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(Expansión, 28-10-2026) | Laboral

El absentismo desbocado amenaza la supervivencia de pymes y autónomos

Las organizaciones empresariales reclaman al próximo Gobierno una batería de medidas para reducir el absentismo laboral y contener el creciente coste que supone para las empresas y las cuentas públicas. Entre sus principales propuestas figuran recuperar el despido objetivo por bajas médicas justificadas reiteradas, limitar los complementos salariales que las empresas abonan durante las incapacidades temporales y permitir que las mutuas puedan proponer el alta médica de los trabajadores. La preocupación del tejido empresarial responde a la magnitud del problema. Cada día, alrededor de 1,6 millones de empleados faltan a su puesto de trabajo, de los que 1,2 millones se encuentran en situación de incapacidad temporal. El impacto económico de estas ausencias superó los 34.000 millones de euros el pasado año, sumando las prestaciones de la Seguridad Social, los costes asumidos directamente por las empresas y los complementos salariales. En lo que va de 2026, el desembolso ha aumentado un 8,6%, lo que anticipa una nueva presión sobre los costes laborales. Las patronales advierten de que las consecuencias son especialmente difíciles de asumir para las pequeñas empresas, que representan el 99% del tejido productivo español y cuentan, en muchos casos, con plantillas inferiores a cinco trabajadores. Miguel Garrido, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y vicepresidente de CEOE, señala que, aunque las tasas de absentismo son más elevadas en las grandes compañías, las consecuencias pueden resultar mucho más graves para los negocios pequeños, que tienen mayores dificultades para sustituir a los empleados ausentes y mantener su actividad. A los costes económicos de las bajas se añaden las dificultades para reorganizar el trabajo y contratar personal de sustitución, especialmente cuando las ausencias se prolongan durante meses. Las empresas deben asumir la prestación económica entre los días cuarto y decimoquinto de la incapacidad temporal, además de los posibles complementos salariales establecidos en convenio. Según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), aunque la duración media de las bajas se situó en 43 días en 2025, por debajo de los 53,7 días registrados en 2020, ha aumentado considerablemente el número de procesos de larga duración. En 2019 se contabilizaban unos 35.000 trabajadores con bajas superiores a un año, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 155.203. Esto supone un incremento del 343% en seis años. La evolución preocupa especialmente a las pequeñas empresas, que disponen de menos recursos para reorganizar sus plantillas y afrontar los gastos derivados de una ausencia prolongada. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que trabajar en una empresa grande aumenta un 81% la probabilidad de iniciar una incapacidad temporal respecto a hacerlo en una microempresa, aunque el impacto organizativo y financiero puede ser más difícil de gestionar en los negocios de menor tamaño. Ante esta situación, CEIM ha intensificado sus reivindicaciones de cara a la próxima legislatura. Durante la jornada «Absentismo laboral: una emergencia silenciosa que exige respuesta inmediata», la patronal madrileña planteó distintas reformas para reducir las ausencias y limitar su repercusión económica sobre las empresas. Una de las propuestas más destacadas es recuperar el despido objetivo por absentismo derivado de faltas de asistencia justificadas, incluso cuando estas respondan a bajas médicas intermitentes. Esta posibilidad estaba contemplada en el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores y fue eliminada a comienzos de 2020 por el Gobierno de Pedro Sánchez, que consideró que la medida podía penalizar a los empleados enfermos y perjudicar su derecho a la salud. La normativa anterior permitía extinguir el contrato cuando las ausencias alcanzaban determinados porcentajes durante periodos concretos. La recuperación de esta figura también ha sido defendida recientemente por Foment del Treball, en el marco de su Libro Blanco sobre el Absentismo Laboral. Las organizaciones empresariales plantean, además, revisar los complementos de incapacidad temporal recogidos en los convenios colectivos, que en numerosos casos permiten mantener hasta el 100% del salario durante la baja. También proponen que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) asuma desde el inicio del proceso el pago de las prestaciones y las cotizaciones correspondientes, así como establecer exenciones en las cuotas a la Seguridad Social para los contratos de sustitución, con el objetivo de reducir los costes derivados de mantener al trabajador de baja y contratar a otra persona para cubrir su puesto. Entre las medidas reclamadas figura igualmente exonerar a las empresas de determinadas cargas a partir de los doce meses de incapacidad temporal y otorgar efectos inmediatos a las propuestas de alta médica formuladas por las mutuas. Por último, los empresarios defienden que los contratos laborales contemplen la suspensión del cómputo del periodo de prueba durante los procesos de incapacidad temporal. Estas iniciativas forman parte de una propuesta más amplia con la que las patronales pretenden modificar la gestión de las bajas y repartir de otra manera los costes asociados al absentismo laboral.

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(El País, 28-10-2026) | Laboral

