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(El País, 19-03-2026) | Laboral

España aportó el 41% del empleo creado en la Unión Europea en 2025

La economía española mantiene un ritmo de crecimiento sólido, hasta el punto de liderar la creación de empleo en la Unión Europea durante 2025. En ese ejercicio se generaron 526.000 nuevos puestos de trabajo, lo que equivale a cuatro de cada diez empleos creados en toda la UE, según los datos de Eurostat. Este resultado resulta aún más significativo si se tiene en cuenta que España es solo el cuarto país por población dentro del bloque comunitario. En contraste, Alemania -la economía más grande de la UE- registró una pérdida de 327.000 empleos en el mismo periodo. Este retroceso explica en gran medida el balance global del empleo en la Unión, que fue positivo en 790.000 puestos, aunque supone el crecimiento más débil desde la crisis financiera (excluyendo el impacto excepcional de 2020 por la pandemia). Aunque la cifra de empleo en España ya se conocía desde principios de año, la comparativa por países permite dimensionar su peso: de los 27 Estados miembros, 14 aumentaron su empleo en 2025, y España lideró con claridad con el 41% del total de los 1,3 millones de empleos creados por estos países. Francia aportó 300.000 nuevos puestos y Portugal 174.000, destacando este último por su mayor crecimiento relativo (+3,6% frente al 2,5% de España). Ese 41% de contribución española es el más elevado desde que Eurostat recoge esta serie (2008). Incluso en años de mayor creación de empleo en términos absolutos, como 2023 o 2021, el peso relativo de España fue inferior. Esto indica que, más allá del efecto rebote tras la pandemia, España está adquiriendo un papel cada vez más relevante dentro del mercado laboral europeo. Este dinamismo se produce en un contexto de crecimiento económico sostenido. El PIB español aumentó un 2,8% en 2025, y las previsiones apuntan a que seguirá creciendo en torno al 2,2%-2,3% en 2026, situándose entre las economías avanzadas con mejor desempeño. No obstante, estas estimaciones se realizaron antes de nuevas tensiones geopolíticas que podrían afectar al escenario global. El contraste vuelve a evidenciarse en países como Alemania, afectada por la crisis de su modelo industrial, así como en otras economías como Hungría o Rumanía, que también destruyeron empleo. En total, los países que redujeron ocupación perdieron 504.000 empleos, lo que, combinado con las ganancias de otros Estados, explica el saldo neto europeo. Aun así, 2025 fue un año de creación de empleo moderada en la UE, con cifras inferiores a las registradas en 2024, 2023 o incluso antes de la pandemia. Se trata del avance más discreto desde 2013. Diversos analistas destacan que el buen comportamiento de España responde a fundamentos económicos más sólidos y sostenibles, sin los problemas de competitividad industrial que afectan a otros países ni desequilibrios como los vividos en el pasado. Además, el crecimiento reciente se apoya cada vez más en la demanda interna, con mayor peso del consumo y la inversión. Otro factor clave ha sido el incremento de la población inmigrante, que contribuye tanto a cubrir necesidades de mano de obra como a dinamizar la actividad económica. Sin embargo, pese a esta evolución positiva, España sigue presentando una de las tasas de paro más elevadas de la UE. En enero de 2026 se situó en el 9,8%, logrando bajar del 10% por primera vez desde 2008, aunque aún se mantiene entre los niveles más altos del entorno europeo.

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(El Periódico, 19-03-2026) | Laboral

El Supremo avala que las empresas den más días de teletrabajo a los directivos que a sus empleados

