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(Expansión, 18-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La UE elabora una lista de posibles aranceles sobre los servicios estadounidenses

La Unión Europea está elaborando una lista de posibles medidas arancelarias sobre servicios estadounidenses, así como controles a las exportaciones, como parte de un plan de represalias en caso de que fracasen las negociaciones comerciales con Estados Unidos, según informaron dos funcionarios conocedores del proceso. La Comisión Europea, encargada de preparar esta lista en respuesta a los aranceles anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump, aún no ha presentado formalmente las medidas a los Estados miembros. Trump ha declarado su intención de aplicar aranceles del 30% a las importaciones procedentes del bloque europeo a partir del 1 de agosto. Aunque Bruselas ya ha manifestado públicamente que podría ampliar la actual disputa comercial al ámbito de los servicios si no se logra evitar los aranceles, aún no ha detallado acciones específicas ante las capitales de la UE. Uno de los funcionarios aclaró que las medidas no se limitarán a penalizar a las grandes tecnológicas estadounidenses, pese a su notable influencia en la administración Trump. Esta nueva lista de posibles represalias complementaría una propuesta ya en discusión entre los países del bloque, que contempla imponer aranceles sobre productos estadounidenses por un valor de 72.000 millones de euros al año, entre los que figuran aviones Boeing, automóviles y whisky bourbon. Una fuente cercana a las últimas conversaciones indicó que la nueva propuesta incluiría también impuestos sobre servicios digitales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya había planteado esta posibilidad en una entrevista con el Financial Times el pasado abril, donde sugirió, por ejemplo, gravar los ingresos por publicidad de plataformas digitales. Bernd Lange, presidente de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, respaldó la medida. Señaló que, aunque Estados Unidos tiene un déficit comercial con la UE en bienes, mantiene un superávit en servicios, lo que lo convierte en un objetivo sensible a represalias en ese terreno. "Es poco probable que se alcance un acuerdo equilibrado entre Estados Unidos y la UE, por lo que es fundamental estar preparados", afirmó Lange. "Las grandes tecnológicas estadounidenses obtienen buena parte de sus beneficios en Europa, y el superávit de EE.UU. en servicios ronda los 100.000 millones de dólares (86.300 millones de euros)", añadió. "Por eso, conviene prever una tercera fase de respuesta: imponer un gravamen a los servicios digitales". La lista de servicios susceptibles de sanción podría elaborarse utilizando el reglamento europeo sobre medidas de ejecución, lo que requeriría el visto bueno de los Estados miembros. Este nuevo paquete incluiría también los primeros controles a las exportaciones, con tasas aplicables a productos como la chatarra de acero y ciertos compuestos químicos. Buena parte de la chatarra de acero europea se exporta a Estados Unidos, donde se recicla en hornos eléctricos para fabricar nuevos productos siderúrgicos. Las conversaciones comerciales entre Bruselas y Washington comenzaron en abril, después de que Trump anunciara aranceles "recíprocos" del 20% a productos europeos. Posteriormente, los redujo al 10% para dar margen a las negociaciones, fijando inicialmente el 9 de julio como fecha límite, que luego se postergó hasta el 1 de agosto. Sin embargo, el 13 de julio, Trump volvió a endurecer el tono y amenazó con elevar los aranceles al 30% desde esa fecha. De acuerdo con los dos funcionarios citados, la UE estaría dispuesta a aceptar aranceles del 10%, pero busca rebajas en otros aranceles específicos, además de la eliminación del gravamen del 25% sobre los automóviles. También quiere asegurarse de que no se impongan nuevos aranceles prometidos por Trump a sectores como el farmacéutico y el de los semiconductores. El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, se encuentra actualmente en Washington negociando con representantes estadounidenses. Este lunes advirtió que persiste una "distancia considerable" entre las posiciones de ambas partes. Aunque reafirmó que la prioridad es lograr un acuerdo, también aseguró que se están contemplando "todas las herramientas disponibles" para una eventual respuesta. Además, la Comisión ha decidido retrasar hasta el 6 de agosto un plan alternativo para imponer medidas sobre 21.000 millones de euros en importaciones anuales desde EE.UU., preparado como respuesta a los aranceles estadounidenses al acero, aluminio y automóviles europeos, con el objetivo de dar más tiempo a las negociaciones.