El paro repunta en el tercer trimestre hasta el 10,18%

El mercado laboral español perdió impulso durante el tercer trimestre de 2026. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de desempleados aumentó en 95.900 personas entre julio y septiembre, el mayor incremento en este periodo desde la Gran Recesión, si se excluyen los años afectados por la pandemia. Al mismo tiempo, la ocupación avanzó en 73.600 trabajadores, muy por debajo de los registros de los dos ejercicios anteriores. Pese a esta desaceleración, España alcanzó un nuevo máximo de 22,85 millones de ocupados, tras crear 465.500 empleos en los últimos doce meses. El aumento de la ocupación en el tercer trimestre es el más débil de los últimos siete años. Para encontrar un avance menor hay que remontarse a 2019, cuando se incorporaron 69.400 personas al mercado laboral. El resultado queda lejos de los 138.300 empleos creados en el mismo periodo de 2024 y de los 118.400 de 2025. En términos relativos, el número de ocupados creció un 0,32% respecto al trimestre anterior, el menor incremento desde 2012, en plena crisis económica. La evolución anual ofrece una imagen más favorable. Entre el tercer trimestre de 2025 y el de 2026 se crearon 465.500 puestos de trabajo, aunque la cifra es inferior a los 564.100 del ejercicio anterior. No obstante, supera los 376.500 empleos generados entre 2023 y 2024, lo que refleja que, pese al frenazo reciente, el mercado laboral mantiene capacidad para seguir aumentando la ocupación. El desempleo también registró un comportamiento desfavorable entre julio y septiembre. El número de parados aumentó en 95.900 personas, frente a las 60.100 del mismo periodo del año anterior. En 2024, por el contrario, se había reducido en 1.200 personas. La evolución anual también muestra un deterioro: mientras que en el ejercicio anterior el paro descendió en 140.900 personas, en los últimos doce meses la reducción se ha limitado a 22.000. La combinación de un crecimiento moderado del empleo y un aumento del desempleo elevó la tasa de paro del 9,87% del segundo trimestre al 10,18%. El incremento duplica el registrado en el mismo periodo de 2025, mientras que en 2024 la tasa había bajado ligeramente, del 11,27% al 11,21%. Pese al repunte, el nivel actual es el más bajo para un tercer trimestre desde 2008. El deterioro se produce en un contexto económico más complejo, marcado por las presiones inflacionistas derivadas de los conflictos en Oriente Próximo y por la incertidumbre política en varias de las principales economías europeas. En términos interanuales, la tasa de paro apenas ha mejorado 0,27 puntos respecto al tercer trimestre de 2025, cuando se situaba en el 10,45%. La reducción queda lejos de los descensos de 0,76 puntos en 2025 y de 0,68 puntos en 2024. España continúa, además, entre los países europeos con mayores niveles de desempleo. En agosto, último mes con datos disponibles de Eurostat, volvió a superar a Finlandia y se situó como el Estado miembro con la tasa de paro más elevada de la Unión Europea. La media comunitaria era del 6,1%, alrededor de cuatro puntos por debajo del registro español. Por sectores, el comercio fue la actividad que más empleo generó en el tercer trimestre, con 117.600 ocupados más. El resultado supera ampliamente los 27.000 puestos añadidos en el mismo periodo de 2025. La sanidad y los servicios sociales sumaron 61.000 trabajadores, frente a los 112.700 del año anterior. También aumentó la ocupación en la Administración pública, con 57.900 empleos adicionales, y en el transporte y almacenamiento, con 55.600. En el lado contrario destaca la educación, que perdió 143.400 ocupados durante el trimestre debido, principalmente, al efecto de las vacaciones estivales. El descenso se concentra especialmente en actividades como las academias de idiomas y de refuerzo. La industria manufacturera también sufrió una caída importante, con 72.600 trabajadores menos, frente al aumento de 33.600 registrado en el mismo periodo del año pasado. El sector agrario perdió otros 58.200 empleos, más del triple que en 2025, cuando el descenso fue de 17.400. Si se observa la evolución de los últimos doce meses, la educación encabeza el crecimiento del empleo, con 107.600 ocupados más. Le siguen la hostelería, con 92.300; las actividades científicas y técnicas, con 63.200; el comercio, con 56.800, y las actividades financieras, con 56.300. La industria manufacturera presenta la evolución más desfavorable entre las principales actividades, con 21.600 ocupados menos en términos anuales, pese al aumento general del empleo. La evolución del desempleo también presenta diferencias territoriales. Navarra registra uno de los mayores incrementos interanuales entre las comunidades autónomas, al pasar del 7,3% en el tercer trimestre de 2025 al 9,2% en el mismo periodo de 2026. Galicia subió del 8% al 9,2%, mientras que Asturias pasó del 9% al 10%. En cambio, el paro disminuyó en algunas comunidades tradicionalmente afectadas por tasas elevadas de desempleo. En Canarias, la tasa cayó del 14,6% al 10,9%, mientras que en Murcia retrocedió del 12,9% al 10,8%. Baleares mantiene uno de los registros más bajos, con un 4,6%, frente al 5,8% de un año antes. Andalucía continúa entre las regiones con más desempleo, con una tasa del 14,9%, seguida de Extremadura, con el 13%. Por nacionalidad, el aumento del paro durante el tercer trimestre afectó tanto a los españoles como a las personas con doble nacionalidad, entre quienes se contabilizaron 71.400 desempleados más. Entre los extranjeros, el incremento fue de 24.500 personas. La creación de empleo tuvo, sin embargo, un origen muy distinto: los trabajadores extranjeros aportaron 75.400 nuevos ocupados, mientras que los españoles y las personas con doble nacionalidad sumaron conjuntamente 1.800. De este modo, el avance de la ocupación en el trimestre se concentró prácticamente en la población extranjera.

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(El Economista, 28-10-2026) | Laboral

El sector público gana 90.000 empleados en un trimestre y supera los 3,7 millones

