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(El País, 02-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor no da tregua: cierra octubre en el 3,239% y sigue encareciendo las hipotecas

El euríbor ha cerrado octubre en el 3,239%, ligeramente por debajo del 3,247% registrado en septiembre. El descenso, de apenas 0,008 puntos porcentuales, pone fin a tres meses consecutivos de subidas, aunque mantiene el indicador por encima del 3% y en niveles máximos de más de dos años. Esta pequeña corrección no evitará que los titulares de hipotecas variables que revisen ahora sus préstamos tengan que afrontar un nuevo incremento de las cuotas. El motivo es que el índice continúa claramente por encima de los valores de referencia de hace seis y doce meses. En octubre de 2025, el euríbor se situaba en el 2,187%, más de un punto por debajo del nivel actual, mientras que en abril de este año alcanzaba el 2,747%, casi medio punto menos. Por tanto, tanto las revisiones anuales como las semestrales se traducirán en un encarecimiento de los préstamos. De acuerdo con las estimaciones del comparador financiero Kelisto, una hipoteca media de 181.000 euros, a 25 años y con un diferencial de 1,15 puntos sobre el euríbor, experimentará una subida de unos 100 euros mensuales si la revisión es anual. Esto supondrá un desembolso adicional de aproximadamente 1.202 euros al año, un 11,2% más. Para quienes actualicen el interés cada seis meses, el incremento estimado será de unos 46 euros al mes, lo que representa alrededor de 278 euros durante el próximo semestre. Estas cantidades son orientativas, ya que el impacto concreto depende del capital que quede pendiente, el diferencial aplicado por el banco, el plazo de amortización y la fecha de contratación del préstamo. La mayoría de las hipotecas se rigen por el sistema de amortización francés, en el que al principio se destina una mayor parte de la cuota al pago de intereses, mientras que con el paso del tiempo aumenta el porcentaje dedicado a devolver el capital. Por este motivo, las subidas del euríbor suelen tener un efecto menor sobre quienes se encuentran en la fase final de su préstamo. Los hipotecados que estén soportando un aumento de sus cuotas también pueden tratar de modificar las condiciones de financiación. Entre las alternativas se encuentran negociar con la entidad un cambio en el contrato o trasladar la hipoteca a otro banco para pasar de un tipo variable a uno fijo o mixto. En la mayoría de los casos, estas operaciones no tienen coste, aunque el cliente deberá asumir el importe de una nueva tasación de la vivienda. El dato de octubre supone un pequeño respiro después de la escalada registrada durante los últimos meses. El euríbor comenzó 2026 en el 2,245% y llegó a bajar hasta el 2,221% en febrero. Sin embargo, a partir de marzo cambió de tendencia, en un contexto marcado por el conflicto en Oriente Próximo y el encarecimiento de las materias primas energéticas. El indicador avanzó hasta el 2,565% en marzo, el 2,747% en abril y el 2,804% en mayo. Tras retroceder ligeramente en junio, cuando se situó en el 2,798%, volvió a subir en julio y agosto, hasta alcanzar el 2,855% y el 2,954%, respectivamente. En septiembre dio un nuevo salto, hasta el 3,247%. La portavoz del bróker financiero iAhorro, Laura Martínez, considera que el ligero retroceso de octubre es una señal positiva, aunque insuficiente para confirmar un cambio de tendencia. A su juicio, el hecho de que el euríbor continúe por encima del 3% y la evolución de las decisiones del Banco Central Europeo (BCE) serán determinantes para anticipar su comportamiento durante los próximos meses. La evolución del indicador refleja la incertidumbre de los mercados sobre la política monetaria que deberá aplicar el BCE para contener la inflación. El organismo elevó los tipos de interés en septiembre en 25 puntos básicos, hasta situar la facilidad de depósito en el 2,5%, después de haber aprobado otro incremento de la misma magnitud en junio. Sin embargo, en su reunión de octubre decidió mantener los tipos sin cambios. Esta pausa no implica necesariamente que haya concluido el proceso de endurecimiento monetario. La inflación continúa siendo el principal motivo de preocupación. En España, el IPC se ha mantenido en octubre en el 4,9%, su nivel más elevado desde febrero de 2023. El encarecimiento de la energía sigue presionando los precios, mientras que el conflicto en Oriente Próximo y las tensiones en los mercados energéticos elevan el riesgo de que el aumento de los costes termine trasladándose al conjunto de la economía. Diego Barnuevo, analista de mercados de Ebury, considera que el euríbor podría estar aproximándose a su nivel máximo si el BCE decide mantener una pausa prolongada en los tipos de interés después de diciembre. En ese escenario, el indicador a doce meses estaría más cerca de tocar techo. No obstante, advierte de que la persistencia de las tensiones geopolíticas y los elevados precios de la energía siguen representando un riesgo importante para esta previsión. Diciembre será la próxima cita relevante para los mercados. Una parte de los inversores contempla la posibilidad de que el BCE vuelva a subir los tipos si la inflación continúa alejada de su objetivo del 2%. Laura Martínez prevé que, pese a la decisión de mantenerlos sin cambios en octubre, Fráncfort podría aprobar un nuevo incremento en diciembre, lo que llevaría al euríbor a cerrar el año por encima de sus niveles actuales.