El Tribunal Supremo ha respaldado la posibilidad de que las empresas concedan más días de teletrabajo a los directivos que al resto de la plantilla. Los magistrados consideran que esta diferencia no supone discriminación ni vulnera el principio de igualdad, siempre que ampliar la flexibilidad de unos no implique reducir la de otros. En este sentido, admiten que puedan existir tratamientos distintos dentro de la empresa, justificándolo, entre otros motivos, por las mayores responsabilidades asociadas a los puestos directivos. Según la sentencia, el teletrabajo puede actuar como una compensación al mayor nivel de exigencia, disponibilidad y flexibilidad horaria de estos cargos. Desde 2021, en España está en vigor la Ley de trabajo a distancia, que permite que empresa y trabajador acuerden voluntariamente el teletrabajo, ya sea mediante acuerdos individuales, de empresa o a través de convenios colectivos. Esta normativa reconoce el teletrabajo como un derecho negociable, pero no obligatorio, de modo que ni el trabajador puede exigirlo si la empresa no lo acepta, ni la empresa puede imponerlo si el trabajador no está de acuerdo. La organización del teletrabajo -quién puede acceder a él y en qué condiciones- es una fuente habitual de conflictos laborales. Con esta resolución, el Supremo clarifica su criterio y ofrece pautas para aquellas empresas que aplican distintos niveles de teletrabajo según colectivos. El caso analizado tiene su origen en la empresa Exolum Corporation SA. En 2021, la compañía acordó con el comité de empresa que los empleados pudieran teletrabajar dos días a la semana, además de percibir una compensación por gastos, siempre que el puesto lo permitiera. Posteriormente, en 2022 y 2023, se amplió esta posibilidad permitiendo trabajar a distancia durante dos semanas en verano y una en Navidad, con el objetivo de facilitar la conciliación. Sin embargo, en 2024 la empresa limitó esta ampliación exclusivamente al personal fuera de convenio, dejando fuera a la mayoría de la plantilla. Esta decisión generó malestar y derivó en una demanda sindical por considerar que existía una discriminación injustificada. La empresa defendió que el personal fuera de convenio dispone de un régimen distinto, con mayor flexibilidad horaria y condiciones específicas pactadas individualmente, lo que justificaría un tratamiento diferenciado. El Tribunal Supremo reconoce que existe una diferencia de trato, pero considera que está objetivamente justificada, ya que estos empleados desempeñan funciones críticas, con mayor responsabilidad, dedicación plena y disponibilidad, además de regirse por contratos individuales y no por el convenio colectivo. Uno de los elementos clave para el Supremo es que la empresa no reduce los derechos del resto de trabajadores, sino que simplemente amplía los de un colectivo concreto, manteniendo los mínimos establecidos en convenio. Según los magistrados, en este tipo de decisiones empresariales, la desigualdad es admisible si responde a criterios objetivos, razonables y no discriminatorios. Cabe destacar que esta práctica contrasta con la tendencia de otras organizaciones, tanto en el sector privado como en el público, donde en ocasiones se limita el teletrabajo de los directivos, al considerarse que sus funciones requieren una mayor presencia física en la empresa.

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(El Periódico, 19-03-2026) | Laboral

El empleo suma 28.000 ocupados más este marzo que hace un año pese a la guerra de Irán

Durante la primera quincena de marzo, el mercado laboral ha incorporado 83.502 nuevos afiliados, superando el ritmo de contratación registrado en el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se produce a pesar del contexto internacional marcado por la incertidumbre derivada del conflicto en Irán, que por ahora no está teniendo un impacto generalizado en el empleo. De hecho, muchas empresas continúan reforzando sus plantillas ante la cercanía de Semana Santa. Según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a fecha del 13 de marzo el número total de cotizantes en España alcanzaba los 21,86 millones, lo que supone un aumento del 0,4% respecto al inicio del mes. En comparación, en el mismo periodo de 2025 el incremento fue menor, con 55.284 afiliados adicionales (+0,3%). Estas cifras reflejan que, por el momento, la tensión geopolítica no está frenando la evolución positiva del empleo. No obstante, conviene interpretar los datos con cautela por varios factores. En primer lugar, el efecto calendario: este año la Semana Santa se celebra antes que en 2025, lo que ha llevado a muchas empresas -especialmente en sectores como el turismo o la logística- a adelantar sus contrataciones para cubrir el aumento de actividad. Además, existe un efecto composición que limita el análisis. Los datos adelantados a mitad de mes solo muestran el volumen total de afiliación, sin desglose por sectores. Esto impide evaluar con precisión si algunos ámbitos de actividad están siendo más afectados por factores como el encarecimiento de los carburantes, lo que podría estar moderando la contratación o incluso reduciendo plantillas en determinados sectores. Por tanto, aunque el balance general es positivo, será necesario esperar a los datos completos de final de mes -previstos para el 6 de abril- para disponer de una visión más detallada y sectorial del comportamiento del empleo.

