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(Expansión, 21-07-2025) | Fiscal

Trump presiona para imponer un arancel mínimo del 15% al 20% a todos los productos de la UE

Donald Trump ha elevado sus exigencias en el marco de las negociaciones comerciales con la Unión Europea, al proponer que cualquier acuerdo con el bloque incluya un arancel mínimo de entre el 15% y el 20%, según informaron tres fuentes cercanas a las conversaciones. Este endurecimiento en la postura del mandatario estadounidense busca medir hasta qué punto la UE está dispuesta a ceder, después de varias semanas de diálogo en torno a un acuerdo que contemplaba un arancel base del 10% para la mayoría de los bienes intercambiados. Trump también ha mostrado indiferencia ante la última propuesta europea de reducir los aranceles a los automóviles, y estaría dispuesto a mantener el impuesto del 25% al sector automotriz, como estaba inicialmente previsto, según fuentes con conocimiento directo de las negociaciones. Maros Sefcovic, comisario europeo de Comercio, trasladó un mensaje pesimista tras sus recientes reuniones en Washington a los embajadores de los países miembros, según dos personas que asistieron al encuentro. Un alto cargo estadounidense señaló al Financial Times que la administración está considerando aplicar un arancel recíproco superior al 10%, incluso si se llega a firmar un acuerdo. Esta posición coloca a la UE en una situación comprometida, ya que se acerca la fecha límite del 1 de agosto, momento en el cual Trump ha amenazado con imponer un arancel del 30% a todas las importaciones provenientes del bloque. Aunque la Unión ha advertido que respondería con represalias si eso ocurre, las divisiones internas dificultan la adopción de medidas comunes, y podrían llevar a aceptar un arancel base por encima del 10% como parte del acuerdo. Tras conocerse las nuevas exigencias de Trump, los mercados reaccionaron con caídas: el índice S&P 500 llegó a retroceder un 0,2%. En Europa, el pesimismo sobre la posibilidad de cerrar un pacto va en aumento. El canciller alemán, Friedrich Merz, alertó el viernes que EE.UU. sigue sin mostrar receptividad a las propuestas europeas para reducir los aranceles por sectores. Merz añadió: "No está claro si podremos establecer reglas específicas para determinados sectores. Europa está a favor, pero EE.UU. lo ve con mucha más reticencia". Si Trump se mantiene firme en su exigencia de aranceles recíprocos permanentes del 15% al 20%, el nivel sería similar al que existía cuando arrancaron las negociaciones en abril, lo que podría llevar a Bruselas a tomar represalias, según un diplomático europeo de alto nivel. Además, EE.UU. ha mantenido vigentes los aranceles del 50% al acero y aluminio procedentes de la UE. "No queremos una guerra comercial, pero no sabemos si EE.UU. nos dejará otra alternativa", advirtió este diplomático. Otro representante europeo señaló que "el ambiente ha cambiado claramente" a favor de responder con medidas similares. "No vamos a aceptar un 15% sin más", aseguró. A comienzos de abril, Trump provocó inestabilidad en los mercados globales al imponer aranceles elevados -bajo el argumento de la reciprocidad- a casi todos los socios comerciales de EE.UU., aunque más tarde los redujo al 10% por un período de 90 días. Desde entonces, los índices bursátiles estadounidenses han alcanzado máximos históricos, y los inversores han prestado poca atención a las amenazas de nuevos aranceles a países como Japón, Corea del Sur y Brasil. A pesar de que varios economistas advierten que esta política comercial puede provocar un aumento de la inflación, Trump ha sido alentado por el ligero repunte del índice mensual de precios al consumo registrado recientemente. Por otra parte, EE.UU. recaudó cerca de 50.000 millones de dólares (unos 43.000 millones de euros) en ingresos arancelarios adicionales durante el segundo trimestre, sin enfrentar represalias generalizadas por parte de sus principales socios comerciales. La Unión Europea ha elaborado varios paquetes de contramedidas arancelarias, pero su aplicación ha sido aplazada en múltiples ocasiones, supeditándola a la última fecha límite marcada por Trump: el 1 de agosto. Entre las represalias preparadas figura un paquete de medidas sobre importaciones estadounidenses por valor de 21.000 millones de euros al año, que incluye productos como pollo y pantalones vaqueros, y que podría activarse el 6 de agosto. Además, la Comisión Europea ha propuesto otra batería de medidas contra importaciones de EE.UU. por valor de 72.000 millones de euros anuales, entre las que figuran aviones Boeing y bourbon, en caso de que las negociaciones no lleguen a buen puerto. También se trabaja en una tercera lista centrada en el sector servicios. Según una fuente cercana a esta propuesta, incluiría aranceles sobre servicios digitales y sobre los ingresos por publicidad en línea. En total, los aranceles estadounidenses afectan a exportaciones de la UE por valor de 380.000 millones de euros anuales, de un total de 532.300 millones. EE.UU. sigue siendo el mayor socio comercial individual del bloque, absorbiendo alrededor del 20% de sus exportaciones.

