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(El Economista, 06-05-2026) | Laboral

Junts propone que los autónomos accedan al "paro" automáticamente al cerrar su negocio

Junts ha optado por liderar en el Congreso las reivindicaciones de los trabajadores autónomos. Así lo ha evidenciado en las últimas semanas su portavoz, Míriam Nogueras, al supeditar el respaldo de su grupo a las iniciativas del Gobierno a que se atiendan las demandas de este colectivo. Además, la formación ha presentado una proposición de ley en la Cámara Baja para reformar el RETA y corregir algunos de los problemas más señalados, especialmente los relacionados con el cese de actividad. Existe un consenso general entre el Gobierno, los agentes sociales y los partidos políticos sobre la necesidad de reformar el llamado "paro de los autónomos", ya que más del 60% de las solicitudes son denegadas. Aunque la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, anunció su intención de abordar esta cuestión al asumir el cargo, todavía no se ha materializado ninguna reforma, lo que ha llevado a Junts a impulsar cambios desde el Parlamento. Entre sus propuestas, destaca la concesión automática de la prestación por cese de actividad a aquellos autónomos que cierren definitivamente su negocio y se den de baja en el censo de empresarios. También plantea flexibilizar los requisitos para acreditar causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que impidan continuar con la actividad. Por ejemplo, propone reducir del 60% al 50% el recorte de jornada exigido a los trabajadores o bajar del 75% al 65% la caída de ingresos necesaria para justificar la solicitud. En el ámbito de la protección social, Junts defiende que los autónomos puedan acceder al subsidio para mayores de 52 años, una ayuda actualmente reservada a trabajadores asalariados que han agotado el paro o no han cotizado lo suficiente. Esta reivindicación cuenta con el respaldo de organizaciones como ATA, UPTA y UATAE. De hecho, ya fue planteada por la CEOE durante la negociación de la reforma del subsidio por desempleo en 2023, aunque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, rechazó nuevamente esta posibilidad en noviembre de 2025. Desde el Gobierno se insiste en que los autónomos no tienen acceso a este tipo de subsidios porque su situación laboral es distinta a la de los asalariados. Mientras tanto, las asociaciones del sector siguen vinculando esta demanda a la mejora del sistema de cese de actividad en sus conversaciones con la Seguridad Social, aunque el Ejecutivo recuerda que esta prestación depende del Ministerio de Trabajo. La iniciativa de Junts también aborda las dificultades en la implantación del sistema de cotización por ingresos reales, cuyo desarrollo se ha paralizado en 2026 por desacuerdos en la mesa de negociación. Como alternativa, el partido propone que sean los Presupuestos Generales del Estado los que establezcan cada año las bases de cotización, tanto en su modalidad general como reducida, dentro del RETA. Asimismo, plantea aumentar del 7% al 9% la deducción aplicable a los rendimientos por gastos generales. En el caso de autónomos con funciones de dirección o que posean más de la mitad del negocio junto a familiares, propone elevar esta deducción del 3% al 5%.

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(El Economista, 06-05-2026) | Laboral

