(Expansión, 25-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno endurece las condiciones de la opa de BBVA sobre Sabadell y prohíbe la fusión durante tres años

El Gobierno ha endurecido las condiciones para que BBVA pueda llevar adelante la opa hostil sobre Banco Sabadell, imponiendo nuevas exigencias más allá de las ya establecidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el Consejo de Ministros ha aprobado la operación con ciertas restricciones. Entre las condiciones figura la obligación de que ambas entidades conserven su identidad jurídica y patrimonial de forma independiente durante un periodo mínimo de tres años, manteniendo una gestión autónoma. Esta autonomía deberá reflejarse especialmente en aspectos como la política de crédito -especialmente a pymes-, la gestión de personal, la red de oficinas, los servicios bancarios y las actividades sociales de las fundaciones correspondientes. En relación con los recursos humanos, no se podrán aplicar recortes de empleo vinculados directamente con la operación ni realizar ajustes que afecten a la red de oficinas. Aunque BBVA tendrá la capacidad de cesar al consejo de administración de Sabadell, los nuevos consejeros deberán actuar en beneficio de esta entidad y mantener la continuidad en las políticas laborales actuales. Además, el Ejecutivo se reserva el derecho de ampliar el plazo de separación entre las entidades hasta cinco años. Para ello, entre seis y dos meses antes del vencimiento del periodo inicial, ambas entidades deberán presentar un informe sobre la evolución del modelo de gestión autónoma y un plan estructural a largo plazo que anticipe el impacto que tendrá su estrategia en distintos aspectos de interés general. El Gobierno justifica estas medidas como una forma de proteger múltiples intereses públicos, como la financiación a pymes, la estabilidad del empleo, la cohesión territorial, la política social y la promoción de la innovación tecnológica. Según el Ejecutivo, se ha preferido establecer una única condición integral en lugar de imponer medidas parciales y dispersas, para garantizar una transición ordenada que preserve todos estos intereses. Por su parte, BBVA revisará las nuevas condiciones antes de decidir si continúa adelante con la opa. La legislación le permite abandonar la operación si considera que las exigencias afectan a la rentabilidad prevista. En su propuesta inicial, BBVA estimó que el retorno de la inversión sería del 20%. Asimismo, podría cancelar la oferta si Banco Sabadell decide vender su filial británica, TSB, por tratarse de un activo relevante dentro del grupo. En caso de aceptar las condiciones, BBVA deberá notificar a la CNMV cómo estas afectan a las sinergias esperadas, valoradas en 850 millones de euros, y la CNMV incluiría esta información en el folleto de la opa. Además, si la entidad considera que el Gobierno ha excedido sus competencias legales, podría impugnar la decisión en los tribunales. La Comisión Europea, que sigue de cerca el proceso, ha recordado que tomará medidas si detecta bloqueos a fusiones bancarias por motivos exclusivamente políticos, siempre que estas cuenten con el respaldo de los organismos reguladores correspondientes. En cuanto a las autorizaciones previas, BBVA cuenta desde septiembre con el visto bueno del Banco Central Europeo. La CNMC, por su parte, aprobó la operación el 30 de abril con el respaldo unánime de sus cinco consejeros, imponiendo 14 condiciones centradas principalmente en la protección de pymes y autónomos. La CNMC concluyó que Banco Sabadell no es una entidad insustituible en el mercado de financiación a pymes, ni a nivel nacional ni en las comunidades más afectadas por la fusión (Cataluña, Asturias, Baleares y Comunidad Valenciana). Según datos del Banco de España, en 2023 Sabadell tenía una cuota de mercado del 5% al 10%, por detrás de Santander -que absorbió Popular- y CaixaBank. En conjunto, otras entidades como Unicaja y Bankinter suman entre el 40% y el 50% de este segmento. BBVA se comprometió con Competencia a mantener ciertas condiciones durante tres años, con posibilidad de extenderlas dos más. Entre ellas, conservar las líneas de crédito a corto plazo que Sabadell ofrece a pymes y autónomos, así como mantener el volumen de crédito a medio y largo plazo para las empresas que dependan financieramente en un 85% o más de ambas entidades. En regiones donde el banco fusionado supere el 30% de cuota y Sabadell tenga más del 10%, bastará con que esa dependencia sea del 50%, como ocurre en Cataluña y Baleares.

