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(Cinco Días, 30-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El capital privado se abre a trabajar con el fondo soberano de España: “Es una magnífica idea para el país”

La captación de nuevos fondos se ha convertido en uno de los principales retos para el capital privado a escala global, hasta el punto de que 2025 se perfila como el peor año desde el inicio de la pandemia en 2020. Sin embargo, España ha seguido una trayectoria distinta. En el mercado nacional, la recaudación alcanzó cerca de 4.200 millones de euros, el mejor dato de la serie histórica, pese a registrar un descenso del 8% respecto a 2024. Al mismo tiempo, la inversión se mantuvo prácticamente estable, en torno a los 6.400 millones de euros, según las cifras presentadas este jueves por SpainCap. En este contexto, el director general de la asociación, José Zudaire, ha mostrado su disposición a colaborar con el fondo soberano anunciado por el Gobierno. El capital privado continúa ganando peso en la economía española. Durante el último ejercicio se contabilizaron 828 operaciones y una capacidad inversora próxima a los 8.000 millones de euros, según se expuso en la rueda de prensa de SpainCap. La presidenta de la entidad, Elena Rico, destacó que el sector se ha consolidado en España con un volumen estable, a diferencia de otros mercados más maduros que han sufrido un mayor deterioro. A su juicio, el ecosistema español ha demostrado una notable resistencia. En 2025, la inversión total del capital privado en España ascendió a 6.403 millones de euros, lo que supone un ligero incremento del 1,8% respecto al año anterior. De esa cifra, 4.672 millones correspondieron a operaciones de private equity -dirigidas a empresas ya consolidadas, independientemente de su tamaño-, mientras que 1.731 millones se destinaron a venture capital, enfocado en compañías en fases iniciales de desarrollo. Por su parte, las desinversiones alcanzaron los 3.740 millones de euros, un 2% más que el año anterior. La principal vía de salida fue la venta a inversores industriales, que concentró el 56,4% de las operaciones, seguida por la venta a otros fondos de capital privado, con un 20%. Aunque a nivel internacional se observa una mayor dificultad para cerrar operaciones de salida, desde SpainCap subrayan que en el mercado español la situación ha sido más favorable. En relación con el fondo soberano anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el director general de la asociación lo calificó como "una excelente iniciativa para el país" y expresó la disposición del sector a colaborar. Este vehículo contará inicialmente con 10.500 millones de euros, con la previsión de alcanzar los 120.000 millones una vez incorpore capital privado. Desde SpainCap reiteraron su apoyo a este tipo de proyectos basados en la colaboración público-privada. "Respaldamos todas las iniciativas que apuestan por este modelo, porque es la mejor forma de construir un sector sólido y sostenible", señaló Zudaire, aunque también advirtió de que será necesario analizar en detalle cómo se articula el fondo y de qué manera se canalizarán los recursos.

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(Expansión, 30-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las ventas de los comercios aumentan un 4,1% en 2025, su mayor alza en diez años