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(La Vanguardia, 02-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación se mantiene en el 4,9% por el empuje de los combustibles

La inflación se mantuvo en el 4,9% en octubre, según el indicador adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato pone fin a la escalada de los últimos meses, pero no supone una mejora en el coste de la vida, ya que los precios de la cesta de la compra continúan en niveles que no se registraban desde 2023. El encarecimiento de los combustibles y de la energía, intensificado desde finales de febrero por la guerra en Oriente Próximo, sigue presionando el índice. Además, el resultado ha superado las expectativas de algunos analistas, que confiaban en una moderación más acusada gracias a las rebajas fiscales vigentes. La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, también permanece estable por segundo mes consecutivo en el 3,1%. La evolución de los precios durante 2026 ha estado marcada por importantes oscilaciones, condicionadas por las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, la volatilidad de las materias primas energéticas y los efectos de determinados fenómenos meteorológicos sobre la producción agrícola, como la sequía que ha afectado a Europa durante el verano. El ejercicio comenzó con tasas interanuales relativamente moderadas, del 2,3% tanto en enero como en febrero. Sin embargo, en marzo la inflación repuntó hasta el 3,4% y se situó en torno al 3,2% durante el segundo trimestre. La presión volvió a intensificarse en verano, con avances del 3,6% en julio y del 4,3% en agosto, hasta alcanzar el 4,9% en septiembre. En octubre, el indicador se mantiene en ese nivel después de cuatro meses consecutivos de incrementos. Esta estabilización se produce pese a la continuidad de las rebajas fiscales incluidas en el tercer paquete de medidas anticrisis, aprobado el pasado 29 de septiembre y posteriormente convalidado por la Diputación Permanente del Congreso. El resultado ha sorprendido a los servicios de estudios, cuyas previsiones apuntaban a escenarios diferentes. Funcas esperaba una reducción de tres décimas de la tasa general, hasta el 4,6%, y una moderación de la subyacente al 2,9%, confiando en el efecto de las medidas fiscales sobre los carburantes. En cambio, otros centros de análisis, como el ICAE, anticipaban un repunte de una décima, hasta el 5%, debido al encarecimiento de la electricidad y el gasóleo. Finalmente, el aumento mensual del 0,6% ha dejado inalterada la tasa interanual, como consecuencia de la evolución contrapuesta de los distintos componentes. La bajada de los combustibles y lubricantes ha contribuido a contener los precios, mientras que el incremento del gas y de los combustibles líquidos, junto con una menor caída de los paquetes turísticos respecto a octubre de 2025, ha ejercido presión al alza. A falta de conocer los datos definitivos del INE y el desglose completo de los componentes de la cesta de consumo, el avance publicado apunta a que los alimentos y las bebidas no alcohólicas están resistiendo, por el momento, el impacto del conflicto en Oriente Próximo. Aunque sus precios continúan aumentando, lo hacen a un ritmo inferior al de octubre del año pasado y su tasa interanual se sitúa aproximadamente dos puntos por debajo de la inflación general. Las perspectivas para los últimos meses del ejercicio siguen marcadas por la incertidumbre y la persistencia de las presiones inflacionistas. La economista sénior de Funcas, María Jesús Fernández, prevé que el petróleo se mantenga ligeramente por encima de los 100 dólares por barril durante lo que queda de 2026, antes de iniciar un descenso progresivo hacia los 85 dólares a lo largo del próximo año. No obstante, advierte de que la incertidumbre geopolítica continúa condicionando las expectativas y puede provocar cambios bruscos en las cotizaciones de los mercados de futuros. Más allá de las fluctuaciones de la energía, los analistas consideran que la resistencia de los precios responde también a factores estructurales. Fernández señala que la inflación subyacente tardará más en moderarse que el índice general, especialmente por la evolución de los servicios, cuyos precios apenas muestran señales de desaceleración. Esta tasa se ha mantenido durante todo el año en torno al 4% y, según sus previsiones, podría no bajar del 3% durante 2027. La persistencia de estas presiones contribuye a explicar la diferencia entre la inflación española y la media de la eurozona. En España, la demanda mantiene una intensidad mayor, impulsada por el crecimiento económico, la actividad turística y el aumento de la población, que ronda las 500.000 personas anuales. A este escenario se añaden las dificultades de las empresas para encontrar trabajadores, un problema que limita su capacidad para ampliar la oferta y responder al incremento de la demanda.