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(Expansión, 25-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

13 medidas que revolucionan el sector eléctrico

Sara Aagesen y el Gobierno lanza un aluvión de medidas que permiten a la CNMC vigilar instalaciones eléctricas y a Redeia controlar comercialmente sus contratos y para decidir medidas antiapagón. Se prevé que el decreto entre hoy en vigor, aunque está a falta de convalidarse en el Congreso. Más poder a la CNMC. La CNMC tendrá seis meses para evaluar las obligaciones de control de tensión de los agentes del sistema eléctrico obligados a prestar el servicio, y elaborar el informe correspondiente, que actualizará cada tres meses. ITVs eléctricas cada tres años. La CNMC completará un plan de inspección extraordinario de instalaciones eléctricas de Iberdrola, Endesa y Naturgy y sus redes de distribución, que se repetirá cada tres años. Red Eléctrica, juez y parte. Se encarga al operador del sistema que elabore en un plazo de entre seis y quince meses propuestas de modificaciones normativas sobre control de tensión y programación de centrales. Las reformas normativas subsiguientes deben estar aprobadas en menos de seis meses. La luz, como la portabilidad móvil. Red Eléctrica incorporará a sus funciones servir como punto de acceso único ('hub' eléctrico) a los datos de los clientes finales. El objetivo es facilitar la portabilidad entre eléctricas y restar poder comercial a estas para retener clientes. 'Big Bang' anual de la ley. Cada tres años se revisará toda la planificación de la red de transporte en vigor. De manera excepcional, para anticipar futuras necesidades de regulación de tensión, se modificará con tramitación acelerada la vigente planificación con horizonte 2026. El que no se enchufe, se va. Para facilitar la conexión a las redes eléctricas de nuevas actividades económicas -industriales principalmente en lugar de centros de datos- se revisa la normativa de puntos de conexión. Si no se usan en cinco años se pierden. Electrolineras, al máximo. Las facilidades de conexión para vehículos eléctricos quedan exentas de autorización, solo deben tener evaluación de impacto ambiental. Autoconsumo, más lejos. La distancia máxima entre generación y autoconsumo aumenta a 5 kilómetros (ahora son dos), para instalaciones menores de 5 megavatios. Se introduce la figura del gestor de autoconsumo. Rebajas fiscales. Se favorece la electrificación de la climatización en las comunidades de vecinos y se habilita a los ayuntamientos la aplicación de deducciones del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), tal como ya sucede con el autoconsumo. Industria, bonificada ' Exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva con carácter retroactivo desde el pasado 23 de enero. Sin hitos ni agobios en renovables. Se flexibiliza la tramitación de los proyectos de renovables, que justo mañana se enfrentaban a plazos de ejecución de proyectos (hitos). Se fomenta la renovación de instalaciones de generación -repotenciación-, reduciendo los plazos administrativos a la mitad, siempre que la potencia resultante sea inferior al 125% de la original. Almacenamiento, por fin. Se regula el almacenamiento, tanto mediante la hibridación de baterías en instalaciones de generación como con su incorporación al sistema eléctrico en general. Agregadores, la novedad. Se regula la figura del agregador independiente, que combinará múltiples consumos y la electricidad generada por consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento para su venta o compra en los mercados de electricidad.

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(El País, 25-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los precios hoteleros encadenan cuatro años de subida y triplican el beneficio por habitación

