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(El Periódico, 14-05-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La tasa de variación anual del IPC del mes de abril se situó en el 3,3%, una décima por encima de la registrada en marzo

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de abril fue del 3,3%. Esta tasa fue una décima superior a la registrada el mes anterior. Los grupos que más destacaron por su influencia en el aumento de la tasa anual fueron: Vivienda, cuya tasa anual aumentó 2,5 puntos, hasta el 4,0%. Este comportamiento fue debido a la subida de los precios del gas, frente a la bajada en abril del año pasado. También, aunque en menor medida, a los precios de electricidad, que descendieron menos que en abril de 2023. Alimentos y bebidas no alcohólicas, que situó su tasa en el 4,7%, cuatro décimas por encima de la del mes pasado. Este incremento se debió, en su mayor parte, a la subida de los precios de frutas y legumbres y hortalizas, frente a la bajada en el mismo mes de 2023. Por su parte, entre los grupos con influencia negativa destacaron: Ocio y cultura, con una tasa anual del 2,2%, 1,6 puntos por debajo de la del mes anterior. Esta bajada se debió, principalmente, al descenso de los precios de los paquetes turísticos, que subieron en abril de 2023. Hoteles, cafés y restaurantes, cuya tasa anual disminuyó siete décimas, hasta el 4,8%. Este descenso se debió, en su mayor parte, a los precios de servicios de alojamiento, que subieron menos que en el mismo mes de 2023. La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuyó cuatro décimas, hasta el 2,9%. Es la tasa más baja desde enero de 2022. En abril la tasa de variación mensual del IPC general fue del 0,7%. Los grupos con mayor repercusión mensual positiva en la tasa mensual del IPC fueron:  Vestido y calzado, con una variación mensual del 7,1%, que recogió el comportamiento de los precios de la nueva temporada de primavera-verano. Este grupo repercutió 0,249 en el IPC general. Hoteles, cafés y restaurantes, que presentó una variación del 0,8%, debida a la subida de los precios de los servicios de alojamiento. Este grupo repercutió 0,118 en el IPC general. Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación mensual del 0,7%, debida al aumento de los precios de casi todos sus componentes. Destacaron las frutas, legumbres y hortalizas, carnes y pescado y marisco. La repercusión de este grupo en el IPC general fue 0,130. Por su parte, el único grupo con repercusión mensual negativa fue: Ocio y cultura, que presentó una tasa del -0,4% y una repercusión de -0,038, por la bajada de los precios de los paquetes turísticos. El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en abril. Galicia presentó la más elevada (3,7%) y Comunidad Foral de Navarra la más baja (2,9%). En el mes de abril la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 3,4%, una décima más que la registrada el mes anterior. La variación mensual del IPCA fue del 0,6%.

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(Cinco Días, 13-05-2024) | Fiscal

Nuevas responsabilidades legales para los ‘influencers’

La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 444/2024, que establece los requisitos para ser considerado usuario de especial relevancia en los servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas, en cumplimiento del artículo 94 de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Dentro de este conjunto de usuarios, destaca una categoría específica conocida como "influencers", "vloggers" o "creadores de contenido", que tienen un gran impacto en el mercado audiovisual en términos de consumo e inversión publicitaria, especialmente entre el público joven. Los usuarios de especial relevancia siempre han estado sujetos a normativas publicitarias, tanto generales como sectoriales. Sin embargo, esta nueva norma establece responsabilidades legales adicionales para ciertos usuarios que cumplan con criterios cuantitativos específicos. En primer lugar, se considera el criterio económico, que requiere que estos usuarios hayan obtenido ingresos brutos de al menos 300.000 euros en el año natural anterior, exclusivamente de su actividad en los servicios de intercambio de vídeos a través de la plataforma que utilicen. En segundo lugar, se evalúa el criterio de audiencia significativa, que exige que el usuario haya alcanzado, en algún momento del año natural anterior, un número mínimo de seguidores en una plataforma única (1.000.000) o en total (2.000.000), además de haber publicado al menos 24 vídeos durante el año anterior, independientemente de su duración. Los influencers que cumplan ambos criterios deben inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del Real Decreto. Esta regulación busca brindar una mayor protección a los consumidores de estas plataformas y una mayor seguridad jurídica a los influencers, que han adquirido una importancia significativa y un volumen económico relevante en las plataformas de intercambio de vídeos. Una vez inscritos, estos usuarios deberán cumplir con la normativa vigente en materia de protección de menores y publicidad en el ámbito audiovisual, como la identificación de espacios publicitarios y la restricción de publicidad de tabaco, medicamentos o alcohol, equiparando así sus obligaciones con las de otros profesionales audiovisuales. Este paso hacia la equiparación entre influencers y otros prestadores de servicios de comunicación audiovisual tiene como objetivo garantizar el respeto a los principios básicos de la comunicación audiovisual y proteger al público en general, especialmente a los menores, de contenidos y comunicaciones comerciales perjudiciales.

