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(El Economista, 02-02-2026) | Laboral

La regularización sumará cerca de 70.000 nuevos autónomos, según UPTA

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) calcula que la regularización de personas extranjeras podría generar alrededor de 70.000 nuevas altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Según la organización, aproximadamente un 14% de las personas regularizadas optarían por iniciar un proyecto empresarial y desarrollar una actividad por cuenta propia. El Gobierno aprobó el pasado martes un proceso extraordinario de regularización dirigido a extranjeros que carecen de documentación y que ya se encuentran en España. La ministra de Seguridad Social indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se estima que la medida beneficiará a cerca de 500.000 personas. UPTA subraya que esta iniciativa, lejos de ser un obstáculo económico, representa una oportunidad estratégica para afrontar uno de los principales desafíos estructurales del país: el envejecimiento de la población activa y la próxima jubilación de miles de trabajadores, tanto asalariados como autónomos. Además, la organización destaca que esta medida permitirá avanzar de manera significativa en la lucha contra la economía sumergida. El efecto de la regularización se reflejará, una vez completada, en los datos de afiliación a la Seguridad Social. Actualmente, los autónomos inmigrantes contribuyen con cerca de 10.500 millones de euros al Producto Interior Bruto y han aportado más de 8.500 millones en cotizaciones sociales, mientras que las prestaciones que han recibido no superan los 6.000 millones de euros. Asimismo, UPTA señala que el emprendimiento extranjero ha sido clave para el crecimiento del RETA: en 2025, más del 80% de las nuevas altas en este régimen correspondieron a personas de origen extranjero que optaron por trabajar por cuenta propia. La organización también resalta que la regularización llega en un momento especialmente crítico, dado que muchos sectores productivos enfrentan dificultades para cubrir vacantes, mientras que miles de pequeños negocios necesitan relevo generacional y mano de obra cualificada. Sin embargo, UPTA insiste en que este proceso debe ir acompañado de un esfuerzo adicional en formación y recualificación profesional para los trabajadores y emprendedores implicados. El presidente de la organización, Eduardo Abad, señaló que "es nuestra responsabilidad desmontar con hechos y cifras las falsedades difundidas por la ultraderecha. Las personas inmigrantes aportan mucho más de lo que cuestan y resultan imprescindibles para sectores abandonados durante años por autónomos y asalariados españoles. No se trata solo de empleo o economía, sino de derechos humanos. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos no puede ni debe repetirse en España. No lo permitiremos".

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(Expansión, 02-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Producto Interior Bruto creció en 2025 un 2,8% gracias al tirón del consumo y la inversión