La recuperación de la industria hotelera tras la pandemia ha sido fulgurante y no muestra signos de detenerse. Según los últimos datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al mes de mayo, los precios cobrados por los hoteles llevan ya 48 meses consecutivos en ascenso. Actualmente, la tarifa media por habitación y noche se sitúa en 117,9 euros, lo que representa un incremento del 5,7% respecto al año anterior. Desde 2021, el precio medio ha subido un 55,4%. Este aumento de precios, combinado con una mayor ocupación, ha elevado el ingreso medio por habitación disponible -conocido como revpar en el sector- hasta los 82,9 euros. Esto implica que en solo cuatro años, este indicador clave de rentabilidad hotelera se ha multiplicado por más de tres, partiendo de los 26,4 euros registrados en mayo de 2021. Entre los destinos nacionales, Madrid se ha posicionado como el principal beneficiado del auge turístico. Esto se debe en parte a la apertura de hoteles de alta gama, como Four Seasons o Rosewood, y a la renovación de emblemáticos como el Ritz o el Palace. Además, el aeropuerto de Barajas se ha consolidado como un importante punto de entrada para viajeros procedentes de Estados Unidos y América Latina, con mayor capacidad de gasto que los turistas europeos. En consecuencia, la tarifa media por habitación en Madrid ha pasado de 68,16 euros en mayo de 2021 a 165,14 euros en 2025, colocándola como la comunidad con los precios más elevados de todo el país. Tras Madrid, las comunidades con tarifas hoteleras más altas son Cataluña (137,86 euros), País Vasco (135,98 euros) y, muy próximas entre sí, Baleares y Andalucía (118,4 y 118,3 euros, respectivamente). El País Vasco ha visto duplicarse sus precios medios en cuatro años, lo que también la sitúa como uno de los destinos más favorecidos por este ciclo de crecimiento turístico. El dato que refleja con mayor claridad el fuerte incremento en la rentabilidad hotelera es el revpar. En comunidades como Madrid y el País Vasco, este indicador se ha quintuplicado. Ambas regiones han superado los 100 euros por habitación disponible: 133,46 euros en el caso de Madrid (frente a los 26,71 de 2021) y 105,1 euros en el País Vasco (desde los 20,69 de hace cuatro años). A continuación se sitúan Cataluña (99,28 euros), Baleares (89,16 euros) y Canarias (85,96 euros). No obstante, el encarecimiento ha tenido un efecto en el comportamiento de los turistas internacionales, que representan el 70% de las estancias. Como respuesta a los precios más altos, estos viajeros están optando por estancias más cortas. El INE ya detectó en febrero una caída interanual del 0,9% en las pernoctaciones, que se intensificó hasta el 8,9% en marzo. En abril hubo una recuperación del 7,3%, aunque ese repunte se debió al efecto calendario de Semana Santa, celebrada ese mes en 2025 (mientras que en 2024 fue en marzo). En mayo, las pernoctaciones de extranjeros volvieron a bajar, esta vez un 0,4% respecto al año anterior. En cuanto a los países de origen de los turistas, el Reino Unido sigue encabezando la lista con 7,05 millones de pernoctaciones (el 28,6% del total), seguido de Alemania, con 4,14 millones (el 16,8%).

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(El Economista, 25-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Alquilar está difícil pero comprar, imposible

El mercado inmobiliario en España atraviesa una transformación que está poniendo en cuestión la tradicional aspiración a ser propietario. A pesar de que los precios de compra apenas han superado en un 13% los niveles previos a la burbuja inmobiliaria de 2007, los alquileres han subido un 56% desde entonces, lo que ha encarecido notablemente esta opción. Sin embargo, cada vez más personas se ven empujadas hacia el alquiler, que gana terreno frente a la propiedad. Los datos de Idealista muestran que en junio de 2007 el precio del alquiler era de 9,3 euros por metro cuadrado, mientras que en mayo de 2025 se situó en 14,5 euros. En comparación, el precio de compraventa pasó de 2.115 euros por metro cuadrado a 2.391 euros en ese mismo periodo. Incluso observando solo desde 2018, antes de la pandemia, el precio del alquiler ha crecido un 56%, frente al 53,5% de la compraventa. Y solo desde agosto de 2023, los precios de compra han subido un 19% y los del alquiler un 21%, lo que evidencia un encarecimiento constante. Esta evolución ha provocado que la propiedad esté dejando de ser accesible para buena parte de la población, especialmente para los jóvenes y las rentas más bajas. Según el INE, en 2024 el 73,6% de los hogares eran propietarios, frente al 80,1% de 2018, lo que marca un mínimo histórico. A la vez, el porcentaje de inquilinos ha aumentado hasta el 17% (más del 25%, según Fotocasa en 2025), aunque esto ocurre en un contexto donde alquilar también es cada vez más caro. El principal obstáculo para comprar una vivienda es el elevado desembolso inicial, que requiere disponer de al menos el 20% del valor de la vivienda más impuestos y otros gastos. Con salarios que no crecen al ritmo de los precios del mercado, muchas familias se ven excluidas de la compraventa y optan por el alquiler, a pesar de que este también se ha encarecido. Por ejemplo, según Fotocasa, el alquiler medio de una vivienda de 80 metros cuadrados se sitúa en 1.146 euros mensuales, casi 150 euros más que hace un año. Algunas regiones, como Madrid (21,17 €/m²), Cataluña (20,04 €/m²), Baleares (18,24 €/m²), País Vasco (16,78 €/m²) y Canarias (15,07 €/m²), muestran precios aún más elevados. El problema de fondo es la falta de oferta de vivienda, tanto en venta como en alquiler, en comparación con la demanda y la creación de nuevos hogares. Esta escasez empuja los precios hacia arriba. A ello se suma el creciente interés inversor en el sector inmobiliario, considerado un valor seguro ante la incertidumbre global. María Matos, portavoz y directora de Estudios de Fotocasa, señala que el alquiler ha ido ganando peso de manera constante en las últimas dos décadas. Factores como la movilidad laboral, la concentración urbana, las dificultades económicas para acceder a una vivienda en propiedad y un cambio en la mentalidad de las nuevas generaciones están detrás de esta evolución. Aunque España sigue siendo un país con una alta proporción de propietarios, esta tendencia se está debilitando. Según el informe de Fotocasa de 2025, la propiedad de la vivienda está estrechamente vinculada a la edad. El 78% de las personas mayores de 55 años posee una vivienda, mientras que solo el 14% de los menores de 25 años puede decir lo mismo, aunque este último porcentaje ha subido respecto al 10% registrado el año anterior. Esta relación refleja cómo las etapas de la vida, los ingresos y las necesidades de movilidad influyen en el acceso a la vivienda.

