Los funcionarios y empleados públicos contarán en 2026 con un día adicional de asuntos propios, ya que el 15 de agosto, festivo nacional, coincide ese año en sábado. Esta circunstancia genera el derecho a un permiso extra por asuntos particulares, que podrá sumarse a los conocidos "moscosos" en función de la antigüedad de cada trabajador.
Este día adicional beneficiará al personal que presta servicios en la Administración General del Estado y en sus organismos dependientes o vinculados, al tratarse de un festivo nacional no recuperable ni sustituible que cae en un día inhábil para las administraciones públicas. La concesión del permiso extra compensa precisamente esa coincidencia del festivo con un sábado.
La normativa general que regula las condiciones laborales en la Función Pública establece que, cuando una festividad nacional retribuida y no sustituible se celebra en sábado, puede añadirse hasta un día más de permiso por asuntos particulares dentro del mismo año natural.
En este sentido, al tratarse el 15 de agosto de una festividad de ámbito nacional, "corresponde, conforme a la normativa vigente, la incorporación de un día adicional de permiso para el personal incluido en el ámbito de aplicación de la Resolución de 28 de febrero de 2019 sobre jornada y horarios", según ha informado el área de Servicios Públicos del sindicato UGT.
La medida queda recogida en la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 27 de enero de 2026, que regula el disfrute de este día adicional de permiso para el año 2026 como consecuencia de la coincidencia en sábado de un festivo nacional no recuperable ni sustituible, tal y como ya contemplaba la Resolución de 28 de febrero de 2019.
Esta última norma, que establece las instrucciones sobre jornada y horarios del personal al servicio de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, señala en su apartado 9.8 que se podrá incorporar cada año natural, y como máximo, un día adicional de permiso cuando alguna de las festividades laborales nacionales, retribuidas y no sustituibles por las comunidades autónomas, coincida en sábado.
El reglamento mediante el cual el Ministerio de Trabajo pretende reforzar las exigencias del registro horario en las empresas se encuentra en la fase final de los trámites obligatorios antes de su aprobación por el Consejo de Ministros. El proceso no está exento de tensiones, ya que el Ministerio de Economía está intentando introducir ajustes en el texto para suavizar el impacto que la norma tendrá sobre el tejido empresarial, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que deberán adaptarse a sistemas digitales para cumplir con los nuevos requisitos de control de la jornada laboral.
Unos cambios que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, no está dispuesta a asumir. Por el contrario, defiende que el reglamento se apruebe conforme al planteamiento original, concebido inicialmente como un complemento a la reducción de la jornada laboral y, posteriormente, como una medida autónoma articulada por vía reglamentaria. La única modificación relevante ha sido la retirada del endurecimiento del régimen sancionador, descartado para evitar una reforma legal que obligara a pasar por el Parlamento y, de ese modo, esquivar un escenario adverso en el Congreso.
Pese a ello, los condicionantes incluidos en el texto -que, según fuentes del diálogo social, se encuentra ultimando la recepción de los informes de los distintos ministerios antes de su envío al Consejo de Estado- no terminan de convencer al departamento que dirige Carlos Cuerpo. Así lo reconoció la propia Yolanda Díaz, en lo que constituye un nuevo desencuentro entre Trabajo y Economía a propósito de las iniciativas impulsadas desde el área laboral.
"El Ministerio de Economía se opuso en su momento a la reducción de la jornada laboral, y fue la Presidencia del Gobierno la que recondujo esa postura", recordó la vicepresidenta, subrayando que el refuerzo del registro horario era el principal instrumento de la ley para reducir el tiempo efectivo de trabajo, especialmente a través del control de las horas extraordinarias no remuneradas. Ese mismo efecto es el que espera ahora el Ministerio de Trabajo con el endurecimiento del sistema de control horario, cuyos ejes fundamentales son la digitalización de los registros y el acceso remoto de la Inspección de Trabajo a los datos.
"Confío en que rectifiquen; el procedimiento está llegando a su fase final para poder aprobar la norma", afirmó Díaz durante la presentación de un informe sobre democratización del trabajo. En ese contexto, volvió a criticar la posición de Economía, a la que acusó de mantener una visión contraria a iniciativas que considera beneficiosas para el país, recordando anteriores fricciones en asuntos como el salario mínimo interprofesional, los ERTE o la ley rider.
Este nuevo choque se produce poco después de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, solicitara al departamento de Trabajo "buscar un equilibrio" con las empresas en relación con otras medidas en preparación, como la ampliación de los permisos por fallecimiento. Finalmente, Trabajo acordó el aumento de los días únicamente con los sindicatos, tras las críticas de las organizaciones empresariales por el desarrollo del proceso negociador.
"Lo importante es que somos hegemónicos. Después, el Partido Socialista acaba reconociendo estos logros. Esto es ejercer la hegemonía", afirmó Díaz, anticipando que su postura volverá a imponerse frente a la de Economía. No obstante, fuentes del diálogo social señalan que sí se están recibiendo aportaciones de otros ministerios, aunque dudan de que estas obliguen a reabrir el trámite de consulta pública del reglamento. También apuntan a la incógnita de si será necesario recabar el informe de la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que se facilite copia de los registros a la representación legal de los trabajadores.