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(Expansión, 13-05-2024) | Laboral

El Supremo rechaza la obligación de devolver el paro en un ERTE si se concedió por error de la Administración

El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia en la que establece que un trabajador no está obligado a reembolsar la prestación por desempleo recibida de manera indebida durante un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), si esta fue otorgada debido a un error del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Esta decisión del Alto Tribunal se produce tras un recurso de casación para la unificación de doctrina presentado por un trabajador, al cual el SEPE le otorgó una prestación por desempleo durante un ERTE por la pandemia, a pesar de que su reducción de jornada superaba el límite máximo permitido (70%). Posteriormente, el SEPE le solicitó al trabajador la devolución de la prestación por considerarla indebida, decisión que fue apelada ante el Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo, el cual falló a favor del SEPE y en contra del trabajador. El trabajador presentó entonces un recurso para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, el cual, en una sentencia fechada en abril pasado, revocó la decisión del Juzgado de lo Social y concedió al trabajador el derecho a percibir 1.349 euros en concepto de prestación por desempleo. El Tribunal argumentó que el error en la concesión de la ayuda no fue culpa del trabajador, sino del SEPE. La empresa en la que trabajaba el recurrente presentó un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en abril de 2020, al inicio de la pandemia de Covid, reduciendo la jornada del trabajador en un 75% entre abril y octubre de ese año. Posteriormente, modificó el porcentaje de reducción de jornada del trabajador y otros 17 empleados, estableciéndolo en un 37,5% desde mediados de mayo hasta octubre de 2020. El SEPE concedió al trabajador una prestación por desempleo con fecha retroactiva desde abril, a pesar de que su reducción de jornada superaba el 70%. Después, el SEPE revocó su decisión y exigió al trabajador la devolución del dinero recibido. El trabajador apeló esta decisión, y aunque el SEPE le dio la razón parcialmente en marzo de 2021, el trabajador no estuvo de acuerdo y llevó el caso al Tribunal Supremo. El Supremo argumentó que el trabajador no contribuyó al error cometido por el SEPE, y que la reducción de su jornada fue resultado de un acuerdo entre la empresa y los trabajadores, comunicado de manera transparente a la autoridad laboral. Además, citó una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que indica que la prestación por desempleo cubre necesidades básicas y que la cantidad recibida es modesta. El Tribunal Supremo determinó que el error en la concesión de la prestación por desempleo fue responsabilidad exclusiva del SEPE, y que no era justo que todo el peso del error recayera en el trabajador. Por lo tanto, el Tribunal declaró el derecho del trabajador a recibir la prestación por desempleo reclamada.