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(El Economista, 02-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La mitad de los españoles no tiene ni 5.000 euros ahorrados para imprevistos

Con motivo del Día Mundial del Ahorro, que se celebró este sábado 31 de octubre, resulta oportuno analizar cuánto dinero tienen reservado las familias españolas. Los datos reflejan una situación desigual y poco alentadora, ya que una parte importante de la población tiene dificultades para mantener un ahorro estable. Según el barómetro publicado por la plataforma Mintos, casi la mitad de los españoles cuenta con menos de 5.000 euros ahorrados y uno de cada diez no dispone de ningún dinero reservado. Estas conclusiones proceden de una encuesta realizada a más de 1.200 personas en nuestro país. Uno de los factores que mejor explica las diferencias entre hogares es su nivel de ingresos. El estudio de BBVA Research «¿Quién ahorra en España? Heterogeneidad en la capacidad de ahorro de los hogares», elaborado por las economistas Noelia Cámara y Sirenia Vázquez, estima que el 33,6% de las familias españolas tiene una tasa de ahorro negativa, lo que significa que su consumo anual supera la renta disponible. Esta situación afecta especialmente a los hogares con menos recursos. Entre el 10% de las familias con menores ingresos, el 75,8% gasta más de lo que percibe, mientras que entre el 10% con rentas más elevadas este porcentaje se reduce al 9,2%. Las diferencias también se aprecian en los ingresos anuales medianos. Los hogares que no consiguen ahorrar disponen de 25.759 euros, frente a los 42.896 euros de aquellos que sí logran reservar parte de su renta. Esta brecha ayuda a entender por qué una tasa de ahorro nacional elevada puede ocultar situaciones de vulnerabilidad económica. Las familias con menos ingresos destinan una proporción mayor de sus recursos a cubrir necesidades básicas y, por tanto, cuentan con menos margen para acumular ahorros. De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de ahorro de los hogares se situó en el segundo trimestre del año en el 11% de la renta disponible bruta, una vez eliminados los efectos estacionales y de calendario. En este contexto, el nivel de ingresos resulta determinante para poder mantener una capacidad de ahorro a largo plazo. El análisis de BBVA Research también identifica diferencias relacionadas con el tamaño de las familias. Cada miembro adicional del hogar se asocia, de media y manteniendo constantes el resto de las variables, con una reducción de 9,75 puntos porcentuales en la tasa de ahorro. Este efecto es todavía más acusado entre los hogares con menor capacidad económica. Los datos de Mapfre ofrecen otra perspectiva sobre cuánto consiguen ahorrar los españoles cada mes. Según su informe «¿Cómo ahorran los españoles? Tendencias y opiniones sobre el ahorro y la inversión», siete de cada diez ciudadanos logran reservar una parte de sus ingresos, aunque las cantidades son relativamente reducidas. El ahorro mensual medio se sitúa en torno a los 265 euros, con diferencias entre hombres y mujeres. Ellos destinan una media de 306 euros al mes, mientras que ellas reservan unos 236 euros. Además, aproximadamente el 20% de la población ahorra más de 400 euros mensuales, un grupo que contribuye a elevar el promedio general. Sin embargo, las cifras medias pueden ofrecer una imagen distorsionada de la realidad, ya que las cantidades más elevadas de determinados grupos incrementan el resultado global. Una encuesta de Funcas de 2025 muestra con claridad estas diferencias: los hogares que ingresan entre 4.000 y 5.000 euros al mes ahorran alrededor de 750 euros, frente a los aproximadamente 190 euros que consiguen reservar aquellos con ingresos de entre 600 y 1.000 euros. La distancia alcanza los 560 euros mensuales, lo que supone más de 6.700 euros al año. Se trata de una diferencia considerable, que permite a las familias con mayores ingresos no solo afrontar sus gastos habituales, sino también acumular capital y patrimonio. El informe de Mapfre señala, además, que la falta de ingresos suficientes, las dificultades para llegar a fin de mes y el encarecimiento del coste de la vida son los principales obstáculos para ahorrar. De hecho, el 59% de las personas que actualmente no consigue reservar dinero afirma que sí podía hacerlo anteriormente.

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(Expansión, 30-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

