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(El País, 08-09-2025) | Fiscal

Los tribunales cuestionan a Hacienda y reconocen más beneficios fiscales a divorciados con custodia compartida

Los tribunales están desafiando el criterio de Hacienda al reconocer que los progenitores divorciados con custodia compartida pueden aplicar tanto el mínimo por descendientes como la reducción fiscal por pensión de alimentos en su declaración de la renta. Según distintas sentencias de los tribunales superiores de Andalucía, Valencia, Madrid y Cataluña, estos contribuyentes sufren una penalización injusta bajo la interpretación de la Agencia Tributaria. Un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha vuelto a dar la razón a un padre al que la AEAT había sancionado por aplicar ambas ventajas fiscales en su declaración anual. Los magistrados consideran que la postura del fisco no es justa ni equitativa. La controversia ha llegado ya al Tribunal Supremo, tras los recursos presentados por la Administración del Estado. Hacienda defiende que la ley no permite compatibilizar ambos beneficios, ya que tras la reforma del IRPF de 2014 se buscó excluir expresamente cualquier posibilidad de aplicación conjunta. El debate cobra especial relevancia porque la custodia compartida es cada vez más común en España: en 2024 se concedió en el 49,7% de los procesos de divorcio, superando por segundo año consecutivo a la custodia exclusiva materna. Los jueces, sin embargo, entienden que negar la compatibilidad discrimina a los padres con custodia compartida frente a los que no la tienen. Así, defienden que cada progenitor puede aplicar el mínimo por descendiente en los periodos en los que convive con los hijos y, de forma proporcional, beneficiarse de la deducción por alimentos en los periodos en que los menores residen con la expareja. El caso que ha resuelto el TSJ catalán ilustra bien esta situación: un padre con custodia compartida que, además, abona 75 euros al mes de pensión alimenticia, vio rechazada por Hacienda la posibilidad de aplicar ambas ventajas. El tribunal, sin embargo, falló a su favor, señalando que la interpretación del fisco vulnera la igualdad tributaria y los principios de equidad. Este criterio no es aislado. La primera sentencia en este sentido la dictó el TSJ de Andalucía en 2020, denunciando que la interpretación de Hacienda era "incompatible" con los principios constitucionales de igualdad, progresividad y capacidad económica. Desde entonces, distintos tribunales se han alineado en la misma dirección. El abogado Andrés Robles, que ha conseguido la última victoria judicial en Cataluña, celebra que exista ya una línea consolidada en los tribunales: "No se puede castigar fiscalmente a los padres que comparten custodia y, además, cumplen con la obligación de pagar una pensión de alimentos. Esta doctrina aporta equidad y justicia a muchas familias". Será ahora el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra sobre un asunto que afecta directamente a miles de contribuyentes divorciados con custodia compartida.

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(El Economista, 08-09-2025) | Fiscal

El Consejo para la Defensa del Contribuyente reclama adecuar las deducciones fiscales a la inflación

