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(Expansión, 17-07-2025) | Laboral

CEOE advierte de un frenazo en los convenios colectivos por la reducción de jornada

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha lanzado una advertencia sobre los efectos negativos que la inestabilidad institucional, agravada por los recientes casos de corrupción, puede tener en las inversiones. Además, ha manifestado su preocupación por la propuesta de reducción de la jornada laboral, que considera una fuente de inseguridad jurídica y un fuerte golpe para las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, con un coste estimado de unos 23.000 millones de euros. Durante la Asamblea General de la CEOE celebrada este miércoles, Garamendi criticó el tono triunfalista del Gobierno en materia económica y recordó que los buenos datos no se deben exclusivamente a la acción del Ejecutivo, sino también al esfuerzo de las empresas. En su intervención, el líder empresarial desgranó las principales inquietudes del tejido productivo, destacando especialmente la propuesta de reducir la jornada a 37,5 horas semanales, impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Según Garamendi, esta medida genera incertidumbre entre las compañías, lo que se refleja en el descenso del número de convenios colectivos firmados, un 7% menos que hace un año, y en la caída del número de trabajadores amparados por dichos convenios, que se ha reducido un 9%. La posibilidad de que se deban renegociar acuerdos ya firmados si se aprueba la reducción de la jornada está detrás de este parón en la negociación colectiva. El presidente de la patronal también alertó de que esta inseguridad puede alejar a los inversores extranjeros, al considerar que se trata de una medida con fines partidistas. Asimismo, recordó que este año expira el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), y advirtió de que será difícil llegar a un nuevo pacto con los sindicatos en un contexto de tanta incertidumbre, especialmente en lo relativo a los salarios. Garamendi subrayó que las pequeñas empresas y los autónomos serán los más afectados por este posible cambio, ya que no disponen de los recursos de las grandes compañías para asumir el impacto económico que conllevaría una reducción de jornada. A todo ello se suma, según el presidente de la CEOE, el deterioro de la imagen de España en el exterior por los escándalos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno y al propio PSOE. En este sentido, volvió a defender la reputación del empresariado y señaló que "los corruptores son quienes detentan el poder", rechazando así que se culpe al sector empresarial por estas tramas. Otro de los temas abordados por Garamendi fue el absentismo laboral, al que definió como uno de los principales frenos para la mejora de la productividad en España. Indicó que diariamente se ausentan del trabajo alrededor de 1,5 millones de personas y que el coste total estimado para este año supera los 32.000 millones de euros, de los cuales 16.000 recaerán sobre las empresas. Criticó que el Gobierno dé prioridad a la reducción de jornada en lugar de abordar el problema del absentismo, que también afecta a la salud de los trabajadores. Entre las soluciones propuestas, sugirió reforzar las plantillas médicas y potenciar el papel de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. También afirmó que una parte del absentismo es "fraude" y pidió que se hable de ello con transparencia: "Hay que sentarse a dialogar. No se puede ignorar esta realidad", subrayó. Por último, Garamendi cuestionó que el Ejecutivo impulse la reducción de jornada sin haber presentado aún un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado, y reclamó que se aprueben unas nuevas cuentas públicas, ya que considera "increíble" que sigan en vigor las de 2022.

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(El Economista, 17-07-2025) | Laboral

Díaz aprieta a las comunidades para recortar la tasa de paro del 11,3% al 8,7% antes de que acabe la Legislatura