De Cos, el favorito de los expertos para suceder a Lagarde

Pablo Hernández de Cos, actual director gerente del Banco de Pagos Internacionales, parte como el candidato mejor posicionado para suceder a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE). Distintas fuentes de Bruselas implicadas en el futuro proceso de elección consideran que cuenta con el perfil profesional más completo y la preparación más adecuada para asumir el cargo. Aunque reconocen que su principal rival, el neerlandés Klaas Knot, también reúne importantes cualidades y goza de un notable prestigio internacional, la mayoría se inclina por el antiguo gobernador del Banco de España. Esta percepción coincide con la opinión predominante entre los economistas. Varias encuestas realizadas durante los últimos meses por Financial Times y, más recientemente, por Bloomberg sitúan a Hernández de Cos como favorito para ocupar la presidencia de la autoridad monetaria europea. Knot, que dirigió el Banco de Países Bajos y presidió el Consejo de Estabilidad Financiera, es su principal competidor. No obstante, la solvencia técnica y la trayectoria profesional no serán los únicos factores que determinen el resultado. La designación estará condicionada por un complejo entramado de negociaciones políticas y equilibrios entre los distintos países de la Unión Europea. La elección del próximo presidente del BCE forma parte de una negociación más amplia en la que también deberán distribuirse otras responsabilidades relevantes, como la dirección de Operaciones de Mercado y el puesto de economista jefe. Las previsiones apuntan a que estos dos cargos recaerán en representantes de Francia y Alemania, respectivamente. Esta distribución podría influir en las posibilidades de Hernández de Cos, especialmente si la candidatura francesa para economista jefe termina imponiéndose. Algunos consideran que sería complicado combinar ambos perfiles, dado que el exgobernador español está considerado una figura favorable a una política monetaria más expansiva. Francia, por su parte, podría aportar un enfoque más prudente debido a las tensiones que atraviesa su mercado de deuda. Sin embargo, no existe una incompatibilidad automática entre estas posiciones, como demuestra la etapa del neerlandés Wim Duisenberg al frente del BCE, cuando el economista jefe alemán Otmar Issing mantenía una orientación más restrictiva. En el ámbito nacional, Hernández de Cos dispone de un respaldo político amplio. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, apoyan su candidatura. Aunque la posición del Ejecutivo español en determinados debates europeos, como el relativo a la política migratoria, podría haber reducido su capacidad de influencia en Bruselas, los contactos diplomáticos consideran que esta circunstancia no debería perjudicar necesariamente las opciones del candidato. La negociación decisiva tendrá lugar en la cumbre de presidentes prevista para diciembre en el Consejo Europeo, cuando España podría encontrarse con un Gobierno en funciones. Aun así, esta situación tampoco se considera un obstáculo determinante. Junto a su experiencia profesional, Hernández de Cos cuenta con otros argumentos a su favor: representa a una de las grandes economías europeas con mejor comportamiento y España todavía no ha ocupado la presidencia del BCE. La elección de Klaas Knot, en cambio, supondría conceder por segunda vez esta responsabilidad a Países Bajos, pese a tratarse de un país de menor dimensión económica.

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(El País, 30-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La economía de Estados Unidos acelera en el tercer trimestre al crecer un 3,4% impulsada por la IA

La economía de Estados Unidos aceleró su crecimiento durante el tercer trimestre, impulsada por la inversión privada, el consumo de los hogares y el gasto público, con la industria de la inteligencia artificial (IA) como uno de los principales motores. El producto interior bruto (PIB) avanzó un 3,4% en tasa anualizada entre junio y septiembre, frente al 2,2% del trimestre anterior, según los datos publicados este jueves por la Oficina de Análisis Económico (BEA). El resultado superó las previsiones de los analistas, que esperaban una aceleración más moderada, hasta aproximadamente el 3%. La BEA atribuye este avance principalmente al incremento de la inversión, el consumo y el gasto público, aunque parte del crecimiento quedó compensado por la caída de las exportaciones. Las importaciones, que se descuentan al calcular el PIB, también aumentaron y registraron un mayor incremento que en el trimestre anterior. Los resultados reflejan la resistencia de la economía estadounidense, que ha mantenido un ritmo sólido de actividad pese a las consecuencias de la guerra con Irán, las tensiones energéticas y el deterioro de la confianza de numerosos hogares. La inflación continúa presionando el presupuesto de las familias y alcanzó el 3,7% en septiembre, por encima de lo esperado. Así, el crecimiento económico convive con un creciente malestar social por el encarecimiento del coste de la vida y las dificultades para mantener el poder adquisitivo. El precio de los carburantes ilustra esta situación. La gasolina, utilizada por la mayoría de los conductores estadounidenses, alcanza los 4,22 dólares por galón, equivalente a 3,785 litros, un 45% más que hace un año. El encarecimiento tiene un impacto especial en un país donde los desplazamientos diarios suelen cubrir grandes distancias. El diésel también registra fuertes subidas: el galón se sitúa en 6,34 dólares, un 80% más, lo que aumenta los costes de transportistas y agricultores. Pese a estas dificultades, los principales indicadores macroeconómicos mantienen una evolución favorable. El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, afirmó el miércoles que la actividad económica sigue expandiéndose a un ritmo sólido y que el gasto interno conserva su fortaleza, aunque persiste la incertidumbre derivada, entre otros factores, de la situación geopolítica. La Fed decidió mantener sin cambios los tipos de interés, en un contexto marcado por las presiones inflacionistas. La economía estadounidense ha logrado absorber el impacto de los aranceles, las tensiones energéticas relacionadas con el conflicto en Oriente Próximo y los cambios asociados a la expansión de la inteligencia artificial. El mercado laboral continúa creciendo, aunque a un ritmo más moderado, en parte por el endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump. La tasa de desempleo ronda el 4,2%, un nivel históricamente bajo que se mantiene desde hace meses. Warsh destacó que la actividad del tercer trimestre habría registrado un impulso adicional gracias al consumo, cuyo crecimiento podría haber superado el 3%, y a la inversión empresarial, que avanzaría a un ritmo cercano a los dos dígitos. El gasto de capital representa una proporción históricamente elevada del PIB y, aunque la inversión tecnológica encabeza esta evolución, el aumento también se extiende a otras áreas de la economía. El presidente de la Reserva Federal vinculó parte de estas perspectivas favorables a las mejoras de productividad asociadas a la adopción de la IA. La inversión en inteligencia artificial se ha convertido en uno de los factores que explican el dinamismo económico de los últimos trimestres. Las grandes compañías tecnológicas y los laboratorios especializados están destinando importantes recursos a la adquisición de chips y al desarrollo de centros de datos, infraestructuras esenciales para entrenar y ejecutar los nuevos sistemas de IA. Este gasto impulsa la inversión empresarial y contribuye a sostener el crecimiento, aunque persiste la brecha entre los buenos resultados agregados de la economía y la percepción de muchos ciudadanos, que siguen acusando el encarecimiento de los bienes y servicios básicos.