El Consejo para la Defensa del Contribuyente ha solicitado a Hacienda que actualice las deducciones y reducciones fiscales conforme a la inflación. El organismo denuncia situaciones llamativas, como la de contribuyentes que han perdido la deducción por ascendientes a cargo debido a que las cuantías de referencia no se han revisado, mientras las pensiones sí han subido. También critica lo desfasado del mínimo exento en el IRPF, fijado desde 2006 en 5.550 euros, cuando hoy debería situarse en torno a 7.680 euros para cubrir los gastos básicos. Según el Consejo, el encarecimiento de la vida ha disparado las reclamaciones por la falta de actualización de estas ayudas. "En períodos inflacionarios, la presión fiscal se intensifica con el paso de los años, perjudicando sobre todo a quienes cuentan con menos recursos", advierte. Actualmente, los contribuyentes pueden deducir en la Renta 1.150 euros por ascendiente mayor de 65 años y 1.400 si supera los 75, siempre que el progenitor no tenga rentas superiores a 8.000 euros. Sin embargo, con las revalorizaciones de las pensiones, muchos jubilados han sobrepasado este límite, lo que ha dejado a sus hijos sin derecho a la ayuda. El informe alerta de que numerosas familias, en especial las más vulnerables, han perdido el acceso a estas reducciones pese a que su situación real no ha mejorado, sino que probablemente se ha deteriorado por el aumento del coste de vida. Ignacio Arráez, vicepresidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), subraya que la falta de ajuste del IRPF a la inflación afecta directamente a la base imponible. Explica que, aunque salarios y pensiones se revalorizan para mantener el poder adquisitivo, si el impuesto no se corrige, Hacienda termina gravando esa subida, reduciendo el beneficio para el contribuyente. Arráez añade que el problema es más amplio, ya que cualquier cuantía fija en la ley del IRPF pierde valor con el tiempo. Por ejemplo, la deducción de 2.000 euros por rendimientos del trabajo permanece sin cambios, lo que implica una pérdida de capacidad adquisitiva. Lo mismo ocurre con el seguro médico de empresa, exento hasta 500 euros: si la póliza sube, el trabajador paga impuestos por el exceso. El mínimo exento individual, pensado para garantizar unos ingresos básicos libres de impuestos, tampoco se ha modificado desde 2006. Sigue fijado en 5.500 euros, cuando debería rondar los 7.681 euros, lo que supone una actualización pendiente del 30%. El mínimo por descendientes, que oscila entre 2.400 y 4.500 euros según el número de hijos menores de 25 años con rentas inferiores a 8.000 euros, también ha quedado obsoleto, igual que las deducciones por familia numerosa (1.200 euros anuales o 2.400 si hay más de cinco hijos) y la de maternidad (1.200 euros). El Consejo recuerda que hace años no se lleva a cabo una revisión sistemática de estas cuantías para adaptarlas al coste de la vida y a la capacidad económica real de los ciudadanos, aunque reconoce que hacerlo reduciría los ingresos de Hacienda. Arráez destaca además que, desde 2015, tras un cambio legal, las ganancias patrimoniales ya no se actualizan con la inflación. Como ejemplo, menciona que si alguien compra una vivienda por un millón de euros y la vende años después por 1,2 millones, debe tributar por la ganancia íntegra de 200.000 euros, sin descontar la parte que corresponde a la inflación. Antes existían coeficientes de corrección para evitar este efecto, pero fueron eliminados y el Tribunal Constitucional avaló en 2023 dicha supresión.

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(Expansión, 08-09-2025) | Laboral

Que los jefes usen la IA para decidir sobre su trabajo plantea riesgos evidente

En el debate sobre si la inteligencia artificial podría llegar a convertirse en nuestro jefe, la cuestión central ya no es si transformará el ámbito laboral -eso ya está ocurriendo-, sino si tendremos la posibilidad de influir en cómo se produce esa transformación o, por el contrario, si nos limitaremos a aceptar pasivamente decisiones tomadas por algoritmos incapaces de captar la complejidad de la experiencia humana en el trabajo. Un reciente informe de Resumebuilder añade más complejidad al panorama: cada vez más directivos recurren a la IA para tomar decisiones que afectan directamente a la vida profesional de sus empleados. De hecho, uno de cada cinco admite que en muchas ocasiones delega por completo la decisión final en el algoritmo, sin intervención humana. Actualmente, algunos jefes emplean la IA de manera directa para decidir sobre cuestiones tan sensibles como ascensos, aumentos de salario o incluso despidos, y lo hacen sin supervisión de sus compañías, sin formación específica y utilizando herramientas genéricas que no están pensadas para la gestión de personas. En este contexto, los perfiles más favorecidos por los algoritmos son aquellos con rutinas de trabajo previsibles, métricas claras y carreras lineales, además de estilos de comunicación alineados con registros históricos de alto rendimiento. Por el contrario, la IA tiende a invisibilizar a empleados creativos, a colaboradores discretos pero efectivos, a quienes trabajan de forma no convencional o aportan valor de maneras difíciles de medir, así como a quienes requieren flexibilidad especial. El estudio también revela que el 78% de los directivos ya emplea la inteligencia artificial para decidir incrementos salariales, lo que implica que los ingresos de los trabajadores están cada vez más influidos por algoritmos. Esta práctica presenta tanto beneficios como riesgos. Entre los aspectos positivos, una encuesta de PwC señala que los profesionales que usan a diario IA generativa confían un 76% más en recibir mejoras salariales. Además, estas herramientas pueden detectar desigualdades retributivas gracias al análisis de grandes volúmenes de datos, favoreciendo una mayor objetividad, reduciendo ciertos sesgos de género o raza y vinculando la compensación estrictamente al rendimiento. Sin embargo, también existen peligros: los sesgos en los datos de entrenamiento pueden reforzar desigualdades ya existentes, y la falta de transparencia sobre los criterios que emplea un algoritmo para decidir aumentos genera incertidumbre. El 77% de los gerentes, según Resumebuilder, recurre a la IA para evaluar promociones y trayectorias profesionales. Aquí también hay luces y sombras. Empresas como Unilever han logrado reducir en un 75% los tiempos de reclutamiento gracias a estas tecnologías, mientras que IBM Watson desarrolla planes de carrera personalizados a partir de análisis predictivos. Pero con un porcentaje tan alto de directivos confiando en algoritmos para ascensos, el riesgo es que las carreras profesionales se conviertan en simples ejercicios de optimización estadística, dejando fuera a quienes no encajen en los patrones tradicionales de "éxito". En un futuro donde la IA determine promociones y sueldos, los trabajadores podrían verse tentados a ajustar su comportamiento para complacer al algoritmo en lugar de aportar valor real, fomentando una cultura laboral artificial y manipulada. El informe también resalta que cerca del 70% de los jefes utiliza la IA para decidir despidos o no renovaciones. Esto podría generar un ambiente laboral de incertidumbre permanente, donde un bajo rendimiento puntual, un estilo de comunicación inusual o métricas que no coincidan con modelos predictivos acaben provocando despidos automáticos, sin considerar la trayectoria del empleado ni su potencial. A todo ello se suma que muchos de quienes toman estas decisiones carecen de la formación adecuada: dos tercios de los gerentes que aplican IA en sus decisiones nunca han recibido capacitación formal. Esto aumenta el riesgo de que los sistemas perpetúen sesgos históricos en la contratación y, sobre todo, pone de manifiesto la carencia de un factor clave que la IA no puede ofrecer: la empatía y la comprensión contextual necesarias en la gestión de personas.