Así lo refleja el avance de la Contabilidad Nacional difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que pone de manifiesto una desaceleración del crecimiento económico en 2025. La economía española avanzó siete décimas menos que el año anterior, cuando el PIB creció un 3,5%. En términos nominales, el producto interior bruto alcanzó en 2025 los 1.685.783 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,7% respecto a 2024. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, subrayó que se trata de un crecimiento "robusto, apoyado en el consumo y la inversión". "Hemos cerrado el año con un crecimiento del 2,8%, a la cabeza de las economías avanzadas y prácticamente duplicando el ritmo de la zona euro", señaló en un vídeo difundido por su departamento. Aunque el avance del PIB se moderó en el conjunto del año, la actividad económica cobró impulso en el último trimestre, con un crecimiento del 0,8%, dos décimas más que en el trimestre anterior. Este repunte estuvo impulsado por la demanda interna, que contribuyó con un punto al crecimiento trimestral, mientras que el sector exterior tuvo un efecto negativo de dos décimas en el tramo final del año. Desde el punto de vista de la demanda, el consumo final de los hogares aumentó un 1% y el de las Administraciones Públicas un 0,1%. La formación bruta de capital creció un 1,7%. Las exportaciones de bienes y servicios avanzaron un 0,8% intertrimestral, lo que supone un incremento de 1,5 puntos respecto al tercer trimestre, mientras que las importaciones aumentaron un 1,4%, una décima más que en el trimestre precedente. Por el lado de la oferta, todos los grandes sectores registraron crecimientos. La industria avanzó un 0,3% entre octubre y diciembre; la construcción se incrementó un 2,1%, cuatro décimas más que en el trimestre anterior; y los servicios mantuvieron un ritmo similar al previo, con un crecimiento del 0,8%. La agricultura, por su parte, aumentó un 0,2%, un punto más que en el trimestre anterior. En términos interanuales, el PIB creció un 2,6% en el cuarto trimestre, una décima menos que en el trimestre previo y la tasa más baja en dos años, concretamente desde finales de 2023. La demanda interna aportó 3,6 puntos al crecimiento interanual, mientras que la demanda externa restó un punto. El consumo final aumentó un 2,9% interanual, una décima más que en el trimestre anterior: el gasto de los hogares se aceleró hasta el 3,3% y el de las Administraciones Públicas alcanzó el 1,7%. La formación bruta de capital creció un 6,5%, aunque con una desaceleración de 1,7 puntos respecto al trimestre previo. Las exportaciones de bienes y servicios avanzaron un 3,5% interanual, siete décimas más que en el tercer trimestre, mientras que las importaciones aumentaron un 6,9%, dos décimas por encima del periodo anterior. Por sectores de actividad, la industria registró un crecimiento del 2,8%, la construcción del 7,2%, los servicios del 2,8% y la agricultura del 1,3%.

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(El País, 02-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Diferentes estudios muestran que hasta ahora las empresas americanas absorben el alza de costes