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(El Economista, 19-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las tecnológicas aumentan sus despidos en más del 50% en lo que va de año por culpa de la IA

La Inteligencia Artificial (IA) empieza a tener un efecto cada vez más visible en las plantillas de las empresas tecnológicas, con un volumen de despidos en lo que va de año un 52% superior al registrado en el mismo periodo de 2025. Así lo refleja un ranking sectorial elaborado por el portal Layoff, que recopila datos de 60 compañías a partir de fuentes como Bloomberg, The New York Times, The Wall Street Journal, Los Angeles Times o The Guardian, además de información publicada por las propias empresas. En total, los recortes de empleo conocidos hasta ahora en el sector tecnológico ascienden a 38.645 puestos, lo que supone 13.200 más que los 25.411 eliminados entre enero y mediados de marzo del año pasado. Estas cifras comienzan a confirmar las previsiones de algunos expertos del sector, que anticipaban un impacto significativo de la IA sobre el empleo, incluso antes de lo esperado. Es el caso de Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, quien advirtió que esta tecnología podría suprimir hasta la mitad de los trabajos de oficina en unos cinco años. En la misma línea, un estudio de la Universidad de Oxford estimaba que cerca del 47% de los empleos en Estados Unidos podrían ser automatizados en un horizonte de una o dos décadas. Si la tendencia actual se mantiene, los despidos en el sector podrían superar los 165.000 a lo largo del año, lo que representaría un aumento del 33% respecto a 2025, ejercicio en el que solo Intel eliminó 22.000 empleos. Entre las compañías más afectadas destaca Amazon, que lidera los recortes en este primer trimestre tras anunciar en enero la salida de 16.000 empleados, a los que se suman otros 14.000 puestos ya en riesgo desde octubre de 2025. También sobresalen Block, dedicada a los pagos digitales, con 4.000 despidos, y ASML, que ha comunicado la salida de 1.700 trabajadores. Otras empresas relevantes como Ericsson y Atlassian han reducido sus plantillas en 1.600 empleados cada una. Meta, por su parte, ha recortado 1.500 puestos en el primer trimestre del año, aunque esta cifra es un 59% inferior a la del mismo periodo de 2025. Asimismo, se han producido ajustes importantes en compañías como Wisetech (2.000 empleos), Livspace (1.000) y Pinterest (700). En el caso de Microsoft, la empresa ha negado los rumores sobre un supuesto plan de despidos masivos que hablaba de hasta 22.000 salidas, tras haber reducido su plantilla en 10.000 personas en 2023, 1.900 en 2024 y 15.000 en 2025. Desde Amazon, su vicepresidenta de People Experience & Technology, Beth Galetti, ya reconocía a finales de enero que el entorno empresarial evoluciona a gran velocidad, al justificar los recortes. No obstante, evitó vincular directamente estas medidas a un cambio estructural impulsado por la IA, señalando que cada equipo seguirá ajustando su organización en función de la eficiencia, la agilidad y la innovación orientada al cliente. Aun así, la compañía tiene en el horizonte un ambicioso plan de automatización que podría implicar la sustitución de hasta 600.000 puestos de trabajo por robots de aquí a 2033.