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(El Periódico, 25-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Un tercio del crecimiento del PIB acumulado desde 2019 se debe a los fondos europeos

Un poco más de un tercio del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España desde 2019 -año previo al inicio de la pandemia- se ha visto impulsado por los fondos europeos Next Generation EU y por las reformas implementadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), según datos facilitados por el Ministerio de Economía. El ministro Carlos Cuerpo explicó este lunes en el Congreso de los Diputados que, en comparación con el nivel de PIB de 2019, en 2024 la economía española se sitúa en términos reales aproximadamente 2,6 puntos por encima del nivel que habría alcanzado sin la influencia del Plan de Recuperación. En total, el PIB de España al cierre de 2024 es un 7% superior al registrado en 2019. De ese aumento, 2,6 puntos porcentuales -es decir, un 37% del crecimiento acumulado- se atribuyen directamente al impacto del Plan de Recuperación y de los fondos europeos. Con la vista puesta en 2031, el Ministerio de Economía prevé que las reformas estructurales contribuirán con 3 puntos adicionales al PIB, mientras que las inversiones tendrán un efecto estimado de 0,4 puntos, lo que se traduce en un impacto conjunto de 3,4 puntos porcentuales. La Comisión Europea, por su parte, estima que ese impacto será incluso mayor, alcanzando los 3,6 puntos. Durante su intervención en la Comisión Mixta para la Unión Europea, donde presentó el quinto informe de seguimiento del PRTR, el ministro detalló que hasta el 31 de mayo se habían convocado ayudas por valor de 79.195 millones de euros, de un total de 79.854 millones asignados a España. De esta cifra, ya se han resuelto 53.646 millones, con más del 40% destinados a pequeñas y medianas empresas. Tal como ha establecido la Comisión Europea, el 100% de los fondos deben estar ejecutados antes de mediados de 2026, o de lo contrario podrían perderse. Del total de convocatorias lanzadas, 47.488 millones corresponden a la Administración General del Estado (con un 70% ya resuelto); 21.498 millones han sido gestionados por las comunidades autónomas (resolviendo el 65%), y los restantes 10.209 millones corresponden a entidades locales (con una tasa de resolución del 64%). Según los datos expuestos por el ministro, hasta mayo de 2025 España ha recibido más de 48.000 millones de euros en transferencias de la Unión Europea. El país gestiona la segunda mayor asignación de fondos Next Generation EU y ocupa también el segundo puesto en número de hitos y objetivos alcanzados. Actualmente, el Gobierno español está a la espera de la evaluación final por parte de la Comisión Europea, que permitiría desbloquear el quinto tramo de fondos europeos, por un total de 25.000 millones de euros (9.000 millones en subvenciones y 16.000 millones en préstamos). El ministro confía en que Bruselas finalice este proceso en julio, dado que la solicitud de este desembolso se presentó en diciembre del año pasado. No obstante, uno de los requisitos pendientes de cumplimiento es la equiparación fiscal del diésel con la gasolina, un compromiso que no ha sido acreditado por el Ejecutivo. El incumplimiento de este hito podría conllevar una reducción en el importe total del desembolso solicitado.