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(Expansión, 13-05-2024) | Laboral

Tres de cada cuatro jóvenes quieren cambiar de empleo este año

Según el estudio 'Retos y Tendencias en RR.HH. 2024' llevado a cabo por Pluxee (anteriormente Sodexo), el 75% de los trabajadores pertenecientes a la Generación Z, quienes tienen menos de 30 años, están considerando cambiar de empleo este año. Esta cifra disminuye con la edad, llegando al 30% en el caso de los 'baby boomers', aquellos que tienen 50 años o más. El informe resalta un aumento generalizado en la intención de cambiar de trabajo tanto dentro como fuera de España, lo que advierte sobre el riesgo creciente de la "fuga de talento". En términos generales, el 54% de los españoles está pensando en cambiar de trabajo en 2024 o está abierto a recibir ofertas laborales, según el estudio realizado por esta empresa. La Generación Z, la más joven en el mercado laboral (nacidos a partir de 1995), es la más dispuesta a cambiar de empleo, con un 75% considerando esta posibilidad. Los Millennials también muestran un interés considerable, con un 64%, mientras que el 48% de la Generación X está abierto a cambiar. Por el contrario, solo el 30% de los 'baby boomers' está pensando activamente o está abierto a un cambio laboral. Además, el estudio de Pluxee destaca que la "fuga de cerebros", es decir, la migración de profesionales altamente cualificados, especialmente a otros países en busca de mejores oportunidades laborales, sigue creciendo y preocupando a las empresas en España. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población española residente en el extranjero aumentó un 4,2% durante 2023, alcanzando los 2.908.649 personas a principios de 2024. Entre las razones para querer cambiar de trabajo, el salario es el principal motivador, citado por el 72% de los encuestados, seguido de una mayor flexibilidad y opciones de conciliación personal y profesional (61%). Además, un buen ambiente laboral y una cultura empresarial positiva pueden influir en el 89% de los empleados para cambiar, seguido de una adecuada flexibilidad horaria y una mejor conciliación (87%). Las opciones de desconexión digital real y oportunidades de promoción interna también pueden influir en el 77% y 75% de los empleados, respectivamente. Miriam Martín, directora de Pluxee España, comentó que "la fuga de talento, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, es una realidad a la que se enfrentan las empresas de todos los tamaños y sectores. Se puede y se debe abordar escuchando las necesidades del talento".

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(Expansión, 13-05-2024) | Laboral

Las mujeres son el 23,7% de la alta dirección de la Bolsa

Las estadísticas de los Informes de gobierno corporativo de 2023, enviados por las empresas cotizadas a la CNMV, muestran que al final del año pasado, las mujeres ocupaban el 23,66% de los puestos de alta dirección en las compañías que cotizan en la Bolsa española. Este número, excluyendo a las consejeras, representa un aumento de dos puntos con respecto al 21,73% de 2022 y de cuatro puntos sobre el 19,66% de 2021. Según los datos recopilados anualmente por el regulador bursátil, la presencia femenina en la alta dirección de las empresas cotizadas ha aumentado en ocho puntos porcentuales en los últimos cinco años, pasando del 15,82% en 2018. El proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, que aún se encuentra en proceso de tramitación parlamentaria, establece que las empresas cotizadas deben garantizar que al menos el 40% de los puestos de alta dirección estén ocupados por personas del sexo menos representado. Este requisito debe cumplirse en un plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor de la ley, aunque se podría reducir a un máximo de dos años para ciertas empresas. La evolución varía según el tipo de empresa. En el Ibex, el porcentaje más alto de mujeres en puestos directivos es del 26,6%, con 103 mujeres ocupando estos cargos, en comparación con el 23,17% de 2022 (y el 22% en 2021). Este aumento en las empresas con mayor capitalización contrasta con el resto de las empresas cotizadas en la Bolsa, donde el 20,7% de los altos directivos son mujeres, un porcentaje similar al 20,6% de 2022. Nueve de las 35 empresas del Ibex tienen un 40% o más de mujeres en puestos de alta dirección. Aena lidera este ranking, con un 66,6% de mujeres en la alta dirección, seguida por Redeia, Colonial e Iberdrola, todas con un 50%. Otras empresas tienen más del 30% de mujeres en estos roles, como Logista (38%), Inditex (32%) y Banco Sabadell (30%). En el resto de la Bolsa, 14 de más de ochenta cotizadas tienen más del 40% de mujeres en puestos de alta dirección, como Adolfo Domínguez, Atrys Health, y Prisa, entre otras. Sin embargo, aún hay empresas, especialmente en el Mercado Continuo, que no han incorporado mujeres en sus equipos directivos, lo que resalta la necesidad de seguir avanzando hacia la igualdad de género en el ámbito empresarial.