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha adoptado una postura firme respecto a la gestión de las políticas activas de empleo, competencia que recae en las comunidades autónomas. Su meta es ambiciosa: reducir la tasa de paro del 11,34 % registrada en 2024 al 8,7 % en 2027 -fecha prevista para el fin de la legislatura, salvo adelanto electoral- y al 8,5 % en 2028. Para lograrlo, busca mejorar significativamente el rendimiento de los servicios públicos de empleo, aspirando a alcanzar estándares similares a los de los cinco países europeos con mejores resultados en esta materia: Francia, Estonia, Austria, Países Bajos y Alemania. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Díaz recalcó que la nueva Estrategia de políticas activas hará especial énfasis en la evaluación del desempeño de las administraciones autonómicas. De hecho, parte de los fondos anuales -un 20 %- se distribuirán en función de la eficacia demostrada, mediante un mecanismo que denomina "reserva de eficacia". Para ello, se pondrá en marcha un sistema de seguimiento más riguroso, que incluirá un "cuadro de mando" detallado por comunidad autónoma. Estas medidas están alineadas con la Ley de Empleo de 2023, aunque el Ministerio aún tiene pendiente una de sus principales reformas: convertir el actual Servicio Público de Empleo Estatal en la nueva Agencia Española de Empleo, que debería coordinar y evaluar las políticas activas en todo el país. Esta transformación sigue en espera, dos décadas después del traspaso de competencias a las autonomías. El real decreto que recoge la nueva Estrategia, publicado en el Boletín Oficial del Estado, apenas menciona esta futura agencia, y se centra más bien en establecer una serie de compromisos para las comunidades autónomas como condición para acceder a más fondos. Entre esos compromisos, se establecen objetivos específicos de reducción de la tasa de paro por grupos de edad, junto con metas concretas de intermediación. Por ejemplo, se pretende disminuir el paro juvenil (menores de 30 años) del 20,6 % al 14,8 % para 2027, lo cual requeriría elevar la intermediación del 28 % actual al 40 %. Para el grupo de entre 30 y 45 años, la tasa de paro debería bajar del 9,7 % al 7,6 %, con una subida de la intermediación hasta el 34,6 %. En cuanto a los mayores de 45 años -que representan el 58 % del total de personas desempleadas-, se busca reducir el paro del 9,6 % al 7,4 %, incrementando la intermediación del 15,4 % al 21,9 %. La previsión es que para 2028, año final del plan, el ritmo de descenso del desempleo sea más lento, llegando solo a una tasa general del 8,5 %. En el caso del paro juvenil, apenas se espera una bajada de dos décimas, hasta el 14,6 %, y las cifras del resto de colectivos se mantendrían estables. Esto implica que el mayor esfuerzo deberá concentrarse entre 2024 y 2026, justo antes del próximo ciclo electoral, para el que Díaz, por ahora, no contempla adelantos. No obstante, el concepto de "intermediación" no se define de forma clara en el documento oficial, ni se detallan los criterios con los que se han fijado los objetivos. Sí se aclara que, a la hora de evaluar los resultados, se tendrá en cuenta el porcentaje de parados registrados en los servicios públicos que consiguen empleo, así como el tipo de contrato que obtienen. Cabe destacar que los jóvenes, al inscribirse con menor frecuencia como demandantes de empleo en los servicios públicos, presentan una tasa de intermediación más elevada que otros grupos más presentes en las listas del paro. Además, la Estrategia incorpora incentivos a la contratación, siguiendo la línea de planes anteriores que se centraron especialmente en combatir el desempleo juvenil. Ahora, Díaz quiere enfocar las políticas activas en el desempleo de larga duración, considerado uno de los principales obstáculos para mejorar la eficacia de estas medidas. Por eso, se analizará también la probabilidad de que una persona pase del desempleo al empleo y viceversa, tanto por comunidades autónomas como a nivel estatal.

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(El Economista, 17-07-2025) | Laboral