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(El Economista, 18-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El sur de Europa está tomando el mando del crecimiento de la región los últimos años

Mucho se ha escrito en los últimos años sobre cómo el sur de Europa ha tomado el liderazgo del crecimiento económico en la región, siendo España el principal protagonista, al concentrar cerca del 40% del avance del PIB de la Unión Europea, impulsada por su propio dinamismo. Este cambio se explica, en gran parte, por la debilidad del modelo industrial del norte del continente, que ha sufrido un fuerte impacto desde el inicio de la guerra en Ucrania y se ha visto agravado por factores como los aranceles, el aumento de los tipos de interés y la incertidumbre global. A diferencia del norte, el sur ha estado más centrado en los servicios y el turismo, y ha recibido un impulso adicional gracias a la inmigración, los fondos europeos y una productividad en alza. España es el ejemplo más representativo de esta transformación, con un crecimiento del 3,2% en 2024. Aunque aún mantiene una de las tasas de desempleo más altas de Europa (11,36%), también es uno de los países que más empleo está generando, lo que ha sido un motor clave para su economía. Los analistas destacan que este fenómeno está generando una especie de "tormenta perfecta" favorable a los intereses del Banco Central Europeo (BCE). Para algunos expertos, lo que está ocurriendo es una verdadera convergencia entre las economías del norte y del sur de Europa. Esto beneficia al BCE de dos maneras: en primer lugar, ayuda a contener la inflación en economías como la alemana, donde el alza de salarios representaba un importante riesgo inflacionista antes de que entraran en vigor los aranceles. En segundo lugar, esta mayor armonía laboral contribuye a reducir uno de los grandes problemas estructurales de la eurozona: la divergencia en los costes de financiación entre países. Al acercarse las condiciones económicas entre el norte y el sur, también lo hacen sus primas de riesgo, lo que facilita una gestión más eficaz de la política monetaria común y estabiliza el sistema. La reducción de esas diferencias ayuda a que la deuda de países como España e Italia converja con la alemana, reduciendo así el riesgo de fragmentación financiera. Esto se refleja claramente en la evolución de las primas de riesgo: en el caso de España, la diferencia respecto a los bonos alemanes se ha reducido a 62 puntos básicos, cuando antes de 2024 superaba con frecuencia los 100. Italia se sitúa ahora en los 89 puntos y Grecia, que estuvo al borde del colapso durante la crisis del euro, ha bajado hasta los 71,4 puntos. Desde ING, sus analistas afirman que "por fin la eurozona está viviendo esa convergencia tan esperada desde hace tiempo". El banco neerlandés considera que esta alineación de las economías puede ser una de las razones que explican los actuales diferenciales de deuda pública relativamente estrechos entre los países miembros, lo que a su vez representa una ventaja clara para el BCE. En el pasado, la aplicación de una política monetaria uniforme se veía obstaculizada por las diferencias económicas internas del bloque. Ahora, con una convergencia como la actual y una política monetaria más flexible, la situación es mucho más favorable: "Esto puede aliviar la presión sobre las economías del norte, que atraviesan dificultades, sin perjudicar el crecimiento del sur", concluyen.