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(Cinco Días, 23-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El cierre de Ormuz llevaría el crudo a más de 100 dólares y castigaría las bolsas

El peor escenario que temen los analistas podría materializarse si Irán decide cerrar el estrecho de Ormuz como represalia por un ataque estadounidense a sus instalaciones nucleares. Esta ruta marítima es clave, ya que por ella transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo, conectando a los grandes productores del Golfo Pérsico con las principales economías consumidoras tanto de Occidente como de Oriente. Si se confirma el cierre de este paso estratégico y se interrumpe el flujo petrolero, expertos de entidades como Goldman Sachs, Barclays y Société Générale estiman que el precio del barril Brent, actualmente en torno a los 80 dólares, podría superar los 100 dólares. Algunos analistas van más allá: Deutsche Bank prevé que el precio podría rebasar los 120 dólares. Este encarecimiento energético tendría un impacto inmediato en los mercados bursátiles, al reducir los márgenes de beneficio de muchas empresas (salvo las petroleras, que se beneficiarían de precios más altos). A su vez, una inflación al alza dificultaría que los bancos centrales recorten los tipos de interés como espera el mercado, lo que deterioraría aún más la valoración de las acciones. No es fácil prever con exactitud cómo afectará esto a las bolsas. Algunos comparan la coyuntura actual con la crisis de 1973, cuando el embargo petrolero tras la guerra del Yom Kippur provocó una caída del 17% en los mercados en pocas semanas. Aun así, no se ha llegado a ese extremo. Existe la posibilidad de que el conflicto entre Irán y la alianza entre Estados Unidos e Israel se modere. Incluso si se clausura el estrecho, los analistas creen que una mayor producción desde Arabia Saudí, Abu Dabi (a través de rutas alternativas, aunque más lentas) o Estados Unidos podría amortiguar parcialmente el impacto. En cualquier caso, el aumento de la tensión geopolítica provocará previsiblemente caídas en las bolsas el lunes, ya que los mercados tendrán que incorporar un escenario más incierto. Algunos expertos calculan que el temor a un cierre del estrecho de Ormuz podría provocar un retroceso del 5%. Históricamente, salvo el caso de 1973, las bolsas suelen recuperarse con relativa rapidez tras estos episodios en Oriente Medio. Aniket Shah, analista de Jefferies, ha advertido este domingo en una nota para inversores que "los precios altos del petróleo amenazan con frenar la tendencia desinflacionaria reciente y dificultan los planes de la Reserva Federal para reducir los tipos de interés". En cuanto al Ibex, los analistas de Citi consideran que la bolsa española, junto con la alemana, es de las más expuestas de Europa a este tipo de noticias, debido al coste de las importaciones y al efecto adverso sobre sectores cíclicos como el energético. En cambio, apuestan por la bolsa británica como una de las más resistentes en este contexto, gracias a su fuerte presencia de compañías petroleras, mineras y farmacéuticas en el índice.

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(Expansión, 23-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez anuncia un pacto con la OTAN que exime a España de gastar un 5% del PIB en Defensa