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(Cinco Días, 19-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España activará mecanismos para mantener bajo control los fondos para minoristas de deuda privada

La deuda privada se ha convertido en uno de los principales focos de inquietud en los mercados. Los fondos especializados en conceder financiación fuera del circuito bancario tradicional han comenzado a abrirse a inversores minoristas, lo que ha intensificado la atención sobre su funcionamiento. En Estados Unidos ya se han producido cierres de carteras y restricciones a los reembolsos, debido a que estos vehículos invierten en préstamos que, por su naturaleza, no pueden liquidarse de forma inmediata. Ante este contexto, España y la Unión Europea preparan una regulación específica para los fondos que ofrecen cierta liquidez -los denominados fondos "evergreen" o semilíquidos-, a los que se exigirá una gestión especialmente prudente y la realización de pruebas de resistencia anuales. Estos fondos permiten a los inversores recuperar su dinero en determinadas ventanas, aunque invierten en activos no cotizados. Su crecimiento ha sido notable: han aumentado un 20% a nivel global en los últimos dos años, alcanzando los 419.000 millones de dólares, impulsados por el interés de inversores particulares y clientes de banca privada que buscan acceso a mercados privados sin renunciar a cierta liquidez. La Comisión Europea ha decidido intervenir con una directiva -pendiente de transposición- que pone el foco en los riesgos derivados del auge del crédito privado, advirtiendo de posibles impactos micro y macroprudenciales que podrían extenderse al conjunto del sistema financiero. En España, la CNMV será la encargada de autorizar y supervisar estos vehículos. La nueva normativa obligará a las gestoras a no solo cumplir con requisitos formales, sino también a realizar tests de estrés anuales para evaluar su capacidad de atender reembolsos. Estos análisis deberán contemplar escenarios adversos, como subidas de tipos de interés, ampliación de diferenciales, impagos o presión masiva de retiradas. El objetivo es evitar situaciones como la vivida en Estados Unidos, donde gestoras como Blue Owl han tenido que bloquear fondos para minoristas, o BlackRock, que ha limitado los reembolsos al 5% ante una avalancha de solicitudes. También se han aplicado restricciones en productos de Morgan Stanley y Cliffwater, lo que refleja una tensión creciente en este segmento. La preocupación se extiende más allá de la deuda privada. Desde el ámbito del private equity, algunas voces advierten de que una parte relevante del sector ya se encuentra en situación de estrés o dificultad, lo que podría agravar el escenario actual. Uno de los factores de riesgo es que aproximadamente el 80% de los préstamos en este mercado se conceden a empresas participadas por fondos de capital riesgo, generalmente a tipos más elevados que los de la banca. Esto implica mayor rentabilidad, pero también un nivel de riesgo superior. Además, fuentes financieras alertan de posibles salidas de capital ante el aumento de la incertidumbre, especialmente en empresas susceptibles de verse afectadas por cambios tecnológicos como la inteligencia artificial. No obstante, algunas entidades financieras han defendido la calidad de sus exposiciones, descartando un deterioro generalizado del crédito. La regulación busca, sobre todo, evitar problemas de liquidez. Para ello, contempla herramientas como la posibilidad de limitar reembolsos, ya sea a nivel de fondo o por inversor, retrasar los plazos de pago o incluso, en casos excepcionales, satisfacer los reembolsos mediante la entrega de activos en lugar de efectivo. Asimismo, se prohíbe una práctica considerada especialmente peligrosa: la estrategia de "conceder para distribuir", que consistía en otorgar préstamos con la intención de venderlos posteriormente a otros fondos. La normativa exigirá que las gestoras retengan parte del riesgo, reforzando así la calidad del crédito concedido. En paralelo, la normativa europea establece un marco común mínimo, pero también introduce cierta flexibilidad en las herramientas de liquidez. Esto podría impulsar el desarrollo de nuevos vehículos en España, donde la CNMV ya ha autorizado varios fondos de este tipo para inversores minoristas. El supervisor español analiza con detalle aspectos como la coherencia entre la estructura del fondo, su estrategia de inversión y la liquidez real de los activos, así como la capacidad de atender reembolsos sin generar conflictos entre inversores. En cualquier caso, la CNMV mantiene una vigilancia estrecha sobre estos productos, con el objetivo de evitar situaciones como las vividas en el pasado, cuando algunos fondos inmobiliarios en España se vieron obligados a bloquear reembolsos tras la crisis financiera de 2008.