Yolanda Díaz pide la creación de un fondo que financie bajas de autónomos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió este martes la necesidad de abordar la "reforma pendiente" del trabajo autónomo, que incluiría ajustes fiscales como la aplicación del régimen de IVA franquiciado. Este sistema permitiría eximir de este impuesto a autónomos y pequeñas empresas con una facturación inferior a 85.000 euros al año. Durante la clausura del VII Foro ATA de Emprendedores y Autónomos, Díaz también planteó sustituir el actual modelo trimestral por una declaración anual del IRPF para los autónomos, con el objetivo de reducir tanto las cargas administrativas como el malestar que genera el sistema vigente. Según explicó, no se trata de un cambio profundo en la fiscalidad, pero sí supondría una mejora en las condiciones de trabajo del colectivo. En el ámbito de su ministerio, anunció que en la próxima conferencia sectorial de empleo propondrá a las comunidades autónomas medidas para fomentar el relevo generacional en negocios de autónomos que se jubilen. Para ello, se destinarán 15 millones de euros en el primer año, en un contexto en el que cerca de 600.000 trabajadores por cuenta propia se aproximan a la jubilación. Además, el Ministerio estudia incrementar en un 30% los fondos destinados a políticas activas de empleo para aquellas comunidades que impulsen este relevo, porcentaje que podría elevarse al 40% si la persona que toma el relevo es mujer. A esto se añadiría un 10% adicional en el caso de actuaciones en municipios de menos de 2.000 habitantes, con el fin de mantener la actividad económica en zonas despobladas. Díaz también apuntó la posibilidad de crear un fondo mixto, público-privado, similar a los existentes en países nórdicos, para financiar situaciones como bajas laborales, permisos, conciliación o cuidados en el caso de los autónomos. Asimismo, mencionó la futura puesta en marcha de una agencia pública de inversión específica para este colectivo, con líneas de financiación adaptadas, así como medidas para garantizar costes energéticos más competitivos, ayudas para renovar equipos o vehículos, acciones contra la morosidad y una reforma de la ley de segunda oportunidad que contemple un procedimiento propio para autónomos, similar al concurso de acreedores.

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(La Vanguardia, 06-05-2026) | Laboral

El empleo supera por primera vez los 22,1 millones de afiliados

La campaña de Semana Santa ha vuelto a impulsar el empleo esta primavera, pese a la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Próximo. Al celebrarse este año entre el 29 de marzo y el 5 de abril, el grueso de la actividad se concentró en abril, lo que favoreció un aumento de 223.685 afiliados a la Seguridad Social y una reducción de 62.668 personas en paro registradas en el SEPE, especialmente en sectores como la hostelería y el comercio. Gracias a este empuje, el número total de cotizantes ha superado por primera vez los 22 millones, situándose en 22,1 millones, mientras que el desempleo ha bajado hasta 2.357.044 personas, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008. Este buen comportamiento llega tras un mes de marzo que ya marcó un récord en creación de empleo, con 211.510 nuevos afiliados respecto a febrero, impulsado en parte por las contrataciones previas a Semana Santa. Todo ello ocurrió en un contexto en el que ya comenzaban a notarse los efectos de la guerra en Irán, tanto en los precios como en la incertidumbre económica. Sin embargo, estos datos positivos contrastan con los resultados del primer trimestre recogidos en la Encuesta de Población Activa (EPA), que mostraron un inicio de año débil para el empleo: la tasa de paro subió hasta el 10,83% y se destruyeron el doble de puestos de trabajo que en el mismo periodo del año anterior. Aun así, se trata de indicadores distintos, ya que uno se basa en registros administrativos y el otro en una encuesta. Tras esos datos negativos, los analistas apuntaban a la necesidad de esperar a los siguientes meses para determinar si se trataba de un deterioro estructural o de un efecto estacional, habitual en los primeros trimestres y agravado este año por la situación internacional. Los datos conocidos ahora indican que el mercado laboral ha resistido en abril, aunque con cierta moderación respecto a años anteriores. En términos desestacionalizados, el aumento fue de 41.753 afiliados y el paro bajó en 11.256 personas. Además, la Seguridad Social acumula ya 63 meses consecutivos de crecimiento, y el desempleo descendió en todos los sectores y comunidades autónomas. Durante algunos días del mes, entre el 27 y el 29 de abril, se superaron incluso los 22,2 millones de afiliados. No obstante, al cierre del mes se registró un repunte de bajas: más de 170.000 afiliaciones se dieron de baja el último día, lo que refleja una elevada rotación en el empleo. En cuanto a la participación de trabajadores extranjeros, no se han destacado aún efectos del reciente proceso de regularización iniciado el 16 de abril, aunque la contratación de este colectivo sigue siendo elevada: en abril se sumaron 96.684 afiliados extranjeros, lo que supone que cuatro de cada diez nuevos empleos fueron ocupados por ellos. El peso de la Semana Santa se aprecia claramente en la distribución sectorial del empleo: más de la mitad de las nuevas afiliaciones se concentraron en la hostelería (115.284 más) y el comercio (casi 15.000). También destacaron las actividades administrativas (más de 16.000 empleos), la construcción (11.353) y la sanidad (8.701). En cambio, el sector educativo registró una ligera caída de unos 1.200 trabajadores, algo poco habitual. Por su parte, el número de autónomos alcanzó un máximo histórico de 3.444.973, con un incremento de 15.439 respecto a marzo y de 42.775 en el último año. Sin embargo, se observaron descensos en el transporte (1.611 menos) y en las actividades científicas y técnicas (2.710 menos), posiblemente relacionados con el encarecimiento del combustible. En cuanto a la contratación, el número total de contratos cayó un 4% respecto a marzo. Los contratos indefinidos descendieron un 6%, mientras que los temporales lo hicieron un 3%. En términos interanuales, ambos tipos aumentaron: un 7% los indefinidos y un 13% los temporales. El peso de los contratos fijos bajó ligeramente, hasta el 43% del total. Dentro de estos, predominaron los indefinidos a tiempo completo, aunque disminuyeron respecto al mes anterior. La única modalidad que creció fue la de los fijos discontinuos, que aumentaron un 4%.

