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(El País, 29-10-2026) | Laboral

La pensión de viudedad es la única de las grandes prestaciones del sistema que pierde beneficiarios

El número de pensiones de viudedad en España ha disminuido un 0,2% en el último año, una evolución que contrasta con el crecimiento del 2,4% de las prestaciones de jubilación y del 1,8% de las de incapacidad permanente. Esta tendencia se mantiene desde hace años, pese al aumento del número total de pensiones contributivas. La semana pasada, el Gobierno aprobó una reforma que amplía el acceso a la pensión de viudedad a las parejas con hijos que no hubieran formalizado su relación mediante matrimonio o inscripción como pareja de hecho. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Social no ha estimado cuántas personas podrían beneficiarse de este cambio. En octubre, la Seguridad Social abonó 2.344.470 pensiones de viudedad, de las que el 90% correspondió a mujeres. La cifra supone 4.000 prestaciones menos que hace un año, 8.000 menos que hace dos y 22.000 por debajo del máximo registrado en diciembre de 2019. Aunque el descenso es moderado, destaca su evolución frente al crecimiento del conjunto del sistema. En enero de 2015 se contabilizaban 2,15 millones de pensiones de este tipo, mientras que el número total de pensiones contributivas ha pasado de ocho millones hace dos décadas a 10,56 millones en la actualidad. El aumento del sistema se explica principalmente por las prestaciones de jubilación, que suman 6,78 millones. Son 150.000 más que hace un año, 700.000 más que hace cinco años y dos millones más que hace dos décadas. La jubilación de la numerosa generación del baby boom está impulsando esta evolución y constituye uno de los principales desafíos para la sostenibilidad del sistema público de pensiones, un asunto que también ha centrado parte del debate político de las últimas semanas. Cristina Estévez, secretaria ejecutiva confederal de UGT y responsable de las políticas de Seguridad Social, atribuye parte del retroceso de las pensiones de viudedad al aumento de la participación femenina en el mercado laboral. Las mujeres representan actualmente el 46,7% de la población ocupada, frente al 37,8% de 2002. Esta evolución ha permitido que un mayor número de ellas genere derechos propios de jubilación, en lugar de depender exclusivamente de la prestación de viudedad. Aunque ambas pensiones son compatibles, existe un límite máximo de ingresos que puede reducir el interés económico de percibir las dos. En 2026, ese tope se sitúa en 47.034 euros brutos anuales. La evolución demográfica también contribuye a explicar esta tendencia. Estévez señala la reducción del número de matrimonios, que ha pasado de unos 270.000 anuales hace cinco años a una cifra aproximadamente 100.000 inferior en la actualidad. Por su parte, Carlos Bravo, responsable de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO, apunta al aumento de la longevidad como otro factor relevante. La diferencia entre la esperanza de vida masculina y femenina se ha reducido en las últimas décadas. En los años noventa, los hombres vivían una media de 73,4 años y las mujeres, 80,41, una distancia de siete años. En 2024, último ejercicio con datos disponibles, la esperanza de vida alcanzó los 81,4 años en los hombres y los 86,5 en las mujeres, lo que reduce la brecha a cinco años. Esta convergencia hace que el periodo durante el cual se percibe una pensión de viudedad pueda ser más corto. Según Estévez, el intervalo entre los fallecimientos de ambos miembros de la pareja tiende a reducirse. La combinación de estos factores contribuye a que el número de personas viudas en España permanezca relativamente estable desde principios de siglo, en torno a los 2,9 millones, según el INE. El peso de las pensiones de viudedad dentro del sistema también ha disminuido. Actualmente representan el 22,2% del total de prestaciones, el porcentaje más bajo de la serie histórica, frente al 27% registrado hace dos décadas. Su participación en el gasto en pensiones contributivas ha bajado del 20,4% al 15,8% durante el mismo periodo. La diferencia se explica, en parte, por la menor cuantía de estas prestaciones: la pensión media de viudedad se sitúa en 977 euros mensuales, frente a los 1.578 euros de la jubilación. Además, cada vez son menos los pensionistas que tienen la viudedad como prestación principal. En 2012, 1,69 millones de personas tenían esta pensión como referencia, frente a los 1,46 millones actuales, otro mínimo histórico. La tendencia refleja que, en un número creciente de casos, la pensión de jubilación constituye la principal fuente de ingresos, mientras que la de viudedad pierde peso relativo dentro de la protección social.