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(El País, 08-09-2025) | Laboral

Economía pide a los empresarios catalanes negociar la reducción de la jornada “hasta el último minuto”

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, viajó este viernes a Barcelona para participar en sendos actos organizados por las patronales catalanas Pimec y Foment del Treball, en un contexto en el que varios debates de actualidad afectan directamente a Cataluña y a su tejido empresarial. Entre ellos destacan la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell, la condonación de la deuda del FLA, la reforma del sistema de financiación autonómica o la reducción de la jornada laboral. Este último asunto es el más urgente, ya que el próximo miércoles se votará en el Congreso y Junts per Catalunya tiene en su mano el resultado. El partido de Carles Puigdemont se opone a la medida al considerar que perjudicaría a las pymes catalanas, aunque el Gobierno intenta convencer a los empresarios para que influyan en Junts y se inclinen por el "sí". "Hay que seguir negociando hasta el último minuto", señaló Cuerpo en una entrevista en Catalunya Ràdio antes de reunirse con las patronales. "Es fundamental aprobar esta reforma, y en ese empeño estamos", añadió el ministro. Aunque reconoció que hubiese preferido retrasar la votación para disponer de más tiempo, insistió en que el Ejecutivo no renuncia a lograr apoyos. Para ello, ofrece incentivos como un paquete de 350 millones de euros en ayudas directas a pymes, además de medidas complementarias, entre ellas un plan contra el absentismo laboral. "El texto aprobado en el Consejo de Ministros y que se votará el miércoles permite margen para el diálogo y la negociación. La ambición y el objetivo deben mantenerse, pero también hay que facilitar que las empresas se sumen a este esfuerzo", afirmó Cuerpo. La propuesta en cuestión plantea reducir la jornada laboral establecida en el Estatuto de los Trabajadores de 40 a 37,5 horas semanales. Tras la entrevista, el ministro participó en un encuentro de Pimec, donde anunció una nueva línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dotada con 1.000 millones de euros. Según los cálculos del organismo, esta iniciativa digitalizada podría beneficiar a entre 8.000 y 10.000 empresas con créditos que oscilarían entre 100.000 y 125.000 euros. El presidente de la patronal, Antoni Cañete, celebró la medida y la calificó como "una gran noticia", al considerar que permitirá a las pymes crecer y asumir más riesgos. En cuanto a la reforma del sistema de financiación autonómica y a la condonación de la deuda del FLA -dos compromisos adquiridos por el PSOE con ERC durante la investidura de Pedro Sánchez-, Cuerpo se mostró confiado en que ambas iniciativas saldrán adelante. Defendió que deben garantizarse tanto la suficiencia de recursos como la solidaridad territorial, y recordó que el principio de ordinalidad (respetar la posición que ocupa cada comunidad en la aportación y en la recepción de fondos) ya figura en el modelo actual, pendiente de reforma desde 2015. El ministro, originario de Extremadura, una de las comunidades más críticas con esta modificación pese a estar gobernada por los socialistas, sostuvo que la propuesta es beneficiosa para todo el país y señaló que la recaudación de tributos a través de agencias autonómicas "puede resultar incluso más eficiente". Respecto a la condonación del FLA, Cuerpo aseguró que, pese a las reticencias iniciales, las comunidades gobernadas por el PP que resulten más favorecidas -como Andalucía o la Comunidad Valenciana- acabarán sumándose a la medida.