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(El Economista, 18-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Protección de Datos impide a hoteles y pisos turísticos hacer una copia del DNI del cliente

Nuevo enfoque en el proceso de registro de clientes en alojamientos turísticos como hoteles, hostales, campings, apartamentos vacacionales o en empresas de alquiler de vehículos. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha dejado claro que estos establecimientos no pueden solicitar una copia del DNI o pasaporte a sus clientes. En una nota informativa reciente, la AEPD afirma que pedir dicho documento vulnera el principio de minimización de datos, ya que implica un tratamiento excesivo de información personal. Según la Agencia, los documentos de identidad contienen datos innecesarios para el proceso de registro, como la fotografía, la fecha de caducidad, el código CAN (clave de acceso del chip) o incluso los nombres de los progenitores. Además, advierte que entregar una copia del DNI a terceros conlleva un riesgo elevado de suplantación de identidad si esa información se maneja de forma indebida. Por eso, insiste en que este tipo de prácticas deben evitarse o, al menos, reducirse al mínimo posible. El Real Decreto del 26 de octubre de 2021 obliga a los alojamientos y a las empresas de alquiler a recabar ciertos datos de los viajeros con el objetivo de colaborar en la seguridad pública y prevenir delitos como el terrorismo o el crimen organizado. Sin embargo, no todos esos datos se encuentran en el DNI o pasaporte, y algunos de los que sí aparecen no son necesarios para cumplir la normativa. En este sentido, la AEPD también subraya que el simple envío de una copia del documento no garantiza la veracidad de la identidad del cliente, por lo que considera que no cumple adecuadamente la finalidad legal del registro. La normativa exige a los alojamientos que recopilen los nombres y apellidos, el sexo, el número de documento, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el lugar de residencia habitual, además de medios de contacto como el teléfono y el correo electrónico, el número de personas alojadas y el vínculo con los menores acompañantes si los hubiera. También deben conservar los datos de la reserva o contrato, incluyendo fecha y hora de entrada y salida, información del inmueble, y detalles del pago, como el medio utilizado, el nombre del titular, la fecha de vencimiento de la tarjeta y la fecha del pago. La AEPD sugiere que esta información se puede recoger mediante formularios, ya sea en formato físico o digital. En el caso de un registro presencial, se puede contrastar la información directamente con el documento de identidad, sin necesidad de hacer una copia. Si el check-in es online, se puede recurrir a certificados digitales o al envío de códigos de verificación por SMS o correo electrónico. La Agencia también indica que podrían existir otros métodos que sean igualmente válidos para cumplir con las exigencias legales sin comprometer la protección de datos personales.

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(El Periódico, 18-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bolaños anuncia que el Gobierno aprobará la reforma de la justicia después de verano