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(El País, 13-05-2024) | Laboral

Los sueldos pierden poder adquisitivo: suben menos que el IPC en lo que va de año

Según el estudio 'Retos y Tendencias en RR.HH 2024' realizado por Pluxee (antes Sodexo), la subida salarial promedio acordada en los convenios registrados hasta abril fue del 2,92%, aproximadamente cuatro décimas menos que la tasa de inflación. Esto significa que en lo que va del año 2024, los precios han aumentado más rápido que los salarios. Después de haber experimentado incrementos por encima del 3% durante la mayor parte de 2023 para compensar o al menos mitigar la pérdida de poder adquisitivo causada por el aumento de la inflación, los salarios en los convenios colectivos han comenzado este año con aumentos más moderados. Esta situación, junto con el repunte de los precios en los últimos dos meses, ha resultado en una nueva disminución del poder adquisitivo de los españoles. El aumento salarial promedio pactado en los convenios hasta abril fue del 2,92%, según datos actualizados por el Ministerio de Trabajo. Esto apenas representó una centésima más que en marzo, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó el mes pasado hasta el 3,3%, dos décimas más que el mes anterior y casi cuatro puntos porcentuales por encima del aumento salarial. Durante los primeros cuatro meses del año, la inflación ha aumentado a tasas superiores que los salarios, excepto en febrero, cuando ambos aumentaron un 2,8%. En resumen, se ha vuelto a observar un desacoplamiento entre los salarios y el IPC, aunque en menor medida que durante la cresta inflacionaria de 2022. Esto ocurre en un contexto en el que la negativa del Gobierno a ajustar la tarifa estatal del IRPF podría resultar en un mayor pago de impuestos para los trabajadores si un aumento salarial, por modesto que sea, los lleva a un tramo impositivo superior. El incremento salarial pactado hasta abril, ligeramente por debajo del 3% acordado para este año en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (más un 1% adicional en función del IPC), contrasta con el aumento acelerado de los costos laborales. Según los últimos datos del INE disponibles, estos crecieron a tasas del 5% en el tercer y cuarto trimestres del año pasado. Esto incluye no solo los salarios, sino también el aumento de las cotizaciones sociales, que aumentaron un 7% solo entre octubre y diciembre del año pasado. En su informe anual más reciente, el Banco de España advirtió sobre el riesgo que representa para el empleo continuar aumentando la carga que soportan las empresas, a través del aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social. El supervisor estimó que un aumento de un punto en las cotizaciones reduciría en 0,25 puntos el número de empleados en cuatro años, lo que equivale a la destrucción de alrededor de 53.000 empleos. En un contexto en el que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha argumentado públicamente que los salarios no deben estar ligados a la productividad, los principales organismos económicos han recomendado lo contrario para un país que históricamente ha suspendido en este aspecto. A pesar de que el aumento salarial promedio hasta abril fue del 2,92%, los convenios registrados hasta esa fecha muestran una situación muy diversa. Más de 3 millones de trabajadores (el 35,5% del total) acordaron aumentos inferiores al promedio, mientras que 2,69 millones se beneficiaron de incrementos del 2,91%, en línea con la media general. Para 38.645 trabajadores, sin embargo, no hubo mejoras salariales este año. Los 2,82 millones de empleados pertenecientes a más de 293.000 empresas que han logrado pactar aumentos del 3,96% son los que elevan la media y representan el 32,6% del total. Muchos de estos convenios fueron firmados este año, con un aumento promedio del 4,1%. En cuanto a los sectores de actividad, el mayor aumento salarial se registró en los servicios, con un promedio del 3% para 5,87 millones de trabajadores, el grueso del total. En otros sectores, los aumentos fueron inferiores. Por ejemplo, en el sector agrario fue del 2,37%, en la industria del 2,77% y en la construcción del 2,88%. Estos datos coinciden con la publicación por parte del INE de estadísticas sobre la creación de empresas, que revelaron una disminución del 11,6% en marzo pasado en comparación con el mismo mes del año anterior, siendo la cifra más baja desde 2020. Esto pone fin a la tendencia positiva de los dos meses anteriores, cuando la creación de negocios creció un 13,1% en enero y un 7,9% en febrero.