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(El Economista, 08-09-2025) | Laboral

Verano negro para los autónomos: más de 15.000 empleos perdidos entre julio y agosto

Los datos de autónomos que abandonaron su actividad en julio ya anticipaban un "verano negro" para el colectivo, algo que terminó de confirmarse con las cifras publicadas el pasado martes sobre agosto: durante los meses estivales se perdieron más de 15.000 trabajadores por cuenta propia, lo que supone una caída del 0,3% en el conjunto del colectivo. En cifras diarias, el balance equivale a que 257 autónomos cerraron sus negocios cada día de julio y agosto. En concreto, en julio se dieron de baja 7.286, mientras que en agosto fueron 8.662, lo que dejó al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) con 15.948 cotizantes menos en solo dos meses. El análisis territorial refleja que todas las comunidades autónomas redujeron su número de afiliados en agosto, salvo Ceuta, que sumó seis. Las mayores pérdidas absolutas se registraron en Madrid (-2.170), Cataluña (-1.572) y Andalucía (-1.346). En el extremo opuesto, Cantabria (-14), Melilla (-22) y Baleares (-29) fueron las que menos autónomos perdieron. En términos relativos, Madrid y Extremadura lideraron el descenso con un -0,5%, seguidas de Murcia con un -0,4%. Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), subrayó que la situación es preocupante: "Aún hay ocho comunidades que siguen destruyendo empleo autónomo y llevamos seis años sin recuperar el nivel de 1,5 millones de empresas cotizantes que alcanzamos en 2019. Hoy tenemos 53.000 menos. Los pequeños negocios de entre uno y tres trabajadores continúan cerrando y el panorama es incierto". Amor responsabilizó además al Gobierno de parte de la situación, acusándolo de "castigar" al colectivo con medidas como la reducción de jornada o el registro horario. El verano de 2025 se convierte así en uno de los peores de los últimos seis años -tomando como referencia el periodo previo a la pandemia-, aunque aún queda lejos del estival de 2019, cuando 25.049 autónomos abandonaron el RETA. En el otro extremo, el año 2020 fue una excepción: marcado por la pandemia, registró un inusual aumento de 17.908 trabajadores por cuenta propia en verano. No obstante, los datos interanuales muestran una tendencia diferente. En agosto de 2025 había 34.361 autónomos más que en el mismo mes de 2024, pasando de 3.371.350 a 3.405.711. Este crecimiento se explica por la creación de empleo autónomo en nueve comunidades, especialmente en la Comunidad Valenciana (+10.962), Andalucía (+8.013), Madrid (+5.424), Cataluña (+5.344) y Canarias (+2.925). Otras autonomías como Castilla y León (-1.636), País Vasco (-812) o Aragón (-419) registraron, en cambio, pérdidas respecto al año anterior. Sin embargo, el pequeño comercio, muy vinculado al trabajo autónomo, sigue en retroceso. En el último año cerraron 13.638 establecimientos, lo que equivale a casi 37 al día. Cataluña (-2.454), Andalucía (-2.335) y Madrid (-1.539) fueron las comunidades más afectadas por este declive.