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, anunció este miércoles durante el evento Afterwork organizado por El Periódico que, tras el verano, el Consejo de Ministros aprobará la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta modificación implicará que los fiscales asumirán la dirección de las investigaciones penales, mientras que los jueces pasarán a desempeñar el papel de garantes del proceso. Otra de las normativas que ha generado polémica, especialmente entre las asociaciones judiciales de corte conservador, es la ley de la carrera judicial, actualmente en trámite parlamentario. Bolaños aclaró que dicha ley no será debatida en el pleno del 22 de julio, sino que su discusión se pospondrá hasta después del verano, a la espera de avanzar en las conversaciones con los distintos grupos parlamentarios. Al acto asistieron diversas figuras del ámbito político y judicial, como el 'conseller' Ramon Espadaler y el expresident José Montilla. El ministro subrayó que el Gobierno está dialogando con los partidos políticos para sacar adelante una reforma de la Justicia que ha calificado de "urgente y necesaria", con el objetivo de adaptar esta institución a la realidad actual del país. Bolaños recordó que, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, los intentos de transformación en el ámbito judicial suelen generar desconfianza, algo que también se está viendo con la ley de la carrera judicial y fiscal. No obstante, defendió que las críticas sobre una supuesta amenaza al Estado de Derecho o a la independencia judicial carecen de fundamento. En su opinión, esta nueva normativa garantiza la igualdad de oportunidades e incluye medidas como la creación de becas para opositores. En cuanto al plan de modernización de la Justicia, el ministro destacó que en los próximos tres años se crearán 1.500 nuevas plazas para jueces y fiscales. A esta cifra se sumarán otras 1.000 regularizaciones de profesionales que ya ejercen como sustitutos, algunos de ellos desde hace más de una década. Bolaños calificó esta ampliación de plantilla como un avance sin precedentes recientes. Durante el encuentro, el director de El Periódico, Albert Sáez, preguntó por la huelga convocada a principios de julio por asociaciones conservadoras de jueces y fiscales, en protesta por los cambios en el acceso a sus respectivas carreras. Bolaños respondió que el propio Consejo General del Poder Judicial reconoció que la huelga carecía de base legal. Además, criticó que no se comunicaron formalmente las ausencias para que se aplicaran los descuentos salariales correspondientes, describiendo la protesta como "la primera huelga sin huelguistas". Reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la Justicia, incluyendo el aumento de efectivos. Parte de esta reforma pasa también por modificar el Estatuto del Ministerio Fiscal. Los cambios permitirán que el fiscal instruya las causas penales, pero no se aplicarán hasta el 1 de enero de 2028, dado que se trata de una ley compleja. Por ello, será el fiscal general que nombre el Gobierno surgido de las elecciones de 2027 -y no el actual, Álvaro García Ortiz- quien asuma la implementación de esta reforma. Bolaños insistió en que estas transformaciones no responden a circunstancias políticas del momento, sino que se han concebido para tener efectos duraderos, incluso a 50 años vista. En su opinión, algunos aspectos de la Justicia actual han quedado obsoletos, y el calendario de implementación dependerá del consenso con el resto de formaciones parlamentarias. En otro orden de cosas, el ministro se refirió al plan de choque contra la multirreincidencia en Barcelona, presentado en diciembre junto al conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni. Según explicó, esta iniciativa ya comienza a dar resultados. Entre las medidas adoptadas se incluye la creación de un tercer juzgado de guardia para delitos leves, como hurtos, y cuatro órganos judiciales adicionales para agilizar juicios rápidos, que se estaban retrasando hasta año y medio. Aunque estas plazas de refuerzo eran temporales (hasta noviembre), los jueces han solicitado su prórroga. Bolaños aseguró que estos juzgados seguirán operativos "el tiempo que sea necesario". Otra medida destacada dentro del mismo plan es el acceso de la Guardia Urbana a los historiales de reincidencia a través del sistema judicial SIRAJ. Esto permitirá a los agentes saber en tiempo real si una persona detenida cuenta con antecedentes y si corresponde aplicar la agravante de multirreincidencia prevista en el Código Penal. Sobre esta iniciativa, Bolaños adelantó que ya se ha aprobado un real decreto para hacerla efectiva. Además, está en desarrollo una aplicación específica para que la policía municipal de Barcelona pueda consultar esta información de manera inmediata.

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(La Razón, 18-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación de la eurozona repuntó una décima en junio, hasta el 2%

La inflación interanual en la zona euro aumentó ligeramente en junio, situándose en el 2%, lo que representa un incremento de una décima respecto al mes anterior y se ajusta al objetivo de estabilidad a medio plazo establecido por el Banco Central Europeo (BCE), según ha confirmado la oficina estadística Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea, la tasa de inflación interanual se ubicó en el 2,3% en junio, también una décima por encima de la cifra registrada en mayo. De acuerdo con los datos de Eurostat, en la eurozona los precios de la energía disminuyeron un 2,6% en comparación con el mismo mes del año anterior, aunque el descenso fue menor al 3,6% registrado en mayo. En cambio, los alimentos frescos se encarecieron un 4,6% anual, lo que supone un aumento de tres décimas respecto al mes previo. Por su parte, los bienes industriales no energéticos subieron un 0,5% interanual, una décima menos que en mayo. En cuanto a los servicios, su precio subió un 3,3%, ligeramente por encima del 3,2% del mes anterior. Si se excluye el efecto de la energía, la inflación interanual de la zona euro se mantuvo estable en el 2,5%. Por otro lado, la inflación subyacente -que no considera ni energía, ni alimentos frescos, ni alcohol ni tabaco- se mantuvo en el 2,3% durante junio. Entre los países de la UE, las tasas de inflación más bajas se registraron en Chipre (0,5%), Francia (0,9%) e Irlanda (1,6%). En contraste, las mayores alzas se observaron en Rumanía (5,8%), Estonia (5,2%) y tanto Hungría como Eslovaquia, con un 4,6% cada una. En el caso de España, la inflación armonizada subió en junio al 2,3%, frente al 2% de mayo, lo que amplía a tres décimas la diferencia negativa respecto al promedio de la zona euro.