El comercio minorista cerró 2025 con un incremento medio de las ventas del 4,1%, el mayor registrado desde 2015, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este resultado, el sector encadena cinco años consecutivos de crecimiento tras el fuerte desplome sufrido en 2020 a causa de la pandemia. Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la facturación aumentó un 4,3% en el conjunto del año. En diciembre, las ventas del comercio al por menor avanzaron un 4,7% en términos interanuales, ocho décimas más que en noviembre, lo que permitió sumar 18 meses seguidos de incrementos. No obstante, en la serie corregida, el crecimiento se moderó al 2,9%, la tasa más baja desde enero de 2025. En comparación mensual, y una vez descontados los efectos estacionales, las ventas retrocedieron un 0,8%, el mayor descenso desde enero del mismo año. El empleo también evolucionó al alza. La ocupación en el sector aumentó un 1,4% de media en 2025, encadenando cinco años consecutivos de crecimiento, aunque con una intensidad menor que en 2024 y 2023. De hecho, este avance es el más moderado desde 2021, cuando el empleo creció un 0,7%. Por territorios, todas las comunidades autónomas registraron incrementos en las ventas respecto a 2024. Murcia lideró el crecimiento con un 5,4%, seguida del País Vasco (5,3%) y Castilla-La Mancha (5,2%). En las ciudades autónomas, Ceuta destacó con un aumento del 6,9% y Melilla con un 5,5%. En cuanto al empleo, la ocupación creció en todas las regiones salvo en el País Vasco, donde se mantuvo estable. Los mayores aumentos se produjeron en Navarra (+2,3%), Baleares y Cataluña (+2,2% en ambos casos), Castilla-La Mancha (+1,7%) y Canarias (+1,6%). En Ceuta, el empleo avanzó un 2%, mientras que en Melilla lo hizo un 1,3%. Por tipo de establecimiento, las grandes cadenas fueron las que más incrementaron sus ventas en 2025, con un alza del 6,6%, seguidas del comercio electrónico (+4,7%), los comercios unilocalizados (+3%), las pequeñas cadenas (+2%) y las grandes superficies (+1,2%). Atendiendo al tipo de producto, las ventas de artículos alimentarios crecieron un 3,8% en el conjunto del año, mientras que las de productos no alimentarios avanzaron un 4,7%. Dentro de este grupo, destacaron los aumentos en equipamiento del hogar (+5,7%), equipamiento personal (+5,5%) y productos de salud (+3,9%). Si se excluyen las estaciones de servicio, el comercio minorista elevó sus ventas un 4% en 2025. Por su parte, las estaciones de servicio registraron un incremento del 4,6%. En lo relativo al empleo por formatos comerciales, todas las modalidades registraron aumentos. Las grandes cadenas lideraron la creación de puestos de trabajo (+3,2%), seguidas de las grandes superficies (+1,3%), los comercios unilocalizados (+0,6%) y las pequeñas cadenas (+0,3%). En las estaciones de servicio, la ocupación creció un 0,8% de media durante el año.

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(El Confidencial, 30-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo ya obliga a la banca a pagar triple costas cuando da la razón al consumidor

Los bancos tendrán que asumir un coste mucho mayor cuando decidan agotar todas las vías judiciales y finalmente pierdan el litigio frente a sus clientes. El Tribunal Supremo ya ha comenzado a aplicar su nueva doctrina sobre costas procesales en un caso que afecta a Abanca, al condenar a Novo Banco en un procedimiento iniciado por un antiguo cliente de Banco Espírito Santo por la cláusula suelo de su hipoteca. Además, la sentencia introduce un cambio relevante en la jurisprudencia existente. El alto tribunal está poniendo en práctica el criterio que fijó en diciembre, según el cual las entidades financieras deben hacerse cargo de las costas judiciales tanto de la primera como de la segunda instancia. Además, cuando el recurso de apelación presentado por el banco solo prospera parcialmente, la entidad debe pagar la mitad de los gastos de defensa del consumidor, ya que este se ha visto obligado a impugnar la validez de cláusulas abusivas y finalmente la resolución le da la razón, aunque sea de forma parcial. Este criterio se refleja en la sentencia número 1892/2025, a la que ha tenido acceso este medio. En ella, los magistrados Ignacio Sancho, Rafael Sarazá y Pedro José Vela estiman el recurso de un antiguo cliente de Banco Espírito Santo frente a Novo Banco por la cláusula suelo de su préstamo hipotecario. Cabe recordar que la filial española de Novo Banco fue adquirida por Abanca en 2021. El fallo llega tras analizar un recurso de casación presentado por el consumidor, representado por el despacho Legalsha. El Supremo decide estimar parcialmente los recursos tanto del cliente como de Novo Banco España y deja sin efecto la sentencia dictada el 14 de marzo de 2019 por el Juzgado de Primera Instancia número 14 bis de Vigo. Como consecuencia, ordena devolver al afectado las cantidades abonadas de más desde el 3 de agosto de 2014 por la aplicación de la cláusula suelo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) había establecido que, conforme a las condiciones del rescate de Banco Espírito Santo en 2014 por el Banco de Portugal, Novo Banco no debía asumir reclamaciones derivadas de cláusulas abusivas anteriores a esa fecha. Esta interpretación había llevado a los tribunales españoles a desestimar muchas demandas de clientes, incluso en casos en los que la jurisprudencia general era favorable al consumidor, como ocurre con las cláusulas suelo. La nueva sentencia del Supremo resulta especialmente relevante por dos motivos. Por un lado, consolida la aplicación de la doctrina de las "triples costas" contra la entidad financiera. Por otro, modifica el criterio anterior respecto a Novo Banco, al considerar que sí debe devolver las cantidades cobradas indebidamente a partir de 2014 cuando se aplicó una cláusula suelo que impedía beneficiarse de la bajada del euríbor, que llegó a situarse en negativo durante varios años. "Hasta ahora, los clientes no recuperaban nada y Novo Banco quedaba exento de pagar. Este cambio supone un giro importante y abre la puerta a nuevas reclamaciones", explica José Feijóo, abogado procesalista de Legalsha, firma que ha llevado el caso y logrado la resolución favorable para el consumidor.