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(El País, 29-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Reserva Federal mantiene sin cambios los tipos de interés a menos de una semana de las ‘midterms’

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener los tipos de interés en el rango del 3,75% al 4% en su reunión de octubre, tal y como anticipaba la mayoría de los analistas. La decisión llega a menos de una semana de las elecciones legislativas de mitad de mandato y en un contexto marcado por el repunte de la inflación, que alcanzó el 3,7% en septiembre, y por el encarecimiento de la energía a raíz de las tensiones derivadas del conflicto con Irán. El presidente de la institución, Kevin Warsh, optó por esperar a disponer de nuevos datos económicos antes de tomar otra decisión, con la próxima reunión prevista para diciembre. Las expectativas del mercado apuntan ahora a una posible subida de los tipos en esa cita. Warsh defendió que la prioridad del banco central sigue siendo contener los precios, después de varios años de inflación por encima del objetivo oficial. También advirtió de que el encarecimiento de la energía puede extenderse a otros sectores de la economía y dificultar la vuelta a la estabilidad de precios. La reunión puso de manifiesto las diferencias existentes dentro de la Reserva Federal. Dos de sus responsables, Beth Hammack y Lisa Cook, defendieron elevar los tipos en un cuarto de punto, frente a la decisión mayoritaria de mantenerlos sin cambios. Warsh describió el debate como una discusión intensa, aunque aseguró que la política electoral no influyó en la decisión. La cautela del organismo coincide con un momento de incertidumbre política en Estados Unidos, donde el aumento del coste de la vida y las dificultades de acceso a bienes y servicios básicos están condicionando el debate público. El presidente de la Fed también anunció su intención de modificar el calendario de reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de decidir la política monetaria. Su propuesta contempla reducir de ocho a seis las reuniones anuales destinadas a votar sobre los tipos, reservando dos encuentros para debatir cuestiones generales de estrategia monetaria sin adoptar decisiones sobre el precio del dinero. El cambio se enmarca en una nueva forma de comunicación con los mercados, caracterizada por mensajes más breves y una menor orientación sobre las decisiones futuras. Esta estrategia pretende que los inversores evalúen la evolución económica a partir de sus propios análisis, en lugar de anticipar los movimientos de la Reserva Federal a través de sus comunicados. Sin embargo, la falta de indicaciones claras también puede aumentar la incertidumbre. Tiffany Wilding, economista de PIMCO, señala que los responsables monetarios han intentado moderar las expectativas de movimientos consecutivos de los tipos desde la subida de septiembre, sin que los últimos datos de inflación hayan alterado sustancialmente esa posición. Por su parte, Bret Kenwell, analista de eToro en Estados Unidos, advierte de que una mayor probabilidad de subida en diciembre podría presionar a los activos de riesgo, incluso si los tipos permanecen estables en octubre. A las tensiones inflacionistas se suma la incertidumbre sobre la evolución del empleo. La Reserva Federal debe equilibrar la necesidad de contener los precios con el riesgo de debilitar la actividad económica si mantiene una política monetaria demasiado restrictiva. El encarecimiento del petróleo y de otros productos energéticos complica esta tarea, al elevar los costes empresariales y reducir la capacidad de compra de los hogares. La inteligencia artificial constituye otro de los factores que condicionan las perspectivas económicas. La elevada inversión de las grandes tecnológicas en nuevos modelos de IA y centros de datos está impulsando la demanda de microprocesadores, componentes y materiales, lo que puede añadir presión sobre determinados precios. Al mismo tiempo, Warsh considera que la expansión de esta tecnología puede elevar la productividad a medio y largo plazo y contribuir a reducir los costes de producción. La Reserva Federal se enfrenta así a un doble desafío: controlar una inflación que sigue por encima de los niveles deseados sin frenar en exceso el crecimiento económico ni perjudicar la inversión tecnológica. La decisión de octubre aplaza ese dilema, pero no lo resuelve. La evolución de los precios, el mercado laboral y los costes energéticos será determinante para definir los próximos movimientos de la política monetaria estadounidense.

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(El País, 29-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas busca aumentar la capacidad de las refinerías europeas para frenar los precios de los combustibles