Tal y como ya habían advertido las organizaciones empresariales, el principal foco de oposición a la reducción de la jornada se encontraba precisamente en el refuerzo del registro horario. La futura normativa incrementará las obligaciones para todas las empresas, independientemente de su tamaño, que deberán implantar sistemas digitales de control de la jornada. Además, los datos registrados deberán ser interoperables y accesibles para la Inspección de Trabajo.
La norma también eleva el nivel de detalle exigido. Será responsabilidad del trabajador introducir la información relativa a sus tiempos de trabajo en la herramienta proporcionada por la empresa, y el reglamento obliga a extremar la precisión de los registros. Deberá consignarse el momento exacto de inicio y finalización de cada jornada, con indicación de la hora y el minuto, así como el comienzo y fin de cada pausa que no compute como tiempo de trabajo efectivo. Para garantizar el correcto funcionamiento de estos sistemas, las empresas estarán obligadas a proporcionar la formación necesaria a su plantilla.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció hace casi un año la puesta en marcha de un grupo de especialistas con el objetivo de promover una nueva normativa orientada a reforzar la democracia en la gestión empresarial. En términos prácticos, se trata de definir mecanismos para que los trabajadores participen en las decisiones de las empresas y puedan, incluso, convertirse en propietarios de parte de ellas.
Ese grupo de expertos sobre democracia en el trabajo ya ha concluido su labor y este lunes ha entregado su informe a la ministra. El documento plantea, entre otras medidas, que el Gobierno impulse un sistema de cogestión en el que los trabajadores ocupen un tercio de los asientos en los consejos de administración de empresas con plantillas de entre 50 y 1.000 personas. En el caso de compañías de mayor tamaño, la propuesta eleva esa representación hasta la mitad de los miembros del órgano directivo. Además, el informe va un paso más allá y sugiere que se diseñe un plan para facilitar el acceso de los empleados a la propiedad empresarial, garantizando como mínimo un 2% del accionariado en empresas a partir de 25 trabajadores.
Díaz ha señalado que el Ejecutivo está dispuesto a avanzar en esta regulación mediante una ley que se negociará con patronales y sindicatos en un plazo reducido, al tratarse de una reforma pendiente en España. Aunque no suele formar parte del debate habitual, recuerda que esta cuestión sí estuvo presente durante la Transición. La ministra ha subrayado también que este modelo no es ajeno al país, ya que existe en cooperativas, en alguna empresa pública como Navantia y en determinadas compañías del País Vasco, sin que ello haya generado problemas.
El informe, que supera las 500 páginas, responde al encargo de fundamentar y estructurar una futura regulación sobre la participación de los trabajadores en la toma de decisiones empresariales, siguiendo el ejemplo de la mayoría de países europeos. La ministra justifica esta iniciativa en el hecho de que la Constitución, en su artículo 129.2, contempla este principio, aunque hasta ahora no se ha desarrollado normativamente.
Dicho artículo establece que los poderes públicos deben promover las distintas formas de participación en la empresa, fomentar las cooperativas mediante una legislación adecuada y facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
La presidenta del comité de expertos, Isabelle Ferreras, ha denunciado que este mandato constitucional no se aplica de forma adecuada en España. Aunque reconoce la existencia de un sistema dual de representación a través de delegados de personal y comités de empresa, considera que los derechos de participación son muy limitados y no alcanzan a las decisiones estratégicas. En este sentido, ha coincidido con Díaz en señalar que España es una excepción en Europa, ya que 18 de los 27 países de la Unión Europea han regulado la presencia de los trabajadores en los órganos de dirección empresarial.
Por todo ello, la comisión propone que el Gobierno y los agentes sociales desarrollen una estrategia basada en dos ejes: reforzar la capacidad de los empleados para influir en las decisiones de sus empresas y facilitar su acceso a la propiedad. En cuanto al primer aspecto, se plantea ampliar la participación mediante nuevos requisitos legales que refuercen el papel de los comités de empresa y de los delegados de personal. Entre otras medidas, se sugiere reconocer un derecho de codecisión en cuestiones como la implantación de sistemas de inteligencia artificial en el entorno laboral.
Asimismo, los expertos reclaman la creación de la figura del representante conjunto de personal en centros de trabajo muy pequeños, con menos de seis o diez empleados, y la constitución de comités de empresa a nivel de grupo para mejorar la gobernanza en grandes estructuras empresariales. También proponen que los comités cuenten con el apoyo de especialistas remunerados en ámbitos como la inteligencia artificial o el impacto social y ambiental de las decisiones corporativas.
En caso de que el diálogo social no alcance acuerdos, el informe defiende que el Gobierno establezca procedimientos formales para garantizar la participación de los trabajadores en los órganos de gobierno de las empresas, tomando como referencia las prácticas más avanzadas de países como Suecia y Alemania. Así, se propone reservar un tercio de los puestos del consejo de administración a los trabajadores en empresas de entre 50 y 1.000 empleados y, en las compañías de mayor tamaño, asignarles la mitad de los asientos, rebajando el umbral alemán a partir de 1.000 trabajadores.