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(El Periódico, 06-05-2026) | Laboral

El Tribunal de Cuentas detecta 2.389 millones de fondos europeos destinados a pagar pensiones

El Tribunal de Cuentas ha dado su visto bueno a la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024, aunque ha señalado algunas irregularidades. Entre ellas, destaca el uso de fondos europeos no utilizados para cubrir gastos como pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos, por un total de 2.389,4 millones de euros. Estos recursos se destinaron a ese fin al considerar que no ponían en riesgo ni el cumplimiento del plan de recuperación ni la capacidad de absorción de los fondos del mecanismo europeo. No obstante, el Tribunal entiende que esta decisión debería haberse sustentado en una justificación jurídica más sólida. Según el organismo, esta situación es en parte consecuencia de la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado para 2024, lo que obligó a realizar ajustes presupuestarios para hacer frente a un gasto adicional de 77.341,9 millones de euros. De no haber sido por el buen comportamiento de los ingresos, este incremento se habría financiado principalmente mediante deuda pública. El informe también subraya que la Seguridad Social acumula por octavo año consecutivo un patrimonio neto negativo, que a finales de 2024 alcanzaba los 106.138,7 millones de euros. Este desequilibrio se sostiene fundamentalmente gracias a préstamos del Estado, cuyo volumen total ascendía ese año a 126.170,2 millones, equivalentes al 7,91% del PIB. El Tribunal viene alertando de esta situación desde hace tiempo y considera necesario adoptar medidas que aseguren la viabilidad financiera del sistema a medio y largo plazo. Por último, el órgano fiscalizador pone de relieve la existencia de un déficit estructural significativo en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes -las bajas por enfermedad común- en las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que alcanza los 2.677,3 millones de euros.

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(El Confidencial, 06-05-2026) | Laboral

Solo el 2,3% de los parados de marzo usaron el complemento de apoyo al empleo para compaginar el desempleo con un salario