La Comisión Europea ha iniciado conversaciones con las empresas del sector del refino para estudiar cómo aumentar la capacidad de las refinerías europeas y reducir la exposición de ciudadanos y empresas a las subidas de los precios energéticos. Aunque la transición hacia fuentes de energía más limpias y económicas exige reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles, la prolongación de la guerra en Ucrania y el conflicto entre Estados Unidos e Irán han puesto de manifiesto la vulnerabilidad del suministro energético europeo. El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, y el responsable de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, han inaugurado en Bruselas una primera ronda de contactos con representantes de las refinerías y de la OTAN. Uno de los objetivos es garantizar un suministro suficiente y asequible de combustibles, así como asegurar la movilidad de las fuerzas militares en caso de emergencia. Las conversaciones continuarán a nivel técnico y está previsto que los responsables vuelvan a reunirse a comienzos de 2027 para evaluar los avances. La iniciativa llega en un momento de fuerte tensión en los mercados energéticos. El precio del gas natural en Europa se aproximó el miércoles a los 100 euros por megavatio-hora, un nivel que no se alcanzaba desde 2022. En el mercado de futuros neerlandés, el coste subió más de un 3%, hasta los 99,50 euros por megavatio-hora, impulsado por la incertidumbre en Oriente Próximo y las informaciones sobre la posible reanudación de los ataques estadounidenses contra Irán tras las elecciones de medio mandato de la próxima semana. El diálogo con las refinerías forma parte de las actuaciones planteadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, después de la última cumbre de líderes comunitarios. Los Veintisiete reclamaron una respuesta coordinada y urgente ante el encarecimiento de la energía, con medidas específicas y temporales que tengan en cuenta las particularidades de cada Estado miembro y preserven el funcionamiento del mercado único. Entre las opciones consideradas figuran la optimización de la capacidad de refino y el aplazamiento hasta 2028 de determinadas obligaciones sobre las emisiones de metano aplicables a los importadores de petróleo, gas y carbón. Por ahora, Bruselas no ha concretado qué medidas se pondrán en marcha para incrementar la producción. Jorgensen ha explicado que el sector ha presentado propuestas que deberán ser examinadas, aunque ha insistido en la necesidad de actuar con rapidez. La Agencia Internacional de la Energía ha advertido de que el mercado mundial del gasóleo continuará sometido a una elevada presión durante buena parte de 2027. El comisario ha alertado de que el próximo invierno será complicado tanto para los hogares como para la economía europea. Actualmente, las refinerías de la Unión Europea cubren alrededor del 70% de la demanda de combustible para aviación y el 85% del consumo de gasóleo. Sin embargo, la capacidad industrial se ha reducido durante las últimas dos décadas: aproximadamente una cuarta parte de las refinerías europeas han cerrado y la capacidad de refino del continente ha disminuido en torno a un 10%. A esta evolución se suma el aumento de las desinversiones en el sector. Para Jorgensen, la crisis actual debe servir para revisar esta tendencia y reforzar la autonomía energética europea. El comisario considera necesario disponer de una capacidad de refino suficiente y flexible que permita responder a las alteraciones del mercado internacional y reducir la exposición a futuras interrupciones del suministro. Las conversaciones iniciadas en Bruselas pretenden identificar las posibilidades de aumentar la producción y mejorar el aprovechamiento de las instalaciones existentes. El proyecto, no obstante, plantea un difícil equilibrio entre las necesidades inmediatas y los compromisos medioambientales de la Unión Europea. Mientras Bruselas estudia cómo ampliar la capacidad para procesar combustibles fósiles, mantiene sus objetivos de reducción progresiva de emisiones y la meta de alcanzar la neutralidad climática en 2050. La reducción de la capacidad de refino en los últimos años se enmarca, precisamente, en el proceso de transformación del modelo energético europeo. El comisario ha reconocido que es necesario conciliar ambas prioridades. A largo plazo, la estrategia comunitaria pasa por abandonar la dependencia de los combustibles fósiles, pero, en la actualidad, millones de ciudadanos siguen utilizando vehículos de combustión y sistemas de calefacción basados en gas y combustibles líquidos. Además, las necesidades de defensa hacen que los ejércitos europeos continúen dependiendo de estos suministros. La Comisión quiere aprovechar el diálogo con las refinerías para elaborar una hoja de ruta que permita modernizar la industria y adaptarla a los objetivos climáticos sin comprometer la seguridad energética. Entre las posibilidades que se estudiarán figura el impulso de la producción de biocarburantes y combustibles sintéticos, con el fin de facilitar la transformación del sector y reducir progresivamente su impacto ambiental. Jorgensen también ha señalado que los beneficios que está obteniendo actualmente la industria del refino pueden contribuir a financiar esa transformación. Según ha explicado, cuando remita la crisis podría producirse un exceso de oferta mundial de los productos que las refinerías fabrican en la actualidad. Por ello, Bruselas considera importante aprovechar el periodo de elevada demanda y rentabilidad para impulsar inversiones que permitan avanzar hacia un modelo energético menos dependiente de los combustibles fósiles.

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(La Vanguardia, 29-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno decreta tres días de duelo por el siniestro de Urda