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(Expansión, 21-07-2025) | Laboral

El Gobierno tiene complicado alcanzar un acuerdo para la actualización de las cuotas de autónomos

La Seguridad Social intentará alcanzar un acuerdo en la segunda mitad del año para revisar las tablas de rendimientos de los trabajadores autónomos correspondientes a los años 2026, 2027 y 2028, lo que implicaría un aumento en sus cotizaciones. No obstante, el Ejecutivo lo tiene complicado para lograr un consenso respecto a la actualización de las cuotas de los autónomos previstas para esos años. Este proceso de revisión está contemplado en la reforma del sistema de cotización en función de ingresos reales, aprobada en 2022 y puesta en marcha en 2023. En julio, el Ministerio de Seguridad Social inició las negociaciones en el marco del diálogo social ampliado, en el que participan patronales, sindicatos y asociaciones de autónomos, con el objetivo de pactar las nuevas tablas. Estas incluyen quince tramos de cotización, cada uno con su base mínima y máxima, así como la cuota mensual correspondiente. Sin embargo, ni en este foro de diálogo ni en el posterior trámite parlamentario -necesario porque las tablas están incluidas en la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 13/2022 que regula la implantación progresiva del nuevo sistema de cotización en el RETA- el Gobierno cuenta con los apoyos suficientes para sacar adelante la reforma. Pese a la falta de acuerdos, el Ejecutivo prevé presentar en septiembre una propuesta concreta de nuevas cuotas en la mesa de negociación. Según establece dicha disposición transitoria, el Gobierno deberá fijar antes del 1 de enero de 2026 el calendario de aplicación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, que contemplará el desarrollo de la escala de tramos de ingresos y bases de cotización durante un período de hasta seis años. Por su parte, la asociación ATA, que representa a los autónomos, ya ha adelantado que no participará en la negociación mientras no se resuelvan dos cuestiones clave que ha planteado al Ministerio dirigido por Elma Saiz. Una es la devolución de las aportaciones en exceso que se han cobrado a los autónomos en pluriactividad. La otra es el criterio que impide a los autónomos societarios mantener bases de cotización superiores a sus rendimientos netos, algo que sí se permite a los autónomos personas físicas si lo venían haciendo antes del nuevo sistema. También está pendiente la evaluación de la primera regularización de cuotas realizada por la Seguridad Social, que ha finalizado recientemente. Desde ATA insisten en que esta revisión debe completarse antes de abordar la negociación de las nuevas tablas para los próximos tres años. Este análisis es fundamental, ya que las futuras tablas supondrán en general un aumento de las cuotas, con subidas más acusadas en los tramos de ingresos más altos. Por tanto, es crucial conocer cuántos autónomos se sitúan en cada tramo para negociar con fundamento. Estas disfunciones denunciadas por ATA, junto con la falta de evaluación previa, dificultan un acuerdo, al que tampoco están dispuestas a sumarse CEOE y Cepyme, actores clave en el primer nivel del diálogo social. A pesar de ello, el Ministerio aún podría cerrar un pacto con el resto de interlocutores en la mesa de diálogo. Pero el verdadero escollo surgiría en el Congreso, donde además del previsible rechazo del PP y Vox, el Gobierno necesitaría convencer a formaciones como Junts o PNV, que ya se han mostrado contrarios a otras medidas que elevan los costes para pymes y autónomos, como la reforma de la jornada laboral. De hecho, Junts ha presentado una enmienda a la totalidad a dicha reforma, lo que ha forzado su aplazamiento. Además, para sacar adelante el texto en el Parlamento, sería imprescindible que el Ejecutivo lograra un consenso amplio con las organizaciones empresariales en la mesa de diálogo, algo que las formaciones más reticentes consideran indispensable, pero que se antoja difícil dada la posición de rechazo inicial de ATA. A este contexto de falta de acuerdos y debilidad parlamentaria se suma la creciente incertidumbre sobre la estabilidad del Gobierno y la posibilidad de un adelanto electoral. Este escenario hace que algunos partidos adopten una actitud más cautelosa frente a una medida que puede resultar impopular por implicar un aumento de las cuotas para la mayoría de los autónomos. Fuentes cercanas al diálogo social han señalado a EXPANSIÓN que, si el Ejecutivo no logra un acuerdo para actualizar las tablas, podría optar por prorrogar en 2026 la tabla vigente en 2025. Esta medida daría más margen de adaptación a los autónomos, permitiría avanzar en la regularización de las cotizaciones de 2024 y 2025, y ayudaría a disponer de una visión más clara del esfuerzo contributivo que están realizando los más de tres millones de trabajadores por cuenta propia actualmente registrados en el Régimen Especial.