España arrastra un problema estructural de desempleo incluso en fases de crecimiento económico. En el primer trimestre de 2026, el número de parados se situó en 2,7 millones, de los cuales un 35% llevaba en esa situación durante largos periodos. Además, la tasa de paro apenas desciende del 10% incluso en los momentos más favorables del ciclo, pese al dinamismo del mercado laboral tras la pandemia. La última reforma impulsada en 2024 para abordar esta situación -y vinculada a la recepción de fondos europeos- no ha dado los resultados esperados, según reconocen fuentes internas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La medida principal de esta reforma, el complemento de apoyo al empleo (CAE), no ha conseguido aumentar de forma significativa el número de desempleados que compatibilizan el cobro de prestaciones con la incorporación a un trabajo. Ante esta situación, el SEPE ha solicitado asesoramiento a la OCDE y a la Comisión Europea para analizar posibles mejoras. Tras varios encuentros en los que han participado el Ministerio de Trabajo, el propio SEPE y los agentes sociales, la OCDE prevé publicar un informe con recomendaciones entre octubre y noviembre, momento en el que el Gobierno valorará si introduce cambios. La aprobación de una nueva reforma no será sencilla, dado el complicado equilibrio político necesario en el Congreso y dentro del propio Ejecutivo. El acuerdo alcanzado en 2024, tras tensiones entre los ministerios de Economía y Trabajo, incluyó la puesta en marcha del CAE, el aumento de las cuantías del subsidio -aunque de forma decreciente- y la ampliación de la cobertura a colectivos antes excluidos. El CAE permite compatibilizar el cobro de prestaciones o subsidios con un empleo, tanto a tiempo completo como parcial, con el objetivo de evitar que los beneficiarios rechacen ofertas laborales. Sin embargo, su diseño presenta limitaciones. Solo puede aplicarse a partir del décimo mes de prestación contributiva -si esta supera el año-, cuando precisamente la reincorporación al mercado laboral ya resulta más difícil. Antes de la reforma, esta compatibilidad solo existía para quienes cobraban subsidios y trabajaban a tiempo parcial. Además, la cuantía del complemento -calculada en función del IPREM, congelado desde 2023- es decreciente y tiene una duración máxima de 180 días. A esto se suma que cada día en el que se utiliza el complemento resta un día de derecho a prestación, lo que reduce su atractivo. Estas condiciones generan varios problemas. Por un lado, el retraso en su aplicación limita su eficacia. Por otro, en muchos casos la suma del salario y el complemento resulta inferior a la prestación, lo que, unido a la pérdida de días de derecho, desincentiva la aceptación de empleo. La OCDE ya había advertido en un informe de noviembre de 2025 de la necesidad de reformar el sistema de subsidios, especialmente en el caso de los mayores de 52 años, que pueden percibir ayudas de forma indefinida hasta la jubilación y cotizan por encima de lo que lo harían en empleos de bajos salarios. Entre sus recomendaciones figuraban restringir estas condiciones, endurecer los requisitos de acceso, acortar la duración de las ayudas y reforzar la obligación de búsqueda activa de empleo. A la espera del informe definitivo, se manejan algunas propuestas preliminares, como reducir la duración de los subsidios pero aumentar su cuantía mensual para facilitar la transición al empleo. También se estudian modelos aplicados en países como Francia, Países Bajos o Noruega. No obstante, los sindicatos rechazan medidas que penalicen a quienes no acepten ofertas laborales mientras las políticas activas de empleo sigan siendo poco eficaces, ya que los servicios públicos apenas logran insertar a los desempleados. Los datos más recientes reflejan el escaso impacto del CAE. En marzo de 2026, solo el 2,3% de los beneficiarios de prestaciones compatibilizaban el cobro con un empleo, frente al máximo del 5% alcanzado en noviembre de 2025. Desde su puesta en marcha a finales de 2024, apenas 40.857 personas han utilizado este complemento, frente a una media de 1,65 millones de perceptores de prestaciones. La mayoría de quienes lo utilizan pertenecen al nivel asistencial, donde las ayudas mensuales -entre 480 y 570 euros- hacen más necesario complementar ingresos.

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(Cinco Días, 06-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las expectativas de subida de tipos impulsan la rentabilidad de las letras del Tesoro a máximos desde septiembre de 2024