Respecto a la participación en la propiedad, el documento fija mínimos legales de capital en manos de los empleados: más del 2% en empresas de entre 25 y 1.000 trabajadores y más del 10% en aquellas que superen los 1.000 asalariados. Para ello, se plantea la creación de planes de adquisición de acciones por parte de los empleados, especialmente pensados para procesos de relevo generacional. Ferreras ha explicado que podrían articularse fondos ciudadanos de ámbito regional, gestionados por los propios trabajadores, que permitan adquirir acciones en momentos críticos y evitar la entrada de fondos especulativos.
Por último, los expertos recomiendan acordar incentivos que animen a las empresas a ir más allá de las exigencias mínimas de la ley. Para ello, proponen diseñar un Índice de Desarrollo Democrático Corporativo que permita aplicar mecanismos de recompensas y penalizaciones en función del nivel de participación alcanzado. Estos incentivos podrían traducirse en ayudas públicas, beneficios fiscales, tasas diferenciadas o un acceso preferente a la contratación pública, con el objetivo de impulsar una mayor implicación de los trabajadores en la vida empresarial.
La falta de una mayoría clara de izquierdas en el Congreso obliga al Gobierno a maniobrar de forma constante para mantener los equilibrios parlamentarios. El decreto que incluía la prórroga del escudo social y la actualización de las pensiones es un ejemplo evidente de esta situación. La iniciativa fue rechazada por la Cámara con los votos de PP, Vox y Junts. Tanto los populares como los posconvergentes criticaron que en un mismo texto se uniera la subida del 2,7% de las pensiones medias con la ampliación de la suspensión de desahucios para familias vulnerables hasta que se les ofreciera una alternativa habitacional. Tras ese revés, el Ejecutivo negocia a contrarreloj para recuperar el decreto y se plantea dividirlo con el fin de garantizar que cerca de diez millones de pensionistas no sufran recortes en su paga de febrero.
Fuentes gubernamentales al tanto de las conversaciones consideran viable presentar las medidas por separado, tal y como reclama Junts. Se trata de un cambio relevante respecto a la postura de la semana anterior, cuando el objetivo era mantener el decreto íntegro, una exigencia defendida por el socio minoritario de la coalición. La intención del Gobierno es aprobar un nuevo decreto en el Consejo de Ministros de este martes o, como máximo, en el de la próxima semana. El presidente Pedro Sánchez fue tajante este domingo en un acto en Teruel, donde apoyó a la candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, al asegurar que las pensiones se actualizarán "en cualquier caso, con o sin el PP".
Aunque el Ejecutivo se muestra dispuesto a separar el contenido del decreto ómnibus para votarlo por partes y minimizar riesgos, su prioridad sigue siendo sacar adelante el conjunto de las medidas. Además de la revalorización de las pensiones y la prórroga del escudo social -que incluye la prohibición de desahucios y de cortes de suministros a hogares vulnerables-, el texto contemplaba la actualización de las entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales, así como rebajas fiscales para los afectados por la dana y los incendios del pasado verano.
Desde Moncloa insisten en que su objetivo es impulsar un decreto de medidas sociales que cuente con un respaldo amplio en el Congreso. Para ello, las negociaciones se centran en lograr el apoyo de Junts, aunque cualquier concesión a esta formación puede complicar el respaldo de otros socios del bloque progresista. Ya la semana pasada, fuentes parlamentarias de uno de los grupos más favorables a la prórroga del escudo social advertían de que, si el Gobierno ofrecía acuerdos que también podría suscribir el PP, el eje de la izquierda perdería peso en la ecuación.
El PSOE trata de atraer a Junts en el ámbito de la vivienda mediante fórmulas que refuercen la seguridad de los propietarios frente a posibles impagos del alquiler, tanto con más recursos económicos como con procedimientos más ágiles. El Consejo de Ministros ya reservó 300 millones de euros para avales estatales con este fin. Estas ayudas, destinadas a cubrir impagos en alquileres de jóvenes y colectivos vulnerables, ya estaban previstas en el Plan Estatal de Vivienda, pero ante su retraso se aprobaron por decreto el pasado diciembre y ahora cuentan con dotación presupuestaria.
El texto establece que el aval cubrirá todas las rentas impagadas hasta que el propietario recupere la vivienda, así como los daños ocasionados en el inmueble por el inquilino, los suministros asumidos por la propiedad y otros costes que se determinen reglamentariamente. Con ello, el Ejecutivo busca un equilibrio entre la protección de las familias vulnerables y las garantías para los arrendadores.
Otro elemento clave en la negociación es la posible delegación de competencias en materia de inmigración a Catalunya, tras la disposición de Podemos a levantar su veto a cambio del acuerdo alcanzado con el Gobierno para una regularización rápida de hasta medio millón de migrantes. El desbloqueo de esta cuestión pasa ahora por modificar el preámbulo del proyecto, una opción que Junts estaría dispuesto a aceptar y que Podemos exige para apoyar la iniciativa, eliminando referencias que considera de carácter racista.