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(Expansión, 17-07-2025) | Fiscal

Bruselas plantea un impuesto a las empresas que facturen más de 100 millones

La Comisión Europea ha presentado un ambicioso plan para incrementar sus ingresos sin necesidad de aumentar las aportaciones de los Estados miembros. Coincidiendo con la presentación de sus nuevos presupuestos, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dio a conocer una serie de iniciativas, centradas principalmente en la creación de nuevas tasas e impuestos, con los que se pretende recaudar cerca de 60.000 millones de euros anuales. Una de las medidas más controvertidas del paquete es la introducción de un nuevo impuesto dirigido a las empresas que operan en territorio comunitario. Este gravamen afectará a todas aquellas compañías cuya facturación anual supere los 100 millones de euros, estableciendo una escala dividida en tres tramos. Las empresas con ingresos entre 100 y 250 millones deberán pagar 100.000 euros al año. Aquellas con una facturación entre 250 y 500 millones, contribuirán con 250.000 euros, y las que superen los 500 millones de euros tendrán que abonar 500.000 euros anuales. Este impuesto se aplicará a cada empresa individual, sin tener en cuenta el grupo empresarial al que pertenezca, por lo que aquellas que cuenten con varias filiales o sociedades podrían verse obligadas a pagar múltiples veces. Con esta medida, Bruselas estima obtener unos 6.800 millones de euros al año. Cabe señalar que el umbral mínimo se ha elevado respecto al borrador anterior, que fijaba el límite en 50 millones de euros. Otra propuesta del Ejecutivo europeo consiste en destinar un 15% de los impuestos especiales que los países recaudan sobre el tabaco al presupuesto comunitario, lo que, según cálculos de la Comisión, supondría unos 11.200 millones de euros anuales. Esta iniciativa implicaría una reforma de la Directiva sobre los Impuestos Especiales del Tabaco (TED), adaptándola al reciente aumento en la fiscalidad del sector. A esto se añadiría una nueva tasa sobre los residuos electrónicos no recogidos, que podría aportar unos 15.000 millones de euros por año. Además, la Comisión cuenta con ingresos procedentes del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono -un arancel ambiental de la UE- y del Sistema de Comercio de Emisiones, con los que espera recaudar 1.400 millones y 9.600 millones de euros anuales, respectivamente. No obstante, todas estas nuevas fuentes de financiación deberán ser aprobadas por unanimidad por los Estados miembros, lo que representa un desafío considerable. Fuentes comunitarias reconocen que es habitual que este tipo de propuestas se modifiquen significativamente o incluso se rechacen por completo. En el pasado, los Veintisiete ya desestimaron planes similares para aumentar los recursos propios de la UE, incluso en circunstancias más críticas como durante la pandemia, cuando fue necesario financiar el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros.

