(Expansión, 21-07-2025) | Fiscal
La iniciativa de la Comisión Europea para implantar un nuevo impuesto directo a las grandes empresas ha generado una fuerte preocupación en el tejido empresarial español, que lo interpreta como un obstáculo para la competitividad y una medida inoportuna en un contexto de elevada incertidumbre económica. La propuesta presentada por Ursula von der Leyen contempla una carga fiscal progresiva sobre las compañías con ingresos anuales superiores a los 100 millones de euros, lo que ha provocado el rechazo unánime de las principales organizaciones empresariales, que alertan de sus posibles efectos negativos.
El nuevo tributo europeo se estructuraría en tres niveles: 100.000 euros anuales para empresas que facturen entre 100 y 250 millones; 250.000 euros para aquellas con ingresos de entre 250 y 500 millones; y 500.000 euros para las que superen los 500 millones.
Desde la CEOE consideran que esta iniciativa supone un "grave error" que rompe con el modelo tradicional de financiación de la UE, basado principalmente en las aportaciones estatales y los aranceles. "Establecer un nuevo impuesto sobre las empresas afecta de forma directa a la competitividad del conjunto de Europa", señalan fuentes de la patronal. Subrayan que este tipo de tasas genera un fuerte desequilibrio, ya que, a diferencia del Impuesto de Sociedades que se aplica sobre los beneficios, este nuevo gravamen recaería sobre la facturación total, castigando el tamaño empresarial y el volumen de actividad sin tener en cuenta la rentabilidad real.
Asimismo, critican la incoherencia de la Comisión Europea, que exige a las grandes empresas liderar las transformaciones digitales y ecológicas, mientras simultáneamente "les reduce los recursos necesarios" para llevarlas a cabo. Este exceso de presión fiscal, advierten, no solo pone en riesgo las estrategias de inversión y crecimiento, sino que también podría fomentar la deslocalización de grandes multinacionales fuera del territorio comunitario. Una posible salida que implicaría la pérdida de empleo cualificado, innovación tecnológica y recaudación fiscal clave para los propios Estados miembros.
En la misma línea, el presidente de Confemetal, José Miguel Guerrero, rechaza rotundamente la propuesta: "Por principios, no creemos que tenga sentido imponer nuevos impuestos a las empresas". En su opinión, el camino correcto es el contrario: "Debemos fomentar la inversión y la innovación mediante un entorno fiscal favorable y una reducción de la burocracia", sostiene.
Por su parte, José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, también critica la iniciativa, calificándola como contraria a las necesidades reales de la economía europea, tal como han señalado recientemente los informes Draghi y Letta. "Cargar a las grandes compañías con nuevos impuestos significa frenar el motor económico y social del continente", afirma. Bonet insiste en que la presión fiscal actual ya es suficientemente elevada y que Europa debe optar por una vía alternativa si quiere mantener su competitividad. Esta vía, a su juicio, pasa por atraer inversión mediante una regulación más eficiente y menos cargas administrativas.
La postura del empresariado es clara y unánime: Europa no está en condiciones de seguir acumulando obstáculos para sus principales motores económicos. Bonet concluye recordando que estas decisiones no sólo impactan en las grandes corporaciones, sino que también afectan directamente al conjunto del ecosistema empresarial, incluidas las pequeñas y medianas empresas, que "son la base fundamental de nuestra economía" y cuya actividad depende en buena medida del dinamismo de los grandes grupos empresariales.