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(Expansión, 21-07-2025) | Laboral

La IA ya genera una nueva "gran dimisión"

Las tendencias actuales reflejan una notable insatisfacción entre los profesionales y una creciente necesidad de adaptarse al cambio, impulsada por el impacto disruptivo de la inteligencia artificial en el entorno laboral. Esta situación está dando lugar a una nueva forma de "gran dimisión", menos visible que la anterior, pero potencialmente más profunda. Esta vez, el foco está en la brecha tecnológica y en la necesidad constante de aprendizaje y actualización. En este contexto, los departamentos de recursos humanos y los responsables de la gestión del talento se enfrentan a un nuevo y complejo desafío. Las compañías que no se anticipen a estos cambios y no gestionen adecuadamente la implantación de la IA podrían ver cómo su talento más valioso abandona la organización en un entorno donde la competencia por el capital humano es cada vez más intensa. La implementación intensiva de inteligencia artificial puede provocar que los empleados perciban su trabajo como menos relevante o que pierdan el control sobre los resultados, lo cual impacta negativamente en su motivación y genera desinterés. Al mismo tiempo, muchos expertos en IA y trabajadores altamente cualificados sienten que sus inquietudes no son tenidas en cuenta en organizaciones con estructuras jerárquicas tradicionales. La falta de flexibilidad, autonomía y oportunidades para innovar o liderar proyectos emerge como una de las principales causas de descontento. Quienes dominan la inteligencia artificial valoran especialmente los entornos donde pueden influir en la toma de decisiones y donde el liderazgo comprende la complejidad de su labor. Por eso, los cambios estratégicos, sobre todo en empresas tecnológicas o centradas en IA, pueden generar incertidumbre y desilusión entre los empleados más comprometidos con la visión original. Además, la ausencia de un liderazgo claro, la rotación constante en los cargos directivos o la falta de transparencia en la toma de decisiones crean un clima de inseguridad y minan la confianza en el futuro de la organización. Más allá del alto coste económico que supone sustituir a un profesional (que puede alcanzar entre 1,5 y 2 veces su salario anual, e incluso más en puestos especializados), la pérdida de talento en inteligencia artificial tiene efectos especialmente negativos. Estos perfiles no sólo aportan valor individualmente, sino que actúan como motores de innovación para equipos enteros. Otro riesgo es la creciente dependencia organizacional de estos perfiles: cuanto más se avanza en la adopción de la IA, más se necesita a las personas que realmente entienden cómo funciona, cómo se aplica y cómo se mejora. La salida de estos profesionales también implica perder capacidad de adaptación y reducir el margen competitivo frente a otras empresas. La combinación de una demanda creciente, la madurez desigual de los proyectos de IA, la falta de liderazgo preparado y el deseo de los empleados de encontrar propósito en su trabajo ha creado un entorno especialmente favorable para que estos perfiles altamente cualificados opten por cambiar de empresa. En este sentido, la demanda es explosiva: el 69% de los líderes de RR. HH. afirma que resulta más difícil contratar talento con habilidades en IA que en ciencia de datos tradicional. Esto se refleja claramente en los salarios, que en muchos casos duplican o triplican la media del mercado en posiciones como ingenieros o arquitectos de inteligencia artificial. Los sectores que están sabiendo atraer a estos profesionales descontentos suelen ser aquellos altamente regulados que impulsan el desarrollo de una IA confiable. Es el caso de la salud digital, las fintech e insurtech (para la gestión del fraude y el riesgo), el sector energético o la manufactura avanzada (como los gemelos digitales), donde se valora especialmente la combinación de conocimientos técnicos con experiencia en cumplimiento normativo y seguridad.