El nuevo accidente ferroviario registrado este miércoles en la provincia de Toledo, con al menos 68 fallecidos, ha provocado una fuerte conmoción política y ha dejado en suspenso la precampaña electoral del 29 de noviembre. El siniestro se produce apenas nueve meses después del ocurrido en Adamuz (Córdoba), que causó 46 víctimas mortales, en el mismo corredor de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La tragedia abre interrogantes sobre la seguridad ferroviaria y sitúa al ministro de Transportes, Óscar Puente, bajo una creciente presión política, mientras se esperan los resultados de la investigación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que España no puede asumir dos accidentes graves de alta velocidad en un mismo año. Desde el lugar del siniestro, ha asegurado que se investigarán todas las posibles causas y que, si se detectan negligencias o fallos en los sistemas de seguridad, se exigirán responsabilidades. Entre las hipótesis que se barajan figuran un posible error humano en el centro de control de Adif en Atocha y un fallo informático en el sistema de seguridad que habría desencadenado el accidente. Sánchez ha señalado que, aunque los dos accidentes ferroviarios registrados este año tienen causas distintas, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para reforzar la seguridad y recuperar la confianza de los usuarios en la alta velocidad. Tras conocer lo ocurrido, el jefe del Ejecutivo ha suspendido su agenda y ha mantenido contacto con el ministro de Transportes y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. También ha informado al rey Felipe VI y se ha desplazado al puesto de mando de Urda acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El Gobierno ha anunciado tres días de luto oficial, desde este jueves hasta el sábado 31 de octubre, durante los cuales se suspenderán también los actos de precampaña. Sánchez ha insistido en que las prioridades inmediatas son atender a las víctimas y a sus familiares, así como esclarecer las circunstancias del siniestro. La determinación de las causas será clave para establecer posteriormente las posibles responsabilidades políticas. Óscar Puente, que se ha desplazado al centro de control de Adif en Atocha, ha calificado el accidente de difícil explicación y ha apuntado a una posible decisión equivocada del operador que autorizó la reanudación de la marcha de un tren de Renfe que terminó colisionando con otro de Iryo, que permanecía detenido. El ministro ha considerado inexplicable que se diera esa autorización en las circunstancias que se investigan, aunque ha evitado adelantar conclusiones definitivas. Por el momento, Puente ha descartado presentar su dimisión y ha afirmado que su prioridad es esclarecer lo ocurrido y contribuir a resolver la situación. Sin embargo, dentro de la dirección del PSOE hay dirigentes que consideran que debería asumir responsabilidades políticas una vez que se conozcan los hechos. La posibilidad de su salida del Gobierno añade presión al Ejecutivo en vísperas de la cita electoral del 29 de noviembre. La oposición ha reclamado explicaciones al Gobierno, aunque las formaciones han adoptado posiciones diferentes. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha suspendido su agenda y ha regresado a Madrid. Por ahora, ha evitado exigir responsabilidades políticas concretas, pero ha anunciado que reclamará información sobre el gasto destinado al sistema ferroviario, en un contexto marcado por las críticas sobre el mantenimiento de la red y las incidencias registradas en los últimos meses. Vox, por su parte, ha sido la formación que ha mantenido sus actos de precampaña. El partido ha celebrado una protesta en la plaza de Cibeles, en Madrid, en la que se han reclamado las dimisiones de Sánchez y Puente. Su presidente, Santiago Abascal, ha expresado su indignación por la tragedia y ha lanzado duras acusaciones contra el Ejecutivo. El accidente ha alterado así el escenario político a pocas semanas de las elecciones. Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno centra sus esfuerzos en la atención a las víctimas y en determinar qué falló en la circulación ferroviaria. El alcance de las responsabilidades y las consecuencias para el ministro de Transportes dependerán de las conclusiones que se obtengan sobre las causas del siniestro.

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(El Economista, 29-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Justicia frena los testamentos que usan la mejora para beneficiar al cónyuge frente a los hijos

El Tribunal Supremo ha determinado que un testador no puede imponer una sustitución fideicomisaria sobre el tercio de mejora de la herencia a favor de su cónyuge viudo, aunque establezca que los bienes deberán conservarse para transmitirlos posteriormente a sus hijos. La sentencia, de 7 de octubre de 2026, establece que tanto el fiduciario como el fideicomisario deben ser descendientes del causante cuando la sustitución afecta a este tercio de la herencia. El magistrado ponente, Seoane Spiegelberg, considera que esta disposición testamentaria vulnera la intangibilidad cualitativa de la legítima estricta y de la legítima larga de los herederos forzosos. Por este motivo, el alto tribunal desestima el recurso de casación presentado por la viuda y confirma la nulidad de las operaciones de partición de la herencia realizadas por el contador partidor. El litigio tiene su origen en un testamento otorgado en 2017 por un hombre casado en segundas nupcias bajo el régimen de separación de bienes y con tres hijos de un matrimonio anterior. La defensa de la viuda sostuvo ante el Supremo que la disposición no infringía los artículos 782, 813 y 824 del Código Civil. A su juicio, la prohibición de establecer sustituciones sobre el tercio de mejora debía interpretarse atendiendo a quién recibiría finalmente los bienes, es decir, los hijos designados como fideicomisarios, y no a la identidad de la fiduciaria. También argumentó que su posición era equiparable a la protección que la ley reconoce al cónyuge viudo mediante el usufructo del tercio de mejora, conforme al artículo 834 del Código Civil. El testador había legado a su esposa el tercio de libre disposición, atribuido la legítima estricta a una de sus hijas y nombrado herederos universales del resto a sus otros dos hijos, ambos varones. Asimismo, estableció una sustitución fideicomisaria sobre determinados porcentajes de fincas e inmuebles, designando a su viuda como heredera fiduciaria, con la obligación de conservar los bienes, y a sus dos hijos como fideicomisarios. Al formalizarse la partición de la herencia, cuyo caudal neto ascendía a 1,8 millones de euros, el contador partidor agotó el tercio de libre disposición mediante legados en metálico, saldos bancarios y atribuciones de bienes en pleno dominio a la viuda. Por otra parte, la cuota correspondiente a la titularidad fiduciaria de los inmuebles, valorada en 77.000 euros, se imputó al tercio de mejora. Los dos hijos nombrados herederos universales demandaron a la viuda para solicitar la rescisión de la partición por lesión y la reducción de los legados inoficiosos. Argumentaron que la carga impuesta sobre los inmuebles reducía indebidamente sus derechos hereditarios al impedirles disponer plenamente de esos bienes hasta el fallecimiento de la fiduciaria. El Tribunal Supremo distingue entre el usufructuario y el heredero fiduciario. Mientras que el primero dispone de un derecho real sobre bienes ajenos, el segundo adquiere el pleno dominio de los bienes hereditarios, con la posibilidad de disfrutarlos y ejercer las facultades propias de la propiedad, aunque tenga la obligación de conservarlos y restituirlos posteriormente. Por ello, el fiduciario es un sucesor a título gratuito que obtiene un beneficio directo de la disposición testamentaria. La Sala fundamenta su decisión en el artículo 782 del Código Civil, que prohíbe imponer sustituciones fideicomisarias sobre la legítima y limita las que recaen sobre el tercio de mejora a favor de descendientes. A ello se suma el artículo 824, que impide establecer gravámenes sobre dicho tercio si no se hacen en beneficio de los legitimarios o de sus descendientes. Dado que el cónyuge viudo no es descendiente del causante, atribuirle la titularidad fiduciaria de bienes pertenecientes al tercio de mejora limita la disponibilidad de esa parte de la herencia por los herederos forzosos hasta el fallecimiento de la esposa. Esta restricción vulnera, según el tribunal, el principio de intangibilidad cualitativa de la legítima recogido en el artículo 813 del Código Civil. La sentencia descarta asimismo que la disposición pueda ampararse en una cautela sociniana, destinada a proteger al cónyuge viudo, ni en el artículo 831 del Código Civil, relativo a la delegación de la facultad de mejorar. El testamento no atribuía expresamente facultades distributivas de este tipo y, además, los hijos implicados no eran descendientes comunes del matrimonio. En consecuencia, el Supremo confirma la nulidad de la partición hereditaria elaborada por el contador partidor y condena a la viuda al pago de las costas procesales, además de declarar perdido el depósito constituido para recurrir.