Los aranceles suelen ser descritos por muchos economistas críticos como un impuesto que un país acaba imponiéndose a sí mismo, con efectos similares a los de la inflación. La ofensiva arancelaria impulsada por Donald Trump en abril de 2025, el denominado "Día de la Liberación", ha confirmado en buena medida esa idea. Diversos estudios sobre su impacto a lo largo de 2025, así como los análisis del Fondo Monetario Internacional, coinciden en que el coste de los gravámenes sobre las importaciones ha recaído mayoritariamente en Estados Unidos, ya sea a través de una reducción de los márgenes de las empresas que comercializan esos productos o mediante un encarecimiento de los precios finales para los consumidores. No obstante, los efectos indirectos o a medio plazo todavía podrían manifestarse. En aquel anuncio solemne desde la Casa Blanca, Trump proclamó que el 2 de abril de 2025 pasaría a la historia como el día en que la industria estadounidense renacía y el país recuperaba su destino económico. Sin embargo, gran parte de esas promesas no se materializaron. Las tarifas anunciadas, exhibidas en dos grandes paneles, terminaron siendo rebajadas o directamente suspendidas, en buena medida por la reacción negativa de los mercados financieros. La venta masiva de deuda pública estadounidense elevó los rendimientos de los bonos y encareció la financiación de una deuda ya muy abultada. Este factor explica en parte por qué el impacto de los aranceles estadounidenses -que aun así alcanzaron niveles no vistos desde 1932- no provocó el terremoto económico global que muchos anticipaban. En aquel momento, Trump anunció un arancel mínimo del 10%, con incrementos para los países con los que Estados Unidos mantenía mayores déficits comerciales. Para la Unión Europea, por ejemplo, la tasa prevista era del 20%. Tras meses de negociaciones, Washington y Bruselas cerraron en verano un acuerdo que fijó un arancel del 15% para la mayoría de productos europeos, dejando fuera sectores como el aeronáutico y determinados productos químicos y agrícolas. A ello se sumó la capacidad de adaptación de las empresas, que ajustaron sus cadenas de suministro para reducir el impacto. Un estudio del Center for Economic Policy Research publicado en enero muestra que entre abril y agosto se aceleró el desvío del comercio exterior estadounidense hacia otros socios, especialmente México y Canadá, según los datos de importaciones del US Census Bureau. Este reajuste del comercio internacional coincide con la evaluación del FMI. El arancel medio efectivo terminó situándose en el 18,5%, por debajo de las previsiones iniciales, mientras que el sector privado reconfiguró sus cadenas de suministro y el comercio mundial continuó mostrando fortaleza. El economista jefe del Fondo, Pierre-Olivier Gourinchas, señaló recientemente que los datos evidencian que el coste de los aranceles lo ha asumido Estados Unidos y que, en la práctica, funcionan como un impuesto interno. Otros estudios refuerzan esta conclusión. El instituto alemán Kiel Institute estima que los importadores estadounidenses absorbieron el 96% del coste de los aranceles, frente al 4% asumido por los exportadores extranjeros. Este análisis se basa en el seguimiento de 25 millones de operaciones comerciales por valor de cuatro billones de dólares entre abril y agosto, y calcula que los ingresos aduaneros aumentaron en unos 200.000 millones de dólares en 2025, sufragados casi íntegramente por agentes estadounidenses. Un trabajo elaborado por economistas de Harvard y de la Universidad de Chicago subraya la diferencia entre los aranceles anunciados y los finalmente aplicados, en gran parte debido a las exenciones introducidas por Washington, como en el caso de los semiconductores. El estudio concluye que alrededor del 94% del coste de los aranceles recayó sobre empresas estadounidenses, un porcentaje superior al observado durante la guerra comercial con China en 2018 y 2019, cuando fue del 80%. China ilustra bien la reorientación del comercio: su peso en las exportaciones estadounidenses pasó del 22% a finales de 2017 al 12% en 2024 y al 8% en septiembre de 2025. Pese a las distorsiones comerciales, la economía mundial ha seguido avanzando. Políticas fiscales y monetarias claramente expansivas, junto con la inversión tecnológica, han permitido mantener un crecimiento global cercano al 3%. Estados Unidos, impulsado especialmente por el auge de la inteligencia artificial, se perfila además como una de las economías más dinámicas de cara a 2026. Miguel Otero, investigador principal de Economía Política Internacional del Real Instituto Elcano, advierte de que los efectos de este tipo de medidas tardan en trasladarse plenamente a la economía real. Señala que a corto plazo el impacto puede ser limitado, como ocurrió con el Brexit, pero que las consecuencias sobre la inversión y la confianza son evidentes, en un contexto de elevada incertidumbre y sin que se haya producido la reindustrialización prometida. El desenlace de esta política arancelaria aún no está cerrado. Las tarifas se encuentran ahora bajo revisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que debe decidir si la Administración Trump podía ampararse en la Ley de Emergencia de 1977 para imponerlas. Se trata de una decisión de gran calado para la economía del país. A corto plazo, la reacción de los mercados ya es conocida, pero el consenso entre los economistas llama a la cautela: los aranceles han supuesto un freno que ha sido compensado por otros factores y cuyos efectos a medio plazo todavía están por materializarse.

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(El Economista, 02-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los beneficiarios del bono social eléctrico pagarán hasta un 46% más en su factura de la luz

