(El Economista, 22-07-2025) | Laboral
La Audiencia Nacional ha confirmado que la negociación colectiva tiene la facultad de modificar beneficios sociales, según establece en su sentencia del 3 de junio, en la que rechaza la demanda presentada por la Confederación Intersindical Galega (CIG) contra Naturgy y los sindicatos firmantes del convenio colectivo.
El litigio colectivo pretendía dejar sin efecto la decisión de reducir el tope de la bonificación en el suministro eléctrico que reciben tanto empleados en activo como jubilados. Concretamente, el conflicto se centraba en el III Convenio Colectivo del Grupo Naturgy, que fijó desde el 1 de enero de 2023 un nuevo límite anual de 25.000 kWh, frente a los 30.000 kWh establecidos anteriormente.
Esta sentencia refuerza el principio de que la negociación colectiva tiene capacidad para regular las condiciones laborales y sociales, incluyendo la posibilidad de modificar beneficios previamente establecidos, siempre que dichas modificaciones se realicen conforme al marco normativo y convencional vigente.
Alfredo Aspra, abogado laboralista y socio del despacho Labormatters Abogados, destaca que la resolución "ratifica y refuerza el papel central de la negociación colectiva en la definición de las condiciones laborales, incluso cuando implica cambios en beneficios ya existentes, siempre dentro de los límites legales y pactados en convenios".
La Sala de lo Social subraya que el origen del beneficio de la tarifa eléctrica con bonificación es de carácter convencional, no individual ni derivado de un contrato personal. El tribunal señala que esta ventaja se remonta a reglamentos y ordenanzas de mediados del siglo XX, y ha sido regulada de forma continua por los distintos convenios colectivos aplicables en la empresa. En este sentido, Aspra remarca que "la tarifa bonificada no constituye un derecho individual, sino una condición colectiva establecida en sucesivos convenios, y por tanto sujeta a modificación dentro de ese ámbito".
Cabe añadir que Naturgy ha defendido que la reducción del consumo bonificado está alineada con su política de sostenibilidad. Además, sostiene que el nuevo límite de 25.000 kWh anuales continúa siendo considerablemente superior al consumo medio de un hogar en España, que oscila entre los 3.500 y los 5.700 kWh al año.