El empleo público se ha convertido en uno de los principales impulsores del mercado laboral durante la actual legislatura y ha intensificado su crecimiento en los últimos meses del Gobierno de Pedro Sánchez. La última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al tercer trimestre de 2026, refleja un aumento de 89.900 trabajadores en las administraciones públicas respecto al trimestre anterior. Como consecuencia, el número de empleados públicos alcanzó los 3,74 millones de personas a finales de septiembre, el máximo de la serie estadística. El incremento de las plantillas públicas ha sido determinante para sostener la creación de empleo durante el verano, en un trimestre marcado por el repunte del paro y la debilidad de la ocupación en el sector privado. Aunque el número total de ocupados aumentó, el avance del empleo privado fue negativo, con una pérdida de aproximadamente 16.300 puestos de trabajo entre julio y septiembre. De este modo, el crecimiento de las contrataciones en las administraciones compensó el retroceso registrado en las empresas y evitó que el balance trimestral de ocupación fuera desfavorable. La tendencia también se observa en la evolución interanual. Según los datos analizados por Randstad, el empleo público aumentó en 204.100 personas durante el último año, lo que representa un crecimiento cercano al 6%. En cambio, la ocupación en el sector privado avanzó un 1,39%. Esta diferencia pone de manifiesto que las administraciones están incrementando sus plantillas a un ritmo aproximadamente tres veces superior al de las empresas privadas. El aumento del empleo público tiene su reflejo en las cuentas de las administraciones. Según los datos de la Contabilidad Nacional publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto en remuneraciones de los empleados del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales ascendió a 92.203 millones de euros durante el primer semestre de 2026. La cifra supone un incremento del 6,8% respecto al mismo periodo del año anterior, dos puntos porcentuales por encima de la inflación interanual registrada en septiembre, que se situó en el 4,9%. Algunos analistas relacionan la aceleración de las contrataciones públicas y del gasto salarial con el calendario político. El año ha estado marcado por las expectativas de un posible adelanto de las elecciones generales, que se confirmó en octubre, así como por la celebración prevista de elecciones municipales y provinciales y de comicios autonómicos en varias comunidades durante la primavera de 2027. Esta evolución también se vincula al debate sobre el crecimiento económico español y su capacidad para traducirse en una mejora equivalente de la renta por habitante. Pese al avance del producto interior bruto (PIB), la evolución del PIB per cápita sigue planteando interrogantes sobre la convergencia con la media de la Unión Europea. El aumento de las plantillas públicas y del gasto asociado constituye uno de los elementos que se analizan al estudiar la composición del crecimiento económico y su impacto sobre la productividad. El balance laboral del tercer trimestre presenta, en cualquier caso, resultados contrapuestos. La EPA contabilizó un incremento de 77.300 ocupados entre julio y septiembre, hasta alcanzar los 22,85 millones de personas, un nuevo máximo histórico. Sin embargo, el desempleo aumentó en 95.900 personas, el mayor repunte en este periodo desde los años de la pandemia, y el número total de parados se situó en 2,59 millones. La tasa de desempleo volvió así a superar el 10%, hasta alcanzar el 10,18%. La distribución de la ocupación por nacionalidad muestra, además, que los trabajadores extranjeros concentraron prácticamente todo el crecimiento del empleo durante el trimestre. Su número aumentó en 75.400 personas, mientras que entre los trabajadores españoles se registró un descenso de 1.800 ocupados. En el caso del desempleo, los españoles sumaron 71.400 parados más, un incremento del 3,8%, mientras que entre los extranjeros el aumento fue de 24.500 personas, equivalente al 3,9%. Por su parte, la población activa, que incluye tanto a quienes trabajan como a quienes buscan empleo, alcanzó los 25,4 millones de personas, su nivel más elevado hasta la fecha. En comparación con el trimestre anterior, aumentó en 169.500 personas, mientras que el incremento interanual fue de 443.500. La tasa de empleo de la población de entre 16 y 64 años se situó en el 69,10%, casi medio punto por encima de la registrada un año antes. El Gobierno destacó la evolución de los datos desestacionalizados, que considera más representativos de la tendencia del mercado laboral. Desde esta perspectiva, la ocupación creció en 70.000 personas, un 0,31%, hasta alcanzar los 22,7 millones de trabajadores. Aunque esta medición también refleja un máximo histórico, el conjunto de los resultados evidencia que el crecimiento del empleo convive con un aumento del paro y con una evolución desigual entre el sector público y el privado.

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(El Economista, 28-10-2026) | Laboral

La cláusula de salvaguarda incorporada a la reforma de las pensiones no tendrá que activarse, al menos por ahora

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) señala que las últimas previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sitúan el gasto neto en pensiones tres décimas por debajo del límite establecido por la normativa. Esta diferencia permite al Gobierno evitar, por el momento, la aplicación de medidas correctoras y posibles incrementos automáticos de las cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). El MEI, incorporado en la segunda fase de la última reforma de las pensiones, consiste en una cotización adicional que deben abonar empresas, trabajadores y autónomos. Su aplicación comenzó en 2023 con un tipo del 0,6% sobre la base de cotización y aumenta progresivamente hasta alcanzar el 1,2% en 2029. Las empresas soportan la mayor parte de esta aportación, mientras que los trabajadores asumen una proporción menor. Los ingresos obtenidos se destinan al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones. En 2025, la recaudación alcanzó los 4.906 millones de euros, un 32,9% más que en 2024, cuando se ingresaron 3.689 millones. En su primer año de funcionamiento, en 2023, el mecanismo aportó 2.729 millones. Entre enero y agosto de 2026, los ingresos acumulados ascendieron a 4.049 millones de euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 2/2023 establece un mecanismo de control para comprobar la sostenibilidad financiera del sistema. Desde 2025, la AIReF debe evaluar cada tres años si el gasto neto medio en pensiones proyectado para el periodo comprendido entre 2022 y 2050 supera el umbral fijado en el 13,3% del producto interior bruto (PIB). En su revisión de mayo de 2026, la AIReF calcula que el gasto bruto corregido medio se sitúa en el 14,6% del PIB, mientras que el efecto de los ingresos alcanza el 1,6%. La diferencia deja el gasto neto en el 13%, tres décimas por debajo del límite legal, según recoge el informe de Fedea. Este margen evita, por ahora, que se active el procedimiento previsto para corregir una eventual desviación. Si las proyecciones superasen el umbral del 13,3% del PIB, el Gobierno tendría que negociar con los agentes sociales y presentar al Parlamento medidas para compensar el exceso de gasto. Las alternativas contempladas incluyen aumentar los ingresos, reducir las prestaciones o combinar ambas opciones. Si las medidas correctoras no entrasen en vigor el 1 de enero del año siguiente a la evaluación, se aplicaría automáticamente una subida de las cotizaciones del MEI de dos décimas porcentuales. El incremento continuaría con otras dos décimas cada año hasta que se aprobasen medidas alternativas con un efecto equivalente o se corrigiese la desviación. Pese al margen actual, las previsiones apuntan a un aumento considerable del gasto en pensiones durante las próximas décadas. La Seguridad Social calcula que la factura podría alcanzar aproximadamente el 15,3% del PIB en 2050, mientras que la AIReF estima que se elevará hasta el 16,4%. Entre los principales factores que explican esta evolución figuran la jubilación de la generación del baby boom, la actualización de las prestaciones conforme al IPC y el aumento de la pensión media, asociado a carreras de cotización más largas y bases salariales más elevadas. La evolución reciente del gasto también refleja esta tendencia. En 2025, la Administración destinó 182.526 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 5,7% más que los 172.653 millones del año anterior. En 2023, el desembolso había alcanzado los 161.067 millones, frente a los 145.269 millones de 2022. En conjunto, el gasto aumentó un 25,6% en ese periodo de tres años. Durante los nueve primeros meses de 2026, la Seguridad Social destinó alrededor de 123.761 millones de euros a financiar las pensiones contributivas, un 6% más que en el mismo periodo de 2025. Esta cantidad representa el 77,6% del presupuesto anual previsto para esta partida y evidencia la presión creciente que soportan las cuentas del sistema público de pensiones.