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(El País, 21-07-2025) | Laboral

Las pensiones por incapacidad permanente se disparan un 8% en un año

El incremento de las incapacidades temporales (IT) está generando un impacto negativo tanto en las finanzas públicas como en el tejido empresarial privado. Este auge de las bajas médicas ha alimentado también el crecimiento del absentismo laboral, un fenómeno que, según la CEOE, podría suponer este año un coste de 32.800 millones de euros. De esta cifra, las empresas deberán asumir aproximadamente la mitad: unos 16.000 millones. Paralelamente al crecimiento de las IT, se está registrando un aumento similar en las incapacidades permanentes, cuyas implicaciones económicas también generan preocupación. Según datos del Ministerio de Seguridad Social, entre enero de 2024 y junio de 2025, el número de pensiones por incapacidad permanente creció un 8,45%, pasando de 945.530 a 1.025.446 beneficiarios. Desde el Ministerio que lidera Elma Saiz se explica que una de las causas de esta subida está relacionada con una modificación normativa con efectos meramente estadísticos. En concreto, se trata del cambio implementado en abril del año pasado, que elevó la edad para que las pensiones por incapacidad permanente se transformen en pensiones de jubilación, de los 65 años anteriores a los 66 años y seis meses actuales. Esto ha provocado que se incremente el número de personas que permanecen más tiempo en esta categoría, ampliando así el volumen mensual de pensiones, algo también influido por el envejecimiento progresivo de la población. Las cifras reflejan cómo este ajuste ha modificado de forma notable los registros. Mientras entre 2015 y 2023 el número de estas pensiones rondaba las 950.000, en 2024 la media se situó cerca del millón. De hecho, en ese periodo se pasó de 945.976 a 995.503 pensiones, lo que representa un aumento del 5%. Desde abril de 2024, el número de beneficiarios ha crecido a razón de aproximadamente un punto porcentual cada dos meses, alcanzando en junio una subida interanual del 6,7%. A pesar de este incremento, fuentes del Ministerio insisten en que no hay un mayor gasto asociado, ya que se trata solo de una cuestión de clasificación administrativa: no hay más personas nuevas, sino que quienes ya estaban permanecen más tiempo en el sistema. Desde CCOO, Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral, apunta otra posible causa: el desbloqueo de expedientes pendientes en los tribunales de valoración tras los retrasos provocados por la pandemia. Según él, una mayor dotación de recursos podría haber agilizado estos procesos. También destaca que desde la Seguridad Social se está trabajando en unificar criterios para mejorar la gestión. Sanz subraya además el aumento de casos con patologías de larga duración, con bajas que superan el año. Este plazo es crucial, ya que es entonces cuando se evalúa si corresponde conceder una incapacidad permanente, momento en el que la prestación pasa a ser cubierta por la Seguridad Social y no por las mutuas. Por su parte, Patricia Ruiz, secretaria confederal de Salud Laboral de UGT, duda de que una simple modificación normativa pueda explicar por sí sola un repunte tan marcado. Según afirma, aunque hay más procesos abiertos, se están concediendo menos incapacidades permanentes. Ante este panorama, por primera vez el Ministerio de Trabajo mostró disposición a intervenir en el problema de las bajas laborales. Durante las negociaciones con la patronal para la reducción de jornada, propuso implantar sistemas de control del absentismo en las empresas. No obstante, al romperse el acuerdo, la iniciativa quedó en suspenso. Simultáneamente, el Ministerio de Seguridad Social aprobó una normativa que amplía el número de profesiones que pueden beneficiarse de coeficientes reductores para anticipar la jubilación sin penalización, especialmente aquellas consideradas de alta exigencia física o condiciones laborales difíciles, que son también las más afectadas por las bajas. Además, en mayo de 2025, el Ministerio de Trabajo reformó el Estatuto de los Trabajadores para eliminar la extinción automática del contrato en casos de reconocimiento de incapacidad permanente, ya sea total, absoluta o de gran invalidez. Con esta nueva regulación, es el trabajador quien decide si quiere finalizar su contrato o continuar trabajando, siempre que sea posible adaptar su puesto o reasignarlo sin que implique un coste desproporcionado para la empresa.