En el Gobierno consideran que existe margen de entendimiento con Junts, al entender que sus críticas al escudo social no coinciden con el enfoque del PP. A los populares les reprochan vincular a las personas vulnerables que no pueden afrontar puntualmente el alquiler con comportamientos delictivos. Entre los argumentos que Junts compartió con el PP para votar en contra del decreto estuvo la mezcla de estas medidas con la subida de las pensiones, algo que calificaron de chantaje. "Pensiones, sí; ocupaciones, no. No pueden forzarnos a apoyar que no se pueda actuar cuando te ocupan una vivienda y no pagan el alquiler",
Nunca antes se había registrado un número tan elevado de personas desempleadas mayores de 50 años percibiendo algún tipo de subsidio. En 2025, la media mensual alcanzó las 545.393 personas, lo que supone un incremento del 4,7% respecto a 2024, a pesar de que en ese mismo periodo el paro registrado descendió un 4,5%. La inmensa mayoría -el 84%- corresponde a beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años, una prestación que también ha alcanzado máximos históricos tras permanecer durante los últimos tres años en el centro del debate por su posible efecto desincentivador sobre la reincorporación al mercado laboral y su papel como antesala de la jubilación anticipada. Esta cuestión está siendo analizada por la OCDE, que considera que su diseño contribuye a cronificar el desempleo sénior y aboga por replantear la ayuda, aunque sus propuestas implicarían, en la práctica, su eliminación.
Las cifras de 2025 resultan especialmente llamativas porque se producen en un contexto de descenso del desempleo, incluido el de los trabajadores de mayor edad. Sin embargo, esta mejora no se refleja en el sistema de prestaciones, que también ha aumentado en su vertiente contributiva: los mayores de 50 años que cobran prestación contributiva crecieron un 5,2%, hasta situarse en una media mensual de 281.000 personas. Aun así, este volumen sigue lejos de los niveles alcanzados durante la pandemia y representa apenas la mitad del total de perceptores del nivel asistencial, integrado por los distintos subsidios por desempleo, las rentas agrarias y el subsidio específico para mayores de 52 años.
Esta ayuda, actualmente fijada en 480 euros mensuales, presenta dos características singulares. Por un lado, puede percibirse hasta alcanzar la edad legal de jubilación; por otro, el SEPE cotiza por el beneficiario durante ese periodo. La cotización se realiza por el 125% de la base mínima, lo que equivale a una base de 1.726 euros mensuales de cara a la pensión futura. Esta circunstancia provoca que, para muchos desempleados mayores de 52 años, aceptar un empleo con un salario inferior resulte poco atractivo desde el punto de vista económico. El problema se intensifica si se tiene en cuenta que el salario mínimo interprofesional ha aumentado más de un 66% en los últimos años y se sitúa actualmente en 1.184 euros, a la espera de una nueva actualización.
Este es precisamente el argumento central de la OCDE, recogido de forma clara en su último Economic Survey sobre España publicado a finales de 2025 y reiterado en análisis posteriores, como el reciente artículo titulado "¿Estancados a los 52? Repensar el subsidio de desempleo para las personas mayores en España". En él, sus autores -Aida Caldera, Claudia Ramírez y Dimitris Mavridis- advierten de que, aunque la prestación cumple una función de protección social, su configuración puede reducir involuntariamente los incentivos para volver al empleo, incluso entre quienes desean hacerlo.
El informe subraya que, aunque la cuantía del subsidio es limitada, aceptar un trabajo mal remunerado implica renunciar tanto a la prestación como a las cotizaciones a la Seguridad Social que se generan durante el desempleo, de modo que el beneficio neto de reincorporarse al mercado laboral puede ser mínimo. En este contexto, destaca que la evidencia empírica muestra un fuerte aumento del desempleo de larga duración a partir de los 52 años, justo cuando se accede a esta ayuda. Estudios recientes de la AIReF revelan que, mientras que antes de los 50 años menos del 5% de los beneficiarios lleva más de un año en paro, a partir de los 52 esa proporción supera el 40%.
La idea de que el subsidio actúa como freno a la activación laboral de los desempleados de más edad no es nueva. Numerosos analistas sostienen que su diseño dificulta la reincorporación de trabajadores con baja cualificación, empleados tradicionalmente en sectores de salarios reducidos, especialmente cuando cuentan con apoyo familiar que les permite aguardar hasta la jubilación con una pensión más favorable gracias a la sobrecotización del subsidio. Este efecto afecta de manera particular a las mujeres, que representan el 54% de las personas beneficiarias.
El impacto también se extiende a trabajadores con niveles de renta elevados que han salido del mercado laboral tras despidos colectivos. En estos casos, el subsidio para mayores de 52 años se ha convertido en uno de los pilares de los esquemas de prejubilación, reforzado además por el aumento del SMI y, con él, de las cotizaciones asumidas por el SEPE. Para estos perfiles, aceptar un nuevo empleo puede resultar aún menos atractivo, ya que la pérdida no se limita a la sobrecotización, sino también a otros compromisos económicos pactados con su antigua empresa.