Aún es pronto para actuar, pero todo apunta a que el Banco Central Europeo está preparado para subir los tipos en junio. Esa fue la posición adoptada la semana pasada, cuando decidió mantenerlos sin cambios por séptima vez consecutiva, evitando precipitarse. No obstante, esta prudencia no significa relajación: la institución reconoce que los riesgos de inflación han aumentado y que el contexto económico es cada vez más complejo. De hecho, los mercados ya anticipan un movimiento en unas cinco semanas, lo que supondría la primera subida en dos años y medio. En este contexto, el Tesoro ha estrenado mayo con una subasta de letras a seis y doce meses en la que ha logrado captar 6.463 millones de euros. Las previsiones de tipos más elevados y una inflación persistente se han reflejado directamente en las rentabilidades, especialmente en las letras a un año, que alcanzan niveles no vistos desde septiembre de 2024. Más de dos meses después del inicio de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, las perspectivas de resolución del conflicto siguen alejándose. Mientras el estrecho de Ormuz permanezca cerrado, continuará el riesgo de una inflación más alta y un menor crecimiento económico a nivel global. Invertir en un entorno de estanflación resulta especialmente complicado. Aunque la deuda pública ha sido uno de los activos más afectados, los instrumentos a corto plazo siguen destacando como una alternativa atractiva. Su menor sensibilidad a las variaciones de tipos y su capacidad de adaptación rápida los convierten en una opción refugio, especialmente para pequeños inversores. Así lo demuestra la demanda: las solicitudes alcanzaron los 11.586,54 millones, de los cuales 2.397,6 millones procedían de ahorradores particulares. La mayor parte de la emisión, 4.429,26 millones, correspondió a letras a doce meses. Con una inflación en abril del 3,2% y el encarecimiento de la energía presionando al alza, aumentan las expectativas de nuevas tensiones inflacionistas y de un entorno de tipos más altos. Esto ha impulsado los rendimientos, situando el tipo marginal en el 2,651%, su nivel más alto desde septiembre de 2024. Los inversores, en especial los minoristas, buscan aprovechar estas rentabilidades, lo que explica que las peticiones no competitivas superaran los 1.120 millones, aunque ligeramente por debajo de la subasta anterior. Por su parte, las letras a seis meses concentraron 2.033,7 millones. En este caso, la rentabilidad apenas varió, situándose en el 2,389%, muy similar a la de abril. La demanda de los particulares incluso aumentó, alcanzando los 1.277,2 millones frente a los 1.020 millones anteriores. Aunque estos niveles de rentabilidad resultan atractivos, todavía no generan el entusiasmo visto en 2023, cuando el fin de los tipos cero provocó un fuerte desplazamiento del ahorro hacia la deuda pública. Además, el contexto actual es diferente. Durante la pandemia, el ahorro de los hogares se disparó debido a las restricciones, generando un colchón financiero importante. En la actualidad, aunque las familias siguen en mejor situación que los gobiernos, muy endeudados, ese margen se está reduciendo. El aumento del coste de la energía y las dificultades para acceder a la vivienda están presionando las finanzas domésticas y limitando progresivamente la capacidad de ahorro.

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(Expansión, 06-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los gobiernos extranjeros controlan el 10% de la Bolsa española

La influencia de países como Francia, Alemania, Noruega o Catar en empresas cotizadas en España -entre ellas Iberdrola, Santander, BBVA y Airbus- ha crecido de forma muy notable. Por primera vez, la inversión pública extranjera en compañías españolas que cotizan en Bolsa ha superado el umbral simbólico de los 100.000 millones de euros, según un análisis realizado por EXPANSIÓN. Este aumento de la presencia pública internacional en el mercado bursátil español ha sido especialmente intenso en el último año. En 2024, países como Noruega, Italia, Francia, Alemania y Catar controlaban algo más de 70.000 millones de euros en la Bolsa española; en 2025 la cifra ascendió a 84.000 millones, y actualmente se sitúa en torno a los 124.000 millones. En conjunto, los inversores públicos extranjeros poseen cerca del 10% de la capitalización total, lo que equivale aproximadamente a uno de cada diez euros del mercado. ¿A qué se debe este incremento? Curiosamente, no es porque haya más inversores públicos internacionales, sino todo lo contrario. Si en 2024 y 2025 había alrededor de veinte -incluyendo casos poco habituales como Ghana-, ahora son solo dieciséis. Sin embargo, aunque son menos actores, manejan mayores volúmenes de inversión. Esto se explica, en parte, por la fuerte revalorización bursátil de compañías como Iberdrola, Endesa y Santander, lo que ha alterado significativamente el ranking de inversores. En la actualidad, el Estado italiano ocupa el primer puesto como mayor inversor público extranjero en una empresa española concreta. Esto se debe a su participación en Endesa a través de Enel, empresa semiestatal de la que posee el 26% y que, a su vez, es el accionista mayoritario de Endesa. La participación italiana en esta compañía -en torno al 70%- tiene un valor aproximado de 27.000 millones de euros. Noruega, mediante su fondo soberano Norges, había liderado tradicionalmente esta clasificación durante años. Francia presenta un caso particular: su influencia, valorada en unos 30.000 millones de euros, se canaliza a través de cuatro vías distintas: la participación estatal directa (como en Airbus), La Banque Postale -con presencia en 23 empresas cotizadas- y dos entidades mutualistas, Crédit Agricole y Banque Fédérative, que participan en más de 60 compañías. Aunque estas últimas no son estrictamente públicas, funcionan de manera similar a las antiguas cajas de ahorro españolas, con una notable influencia de las administraciones públicas.