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(El Economista, 21-07-2025) | Laboral

El IMV aboca a trabajar más de 11 horas al día para salir de la pobreza

El Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado en 2020 durante el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, fue presentado como una herramienta clave para combatir la pobreza en España, especialmente la infantil. Así lo defendió Pablo Iglesias en su intervención ante el Congreso de los Diputados tras su aprobación: "Es una herramienta para luchar contra la pobreza infantil y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los niños". Sin embargo, con el paso del tiempo, la eficacia de esta ayuda ha sido puesta en entredicho, ya que no logra sacar a las familias beneficiarias de la situación de pobreza de forma efectiva. En el caso de una familia con dos hijos que recibe el IMV, se necesitaría trabajar 56 horas a la semana con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para poder superar el umbral de pobreza. Esto supone jornadas de 11,2 horas diarias, lo que excede con creces los límites legales de 40 horas semanales y 8 horas diarias, según la normativa laboral española. Este problema se vuelve aún más evidente al compararlo con otros países de la OCDE, donde España figura entre los diez en los que más horas semanales hay que trabajar con el SMI para salir de la pobreza. Solo naciones como Estonia (80 horas), Estados Unidos (80), Letonia (74), Eslovenia (73), Israel (70), República Checa (68), Canadá (60) y Hungría (59) superan las cifras españolas. En promedio, en los países de la OCDE se requieren 49 horas, frente a las 56 que se necesitan en España. En comparación con países vecinos y potencias europeas, España también queda en una posición desfavorable. Portugal, aunque también está por encima de la media, requiere 51 horas semanales, cinco menos que España. Francia y Alemania presentan cifras mucho más bajas: 43 y 36 horas respectivamente, posicionándose entre los países donde menos tiempo hay que trabajar para salir de la pobreza si se percibe el IMV. El contraste más llamativo lo ofrece Reino Unido, donde bastan solo 13 horas semanales trabajando con el SMI y percibiendo el IMV para dejar atrás la situación de pobreza. Esto representa 43 horas menos a la semana que en España. Las horas necesarias también varían según la composición familiar. En hogares formados por una pareja desempleada con dos hijos, se alcanza el máximo de 56 horas. En el caso de una persona sola sin hijos, bastan 30 horas; una pareja sin hijos necesita trabajar 42, y un adulto soltero con dos hijos requiere 43 horas semanales. Este dato contrasta con los hallazgos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que en su último análisis señala que el IMV puede estar desincentivando el acceso al empleo. Según este organismo, los beneficiarios del IMV tienen un 12% menos de probabilidades de incorporarse al mercado laboral, y además, trabajan un 11% menos de horas. Aunque este fenómeno también se da en otros países con prestaciones similares -como Francia, Alemania o Estados Unidos-, la AIReF destaca que los incentivos laborales asociados al IMV no están logrando contrarrestar ese efecto desincentivador. En cuanto al alcance de esta ayuda, los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social, correspondientes a junio, indican que 472.766 hogares reciben el IMV, lo que representa un aumento del 23% respecto al mismo mes del año anterior. Si se incluyen también las familias que perciben el complemento a la infancia (CAPI), el total de hogares beneficiarios asciende a 736.867. De ellos, 220.554 reciben solo el IMV básico, con una prestación media de 583,94 euros al mes; 252.212 hogares cuentan con la ayuda completa (884,35 euros de media); y 264.101 perciben también el CAPI, que supone un ingreso adicional de 124,89 euros mensuales.

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(El Economista, 21-07-2025) | Laboral

Siete de cada diez pymes apuestan por la presencialidad frente al teletrabajo

Desde que comenzó la pandemia en 2020, el teletrabajo se consolidó como una modalidad atractiva por la flexibilidad que ofrecía. Sin embargo, en los últimos años esta tendencia ha empezado a revertirse, y el modelo presencial vuelve a ser el preferido. Según el II Informe de Pymes y Autónomos de España de Hiscox, en 2025 el 70% de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) españolas operan bajo esquemas donde predomina la presencialidad, ya sea de forma total o combinada con trabajo a distancia. Dentro de este grupo, un 53% ha optado por una presencialidad completa. Por el contrario, apenas un 15% de las pymes se inclina por el teletrabajo como modalidad principal, y un 16% opta por un sistema híbrido que combina ambos formatos. A nivel de preferencias personales, también un 53% de las empresas de menor tamaño prefiere la presencialidad como modalidad predominante. Esta realidad coincide con la opinión de los responsables de estas empresas. Según el informe, un 53% manifiesta una inclinación personal hacia los modelos presenciales, de los cuales el 27% se decanta por la presencialidad absoluta. En comparación, solo el 14% prefiere el trabajo telemático y un 31% opta por un modelo equilibrado. El estudio también evidencia que son las micropymes (empresas con entre 0 y 9 trabajadores) las que más apuestan por la presencialidad: un 78% de ellas lo aplica como modelo de funcionamiento. En cuanto a las preferencias personales, el 53% de las micropymes se decanta por el trabajo presencial (total o prioritario), mientras que este porcentaje sube al 63% en el caso de pequeñas y medianas empresas (de 10 a 249 empleados). En términos de organización interna, el 78% de las micropymes prioriza la asistencia presencial, al igual que lo hace el 77% de las pymes. En lo que respecta al teletrabajo, solo un 6% de las micropymes lo elige como modalidad preferida, frente al 9% de las pequeñas y medianas empresas. En total, apenas el 3,3% de las compañías prioriza el teletrabajo, frente al 7% que lo hace en el segmento pyme. Aunque las pymes españolas mantienen tanto en su funcionamiento real como en sus preferencias una clara inclinación por la presencialidad, un 27% reconoce que ha aumentado el teletrabajo con respecto al año anterior. No obstante, este porcentaje es sensiblemente inferior al 45% registrado hace dos años, lo que confirma una tendencia a la baja y un retorno gradual al trabajo en oficina. En contraste, solo un 12% considera que hay bastante o mucho menos teletrabajo que en 2024.

