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(Cinco Días, 23-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Trump anuncia un acuerdo comercial con Japón: aranceles del 15% a todos sus productos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes por la noche (hora de Washington) un "enorme acuerdo" comercial con Japón, que calificó como "posiblemente el más grande de todos los tiempos", según publicó en su red social Truth, el canal habitual del republicano para realizar importantes anuncios sobre la política económica del país. De este pacto, del que aún se conocen pocos detalles y no se han difundido documentos oficiales, se sabe que Japón obtendrá una reducción arancelaria del 15% para todas sus exportaciones hacia Estados Unidos. A cambio, explicó Trump, Japón invertirá 550.000 millones de dólares en territorio estadounidense, del cual EE.UU. obtendría el 90% de las ganancias. "Este acuerdo generará cientos de miles de empleos, algo sin precedentes", afirmó el mandatario con su característico tono grandilocuente. También destacó que el acuerdo permitirá una mayor apertura del mercado japonés a productos estadounidenses como automóviles, camiones, arroz y otros bienes agrícolas. Horas antes, Trump había anunciado otro pacto con Filipinas, también a través de Truth, en el cual Estados Unidos aplicará un arancel del 19% a las importaciones procedentes de ese país, una cifra algo mayor que la impuesta anteriormente a Manila. Posteriormente, en una reunión con legisladores republicanos en la Casa Blanca, Trump indicó que el acuerdo con Japón incluye la creación de una empresa conjunta para exportar gas natural licuado desde Alaska. Desde Tokio, el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, declaró a la prensa que este acuerdo demuestra que su gobierno está comprometido con la defensa de los intereses nacionales. Tras el anuncio, el índice Nikkei subió un 2,5%. En cuanto a los aranceles sectoriales, estos se mantienen sin cambios: 50% para el aluminio, el acero y el cobre. La entrada en vigor de este nuevo gravamen está prevista para el 1 de agosto. En 2024, Estados Unidos registró un déficit comercial con Japón de 68.500 millones de dólares. El pasado 2 de abril, Trump presentó una cartulina con una tabla que mostraba los nuevos aranceles que pretendía aplicar a numerosos socios comerciales. A Japón le correspondió entonces una tarifa del 24%. Una semana después, el presidente suspendió temporalmente esas tasas, concediendo un plazo de 90 días, que vencía el 9 de julio, para negociar con Washington. Sin embargo, pocos días antes de esa fecha, Trump anunció una nueva prórroga en su guerra comercial, extendiéndola hasta el 1 de agosto. Antes de llegar a este punto, Trump ya había criticado a Japón por su actitud "dura" en las negociaciones. El mandatario estadounidense insistió en que Tokio aumentara la compra de arroz estadounidense y cuestionó el equilibrio comercial en la compraventa de automóviles. Incluso amenazó con imponer aranceles del "30%, 35% o cualquier cifra que se estime conveniente". Durante la semana del 9 de julio, Trump inició el envío de cartas a una veintena de socios comerciales, incluyendo a la Unión Europea, cuyas negociaciones con Washington se encontraban en punto muerto. Japón fue de los primeros países en recibir dicha misiva, que proponía un arancel del 25%, un punto más alto que el de abril y diez menos que el finalmente anunciado. Las amenazas arancelarias fueron similares para la mayoría de países, aunque en algunos casos aumentaron notablemente: Canadá enfrentó un 35% para productos no cubiertos por el tratado de libre comercio norteamericano (antes era del 25%), México un 30% para bienes incluidos en el TMEC (anteriormente 25%), y Brasil recibió el castigo más severo. Al país sudamericano se le impuso un arancel del 50%, cinco veces mayor que el que se le aplicaba en abril. ¿La razón? Según Trump, el trato que recibe Jair Bolsonaro -a quien considera víctima de una "persecución política" por el juicio que enfrenta por su supuesta implicación en el intento de golpe de Estado de enero de 2023- es injusto. Así se lo expresó al presidente brasileño Lula da Silva. Bolsonaro podría enfrentar hasta 43 años de prisión si es condenado.