A finales de diciembre, cerca de 1,7 millones de hogares en situación de vulnerabilidad recibieron con alivio la aprobación en el Consejo de Ministros del real decreto-ley que prorrogaba durante todo 2026 las medidas del denominado escudo social. En el ámbito energético, la norma aseguraba el suministro de electricidad y agua y mantenía los descuentos vigentes del bono social eléctrico, del 42,5% para los consumidores vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos. Sin embargo, el rechazo del Pleno del Congreso el pasado martes, con los votos contrarios de PP, Vox y Junts, ha devuelto a estas familias al escenario previo, marcado por una mayor incertidumbre y un notable encarecimiento de sus recibos. El aumento de la factura se explica porque, al no prorrogarse los descuentos actuales, estos regresan a los niveles establecidos tras el fin de la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania: un 35% para los consumidores vulnerables y un 50% para los vulnerables severos. Esto supone una reducción de 7,5 y 15 puntos porcentuales, respectivamente, frente a lo que contemplaba la propuesta que finalmente no salió adelante. De acuerdo con las estimaciones de Papernest, esta rebaja en las ayudas se traducirá, para un hogar tipo -con una potencia contratada de 4 kW y un consumo mensual de 290 kWh-, en un incremento del recibo de la luz del 30% en el caso de los vulnerables y del 46% para los vulnerables severos. Aunque la prórroga decayó en el Congreso junto al resto del decreto ómnibus, el Ejecutivo aún dispone de margen para recuperarla si opta por separar esta medida del conjunto y logra los apoyos parlamentarios necesarios para sacarla adelante. Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el año 2025 cerró con 1.752.902 beneficiarios del bono social eléctrico. De ellos, el 47% correspondía a consumidores vulnerables (813.442), el 52% a vulnerables severos (904.700) y el 0,45% a hogares en riesgo de exclusión social (7.760). En los últimos años, los descuentos asociados al bono social han experimentado importantes cambios en función del contexto económico. Inicialmente fijados en el 25% y el 40%, se elevaron hasta el 65% y el 80% como parte de la respuesta del Gobierno a la crisis energética, junto a medidas como la llamada Excepción Ibérica. En el verano de 2024 se inició un retorno gradual a niveles más habituales, situándolos en el 35% y el 40%. No obstante, durante las Navidades de ese mismo año se decidió ampliar temporalmente la protección: el descuento para los consumidores vulnerables se estableció en el 50% durante el primer semestre, en el 42,5% en la segunda mitad del año y en el 35% a partir de 2026. Un esquema similar se aplicó a los vulnerables severos, que disfrutaron de rebajas del 65% en el primer semestre, del 57,5% en el segundo y del 50% desde 2026.

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(El Economista, 30-01-2026) | Fiscal

Hacienda incrementa las inspecciones sobre las estructuras que inflan créditos fiscales para sus socios

La Agencia Tributaria ha intensificado su vigilancia sobre el uso de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) cuando se emplean para generar créditos fiscales artificiales o sobredimensionados con el objetivo de reducir la carga tributaria de sus socios. Las AIE son estructuras legales habitualmente utilizadas para financiar proyectos de I+D+i o producciones audiovisuales, como películas o series. En estos casos, una empresa que necesita financiación recurre a un inversor privado, que aporta capital a través de una AIE creada específicamente para el proyecto. Desde el punto de vista fiscal, estas agrupaciones no tributan como entidad propia, sino que los beneficios, pérdidas y deducciones se trasladan directamente a sus socios. Así, si un inversor aporta, por ejemplo, 10 millones de euros y el proyecto genera pérdidas, estas se convierten en créditos fiscales que el socio puede utilizar para reducir su factura tributaria. A ello se suman las deducciones vinculadas a actividades de I+D+i, lo que puede hacer rentable la operación incluso aunque el proyecto no obtenga beneficios económicos directos. Según explica Javier Lucas, socio responsable del área fiscal de Ceca Magán, este tipo de estructuras cuentan con respaldo legal y han sido avaladas en numerosas ocasiones por la Dirección General de Tributos, ya que su finalidad es fomentar la inversión privada en determinados sectores mediante incentivos fiscales. No obstante, el experto advierte de que en algunos casos se han detectado prácticas abusivas, lo que ha llevado a la Inspección a intensificar los controles. "Se están revisando tanto estructuras claramente irregulares como otras que, en principio, parecen ajustadas a la norma", señala. En concreto, Hacienda analiza si la actividad declarada es realmente un proyecto de I+D y, en segundo lugar, si los costes declarados se corresponden con la realidad. El foco está en detectar posibles inflados artificiales del presupuesto con el objetivo de generar mayores deducciones fiscales. Por ejemplo, si un proyecto requiere 10 millones de euros pero se factura por 18 millones, el crédito fiscal generado sería muy superior al que correspondería en condiciones normales. "La Agencia Tributaria comprueba si la facturación es real o si existe simulación. Primero revisa la AIE y a la empresa ejecutora del proyecto, aunque a estas normalmente solo se les impone una sanción. Después, una vez determinado el crédito fiscal correcto, regulariza la situación del socio inversor", explica Lucas. La propia Agencia Tributaria reconoce que ha reforzado el control sobre estas estructuras en los últimos años. De hecho, el Plan Anual de Control Tributario de 2025 ya advertía de una supervisión específica sobre el uso de las AIE como instrumentos para canalizar deducciones fiscales. Según el organismo, ante la proliferación de este tipo de vehículos resulta imprescindible verificar que se cumplen todos los requisitos legales para aplicar los beneficios fiscales. En especial, se vigilan aquellos casos en los que se detectan prácticas abusivas, simulaciones o incrementos artificiales de los créditos fiscales que desvirtúan el objetivo para el que fueron creados estos incentivos.