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(Cinco Días, 28-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España estudia dar indicaciones a la banca para aplicar la sentencia del fraude

Parte de las entidades financieras españolas y europeas ha retrasado la devolución del dinero sustraído mediante operaciones bancarias no autorizadas, alegando que los clientes incurrieron en negligencia grave. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha aclarado esta cuestión y ha establecido que los bancos deben reembolsar las cantidades defraudadas, como máximo, al finalizar el siguiente día hábil. Posteriormente, podrán demostrar que el usuario actuó de forma negligente y reclamarle el importe si procede. El Banco de España está analizando la sentencia y ha comunicado que estudia la posibilidad de emitir instrucciones al sector para favorecer una aplicación uniforme, coherente y proporcionada de la resolución. La sentencia, dictada el pasado 15 de octubre, cuestiona la práctica de algunas entidades financieras de rechazar reclamaciones por fraude alegando una conducta negligente de sus clientes. Según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), este procedimiento obliga con frecuencia a los afectados a acudir a los tribunales para recuperar su dinero, con los costes y demoras que ello supone. La resolución europea establece que el banco debe efectuar primero el reembolso y, después, si considera que el cliente ha actuado de forma negligente, acreditar esa circunstancia y reclamarle las cantidades correspondientes. Las entidades financieras sostienen que el alcance de la sentencia es limitado y se apoyan en la distinción entre operaciones de pago autorizadas y no autorizadas. La normativa española sobre servicios de pago establece que una operación se considera autorizada cuando el titular ha dado su consentimiento para ejecutarla y que, en ausencia de este, debe calificarse como no autorizada. Desde la Asociación Española de Banca (AEB) señalan que el TJUE ha resuelto un caso de una operación no autorizada y que su pronunciamiento confirma la regulación vigente para este tipo de situaciones. La patronal bancaria añade que la sentencia no altera el régimen de responsabilidad del usuario cuando incumple de forma negligente su obligación de proteger los datos de pago. Asufin considera, sin embargo, que esta distinción no justifica que se deniegue el reembolso cuando el cliente ha sido víctima de un engaño. En numerosas estafas, los delincuentes se hacen pasar por empleados bancarios, representantes de organismos públicos o privados, o incluso familiares, para conseguir que la víctima autorice una transferencia o un pago. Un ejemplo habitual es el de los mensajes fraudulentos en los que alguien suplanta la identidad de un hijo o un nieto para solicitar dinero mediante Bizum o una transferencia bancaria. Hasta ahora, el criterio del Banco de España se ha basado en la aplicación de la normativa vigente. Según su última memoria de reclamaciones, la entidad financiera debe devolver el importe de una operación no autorizada sin demora y, en todo caso, antes de que finalice el siguiente día hábil. La excepción contemplada se refiere a los casos en los que exista sospecha de fraude y esta se comunique al supervisor. La memoria también señala que corresponde al banco demostrar que la operación fue autenticada y registrada correctamente, salvo que acredite la existencia de fraude o negligencia grave por parte del usuario. Algunas entidades se habían apoyado en esta última salvedad para justificar el rechazo de reclamaciones. Sin embargo, la referencia afecta a la carga de la prueba y no al plazo para efectuar la devolución. Tras la sentencia europea, el departamento de Conducta de Entidades del Banco de España, dirigido por José Luis Escrivá, estudia sus implicaciones. El TJUE establece como única excepción al reembolso inmediato la sospecha de que el propio cliente haya cometido fraude, siempre que se comunique por escrito a la autoridad nacional competente. El asunto analizado por el tribunal europeo se originó en Polonia. Una mujer que había anunciado un artículo en una plataforma de compraventa por internet recibió un mensaje de una persona que se hizo pasar por un posible comprador. El estafador le envió un enlace a una página que imitaba la web de su banco y consiguió que introdujera sus credenciales de banca electrónica. Después, transfirió unos 700 euros a una cuenta propia. La clienta informó a la entidad al día siguiente, pero esta rechazó devolverle el dinero al considerar que había incumplido su obligación de proteger el instrumento de pago y evitar que personas no autorizadas accedieran a él. El TJUE concluyó que esa justificación no basta para denegar el reembolso. La resolución puede tener consecuencias económicas para el sector financiero, tanto por los fraudes que se produzcan en el futuro como por las reclamaciones anteriores que todavía puedan reabrirse. El volumen de las estafas en el Espacio Económico Europeo, integrado por los 27 países de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega, alcanzó los 4.200 millones de euros. En España, el importe superó los 300 millones en 2024, según los últimos datos publicados por el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y el Banco de España. La decisión europea refuerza así la obligación de las entidades de devolver con rapidez el dinero correspondiente a operaciones no autorizadas, sin trasladar automáticamente al cliente las consecuencias de una posible negligencia. Los bancos deberán aplicar este criterio en las reclamaciones futuras y valorar sus implicaciones en los expedientes anteriores, mientras el Banco de España estudia si resulta necesario emitir nuevas indicaciones para garantizar una aplicación homogénea de la sentencia.