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(Expansión, 05-05-2026) | Fiscal

El Gobierno promete a la UE elevar la presión fiscal en 8.500 millones este año

España ha comunicado a Bruselas que, para seguir respetando las normas fiscales europeas, prevé aumentar este año el peso de los ingresos sobre el PIB del 41,7% al 42,2%, mientras que el gasto público apenas subiría del 44,1% al 44,2%, todo ello a pesar de las rebajas fiscales adoptadas por el impacto de la guerra en Irán. El Gobierno apuró el plazo establecido por la Unión Europea y presentó, casi a medianoche del jueves pasado y coincidiendo con el inicio del puente del Primero de Mayo, su hoja de ruta fiscal para 2026. En este documento -el Informe de Progreso Anual del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo- se actualiza la situación presupuestaria del país y se detallan las medidas para garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales en los próximos años. En él se contempla un aumento de la presión fiscal de unos 8.500 millones de euros para 2026, pese a las rebajas tributarias aprobadas para mitigar los efectos del conflicto en Irán. Según el informe remitido a la Comisión Europea, los ingresos públicos crecerán medio punto del PIB, pasando del 41,7% al 42,2%, lo que equivale a esos 8.500 millones adicionales. No obstante, el propio Ejecutivo reconoce que este crecimiento será algo más moderado, con una subida del 6,5%, debido a las medidas adoptadas para aliviar el impacto económico de la guerra, lo que hará que las decisiones discrecionales en materia de ingresos sean menores que en 2025. El Ministerio de Hacienda confía, aun así, en elevar la recaudación gracias a cambios en el IRPF, la fiscalidad patrimonial, los Impuestos Especiales y, sobre todo, el Impuesto de Sociedades. Una parte importante de este incremento -alrededor de una cuarta parte- proviene de la decisión de no ajustar el IRPF a la inflación y a la evolución de los salarios, lo que genera unos 2.300 millones de euros anuales adicionales. Entre las novedades más destacadas figura la implantación de un tipo mínimo global del 15% para grandes multinacionales, con el que se espera recaudar 1.708 millones. Esta medida, en línea con el acuerdo internacional impulsado por la OCDE (conocido como Pilar II), afecta a empresas con ingresos superiores a 750 millones anuales. Además, España se adelantó a este acuerdo internacional estableciendo un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para compañías que facturan más de 20 millones de euros, lo que aportará otros 621 millones. En contraste, la reducción del tipo al 23% para pymes con ingresos inferiores a 10 millones supondrá un alivio fiscal de 307 millones. Por otro lado, la recuperación de medidas fiscales sobre sociedades aprobadas en 2016 durante el mandato de Cristóbal Montoro, y posteriormente anuladas por el Tribunal Constitucional, permitirá ingresar 2.629 millones adicionales este año. En el ámbito del IRPF, destaca la subida del tipo máximo sobre las rentas del ahorro hasta el 30% para ingresos superiores a 300.000 euros, que generará 472 millones extra. Asimismo, el Gobierno prevé obtener 466 millones más por el aumento del Impuesto Especial sobre el tabaco y otros 623 millones mediante el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, aunque parte de esta recaudación se trasladará al Impuesto sobre el Patrimonio tras su reactivación en varias comunidades autónomas. Con todas estas medidas y manteniendo prácticamente estable el gasto público, el Ejecutivo espera limitar el crecimiento del gasto computable al 4,2% y reducir el déficit desde el 2,4% hasta el 2,1% del PIB (o del 2% al 1,5% si se excluyen gastos extraordinarios como los derivados de la dana).