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(El Economista, 30-01-2026) | Fiscal

Sumar propone prohibir el pago en efectivo del alquiler para evitar el fraude fiscal de los caseros

Sumar ha planteado la prohibición del pago en efectivo del alquiler de viviendas como medida para combatir el fraude fiscal cometido por algunos propietarios, proponiendo que únicamente se permitan transferencias bancarias u otros sistemas de pago electrónicos que puedan ser rastreados. Según informa Europa Press, el diputado de Compromís y portavoz de Sumar en la Comisión de Vivienda del Congreso, Alberto Ibáñez, ha presentado una proposición de ley que recoge un conjunto de iniciativas orientadas a frenar el fraude en las rentas inmobiliarias y a avanzar hacia un modelo de vivienda más accesible. La iniciativa persigue reducir el volumen de ingresos no declarados procedentes del alquiler y proteger a los inquilinos frente a posibles abusos. Para ello, la propuesta contempla que las entidades financieras comuniquen de forma automática a la Agencia Tributaria los datos relativos a los pagos realizados mediante medios electrónicos. Entre las medidas incluidas figura también la creación de una retención del 1% sobre el importe del alquiler, que sería asumida por el propietario y abonada mensualmente a Hacienda. Según Sumar, este mecanismo permitiría además disponer de un indicador fiable para seguir la evolución de los precios del alquiler. De forma paralela, el grupo parlamentario ha solicitado la puesta en marcha de un plan específico contra la evasión y el fraude fiscal en el ámbito inmobiliario, que, según sus estimaciones, podría aflorar hasta 12.500 millones de euros al año. Dado el refuerzo de medios que requeriría esta estrategia, Sumar propone aumentar de manera sostenida los recursos humanos y materiales de la Agencia Tributaria, con especial atención a la creación de unidades especializadas en la detección, prevención y sanción de prácticas irregulares relacionadas con el mercado de la vivienda, como alquileres no declarados, plusvalías ocultas u otros fraudes fiscales.

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(Expansión, 30-01-2026) | Laboral

Un trabajador puede modificar el permiso por nacimiento de un hijo aunque ya haya comenzado