Los salarios suben mucho más en Portugal que en España

Al analizar la evolución de la economía española desde la crisis provocada por la pandemia hasta el presente, se suelen destacar los buenos resultados de los grandes indicadores: España lidera el crecimiento del PIB entre las principales economías europeas y encabeza la creación de empleo en la región. Sin embargo, un análisis más profundo revela que este crecimiento es mayormente de tipo "extensivo". Es decir, la economía ha crecido porque se utilizan más recursos (trabajo, capital, tierra), pero no porque se estén utilizando de manera más eficiente. Como consecuencia, aunque las cifras macroeconómicas mejoran, esa expansión no se traduce en una mejora real en el nivel de vida de la población. El PIB per cápita apenas ha aumentado y los salarios, descontando la inflación, siguen siendo más bajos que hace cuatro años. En contraste, Portugal -tradicionalmente considerada una economía menos desarrollada que la española- ya ha superado sus niveles salariales reales de 2021 y muestra una evolución más favorable tanto en renta per cápita como en poder adquisitivo. Recientemente, la OCDE publicó su informe Perspectivas de Empleo 2025, el cual recoge datos que invitan a la reflexión. Según este informe, España enfrenta importantes desafíos estructurales a largo plazo, como un fuerte envejecimiento poblacional y un crecimiento extremadamente bajo del PIB per cápita (apenas un 0,13 % anual). De mantenerse esta tendencia, en los próximos años habrá en España un trabajador por cada persona dependiente (niños, jubilados, pensionistas...). Una de las observaciones que más llamó la atención del informe es la que hace referencia a la situación actual: aunque el desempleo ha descendido significativamente en los últimos años, los salarios no han logrado seguir el ritmo de la inflación. A pesar de los aumentos nominales en 2023 y 2024, los salarios reales en el primer trimestre de 2025 eran todavía un 4,1 % más bajos que en el mismo periodo de 2021. Esto sitúa a España a la cola de las grandes economías de la OCDE en cuanto a evolución salarial real, solo por delante de Australia e Italia. En el lado opuesto, Portugal destaca como uno de los pocos países donde los salarios reales ya han superado los niveles previos a la crisis inflacionaria. Según el mismo informe, el salario real medio portugués ha aumentado un 1,8 % entre el primer trimestre de 2021 y el de 2025. Aunque este crecimiento está por debajo del promedio de la OCDE (2,4 %), supone una recuperación significativa y suficiente para situar a Portugal fuera del grupo de 18 países donde los salarios reales aún están por debajo del nivel prepandemia. En definitiva, aunque tanto España como Portugal han tenido buenos resultados a nivel macroeconómico, los trabajadores portugueses han visto una mejora más tangible en sus ingresos. El notable contraste entre ambos países resulta aún más interesante si se tiene en cuenta la cercanía geográfica y las similitudes culturales y económicas. Sin embargo, los indicadores del mercado laboral permiten identificar algunas claves de esta divergencia. Por un lado, la tasa de paro en Portugal se sitúa en el 6,3 %, frente al 11,3 % en España. Esta diferencia sugiere que el mercado laboral portugués está más ajustado, lo que implica que las empresas tienen que competir más intensamente para atraer y retener talento, lo que a su vez puede explicar la mayor subida de salarios. Otra explicación relevante es la productividad. Según la teoría económica, cuando la productividad aumenta -es decir, cuando los trabajadores producen más en el mismo tiempo-, las empresas generan mayores ingresos y pueden ofrecer mejores salarios sin que esto implique un aumento de costes que derive en inflación. En mercados competitivos, este incremento de productividad suele traducirse en mejoras salariales. En otras palabras, cuando un trabajador aporta más valor, también tiene mayor capacidad de negociación para recibir una compensación acorde. Aunque la práctica no siempre sigue la teoría, los datos de la OCDE confirman que Portugal ha mejorado mucho más en este aspecto. Entre 2019 y 2023, la productividad por hora trabajada en Portugal creció a un ritmo del 2,22 % anual, frente a tan solo el 0,37 % en España. En nuestro país, el crecimiento del PIB y de la renta per cápita se ha apoyado principalmente en la creación de empleo, es decir, en aumentar el número de personas trabajando, pero sin que eso implique necesariamente una mejora en la eficiencia del trabajo. Portugal, en cambio, ha experimentado una menor creación de empleo, pero ha logrado producir más y mejor con los trabajadores que ya tenía. En resumen, mientras España muestra buenos datos agregados, el crecimiento no está mejorando la calidad de vida de forma significativa. Portugal, con un crecimiento más eficiente y una mejora real de los salarios, ha logrado avances más palpables para su población.

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(Expansión, 17-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas propone un presupuesto para la Europa de dos billones de euros para el periodo de 2028 a 2034

La Comisión Europea ha presentado hoy su propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés) para el periodo 2028-2034, es decir, el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea. El plan contempla un total cercano a los dos billones de euros, lo que representa un ligero aumento respecto al actual presupuesto (a precios constantes), sin contar con el programa excepcional NextGenerationEU puesto en marcha durante la pandemia. Este nuevo presupuesto supondría un 1,26 % de la renta nacional bruta (RNB) del bloque comunitario, indicador clave para evaluar el peso relativo de los fondos europeos. En comparación, el presupuesto actual equivale al 1,13 % de la RNB. Sin embargo, del incremento previsto, la mayor parte -alrededor de 168.000 millones de euros, equivalentes a 11 puntos básicos- se destinarán exclusivamente al reembolso de la deuda contraída. "Este presupuesto a largo plazo protegerá a la ciudadanía europea, fortalecerá nuestro modelo social y hará más competitiva a la industria europea", afirmó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, quien lo describió como una herramienta clave para promover la paz, la prosperidad y los valores europeos en tiempos marcados por la inestabilidad global. Sin embargo, el aspecto más destacado de la propuesta es su rediseño estructural. La Comisión propone una reorganización profunda de las cuentas, reduciendo de 52 a solo 16 los programas presupuestarios existentes, con el objetivo de simplificar su gestión y aumentar su eficacia. El bloque principal de gasto será un nuevo programa denominado "planes de asociación nacional y regional", que concentrará 865.000 millones de euros. En este apartado se agrupan fondos históricos como los destinados a Cohesión territorial (Feder, Fondo Social Europeo y Fondo de Cohesión) y la Política Agrícola Común (PAC). Precisamente, la integración de estos fondos en una única partida ha generado fuerte oposición, especialmente entre las organizaciones agrarias, que temen que las ayudas al sector pierdan peso. Representantes del campo europeo se manifestaron hoy frente a la sede de la Comisión en Bruselas para mostrar su rechazo a lo que consideran una amenaza para la viabilidad del mundo rural. Pese a la controversia, la propuesta incluye una asignación mínima de 300.000 millones de euros en ayudas directas para los agricultores, a las que cada Estado miembro podría añadir recursos propios según su planificación nacional. Aun así, esta cifra supone una reducción importante frente a los más de 400.000 millones que se asignaban a la PAC en el marco actual. La desaparición como tal del Fondo de Cohesión también ha causado malestar. El Ejecutivo comunitario plantea que el 14 % de los fondos se destinen a objetivos sociales, y se reserva una partida de 218.000 millones de euros para apoyar a las regiones con menor desarrollo. Aun así, esta cantidad dista mucho de los más de 400.000 millones que se dedicaban anteriormente a cohesión y convergencia regional, aunque en ese caso el alcance era más amplio. En cuanto a las nuevas prioridades, la Comisión apuesta decididamente por la competitividad. Se prevé la creación de un nuevo Fondo de Competitividad con una dotación de unos 410.000 millones de euros. Esta partida incluirá el programa de investigación Horizonte Europa, que duplicará su presupuesto hasta casi los 200.000 millones, así como 131.000 millones destinados a seguridad, defensa y el sector espacial, quintuplicando la inversión actual en estas áreas. Otro elemento innovador es la creación del 'Fondo Europa Global', que dispondrá de 200.000 millones de euros para agrupar distintos programas previos y apoyar iniciativas regionales, incluidas las relacionadas con la política exterior y el proceso de ampliación de la UE. Por último, el presupuesto contempla una reserva de 400.000 millones de euros para hacer frente a futuras crisis. Esta dotación, concebida como herramienta flexible para responder a emergencias geopolíticas y económicas, queda fuera del cómputo del presupuesto principal de dos billones.

