. Tanto el Estatuto de los Trabajadores como la jurisprudencia del Tribunal Supremo establecen que las empresas deben garantizar, como mínimo, el SMI, pero permiten alcanzarlo mediante la suma del salario base y los complementos. Sin embargo, Gobierno y sindicatos consideran esta práctica injusta, ya que a medida que sube el SMI muchos trabajadores dejan de percibir compensaciones por condiciones especialmente duras, riesgos laborales o mayor carga de trabajo, de modo que el incremento apenas se percibe en su sueldo final. El Ministerio de Trabajo ya se comprometió el año pasado a modificar la redacción del real decreto que regula anualmente el SMI para limitar esta práctica. El nuevo preacuerdo convierte ese cambio en una condición clave para que los sindicatos respalden la subida del 3,1%. El Ejecutivo pretende aprovechar la transposición pendiente de la directiva europea sobre salarios mínimos para introducir esta reforma y confía en hacerlo sin necesidad de pasar por el Congreso, pese a las reticencias expresadas por la CEOE y algunos grandes despachos de abogados. En octubre, el Gobierno presentó un primer borrador a patronal y sindicatos en el que proponía una redacción alternativa que mantenía abierta la posibilidad de compensar y absorber los complementos, salvo los incluidos en una extensa relación posterior. Dado que en esa lista figuraban la mayoría de los pluses habituales, la patronal advirtió de que recurriría la medida ante los tribunales, mientras que desde el ámbito sindical se cuestionaba la viabilidad de ese planteamiento. Ante ello, CCOO y UGT defienden una reorganización de los complementos salariales que permita distinguir claramente entre aquellos vinculados a formación específica, condiciones concretas de trabajo u horarios especiales, y los que se aplican de forma generalizada en los convenios o están asociados a determinados puestos. Al tratarse de una modificación relevante del real decreto del SMI, el texto que finalmente acuerde Trabajo con los sindicatos deberá someterse a trámites como el informe del Consejo de Estado. Por este motivo, la reforma no llegará al Consejo de Ministros al mismo tiempo que la subida del salario mínimo. No obstante, CCOO y UGT reclaman disponer de ambos borradores antes de firmar definitivamente el acuerdo para elevar el SMI a 1.221 euros mensuales, una vez que sus órganos internos lo aprueben formalmente. Aunque los dictámenes del Consejo de Estado no son vinculantes, fuentes del diálogo social reconocen que un informe negativo podría dificultar una tramitación que ya cuenta con la oposición expresa del Ministerio de Economía, lo que podría obligar a llevar la iniciativa al Congreso de los Diputados. Desde la CEOE ya advirtieron meses atrás de que este cambio en el tratamiento de los complementos salariales podría traducirse en incrementos de entre el 15% y el 25% en los salarios, en función del peso del SMI en cada sector y de los pluses establecidos en los distintos convenios colectivos.

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