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(La Vanguardia, 21-07-2025) | Laboral

Un español trabajará 3,5 años menos que un alemán en su vida

Un trabajador español que comience su vida laboral hoy desempeñará su actividad durante una media de 36,5 años, según los datos publicados este viernes por Eurostat sobre duración estimada de la carrera profesional. Esta cifra representa 3,5 años menos que la media de un alemán, cuya previsión se sitúa en 40 años. La diferencia ha aumentado respecto al año anterior, cuando era de 3,3 años, y alcanza así su mayor nivel desde el inicio de la pandemia. Por otro lado, en comparación con Italia, los españoles trabajan de media 3,7 años más, ya que en el país transalpino la duración esperada de la vida laboral es de solo 32,8 años. Estas cifras se obtienen a partir de los datos de participación en el mercado de trabajo, y estiman el tiempo que una persona que hoy tiene 15 años pasará activa laboralmente a lo largo de su vida. En términos anuales, la duración media de la vida laboral en España aumentó dos décimas con respecto al año anterior, siguiendo la misma tendencia que el conjunto de la Unión Europea. Si se comparan otros países vecinos, los franceses (37,2 años) y los portugueses (39,3 años) tienen carreras profesionales más extensas que los españoles, lo que puede reflejar tanto una incorporación más temprana al empleo como una jubilación más tardía. En la última década, la tendencia general en Europa es a alargar la vida laboral. En 2015, la media comunitaria era de 34,8 años, mientras que ahora se sitúa en 37,2 años, lo que supone un incremento de 2,4 años. En la eurozona también se ha producido este fenómeno, pasando de 35,2 a 37,4 años. En el caso de España, el aumento ha sido más moderado, con una subida de 1,5 años desde 2015. Según Eurostat, Islandia encabeza el listado con la vida laboral más prolongada de Europa: una media de 46,3 años. Le siguen los Países Bajos (43,8 años), Suecia (43), Suiza (42,8), Dinamarca (42,5), Estonia (41,4), Noruega (41,2), Irlanda (40,4) y Alemania (40). Esto evidencia que los países del norte de Europa concentran las trayectorias profesionales más largas. En cambio, en el sur del continente la situación es más variada: mientras Portugal presenta una media alta (39,3 años), España se sitúa en una posición intermedia (36,5 años) y países como Italia (32,8) o Rumanía (32,7) registran las más bajas. Rumanía, de hecho, es el país de la UE con la carrera laboral más corta, seguido de cerca por Italia y, algo más lejos, por Bulgaria, Grecia y Croacia, todos ellos con una duración media de 34,8 años. También se observan notables diferencias entre hombres y mujeres. En la UE, los hombres tienen una expectativa media de 39,2 años trabajados, destacando los casos de Países Bajos (45,7 años) y Dinamarca (44,2). En cuanto a las mujeres, la media es de 35 años, siendo Estonia el país con la mayor duración (42,2 años) y situándose las italianas en el extremo opuesto con solo 28,2 años de vida laboral prevista.

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(La Razón, 21-07-2025) | Laboral

Una primera sentencia niega la jubilación parcial en una empresa pública tras la última reforma de las pensiones