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(El Economista, 08-09-2025) | Laboral

Las subvenciones a sindicatos se cuadriplican

Las cuatro prórrogas presupuestarias que España acumula desde 2018, año en que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, no han frenado el incremento de las ayudas públicas destinadas a los sindicatos. Lejos de estancarse, estas partidas han pasado de los 8,9 millones de euros de entonces a los 32 millones previstos para 2025, lo que supone casi cuadruplicar la cifra. El mayor aumento se ha registrado precisamente entre 2024 y 2025, pese a que los Presupuestos de 2023 se mantenían prorrogados por segunda vez consecutiva. El despegue comenzó en 2021, cuando se destinaron 13,8 millones, y continuó en 2022 con 17 millones. En diciembre de 2024, el Ejecutivo decidió duplicar la dotación y elevarla hasta los 32 millones, en un contexto de negociaciones complicadas lideradas por el Ministerio de Trabajo, cuyo principal respaldo procedía de las centrales sindicales. Según el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, estas ayudas se conceden para respaldar "las actividades desarrolladas por las organizaciones sindicales con el fin de garantizar un marco que permita ejercer de manera efectiva la negociación colectiva". Por su parte, el Ministerio de Trabajo justifica la financiación en funciones como la mediación en conflictos laborales, la negociación colectiva y el fomento del diálogo social. Estas subvenciones suponen entre el 15% y el 17% de los ingresos globales de los sindicatos en España. Trabajo defiende el incremento como una actualización necesaria frente al IPC: desde 2008 este índice se ha elevado un 34%, mientras que las ayudas solo crecieron un 7,6%. Además, recuerda que las funciones de las organizaciones sindicales se han ampliado tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Pese a ello, nunca antes se había producido un incremento tan abultado, y menos aún en un contexto de presupuestos prorrogados. El aumento aprobado para 2025 es el mayor en décadas, con una variación interanual del 88,2%. Como en otras ocasiones, se cubrirá mediante modificaciones de crédito, dado que las cuentas públicas no han sido renovadas. Al tratarse de una partida consolidada en ejercicios anteriores, se recurre a un suplemento de crédito que amplía la dotación inicial. Los principales beneficiarios de estas ayudas son Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), los sindicatos con mayor representatividad según las elecciones sindicales y con presencia en prácticamente todos los sectores y comunidades autónomas. Les sigue la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), mientras que entre las organizaciones de ámbito autonómico destacan la Confederación Intersindical Galega (CIG) y ELA en el País Vasco. Durante los cinco años en los que Yolanda Díaz ha dirigido el Ministerio de Trabajo, el respaldo a las grandes centrales, especialmente CCOO y UGT, se ha intensificado. Varias reformas de gran calado -como la subida del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, la modificación del subsidio de desempleo o el aumento de cotizaciones en la segunda fase de la reforma de pensiones- se han acordado con ellas, sin el apoyo de las patronales. La vicepresidenta segunda del Gobierno considera a estos sindicatos piezas clave en la arquitectura social y política del país, lo que se refleja en las ayudas concedidas. En comparación, durante los años de José Luis Rodríguez Zapatero también se registraron aumentos notables, especialmente entre 2005 y 2006, cuando las subvenciones pasaron de 11,2 a 15,2 millones. No obstante, el salto actual es mucho más pronunciado. Cabe recordar que en aquel momento la economía española atravesaba un periodo de bonanza, con un crecimiento del PIB cercano al 4%, y los Presupuestos Generales estaban plenamente en vigor, gracias al respaldo parlamentario que el Gobierno socialista recibía de los partidos nacionalistas.

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(Cinco Días, 08-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El ICO lanza una nueva línea de financiación de 1.000 millones de euros para pymes

