(El Confidencial, 03-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La Unión Europea terminó 2024 con el nivel más alto de sanciones a auditores y sociedades de auditoría registrado en los últimos cinco años. Las autoridades nacionales de control dictaron 1.517 sanciones y actuaciones administrativas, un máximo histórico que evidencia el aumento gradual de la supervisión sobre el sector. Así lo recoge el último informe del Comité de Organismos Europeos de Supervisión de la Auditoría, que agrupa a los reguladores de los Estados miembros y de varios países del Espacio Económico Europeo. En este escenario, España se sitúa entre los países más activos en materia sancionadora, aunque no ocupa el primer puesto en cifras totales.
Estos datos se producen justo antes del cambio de rumbo en Estados Unidos con la llegada de la Administración Trump, que ha cesado a la anterior cúpula del organismo supervisor de la auditoría (PCAOB) y plantea su integración en la SEC. El sector prevé un entorno de inspecciones menos exigente, un giro que ha despertado la preocupación de los supervisores europeos. Desde el CEAOB se advierte de que desmantelar este modelo de referencia debilitaría la confianza en los mercados y bloquearía durante años la cooperación internacional, al dejar sin efecto los actuales acuerdos de intercambio de información, una posición que también respalda el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
El informe pone de relieve una elevada concentración geográfica de las sanciones. En número de expedientes, Hungría, Rumanía, Alemania y Polonia lideraron la actividad sancionadora en 2024, concentrando una parte muy relevante del total, en muchos casos como consecuencia de revisiones generalizadas de calidad y del fortalecimiento de las facultades de sus autoridades supervisoras.
Si se atiende al importe económico, las sanciones más elevadas se localizaron en pocos países. Alemania impuso la multa individual más alta a un auditor, por valor de 300.000 euros, mientras que Noruega encabezó las sanciones a firmas de auditoría por trabajos vinculados a entidades de interés público, con penalizaciones que alcanzaron los 500.000 euros. España también destacó en este apartado, con multas a firmas que superaron los 230.000 euros en auditorías de grandes entidades.
El documento diferencia entre sanciones relacionadas con entidades de interés público y aquellas correspondientes a auditorías de entidades que no tienen esa consideración. Las primeras incluyen bancos, aseguradoras, empresas cotizadas, fondos de pensiones, instituciones de inversión colectiva y otras organizaciones con especial relevancia económica o social, sometidas a un régimen de control más estricto.
Durante 2024 se contabilizaron 79 sanciones económicas vinculadas a auditorías de entidades de interés público, una cifra muy similar a la de años anteriores, lo que sugiere una evolución estable en este ámbito. En cambio, las sanciones asociadas a auditorías de empresas no consideradas de interés público aumentaron con fuerza, hasta 443, lo que supone un incremento del 38% respecto a 2023. Este repunte explica en gran medida el récord europeo y está relacionado con auditorías de menor tamaño y con incumplimientos de otras obligaciones profesionales, como formación, comunicación de información o colaboración con los supervisores.
El presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Santiago Durán, atribuye esta tendencia al fortalecimiento progresivo del marco de supervisión europeo tras la reforma de la Directiva de Auditoría. Recuerda que dicha directiva se modificó en 2014, con un plazo de dos años para su transposición, y que introdujo criterios más estrictos de independencia y transparencia para las autoridades nacionales encargadas de vigilar la actividad auditora.
Durán señala también que este refuerzo no ha avanzado de forma homogénea en todos los países. Explica que el sistema español de supervisión pública es uno de los más veteranos de Europa, creado en 1988, mientras que en otros Estados miembros la vigilancia ha evolucionado desde modelos de autorregulación entre auditores hacia sistemas públicos progresivamente más independientes del propio sector.
A su juicio, esta convergencia tardía ayuda a entender el aumento actual de sanciones. Considera que la implantación reciente de sistemas públicos de supervisión en varios países, junto con una mayor dotación de medios y competencias, ha permitido ampliar el alcance de las inspecciones y someter a control un número creciente de trabajos de auditoría.