Los empleados públicos ya están sufriendo las consecuencias de la última reforma de las pensiones, que no tuvo en cuenta su casuística a la hora de cambiar la jubilación parcial anticipada. El Juzgado de lo Social Nº 1 de Gijón ha desestimado la petición de una enfermera de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias que solicitaba acogerse a la jubilación parcial anticipada. La sentencia, la primera tras la nueva regulación que interrumpió este derecho, incide en que el nuevo marco legal estatal, que entró en vigor el 1 de abril fruto del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO, es jerárquicamente superior al convenio colectivo del personal laboral del Principado de Asturias, y establece que la baja se debe cubrir con un contrato indefinido y a tiempo completo y no uno a tiempo parcial o de jornada reducida. Esto es imposible si no media una oferta de empleo público y como la empresa "no está en condiciones de cumplir" dicho requisito en el plazo de tres meses marcado por la ley, se desestima la petición de la empleada pública asturiana. El acceso a la jubilación parcial anticipada llevaba años aplicándose con normalidad entre el personal laboral del conjunto de las administraciones. Sin embargo, la nueva regulación detuvo la continuidad de este derecho y se paralizaron las solicitudes porque el legislador no tuvo en cuenta las particularidades del acceso al empleo público. En concreto, el endurecimiento de las condiciones laborales que debe tener el relevista ha bloqueado las peticiones de jubilación parcial anticipada entre el personal laboral de la Administración con derecho a esta modalidad de retiro. El relevista debe firmar un contrato de relevo de carácter indefinido y a tiempo completo que se mantenga al menos dos años tras la extinción de la jubilación parcial. Sin embargo, la firma de estos contratos en la Administración no puede producirse sin una oferta de empleo público. En este sentido, la magistrada subraya que "esta norma, fruto de la negociación de los principales sindicatos y asociaciones patronales parece no haber tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones". La sentencia reconoce que las administraciones públicas carecen de los mecanismos ágiles de sustitución del personal que sí están disponibles en la empresa privada, lo que ha supuesto una traba insalvable: "La Administración se ve atada de pies y manos". Aunque una de las soluciones para garantizar el reemplazo pasa por autorizar una tasa adicional de reposición de empleo público, la sentencia advierte que esta medida resulta insuficiente: "No es una herramienta adecuada para responder a una necesidad que no depende de la empleadora, sino de la imprevisible solicitud de los trabajadores que cumplan con los requisitos para jubilarse anticipadamente". Ante esta situación, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) anuncia que presentará enmiendas al Proyecto de Ley derivado del Real Decreto Ley 11/2024, con el objetivo de restablecer el derecho a la jubilación parcial anticipada para el personal laboral de las administraciones públicas. Asimismo, CSIF seguirá trabajando para extender este derecho también al personal funcionario y estatutario.

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(El País, 21-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La firma de hipotecas se dispara un 54,4% en mayo y suma once meses al alza

El número de hipotecas firmadas para la compra de viviendas se incrementó un 54,4% en mayo en comparación con el mismo mes de 2024, alcanzando un total de 42.274 préstamos, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este fuerte crecimiento interanual, que supera en 40 puntos porcentuales al registrado en abril (+14,4%), marca el undécimo mes consecutivo de incrementos en la concesión de hipotecas para vivienda. En cuanto al tipo de interés medio aplicado a estos préstamos, en mayo se situó en el 2,91%, una décima por debajo del registrado en abril (2,98%), consolidando así cuatro meses seguidos por debajo del umbral del 3%. Este descenso comenzó en febrero, cuando por primera vez en casi dos años el interés medio cayó por debajo del 3%, y desde entonces se ha mantenido en esos niveles. El plazo medio de amortización en el quinto mes del año se mantuvo en los 25 años. Por otro lado, el importe medio de las hipotecas aumentó un 12,7% interanual en mayo, situándose en 158.153 euros. El capital total prestado se disparó un 74,1% respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando los 6.685,7 millones de euros, lo que representa la mayor subida desde que se tienen registros. Del total de hipotecas sobre viviendas formalizadas en mayo, el 69,9% se contrataron a tipo fijo, mientras que el 30,1% fueron a tipo variable. El tipo de interés medio inicial fue del 2,78% para las hipotecas variables y del 2,97% para las de tipo fijo. En comparación mensual, respecto a abril, el número de hipotecas subió un 7,9%, y el capital prestado lo hizo un 9,5%. Asimismo, el importe medio creció un 1,5% respecto al mes anterior. En los primeros cinco meses de 2025, la firma de hipotecas para vivienda ha aumentado un 23,6%, con un crecimiento del 40,5% en el capital total prestado y del 13,7% en el importe medio de cada préstamo. Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor volumen de hipotecas sobre viviendas en mayo fueron Andalucía (7.843), Cataluña (6.898), Madrid (6.209) y la Comunidad Valenciana (5.583). Todas las regiones experimentaron incrementos interanuales en la firma de hipotecas. Entre los mayores aumentos destacan Galicia (116%), La Rioja (100%) y Cantabria (92,8%), mientras que los más moderados se registraron en Cataluña (30,9%), Baleares (34,6%) y Aragón (34,7%). En lo que respecta al conjunto de hipotecas constituidas sobre fincas rústicas y urbanas (estas últimas incluyen las viviendas), el total ascendió a 54.744 préstamos en mayo, lo que representa un aumento del 56,1% en comparación con el mismo mes de 2024. El capital prestado también creció, con un incremento interanual del 48,8%, alcanzando los 9.368 millones de euros. Sin embargo, el importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas disminuyó un 4,7%, quedando en 171.124 euros. Durante mayo, 11.258 hipotecas modificaron sus condiciones, lo que supone un descenso del 15,4% respecto a mayo de 2024. De estas, 8.907 fueron novaciones (cambios acordados con la misma entidad), un 2,8% menos. En cuanto a las operaciones de subrogación al acreedor (cambio de entidad financiera), se registraron 656, lo que representa una caída del 38,9%. Por su parte, 1.695 hipotecas cambiaron de titular (subrogación al deudor), un 45% menos que en el mismo mes del año pasado. En el 78,1% de los casos, los cambios en las condiciones se debieron a modificaciones en los tipos de interés.