Precisamente para frenar las salidas anticipadas del mercado laboral y fomentar la activación de los desempleados, el Gobierno del PP elevó en 2012 la edad de acceso al subsidio hasta los 55 años y redujo la cotización al 100% de la base mínima. Esta reforma provocó un descenso significativo del número de beneficiarios que se prolongó hasta 2019, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez restituyó las condiciones originales de la ayuda. El efecto fue inmediato: el número medio de perceptores se disparó un 22% en solo un año y continuó creciendo posteriormente, hasta adquirir un marcado carácter anticíclico tras la pandemia, con los subsidios al alza pese a la moderación del paro.
A finales de 2023, el Gobierno impulsó una reforma del sistema de subsidios por desempleo con el objetivo de reforzar su función de acompañamiento en la búsqueda de empleo. Para ello, se modificó la cuantía inicial de las ayudas, se amplió su compatibilidad con el trabajo y se reforzó la conexión con prestaciones de carácter social, como el Ingreso Mínimo Vital. En ese proceso se planteó también reducir la sobrecotización del subsidio para mayores de 52 años del 125% al 100%, pero la propuesta fue rechazada en el Congreso por Podemos, lo que obligó a rehacer la reforma y mantener esta ayuda sin cambios.
Tal y como ha informado elEconomista.es, los efectos de la reforma han sido significativos: entre 2023 y 2025, los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años aumentaron un 5,5%, mientras que el número de mayores de 50 años que perciben otros subsidios creció un 20%, al pasar de 71.600 a 81.500 personas. Todo ello en un periodo en el que el desempleo sénior, aunque a un ritmo más moderado que en otros colectivos, se redujo un 7,9%.
El Tribunal Supremo ha considerado ilegal y discriminatoria la política aplicada por la empresa Ayesa Ibermática que dejaba fuera del cálculo de la retribución variable los días de baja por incapacidad temporal y los permisos retribuidos previstos en la normativa laboral.
Según ha informado el sindicato en un comunicado, el Alto Tribunal ha dado la razón a FeSMC-UGT y ha ratificado en todos sus términos la sentencia anterior de la Audiencia Nacional. Esta decisión supone, en palabras del sindicato, "un serio revés a las prácticas empresariales que penalizan a las personas trabajadoras por enfermar, atender cuidados o ejercer derechos de conciliación".
Ayesa Ibermática había establecido un sistema de incentivos vinculado a las denominadas "jornadas productivas", excluyendo del cómputo tanto las bajas médicas como determinados permisos legalmente reconocidos. No obstante, en su sentencia de 16 de enero de 2026, el Supremo concluye que esta forma de cálculo constituye una discriminación directa por motivos de salud, prohibida expresamente por la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación.
En consecuencia, el tribunal determina que la situación de incapacidad temporal no puede servir de justificación para minorar salarios ni incentivos económicos. Asimismo, la resolución protege de manera expresa los permisos retribuidos recogidos en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, incluidos los relacionados con enfermedad grave u hospitalización de familiares, el ejercicio de funciones sindicales y los vinculados al embarazo, parto, adopción o acogimiento.
Tal y como subraya UGT, la sentencia recuerda que estos permisos son derechos legales que deben mantenerse íntegramente retribuidos, y que excluirlos del acceso a incentivos salariales implica una discriminación indirecta, especialmente hacia las mujeres, al estar estrechamente relacionados con las labores de cuidado y conciliación.
Pasar la noche en un hotel es cada vez más caro y, en muchos casos, se ha convertido en una opción difícilmente asumible, especialmente para familias y viajeros de negocios. En 2025, el precio medio de una habitación de hotel en España subió un 4,8%, hasta situarse en 166,1 euros por noche, marcando así un nuevo récord histórico. Estos datos proceden del barómetro anual elaborado por Cushman & Wakefield junto con STR, que analiza la evolución de 1.425 establecimientos hoteleros y cerca de 184.000 habitaciones en todo el país.
La fuerte escalada de precios registrada en los últimos tres años ha tenido un impacto directo en la rentabilidad del sector. Esto se refleja en el ingreso por habitación disponible (RevPAR), el indicador clave para medir los resultados de los hoteles, que en 2025 creció un 5,5% y alcanzó los 125,4 euros. Según destacó Elvira Arjona, responsable de STR en España, tanto el aumento de tarifas como el de rentabilidad se sitúan muy por encima de los registrados en Europa y en el sur del continente.
Dentro de esta tendencia alcista, Marbella fue el destino donde más se encarecieron los precios, con una tarifa media de 365 euros por noche, la más alta del país, tras un incremento anual del 11%. Solo Fuerteventura registró una subida mayor, del 13,1%. En contraste, Barcelona experimentó un ligero descenso del 0,8%, lo que dejó su tarifa media en 186,4 euros por noche.