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(El Periódico, 30-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación vive su mayor caída en 10 meses y se modera al 2,4% en enero

La inflación ha comenzado el año dando un nuevo paso hacia la normalización. En enero, el índice de precios se situó en el 2,4%, según el avance publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa interanual se redujo en cinco décimas respecto a diciembre, el mayor descenso registrado desde marzo del año pasado. Esta moderación permite además estrechar de forma notable la diferencia con el resto de países europeos, que hasta ahora rondaba el punto porcentual, un factor clave para la competitividad de las empresas españolas. El principal motor de esta desaceleración ha sido la evolución de los precios energéticos. Aunque habrá que esperar a los datos detallados del INE, el Instituto Complutense de Análisis Económicos (ICAE) apunta a descensos tanto en la electricidad como en los carburantes, en contraste con las fuertes subidas registradas hace un año. Desde el Ministerio de Economía destacan que "la inflación continúa moderándose en línea con el objetivo del Banco Central Europeo de mantenerla cerca del 2%", lo que permite a los hogares recuperar parte de su poder adquisitivo. No ocurre lo mismo con la inflación subyacente -que excluye energía y alimentos no elaborados-, que se mantuvo sin cambios en enero en el 2,6%, encadenando así tres meses consecutivos en ese nivel. Tras cerrar 2025 con una inflación media del 2,7%, la más elevada entre las grandes economías de la eurozona, España intenta ahora combinar un fuerte crecimiento económico con una evolución más contenida de los precios. Hasta ahora, el encarecimiento de los servicios y el mal comportamiento de los alimentos y bebidas no alcohólicas habían retrasado ese proceso de normalización, aunque el dato de enero apunta a una mejora. De cara a los próximos meses, uno de los factores que podría contribuir a seguir reduciendo la inflación es la debilidad del dólar frente al euro. La depreciación de la moneda estadounidense, que se encuentra en mínimos de cuatro años, abarata las importaciones de energía, especialmente gas y petróleo, lo que podría trasladarse a menores costes para los consumidores si la tendencia se mantiene. La energía continúa siendo un elemento clave. Aunque el gas natural ha subido cerca de un 50% en el último mes y medio en el mercado europeo TTF, su precio -en torno a los 40 euros por megavatio hora- sigue por debajo del registrado hace un año, cuando superaba los 50 euros. Algo similar ocurre con el petróleo: aunque es casi un 14% más caro que a comienzos de año, su cotización es un 10% inferior a la de hace doce meses, lo que contribuye a moderar la inflación interanual. Este dato llega en un contexto de estabilidad en los tipos de interés, que se mantienen en el 2%. El Banco Central Europeo no ha realizado cambios en las últimas cuatro reuniones y no se esperan movimientos a corto plazo. La política monetaria, por tanto, no actuará de momento como palanca adicional para contener los precios en España, ya que la inflación media de la eurozona se sitúa en el 1,9%, cerca del objetivo del 2% que marca el BCE, cuyas decisiones se basan en el conjunto del área y no en situaciones nacionales concretas.