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(El País, 17-07-2025) | Fiscal

La AIReF pide un ajuste de 11.000 millones de euros para cumplir con la regla de gasto en 2025

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha evitado posicionarse de forma definitiva sobre la propuesta de financiación específica para Cataluña debido a la falta de datos e información concreta. No obstante, su presidenta, Cristina Herrero, ha expresado ciertas reservas preliminares al afirmar que "no nos convence un enfoque fragmentado" para reformar el sistema de financiación autonómica. En su opinión, es necesario contar con una visión más amplia, conocer los detalles del posible acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat, y analizar si las modificaciones comprometerían el cumplimiento de las reglas fiscales. "Si los cambios tienen impacto en la sostenibilidad fiscal, nos pronunciaremos cuando contemos con información suficiente", ha advertido. En cuanto a la posibilidad de que la Agencia Tributaria catalana asuma la recaudación de impuestos, Herrero ha subrayado que la descentralización en este ámbito suele traducirse en una menor eficacia y eficiencia. Además, ha manifestado su preocupación por la posible pérdida de información si se producen cesiones de competencias en este ámbito: "Estas transferencias no deben conllevar una merma en los datos disponibles". También ha solicitado que la AIReF sea la encargada de evaluar cualquier cambio que se produzca, aunque ha insistido en que, por ahora, no es posible determinar si este nuevo modelo perjudicará al resto de comunidades autónomas. Por otro lado, la AIReF ha llamado la atención sobre la falta de transparencia en el gasto en defensa, un apartado presupuestario que cobrará mayor protagonismo en los próximos años y que ya tiene comprometidos 10.000 millones de euros solo para 2025. Según ha denunciado, actualmente no es posible seguir la evolución de este gasto en los informes de ejecución presupuestaria, y además, se tiende a subestimar su impacto en los cálculos iniciales. La institución ha señalado que sin medidas correctivas, el déficit y la deuda pública podrían empezar a aumentar en el medio plazo, sin contar siquiera con el gasto militar, lo que refuerza la necesidad de tener estimaciones claras sobre su evolución. En su informe más reciente sobre ejecución presupuestaria, la AIReF estima que en 2024 se incumplirá la regla de gasto europea al incrementarse los desembolsos en un 4,6%, frente al 3,7% pactado. Esta diferencia representa aproximadamente 4.500 millones de euros, justo en el límite permitido por Bruselas (0,3% del PIB anual), que se va acumulando en una "cuenta de control" con un tope del 0,6% del PIB. Si se sobrepasa ese margen, se activarían medidas de corrección. No obstante, España dispone de cierto margen acumulado en esta cuenta gracias al menor gasto de 2024 frente a lo pactado, lo que otorga al Ejecutivo algo de margen para evitar ajustes inmediatos pese al incumplimiento. En cuanto a la regla nacional de gasto, también se supera, con una desviación de unos 5.000 millones por parte del Estado y de unos 11.000 millones si se suma el conjunto de administraciones. Esta norma, sin embargo, ha sido relegada por no ser aplicada por la Comisión Europea, aunque ha obligado a 13 comunidades autónomas a presentar planes de reequilibrio ante Hacienda. La AIReF ha recomendado que el Gobierno central haga lo mismo y ha instado a elaborar ya unos presupuestos para 2025, denunciando la escasa información sobre los planes fiscales del Ejecutivo. Un punto preocupante señalado por la AIReF es el crecimiento del gasto computable para Europa de la Seguridad Social, que sube un 5,6%, muy por encima del límite permitido. Esto implica que el resto de administraciones deberán contener su gasto aún más para compensar el aumento en pensiones. "Este es el gran reto a medio plazo", ha declarado Herrero. En cuanto a la situación fiscal general, la previsión de la AIReF es que el déficit público se sitúe este año en el 2,7% del PIB, incluyendo los gastos derivados de la DANA. Sin ellos, bajaría al 2,4%. Esta mejora se explica por la buena evolución de la recaudación, especialmente del IRPF, la retirada gradual de las medidas anticrisis por la inflación y la disminución del gasto relacionado con la DANA. Respecto a la deuda pública, la tendencia de reducción se ralentiza, situándose en el 101,4% del PIB para este año. La institución mantiene su previsión de crecimiento económico en el 2,3% para 2025, tras revisarla a la baja por la incertidumbre ligada al conflicto arancelario. Esta estimación parte del supuesto de que los aranceles no se incrementarán. La AIReF ha detectado una desaceleración del gasto público y del turismo, influido por la apreciación del euro, mientras que la inversión muestra signos de mejora, aunque con dudas sobre su resistencia en un entorno incierto. El crecimiento económico, aunque moderado, cuenta con un fuerte respaldo en el aumento de la inmigración, lo que se refleja en un mayor consumo total pero no per cápita: es decir, se consume más porque hay más población, no porque cada persona consuma más. Además, todo el empleo creado en los últimos meses se debe a trabajadores extranjeros, mientras que la población activa con nacionalidad española se reduce. La AIReF también detecta señales de que la tasa de paro podría estar tocando fondo.