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(La Razón, 05-05-2026) | Fiscal

El Gobierno reconoce ante la UE que ha cuadrado el déficit gracias a no deflactar la inflación en el IRPF de los hogares

El Gobierno ha admitido de forma explícita que el aumento de la inflación derivado de las sucesivas crisis geopolíticas le ha permitido incrementar la recaudación fiscal. En el último informe remitido a la Comisión Europea sobre el avance del plan fiscal, el Ejecutivo reconoce haber ingresado 2.294 millones de euros adicionales en 2025 por no ajustar el IRPF a la inflación, lo que le ha ayudado a cumplir los objetivos de déficit sin necesidad de aplicar nuevas medidas. Los datos más recientes de la Contabilidad Nacional muestran que esta tendencia continúa al alza. Los ingresos no financieros del Estado alcanzaron los 72.157 millones de euros, un 4,4% más que en marzo del año anterior y un nuevo máximo histórico tras el inicio del conflicto en Irán. De esa cantidad, 62.474 millones proceden de impuestos, lo que representa el 86,6% del total, con un incremento del 5,4%, es decir, 3.216 millones más que un año antes. Por tipos impositivos, destaca el aumento de la recaudación por IVA, que creció un 4,9% hasta situarse en 31.855 millones. En términos brutos, este impuesto alcanzó los 33.110 millones, un 5,4% más que en 2025, mientras que las devoluciones aumentaron un 19,3%. En marzo, además, comenzaron a reflejarse -aunque aún sin cuantificar completamente- los efectos de medidas como la rebaja del IVA de productos energéticos del 21% al 10% y la reducción del impuesto eléctrico del 5,11% al 0,5%. También se incrementaron los ingresos por IRPF en un 4,3%, hasta los 19.443 millones, y los del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, que crecieron un 8,2% hasta los 1.345 millones. En cambio, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades descendió un 7,6%, quedándose en 1.370 millones. El documento enviado a Bruselas recoge que el plan fiscal estructural para el periodo 2025-2028 contempla elevar los ingresos públicos de forma sostenida en un 0,3% del PIB, con la previsión de añadir una décima adicional. El Ejecutivo considera ya cumplido el primer objetivo gracias a medidas adoptadas en los últimos años, cuyo impacto se mantendrá en el tiempo. Parte de ese aumento adicional se atribuye precisamente a la falta de actualización del IRPF, que aportó 2.294 millones, equivalentes al 0,14% del PIB, aunque no se detalla cuánto supondrá esta medida en los próximos ejercicios. Entre las iniciativas que han contribuido a elevar la recaudación destacan la limitación en la compensación de pérdidas de grandes grupos empresariales, el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas y la implantación de un tipo mínimo efectivo para multinacionales, al que se añadirá un gravamen complementario en adelante. Por otro lado, el déficit del Estado cerró el primer trimestre de 2026 en 3.944 millones de euros, lo que supone un aumento del 32,1% respecto al mismo periodo del año anterior y equivale al 0,22% del PIB, ligeramente por encima del 0,18% registrado en 2025.