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(El Periódico, 30-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 4,9% en octubre, la misma que la registrada en septiembre

La tasa de inflación anual estimada del IPC se situó en octubre de 2026 en el 4,9%, según el indicador adelantado publicado por el INE. De confirmarse este dato, supondría que los precios mantienen el mismo ritmo de crecimiento que en septiembre, cuando la tasa también alcanzó el 4,9%. Entre los componentes que han contribuido a moderar la inflación destaca el descenso de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, más acusado que el registrado en octubre del año pasado. También han influido, aunque en menor medida, los alimentos y bebidas no alcohólicas y el vestido, cuyos precios han aumentado, pero a un ritmo inferior al de hace un año. En sentido contrario, han presionado al alza los paquetes turísticos, cuyos precios han bajado menos que en octubre de 2025, así como el gas, que ha registrado un incremento superior al del mismo periodo del año anterior. A ello se suma la evolución de los combustibles líquidos, que han encarecido sus precios frente al descenso que experimentaron hace un año. La inflación subyacente, que excluye del índice general los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se mantiene en el 3,1% en tasa anual estimada. En términos mensuales, los precios de consumo aumentaron un 0,6% en octubre respecto a septiembre, de acuerdo con el indicador adelantado. Por su parte, la tasa de variación anual estimada del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) se redujo una décima, hasta el 4,9%. La inflación subyacente calculada con este indicador se situó también en el 3,1%, mientras que la variación mensual estimada del IPCA fue del 0,5%.

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(Cinco Días, 29-10-2026) | Fiscal

Las navieras se hacen de oro con el alza de los fletes y disparan un 75% el beneficio medio por barco