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(Cinco Días, 19-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Fed mantiene los tipos en el 3,5% y enfría las perspectivas de nuevas rebajas

La Reserva Federal ha decidido actuar con prudencia ante el repunte de las presiones inflacionistas derivadas de la guerra en Irán y ha optado por mantener los tipos de interés sin cambios, situándolos en el rango del 3,5% al 3,75%. De cara a 2026, la mayoría de sus responsables considera que, como mucho, podría haber una única bajada adicional de tipos este año, e incluso no descarta que no se produzca ninguna, aunque por ahora sí descartan nuevas subidas pese al contexto geopolítico. Se trata de la segunda pausa en lo que va de año. El banco central estadounidense sigue así la estrategia marcada tras las tres reducciones consecutivas aprobadas a finales de 2025, iniciando 2026 con un enfoque más cauteloso para evaluar tanto el efecto de esos recortes como el impacto de la incertidumbre internacional. Los mercados están muy atentos a cómo evolucionan las previsiones de los miembros de la Fed para el resto del ejercicio. En los últimos días, los analistas ya apuntaban a la posibilidad de un único recorte en la segunda mitad del año, probablemente en otoño, frente a los dos que se contemplaban antes del estallido del conflicto en Irán. Las nuevas proyecciones del organismo confirman este giro: la mayoría de los gobernadores se divide entre quienes prevén una sola bajada y quienes no anticipan ninguna, con siete apoyos para cada postura de un total de 19 votos. Como aspecto positivo, por ahora se descarta la necesidad de subir los tipos en 2026. Este escenario plantea un reto adicional para Kevin Warsh, quien asumirá la presidencia de la Fed en mayo en sustitución de Jerome Powell. El economista, cercano a Donald Trump, tendrá que decidir entre impulsar recortes de tipos, en línea con las expectativas políticas, o retrasarlos ante el deterioro del contexto inflacionario, una decisión compleja que podría incluso aumentar el riesgo de recesión en la economía estadounidense. Desde Loomis Sayles (Natixis) advierten de que cualquier bajada de tipos que no responda al mandato de estabilidad de precios y empleo, y que esté más orientada a favorecer la política fiscal, sería mal recibida por los mercados. La moderación en las expectativas de recortes está directamente relacionada con el comportamiento de la inflación. Aunque el IPC se ha relajado respecto a los niveles más altos de los últimos años, sigue mostrando una resistencia mayor de lo esperado. En febrero, la inflación interanual se situó en el 2,4%, igual que el mes anterior. Pese a estar cerca del objetivo del 2% de la Fed, existe preocupación por el posible impacto del encarecimiento energético derivado del conflicto en Irán, que podría reactivar las presiones inflacionistas. Además, el indicador preferido por la Fed, el índice de precios del consumo personal (PCE), ha repuntado recientemente. La inflación subyacente se sitúa en torno al 3,1% interanual, su nivel más alto en casi dos años, lo que limita el margen para aplicar políticas más expansivas. En cuanto al empleo, el panorama tampoco es del todo tranquilizador. La tasa de paro se sitúa en el 4,4%, un nivel todavía bajo en términos históricos, pero con una tendencia al alza en los últimos meses, lo que refleja cierto debilitamiento del mercado laboral. Las dudas sobre la fortaleza económica se han visto reforzadas por la revisión a la baja del crecimiento. Según los últimos datos del Departamento de Comercio, la economía de Estados Unidos cerró 2025 con un ritmo más débil de lo previsto: el PIB del cuarto trimestre creció solo un 0,7% anualizado, la mitad de la estimación inicial, debido a un menor dinamismo del consumo y de la inversión empresarial. Este contexto complica la toma de decisiones de la Fed. Mantener los tipos elevados durante demasiado tiempo podría frenar aún más la actividad económica, mientras que reducirlos antes de tiempo podría avivar nuevamente la inflación, especialmente en un entorno marcado por el encarecimiento de la energía y la incertidumbre geopolítica.