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(Expansión, 23-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El rechazo al decreto antiapagón amenaza 3.000 millones de inversión verde y subirá un 12% la factura a la industria

La presión ejercida por las empresas energéticas, las compañías de renovables y la gran industria no ha logrado su objetivo: la convalidación del Real Decreto-Ley 7/2025 fue rechazada este martes en el Congreso de los Diputados, con el voto en contra de partidos como Podemos, el PP y Junts. El alcance del decreto iba mucho más allá de medidas para reforzar el sistema eléctrico y prevenir futuros apagones. Como ya había anticipado este medio, se trataba de un impulso clave para las inversiones en energías renovables en un momento delicado, en el que los grandes fondos están mostrando serias dudas sobre su apuesta por España. Expertos del sector y consultoras especializadas advertían que, si el decreto no se aprobaba, podrían perderse hasta 3.000 millones de euros en inversiones, ya que el jueves 24 de julio vence un trámite administrativo fundamental para avanzar en diversos proyectos. En concreto, unos 5 gigavatios de potencia eólica y solar están en riesgo de perder permisos, lo que podría desencadenar la ejecución de avales, generando gran preocupación entre los promotores. Ahora queda por ver si el Ejecutivo tiene margen para encontrar una salida que evite el colapso de estos desarrollos, que llevan años en trámite. Según estimaciones del sector, la inversión potencial que se podría ver comprometida llegaría a los 200.000 millones de euros. Tras la negativa del Partido Popular, fuentes cercanas a las eléctricas insisten en que ese es el monto en juego. El decreto facilitaba la inversión en almacenamiento energético, desbloqueaba trámites para la conexión a la red eléctrica y favorecía proyectos clave como centros de datos, electrificación (vehículos eléctricos, aerotermia, etc.) y otras soluciones energéticas. Además, incluía medidas para aliviar el coste de la electricidad para la industria electrointensiva. Este sector, fundamental para la economía en regiones afectadas por la despoblación, verá cómo su factura eléctrica se encarece entre un 3% y un 12%, al eliminarse una bonificación de 250 millones de euros destinada a cubrir el 80% de los peajes fijos. Las empresas han estado presionando a sus gobiernos autonómicos en busca de apoyo, en un contexto marcado también por la amenaza que suponen los nuevos aranceles de Donald Trump. Cabe recordar que esta es la segunda vez en 2025 que esta propuesta normativa no consigue el respaldo necesario en el Parlamento. El decreto también otorgaba mayores competencias tanto al operador del sistema como a la CNMC para prevenir posibles apagones. Estos argumentos, esgrimidos con insistencia por el sector energético, fueron los que mantuvieron en el aire el sentido del voto del PP hasta último momento, tras la negativa inicial de Podemos. La presión interna ha sido fuerte, especialmente desde sus líderes regionales y empresas influyentes, que pedían una abstención "patriótica". "Desde un punto de vista técnico, el PP coincide con muchas de las medidas del decreto, pero es posible que factores políticos tengan más peso en esta decisión", apuntaban en los días previos fuentes del sector. Aun así, algunas voces consideran que esta postura podría volverse en contra del partido: se arriesga a ser señalado por frenar miles de millones en inversión, debilitar la competitividad industrial y dejar al sistema eléctrico más expuesto. También preocupa al sector financiero, que veía en este decreto una vía para estabilizar un entorno crítico. Grandes firmas como Acciona, Iberdrola, Repsol o Endesa están intentando vender activos renovables en un contexto de gran incertidumbre que frena el interés de inversores internacionales. Uno de los aspectos más relevantes del texto era la protección que ofrecía a proyectos renovables en Galicia, que están sufriendo una paralización casi total por procesos judiciales. Esto ha provocado una retirada de inversiones tanto de empresas nacionales como Naturgy, CaixaBank o Sabadell, como de grupos internacionales como Engie. La Xunta de Galicia -gobernada durante años por Alberto Núñez Feijóo- desea desbloquear esta