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(La Vanguardia, 28-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Vivienda aprueba 200 millones subvenciones para promotores de alquileres asequibles en suelos públicos

El Gobierno ha aprobado una partida de 201 millones de euros en ayudas directas para promotores y constructores que desarrollen viviendas de alquiler asequible en terrenos públicos urbanizados propiedad de Casa 47. La iniciativa pretende ampliar el parque público de alquiler mediante acuerdos de colaboración entre las administraciones y el sector privado, con rentas inferiores a las del mercado y limitadas al 30% de los ingresos de la unidad familiar. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto que regula estas subvenciones, con las que se prevé impulsar hasta 2.500 nuevas viviendas. Según el Ministerio de Vivienda, los fondos permitirán financiar alrededor de 30 promociones en distintas zonas de España, entre ellas Málaga, Sevilla, Valencia, Cantabria y Guadalajara. Las viviendas construidas con estas ayudas mantendrán su titularidad pública y ofrecerán alquileres asequibles de forma permanente. Los contratos podrán extenderse durante un periodo de hasta 75 años, mientras que las rentas no podrán superar el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia que ocupe cada inmueble. El Ejecutivo defiende este sistema de colaboración público-privada como una fórmula para aumentar la oferta de vivienda protegida sin perder las condiciones de asequibilidad a largo plazo. El modelo toma como referencia experiencias como la de Viena, donde este tipo de vivienda pública tiene una presencia consolidada. El Gobierno sostiene que este planteamiento evita que la asequibilidad dependa de las condiciones que establezcan las empresas adjudicatarias y lo diferencia de otros programas, como el Plan Vive de la Comunidad de Madrid.

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(Expansión, 27-10-2026) | Fiscal

Los ingresos de los paraísos fiscales aumentan gracias al impuesto mínimo global

Guernsey, Jersey y otros territorios considerados paraísos fiscales prevén obtener ingresos tributarios adicionales tras elevar sus tipos del impuesto de sociedades para adaptarse a las normas de la OCDE. En contra de las previsiones iniciales, las grandes multinacionales no han abandonado estos centros financieros, pese a la introducción de un tipo mínimo efectivo global destinado a reducir los incentivos para trasladar beneficios a jurisdicciones con baja tributación. Estas jurisdicciones temían que la nueva regulación provocara una salida de empresas y capitales. El acuerdo, impulsado por la OCDE y respaldado por más de un centenar de países en 2021, estableció un tipo mínimo efectivo del 15% para los grupos multinacionales con ingresos anuales superiores a 750 millones de euros. La iniciativa, conocida como Pilar Dos, constituyó una de las reformas más importantes de la fiscalidad empresarial internacional en más de un siglo, aunque su alcance se ha reducido parcialmente desde su aprobación. Charles Parkinson, responsable del Tesoro de Guernsey, explicó al Financial Times que menos del 10% de las multinacionales han trasladado sus operaciones fuera de esta dependencia de la Corona británica como consecuencia del incremento fiscal. La isla ha duplicado recientemente su previsión de ingresos vinculados a estas normas hasta los 88 millones de libras, unos 105 millones de euros, para 2025, primer año de aplicación. El ejercicio anterior, la recaudación por el impuesto de sociedades había ascendido a 48 millones de libras, cuando la mayoría de las multinacionales tributaban a tipos del 0% o del 10%, según su actividad. Jersey, que contaba con un sistema tributario similar, también espera obtener decenas de millones de libras adicionales gracias al Pilar Dos. Bermudas ha revisado igualmente al alza sus previsiones y calcula que los ingresos derivados de estas normas alcanzarán los 291 millones de dólares, alrededor de 260 millones de euros, durante el primer año. Esta cantidad representa aproximadamente una quinta parte de la recaudación fiscal total prevista para el ejercicio 2025-2026. Hasta 2025, Bermudas no aplicaba un impuesto general de sociedades, pero introdujo un tipo del 15% para ajustarse al nuevo marco internacional. Inicialmente, esperaba recaudar 188 millones de dólares, aunque elevó sus estimaciones tras constatar los beneficios extraordinarios obtenidos por las compañías reaseguradoras. Irlanda figura también entre los países que están aprovechando el nuevo sistema. Los ingresos procedentes de empresas que mantienen en el país sus derechos de propiedad intelectual, entre ellas Apple, han contribuido a generar superávits presupuestarios durante varios ejercicios. El Ministerio de Economía irlandés prevé que, a partir del próximo año, la recaudación del impuesto de sociedades aumente en 3.500 millones de euros anuales como consecuencia del Pilar Dos. Giorgia Maffini, directora de política fiscal de PwC, considera que, si se mantiene esta tendencia, las empresas podrían seguir conservando sus beneficios y sus inversiones en estas jurisdicciones por motivos distintos de la fiscalidad. No obstante, advierte de que las primeras cifras todavía son provisionales y deben interpretarse con cautela. El mecanismo del Pilar Dos permite que, cuando una multinacional soporta en un país un tipo impositivo efectivo inferior al 15%, se apliquen impuestos complementarios para alcanzar el mínimo establecido, de acuerdo con las reglas correspondientes. Este sistema incentiva a las jurisdicciones con baja tributación a implantar sus propios mecanismos de imposición mínima, evitando que otros Estados recauden los importes adicionales. Sin embargo, el pasado enero, la Administración de Donald Trump consiguió una exención para las empresas estadounidenses respecto de estos gravámenes complementarios previstos por el acuerdo internacional. Los expertos apuntan a que las ventajas de estos territorios van más allá de los impuestos. Las multinacionales pueden mantener allí sus sedes por la flexibilidad de sus marcos regulatorios, la disponibilidad de infraestructuras adecuadas y el acceso a trabajadores cualificados. A estos factores se suma el coste administrativo que supone cumplir con las obligaciones de información del Pilar Dos. Daniel Bunn, consejero delegado de la estadounidense Tax Foundation, señala que las empresas incluidas en el régimen deben presentar información detallada sobre sus operaciones, incluso cuando no tengan que abonar impuestos adicionales. La complejidad de estos procedimientos puede desincentivar el traslado de sus estructuras a otros países, ya que implicaría asumir nuevos costes de cumplimiento y adaptar sus sistemas internos. En este contexto, mantener las estructuras actuales puede resultar más sencillo desde el punto de vista operativo. John Vella, director del Centro de Fiscalidad Empresarial de la Universidad de Oxford, considera que todavía es pronto para evaluar todas las consecuencias de la reforma. A su juicio, las compañías podrían esperar antes de modificar su ubicación, hasta comprobar cómo se consolidan las normas y cuál es su aplicación efectiva a largo plazo. Desde Guernsey, Parkinson advierte de que el incremento de la recaudación debe entenderse como una ganancia inesperada a corto plazo, puesto que las empresas podrían cambiar sus estrategias para reducir su carga fiscal. En una línea similar, el primer ministro de Bermudas, David Burt, ha señalado que 2025 podría marcar el máximo de ingresos por el impuesto de sociedades. Entre los factores que podrían reducir la recaudación futura figura la concesión de créditos fiscales a las empresas. Jersey también ha reconocido que existe una incertidumbre considerable sobre el volumen total de ingresos adicionales que generará la reforma y durante cuánto tiempo podrán mantenerse. Desde la OCDE recuerdan, además, que las decisiones empresariales sobre dónde establecerse no dependen exclusivamente de la fiscalidad, sino también de la calidad de las infraestructuras, la estabilidad normativa y la disponibilidad de mano de obra. En julio, la organización estimó que el impuesto mínimo global podría incrementar la recaudación tributaria mundial entre un 3,2% y un 5,4%, lo que supondría entre 91.000 y 155.000 millones de dólares anuales. Estas previsiones son inferiores a las calculadas inicialmente, lo que refleja las dificultades para determinar el impacto definitivo de una reforma cuya aplicación sigue evolucionando.