La guerra en Irán ha alterado profundamente el transporte marítimo internacional, con el estrecho de Ormuz como principal foco de la crisis. Su bloqueo ha obligado a las navieras a utilizar rutas más largas, reduciendo la disponibilidad de buques, mientras el riesgo de ataques iraníes ha disparado los costes del transporte, especialmente en el sector energético. Los ingresos medios de la actividad marítima han aumentado un 75% este año respecto al anterior y se sitúan un 92% por encima de la media de la última década. Esta situación está favoreciendo a un reducido grupo de grandes compañías navieras, algunas de las cuales han duplicado ampliamente su valor bursátil. Los ingresos medios diarios de los buques de carga superan actualmente los 74.000 dólares, según el Clarksea Index, elaborado por la consultora Clarksons Research. Este indicador, utilizado habitualmente por armadores, navieras y aseguradoras, calcula la rentabilidad media de una flota representativa de petroleros, graneleros, portacontenedores y gaseros. Sus registros se encuentran cerca de máximos históricos, lo que refleja el fuerte crecimiento de los ingresos del sector pese al encarecimiento del combustible y al aumento de los riesgos para la navegación. Desde la pandemia, el transporte marítimo ha tenido que adaptarse a un entorno más inestable, marcado por los conflictos internacionales, las interrupciones de las cadenas de suministro y la congestión portuaria. Sin embargo, esta mayor volatilidad también ha abierto oportunidades para elevar los precios. Vincent Clerc, consejero delegado de la naviera danesa Maersk, señaló en septiembre que la forma de fijar las tarifas había cambiado sustancialmente desde la crisis sanitaria y que el sector podía alcanzar niveles de rentabilidad superiores a los habituales antes de la pandemia. Maersk, que dispone de la segunda mayor flota mundial de portacontenedores y controla el 13,6% de la capacidad del mercado, registró en el segundo trimestre un beneficio neto atribuido de 1.263 millones de dólares, un 116% más que en el mismo periodo del año anterior. La compañía revisó al alza por segunda vez sus previsiones para 2026 y los analistas de Citi esperan que pueda mejorarlas de nuevo con la publicación de sus resultados del tercer trimestre, prevista para el 5 de noviembre. En lo que va de año, sus acciones acumulan una revalorización del 60%. El mercado está dominado por un pequeño número de grandes operadores. Mediterranean Shipping Company (MSC), con sede en Suiza, lidera el sector con el 21,5% de la capacidad mundial de transporte de contenedores, aunque no publica sus resultados financieros. Maersk ocupa la segunda posición, seguida de la francesa CMA CGM, con una cuota del 12,9%, y la china Cosco Shipping, con el 10,6%. Por detrás se sitúan compañías como la alemana Hapag-Lloyd, la japonesa Ocean Network Express y la taiwanesa Evergreen. El encarecimiento de los fletes se ha extendido a prácticamente todas las modalidades de transporte marítimo. La inseguridad en torno al estrecho de Ormuz obliga a modificar itinerarios, aumenta las distancias recorridas y eleva los gastos de combustible y aseguramiento. Estos costes adicionales terminan trasladándose a las tarifas que pagan las empresas por transportar mercancías, desde productos industriales hasta materias primas y recursos energéticos. El índice compuesto de fletes de contenedores de Shanghái ha multiplicado por más de tres sus niveles anteriores al conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, el impacto más acusado se observa en el transporte de petróleo, donde el coste de los fletes se ha multiplicado por diez en lo que va de año. El incremento está impulsando los resultados de las navieras especializadas en el transporte de crudo. A mediados de octubre, el coste diario estimado de transportar dos millones de barriles de petróleo en un petrolero de gran capacidad, conocido como VLCC, desde África occidental hasta China llegó a superar los 770.000 dólares. En la ruta entre el golfo de México y China, las tarifas alcanzaron los 600.000 dólares diarios. Estas cantidades se calculan a partir de los ingresos previstos por el viaje, descontando gastos como el combustible, las tasas portuarias y los peajes por el tránsito a través de canales como los de Suez o Panamá. Según John Ollett, responsable de precios de fletes de crudo de la consultora Argus, los armadores deben seguir afrontando costes de tripulación, mantenimiento y abastecimiento de los buques, que se estiman en unos 10.000 dólares diarios. La diferencia entre estos gastos y los ingresos obtenidos por los fletes deja unos márgenes extraordinarios que están elevando la rentabilidad de las compañías. El auge del transporte de petróleo también se refleja en los mercados financieros. El Breakwave Tanker Shipping ETF, un fondo cotizado que sigue la evolución de los precios de los contratos de futuros vinculados a los fletes de petroleros, acumula una subida cercana al 4.750% este año. Su evolución ilustra hasta qué punto la crisis en Oriente Próximo y las dificultades para transportar crudo han convertido la capacidad de navegación en un activo especialmente valioso.

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(La Vanguardia, 29-10-2026) | Fiscal

Frente Amplio plantea frenar la acumulación de vivienda gravando con un 10% a grandes propietarios

Ada Colau ha presentado una propuesta fiscal para intervenir en el mercado del alquiler mediante un impuesto anual del 10% sobre el valor de los inmuebles de los grandes propietarios que no se arrienden a precios asequibles. En una entrevista en la cadena SER, la candidata de Frente Amplio ha defendido que la vivienda debe destinarse a residencia habitual y no a la especulación. A su juicio, la fiscalidad puede contribuir tanto a frenar las subidas de los alquileres como a reducir unas rentas que considera excesivas. Colau ha relacionado la iniciativa con la defensa del derecho a la vivienda y con el origen de la actual convocatoria electoral. También ha recordado a Mari Carmen y ha señalado que su lucha debe traducirse en medidas concretas para evitar situaciones que considera intolerables. La candidata ha insistido en que es necesario actuar sobre las causas del encarecimiento de la vivienda y no limitarse a medidas parciales. El impuesto distinguiría entre pequeños propietarios y grandes tenedores. Se aplicaría a las empresas desde su primera vivienda y a las personas físicas a partir de la cuarta, siempre que el valor conjunto de sus inmuebles superase los 800.000 euros. Los propietarios que alquilasen por encima de la media establecida en el índice estatal de referencia tendrían que pagar anualmente un gravamen equivalente al 10% del valor de los inmuebles, mientras que los arrendamientos a precios asequibles quedarían exentos. La finalidad de la medida, según Colau, no sería aumentar los ingresos públicos, sino desincentivar los alquileres elevados y conseguir que los propietarios redujesen las rentas para evitar el pago. La candidata ha señalado que, en ciudades como Madrid y Barcelona, los precios considerados asequibles deberían situarse algo más de un 30% por debajo de los niveles actuales. La propuesta pone el foco especialmente en los fondos de inversión y los grandes propietarios. Colau ha asegurado que trece fondos concentran unas 100.000 viviendas en España y ha defendido la necesidad de actuar sobre este tipo de tenedores. Según su planteamiento, las estadísticas muestran una relación entre el tamaño de los propietarios y el nivel de los alquileres que fijan. Las estimaciones de Frente Amplio apuntan a que el gravamen podría afectar a 737 empresas privadas con al menos 50 viviendas alquiladas. Además, la formación calcula que contribuiría a movilizar 213.840 inmuebles en manos de multipropietarios que actualmente no están arrendados ni se utilizan como residencia habitual. A esta cifra se sumarían otros 272.160 pisos que ya están en alquiler y cuyos propietarios podrían optar por reducir las rentas para quedar exentos del impuesto. Frente a quienes consideran que la solución pasa principalmente por construir más viviendas, Colau ha sostenido que el problema no se limita a la falta de oferta, sino que también depende del uso que se hace de los inmuebles disponibles. En este sentido, ha señalado los pisos vacíos, el alquiler de temporada y los alojamientos turísticos como factores que restringen la oferta destinada a residencia habitual. La candidata ha reconocido que es necesario ampliar el parque público de vivienda, aunque ha advertido de que la construcción requiere varios años y no permite responder de inmediato a la emergencia habitacional. Por ello, Frente Amplio propone elevar de forma permanente la inversión en vivienda asequible y protegida hasta el 1% del PIB. Los recursos se destinarían a construir, adquirir y rehabilitar inmuebles, y parte de la financiación procedería de la recaudación del nuevo impuesto. La iniciativa pretende combinar así el aumento de la oferta pública con incentivos fiscales para movilizar las viviendas existentes y contener los precios del alquiler.