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(Expansión, 17-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Donald Trump recauda 50.000 millones de dólares en aranceles mientras el mundo "se echa atrás"

Los socios comerciales de Estados Unidos han optado en su mayoría por no responder con medidas similares a los aranceles generalizados impuestos por Donald Trump, lo que ha permitido al expresidente -frecuentemente criticado por su tendencia a retractarse- generar casi 50.000 millones de dólares (unos 43.000 millones de euros) adicionales en ingresos aduaneros sin enfrentar grandes consecuencias. Cuatro meses después de iniciarse la ofensiva arancelaria de Trump, sólo China y Canadá han adoptado represalias tangibles, aplicando un arancel mínimo del 10% sobre productos estadounidenses, así como tasas del 50% sobre acero y aluminio, y del 25% sobre automóviles. Mientras tanto, los ingresos aduaneros de Estados Unidos alcanzaron un récord histórico de 64.000 millones de dólares en el segundo trimestre, lo que representa un aumento de 47.000 millones respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras difundidas por el Departamento del Tesoro estadounidense. China, que ha sido el país más contundente en aplicar medidas de represalia, no ha logrado un impacto comparable. Sus ingresos por derechos de aduana en mayo de 2025 fueron apenas un 1,9% superiores a los del año anterior. Por su parte, las represalias de Canadá han sido limitadas y aún no se han publicado los datos correspondientes al segundo trimestre. En términos globales, los aranceles impuestos sobre las exportaciones estadounidenses por parte de otros países han representado solo una pequeña fracción de lo que ha recaudado Estados Unidos en el mismo periodo. Muchos socios comerciales han preferido no contraatacar mientras mantienen conversaciones con Washington para evitar una escalada mayor. La Unión Europea, uno de los principales bloques comerciales, ha anunciado la posibilidad de adoptar medidas de represalia, pero ha pospuesto su implementación varias veces, ahora supeditándola al resultado de las negociaciones con fecha límite fijada por Trump para el 1 de agosto. Según analistas de la cadena de suministro, el impacto de los aranceles de Trump no ha recaído exclusivamente en los consumidores estadounidenses. Grandes marcas internacionales han adoptado estrategias para repartir el aumento de costes a nivel global con el fin de mantener su competitividad en el mercado estadounidense. Simon Geale, vicepresidente ejecutivo de la consultora Proxima (perteneciente a Bain & Company), explica que empresas como Apple, Adidas o Mercedes están tratando de reducir el efecto de los aranceles mediante mejoras en su cadena de suministro y reducción de costes. "Las compañías pueden asumir parte del incremento, pero gran parte del sobrecoste acabará trasladándose a otros mercados. El consumidor estadounidense puede tolerar una subida de precios del 5%, pero no del 20% o el 40%", señala Geale. A pesar de que los niveles arancelarios en Estados Unidos no se veían tan altos desde la década de 1930, la falta de una reacción contundente por parte del resto del mundo ha evitado una espiral de represalias como la que provocó el colapso del comercio internacional entre las dos guerras mundiales. De acuerdo con economistas, la posición privilegiada de Estados Unidos como mayor mercado de consumo global, sumada a las amenazas de Trump de incrementar aún más los aranceles a quienes se le enfrenten, ha llevado a muchos países a optar por la prudencia, más por lógica económica que por debilidad. Un estudio de la consultora Capital Economics muestra que una guerra comercial severa, con aranceles promedio recíprocos del 24%, podría reducir el PIB mundial en un 1,3% en dos años. En cambio, si las tasas se mantienen en torno al 10%, el impacto sería de solo un 0,3%. Marta Bengoa, catedrática de Economía Internacional en la City University of New York, explica que a diferencia del contexto de los años 30, en el que las relaciones comerciales eran más equilibradas, hoy el sistema global gira en torno a Estados Unidos como eje principal. "Eso hace que responder con represalias no sea económicamente viable para muchos países, incluso si políticamente pudiera parecer una respuesta adecuada", concluye.