Pese a este ajuste puntual, las tarifas hoteleras se mantienen en niveles récord, impulsadas por una demanda que continúa siendo sólida y por la presión inflacionaria. De cara a 2026, las previsiones apuntan a nuevas subidas, ya que ciudades como Madrid y Barcelona aún presentan precios inferiores a los de otros grandes destinos europeos como Londres o París, según explicó Bruno Hallé, socio y codirector de Cushman & Wakefield Hospitality en España.
A esta evolución contribuirá también la apertura de numerosos hoteles de alta gama, especialmente en Madrid. De acuerdo con CBRE, la capital concentrará el 17% de las nuevas inauguraciones hoteleras, con nueve establecimientos de cinco estrellas previstos para este año, operados por marcas como Ilunion, Mercer, Nobu, Radisson, Hilton o Lopesan, entre otras. Aun así, Barcelona sigue registrando una tarifa media superior a la de Madrid -178,4 euros frente a una cifra algo menor en la capital-, aunque la diferencia entre ambas ciudades se está reduciendo.
En términos de rentabilidad, seis destinos superan la media nacional: Marbella, Baleares, Barcelona, Madrid, Canarias y Málaga. De nuevo, Marbella lidera con claridad el ranking, con un ingreso por habitación disponible de 245,8 euros, muy por encima de Baleares (153,2 euros) y Barcelona (145,3 euros).
La ocupación hotelera alcanzó el 75,5% de las plazas disponibles, lo que supone un aumento del 0,7% respecto al año anterior y consolida una situación de estabilidad en niveles históricamente altos. Según Albert Grau, socio y codirector de Cushman & Wakefield Hospitality en España, el dato más positivo de 2025 es que, con una ocupación sostenida en máximos, el sector ha logrado seguir incrementando precios e ingresos, una tendencia que podría prolongarse en 2026 si se mantiene la fortaleza de la demanda nacional y el interés de los mercados internacionales por España.
Las materias primas profundizan en una corrección de gran magnitud que pone de manifiesto el fuerte componente especulativo detrás de las recientes subidas de unos activos tradicionalmente vistos como refugio. El anuncio de Donald Trump de proponer a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal, en sustitución de Jerome Powell, ha desbaratado las expectativas alcistas del mercado y ha desencadenado una caída sin precedentes. El precio del oro ha llegado esta mañana a los 4.400 dólares por onza, después de haber rozado los 5.600 dólares el jueves anterior, lo que supone un desplome cercano al 20% en poco más de dos sesiones. El viernes, el metal precioso ya había retrocedido un 8,95% en el mercado al contado, según Bloomberg, aunque en los momentos de mayor tensión llegó a perder hasta un 12%. Este lunes, las caídas continúan con descensos en torno al 5%. La plata presenta un ajuste aún más severo: cotiza en 74,26 dólares por onza y acumula una pérdida del 40% desde los máximos recientes, cuando alcanzó los 121 dólares hace apenas unos días.
Según Manuel Pinto, analista de XTB, el retroceso del oro está directamente relacionado con la designación de Warsh. A su juicio, tanto el oro como la plata, e incluso activos como el bitcoin, podrían seguir corrigiendo ante un escenario de fortalecimiento del dólar, aumento de la rentabilidad de los bonos y menor liquidez en los mercados, mientras que el sector bancario empieza a captar mayor interés. Aunque las últimas declaraciones de Warsh apuntan a posibles recortes de tipos, el mercado lo percibe como una figura con amplia experiencia en la Reserva Federal y en Wall Street, lo que reduce la probabilidad de decisiones extremas que debiliten de forma significativa al dólar. En la misma línea, Sergio Ávila, analista de IG, considera que el desencadenante principal es de naturaleza político-monetaria, ya que el perfil más restrictivo de Warsh enfría la expectativa de un entorno prolongado de tipos muy bajos y fuerza a los inversores a recoger beneficios en los activos que habían subido con excesiva rapidez.
La brusquedad del ajuste en los metales preciosos refleja que su escalada no respondía únicamente a la búsqueda de protección frente a la debilidad del dólar, sino también a estrategias de corto plazo orientadas a obtener ganancias rápidas. Muchas posiciones alcistas se han visto obligadas a cerrarse de manera acelerada. Para Robert Gottlieb, exoperador de JPMorgan y ahora analista independiente, el mercado se encontraba claramente sobrecargado. Ávila coincide al señalar que no se trata de un cambio de tendencia estructural, sino de una corrección destinada a eliminar los excesos acumulados.
El hundimiento de los metales preciosos está teniendo repercusiones en el conjunto de los mercados financieros, en una jornada marcada por caídas generalizadas en las Bolsas. Tim Waterer, analista de KCM Trade, explica a Bloomberg que los cierres forzosos de posiciones en oro y plata están provocando ventas en otros activos, generando un efecto en cadena. Este tipo de movimientos es habitual en el mercado de futuros cuando un activo que ha subido con fuerza sufre un giro brusco: las posiciones apalancadas entran en pérdidas y los inversores se ven obligados a aportar más garantías, lo que les lleva a vender otros activos para cubrirlas. De hecho, además de los metales, también retroceden las Bolsas y la deuda soberana de referencia.