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(El País, 27-10-2026) | Fiscal

Elma Saiz asegura que el Gobierno aprobará otra deducción para que el salario mínimo no tribute en el IRPF

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que el Ejecutivo prevé aprobar una deducción fiscal para evitar que la próxima subida del salario mínimo interprofesional (SMI) implique el pago efectivo del IRPF por parte de sus perceptores. No obstante, para que esta medida entre en vigor será necesario incorporarla a una norma con rango legal que deberá someterse a la convalidación de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. En una entrevista en la Cadena SER, Saiz ha señalado inicialmente que el Gobierno pretende aprobar el incremento del salario mínimo antes de las elecciones generales. Posteriormente, ha matizado que esa es la intención del Ejecutivo, aunque todavía debe concluir sus trabajos el grupo de expertos encargado de recomendar la cuantía de la subida. El Gobierno contempla un aumento cercano al 5% para 2027, mientras que los sindicatos reclaman un incremento del 7%. Actualmente, el SMI está fijado en 1.221 euros mensuales en 14 pagas. El Ministerio de Hacienda decidirá cómo articular la exención efectiva del salario mínimo una vez que se apruebe la nueva cuantía. Según las previsiones, el departamento que dirige Arcadi España podría mantener el mecanismo aplicado en la última actualización y recurrir a una deducción en la declaración de la renta, en lugar de modificar los umbrales de tributación o la reducción por rendimientos del trabajo. Esta última fórmula se utilizó durante años para adaptar el IRPF a los sucesivos incrementos del SMI. Hasta 2024, las subidas del salario mínimo solían acompañarse de modificaciones en los límites del impuesto para evitar que los trabajadores que percibían esta remuneración comenzaran a tributar por el aumento de sus ingresos. Ese año, cuando el SMI alcanzó los 15.876 euros brutos anuales, Hacienda elevó hasta esa cantidad el umbral de ingresos a partir del cual los contribuyentes con más de un pagador estaban obligados a presentar la declaración. Desde entonces, este límite no se ha actualizado, pese a que el salario mínimo ha aumentado hasta los actuales 17.094 euros anuales. En las últimas revisiones, el Gobierno ha optado por mantener los umbrales fiscales y establecer una deducción que compense el impuesto que correspondería pagar a los perceptores del SMI. De esta manera, pueden quedar exentos de tributación efectiva, aunque mediante un procedimiento diferente al utilizado anteriormente. Este sistema implica que los trabajadores deben presentar la declaración de la renta para recuperar las cantidades retenidas durante el ejercicio anterior, por lo que la compensación no se produce necesariamente en la nómina mensual. La cuestión fiscal también ha generado un enfrentamiento político entre el Gobierno y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Durante la entrevista, Saiz ha criticado las declaraciones del dirigente popular, que la semana pasada afirmó que el salario mínimo tributaba en el IRPF. La ministra ha defendido que el Ejecutivo ya había planteado la exención de esta renta en anteriores debates parlamentarios y ha recordado las discrepancias surgidas en 2025 sobre la fórmula que debía utilizarse para evitar su tributación efectiva. El calendario para aprobar la nueva subida del SMI es ajustado. El Gobierno quiere que el incremento entre en vigor el 1 de enero de 2027 y que la decisión se adopte antes de las elecciones generales. La previsión es que la nueva cuantía se apruebe mediante un real decreto en uno de los próximos Consejos de Ministros, con el del 24 de noviembre como última fecha prevista antes de los comicios. Antes de tomar esa decisión, el Ministerio de Trabajo deberá recibir las recomendaciones del grupo de expertos integrado por representantes del ámbito académico, sindical y del propio Ejecutivo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, concedió el pasado 8 de octubre un plazo de tres semanas para que el grupo presentara sus conclusiones. Ese periodo concluye a finales de octubre, aunque todavía no se ha anunciado oficialmente la fecha de la próxima reunión. El Estatuto de los Trabajadores establece que el Gobierno debe tener en cuenta diversos indicadores para fijar el salario mínimo, entre ellos la evolución del índice de precios de consumo, la productividad media nacional, la participación del trabajo en la renta nacional y la situación económica general. Además, los expertos valoran otros objetivos, como la recomendación de la Carta Social Europea de situar el salario mínimo en el 60% del salario medio neto y la necesidad de reducir la pobreza laboral. El grado de cumplimiento de ese objetivo continúa siendo objeto de discrepancia entre los expertos, los sindicatos y distintos departamentos del Gobierno. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sostenido recientemente que el SMI ya representa el 60% del salario medio, después de acumular una subida del 66% desde 2018. Cuerpo también ha defendido que el próximo incremento se acuerde y anuncie antes de las elecciones para reducir la incertidumbre entre los trabajadores que perciben esta remuneración. El proceso deberá resolver, por tanto, dos cuestiones relacionadas pero distintas: la cuantía de la subida del salario mínimo para 2027 y el mecanismo fiscal que permitirá evitar que ese incremento se traduzca en una mayor carga efectiva del IRPF para sus beneficiarios. Ambas decisiones deberán concretarse en las próximas semanas para que las nuevas condiciones puedan aplicarse desde el comienzo del próximo año.