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(Expansión, 29-10-2026) | Laboral

Sólo dos universidades españolas en el "top 50" mundial de empleabilidad

IE University y la Universidad de Navarra son las únicas instituciones españolas que figuran entre las 50 mejores universidades del mundo en empleabilidad, según la edición de 2027 del Global Employability University Ranking and Survey (GEURS), elaborado por la consultora Emerging y publicado por Times Higher Education. La clasificación recoge las 300 universidades que cuentan con una mejor valoración por parte de los empleadores internacionales. Los criterios empresariales para evaluar las universidades no siempre coinciden con los utilizados en los rankings académicos tradicionales. Una institución puede destacar por su investigación, sus publicaciones científicas o la calidad de su profesorado y, sin embargo, obtener una valoración diferente entre las empresas que contratan a sus titulados. El GEURS se centra precisamente en conocer qué universidades consideran los responsables de contratación que preparan mejor a sus estudiantes para incorporarse al mercado laboral. IE University conserva el puesto 17 de la clasificación mundial, mientras que la Universidad de Navarra baja ocho posiciones y se sitúa en el lugar 43, frente al 35 de la edición anterior. De este modo, España mantiene dos universidades entre las 50 primeras, aunque pierde presencia en el grupo de las 40 mejor valoradas, donde solo permanece IE University. En conjunto, ocho universidades españolas aparecen entre las 300 seleccionadas, una más que en la edición precedente. Este avance debe interpretarse teniendo en cuenta que la clasificación ha ampliado su alcance, pasando de 250 a 300 instituciones y de 42 a 47 países. La Universidad Ramon Llull registra la mayor mejora entre los centros españoles, al subir 18 puestos hasta alcanzar la posición 111. Le sigue la Universidad Carlos III de Madrid, que pierde cuatro posiciones y queda en el puesto 119, aunque continúa siendo la universidad pública española mejor situada en el ranking. La Universidad Autónoma de Barcelona desciende nueve lugares, hasta el puesto 126, mientras que la Universidad Autónoma de Madrid retrocede del 147 al 151. Por su parte, la Universidad Complutense de Madrid mejora ligeramente y pasa del puesto 156 al 154. La principal novedad de la representación española es la incorporación de la Universidad de Barcelona, que entra en la clasificación en la posición 289. El ranking no mide directamente la tasa de empleo de los titulados, el tiempo que tardan en encontrar trabajo ni los salarios que perciben. Su objetivo es identificar las universidades que los empleadores consideran más eficaces en la preparación de profesionales para el mercado laboral. La edición de 2027 se basa en las respuestas de cerca de 16.000 responsables empresariales de 40 países. Para participar, los encuestados deben acreditar más de cinco años de experiencia profesional y contratar o supervisar cada año a un mínimo de cinco graduados universitarios. Los participantes seleccionan las instituciones que consideran más adecuadas para las necesidades de sus empresas y justifican sus elecciones a partir de distintos factores relacionados con la empleabilidad. La consulta parte de una lista inicial de aproximadamente 1.000 universidades. Cada participante puede seleccionar entre 10 y 15 instituciones y señalar hasta dos factores que expliquen sus preferencias. Una vez validados los votos, estos se agregan sin aplicar ponderaciones ni ajustes adicionales. La metodología contempla siete aspectos: experiencia laboral, competencias de los graduados, especialización, impacto social y liderazgo, rendimiento académico, internacionalización y reputación. Estos elementos sirven para explicar las preferencias de los empleadores, pero no constituyen clasificaciones independientes que permitan determinar la posición de cada universidad en cada categoría. Los resultados de la edición de 2026 ya apuntaban a un cambio en las prioridades empresariales. Las competencias de los graduados encabezaban los factores más valorados, seguidas de la experiencia profesional. La internacionalización ocupaba la tercera posición, por delante del rendimiento académico. También aumentaba la importancia concedida al impacto social y al liderazgo, mientras que la especialización perdía peso relativo. Esta evolución refleja una mayor atención a los perfiles capaces de combinar conocimientos técnicos con habilidades transferibles, experiencia práctica y capacidad para desenvolverse en entornos internacionales. La especialización sigue siendo relevante, pero las empresas parecen valorar cada vez más su integración con otras competencias. Para las universidades, estos resultados refuerzan la importancia de complementar la formación académica con experiencias profesionales y habilidades aplicables al trabajo. Sin embargo, la clasificación no permite determinar qué centros españoles destacan en cada uno de estos factores ni establecer una relación directa entre sus resultados y una metodología docente concreta.