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(El Economista, 21-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las sanciones a las empresas que falsean su sostenibilidad se agravan

La futura Ley de Consumo Sostenible pretende combatir el greenwashing o "postureo ecológico" a través de la prohibición de múltiples prácticas comerciales engañosas vinculadas a mensajes medioambientales, etiquetas de sostenibilidad y a la imagen corporativa de las empresas. Esta normativa, que adapta la Directiva (UE) 2024/825, introduce mecanismos para que los consumidores estén mejor protegidos frente a este tipo de manipulaciones, asegurando que reciban información veraz, clara y suficiente sobre las características ecológicas de los productos y servicios. El greenwashing se considera una práctica comercial desleal, ya que consiste en hacer afirmaciones medioambientales falsas, ambiguas o confusas, con el fin de inducir al error a los consumidores y dificultar que realicen elecciones de compra realmente sostenibles. La nueva normativa modifica la Ley 3/1991 de Competencia Desleal y, en menor medida, el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, entre otras disposiciones, con el objetivo de promover decisiones de consumo responsables y fomentar hábitos más sostenibles. El anteproyecto de ley, aprobado en primera lectura por el Consejo de Ministros, considera desleales aquellas prácticas que engañan al consumidor en cuestiones medioambientales. Esta reforma busca fortalecer la protección tanto de los consumidores como del medio ambiente, e introduce herramientas para comprobar la veracidad de las afirmaciones ecológicas y sancionar eficazmente las conductas que vulneren estos principios. Se entiende por afirmación medioambiental cualquier mensaje (no exigido por ley) que sugiera o indique que un producto, marca o empresa tiene un impacto positivo o reducido sobre el medio ambiente, o que este impacto ha mejorado con el tiempo. Estas afirmaciones pueden adoptar múltiples formas: textos, imágenes, logotipos, gráficos, distintivos, nombres comerciales o de productos, etc. El texto legal también incorpora el concepto de "comportamiento medioambiental excelente reconocido", referido al cumplimiento de normas comunitarias como la Etiqueta Ecológica de la UE o a otros sistemas de certificación ecológica aceptados. La ley específica una serie de prácticas de greenwashing que quedarán expresamente prohibidas o que se considerarán desleales. Entre ellas se encuentran: declaraciones engañosas sobre el impacto ambiental; promesas futuras sin base objetiva; uso de etiquetas de sostenibilidad poco claras o falsas; utilización de nombres o marcas que sugieran cualidades ecológicas inexistentes; ofrecer información falsa sobre durabilidad o sobre obsolescencia programada; asegurar que un producto es duradero sin pruebas que lo avalen; publicitar productos que contienen elementos diseñados para acortar su vida útil; presentarlos como reparables cuando no lo son; incitar al reemplazo de componentes antes de que sea necesario; o esconder información clave sobre cómo piezas no originales pueden reducir su funcionalidad. Además, se busca eliminar las afirmaciones medioambientales genéricas que no estén justificadas ni respaldadas por certificaciones acreditadas. También se prohíbe presentar un producto o empresa como sostenible en su totalidad cuando la mejora solo se refiere a un aspecto concreto. Igualmente, se considerará engañosa la práctica de afirmar que un producto es neutro o tiene un impacto ambiental reducido basándose únicamente en mecanismos de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero, ya que esto puede inducir al consumidor a pensar que ese producto no genera impacto alguno, o que su producción es completamente sostenible, cuando no es así.

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