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(Expansión, 27-10-2026) | Laboral

La IA cambia las reglas para ser un profesional imprescindible

Saber dar instrucciones a una inteligencia artificial ha dejado de ser una ventaja competitiva diferencial. A medida que los agentes autónomos empiezan a asumir tareas operativas, las empresas prestan cada vez más atención a otras capacidades profesionales, como la gobernanza tecnológica, la gestión del cambio y el pensamiento crítico. Estas competencias permiten supervisar el trabajo de las máquinas, evaluar sus decisiones y asumir responsabilidades que siguen dependiendo de las personas. En Anthropic, los agentes de inteligencia artificial ya registran seis horas de actividad por cada hora trabajada por sus empleados, según los cálculos de la propia compañía. Estas herramientas generan código, contribuyen a cerrar operaciones comerciales y procesan contratos, pero necesitan profesionales que coordinen sus tareas, revisen los resultados y corrijan posibles errores. Entre el otoño de 2025 y la primavera de 2026, la proporción de sesiones de trabajo dedicadas a preparar instrucciones, desarrollar herramientas de supervisión y gestionar agentes aumentó del 10% al 22%. Así lo recoge un estudio publicado el 16 de octubre, que analiza una empresa especialmente avanzada en la adopción de IA y cuyos resultados no pueden extrapolarse necesariamente al conjunto del tejido empresarial. La experiencia de Anthropic permite observar la transformación de las habilidades que buscan las empresas. Utilizar asistentes inteligentes ya no equivale a saber desarrollar aplicaciones con ellos ni a disponer de los conocimientos necesarios para controlar su funcionamiento. Las organizaciones requieren profesionales capaces de distribuir tareas entre personas y sistemas automatizados, establecer responsabilidades, identificar riesgos y verificar los resultados. En este contexto, competencias como la gobernanza tecnológica, la gestión del cambio y el criterio profesional adquieren una importancia creciente en el Barómetro E&E de habilidades demandadas. Los datos de Gartner reflejan la distancia entre las expectativas empresariales y la capacidad para gestionar estas tecnologías. El 71% de los más de 2.000 responsables tecnológicos encuestados prevé implantar agentes de inteligencia artificial durante los próximos doce meses, pero solo el 21% considera que su organización dispone de las competencias necesarias para gobernarlos. Otra investigación, presentada el 19 de octubre, señala que apenas el 13% de los directores tecnológicos consultados ha obtenido resultados significativos o transformadores con la IA. Además, solo el 4% cuenta con planes específicos para rediseñar los puestos de trabajo en equipos donde colaboren personas y agentes autónomos. Aunque proceden de estudios diferentes, estas cifras apuntan a una misma dificultad: el desarrollo tecnológico avanza más rápido que la adaptación de las estructuras y los procesos empresariales. Esta situación está generando nuevas responsabilidades dentro de las organizaciones. Los agentes necesitan autorización para acceder a información y ejecutar operaciones, pero corresponde a los profesionales establecer los límites de actuación, documentar las decisiones y asumir la responsabilidad ante posibles fallos. El 30 de septiembre, la IAPP publicó un marco que identifica ocho grandes áreas de actividad relacionadas con la gobernanza de la inteligencia artificial, entre ellas la tecnología, la gestión de riesgos, el ámbito jurídico, las políticas internas y la auditoría. El análisis se basa en perfiles laborales publicados, aunque no implica que todas estas funciones vayan a traducirse en nuevas contrataciones, ya que también pueden integrarse en departamentos y puestos existentes. Los requisitos recogidos en las ofertas de empleo también muestran una evolución hacia perfiles más especializados. Workday analizó vacantes de más de 550 empresas que utilizan su plataforma de selección y detectó que las referencias a conocimientos básicos de inteligencia artificial, como la elaboración de instrucciones sencillas, habían caído un 25% desde su máximo de enero de 2026. Por el contrario, las competencias relacionadas con el desarrollo de herramientas, la automatización de procesos y la ingeniería de IA aumentaron un 51% entre septiembre de 2025 y julio de 2026. Estos datos corresponden a anuncios de empleo y no representan necesariamente la evolución del conjunto del mercado laboral. No obstante, apuntan a que algunas empresas empiezan a considerar el manejo básico de asistentes inteligentes una habilidad común, que ya no basta por sí sola para diferenciar a los candidatos.