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(Expansión, 29-01-2026) | Fiscal

Hacienda ofrece a CEOE compensar fiscalmente hasta el 100% del alza del SMI a las empresas que aumenten empleo

Hacienda permitirá a las empresas compensar fiscalmente hasta el 100% del incremento del salario mínimo interprofesional siempre que aumenten su plantilla. Esta es la pieza central de la propuesta adelantada por EXPANSIÓN con la que el Gobierno pretende atraer a la patronal a un acuerdo sobre la subida del SMI para este año. Según fuentes conocedoras del planteamiento, el Ejecutivo trasladó este miércoles la iniciativa a sindicatos y organizaciones empresariales, con la intención de alcanzar en la reunión prevista para mañana el primer acuerdo tripartito sobre el salario mínimo desde 2020. La propuesta contempla que las empresas puedan aplicar una reducción en la base imponible del impuesto correspondiente al ejercicio fiscal, siempre que la plantilla media al cierre del año -con salarios por encima del SMI- sea superior a la registrada al inicio del mismo periodo. En el caso de las empresas con menos de 100 trabajadores, el incentivo fiscal exigirá la contratación de al menos un empleado a jornada completa durante un año. Para aquellas con 100 o más trabajadores, será necesario incrementar la plantilla en al menos un 1%, con un mínimo de dos nuevos empleados a tiempo completo. El porcentaje de deducción dependerá del aumento del empleo. Si la plantilla crece un 5%, la empresa podrá deducirse el 25% del coste bruto derivado de la subida del SMI. Si el incremento alcanza el 10%, la compensación será del 50%. En caso de que el aumento llegue al 15%, la deducción ascenderá al 75%, y alcanzará el 100% cuando se supere ese umbral. Para acceder a esta rebaja fiscal, las empresas deberán acreditar que los gastos de personal representan al menos el 70% del total de los gastos de explotación reflejados en la cuenta de resultados. Además, la aplicación de la deducción no podrá dar lugar a una base imponible negativa. El beneficio fiscal estará condicionado a que la empresa mantenga o incremente su plantilla media al cierre del ejercicio y a que conserve el empleo generado durante un mínimo de dos años posteriores. A diferencia de lo que se planteó inicialmente, la medida no se limitará a sectores concretos, sino que podrá acogerse a ella cualquier empresa que cumpla los requisitos establecidos. Aunque la iniciativa está pensada principalmente para el Impuesto sobre Sociedades, fuentes próximas al proceso indican que también se extenderá a los autónomos que tributan por el sistema de estimación directa, alrededor de 300.000 empleadores. Quedarán fuera, en cambio, quienes tributan por módulos, unos 200.000 autónomos. La propuesta fue remitida este miércoles a CEOE, Cepyme, CCOO y UGT con el objetivo de facilitar un acuerdo que respalde la subida del salario mínimo. El Gobierno prevé aprobar el incremento incluso si no logra el respaldo empresarial, aunque advierte de que la compensación fiscal solo se aplicará si las organizaciones patronales avalan el acuerdo. La medida se debatirá en la reunión tripartita prevista para mañana. En cualquier caso, el Ejecutivo aprobará un aumento del SMI del 3,1%, hasta los 17.094 euros brutos anuales, equivalentes a 1.221 euros al mes en 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

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(Expansión, 29-01-2026) | Fiscal

El castigo fiscal a la plusvalía municipal vigente desde el 1 de enero ha decaído tras la derogación del decreto ómnibus