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), organismo adscrito al Ministerio de Economía, ha puesto en marcha este viernes una nueva línea de financiación destinada a pymes que encuentran más dificultades a la hora de acceder al crédito bancario. Estos problemas suelen concentrarse en compañías con altos niveles de deuda o con proyectos vinculados a activos intangibles, según explicaron fuentes del ICO en un encuentro con periodistas celebrado el jueves. La iniciativa arranca con un presupuesto inicial de 1.000 millones de euros y se denomina "digital" porque todo el proceso de solicitud y concesión se realizará de manera telemática. El instituto advierte de que las entidades financieras son especialmente reticentes a conceder préstamos a empresas con endeudamiento medio o elevado. De las 650.000 compañías registradas, el ICO calcula que unas 250.000 tienen serias dificultades para obtener financiación, al contar con calificaciones crediticias más bajas y riesgos de impago que oscilan entre el 2% y el 6%. "Ahí es donde el ICO debe intervenir para reforzar la competitividad del tejido empresarial español", apuntan. La falta de financiación privada para estas firmas constituye, según remarcan, un problema estructural del mercado. Uno de los mayores obstáculos para las empresas es la financiación de proyectos intangibles, cuyo retorno es incierto. El ICO puso un ejemplo: una compañía que quiera abrirse a un nuevo mercado internacional puede necesitar encargar un estudio de viabilidad. Esta inversión, al no garantizar beneficios, supone un riesgo elevado, pero sin este tipo de análisis las empresas españolas pierden capacidad de competir en el exterior. Con los 1.000 millones de dotación inicial, el objetivo es llegar a unas 10.000 compañías, con una media de 100.000 euros por préstamo. Para ello, se ha diseñado un sistema completamente digital que permitirá realizar online todas las gestiones, desde la solicitud hasta la aprobación del crédito. Las empresas deberán presentar una memoria técnica del proyecto, tener auditadas las cuentas de los dos últimos ejercicios o disponer de un aval público, además de acreditar una antigüedad mínima de cuatro años. La línea está dirigida exclusivamente a sociedades mercantiles, no a autónomos. El ICO cruzará la información con datos de organismos como Hacienda, el Banco de España o la Seguridad Social, con el fin de simplificar y acelerar los trámites. A medio plazo, la meta es alcanzar los 50.000 clientes, sin restricción sectorial: se trata de una línea "transversal". Los préstamos estarán referenciados al Euríbor más un diferencial del 1,75%, que podrá reducirse hasta el 0,75% si la empresa aporta avales. El ICO establece un límite de riesgo: si la pérdida esperada supera el 1%, el crédito será rechazado. La propia entidad calculará ese riesgo con modelos internos y con la información disponible de la empresa. "Todas las decisiones deben tener lógica económica y salvaguardar el dinero de los contribuyentes", subrayan. No obstante, el ICO recuerda que también tiene la función de absorber parte del riesgo que el sector privado no asume, lo que, a su vez, incentiva la participación de capital privado. "El objetivo es llegar a segmentos de empresas donde la banca no llega, complementando la financiación, no sustituyéndola", explican. La selección de beneficiarios estará determinada por dos factores: el tipo de interés que ofrezcan los bancos (que actúa como filtro inferior) y el nivel máximo de riesgo que el ICO esté dispuesto a asumir (el límite superior). La financiación tendrá plazos de amortización de entre cinco y diez años. Desde el instituto recalcan que este plan no responde a una crisis coyuntural como la de 2008, sino que se concibe como una política de Estado para corregir una carencia estructural del sistema financiero.

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(Cinco Días, 08-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las plataformas cripto necesitarán una licencia extra si operan con ‘stablecoins’