España cumplirá con los compromisos estratégicos establecidos por la OTAN, pero podrá hacerlo destinando solo el 2,1% de su PIB a defensa, según explicó este domingo el presidente Pedro Sánchez. Esta medida permitirá al país evitar un incremento del gasto militar de unos 350.000 millones de euros hasta 2035. "El Gobierno de España ha cerrado un acuerdo muy favorable con la OTAN que nos permite cumplir con nuestros compromisos dentro de la Alianza y mantener su unidad, sin necesidad de elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB", declaró Sánchez en una intervención urgente desde el Palacio de La Moncloa. Uno de los principales puntos de debate para la cumbre de la OTAN que se celebrará esta semana en La Haya era precisamente que cada país elevara su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. España, sin embargo, mostró su desacuerdo públicamente el pasado jueves, anticipando que no apoyaría una decisión que requería consenso. Como fruto de las negociaciones más recientes, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha enviado una carta a Sánchez en la que confirma que se concederá a España cierta flexibilidad en el nivel de gasto, siempre que cumpla con las metas estratégicas en términos de personal, medios e infraestructuras que aporte a la Alianza. "España deberá destinar en torno al 2,1% de su PIB a defensa para cumplir con todo lo que la OTAN nos ha solicitado", explicó el presidente, remarcando que será "el 2,1%, ni más ni menos". Sánchez recordó que desde su llegada al Gobierno en 2018, el gasto militar se ha incrementado progresivamente, pasando del 0,9% del PIB en ese año al 2% en 2024, gracias al plan de modernización acelerado para alcanzar una meta inicialmente fijada para 2029, presionado por el contexto internacional y los socios aliados. Aun así, ha insistido en que comprometerse con un gasto del 5% no es razonable para España, calificándolo de "desmesurado e innecesario". Según sus cálculos, alcanzar ese umbral significaría multiplicar por más de dos el presupuesto anual para defensa, pasando de unos 33.000 millones a 80.000 millones de euros. En total, ese aumento representaría un gasto acumulado de 350.000 millones de euros adicionales hasta 2035. Sánchez ilustró lo que supondría ese esfuerzo económico: equivaldría a subir los impuestos 3.000 euros por trabajador, eliminar las prestaciones por desempleo, maternidad y enfermedad, recortar un 40% las pensiones o reducir a la mitad la inversión pública en educación desde la etapa infantil hasta la universidad. "Como nación soberana, decidimos no seguir ese camino", afirmó el presidente, señalando que España ha optado por buscar un equilibrio entre el refuerzo de la seguridad y defensa, y la atención a los retos sociales, económicos y medioambientales que enfrenta tanto el país como el mundo. Anticipándose a las críticas, Sánchez dijo que España continúa plenamente integrada en el consenso de la OTAN y protegida por su artículo 5, que establece que un ataque contra un miembro será considerado una agresión contra toda la Alianza. Además, recalcó que el acuerdo alcanzado permite desbloquear la negociación de cara a la próxima cumbre en La Haya.

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(Expansión, 23-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La vivienda de playa se dispara un 12%