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(El Economista, 29-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas moviliza casi 12.000 millones para crear un cuerpo de 30.000 agentes de fronteras

La Comisión Europea ha presentado un paquete legislativo que fija el objetivo de alcanzar un cuerpo permanente de 30.000 agentes después de 2027. Para ello, se prevé crear la Reserva Europea de Fronteras y Retornos, integrada por 17.000 efectivos procedentes de las administraciones nacionales. El marco financiero plurianual para el periodo 2028-2034 contempla una dotación de 11.888 millones de euros. El paquete incluye dos propuestas de reglamento destinadas a reforzar la capacidad operativa de Frontex y a establecer un sistema informático común para los 27 Estados miembros. La iniciativa busca actualizar la normativa europea relativa al control de las fronteras exteriores y a la gestión de los procedimientos de retorno. La primera propuesta, identificada como COM(2026) 1030, plantea una refundición del reglamento de Frontex para convertir a la agencia en el principal instrumento operativo del Sistema Europeo Común de Retornos. Entre las nuevas competencias previstas figura la posibilidad de adquirir equipamiento técnico propio y organizar compras conjuntas. También se contempla la creación de un Centro de Coordinación de Retornos encargado de planificar las operaciones de retorno voluntario y forzoso. Además, Frontex podrá prestar asistencia en terceros países mediante acuerdos de estatuto y gestionar el Centro de Vigilancia en línea como informador de confianza en el marco del Reglamento de Servicios Digitales. La propuesta incorpora igualmente una Oficina de Apoyo en materia de Visados y una Oficina SIRENE interna. La segunda iniciativa, registrada como COM (2026) 1037, regula la digitalización de los expedientes relacionados con el retorno, la readmisión y la reintegración. Para ello, establece una arquitectura técnica descentralizada denominada columna vertebral digital común. Cada Estado miembro contará con un sistema nacional RECAMAS, conectado con los demás países a través de un portal de comunicación desarrollado por la agencia eu-LISA. La infraestructura se completará con el sistema iRCMS, destinado a la gestión de la readmisión, y el sistema RIAT, centrado en la reintegración. Cada expediente dispondrá de un identificador único que permitirá realizar su seguimiento en tiempo real. El proyecto prevé automatizar la apertura de expedientes cuando finalice el periodo de estancia legal, así como la emisión de decisiones de retorno y la utilización de inteligencia artificial. El plazo general de conservación de los datos será de diez años. La supervisión del programa recaerá en una Junta de Gestión formada por diez representantes de la Comisión Europea, Frontex y eu-LISA. La implantación completa del sistema está prevista para 2034.

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(Expansión, 28-10-2026) | Fiscal

Una maraña de tributos y tasas municipales encarece de forma artificial la obra nueva