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(El País, 17-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo investigará la concesión de los créditos ICO a empresas en la pandemia

El Tribunal Supremo se dispone a examinar con mayor profundidad los créditos ICO concedidos durante la pandemia de la covid-19. El Alto Tribunal evaluará los criterios fiscales establecidos por el Gobierno que sirvieron de base para que las administraciones públicas aprobaran o rechazaran las ayudas dirigidas a evitar la quiebra de empresas durante la crisis sanitaria que comenzó en España en marzo de 2020. En particular, los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo revisarán la legalidad del requisito incluido en el real decreto de marzo de 2021, según el cual solo podían acceder a estas ayudas las empresas que hubieran declarado una base imponible positiva en el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2019. Este tema se ha convertido en un punto de conflicto entre pequeños empresarios y autónomos, por un lado, y los bancos y las administraciones, por otro. El debate principal gira en torno a si las entidades financieras -encargadas de tramitar y gestionar los préstamos- ofrecieron información clara y suficiente sobre las condiciones y consecuencias de los créditos en caso de impago. Muchos empresarios firmaron de manera urgente, en plena crisis sanitaria, confiando en que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) cubriría hasta el 80% del importe prestado. Sin embargo, la disparidad de criterios en distintas sentencias judiciales ha llevado a que sea el Supremo quien tenga que fijar una posición definitiva sobre si los bancos actuaron conforme a derecho. Otro aspecto clave que ha llegado a los tribunales es la forma en que se evaluó la viabilidad de las empresas como condición indispensable para acceder a las ayudas. El real decreto de marzo de 2021 -cuando la gestión de los fondos pasó a manos de las comunidades autónomas- excluía a aquellas empresas que declararon pérdidas en el Impuesto de Sociedades de 2019, considerado el ejercicio de referencia previo a la pandemia. Varias empresas que no cumplieron este requisito han recurrido judicialmente la denegación de las ayudas, argumentando que ese criterio resulta discriminatorio y que existen otras maneras válidas de demostrar su solvencia económica. Es precisamente esta cuestión la que el Tribunal Supremo ha decidido abordar, y cuya resolución marcará jurisprudencia. Los magistrados determinarán si la única vía para acreditar la viabilidad económica era disponer de una base imponible positiva en 2019, o si también deben admitirse otros medios de justificación, como las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil o informes periciales. Así lo establece un auto del 2 de julio, en el que se admite a trámite un recurso de una empresa contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que confirmó la decisión de la Comunidad de Madrid de denegarle la ayuda. La empresa recurrente sostiene que la exigencia de una base imponible positiva supuso un trato desigual respecto a otras entidades que sí accedieron a las ayudas, y que se vulneró el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución. Según su argumentación, había formas alternativas de demostrar la viabilidad de su negocio que no fueron tenidas en cuenta por la Administración. La línea de avales del ICO fue lanzada en marzo de 2020, pocos días después de que se decretara el estado de alarma, con la intención de amortiguar los efectos económicos de la emergencia sanitaria. Ese mismo año, el ICO gestionó más de 302.000 millones de euros en financiación para empresas, según datos del propio Gobierno. Posteriormente, en marzo de 2021, y ante la presión de empresarios, sindicatos y del propio Banco de España, el Ejecutivo aprobó una nueva ronda de ayudas directas por valor de 7.000 millones de euros, destinada a empresas y autónomos que hubieran sufrido una caída de ingresos de al menos un 30% en comparación con 2019. Estas ayudas, que oscilaban entre los 3.000 y los 200.000 euros, fueron gestionadas por las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, y estaban diseñadas para compensar hasta un 40% de la pérdida adicional de facturación en el caso de autónomos y micropymes, y hasta un 20% para el resto de empresas.