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(Expansión, 13-05-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Se dispara el uso de las tarjetas para pagar la hipoteca

El uso indebido de la tarjeta de crédito puede llevar a las familias a enfrentar graves problemas financieros. Según un estudio realizado por la fintech de intermediación crediticia Agencia Negociadora de Productos Bancarios, seis de cada diez personas utilizan las tarjetas de manera perjudicial al emplearlas para saldar otras deudas o posponer el pago de gastos habituales. El estudio se basa en el análisis de 30.000 expedientes de solicitud de consolidación de deudas realizados en los últimos 12 meses. Una de las conclusiones más preocupantes es que el 16% de quienes solicitan la consolidación utilizan la tarjeta de crédito para hacer frente al pago de la hipoteca, una práctica calificada por el CEO de la compañía, Luis Javaloyes, como "la peor decisión financiera". Este comportamiento implica acumular las cuotas de la hipoteca y, al mismo tiempo, aplazar el pago al máximo plazo que permite la tarjeta. Según la fintech, esta estrategia es utilizada por el 95% de quienes recurren a la tarjeta para pagar la hipoteca, repitiendo la operación tantas veces como límite disponible tengan en sus tarjetas, e incluso contratando más tarjetas. El resultado, según la Agencia Negociadora de Productos Bancarios, es que se transforma un préstamo hipotecario a un tipo de interés asequible en un préstamo a corto plazo con un interés elevado, cercano al 25% TAE. Pero el mal uso más común de las tarjetas de crédito es utilizar el saldo disponible para pagar otras deudas con financiamientos más baratos. Según la fintech, esta situación se presenta en el 64% de los casos de sobreendeudamiento de sus clientes. El contexto económico también influye en el mal uso de las tarjetas. El incremento de los precios de alimentos y combustibles obliga al 51% de las personas sobreendeudadas a fraccionar los pagos de gastos esenciales, lo que indica una complicación inminente en su situación financiera, según el informe. Además, el 45% de quienes solicitan la consolidación de créditos utilizan la tarjeta para pagar servicios como energía o Internet, y una de cada tres personas sobreendeudadas financia la compra de bienes de consumo como teléfonos móviles, computadoras o electrodomésticos. Esta práctica, en la mayoría de los casos, duplica los intereses que se pagarían mediante un préstamo personal tradicional, según la Agencia Negociadora de Productos Bancarios. Se recomienda utilizar las tarjetas de crédito para su propósito original: realizar pagos completos al final de cada mes sin costo, y solo utilizar la capacidad de financiamiento de manera excepcional. Con 18 años de experiencia en el mercado, Agencia Negociadora de Productos Bancarios ha participado en 400.000 operaciones de financiamiento gestionadas y más de 10.000 operaciones formalizadas, generando un volumen total de 1.000 millones de euros.

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(El Economista, 13-05-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España ultima la activación del colchón de capital anticíclico para la banca