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales de España. Aunque el debate suele centrarse en la falta de suelo disponible, el aumento del coste de los materiales y la inflación, existe otro elemento que contribuye al encarecimiento de los inmuebles: la acumulación de impuestos y tasas que deben afrontarse durante todo el proceso de promoción y construcción. Cada vivienda de nueva construcción incorpora, además de los costes de materiales, diseño y mano de obra, una serie de tributos municipales que se aplican en distintas fases del proyecto. Juan Carpizo, socio de Fiscal y responsable de la práctica ibérica de Fiscalidad Local y Medioambiental de Andersen, señala que la carga fiscal vinculada a la promoción inmobiliaria representa un sobrecoste estructural que repercute directamente en el precio final. Según el experto, esta tributación incrementa el esfuerzo económico que deben realizar los compradores y dificulta todavía más el acceso a la vivienda. Los costes fiscales comienzan antes de iniciar las obras. Cuando el promotor adquiere un terreno, debe asumir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) durante el periodo de propiedad y desarrollo del proyecto. A este desembolso se añaden el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), cuyo tipo puede alcanzar el 4% del coste real de la construcción, y la tasa por licencia urbanística, que se calcula sobre el presupuesto de ejecución material. Durante el desarrollo de la promoción también se generan otros gastos, como los derivados de ocupar la vía pública con grúas, contenedores o andamios, además de las tasas relacionadas con inspecciones y autorizaciones técnicas. Carpizo subraya que estos pagos son costes efectivos que no pueden recuperarse y que se incorporan al coste de producción del inmueble, trasladándose finalmente al comprador a través del precio de venta. Uno de los aspectos más controvertidos de esta fiscalidad es el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal. Tras la modificación normativa de finales de 2021, el sector promotor considera que el sistema puede generar una tributación que no se corresponde con la capacidad económica real. Según Carpizo, el impuesto llega a gravar incrementos de valor que, en determinados supuestos, están vinculados a costes necesarios para desarrollar el activo inmobiliario, lo que provoca una diferencia entre la base imponible y la ganancia económica efectiva. El problema adquiere especial relevancia en las promociones inmobiliarias, cuyos periodos de tenencia del suelo suelen ser reducidos y, en muchos casos, inferiores a dos años entre su adquisición y la venta de las viviendas. El fiscalista advierte de que algunos municipios han incrementado hasta un 600% los coeficientes aplicables a los periodos de propiedad más cortos, elevando considerablemente las cuotas tributarias sin que ese aumento tenga necesariamente una relación directa con la evolución real del valor del terreno. La acumulación de estos impuestos y tasas influye en la composición del precio final de la vivienda, que no depende únicamente de su ubicación, sus características constructivas o su eficiencia energética. Carpizo considera que España ha desarrollado un entramado de tributación municipal específico para la promoción urbanística, con figuras impositivas y tasas que afectan a distintas etapas del proceso. A su juicio, este modelo no encuentra un equivalente funcional en otros países europeos, lo que convierte la fiscalidad local vinculada a la vivienda en una singularidad del sistema español. Este sobrecoste fiscal añade presión a un mercado que ya se enfrenta a importantes dificultades de acceso y a una oferta insuficiente en determinadas zonas. Por ello, la revisión de los tributos municipales asociados a la construcción se plantea como una cuestión relevante dentro del debate sobre cómo agilizar la promoción de nuevas viviendas, reducir los costes de desarrollo y facilitar el acceso a este bien esencial. En la adquisición de vivienda de obra nueva, el comprador debe desembolsar de entrada un 10% en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). A esta partida se añade el gravamen de Actos Jurídicos Documentados (AJD), un tributo autonómico que añade entre un 0,5% y un 1,5% adicional según la comunidad. Esta estructura produce un efecto en el que el ciudadano termina pagando el IVA sobre una base que ya ha sido engordada por las tasas y tributos municipales previos. En conjunto, sumando los gravámenes invisibles de la fase constructiva y los exigidos en el acto de compraventa, la carga fiscal total llega a suponer entre el 20% y el 25%.

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(El País, 28-10-2026) | Fiscal

El nuevo impuesto a los ricos frena la mudanza de fortunas entre comunidades, pero dispara la ingeniería fiscal