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(Expansión, 16-07-2025) | Fiscal

La financiación singular puede llegar a arrebatar unos 24.000 millones de euros anuales a Hacienda

Ceder el control de la recaudación a Cataluña podría tener efectos negativos sobre las finanzas del Estado, la estabilidad de las cuentas públicas y el sistema fiscal español. Así lo advierten diversos analistas y economistas tras analizar el acuerdo de financiación específica alcanzado este lunes entre el Gobierno central y la Generalitat. Según sus estimaciones, este modelo podría restar hasta 24.000 millones de euros anuales a las arcas de Hacienda. Así lo señala un informe publicado ayer por la agencia de calificación crediticia Morningstar DBRS, que advierte de que "el nuevo esquema podría perjudicar la salud financiera del Gobierno central". De acuerdo con sus cálculos, la pérdida de ingresos estatales podría situarse entre el 0,4% y el 1,5% del PIB, es decir, entre 6.400 y 23.900 millones de euros, dependiendo del nivel de implementación del modelo propuesto para Cataluña. Estas cifras se basan en las proyecciones publicadas por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en su estudio Las implicaciones financieras de un concierto catalán. "El escenario descrito por Morningstar es correcto en términos generales", confirma Diego Martínez, catedrático de economía aplicada en la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea especializado en financiación autonómica. El experto manifiesta su preocupación por el posible impacto de este modelo en la disponibilidad de recursos para el resto de comunidades autónomas y en la capacidad del Estado para ejercer su función de estabilización macroeconómica. Los analistas de la agencia de rating coinciden en que una menor disponibilidad de recursos para el Tesoro Público podría traducirse en un deterioro de los resultados consolidados de las finanzas del Estado. Señalan, además, que una caída en los ingresos del Gobierno central "reduce su margen de maniobra sobre las cuentas regionales". Aunque en teoría esta pérdida podría verse compensada por una mejora en las finanzas autonómicas, la agencia advierte de que es poco probable que este equilibrio se dé en la práctica. Si otras comunidades siguieran el ejemplo y usaran los ingresos adicionales para aumentar el gasto en lugar de sanear sus cuentas, el nuevo modelo podría obligar al Estado a realizar ajustes. Según Morningstar DBRS, "si los déficits autonómicos no mejoran pese al incremento de la recaudación, el déficit de la Administración General también se verá afectado". En ese caso, el Gobierno central se vería obligado a recortar el gasto o a subir impuestos para cumplir con sus objetivos fiscales. La agencia, que actualmente otorga a España una calificación de A (alta) con perspectiva estable y a Cataluña un BBB (alta) también con perspectiva estable, prevé que este acuerdo de financiación singular mejore las finanzas de la Generalitat, que asumiría la totalidad de la recaudación tributaria. No obstante, advierte de los riesgos que esto supondría para el conjunto del Estado. Para evitar una desviación fiscal, la agencia recomienda que el Gobierno refuerce los mecanismos de control y coordine de forma más estricta los objetivos fiscales entre la administración central y las regiones. El impacto económico concreto del nuevo modelo no se conocerá hasta otoño. Así lo anunció ayer la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alicia Romero, en una entrevista en TV3. Señaló que se espera tener cifras concretas del acuerdo "entre septiembre y octubre", una vez concluyan los trabajos del grupo de expertos encabezado por Martí Carnicer, exsecretario general de Economía del Govern. "Nos gustaría ir más rápido", admitió Romero, aunque aclaró que "ha sido una negociación compleja" y que aún no se han definido elementos clave como la aportación solidaria, el principio de ordinalidad, la composición de la cesta tributaria ni el reparto de competencias en la gestión de los impuestos. Además del impacto en la sostenibilidad de las cuentas públicas y en el modelo de financiación autonómica -sobre todo considerando que Cataluña es una de las tres regiones que más aportan, junto con Madrid y Baleares-, el sistema singular plantea amenazas para la arquitectura del sistema tributario. "La cesión de competencias tan sensibles como la recaudación de impuestos estatales o el diseño de sistemas propios de gestión puede generar problemas operativos, fragmentación del sistema y pérdida de eficiencia administrativa", advierte Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Coincide con la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) en que esta fragmentación fiscal podría dificultar tanto la eficiencia como la lucha contra el fraude.