En los próximos días, el Banco de España podría poner en marcha el colchón de capital anticíclico, una medida que exige a la banca aumentar sus reservas para fortalecer su capacidad de otorgar créditos en momentos de debilidad económica, aprovechando los resultados históricamente altos que está obteniendo el sector. Esta medida fue anunciada por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante su comparecencia en el Congreso para presentar el Informe Anual de la entidad. El colchón de capital anticíclico es un porcentaje que se aplica a la exposición crediticia de los bancos y se activa en fases alcistas de los ciclos de crédito para reforzar la solvencia de las entidades. Actualmente, este porcentaje está en el 0 %, pero se podría aumentar en medio punto para 2025 y otro medio punto para 2026. Esto significaría que el sector bancario tendría que acumular alrededor de 7.000 millones de euros adicionales para disponer de ese capital en caso de pérdidas. La activación de este colchón en fases más tempranas permitiría disponer de más capital en momentos económicos adversos, lo que ayudaría a mantener el flujo de crédito a la economía real y contribuiría a la estabilización macroeconómica. La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha señalado los primeros signos de deterioro en la calidad de los créditos en las entidades supervisadas, aunque aún están lejos de los niveles preocupantes de hace una década. En España, la tasa de créditos morosos es del 2,8 %, superior a la media europea. A pesar de la buena capitalización y solvencia del sector bancario español, algunos expertos dudan si es el momento adecuado para endurecer los requerimientos de capital, ya que podría afectar negativamente a la rentabilidad de la banca. Sin embargo, las entidades financieras españolas han cumplido con sus obligaciones fiscales, destinando alrededor del 51 % de sus resultados al pago de impuestos, incluido un extraordinario de unos 10.000 millones de euros.

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(El Periódico, 13-05-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Victoria del PSC en Cataluña que pone fin a la mayoría independentista

Con más del 98% del voto escrutado, el PSC ha obtenido una clara victoria en las elecciones celebradas este domingo en Cataluña, logrando 42 diputados, nueve más que en los comicios de 2021 y marcando uno de sus mejores resultados históricos. Los siguientes partidos en número de diputados son Junts per Catalunya y ERC, con 35 y 20 escaños respectivamente. Sumando los asientos de la CUP (cuatro) al total de las formaciones independentistas, queda lejos de alcanzar la mayoría absoluta en el Parlament, fijada en 68 diputados, situación inédita desde el inicio del procés hace más de una década. Incluso con el respaldo de Aliança Catalana, la nueva formación derechista que ha obtenido dos escaños en la Cámara catalana, el bloque independentista no tendría suficientes votos para formar gobierno. Sin embargo, el resto de fuerzas independentistas han descartado aceptar apoyos de esta organización liderada por la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols. Así, cobra fuerza la posibilidad de un tripartito de izquierdas. Los 42 diputados del PSC podrían alcanzar la mayoría absoluta con los 20 de ERC y los 6 de los Comuns, sumando un total de 68 escaños. Esto sería suficiente frente a los representantes de Junts (35), PP (15) y Vox (11). El candidato socialista, Salvador Illa, celebró la victoria afirmando que "Cataluña se pone a funcionar. Con respeto, con educación con todo el mundo, y con ambición, para volver a liderar económicamente España". Este resultado marca un cambio significativo en el panorama político catalán, con un castigo al independentismo por parte del electorado y una validación de la estrategia de distensión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los republicanos, a pesar de su obra de gobierno, no han logrado rentabilizar sus acciones y han sido superados por Junts, liderados por Carles Puigdemont. A pesar de la victoria, Salvador Illa enfrenta el desafío de formar gobierno. Durante la campaña, se mostró abierto a diferentes posibilidades, aunque parece inclinarse por un tripartito de izquierdas con la CUP y los comunes, lo que conseguiría los 68 escaños necesarios. Sin embargo, la reacción de los potenciales aliados del PSC aún está por verse. Los comunes, que han perdido dos escaños, son quienes más han defendido una coalición de izquierdas. Mientras tanto, ERC ha mantenido un perfil bajo, sin mostrar su apoyo ni oposición, consciente de las diferencias internas que podrían surgir entre su ala social y nacionalista. Por tanto, las negociaciones para formar gobierno en Cataluña se realizarán a varios niveles y no solo a nivel autonómico.