Giro inesperado en la fiscalidad inmobiliaria. El rechazo del Parlamento al decreto ómnibus impulsado por el Gobierno ha desencadenado una cadena de efectos que afecta de lleno a la plusvalía municipal. Al quedar sin efecto la norma, también se anulan los nuevos coeficientes previstos para 2026, lo que implica un retorno automático a las reglas vigentes antes del 1 de enero. Para miles de propietarios esto supone un alivio fiscal imprevisto, mientras que para otros se esfuma la posibilidad de vender con una carga tributaria más ventajosa. La derogación frena el intento del Ministerio de Hacienda de adaptar el impuesto a la "realidad del mercado", una reforma que desde comienzos de año penalizaba especialmente las operaciones de compraventa de inmuebles adquiridos en los últimos 15 años. Aunque el endurecimiento fiscal solo ha estado en vigor durante dos meses, su eliminación devuelve el escenario a los coeficientes de 2025, alterando de nuevo la planificación de muchos vendedores. La marcha atrás resulta especialmente beneficiosa para quienes compraron vivienda entre 2014 y 2018. Estos propietarios evitan, por ahora, el fuerte incremento fiscal previsto. El ejemplo más claro se da en los inmuebles con nueve años de antigüedad: mantener el coeficiente actual del 0,15 en lugar del 0,21 inicialmente previsto supone un ahorro del 40% en la base imponible. También se evitan subidas del 33% para ventas con diez años de tenencia y del 21% en el caso de ocho años. No obstante, los expertos advierten de que esta situación podría ser transitoria, ya que el Gobierno previsiblemente intentará sacar adelante la reforma por otras vías. El reverso de la moneda afecta a los propietarios de viviendas con mayor antigüedad. La derogación elimina los incentivos diseñados para premiar la tenencia prolongada. Quienes planeaban vender inmuebles con más de 20 años pierden la rebaja del 12,5% que contemplaba el nuevo decreto y vuelven al coeficiente máximo del 0,40. Para este colectivo, vender ahora resulta menos atractivo fiscalmente que bajo el marco que estuvo vigente desde enero. Ante este retorno al punto de partida, la estrategia de venta cambia por completo. Según explica Ricardo García-Borregón, socio de Ashurst, la incertidumbre ya no reside en si la norma saldrá adelante, sino en cuándo volverá a intentarlo el Ejecutivo. Para los propietarios que se libran de la subida -aquellos con periodos de generación entre 8 y 15 años-, el momento de actuar es ahora. "Al no haberse convalidado el real decreto, vuelven a aplicarse los coeficientes anteriores, lo que reduce notablemente el coste fiscal de la transmisión frente a lo que pretendía el Gobierno", señala el experto. Su recomendación es clara: aprovechar el marco actual y cerrar la operación antes de que se apruebe una nueva regulación. En cambio, quienes poseen inmuebles muy antiguos pueden permitirse esperar. Al desaparecer la rebaja prevista, la urgencia se diluye. "En estos casos, donde se iba a aplicar una reducción de coeficientes, puede ser aconsejable aguardar a que el Gobierno intente reintroducir la medida en una futura ley", apunta García-Borregón. Cabe recordar que el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ha sufrido una profunda transformación en los últimos años. El punto de inflexión se produjo a finales de 2021, cuando el Tribunal Constitucional anuló el sistema de cálculo anterior al considerar que presumía incrementos de valor inexistentes. Aquella sentencia obligó al Ejecutivo a reformar el impuesto de urgencia para evitar un vacío legal en la financiación municipal, dando lugar al modelo actual, ahora nuevamente en revisión.

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(Expansión, 29-01-2026) | Laboral

Caos en las empresas por las nóminas tras el bloqueo de la subida de cotizaciones de 2026