situación que amenaza el desarrollo económico de la región, especialmente en un contexto de desindustrialización. Junts también respaldaba esta parte del decreto, ya que empresas catalanas enfrentan problemas similares tanto en Galicia como en Cataluña. El Partido Popular, sin embargo, ha rechazado las críticas y defiende su decisión. "No compartimos las medidas relativas al apagón, especialmente porque no ha habido dimisiones tras un fallo eléctrico que dejó al país sin suministro durante 24 horas. En cuanto a otros aspectos del decreto, aunque necesarios, están incompletos. Por ello presentaremos en el Congreso una proposición de ley, en colaboración con las comunidades autónomas, que asegure las inversiones energéticas que necesita España", señalaron fuentes del partido horas antes de la votación. Y concluyen: "No es tarea de la oposición salvar al presidente del abandono de sus socios. Si no tiene mayoría, que lo consulte en las urnas. En otoño, elecciones: no hay otra salida". La falta de claridad en torno a este decreto se suma a la retirada de una iniciativa similar impulsada por la Generalitat bajo el liderazgo de Salvador Illa. Este texto, también centrado en las renovables, no llegó a someterse a votación al no contar con el respaldo de ERC, molesta por la falta de avances en la financiación singular pactada con el Gobierno central. Este clima de inestabilidad normativa ha generado preocupación entre grandes inversores globales como Amazon, que planea desarrollar un innovador proyecto eólico en Girona.

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(El Economista, 23-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La UE se blinda frente a China o Emiratos: vetará compras si detecta ayudas públicas

La Comisión Europea se prepara para fortalecer su capacidad de defensa frente a la entrada de empresas extranjeras que operen en el mercado único con el respaldo de subvenciones. Para ello, Bruselas está elaborando unas directrices destinadas a aplicar el Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras, que permitirán frenar adquisiciones empresariales o la participación en licitaciones públicas cuando se detecte financiación estatal de países no pertenecientes a la UE que pueda generar competencia desleal. Esta iniciativa se presenta en un momento clave, ya que el próximo 24 de julio la presidenta Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo António Costa y la alta representante Kaja Kallas viajarán a China. En Pekín, Von der Leyen y Costa mantendrán encuentros tanto con el presidente Xi Jinping como con el primer ministro Li Qiang, en un contexto marcado por las investigaciones europeas en curso sobre las subvenciones chinas a sectores como el automóvil eléctrico y la industria de paneles solares. El reglamento, en vigor desde julio de 2023, otorga por primera vez a las instituciones comunitarias la facultad de investigar, controlar e incluso impedir operaciones empresariales financiadas por ayudas de gobiernos extracomunitarios que puedan alterar las reglas de competencia dentro del mercado europeo. Las nuevas directrices, actualmente sometidas a consulta pública hasta el 12 de septiembre, definirán cómo se interpretará y aplicará esta norma. Hasta la aprobación de este reglamento, la legislación europea solo regulaba las ayudas de Estado concedidas por los países miembros, dejando sin cobertura legal las subvenciones procedentes de terceros países que pudieran beneficiar injustamente a compañías foráneas en procesos de inversión, compra de empresas o licitaciones en la UE. El Reglamento 2022/2560 corrige esta laguna legal y establece un mecanismo de control sobre las compañías extranjeras que, habiendo recibido apoyo económico de sus gobiernos, aspiren a adquirir empresas en la Unión o a competir por contratos públicos. Entre los principales avances que introducen las nuevas directrices destaca la obligación de notificar previamente ciertas operaciones. Por ejemplo, las fusiones o adquisiciones deberán comunicarse si una de las partes genera más de 500 millones de euros en ventas dentro del territorio comunitario y el grupo ha recibido más de 50 millones de euros en subvenciones extranjeras en los tres años anteriores. En el caso de la contratación pública, las empresas deberán declarar