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(Expansión, 10-05-2024) | Fiscal

Las empresas catalanas, en vísperas de las elecciones, reclaman estabilidad política y rebajas fiscales

También se demanda una mayor colaboración entre el sector público y privado, simplificar la legislación, reducir la burocracia, establecer un nuevo modelo de financiación y desbloquear proyectos como la ampliación de El Prat y Hard Rock. La campaña electoral en Cataluña está llegando a su fin este viernes, y las organizaciones empresariales tienen muy clara su agenda de prioridades para la próxima legislatura. Exigen un cambio en la dirección económica, política y tributaria, con el objetivo de lograr estabilidad y recuperar el liderazgo como la comunidad autónoma que más contribuye al PIB. Además, reclaman desbloquear inversiones en infraestructuras que llevan años, e incluso décadas, en espera, reducir la burocracia y poner en marcha un nuevo modelo de financiación. La reducción de impuestos también es una demanda compartida. Según Foment del Treball, Cataluña enfrenta un "infierno fiscal", según su presidente, Josep Sánchez Llibre. Sin embargo, la Generalitat contradice completamente este diagnóstico. La patronal de pymes Pimec también considera que la fiscalidad es "excesiva", por lo que pide un cambio en este aspecto. Cataluña cuenta con la mayor cantidad de tributos propios entre todas las comunidades autónomas, con un total de once en vigor actualmente. Según Foment del Treball, estos impuestos son una "barrera" para atraer inversiones y nuevas empresas. Además, plantea la necesidad de revisar los tipos impositivos en Sucesiones, ya que dificultan el acceso a la vivienda, y eliminar el impuesto de Patrimonio, que consideran "confiscatorio". El tema de la vivienda está en el centro del debate, especialmente después de la entrada en vigor de límites al alquiler en 141 municipios considerados "tensionados". Durante la campaña, el Govern de ERC anunció su extensión a otros 130 municipios. Sin embargo, la Asociación de Promotores de Cataluña critica los constantes cambios normativos y la inseguridad jurídica que generan, lo que, en su opinión, aumenta la tensión en el mercado y no logra el objetivo de reducir los precios. Otro punto en común entre los agentes económicos es la mejora en la financiación de la Generalitat. En una declaración firmada por una veintena de organizaciones empresariales a principios de marzo, se pedía un "pacto fiscal" basado en el concierto y el cupo, o un "modelo federal" en el que todos los impuestos sean gestionados por un consorcio compuesto por Hacienda y la Generalitat. Cuando el Parlament rechazó las cuentas consensuadas entre ERC y el PSC, los comunes argumentaron que no se estaba vetando el proyecto de Hard Rock, el complejo de ocio y juego proyectado en Tarragona desde hace más de 10 años. Sobre este tema, la presidenta de la Cámara de Comercio de Tarragona, Laura Roigé, enfatizó la necesidad de inversión para diversificar el turismo y lamentó la desinformación sobre el proyecto. También destacó la importancia de apoyar la industria petroquímica en la provincia. Existen numerosas inversiones bloqueadas, algunas de las cuales serían financiadas por el Estado, pero han sido objeto de fuerte oposición por parte del Govern de ERC, como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y el tramo central del Cuarto Cinturón o B-40, una autovía orbital en la región metropolitana. El retraso en el desarrollo de energía renovable, un área en la que Cataluña había sido pionera, también preocupa, al igual que la sequía, que según el último barómetro del Colegio de Economistas, es la principal preocupación entre los empresarios. A pesar de los anuncios del Govern sobre inversiones, muchos proyectos diseñados hace años se paralizaron debido a los recortes impulsados por el expresidente Artur Mas en 2011. Además, existe una preocupación persistente por el exceso de burocracia. Pimec exige una simplificación normativa y una moratoria en la aprobación de nuevas leyes por parte del Parlament. El presidente de la Cámara de Comercio, Josep Santacreu, considera que la administración es "asfixiante", y la patronal Cecot propone la creación de una consejería dedicada específicamente a la reforma del sector público. Otro objetivo común es recuperar el liderazgo autonómico, ya que desde 2017, Madrid ha superado a Cataluña como la autonomía que más contribuye al PIB nacional. El empresariado insta a poner el foco en el sector secundario y aprovechar al máximo los fondos Next Generation.

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