La entrada en vigor del reglamento MiCA ha marcado un antes y un después para el ecosistema cripto en Europa. Más de cincuenta entidades ya han obtenido la autorización necesaria para operar con activos digitales, tras un largo proceso de diálogo con los supervisores y un notable esfuerzo en recursos humanos y financieros. Aunque la aprobación por parte de los reguladores ha sido un respiro, el camino no está concluido. La Autoridad Bancaria Europea (EBA) aclaró recientemente que los proveedores de servicios que trabajen con e-money tokens -es decir, stablecoins vinculadas a una divisa oficial- y que además ofrezcan operaciones de pago, no podrán limitarse a la licencia MiCA: también deberán contar con autorización como entidad de pago o de dinero electrónico. El plazo máximo para obtenerla es el 2 de marzo de 2026. La publicación de los borradores de la directiva PSD3 y su reglamento, orientados a unificar la normativa de pagos y de dinero electrónico, ha ido acompañada de un documento de la EBA que aclara la interacción entre los servicios cripto regulados por MiCA y los de pago. Desde la entrada en vigor de MiCA se percibe un solapamiento normativo en relación con las stablecoins, ya que este reglamento establece exigencias sobre su emisión y las reservas que deben respaldarlas, pero al mismo tiempo estas también encajan bajo la normativa de dinero electrónico. La cuestión de qué marco normativo debía prevalecer se intensificó durante el auge de las stablecoins, en paralelo al desarrollo regulatorio en Estados Unidos. La EBA ha zanjado el debate: quienes gestionen stablecoins y quieran facilitar pagos, como transferencias, necesitarán una licencia de servicios de pago. Además, si una plataforma ofrece custodia con posibilidad de envío o recepción de estos activos, esa actividad también queda sujeta a las normas aplicables a los pagos, explica Mariona Pericas, directora de Regulación Financiera en finReg360. El tipo de autorización dependerá de la actividad concreta. Las plataformas que únicamente quieran ofrecer pagos con stablecoins tendrán que solicitar la licencia de entidad de pago. En cambio, si su objetivo es emitir directamente estos activos, necesitarán autorización como entidad de dinero electrónico, según confirma el Banco de España. Aunque el refuerzo regulatorio es visto como un paso positivo, parte de la industria lo considera excesivo. Alfonso Ayuso, de la Asociación Española FinTech e InsurTech (Aefi), ha elevado una consulta formal al Banco de España manifestando su desacuerdo con la exigencia de una doble licencia en algunos supuestos. A su juicio, resulta desproporcionado que, para devolver al cliente un e-money token custodiado -obligación que ya impone MiCA-, se exija además otra autorización adicional. Una visión que comparte Mariona Pericas, quien califica de "absurdo" tener que tramitar dos licencias para una misma actividad, lo que además implicaría una doble supervisión, un aspecto muy criticado tanto por expertos como por empresas. Otra preocupación es el plazo fijado, marzo de 2026. Cristina Carrascosa, consejera delegada de ATH21, señala que la tramitación requiere un expediente completo con memoria de actividades, plan financiero y de gobernanza, lo que hace muy difícil cumplir con los plazos bajo el procedimiento actual. Aunque la EBA ha recomendado que los supervisores aprovechen la documentación ya presentada para la licencia MiCA, los expertos dudan de que esta opción se aplique y temen retrasos adicionales. El Banco de España, por su parte, asegura que actuará en coordinación con la CNMV siguiendo las recomendaciones de la EBA y que, para agilizar los procesos, ha habilitado un sistema de presolicitud. Aunque no especifica si ya ha recibido solicitudes, confirma que varias entidades han mostrado interés en iniciar el procedimiento. Conviene subrayar que esta exigencia no afecta a todas las plataformas. Quedan fuera de la obligación aquellas que se dedican exclusivamente a la inversión, como las que gestionan intercambios de criptomonedas por dinero fiduciario o entre diferentes criptoactivos, ya que estas operaciones no se consideran servicios de pago. Tampoco necesitan doble licencia las plataformas que únicamente intermedian en la compra de activos digitales utilizando monedas estables.

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(Expansión, 08-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La OPEP+ decide aumentar su producción en octubre a un ritmo menor: 137.000 barriles diarios

La alianza OPEP+, encabezada por Arabia Saudí y Rusia, resolvió este domingo incrementar nuevamente su producción de petróleo a partir de octubre, con un alza de 137.000 barriles diarios. Esta cifra es menor a la de los últimos meses, en un contexto de debilitamiento de la demanda global. "En un escenario económico internacional estable y con fundamentos de mercado sólidos, reflejados en los bajos niveles de inventarios de crudo, los ocho países miembros decidieron aplicar un ajuste de producción de 137.000 barriles diarios", señaló la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado. Se trata del séptimo aumento desde abril, cuando la producción creció en 137.000 barriles diarios. Posteriormente, en mayo, junio y julio, el incremento se triplicó hasta 411.000 barriles por día, y en agosto y septiembre subió aún más, hasta los 548.000. Con este nuevo ajuste, la OPEP+ ha elevado su producción en 2,6 millones de barriles diarios desde abril, lo que representa cerca del 2,5% de la demanda global. El objetivo es reforzar su presencia en el mercado en medio de las presiones del entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, que buscaba una reducción en los precios del petróleo. La decisión fue adoptada mediante una teleconferencia entre los ministros de Energía de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán. Estos ocho países, considerados el núcleo duro de la OPEP+, revierten así parte de los recortes voluntarios que aplicaron en 2023. Los expertos interpretan esta medida como un cambio de estrategia liderado por Arabia Saudí, más orientado a recuperar cuota de mercado aun a costa de precios más bajos, dejando atrás la política de sostener los valores del crudo con fuertes recortes. El mercado espera que Riad continúe presionando para aumentar la producción, lo que pondría fin a los recortes de 1,6 millones de barriles diarios vigentes, junto con otros que suman 2,2 millones y se mantienen hasta finales de 2026. Pese al optimismo expresado por la OPEP sobre la economía mundial, los analistas destacan que esta semana los precios del petróleo descendieron por la preocupación sobre la demanda en Estados Unidos, mientras persisten riesgos geopolíticos y comerciales. El barril de Brent cerró la última jornada semanal en 65,50 dólares, con una caída del 2,2% (-1,49 dólares) respecto al jueves, mientras que el crudo intermedio de Texas (WTI) bajó un 2,5% (-1,61 dólares), hasta los 61,87 dólares. Según analistas de Commerzbank, una mayor oferta de la OPEP+ "podría ejercer una presión bajista significativa sobre los precios del petróleo".