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(El País, 17-07-2025) | Fiscal

Inspectores de Hacienda ven “imposible” aplicar el acuerdo de financiación catalana

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha advertido este miércoles que el acuerdo de financiación singular pactado entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña es, a su juicio, "inviable" en términos prácticos y supone un riesgo grave para la estructura del Estado si se replica en otras comunidades. Según la organización que agrupa a los inspectores de élite de la Agencia Tributaria, esta propuesta marcaría el inicio de la "desintegración del Estado". En este contexto, han reiterado su petición de dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La presidenta de la asociación, Ana de la Herrán, ha señalado que llevan tiempo advirtiendo sobre los efectos negativos que implicaría una financiación fiscal diferenciada para Cataluña. Durante la presentación de un informe técnico, los inspectores han asegurado que un modelo como el planteado conduciría a la "descomposición" de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que se vería fragmentada y dividida entre las distintas autonomías. Según explican, dicho esquema vulneraría principios esenciales del sistema tributario nacional, como la existencia de una única base de datos, una caja común y una gestión integrada de las retenciones fiscales. En particular, consideran que el traspaso del 100% de la gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la Generalitat en 2026 no sería factible. A su entender, no es una medida realista, ya que sería imposible cruzar la información entre una base de datos estatal y otra catalana. Entre los efectos concretos, alertan de que se ralentizarían significativamente las devoluciones del IRPF y se dificultaría el envío de los datos fiscales a los contribuyentes, al estar distribuidos en dos sistemas independientes. Asimismo, afirman que se vería comprometida la capacidad para cruzar información fiscal, lo que afectaría la detección de posibles fraudes. Aunque no han ofrecido estimaciones precisas sobre la pérdida de ingresos, han recordado que, según los datos más recientes (de 2022), Cataluña aportó el 19,35% de la recaudación total. En ese año, los ingresos tributarios del Estado ascendieron a 255.463 millones de euros, de los cuales 49.434 millones provinieron de esta comunidad. Los inspectores concluyen que una separación en la gestión tributaria estatal y catalana dañaría la eficacia en la lucha contra el fraude fiscal. "Una base de datos dividida no puede ofrecer los mismos resultados que el sistema unificado actual", han afirmado.

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(Cinco Días, 17-07-2025) | Laboral

El Supremo vuelve a rechazar las indemnizaciones adicionales por despido improcedente