La anulación del decreto ómnibus que contemplaba la revalorización de las pensiones, el llamado escudo social y un amplio conjunto de medidas fiscales ha generado un clima de incertidumbre entre las empresas. Se trata de una situación ya vivida el año pasado, pero que vuelve a repetirse justo cuando comienza la elaboración de las nóminas de febrero. El problema principal radica en que, con la derogación del texto, también han quedado sin efecto las subidas de cotizaciones previstas para 2026, lo que ha sembrado dudas sobre qué parámetros deben aplicarse en las nóminas del próximo mes, algunas de las cuales se confeccionan a comienzos de febrero. Además del incremento del 2,7% de las pensiones contributivas, el decreto incluía tres aumentos en las cotizaciones: la elevación del mecanismo de equidad intergeneracional hasta el 0,9%, el incremento de la base máxima de cotización en un 3,9% -hasta los 5.101,2 euros mensuales (61.214 euros anuales)- y la subida de la denominada cuota de solidaridad, que pasaría a situarse entre el 1,15% y el 1,45% para los salarios que superan la base máxima. Expertos, juristas, empresarios y sindicatos consultados por EXPANSIÓN coinciden en señalar el escenario de inseguridad jurídica generado. Asimismo, instan al Gobierno a aprobar de forma urgente un nuevo decreto que incluya exclusivamente las medidas de Seguridad Social, con el fin de superar el trámite parlamentario y aclarar cuanto antes la situación, especialmente para los departamentos de recursos humanos y las gestorías. Así lo subraya el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, quien considera fundamental que el problema se resuelva antes del 15 de febrero, fecha en la que se comienzan a tramitar la mayoría de las nóminas. "Ya ocurrió el año pasado y se ha vuelto a crear un desorden. Las dificultades para aplicar las cotizaciones no las provoca la derogación del decreto por parte de la oposición, sino la actuación del Gobierno", afirma Amor. En la misma línea se expresa Alfredo Aspra, abogado laboralista y socio de Labormatters Abogados, quien señala que la no convalidación del real decreto "es un nuevo ejemplo de la debilidad del sistema normativo", y lamenta que, tratándose de cuestiones tan relevantes, se repita una situación similar por segundo año consecutivo. "La inseguridad jurídica que genera esta forma de legislar es máxima", advierte. Por su parte, Eva Hernández, socia responsable del área laboral en Escalona & De Fuentes Abogados, destaca que las empresas quedan atrapadas en un escenario de incertidumbre que puede obligar a realizar ajustes posteriores, a la espera de que se aprueben definitivamente las medidas. Si la situación no se resuelve a tiempo, podría darse el caso de que, mientras las nóminas de enero se abonaron conforme a los nuevos criterios, las de febrero tuvieran que elaborarse con los parámetros de 2025: un mecanismo de equidad del 0,8%, una base máxima de cotización de 4.909,50 euros mensuales y una cuota de solidaridad de entre el 0,92% y el 1,17%. Otra posibilidad es que las nuevas cotizaciones de 2026 se aprueben justo en el momento de confeccionar las nóminas, lo que obligaría a muchas gestorías y departamentos de recursos humanos a rehacer el trabajo. "Las empresas necesitan certidumbre, no improvisaciones. En materia de cotizaciones, cada día de retraso tiene un coste", advierte Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos. Recuerda además que esta situación ya se produjo el año pasado. "Los gestores estamos preparados y volveremos a sacarlo adelante, pero supone un problema innecesario. Cambiar las reglas o dejarlas en el aire cuando las nóminas ya están en marcha genera confusión, inseguridad y costes que no deberían asumir ni empresas ni trabajadores", señala. En la misma línea, Carlos Pardo, director general de SD Worx en España, apunta que "la derogación del decreto vuelve a generar inseguridad jurídica en un momento clave para la gestión de nóminas". A finales de enero, muchas empresas ya están cerrando las nóminas de febrero, y este cambio les obliga a revisar cálculos y volver a aplicar los criterios de 2025. Desde el punto de vista de la gestión laboral, añade, estos cambios normativos de última hora incrementan el riesgo de errores, obligan a posteriores regularizaciones y aumentan la carga administrativa. "La estabilidad y la previsibilidad normativa son esenciales para garantizar una gestión eficiente y segura tanto para las empresas como para los trabajadores", concluye.

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(El País, 29-01-2026) | Laboral

El Gobierno pone en marcha la jornada de 35 horas para los empleados públicos del Estado

El Ministerio de Función Pública ha informado este miércoles a los sindicatos firmantes del Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI -CC OO y UGT- de que ha iniciado el proceso para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE). Con esta medida se pretende dar cumplimiento a lo pactado en dicho acuerdo, cuya vigencia finalizó el pasado 31 de diciembre, según han señalado fuentes del departamento que encabeza Óscar López. Algunas fuentes apuntan a que la aplicación de la nueva jornada podría concretarse durante el primer trimestre del año, aunque advierten de que la complejidad del proceso podría retrasar los plazos. Para avanzar en esta dirección, la Secretaría de Estado de Función Pública tiene previsto elaborar nuevas instrucciones sobre horarios y jornada laboral del personal de la Administración General del Estado y de sus organismos dependientes, en las que se recogerá la reducción del tiempo de trabajo a 35 horas semanales. De acuerdo con el último Boletín Estadístico de personal de las Administraciones Públicas, esta medida afectaría a cerca de 250.000 empleados públicos. Asimismo, Función Pública convocará los próximos 10 y 11 de febrero a la Comisión Superior de Personal y a la Comisión Permanente, con el objetivo de informar a los subsecretarios y responsables de personal de los distintos ministerios sobre el cambio previsto. Posteriormente, la propuesta será elevada a la Mesa General de la Administración del Estado, donde deberá negociarse con las organizaciones sindicales, según han indicado fuentes gubernamentales. Desde UGT consideran posible que la nueva jornada esté en vigor en marzo, e incluso a finales de febrero, aunque recuerdan que antes debe celebrarse la correspondiente negociación en la Comisión Técnica Permanente de la AGE y en la Mesa General, tal y como se acordó el pasado mes de diciembre. La semana pasada, representantes del Gobierno mantuvieron una reunión con los responsables sindicales de función pública de CC OO y UGT para abordar los asuntos pendientes del Acuerdo Marco. Tras el encuentro, los sindicatos denunciaron que el Ejecutivo había planteado la posibilidad de supeditar la implantación de la jornada de 35 horas a la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, cuya viabilidad es actualmente incierta. A su juicio, esta opción supondría un incumplimiento de lo pactado.