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(Expansión, 19-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo supera los 110 dólares tras los ataques de Irán e Israel a instalaciones energéticas

Irán ha advertido que responderá atacando infraestructuras de petróleo y gas en todo el Golfo, después de que varios misiles alcanzaran South Pars, una zona clave del mayor yacimiento de gas del mundo y pilar fundamental del sistema energético del país. Según autoridades iraníes, este ataque -dirigido también contra complejos petroquímicos vinculados al yacimiento- podría provocar una fuerte intensificación del conflicto. Se trata del primer golpe contra instalaciones energéticas iraníes desde que Estados Unidos e Israel iniciaron su ofensiva el 28 de febrero. Tras lo ocurrido, el precio del crudo Brent se disparó más de un 7%, alcanzando los 111 dólares por barril (máximo desde el 9 de marzo), mientras que el gas natural en Europa subió un 8%, hasta los 55 euros por MWh. Ante este contexto, las firmas de análisis están revisando sus previsiones tanto sobre la duración del conflicto como sobre la evolución del petróleo. Citi, que asigna un 50% de probabilidad a su escenario principal, considera que una desescalada real podría tardar entre cuatro y seis semanas en producirse, es decir, hacia mediados o finales de abril. Con esta perspectiva, reconoce una visión cada vez más alcista a corto plazo y eleva su previsión del Brent para los próximos tres meses a un rango de entre 110 y 120 dólares por barril. Por su parte, Fidelity también anticipa un conflicto prolongado, con una guerra de desgaste que podría extenderse durante semanas o incluso meses. Dado que el petróleo incorpora una prima de riesgo geopolítico sostenida, la gestora estima que el Brent podría oscilar entre los 90 y los 110 dólares, dependiendo de la duración del conflicto y de la reacción de la oferta. En general, las revisiones recientes de los analistas tienden al alza. Standard Chartered ha aumentado de forma significativa su previsión media para el segundo trimestre hasta los 98 dólares por barril, muy por encima de los 67 dólares que estimaba antes del estallido del conflicto en Irán. A más largo plazo, también se están revisando al alza las previsiones para 2026. Bank of America sitúa el precio medio del Brent en 77,5 dólares, mientras que Barclays eleva su estimación hasta los 85 dólares por barril. Además, esta última entidad advierte de un posible escenario más tensionado, en el que el precio podría acercarse a los 100 dólares si el bloqueo del estrecho de Ormuz se prolonga más de lo previsto. En el escenario más extremo contemplado por Fidelity, marcado por una grave interrupción del suministro energético, el petróleo podría superar los 120 dólares, con efectos significativos sobre la inflación y el crecimiento económico. Este escenario tiene una probabilidad estimada del 35%. Citi, por su parte, plantea un escenario aún más alcista: el Brent podría alcanzar los 150 dólares por barril, e incluso escalar hasta los 180 o 200 dólares a mediados de año en caso de una situación especialmente crítica.

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(El Confidencial, 19-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas presenta su plan para crear empresas "europeas" en 48 horas y por 100 euros

