(El País, 05-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo
La clave para que la Unión Europea recupere el dinamismo económico perdido pasa por completar el mercado único. Con este objetivo, la Comisión Europea ha propuesto reforzar las competencias de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), el supervisor bursátil de la UE, con la intención de avanzar en la integración del mercado de capitales. Este es uno de los elementos aún pendientes y considerado esencial tanto para facilitar financiación a proyectos empresariales que requieren fuertes inversiones como para evitar que el ahorro de los ciudadanos europeos siga saliendo hacia otros países en busca de mayor rentabilidad.
El sector financiero esperaba con interés hasta dónde llegaría Bruselas en el paquete normativo presentado este jueves. La integración de los mercados de acciones, derivados, deuda o criptoactivos se enfrenta a numerosos obstáculos y a la resistencia de varios Estados miembros, reacios a ceder control sobre negocios altamente rentables; Luxemburgo suele citarse como ejemplo en el ámbito de la gestión de fondos.
Finalmente, la Comisión ha optado por una propuesta ambiciosa. Aunque el reglamento y la directiva presentados no incluyen un cambio único de gran impacto, sí incorporan una batería de medidas que amplían notablemente los poderes de la ESMA, que hasta ahora actuaba sobre todo como un órgano asesor para los supervisores nacionales -como la CNMV en España-. "Siempre he oído un gran apoyo a la Unión de Ahorros e Inversiones. Respaldarla significa respaldar estas medidas; lo contrario es incoherente", defendió la comisaria de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, ante la pregunta de si Bruselas había ido demasiado lejos.
El paquete contempla transferir a la ESMA parte de la supervisión que ahora ejercen las autoridades nacionales sobre infraestructuras de mercado -como Euronext o Deutsche Börse- y sobre depositarios de valores. También le otorga la supervisión de todos los proveedores de servicios de criptoactivos, independientemente de su tamaño. De este modo, podrá solicitar información, realizar investigaciones, efectuar inspecciones y aplicar sanciones, una función que desde la entrada en vigor de la normativa MiCA en enero recaía en los supervisores nacionales. El cambio llega tras las críticas de la ESMA al regulador maltés por su laxitud en la concesión de licencias.
Con esta ampliación, la ESMA añade a los proveedores de criptoactivos a las entidades que ya supervisa directamente, como las agencias de calificación (Moody's, Fitch, S&P o Scope), los administradores de índices y las cámaras de compensación para derivados y otros productos, como BME Clearing. Para fortalecer su papel, la Comisión plantea crear un nuevo Consejo distinto al actual -formado por autoridades nacionales- con el objetivo de reforzar la independencia y priorizar la visión del mercado único frente a los intereses de cada país.
Una de las dudas era si Bruselas propondría que la ESMA supervisara también a las gestoras de fondos, especialmente en un momento en que Europa necesita grandes inversiones públicas y privadas en defensa e infraestructuras. La Comisión aclara que esta función seguirá en manos de los reguladores nacionales, aunque estos perderán influencia en la elaboración de directrices y opiniones. No obstante, la ESMA asumirá un control más estricto sobre los grandes grupos transfronterizos mediante revisiones anuales basadas en información conjunta de los supervisores nacionales y del propio organismo europeo.
El paquete legislativo refuerza además la capacidad coordinadora de la ESMA, concediéndole nuevas facultades para resolver diferencias entre normas y prácticas nacionales que entorpecen el uso del pasaporte europeo por parte de fondos, gestoras y depositarios. Otro punto relevante es el cambio de naturaleza jurídica de algunas normas, que pasan de ser directivas a reglamentos. Este giro reduce el margen de maniobra de los Estados miembros, ya que los reglamentos se aplican directamente sin necesidad de adaptación nacional, evitando así retrasos o divergencias que suelen acabar en procedimientos de infracción.
En su primera valoración, la ESMA destacó que la propuesta aborda de forma directa la fragmentación derivada de las diferencias de supervisión entre países y celebró el énfasis en simplificar requisitos, reducir cargas administrativas y fomentar la innovación, aspectos que -según afirma- mejorarán la competitividad y la agilidad de los mercados de capitales de la UE.