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(El País, 08-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de la vivienda de segunda mano rompe todos los récords y supera los niveles de la burbuja inmobiliaria

El precio de la vivienda usada en España ha alcanzado un nuevo máximo histórico y en junio superó el nivel más alto registrado durante la burbuja inmobiliaria. Según los últimos datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al segundo trimestre de 2025, el índice de precios de vivienda -que toma como referencia 100 el valor de los inmuebles en 2015- situó a la vivienda de segunda mano en 173,9 puntos. De esta forma, dejó atrás el récord previo, alcanzado en el tercer trimestre de 2007, cuando el indicador se quedó en 169,2. Lo que antes se consideraba un tope asociado a los excesos de la burbuja ha quedado obsoleto. Ahora, el mercado de segunda mano se mueve en un terreno inexplorado, que despierta inquietudes y dudas sobre la sostenibilidad de esta escalada de precios. La tendencia ya se venía observando desde hace varios trimestres. El índice que elabora el INE combina la evolución de la vivienda nueva y la usada, ponderando el peso real de cada una en el mercado. Con base 100 en 2015, refleja cómo han cambiado los precios desde entonces. El índice general ya había superado los niveles de 2007 a principios de 2024, impulsado tanto por la obra nueva como por el encarecimiento progresivo de la segunda mano. Actualmente, se sitúa en 178,1 puntos, lo que significa que adquirir una vivienda cuesta casi un 80% más que hace diez años. El caso de la vivienda nueva es aún más llamativo: batió sus récords históricos ya en 2020, y en junio de este año alcanzó los 206 puntos. Sin embargo, su peso en el mercado es menor que en la primera década de los 2000. Ante la combinación de una oferta insuficiente y una demanda muy fuerte, la subida de la segunda mano era solo cuestión de tiempo. "El aumento del precio de la vivienda responde a tres factores principales: una demanda creciente y sostenida, mejores condiciones hipotecarias y una oferta claramente insuficiente", explica María Matos, directora de estudios de Fotocasa, quien advierte que la tendencia alcista continuará en los próximos meses. Las cifras interanuales confirman la magnitud del fenómeno. Entre abril y junio, el precio de la vivienda usada subió un 12,8%, el mayor incremento en 18 años. Además, acumula subidas ininterrumpidas desde 2023. En el caso de la obra nueva, los precios aumentaron un 12,1%, aunque muestran síntomas de moderación tras tres trimestres consecutivos de crecimiento positivo pero cada vez menor. El índice general, muy influido por el peso de la vivienda usada, se disparó un 12,7% respecto al segundo trimestre de 2024, el mayor avance desde 2007. En total, ya encadena 45 trimestres seguidos al alza, lo que equivale a más de once años continuados de encarecimientos. Entre las causas de esta situación destaca la falta estructural de oferta. Según Caixabank Research, entre 2021 y 2024 se acumularon unas 765.000 viviendas menos de las necesarias, lo que explica alrededor del 40% de la subida de precios reciente. Fotocasa añade que España necesitaría unas 240.000 viviendas nuevas cada año para cubrir la creación de hogares, pero el mercado solo aporta alrededor de 100.000. Además, la mayoría de los participantes en el mercado busca comprar (81%) frente al 12% que vende. La presión aumenta con factores adicionales: el ritmo de construcción sigue siendo insuficiente, la demanda extranjera ya representa un 18% de las operaciones y el crecimiento poblacional marca nuevos máximos. España ha superado los 49 millones de habitantes y las compraventas realizadas por extranjeros ya superan las 130.000 al año.

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