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha rechazado el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contra una sentencia que reconocía el derecho de un trabajador a modificar las condiciones de su permiso por nacimiento y cuidado del menor una vez iniciado el periodo de disfrute. La resolución confirma que los empleados pueden alterar la forma en que disfrutan este permiso, incluso después de haber comenzado a utilizarlo, siempre que exista acuerdo con la empresa. De este modo, el TSJ avala el fallo previo que dio la razón al trabajador frente a la negativa del INSS. El caso se remonta a un empleado que solicitó inicialmente el permiso a jornada completa entre agosto y diciembre de 2023. Sin embargo, en octubre comunicó su intención de reincorporarse parcialmente y pidió adaptar el permiso a un régimen de jornada parcial. Aunque la empresa aceptó el cambio, el INSS lo rechazó al entender que la vuelta anticipada al trabajo suponía la pérdida del derecho a la prestación. El tribunal aragonés, apoyándose tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en la jurisprudencia existente, concluye que la normativa permite modificar el modo de disfrute del permiso, siempre que se respeten las seis semanas obligatorias posteriores al nacimiento y exista consenso entre las partes. Asimismo, la sentencia subraya que la regulación no establece un sistema rígido, sino que ofrece flexibilidad para adaptar el permiso a las necesidades familiares y laborales, favoreciendo la conciliación. Este pronunciamiento se suma a otras resoluciones dictadas por distintos tribunales superiores de justicia, que refuerzan la interpretación de que el permiso por nacimiento y cuidado del menor puede ajustarse a circunstancias sobrevenidas sin que una reincorporación parcial implique automáticamente la pérdida del derecho a la prestación.

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(Expansión, 30-01-2026) | Laboral

Gobierno y sindicatos pactan subir el salario mínimo a 1.221 euros, sin apoyo de CEOE

La patronal vuelve a descolgarse del acuerdo por sexto año consecutivo tras rechazar la deducción en el impuesto de Sociedades que permitía compensar íntegramente el coste del aumento salarial a cambio de la creación de empleo. Además, se restringe la posibilidad de absorber la subida del 3,1% mediante pluses y complementos. Por sexto año seguido, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se aprueba sin el respaldo de los agentes sociales. El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO cerraron este jueves un aumento del 3,1%, que sitúa el salario mínimo en 1.221 euros mensuales en catorce pagas y lo deja exento de IRPF. Con esta actualización, el SMI acumula un alza del 66% desde 2018. El incremento, de 37 euros mensuales, tendrá efectos retroactivos desde enero de 2026, por lo que los 2,5 millones de trabajadores beneficiados recibirán en su nómina el ajuste correspondiente al primer mes del año. Uno de los aspectos clave de esta subida es que se limitará la posibilidad de que las empresas compensen el aumento mediante complementos salariales. Esta restricción se regulará a través de un desarrollo reglamentario paralelo al decreto del SMI, por lo que no necesitará tramitación parlamentaria al no tener rango de ley. El nuevo salario mínimo será aprobado en los próximos días por el Consejo de Ministros y entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La urgencia se explica por la derogación de la prórroga del SMI de 2025 incluida en el fallido decreto ómnibus, lo que ha obligado al Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, a ordenar a la Inspección de Trabajo que vigile que los nuevos contratos no se firmen por debajo del umbral vigente a 31 de diciembre de 2025. Pese a que las expectativas eran reducidas, la última reunión del diálogo social confirmó el rechazo de las organizaciones empresariales. Consideran que la deducción fiscal ofrecida no compensa el aumento de costes y defendían una subida limitada al 1,5%. La patronal también criticó las condiciones impuestas a los incentivos fiscales, el hecho de conocerlos por la prensa y la restricción a la absorción de complementos, factores que terminaron por consolidar su negativa. Horas antes de la reunión final, ya habían calificado la propuesta de "trilerismo" y anticipado que no firmarían el acuerdo. "El salario mínimo no puede ligarse a los contratos públicos ni presentarse una propuesta fiscal inexistente", afirmó Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, quien calificó la subida de desproporcionada, al situarse por encima de la inflación media de 2025 (2,7%), y denunció el uso de "artificios estadísticos" para justificar el 3,1%. Amor añadió que se han perdido tres meses en una negociación que, a su juicio, ya estaba decidida de antemano y que ha supuesto "jugar con autónomos y empresas". En un comunicado, la patronal explicó que, tras reunirse su Comité Ejecutivo extraordinario, y ante la ausencia de una propuesta formal y la falta de coordinación entre ministerios, se decidió por unanimidad no respaldar la subida. Asimismo, advirtieron de que la limitación de la compensación y absorción vulnera el Estatuto de los Trabajadores y la negociación colectiva, lo que podría provocar un fuerte aumento de costes y poner en riesgo a muchas empresas. Desde el Gobierno, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, defendió que la propuesta fiscal no se llevó a la mesa tras el rechazo previo de la patronal, al considerar que debatirla habría sido "una pérdida de tiempo". Por su parte, los sindicatos subrayaron la necesidad de regular de forma clara la absorción de complementos para evitar que la subida del SMI quede neutralizada. Fernando Luján, de UGT, reclamó que se garantice que los pluses que retribuyen otros conceptos se mantengan. En la misma línea, Javier Pacheco, de CCOO, insistió en la importancia de modificar las reglas de aplicación del SMI para impedir que, como ha ocurrido en años anteriores, miles de trabajadores vean diluido el efecto real de las subidas salariales.