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(Expansión, 16-07-2025) | Fiscal

Francia rechaza su impuesto a fortunas y asesta un golpe a la "tasa Zucman"

El Senado francés ha rechazado de forma contundente la propuesta de establecer un impuesto sobre el patrimonio de las grandes fortunas, en contraste con los esfuerzos de España por promover una medida similar a nivel internacional. Mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trabaja en foros globales para lograr un acuerdo que permita implantar un tributo universal a las grandes riquezas, Francia lanza un mensaje claro en sentido opuesto. La negativa de la Cámara Alta francesa se convierte así en una advertencia para los planes del Gobierno de Pedro Sánchez. El escenario parisino fue especialmente simbólico. En las inmediaciones del jardín de Luxemburgo, activistas de organizaciones como Oxfam y Attac desplegaron figuras de multimillonarios como Bernard Arnault, acompañadas del lema "¡Taxez-moi!" ("¡Cobradme impuestos!"). Sin embargo, esta protesta no logró influir en la votación del Senado. La iniciativa, promovida por los ecologistas e inspirada por el economista Gabriel Zucman, proponía aplicar un impuesto mínimo del 2% sobre el patrimonio de las 1.800 personas en Francia que poseen más de 100 millones de euros. El resultado fue claro: 188 votos en contra y 129 a favor, con el rechazo del gobierno de Emmanuel Macron. Este revés en una de las potencias clave de la Unión Europea contrasta abiertamente con la postura que defiende el Ejecutivo español. Desde Sevilla, durante la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de la ONU, la ministra Montero propuso como uno de los objetivos de la cumbre la creación de "un impuesto global a las grandes fortunas", destinado a reducir las desigualdades y a respaldar a los países con menos recursos. Para Montero, este tipo de impuesto es una herramienta crucial para promover la justicia social y avanzar hacia un desarrollo sostenible. No obstante, la tendencia general en Europa apunta en dirección contraria. La decisión francesa refleja una corriente dominante en el continente. Así lo destaca Antonio Barderas, director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF), quien sostiene que este tipo de impuestos implican una doble tributación, ya que afectan a ahorros que ya han pagado impuestos previamente. Además, recuerda que el propio Informe Anual sobre Fiscalidad de la Comisión Europea señala que la mayoría de los países europeos han eliminado los impuestos sobre el patrimonio neto desde los años 90. En efecto, desde entonces lo han suprimido naciones como Austria (1994), Dinamarca (1997), Alemania (1997), Países Bajos (2001), Finlandia y Luxemburgo (2006), Suecia (2007) y Francia (2017), dejando a España como una excepción. Las declaraciones de Barderas reflejan el aislamiento de España respecto a sus socios europeos en esta materia. Mientras Montero busca un consenso global difícil de alcanzar, Europa parece haber consolidado su posición contraria a este tipo de tributos hace tiempo. La supresión del Impuesto de Solidaridad sobre la Fortuna en Francia en 2017, impulsada por Macron, ya fue un punto de inflexión, y el rechazo actual a reintroducirlo -aunque sea de forma limitada- refuerza esa línea. El debate deja a España en una situación cada vez más solitaria. Aunque la izquierda francesa ha prometido insistir y volver a presentar la llamada taxe Zucman, el Gobierno español sigue defendiendo una figura fiscal que sus principales socios europeos han descartado por considerar que penaliza la inversión y desincentiva el ahorro. La decisión del Senado francés no es solo un asunto interno: representa un obstáculo significativo para la propuesta de un tributo global a las grandes fortunas, y sirve como argumento para quienes consideran que España está yendo a contracorriente en el contexto europeo.

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(El Economista, 16-07-2025) | Fiscal

Los ciudadanos pagan 855 euros de media al año de IRPF por tener viviendas vacías