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(Expansión, 05-05-2026) | Fiscal

Madrid, Baleares y Murcia lideraron el crecimiento del PIB en el arranque de 2026

La economía española continúa mostrando una notable capacidad de resistencia en un entorno internacional cada vez más complicado, inestable e incierto. Sin embargo, empiezan a apreciarse señales de desgaste y cierta desaceleración. El pasado jueves, el INE dio a conocer el avance del PIB correspondiente al primer trimestre de 2026, que registró un crecimiento del 0,6% respecto al trimestre anterior, dos décimas menos que en el cierre de 2025. Este dato ya refleja los primeros efectos de la crisis energética derivada de la guerra en Irán y del prolongado cierre del estrecho de Ormuz, una vía clave por la que antes del conflicto transitaba cerca del 20% del petróleo transportado por mar. Por su parte, la Airef -que ya había advertido en abril de que el conflicto en Oriente Próximo tendría consecuencias en forma de menor crecimiento, mayor inflación y más déficit- publicó ayer una estimación del comportamiento del PIB por comunidades autónomas. Los datos vuelven a evidenciar importantes diferencias territoriales, con variaciones de hasta cuatro décimas en términos trimestrales y de hasta 1,3 puntos porcentuales en tasa interanual. En el crecimiento trimestral, solo tres regiones superaron la media nacional: la Comunidad de Madrid, que lideró con un avance del 0,8%, seguida de Baleares y Murcia, ambas con un 0,7%. Madrid prolonga así la dinámica positiva del año anterior, cuando creció un 3%, por encima de la media nacional, y reafirma su posición como principal motor económico del país. Este liderazgo se sustenta en su capacidad para atraer inversiones, la solidez de su mercado laboral, el dinamismo de sus exportaciones de servicios de alto valor añadido y también su creciente atractivo turístico. Baleares, por su parte, continúa beneficiándose del impulso del turismo, favorecido además por la percepción de España como destino seguro frente a la inestabilidad en Oriente Próximo. En Murcia, al tirón del turismo nacional se suma el posible impacto positivo del aumento del gasto en Defensa, un factor que también podría favorecer a otras regiones como Madrid y Andalucía. Según la Airef, comunidades como Cataluña, Andalucía, Canarias, Galicia, País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha, La Rioja y Asturias crecieron un 0,6% en el primer trimestre, en línea con la media nacional. Por debajo se situaron Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria y Extremadura, con un 0,5%, mientras que Castilla y León registró el menor crecimiento, con un 0,4%. Si se observa la evolución interanual, el panorama presenta algunos matices. La Comunidad Valenciana encabeza el crecimiento con un 3,2%, impulsada en parte por el efecto arrastre de finales de 2025 y por el impacto positivo de las ayudas destinadas a la reconstrucción tras la dana, que están estimulando la inversión y la actividad constructora. Le siguen Madrid, con un crecimiento del 3,1%, manteniendo el buen ritmo del año anterior, y Andalucía, con un 2,8%. En torno a la media nacional del 2,7% se sitúan Cataluña, Baleares, Canarias y Castilla y León, mientras que Castilla-La Mancha crece ligeramente por debajo, con un 2,6%. En el extremo opuesto destacan Asturias, con un avance del 1,9%, claramente por debajo de la media; el País Vasco, con un 2,1%; y Aragón y Navarra, ambos con un 2,2%. De cara al futuro, BBVA Research apunta que, aunque el crecimiento podría debilitarse en 2026, las regiones del norte podrían ganar protagonismo en 2027 gracias a la recuperación industrial y a una mejora progresiva de la demanda europea, siempre que la situación en Irán no se prolongue y los precios del petróleo se estabilicen. Por ahora, las perspectivas invitan a la cautela. Los datos del inicio de 2026 son solo un primer indicio de un año que se anticipa complicado y condicionado por la incertidumbre geopolítica. De hecho, el Banco de España ya ha advertido de una posible desaceleración significativa de la actividad en los próximos trimestres. Además, los componentes del PIB muestran una pérdida de dinamismo: el consumo de los hogares crece a menor ritmo -aunque sigue siendo el principal motor-, las exportaciones han caído y la inversión ha sufrido un notable frenazo, con un crecimiento de apenas el 0,1% en el primer trimestre, frente al 1,6% registrado en el trimestre anterior.

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