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(El País, 30-01-2026) | Laboral

CEOE y Cepyme catalogan como “intervencionista” y “trilera” la propuesta del Gobierno para compensar el alza del salario mínimo

Las organizaciones empresariales se alejan prácticamente de un acuerdo para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que supondría un incremento del 3,1%. Tanto la CEOE como Cepyme han expresado en un comunicado conjunto su malestar por haberse enterado a través de los medios de comunicación de la propuesta del Gobierno, diseñada para atraer su apoyo, y han dejado claro que no comparten el planteamiento. La iniciativa del Ministerio de Hacienda contempla una deducción progresiva en el Impuesto de Sociedades para aquellas empresas que contraten trabajadores con salarios superiores al SMI. Este incentivo podría llegar a compensar hasta el 100% del coste asociado a la subida del salario mínimo y estaría dirigido principalmente a sectores con un elevado peso de los gastos de personal. Según la propuesta, las compañías con menos de 100 empleados podrían acogerse a la deducción si incorporan al menos a un trabajador a jornada completa durante un año con un sueldo por encima del SMI. En el caso de las empresas de mayor tamaño, el requisito sería que el incremento salarial afecte como mínimo al 1% de la plantilla, con un umbral mínimo de dos empleados. Desde CEOE y Cepyme critican duramente la forma en la que se ha actuado. Aseguran que el Gobierno vuelve a mostrar "una falta de respeto al diálogo social" al filtrar una propuesta antes de presentarla oficialmente en la mesa de negociación. Consideran, además, que la medida sustituye la esperada actualización de los contratos públicos por fórmulas que califican de insuficientes y que no compensan el aumento de costes derivados del nuevo SMI, alejándose de lo acordado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Las patronales también denuncian que el planteamiento de Hacienda deja fuera a la mayoría de autónomos y empresas, especialmente a aquellas que atraviesan dificultades económicas. Subrayan que quedan excluidas, de manera llamativa, las compañías con pérdidas, las cooperativas y las entidades sin ánimo de lucro, precisamente las que más necesitarían este tipo de apoyo. Asimismo, consideran que los requisitos para acceder a la deducción son inasumibles para la mayoría del tejido empresarial y alertan de que la medida supone una intromisión en la negociación colectiva y en la libertad de empresa, calificándola de intervencionista. Anuncian que emitirán una valoración definitiva cuando reciban la documentación completa, una vez se reúna su Comité Ejecutivo. Este jueves está prevista una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo con sindicatos y patronal. Los representantes de los trabajadores ya habían mostrado ciertas reservas sobre la propuesta de Hacienda incluso antes de conocer sus detalles. La reivindicación que sí contaba con el respaldo sindical -y también del Ministerio de Trabajo- era la posibilidad de trasladar el aumento del SMI a los contratos públicos, una demanda que las patronales plantean cada año y que el Ministerio de Hacienda vuelve a rechazar. Con el rechazo empresarial prácticamente asegurado, todo apunta a que Yolanda Díaz volverá a cerrar el acuerdo únicamente con CCOO y UGT. La vicepresidenta segunda solo logró el respaldo de la patronal a una subida del SMI en 2020. Desde 2018, el salario mínimo ha aumentado un 61%, situándose actualmente en 1.184 euros brutos mensuales, y el Ejecutivo pretende ahora elevarlo hasta los 1.221 euros. A diferencia de otras reformas laborales, esta medida no requiere aprobación parlamentaria.