Los propietarios pagan una media de 855 euros anuales en concepto de IRPF por tener viviendas vacías. La Agencia Tributaria ha reforzado el control sobre los inmuebles desocupados y, por primera vez, ha publicado una estadística elaborada a partir de datos de las declaraciones de la Renta y del Catastro. Este informe revela que existen en España 4,8 millones de viviendas vacías, el 90% de ellas sin uso durante todo el año, y 2,5 millones alquiladas al cierre de 2023. Hacienda aplica a las viviendas desocupadas lo que se conoce como imputación de rentas: se exige a los contribuyentes tributar por potenciales ingresos derivados de inmuebles que no están alquilados ni se utilizan como vivienda habitual. La base del cálculo es el valor catastral: se aplica un 1,1% si ha sido actualizado después de 2012, o un 2% si no se ha revisado desde entonces. Este endurecimiento fiscal llega en un momento en que el PSOE impulsa en el Congreso una ley para penalizar aún más la tenencia de viviendas vacías, proponiendo un aumento del tipo hasta el 3% del valor catastral, con el fin de fomentar su salida al mercado del alquiler. Por comunidades autónomas, Baleares lidera el ranking de los propietarios que más pagan por tener viviendas sin ocupar, con una media de 1.083 euros al año. Le siguen Madrid (1.075 euros) y Cantabria (1.033 euros). En el otro extremo, los asturianos y extremeños pagan en torno a 672 euros, mientras que en Aragón la media es de 687 euros. En cuanto al número de viviendas sin uso, Andalucía encabeza la lista con 819.597, seguida de Madrid (832.250) y Cataluña (682.351), las regiones más pobladas del país. En los últimos años, la Agencia Tributaria ha intensificado las inspecciones a los propietarios de inmuebles desocupados, obligándoles a tributar tanto si la vivienda ha estado vacía durante todo el año como si solo lo ha estado por un periodo breve mientras buscaban nuevo inquilino. A ello se suma la doctrina del Tribunal Supremo, que desde su sentencia del 25 de febrero de 2021 impide a los arrendadores deducirse gastos relacionados con el inmueble (como IBI, seguros, hipoteca o comunidad) por los días en que no está alquilado. Por otro lado, en 2023 los contribuyentes declararon ingresos medios de 657 euros mensuales por alquiler de vivienda, lo que equivale a cerca de 8.000 euros anuales. En total, se alquilaron 2,5 millones de viviendas, con unos ingresos brutos que sumaron 22.000 millones de euros. De estos ingresos, la mayoría de los arrendadores solo tributó por entre el 30% y el 40%, tras deducir gastos y aplicar la bonificación por alquiler de vivienda habitual, que en 2023 alcanzaba el 60%. Sin embargo, desde 2024, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda, esta deducción puede llegar hasta el 90% si el alquiler se realiza en zonas tensionadas y se aplica una reducción del precio de al menos un 5%. En caso contrario, la deducción general baja al 50%. Hacienda también ha reforzado la vigilancia sobre los ingresos por alquiler. En la campaña de la Renta de este año, envió 836.000 avisos recordando la obligación de declarar estas ganancias. Para ello, cruza datos con la información que facilitan las comunidades autónomas sobre las fianzas depositadas por los propietarios. Cataluña, Madrid y Andalucía son las comunidades con mayor número de viviendas arrendadas, con 544.782, 486.792 y 308.018 respectivamente. En promedio, los inmuebles alquilados están ocupados 339 días al año, tienen una superficie de 82 m² (los más pequeños están en Madrid, con 77 m², y los más grandes en Baleares, con 99 m²) y ofrecen una rentabilidad media del 5,1%. Aragón, Asturias y Murcia lideran en rentabilidad con un 6,1%, mientras que Cataluña se sitúa a la cola con un 4,9%.

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(El Economista, 16-07-2025) | Fiscal

La banca informará a Hacienda de los ingresos de los autónomos por Bizum y tarjeta a partir de febrero de 2026

El Ministerio de Hacienda ha aprobado una Orden que introduce nuevos modelos de declaración para que bancos, entidades de pago y empresas de dinero electrónico informen mensualmente sobre todos los ingresos que reciben empresarios y autónomos mediante tarjetas bancarias y Bizum. Esta obligación comenzará a aplicarse en febrero de 2026, con respecto a los datos correspondientes a enero de ese año. En concreto, la norma establece cuatro nuevos modelos: el 170, el 174, el 196 y el 181. El modelo 170 obligará a las entidades financieras a reportar cada mes los ingresos que los profesionales y empresarios reciben mediante pagos con tarjeta o Bizum, especificando por qué canal se ha producido el cobro. También deberán identificar las cuentas en las que se reciben dichos ingresos, así como los terminales de punto de venta (TPV) utilizados. Por su parte, el modelo 174 será de carácter anual y servirá para que las entidades informen sobre todos los movimientos con tarjeta realizados por los contribuyentes, siempre que el total de abonos y cargos supere los 25.000 euros anuales. Aquellos contribuyentes cuyos movimientos estén por debajo de ese umbral quedarán exentos de esta obligación. Esta información deberá remitirse a Hacienda por primera vez entre el 1 y el 31 de diciembre de 2026, en relación con los datos de 2025. En cuanto al modelo 181, este requerirá que bancos y otras entidades informen anualmente sobre préstamos, créditos y operaciones financieras vinculadas a bienes inmuebles. El plazo para enviar esta información correspondiente al ejercicio 2025 será del 1 al 31 de diciembre del próximo año. Finalmente, el modelo 196 incluirá dos tipos de reportes. En primer lugar, las entidades deberán comunicar mensualmente cualquier nueva cuenta bancaria abierta, incluyendo los datos del titular. Esta información deberá enviarse por primera vez en febrero de 2026, con relación a las cuentas abiertas en enero. En segundo lugar, las entidades estarán obligadas a remitir anualmente el saldo de las cuentas al 31 de diciembre, así como los movimientos (ingresos y retiradas) registrados durante todo el año. Esta última información se entregará por primera vez en enero de 2027.

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