El precio de las segundas residencias está aumentando debido al auge de la demanda, tanto por parte de compradores nacionales como internacionales que buscan un uso turístico personal, así como por parte de inversores. Este fenómeno se ve agravado por la escasez de nuevas promociones inmobiliarias en muchas zonas costeras. El mercado inmobiliario atraviesa un periodo de gran dinamismo, impulsado por el crecimiento de la población, la bajada de los tipos de interés y la limitada oferta de vivienda nueva. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre enero y abril de este año las compraventas aumentaron un 15,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, la tasadora Tinsa by Accumin señala que los precios subieron un 7,7% en el primer trimestre frente al mismo periodo de 2024. Sin embargo, ciertos segmentos, como los apartamentos en las zonas de costa o los inmuebles ubicados en grandes ciudades, han experimentado incrementos superiores a la media. En particular, el valor de las segundas residencias en la playa se disparó un 12,1% interanual, debido a la presión de inversores, compradores internacionales y la falta de suelo para nuevas construcciones. Como resultado, muchas promociones se están centrando en un público con mayor capacidad adquisitiva. Según el informe Vivienda en la costa 2025 de Tinsa by Accumin, el precio medio de estas viviendas vacacionales en primera línea de playa alcanzó los 2.970 euros por metro cuadrado en el primer trimestre. Este crecimiento no ha sido uniforme: zonas como la Costa del Sol (Málaga), Ibiza, Formentera, Menorca, las Rías Baixas, Tenerife y Alicante lideran los aumentos. En contraste, localidades como Algeciras, Roquetas de Mar, La Gomera o A Coruña han registrado subidas más moderadas. En detalle, los mayores incrementos de precios se produjeron en la Costa del Sol malagueña: tanto entre Marbella y Manilva como entre Torremolinos y Mijas, con un 14,7% de subida. Le siguen Ibiza y Formentera (14,5%), la comarca de la Axarquía (12,6%), las rías gallegas de Vigo y Pontevedra (11,7%), la Costa Blanca entre Calpe y Villajoyosa (11,5%), Tenerife (10,7%), Menorca (10,3%), la franja costera entre Dénia y Benissa (10,1%) y la zona de Níjar a Aguadulce en Almería (10%). No obstante, cabe señalar que Tinsa no separa los datos entre viviendas de uso habitual y segundas residencias, por lo que el encarecimiento específico de estas últimas podría ser aún mayor. Por otro lado, aunque más contenidas, también se han registrado subidas de precios en otras áreas costeras, como Algeciras (1,3%), la costa almeriense entre Roquetas del Mar y Adra (2,3%), La Gomera (2,5%), pequeños municipios costeros de A Coruña (2,8%), Mazagón e Islantilla en Huelva (3,9%) y Gran Canaria (4%). El mapa resultante refleja un mercado con opciones para distintos perfiles económicos. En el extremo superior, Ibiza encabeza el ranking con un precio medio de 8.000 euros por metro cuadrado para segundas residencias (aunque si se considera el conjunto del mercado, el valor baja a 4.453 euros). Le siguen Mallorca (7.500 euros), Menorca (4.500), la Costa Brava gerundense (4.350) y Lanzarote (4.250). Por el contrario, en algunas zonas de Tarragona, Lugo, Murcia, Pontevedra o Cantabria, es posible adquirir una vivienda por entre 1.000 y 1.600 euros el metro cuadrado. El encarecimiento se debe, principalmente, a la fuerte demanda turística, tanto nacional como extranjera. En los primeros cuatro meses del año, la llegada de turistas internacionales creció un 7,1%, superando en un 19,9% los niveles anteriores a la pandemia. Este repunte ha hecho subir los precios tanto en hoteles como en alojamientos vacacionales, lo que a su vez ha impulsado el interés por adquirir segundas residencias en la costa, bien para evitar el coste creciente del hospedaje, bien para alquilarlas a terceros. Esta última opción está ganando terreno con una tendencia hacia la profesionalización del alquiler turístico. Aunque algunas regiones y ayuntamientos han optado por limitar esta práctica, otros -como en Canarias- la fomentan, obligando incluso a alquilar determinadas viviendas en zonas declaradas de uso turístico.

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(Expansión, 23-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La deuda pública cae en abril hasta los 1,663 billones, el 102,7% del PIB

La deuda del conjunto de las administraciones públicas cayó hasta los 1.663.155 millones de euros a cierre de abril, equivalentes al 102,7% del PIB, lo que supone 2,5 puntos porcentuales menos respecto al mismo periodo del año anterior (105,2%) y 0,8 puntos menos respecto a marzo (103,5%). La ratio deuda/PIB está 21,4 puntos porcentuales por debajo del máximo registrado en marzo de 2021 (124,2% del PIB), según los datos publicados hoy por el Banco de España. En términos absolutos, el saldo de la deuda se redujo en 4.345 millones respecto a marzo, pero aumentó en 57.012 millones respecto a abril de 2024. La administración central acumula el grueso de la deuda pública, con 1.514.079 millones, 4.254 millones menos respecto al mes anterior. Las comunidades autónomas aumentaron su endeudamiento en 302 millones, hasta un total de 338.453 millones; y las corporaciones locales incrementaron el suyo en 156 millones, hasta 23.000 millones. Las administraciones de la Seguridad Social mantuvieron su deuda sin cambios respecto a marzo en 126.174 millones. La mayor parte de la deuda pública española se encontraba en abril en en valores a largo plazo (1.417.069 millones), y el resto se repartía en préstamos (165.152 millones), valores a corto plazo (75.543 millones) y efectivo y depósitos (5.391 millones). El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió ayer a los países de la eurozona con espacio fiscal "limitado" y elevada deuda, entre los que se encuentra España, a adoptar "ajustes significativos" en sus presupuestos, al tiempo que afrontan "presiones de gasto" asociadas a los compromisos en seguridad y defensa y al envejecimiento de la población. "Para los países con deuda alta y espacio fiscal limitado son necesarios ajustes fiscales significativos para mitigar riesgos, mientras que los países con espacio fiscal pueden postergar el ajuste fiscal", señaló el organismo global en su informe sobre el estado de la economía de la zona euro, presentado a los ministros de Finanzas de la moneda común durante su reunión en Luxemburgo, informa Efe. En el texto, el FMI subraya "garantizar una consolidación fiscal ordenada y favorable al crecimiento para abordar los riesgos específicos de cada país que es vital para preservar la sostenibilidad fiscal y gestionar las presiones de gasto asociadas con el envejecimiento (de la población) y el mayor gasto en seguridad". En cifras, recomienda a todos los países del euro, excepto a Alemania, conseguir un superávit estructural primario del 1,4% del PIB en 2030, lo que exige "una reducción acumulada adicional del déficit de cerca de dos puntos porcentuales durante el periodo 2024-2030 en comparación con el escenario base". No obstante, el FMI reconoce que la "necesaria" consolidación fiscal obliga a hacer elecciones "complejas" porque, "al mismo tiempo, Europa se enfrenta a presiones crecientes de gasto que están cristalizando más rápido de lo previsto".