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(El País, 29-01-2026) | Laboral

Las comunidades abonan el alza salarial pendiente de 2025 a los funcionarios

La gran mayoría de las comunidades autónomas ya han abonado en las nóminas de enero los atrasos correspondientes a la subida salarial del 2,5% aprobada para 2025, que no se pagó en su momento al haberse acordado en diciembre con efectos retroactivos. Además, salvo en el caso de Cataluña, las autonomías también han aplicado ya el incremento retributivo del 1,5% previsto para 2026, según ha confirmado a EL PAÍS la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). De este modo, más de tres millones de empleados públicos han recibido ya las cantidades pendientes del pasado ejercicio. La combinación de ambos conceptos -los atrasos de 2025 y la subida correspondiente a 2026- ha supuesto que los trabajadores públicos inicien el año con un aumento acumulado del 4% en sus nóminas. Según cálculos de CSIF, este incremento se traduce en una mejora salarial que oscila entre 60 y 100 euros netos al mes en 14 pagas, en función de cada caso. Durante todo el año pasado, los empleados públicos no percibieron ningún aumento salarial, ya que el anterior acuerdo retributivo expiró el 31 de diciembre de 2024 y el nuevo pacto no se cerró hasta finales de 2025. Este acuerdo, denominado Acuerdo para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, fue firmado por CC OO, UGT y CSIF junto al Ministerio de Función Pública. En él se estableció una subida del 2,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, así como un incremento fijo del 1,5% para 2026 y otro variable del 0,5% condicionado a que la inflación de este año alcance o supere el 1,5%. De cumplirse esta última condición, se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos sobre todo 2026. Para los ejercicios siguientes, el acuerdo contempla una subida del 4,5% en 2027 y otro 2% en 2028. Tras cerrarse el acuerdo en noviembre, el Gobierno aprobó un real decreto ley con medidas urgentes en materia retributiva, que se publicó en el BOE el 3 de diciembre. En él se establecía que el sector público estatal debía abonar los atrasos correspondientes a 2025 en la nómina de diciembre, algo que comenzó a cumplirse a partir del día 18 de ese mes. Sin embargo, el decreto permitía a las comunidades autónomas y a las entidades locales distribuir estos pagos entre 2026, 2027 y 2028, o bien adelantarlos a diciembre de 2025. Aun así, la mayoría de las autonomías optaron por no demorar el abono. De hecho, ocho de ellas -Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y Murcia- pagaron los atrasos ya en las nóminas de diciembre. El resto de comunidades completaron el pago en enero: Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid y Cataluña. Asimismo, todas han aplicado el incremento salarial fijo del 1,5% correspondiente a 2026, excepto Cataluña, donde este aumento se abonará a partir de febrero con carácter retroactivo. En el ámbito local, la situación es más desigual debido al elevado número de ayuntamientos. Según CSIF, la mayoría de los consistorios de capitales de provincia y diputaciones ya han abonado los atrasos. No obstante, existen excepciones: en Cataluña se pagarán en febrero; en algunas entidades de Castilla y León se prevé hacerlo entre febrero y marzo; y en otros casos, como algunos ayuntamientos de Cantabria, el pago se extenderá a lo largo del primer semestre del año. Incluso se ha detectado algún caso extremo, como el del Ayuntamiento de Chiva (Valencia), que no prevé abonar estas cantidades hasta 2028.