La fiscalidad de las grandes fortunas en España ha experimentado un cambio significativo en los últimos años. Durante más de una década, las diferencias entre comunidades autónomas en el impuesto sobre el patrimonio favorecieron la concentración de contribuyentes con elevados recursos en Madrid, donde existía una bonificación del 100%. Sin embargo, la creación a finales de 2022 del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, impulsado por el Gobierno central, estableció un mínimo de tributación estatal para frenar la competencia fiscal entre territorios. Un estudio del World Inequality Lab concluye que la medida ha reducido los incentivos para trasladar la residencia fiscal entre comunidades, aunque también ha impulsado nuevas estrategias para aprovechar las exenciones previstas en la normativa. El informe, titulado Tributación de la riqueza: ¿centralizada o descentralizada? Evidencia a partir del impuesto español sobre las grandes fortunas, ha sido elaborado por los investigadores Francisco García-Rodríguez, Dmitry Petrov y Alice Sodano a partir de datos de la Agencia Tributaria correspondientes al periodo comprendido entre 2016 y 2023. Sus conclusiones muestran un cambio en los movimientos territoriales de los grandes patrimonios. Madrid, que hasta entonces registraba de manera continuada un saldo migratorio positivo de contribuyentes con grandes fortunas, anotó en 2023, primer año completo de aplicación del nuevo impuesto, un saldo negativo entre quienes declaraban un patrimonio neto superior a 3,7 millones de euros, umbral a partir del cual se aplica el gravamen. El impuesto de solidaridad tiene una estructura similar a la del impuesto sobre el patrimonio, pero la recaudación corresponde a la Administración central en lugar de a las comunidades autónomas. Ante esta situación, algunas regiones, entre ellas Madrid, optaron por reducir o eliminar las bonificaciones del tributo autonómico para que los ingresos permanecieran en sus propias arcas, en lugar de transferirse al Estado. En la práctica, el nuevo gravamen redujo la ventaja económica de trasladar la residencia fiscal a una comunidad con menor tributación para evitar el pago. La implantación del impuesto permitió incorporar a cientos de contribuyentes de elevado patrimonio que anteriormente no abonaban este tipo de gravamen. En 2023, la recaudación alcanzó cerca de 2.000 millones de euros en el conjunto de España, de los cuales casi 600 millones correspondieron a Madrid. En 2024, los ingresos superaron los 2.100 millones. Dmitry Petrov, coautor del estudio e investigador y profesor de Economía en la Universidad de Alcalá, advierte de que todavía es pronto para atribuir exclusivamente al nuevo impuesto el cambio en los movimientos de las grandes fortunas. Para confirmar esa relación será necesario comprobar si la tendencia se mantiene durante los próximos años. No obstante, considera que existen indicios de una conexión directa y prevé que los desplazamientos de contribuyentes con grandes patrimonios entre comunidades se vayan estabilizando progresivamente. La competencia fiscal autonómica, sin embargo, no ha desaparecido por completo. El informe señala que continúa afectando a los patrimonios de nivel intermedio, ya que el impuesto estatal se aplica a partir de los 3,7 millones de euros de riqueza neta. Por debajo de ese umbral, muchos contribuyentes con patrimonios de entre 700.000 euros y 3,7 millones siguen beneficiándose de las bonificaciones autonómicas. En comunidades como Madrid y Andalucía, donde se aplican bonificaciones del 100% en ese tramo, estos contribuyentes pueden quedar exentos de pagar el impuesto sobre el patrimonio. De este modo, los gobiernos regionales mantienen margen para utilizar la fiscalidad como instrumento de atracción de riqueza. El estudio también advierte de que la reducción de los incentivos para cambiar de residencia no ha eliminado las estrategias de planificación fiscal de las grandes fortunas. En lugar de trasladarse a otras comunidades, algunos contribuyentes han reorganizado sus activos para reducir la base imponible. Según los investigadores, los grandes patrimonios de Madrid disminuyeron en 2023 cerca de un 6% el patrimonio neto sujeto a tributación declarado a Hacienda respecto a contribuyentes comparables de otras regiones. Petrov explica que este ajuste no parece responder necesariamente a una reducción real de la riqueza, sino a una reorganización de los activos para aprovechar las exenciones legales, especialmente las relacionadas con la empresa familiar. Entre las fórmulas utilizadas figuran la aportación de bienes personales al capital de sociedades no cotizadas y la adaptación de las retribuciones de los directivos para cumplir los requisitos establecidos por la normativa. Según las estimaciones del estudio, estas prácticas redujeron la recaudación pública en Madrid en unos 73 millones de euros durante 2022 y 2023. Los resultados ponen de relieve la importancia de las exenciones fiscales en los tramos más altos de la distribución de la riqueza, donde las participaciones empresariales representan una parte sustancial del patrimonio. Las simulaciones incluidas en el informe calculan que, si se eliminara la exención de los activos empresariales de la base imponible, la recaudación conjunta del impuesto en España podría más que duplicarse y acercarse a los 5.000 millones de euros anuales. Los autores concluyen que la centralización parcial de la tributación ha reducido los incentivos para trasladar grandes patrimonios entre comunidades autónomas, pero no ha eliminado las diferencias fiscales para las fortunas de menor tamaño ni las posibilidades de planificación tributaria. El potencial recaudatorio del impuesto sigue condicionado, por tanto, por el alcance de las exenciones y por la capacidad de los contribuyentes para reorganizar legalmente sus activos.

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(La Vanguardia, 28-10-2026) | Fiscal

Madrid se distancia de Cataluña en PIB per cápita por el empleo no residente

La economía catalana ha perdido terreno frente a la madrileña en términos de PIB per cápita durante el último cuarto de siglo. En el año 2000, el indicador de Cataluña equivalía al 94% del de Madrid, mientras que en la actualidad se sitúa en el 83%. Según un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona, esta brecha no responde a factores estructurales como la productividad o el desempleo, sino al efecto estadístico que provoca la presencia de trabajadores que generan riqueza en una comunidad autónoma, pero residen en otra. El director del servicio de estudios de la Cambra, Joan Ramon Rovira, ha explicado que estos empleados contribuyen a la actividad económica del territorio en el que trabajan, aunque no se contabilizan como parte de su población al calcular el PIB por habitante. El informe destaca que, en los últimos 25 años, la proporción de personas ocupadas respecto al conjunto de la población ha aumentado en casi ocho puntos porcentuales. A juicio de Rovira, ni la tasa de paro ni la relación entre población activa y población total permiten explicar la divergencia entre ambas comunidades. Según los datos de la Cambra, en 2021, último ejercicio disponible para este cálculo, Madrid registraba un saldo neto de 221.386 trabajadores que desempeñaban su actividad en la comunidad, pero vivían en otra autonomía. En Cataluña, la cifra era de 42.348 personas. Además, un cálculo de La Vanguardia a partir de datos de 2024 apunta a que la diferencia entre ambas regiones en PIB per cápita se había ampliado todavía más. En comparación con el conjunto de España, Cataluña también ha reducido su ventaja en este indicador. Su PIB per cápita ha pasado de representar el 121% de la media nacional en el año 2000 al 114% en la actualidad. La Cambra atribuye esta evolución a la convergencia entre la población activa y la población total en el resto del país. La entidad también ha actualizado sus previsiones económicas. Para 2026, calcula que la economía catalana crecerá un 2,8%, tres décimas más de lo estimado anteriormente. Para 2027, sitúa el avance en el 2%, dos décimas por encima de su previsión inicial. El presidente de la Cambra, Josep Santacreu, ha señalado que la actividad atraviesa una fase de enfriamiento, aunque mantiene una capacidad de resistencia favorable. En cuanto a los precios, la Cambra ha elevado cuatro décimas su previsión de inflación para 2026, hasta el 3,7%, y espera una moderación durante el año siguiente. Santacreu ha advertido de que la duración del conflicto en el estrecho de Ormuz será determinante para la evolución de los precios energéticos, pese a las medidas compensatorias adoptadas por los gobiernos.