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(Expansión, 29-10-2026) | Laboral

Estados Unidos busca albañiles: necesitan 456.000 trabajadores de la construcción y pagan sueldos de hasta 75.000 euros

Estados Unidos afronta una creciente escasez de trabajadores en el sector de la construcción, que podría necesitar incorporar hasta 456.000 empleados en 2027, según las previsiones de la Asociación de Constructores y Contratistas (ABC). La falta de mano de obra preocupa tanto a las empresas constructoras como a los inversores, en un contexto en el que los salarios pueden alcanzar los 75.000 dólares anuales y superar ampliamente esa cantidad en puestos especializados. Las necesidades de contratación aumentan con rapidez. Para 2026, el sector calculaba que necesitaría 349.000 trabajadores adicionales, por lo que la previsión para el próximo año supone un incremento del 30,7%. El economista jefe de la ABC, Anirban Basu, ha advertido de que no cubrir estas vacantes agravará la escasez en determinadas profesiones y regiones y ejercerá una presión adicional sobre los costes laborales. El déficit de trabajadores responde a varios factores, entre ellos la jubilación de empleados veteranos, la falta de relevo generacional, las restricciones a la inmigración y las expectativas de crecimiento de la actividad. La demanda de albañiles y otros profesionales de la construcción supera ampliamente la oferta disponible, lo que está impulsando los salarios y provocando retrasos en los proyectos. Según datos difundidos por la ABC el año pasado, el 92% de las constructoras había tenido dificultades para encontrar personal. La situación coincide con las perspectivas de recuperación de una industria que lleva años atravesando un periodo de estancamiento. El modelo de la asociación estima que cada 1.000 millones de dólares invertidos en proyectos de construcción generan una demanda de unos 3.450 puestos de trabajo, lo que refleja el efecto de las inversiones sobre el empleo del sector. La falta de profesionales puede representar una oportunidad para trabajadores extranjeros, incluidos los españoles, que podrían acceder a remuneraciones superiores a las habituales en Europa. No obstante, es necesario tener en cuenta el coste de vida en Estados Unidos, que se estima en unos 3.615 dólares mensuales para una persona, aunque varía considerablemente según la ciudad y el estado de residencia. Los salarios anuales de 75.000 dólares, equivalentes a unos 67.356 euros según las cifras recogidas en la información, se sitúan aproximadamente un 7% por encima de la remuneración media nacional estadounidense, estimada en 69.770 dólares anuales. En los puestos técnicos especializados, como los de electricistas, ingenieros, arquitectos y aparejadores, los ingresos pueden alcanzar los 250.000 dólares al año en determinadas posiciones que requieren formación universitaria. Pese al aumento de las necesidades de contratación, Basu ha señalado que el sector podría incorporar menos trabajadores que en ejercicios anteriores, debido a las previsiones de crecimiento moderado del gasto en construcción durante 2026 y 2027. La demanda, además, no se distribuye de manera uniforme entre las distintas actividades: algunos proyectos tecnológicos concentran una parte importante de los recursos y de los profesionales disponibles. El desarrollo de la inteligencia artificial constituye uno de los principales motores de esta demanda. Grandes compañías tecnológicas como Meta, Microsoft, Amazon, Google y Oracle prevén invertir conjuntamente unos 700.000 millones de dólares el próximo año. Una parte importante de estos recursos se destinará a infraestructuras vinculadas a la inteligencia artificial, especialmente a la construcción de centros de datos, que requieren albañiles, electricistas, fontaneros y técnicos especializados. Estos proyectos generan nuevas oportunidades para las constructoras, pero también pueden intensificar la competencia por la mano de obra frente a otras actividades, como la edificación residencial, la construcción de fábricas o las instalaciones sanitarias. Según Basu, los centros de datos destinados a la inteligencia artificial ofrecen una rentabilidad atractiva para las empresas, lo que puede llevarlas a priorizar estas obras frente a otros proyectos. A esta presión se suman las restricciones migratorias impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, que limitan el acceso a una fuente tradicional de trabajadores para el sector. La combinación del aumento de la inversión tecnológica, el envejecimiento de la plantilla y las dificultades para incorporar nuevos profesionales mantiene la escasez de mano de obra como uno de los principales desafíos de la construcción en Estados Unidos.

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