El Tribunal Supremo ha dejado claro que no es posible conceder indemnizaciones por despido improcedente superiores a las previstas en el Estatuto de los Trabajadores, incluso si se tiene en cuenta la Carta Social Europea, ratificada por España en 2021. En una reciente sentencia dictada por el pleno de la Sala de lo Social, el Alto Tribunal reitera su postura contraria a aumentar, vía judicial, las compensaciones por despido más allá de los 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, aun cuando existan circunstancias personales particulares. Este nuevo fallo surge tras una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que en 2024 rechazó otorgar una indemnización adicional a un empleado, revocando así una sentencia previa favorable del Juzgado de lo Social número 3 de Barcelona. El trabajador recurrió presentando como base una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que sí concedía una indemnización extra. El caso terminó en el Supremo, que ha cerrado filas con la doctrina restrictiva. El tribunal explica que tanto el artículo 24 de la Carta Social Europea como el artículo 10 del Convenio 158 de la OIT, que hablan del derecho a una "indemnización adecuada", son formulaciones generales y no constituyen normas de aplicación directa. Por ello, considera que cualquier cambio en los criterios de indemnización debe pasar necesariamente por una reforma legislativa, y no puede ser interpretado por los tribunales como una obligación directa y concreta. El Supremo también argumenta que la jurisprudencia constitucional ya ha considerado que el sistema actual de indemnización tasada cumple con los estándares de adecuación exigidos y ofrece una protección uniforme y previsible para los trabajadores. Además, el Tribunal rechaza la vinculación legal de las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales, que había criticado el sistema español por no permitir reparaciones proporcionales en todos los casos. Señala que este comité no es un tribunal y que sus pronunciamientos no son vinculantes para los Estados ni para sus órganos jurisdiccionales, en línea con lo establecido por otros tribunales europeos como el Supremo francés o el Constitucional italiano. De momento, el texto íntegro de la sentencia aún no ha sido publicado, aunque el Tribunal Supremo ha anunciado que lo difundirá en los próximos días.

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(Cinco Días, 17-07-2025) | Laboral

Trabajo abrirá una mesa de diálogo social para reformar la normativa, algo que Economía y las patronales rechazan

Esta resolución se produce en un momento especialmente sensible en torno al debate sobre el despido en España. El Ministerio de Trabajo aún tiene pendiente poner en marcha la mesa de diálogo social que prometió, con el objetivo de reformar la legislación vigente sobre despidos. Sin embargo, esta iniciativa cuenta con la oposición tanto del Ministerio de Economía como de las organizaciones empresariales. La presión aumentó después de que el Consejo de Europa respaldara las reclamaciones presentadas primero por UGT y posteriormente por CC OO, considerando que la normativa española actual no se ajusta a lo establecido en la Carta Social Europea. Durante la campaña electoral, PSOE y Sumar incluyeron en su programa el compromiso de "garantizar una mayor protección frente al despido para los trabajadores, cumpliendo con la Carta Social Europea y reforzando la justificación necesaria para la extinción de los contratos". El Comité Europeo de Derechos Sociales -órgano encargado de interpretar dicha Carta- ya se ha pronunciado en este sentido. Tal y como recordó recientemente el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en una entrevista: "No es una cuestión opinable que el despido en España no cumpla con la Carta Social Europea. Es una realidad constatada. El asunto no gira en torno a posturas políticas, sino a cumplir con compromisos internacionales". El Ministerio de Trabajo ha mantenido esta postura de manera constante, motivo por el que anunció en junio de 2023 la apertura de la citada mesa de diálogo con los agentes sociales. En cambio, el Ministerio de Economía interpreta que el marco legal vigente ya satisface los requisitos de la Carta, postura que también es compartida por algunos socios parlamentarios del PSOE, como el PNV y Junts, que previsiblemente se oponen a una reforma. Las patronales, por su parte, se muestran contrarias a reabrir el debate sobre el despido, un aspecto que quedó fuera de la reciente reforma laboral. En una entrevista concedida en julio de 2024, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, minimizó el alcance de los dictámenes del Comité Europeo de Derechos Sociales: "El Comité es consultivo y muchas de sus recomendaciones no se aplican". Además, señaló que hay otros países señalados por el CEDS que tampoco han modificado sus sistemas de indemnización. No obstante, los sindicatos consideran fundamental avanzar en este terreno. Ante la falta de avances, advierten de que intensificarán la presión. "Si los empresarios no aceptan esa negociación, que creemos que debe liderar el Gobierno, desde CC OO emprenderemos una ofensiva judicial, una guerra de guerrillas en los tribunales para forzar un cambio en el régimen de despido", afirmó Unai Sordo, secretario general de CC OO, tras conocer la decisión del Consejo de Europa. En la misma línea se ha manifestado también el líder de UGT, Pepe Álvarez.

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