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(Expansión, 28-10-2026) | Laboral

Los nuevos jubilados cobran 1.863 euros, más que la mitad de los asalariados

El gasto destinado al pago de pensiones alcanzó los 14.539 millones de euros en octubre, un 6,3% más que en el mismo mes del año anterior. Este incremento supera ampliamente la subida de los precios, que se situó en el 4,9% en septiembre, de modo que el desembolso en prestaciones crece un 28% más que el IPC, pese al fuerte repunte de la inflación registrado en los últimos meses. Uno de los principales factores que explican la presión creciente sobre las cuentas de la Seguridad Social es el importe de las pensiones que perciben quienes acceden por primera vez a la jubilación. Las prestaciones iniciales reflejan trayectorias laborales más largas, mayores bases de cotización y salarios más elevados, una tendencia especialmente significativa entre los integrantes de la generación del baby boom. Sin embargo, estas cuantías también plantean un desafío para la sostenibilidad del sistema, ya que las cotizaciones de los trabajadores en activo deben financiar las prestaciones de los pensionistas, de acuerdo con el modelo de reparto vigente. Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social, los nuevos jubilados del régimen general cobraron en septiembre una pensión media de 1.863 euros mensuales en catorce pagas. Esta cantidad equivale a unos 2.173 euros al mes si se distribuye en doce mensualidades. La cifra supera los salarios correspondientes a los seis primeros deciles de ingresos registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2024, cuyo sexto tramo se situaba en 2.130 euros brutos mensuales. Incluso teniendo en cuenta las subidas salariales medias pactadas en convenio durante 2025 y 2026, que acumulan un 6,5%, la pensión de los nuevos jubilados sigue siendo superior a los ingresos de los cinco primeros deciles salariales. Esto significa que quienes se incorporan a la jubilación desde el régimen de asalariados acceden a prestaciones más elevadas que los salarios de aproximadamente la mitad de los trabajadores españoles. La comparación con las pensiones que ya se están abonando también pone de manifiesto el incremento progresivo de las cuantías. Los 1.863 euros mensuales que perciben de media los nuevos jubilados del régimen general superan en un 7,3% los 1.735 euros correspondientes a la pensión media de jubilación de quienes ya forman parte de este régimen. La diferencia alcanza el 18% respecto a la prestación media de jubilación del conjunto de regímenes, situada en 1.577 euros, y se eleva al 35% si se compara con la pensión media del sistema, que incluye todas las clases de prestaciones y asciende a 1.376 euros mensuales. El efecto de sustitución, es decir, la diferencia entre las pensiones que comienzan a pagarse y las que desaparecen, constituye uno de los elementos más relevantes para explicar la evolución del gasto. En el régimen general, que concentra a 5,09 millones de pensionistas, cerca del 48% del total, las nuevas prestaciones de jubilación son un 20% superiores a las que se dejan de abonar. Mientras que las primeras alcanzan una media de 1.863 euros al mes, las pensiones que causan baja se sitúan en 1.541 euros. Este efecto, unido a la actualización anual de las prestaciones conforme al IPC, explica buena parte del crecimiento de la factura de las pensiones. En octubre, la Seguridad Social destinó 14.539 millones de euros al pago de las prestaciones contributivas, un 68% más que en el mismo mes de hace diez años. En comparación con octubre de 2025, el desembolso aumentó un 6,3%, más del doble de la revalorización del 2,7% aplicada a comienzos de año y por encima de la inflación interanual registrada en septiembre, que alcanzó el 4,9%, su nivel más elevado desde febrero de 2023. Las previsiones apuntan, además, a que el gasto volverá a incrementarse en 2027 como consecuencia de la próxima actualización de las pensiones en función de la inflación. El encarecimiento de los precios, impulsado en parte por las tensiones derivadas del conflicto en Oriente Próximo, anticipa una nueva subida de las prestaciones que podría aproximarse al 4%. Las estimaciones de Funcas sitúan el incremento previsto en el 3,6%, lo que supondría un coste adicional de unos 8.400 millones de euros para las cuentas públicas.

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