Este desplome llega después de una revalorización igualmente excepcional. Impulsado por la intensa demanda de pequeños inversores, el oro había duplicado su precio desde comienzos de 2025 y solo en 2026 acumulaba una subida del 25%. La plata, en un mercado más reducido y volátil, llegó a cuadruplicar su valor desde finales de 2024 y registró un avance del 60% en 2026. Las tensiones geopolíticas avivaron aún más estas compras a comienzos de año, con factores como la intervención estadounidense en Venezuela, el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Europea por Groenlandia y las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal, circunstancias que presionaron al dólar y dispararon los precios de los metales preciosos. A ello se sumó el acuerdo para evitar un cierre parcial del Gobierno estadounidense, que dio algo de oxígeno al dólar y añadió presión bajista al oro.
Pese a la fuerte corrección, Antonio Di Giacomo, analista senior de XS.com, sostiene que el oro sigue manteniendo su función defensiva en un entorno de elevada incertidumbre. Aunque ha retrocedido desde niveles próximos a los 5.000 dólares, considera que conserva un soporte estructural como activo refugio frente a los riesgos políticos y geopolíticos globales, si bien no está exento de episodios de ajuste tras las recientes subidas históricas.
El Ibex 35 ha marcado un hito histórico al alcanzar por primera vez los 18.000 puntos (18.115,2). El índice de referencia de la Bolsa española, que comenzó la jornada en terreno negativo, ha dado la vuelta a la sesión y ha entrado en máximos históricos, con una subida cercana al 0,7%. Tras haber cerrado ya la semana anterior en niveles récord, el mercado español encabeza hoy las ganancias en Europa. Entre los valores más destacados figuran Mapfre, que avanza alrededor de un 1,5%, y Amadeus e IAG, ambas con repuntes próximos al 1,3%. En el lado opuesto, Solaria lidera las caídas con un descenso del 2,2%, mientras que Repsol, lastrada por el fuerte retroceso del crudo, baja un 1,7% e Indra retrocede un 1,3%.
Este comportamiento positivo se produce en un contexto de prudencia generalizada en los mercados. La venta masiva de metales preciosos tras el anuncio de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal ha elevado la tensión financiera en el arranque de una semana cargada de citas clave. A la intensa temporada de resultados empresariales se suman varias reuniones de bancos centrales, incluida la del Banco Central Europeo, y la publicación de indicadores macroeconómicos relevantes, como el informe oficial de empleo de Estados Unidos previsto para el viernes. Después de una sesión claramente negativa en Asia, con descensos cercanos al 2%, y con los futuros de Wall Street anticipando caídas antes de la apertura, las Bolsas europeas muestran un tono más moderado y avanzan en torno al 0,5% tras un inicio de jornada bajista.
La relativa estabilidad de Europa contrasta con los fuertes ajustes registrados en los mercados asiáticos. El Hang Seng de Hong Kong cerró con un retroceso del 2,4%, mientras que el Nikkei japonés perdió un 1,23%, pese a las expectativas de una amplia victoria del Partido Liberal Democrático en las próximas elecciones, lo que podría allanar el camino a nuevas medidas de estímulo.
En el plano macroeconómico, la economía de la eurozona creció un 1,5% en 2025, tras anotar un avance del 0,3% en el cuarto trimestre. Alemania, por su parte, registró un crecimiento del 0,3% en el tramo final del año y cerró el ejercicio con una expansión del 0,2%.
En Estados Unidos, Wall Street despidió un enero especialmente volátil con descensos generalizados. El Dow Jones cedió un 0,36%, el S&P 500 bajó un 0,43% y el Nasdaq retrocedió un 0,94%. Para la sesión actual, los futuros apuntan a nuevas pérdidas, con caídas del 1,2% en el S&P 500 y del 1,6% en el Nasdaq, a la espera de los resultados de grandes compañías tecnológicas como Alphabet, Amazon o AMD. El foco está puesto en los costes y la rentabilidad vinculados a la inteligencia artificial, tras la decepción generada por las cifras de Microsoft.
No obstante, la atención de los inversores sigue centrada en la política monetaria. Buena parte de la inquietud del mercado responde a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de proponer a Kevin Warsh como sustituto de Jerome Powell al frente de la Fed. Este movimiento ha llevado a revisar las expectativas sobre la evolución de los tipos de interés. Desde XTB señalan que el nombramiento ha reforzado la previsión de tipos más elevados durante más tiempo y de un dólar más fuerte, y apuntan que con Warsh se anticipa un giro hacia una política monetaria más basada en convicciones económicas que en datos estrictamente macroeconómicos.
En una línea similar, Renta 4 destaca que la designación de Warsh, considerado de perfil más técnico, ha provocado un aumento de la aversión al riesgo, con ventas en Bolsas, criptomonedas y, de forma especialmente acusada, en los metales preciosos. Aun así, los analistas coinciden en que el futuro presidente de la Fed mantendrá la independencia del banco central, lo que debería resultar favorable para los mercados bursátiles a medio plazo. Según los expertos de Renta 4, el perfil más académico que político de Warsh contribuiría a preservar la autonomía de la Fed, calmando al mercado de bonos y al dólar, mientras que los metales preciosos deberán digerir las fuertes subidas previas que los llevaron a máximos históricos.