La Comisión Europea ha dado a conocer su propuesta para implantar un marco administrativo y jurídico común para empresas en los 27 Estados miembros, conocido como "régimen 28". Esta iniciativa, aún sujeta a cambios durante su tramitación, plantea un modelo simplificado que permitiría crear una empresa en 48 horas, con un coste máximo de 100 euros y sin exigencia de capital mínimo. Bruselas estima que, tras su entrada en vigor, podrían constituirse unas 300.000 sociedades bajo el formato "EU Inc." en la próxima década, dando respuesta a las recomendaciones de competitividad formuladas por Enrico Letta y Mario Draghi. La propuesta no supone la creación de un sistema completamente paneuropeo. Las empresas seguirán teniendo que adaptarse a los procedimientos nacionales cuando operen en otros países, aunque estos trámites se verán considerablemente simplificados. Hasta ahora, la normativa comunitaria en materia societaria estaba orientada principalmente a grandes corporaciones, dejando fuera a pymes, startups y proyectos innovadores, que son precisamente los principales beneficiarios de este nuevo enfoque. Aunque el tejido empresarial ha acogido positivamente la iniciativa, algunas voces consideran que carece de ambición suficiente para impulsar a las empresas más innovadoras. El cambio más relevante es la introducción de una nueva forma jurídica común: la "EU Inc.", que convivirá con figuras nacionales como la SL española o la GmbH alemana. Actualmente, una empresa constituida en un país debe afrontar numerosos trámites adicionales para operar en otro Estado miembro -traducciones, registros y procedimientos administrativos-. Con esta nueva figura, una empresa registrada en un país podrá expandirse a otros con menos obstáculos y mayor rapidez. No obstante, cada Estado incorporará esta figura a su propio ordenamiento, sin sustituir su normativa nacional. Aun así, aspectos clave como el derecho laboral, la fiscalidad o la participación de los trabajadores seguirán regulándose por la legislación del país donde la empresa esté establecida. La Comisión reconoce que las barreras al crecimiento empresarial en Europa son múltiples y que esta propuesta aborda únicamente una de ellas: la fragmentación del derecho societario, dejando otras cuestiones para futuras iniciativas. El objetivo principal es impulsar la competitividad y facilitar la inversión en la UE. Para ello, la propuesta introduce medidas como la eliminación de trámites presenciales, la digitalización de procesos financieros, la simplificación en la transmisión de participaciones y la supresión de la obligatoriedad de intermediarios en determinadas operaciones. Además, abre la puerta a que los Estados permitan a estas sociedades acceder a los mercados bursátiles. Durante su diseño, Bruselas optó por un enfoque intermedio: no limitar el uso de esta figura a un tipo concreto de empresa, pero tampoco armonizar aspectos sensibles que podrían generar rechazo entre los Estados miembros. Se busca así un alto grado de uniformidad en un ámbito reducido, evitando bloqueos políticos. Algunos expertos valoran positivamente la iniciativa por su potencial para reducir la dispersión normativa y facilitar el acceso a financiación en toda la UE. Sin embargo, también existen críticas. Desde el ámbito empresarial innovador se señala que la propuesta no logra establecer un verdadero estándar único europeo, mientras que los sindicatos advierten del riesgo de posibles efectos en materia de dumping social. En cualquier caso, la propuesta dista de otros modelos más ambiciosos planteados en el ámbito académico, que abogan por una autoridad central europea, tribunales específicos y una regulación completamente unificada. Frente a ello, la Comisión ha optado por una solución más pragmática y gradual, centrada en reducir barreras sin alterar profundamente los equilibrios nacionales.

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(Expansión, 18-03-2026) | Fiscal

Hacienda abre el plazo para obtener el número de referencia para la declaración de la Renta

La Agencia Tributaria ya ha activado el servicio necesario para llevar a cabo uno de los trámites esenciales de cara a la próxima campaña de la Renta: la obtención del número de referencia, clave para acceder y gestionar el borrador del IRPF a partir del 8 de abril. La Campaña de la Renta 2026 está a punto de comenzar. En ella deberán declararse los ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2025 sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Desde hace unos días, ya es posible solicitar este número de referencia, que permite acceder a los distintos servicios de la campaña actual y también a gestiones relacionadas con ejercicios anteriores, como modificaciones o rectificaciones. Como principal novedad, la Agencia Tributaria advierte de que los números de referencia obtenidos en años anteriores dejan de ser válidos, por lo que será imprescindible generar uno nuevo para esta campaña. Para obtenerlo, es necesario acceder a la web de la Agencia Tributaria e identificarse mediante Cl@ve Móvil, certificado digital o DNI electrónico. También existe la opción de introducir el DNI junto con el importe de la casilla 505 de la declaración de la Renta 2024. La AEAT recomienda utilizar su aplicación móvil, ya que facilita el acceso durante toda la campaña y simplifica el uso de los servicios más habituales. No obstante, quienes estén registrados en el sistema Cl@ve podrán realizar todas las gestiones sin necesidad de solicitar este número de referencia. La campaña comenzará el 8 de abril y finalizará el 30 de junio. Sin embargo, los plazos varían según el método elegido para presentar la declaración: Presentación por internet: desde el 8 de abril. Presentación telefónica: disponible a partir del 6 de mayo, con cita previa desde el 29 de abril. Atención presencial en oficinas: desde el 1 de junio. Conviene tener en cuenta estos plazos para planificar con antelación la presentación de la declaración y evitar incidencias de última hora.