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(Cinco Días, 20.06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Competencia actualiza ahora la norma para evitar apagones tras años en el cajón

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha comunicado este jueves que ya ha actualizado la normativa relacionada con el control de tensiones eléctricas, una medida que, según expertos del sector, podría haber evitado el apagón masivo del 28 de julio si se hubiera implementado antes. Este anuncio llega después de que tanto el Gobierno como Red Eléctrica presentaran sus respectivos informes sobre el suceso. "El pasado 12 de junio, la CNMC aprobó una actualización de las normas técnicas -los denominados procedimientos de operación- que regulan los servicios de ajuste del sistema eléctrico. El objetivo es modernizar el servicio de control de tensión y establecer un marco retributivo que incentive su utilización", detalla el organismo regulador en un comunicado oficial. Red Eléctrica ya había solicitado esta revisión normativa en 2021, alertando sobre la creciente integración de energías renovables en el sistema eléctrico, mientras que la normativa anterior estaba en vigor desde el año 2000. Según explica la CNMC, tanto los generadores síncronos (como las centrales térmicas e hidroeléctricas) como los asíncronos (solar o eólica) tienen desde hace años ciertas obligaciones de control de tensión -desde el año 2000 en el caso de los primeros y desde 2014 en el caso de los segundos-. La nueva revisión detalla ahora el funcionamiento de este servicio, esencial para mantener la estabilidad del sistema eléctrico. Tradicionalmente, eran las plantas de generación síncrona las responsables de prestar este servicio, mientras que la generación renovable y los consumidores solo debían mantener sus niveles de energía reactiva dentro de ciertos márgenes. Con los nuevos cambios, el servicio de control de tensión gana en flexibilidad e incorpora incentivos para que todas las tecnologías, incluidas las renovables y la demanda, contribuyan más activamente a esta tarea. Además, se crean mercados locales para contratar capacidad adicional, con el objetivo de mejorar la eficiencia general del sistema. La CNMC señala que el diseño del servicio se basó en una propuesta presentada por el operador del sistema en junio de 2021. Ya en una resolución de septiembre de 2022, el organismo había identificado varias preocupaciones sobre el modelo propuesto y sobre su adaptación técnica. El comunicado también destaca los esfuerzos de Red Eléctrica por integrar mecanismos de control de tensión desde el lado de la demanda, los cuales, según la CNMC, están demostrando ser eficaces. Como ya se había informado en mayo, el incremento de energías renovables en el mix energético, junto con el cierre de centrales tradicionales como las de carbón, ha contribuido a un mayor descontrol de las tensiones eléctricas. Este desequilibrio fue uno de los factores clave del apagón del 28 de abril. Con la actualización del protocolo, se busca reducir la dependencia de centrales convencionales como las de gas, nucleares o hidráulicas, cuya activación está encareciendo el coste de la electricidad para los consumidores. Algunas comercializadoras ya han advertido subidas del 7% en las facturas por el uso intensivo de estas instalaciones. Pese a ello, Red Eléctrica afirmó que, si las centrales convencionales y ciertas plantas de generación hubieran operado de forma correcta siguiendo los procedimientos actuales, el apagón podría haberse evitado. Esta declaración ha generado la respuesta inmediata de las empresas energéticas, que niegan cualquier fallo en su actuación. Mientras tanto, el Gobierno ha atribuido responsabilidades tanto a Red Eléctrica, por falta de planificación, como a las compañías eléctricas, por una gestión deficiente de sus infraestructuras.

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