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(El País, 29-01-2026) | Laboral

España alcanza un nuevo récord de empleo extranjero con 3,58 millones de trabajadores, el 16% del total

En España trabajan actualmente 22,46 millones de personas, la cifra más alta registrada hasta ahora. Dentro de ese total, el número de trabajadores extranjeros también ha alcanzado un máximo histórico. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, publicada este martes, hay 3,58 millones de ocupados de nacionalidad extranjera, lo que supone 258.000 más que un año antes. Este incremento representa un crecimiento del 7,8% interanual, muy superior al aumento del empleo entre los trabajadores españoles, que fue del 2% (342.000 personas más). Esta evolución ha ido elevando progresivamente el peso de los extranjeros en el mercado laboral español. Si hace dos décadas representaban el 10,4% del total, ahora suponen el 15,9%. Si se incluyen también quienes poseen doble nacionalidad, el porcentaje asciende al 21,4%, lo que significa que más de uno de cada cinco ocupados cuenta con al menos un pasaporte distinto al español. La publicación de estos datos coincidió con el anuncio del Consejo de Ministros del inicio del proceso para regularizar a miles de inmigrantes en situación irregular. Según Funcas, alrededor de 800.000 extranjeros viven sin documentación en España, mientras que las organizaciones que apoyan la medida calculan que beneficiará a cerca de medio millón de personas. Desde el Ministerio de Migraciones señalan que no disponen aún de una estimación concreta sobre cuántos trabajadores se verán afectados ni cuántos de ellos están ya empleados. Esa cifra de medio millón coincide aproximadamente con la diferencia entre el número de ocupados extranjeros que refleja la EPA y los afiliados a la Seguridad Social, que en diciembre eran 3,08 millones. La EPA incluye tanto el empleo formal como el informal, mientras que la Seguridad Social solo contabiliza a quienes cotizan legalmente. Por ello, muchos trabajadores en situación irregular aparecen en la encuesta del INE pero no en los registros administrativos. Según explica Luis Zarapuz, coordinador del Gabinete Económico Confederal de CC OO, la regularización apenas alterará los datos de la EPA. Los expertos recuerdan que estas estadísticas no son completamente comparables. La afiliación mide puestos de trabajo, no personas, por lo que alguien con dos empleos figura dos veces, mientras que en la EPA cuenta como un solo ocupado. Aun así, Zarapuz señala que la regularización podría provocar un aumento puntual de afiliaciones en los próximos meses. El volumen de trabajadores extranjeros registrado en el último trimestre de 2025 -3,58 millones- es el más elevado desde que existen datos, en 2002, cuando había 1,16 millones. Durante el auge inmobiliario la cifra creció hasta los 2,86 millones en 2008, para después caer con la crisis económica hasta 1,77 millones en 2014. A partir de entonces, el empleo extranjero volvió a crecer de forma sostenida: superó los dos millones en 2016, rozó los 2,5 millones antes de la pandemia y, tras un breve retroceso, retomó una senda ascendente muy marcada. Solo en 2025 se sumaron 258.000 trabajadores extranjeros, que representaron el 43% del empleo creado ese año. Paralelamente, también ha aumentado con fuerza el número de trabajadores con doble nacionalidad, en su mayoría latinoamericanos. En 2019 eran 713.000 y actualmente superan los 1,22 millones, aunque su crecimiento se ha moderado en el último año tras haber sido clave en ejercicios anteriores. La EPA muestra además diferencias claras en el perfil laboral. Entre los trabajadores extranjeros hay más hombres (1,97 millones) que mujeres (1,6 millones), y su edad media es menor: el 30% tiene 34 años o menos, frente al 24% de los españoles. En cuanto al nivel educativo, el 52% de los ocupados nacionales posee estudios superiores, porcentaje que desciende al 28% entre los extranjeros. Por procedencia, 1,48 millones de los trabajadores extranjeros vienen de América Latina, 987.000 de países de la Unión Europea, 257.000 del resto de Europa y 851.000 de otras regiones del mundo. Los datos de la Seguridad Social, que detallan la nacionalidad, sitúan a Marruecos como el principal país de origen, con 373.436 afiliados, seguido de Rumanía (336.530), Colombia (250.248) y Venezuela (215.735). Precisamente los venezolanos fueron el colectivo que más creció en 2025, con más de 40.000 nuevos afiliados.

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