Uno de los movimientos más llamativos de la jornada ha sido el desplome del oro y la plata. El oro ha llegado a cotizar en torno a los 4.400 dólares por onza, después de haber rozado los 5.600 dólares la semana pasada, lo que implica una corrección cercana al 20% en apenas dos sesiones y media. La plata amplía aún más las pérdidas y acumula un descenso de alrededor del 40% desde sus máximos recientes. Pese a este ajuste, algunos analistas identifican oportunidades de entrada. Vivek Dhar, estratega de materias primas de CBA, considera que el actual nivel de precios supone una oportunidad de compra tanto para el oro como para la plata y mantiene su previsión de que el oro alcance los 6.000 dólares por onza en el cuarto trimestre de 2026.
En el mercado de divisas, el euro registra un ligero avance frente al dólar y se mueve en torno a los 1,1864 dólares. El petróleo, por su parte, cae cerca de un 5% tras las declaraciones de Trump sobre que Irán estaría negociando "seriamente" con Washington, lo que reduce el riesgo de una escalada militar. El barril de Brent cotiza en el entorno de los 65 dólares.
Con este escenario, los inversores encaran una semana intensa, atentos a la evolución de las materias primas, al mensaje de los bancos centrales y a si los próximos datos macroeconómicos confirman o no un giro hacia un contexto de mayor cautela en los mercados.
La industria española ha arrancado el año profundizando en la senda descendente que ya se manifestó en diciembre y sumando nuevos focos de preocupación, especialmente en lo relativo a los pedidos y al empleo. Los datos del Índice de Gestores de Compras (PMI) correspondientes a enero, difundidos por S&P Global, indican además que la escasez de demanda está llevando a muchas compañías a rebajar sus precios de venta para sostener los ingresos, pese al encarecimiento de los costes, lo que termina erosionando la rentabilidad.
"El sector manufacturero español ha iniciado el año con debilidad", afirma Jonas Feldhusen, economista del Hamburg Commercial Bank y autor del informe, en referencia a un PMI de 49,2 puntos, cuatro décimas por debajo del registro de diciembre y nuevamente por debajo del umbral de 50 que separa la expansión de la contracción. "Las cifras decepcionantes de diciembre ya planteaban la duda de si se trataba de un episodio puntual o del inicio de una fase más prolongada de desaceleración. Los datos de enero apuntan ahora claramente hacia esta segunda opción", añade.
En particular, el empeoramiento de la demanda comienza a generar una preocupación creciente. Los nuevos pedidos, tanto del mercado interno como del exterior, continuaron cayendo a pesar de partir ya de niveles contenidos, una evolución que las empresas atribuyen en gran medida a la incertidumbre internacional que afecta también a otros países de la eurozona. Esta debilidad no solo se refleja en la entrada de nuevos encargos, sino también en la cartera de pedidos pendientes, que se está reduciendo a un ritmo cada vez más rápido.
La falta de tracción del mercado tiene, además, un impacto directo sobre los márgenes de beneficio. "La presión de los costes se ha intensificado debido al encarecimiento de insumos clave como el aluminio o el cobre", señala Feldhusen. Sin embargo, la fuerte competencia y la demanda limitada están restringiendo la capacidad de los fabricantes para repercutir esos mayores costes en los precios finales. "Como consecuencia, la combinación de costes al alza y menor poder de fijación de precios está frenando la contratación", concluye, lo que se ha traducido en el quinto descenso consecutivo del empleo, más acusado que en meses previos.
Pese a este contexto adverso, las empresas del sector mantienen un tono relativamente optimista a medio plazo. Según el informe, muchos fabricantes confían en una recuperación progresiva de la demanda a lo largo de los próximos doce meses, lo que explica que ni el empleo ni la inversión se hayan ajustado con la misma intensidad que los pedidos, y que se mantengan en marcha numerosos proyectos de largo recorrido. No obstante, desde S&P Global advierten de que persisten riesgos relevantes, como el aumento de la competencia procedente de fuera de la Unión Europea o las tensiones geopolíticas con Estados Unidos.
En el conjunto de la eurozona, aunque comienzan a apreciarse señales de estabilización en la industria, todavía no puede hablarse de una recuperación clara, lo que apunta a que la demanda externa sigue siendo débil. El PMI manufacturero de la región se situó en enero en 49,5 puntos, siete décimas por encima del dato de diciembre, pero aún por debajo del nivel que indica crecimiento. Por países, Grecia encabeza la clasificación con 54,2 puntos, seguida de Francia (51,2) y Países Bajos (50,1), mientras que Austria presenta el peor comportamiento, junto con Italia (48,1) y Alemania (49,2).
"Se aprecian algunos avances en la industria manufacturera, pero a un ritmo muy lento", resume Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank y responsable del informe para Europa. En su análisis destaca mejoras puntuales en determinados países: "En Francia la expansión gana tracción, y en Alemania la fuerte contracción de diciembre ha dado paso a un retroceso mucho más moderado".
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