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(El País, 27-10-2026) | Laboral

Empleados que salen de la empresa para volver años después: su salario puede aumentar hasta un 25%

Miriam Urbano, especialista en relaciones laborales y tecnología de 39 años, decidió abandonar Adecco cuando comprobó que no tenía opciones de promoción dentro de la compañía. Tras la marcha de su responsable, no fue considerada para ocupar su puesto y optó por buscar nuevas oportunidades profesionales en una multinacional tecnológica, donde pudo ampliar sus conocimientos y desarrollar nuevas competencias. Un año después, su antigua empresa contactó con ella para ofrecerle un puesto de project manager con dependencia directa de un miembro del comité de dirección. La propuesta le permitió regresar en unas condiciones que consideraba más favorables y con mayores perspectivas de crecimiento. Su trayectoria responde al perfil de los denominados empleados bumerán, profesionales que dejan una empresa y regresan tiempo después. Esta fórmula de contratación está ganando protagonismo en las estrategias de recursos humanos, especialmente en sectores donde resulta difícil encontrar trabajadores cualificados. Las compañías recurren cada vez más a antiguos empleados que ya conocen su funcionamiento y que, durante su experiencia en otras organizaciones, han adquirido nuevas habilidades y conocimientos. Alberto Gavilán, director de Recursos Humanos de Adecco, señala que estos perfiles se han convertido en una fuente de reclutamiento cada vez más relevante en ámbitos como la tecnología, las ventas y los servicios. Roberto Rodríguez, responsable de Tecnología y Personas, consultora especializada en selección de profesionales tecnológicos, explica que en Estados Unidos los trabajadores que regresan representan entre el 20% y el 25% de las contrataciones de las grandes empresas tecnológicas. En España, aunque el fenómeno tiene menor alcance, también está creciendo. Además, los profesionales que vuelven suelen conseguir mejores condiciones laborales, con incrementos salariales de entre el 15% y el 25%. Aunque no existen estadísticas completas sobre esta tendencia, los especialistas coinciden en que las empresas han comenzado a buscar activamente talento entre quienes ya formaron parte de sus plantillas. Gustavo Pina, director de Contratación y Soluciones Tecnológicas de Hays, destaca el interés por recuperar a profesionales sénior con conocimientos especializados, siempre que su salida se produjera en buenos términos y que realizaran correctamente el traspaso de responsabilidades a sus sustitutos. Los datos de Deloitte también reflejan esta evolución. Carolina Ledesma, directora de Talento, Personas y Transformación de la firma, indica que el 24% de las contrataciones realizadas durante el último año en puestos directivos y mandos intermedios correspondió a antiguos empleados que regresaron tras permanecer fuera entre dos y dos años y medio. El porcentaje aumentó cuatro puntos respecto al ejercicio anterior. Las áreas de auditoría, estrategia y transacciones y tecnología concentran una parte importante de estos retornos. Las grandes consultoras han desarrollado redes de antiguos empleados, conocidas como alumni, que permiten mantener el contacto con quienes abandonan la organización y facilitan su posible reincorporación. Estas comunidades, habituales también en universidades y escuelas de negocios, se han convertido en una herramienta para identificar talento y conocer la evolución profesional de los exempleados. Deloitte, por ejemplo, realiza un seguimiento de sus antiguos trabajadores a los seis, doce y dieciocho meses de su salida para conocer cómo evoluciona su nueva trayectoria. La compañía considera que la marcha de un empleado no tiene por qué significar el final de la relación profesional. Una de las principales ventajas de contratar de nuevo a un antiguo trabajador es que ambas partes conocen previamente cómo funciona la relación laboral. La empresa dispone de referencias directas sobre su desempeño y el profesional está familiarizado con la cultura corporativa, los procedimientos y la organización interna. Esto reduce el tiempo de adaptación y facilita una incorporación más rápida que la de alguien que llega por primera vez. Según Gavilán, la reducción de la curva de aprendizaje permite mejorar la productividad desde las primeras semanas y puede generar un ahorro equivalente a entre dos y tres meses de salario. En Deloitte, Ledesma calcula que la reincorporación de un antiguo empleado permite ahorrar una media de 450 horas por persona en procesos de adaptación e integración. El regreso también puede contribuir a mejorar la percepción que tienen los trabajadores sobre sus posibilidades de desarrollo dentro de la compañía. Marta Ortega, responsable sénior del departamento de Talento de Deloitte, abandonó la firma para incorporarse a otros proyectos en Cintra y Ferrovial, donde permaneció nueve años antes de regresar. Su experiencia le permitió comprender que ninguna empresa ofrece condiciones perfectas en todos los ámbitos y que es importante ajustar las expectativas profesionales a la realidad. Para Pina, quienes regresan suelen tener más claro qué tipo de proyecto buscan y qué pueden esperar de la organización, lo que aumenta las posibilidades de que la incorporación funcione. Además, el hecho de que ya conozcan la empresa puede facilitar su aceptación por parte de los compañeros y reducir las exigencias iniciales para demostrar su capacidad. Sin embargo, volver a una antigua empresa también puede generar dudas. Urbano reconoce que una de sus principales preocupaciones era cómo interpretarían sus compañeros la decisión, ante el temor de que se considerase un retroceso profesional. Finalmente, entendió el regreso como una oportunidad para avanzar en su carrera, al acceder a un puesto con mayores responsabilidades y perspectivas de desarrollo. Para las organizaciones, el principal riesgo consiste en que la reincorporación de antiguos empleados transmita al resto de la plantilla la impresión de que quienes permanecen en la empresa tienen menos posibilidades de promoción que quienes se marcharon y después regresaron. Gavilán considera que las compañías deben explicar adecuadamente estos movimientos para evitar que se interpreten como un agravio comparativo y para garantizar que los trabajadores actuales también perciban oportunidades de crecimiento. Antes de aceptar una oferta de regreso, los profesionales deben analizar igualmente las razones que motivaron su salida. Pina advierte de que los problemas que llevaron a abandonar la empresa pueden seguir presentes si no se han producido cambios sustanciales. Por ello, el éxito de una reincorporación depende tanto de las nuevas condiciones ofrecidas como de la capacidad de ambas partes para identificar y resolver las causas que provocaron la marcha inicial.

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