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(El País, 30-01-2026) | Laboral

Las patronales de sectores con más trabajadores extranjeros aplauden la regularización pese a que no convence a CEOE

El Gobierno dio este martes el primer paso para regularizar mediante decreto a miles de inmigrantes que actualmente residen en España sin autorización administrativa. Se trata de una medida de gran impacto laboral, ya que permitirá aflorar a un importante número de trabajadores que hoy operan en la economía sumergida y facilitará su acceso a un contrato y a los derechos laborales correspondientes. La iniciativa ha sido bien recibida por los sindicatos CCOO y UGT, aunque no ha contado con el respaldo de la patronal CEOE y de Cepyme. Las principales organizaciones empresariales venían defendiendo una regularización amplia a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), por lo que critican ahora que el Ejecutivo haya optado por aprobarla mediante decreto, sin debate parlamentario. A su juicio, este procedimiento resta legitimidad a la medida. Sin embargo, distintas patronales sectoriales, especialmente aquellas que emplean a un mayor número de trabajadores extranjeros, sí valoran positivamente la propuesta del Gobierno y no cuestionan el mecanismo elegido. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no se ha pronunciado públicamente, aunque fuentes de la organización han expresado su malestar por lo que consideran una decisión adoptada "de espaldas al Congreso". En una línea similar se ha manifestado la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, quien ha criticado que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos se haya cerrado mediante un pacto político y no como una cuestión de Estado debatida en el Parlamento. A su juicio, una medida de este calado debería contar con el mayor consenso posible y tramitarse de forma transparente. Esta postura contrasta con la de diversas organizaciones sectoriales, que no ven inconveniente en el procedimiento escogido. España alcanza actualmente un récord de empleo extranjero, con 3,58 millones de trabajadores, lo que representa el 16% del total. Desde el sector agrario, Andrés Góngora, responsable de relaciones laborales de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, ha valorado positivamente la iniciativa, recordando que se trata de una reivindicación histórica ante la falta de mano de obra. En términos similares se pronuncia Juan José Álvarez, de Asaja, quien considera que la regularización es necesaria para garantizar el funcionamiento del sector y evitar la escasez de trabajadores. La agricultura es uno de los ámbitos con mayor presencia de empleados extranjeros, cerca de un tercio del total. En la construcción, donde los inmigrantes representan aproximadamente uno de cada cinco trabajadores, el diagnóstico es similar. Desde la Confederación Nacional de la Construcción subrayan que la regularización contribuirá a combatir la economía sumergida y facilitará la incorporación de trabajadores a través de procesos de formación y arraigo. También desde Confemetal se valora favorablemente la medida. Su presidente, José Miguel Guerrero, considera que puede ayudar a paliar la falta de profesionales cualificados, aunque subraya la importancia de acompañar el proceso con formación y acreditaciones para los oficios regulados del sector industrial y comercial. En el transporte por carretera, Confebus ve con buenos ojos la iniciativa, dado que el sector sufre una grave escasez de personal, especialmente en zonas turísticas y rurales. No obstante, recuerda que es imprescindible que los trabajadores cuenten con la formación y habilitaciones necesarias. Más crítica se muestra la patronal del transporte de mercancías, CETM, que considera que la regularización por sí sola no resuelve el problema estructural del sector y reclama una agilización de los trámites para homologar permisos de conducción y certificados profesionales.

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