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(Expansión, 18-03-2026) | Fiscal

Bruselas ofrece ventajas fiscales al pago con acciones en empresas innovadoras

La Comisión Europea presenta hoy su ambicioso proyecto normativo dirigido al ámbito empresarial: el nuevo régimen corporativo EU Inc. Este modelo pretende establecer un marco jurídico y administrativo común que permita a las empresas operar con reglas homogéneas en toda la Unión, eliminando la actual fragmentación de los 27 sistemas nacionales mediante procesos íntegramente digitalizados. Más allá de simplificar trámites, la iniciativa busca reforzar la competitividad de las empresas innovadoras, especialmente en lo relativo a la captación y fidelización del talento. La intención es revertir la tendencia de muchas compañías a trasladarse a mercados como Estados Unidos, atraídas por entornos regulatorios y fiscales más favorables. De acuerdo con el borrador al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, el nuevo régimen introduce un incentivo fiscal relevante: las start up y scale up consideradas innovadoras podrán ofrecer retribuciones en acciones a sus empleados sin que estas tributen en el momento de su concesión. La tributación se diferirá hasta que los títulos se vendan, lo que incrementa notablemente el atractivo de este tipo de compensación. En concreto, la Comisión establece que no se generará renta imponible en el momento de concesión, adquisición o ejercicio de derechos sobre acciones. Este tratamiento se asemeja al de los dividendos en acciones, donde la carga fiscal también se pospone hasta la transmisión de los títulos. Este enfoque no solo retrasa el pago de impuestos, sino que permite ajustar la tributación al valor real de las acciones en el momento de su venta, algo especialmente relevante en empresas jóvenes, donde la valoración puede fluctuar significativamente. De este modo, se evita que los profesionales soporten una carga fiscal sobre un valor que posteriormente puede no materializarse. Desde Bruselas se subraya que este tipo de remuneración resulta clave para empresas en fases iniciales o de crecimiento, que no siempre pueden ofrecer salarios elevados y recurren a planes de opciones sobre acciones para competir por talento cualificado. Aunque varios Estados miembros ya cuentan con regímenes fiscales favorables para estas fórmulas, la propuesta europea introduce un principio adicional: si una empresa EU Inc cumple también los requisitos de un régimen nacional, se aplicará el tratamiento fiscal más beneficioso entre ambos. Esto garantiza a las empresas el acceso a las mejores condiciones posibles en cada país. En el caso de España, ya existe un sistema de diferimiento fiscal para este tipo de retribuciones desde 2022, aunque con un límite anual de 50.000 euros en acciones. El borrador europeo, por ahora, no establece topes cuantitativos, lo que supondría una mejora significativa. No obstante, fuentes comunitarias no descartan que estos límites puedan incorporarse durante la tramitación legislativa en el Parlamento Europeo y el Consejo. La medida no será aplicable a personas con participaciones significativas en la empresa (superiores al 25%) ni a quienes las hayan tenido en los dos años previos a la concesión de las acciones. Además, para acogerse a estas ventajas, las empresas deberán implantar un plan específico denominado "EU-ESOP", aprobado por la junta general, en el que se definan aspectos como el número máximo de derechos a emitir y las acciones vinculadas a los mismos. Finalmente, la propuesta adopta la forma de reglamento europeo, lo que implica que, una vez aprobada, será directamente aplicable en todos los Estados miembros sin necesidad de adaptación normativa nacional.

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