si han recibido más de 4 millones de euros en ayudas externas cuando se presenten a concursos cuyo valor supere los 250 millones de euros. Además, la Comisión podrá exigir notificaciones fuera de estos umbrales cuando detecte indicios de distorsión o podrá iniciar de oficio una investigación si lo considera oportuno. Las directrices también explican cómo se valorará si una subvención extranjera altera la competencia. Para que se considere distorsionadora, deberán cumplirse dos condiciones: que la ayuda mejore la posición competitiva de la empresa beneficiada en el mercado único y que dicha mejora tenga un impacto negativo, real o potencial, sobre el entorno competitivo. Bruselas identificará además ciertos tipos de ayudas particularmente problemáticas, como las concedidas a empresas en dificultades, las garantías sin límite, el respaldo a licitaciones con precios anormalmente bajos o las subvenciones destinadas a facilitar adquisiciones dentro de la UE. En los casos donde se confirme una distorsión, la Comisión podrá imponer medidas correctoras, como la devolución parcial o total de la ayuda, la modificación de la operación o la imposición de condiciones que limiten el uso de la subvención. Incluso podrá bloquear adquisiciones o impedir que una empresa se adjudique un contrato público. El reglamento prevé también un mecanismo de evaluación global que permite autorizar una ayuda extranjera si sus efectos beneficiosos -como el fomento de la innovación, la sostenibilidad o el interés estratégico para la Unión- superan su impacto negativo en la competencia. "Desde su entrada en vigor, el Reglamento sobre subvenciones extranjeras busca corregir los desequilibrios generados en el mercado interior por apoyos financieros de terceros países. Esta normativa ha cerrado el vacío legal que existía en comparación con el estricto control que se aplica a las ayudas estatales concedidas por los Estados miembros. Con la publicación del borrador de directrices, las partes interesadas tienen ahora la oportunidad de colaborar con la Comisión para reforzar la previsibilidad y la transparencia en su aplicación", ha declarado la vicepresidenta Teresa Ribera.

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(El Economista, 23-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La concesión del permiso de residencia por arraigo social exige disponer de medios de subsistencia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó el 17 de julio de 2025, de forma unánime, que España no infringió el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al denegar un permiso de residencia a un ciudadano de nacionalidad boliviana. Según la sentencia, las autoridades españolas actuaron dentro del margen de discrecionalidad que les concede la ley y alcanzaron un "equilibrio adecuado entre los intereses del señor Siles Cabrera y los del Estado en su política migratoria, orientada a salvaguardar el bienestar económico general del país". El caso se centra en una solicitud de residencia por razones de arraigo social presentada en 2018. La petición fue rechazada por la Administración española, al considerar que el solicitante no disponía de medios económicos propios y que su unidad familiar era beneficiaria de ayudas públicas como la renta garantizada de ciudadanía y el complemento de vivienda. Aunque un primer informe de integración social resultó favorable e incluso sugería eximirle del requisito de contrato de trabajo debido a la discapacidad grave de su hijo (diagnosticado con trastorno del espectro autista), los tribunales españoles adoptaron una interpretación más restrictiva. Determinaron que, incluso con esa posible excepción, el solicitante debía probar su autosuficiencia económica para no convertirse en una carga para los recursos públicos. El TEDH respaldó este criterio, considerando legítimo que se exigiera al interesado demostrar que contaba con medios suficientes sin recurrir a prestaciones sociales, en consonancia con el objetivo de regular la inmigración en función del interés económico nacional. Además, el Tribunal señaló que el demandante permaneció en situación irregular durante gran parte de los trece años que ha residido en España. Esta condición, según el fallo, no equivale a una residencia legal y repercute directamente en la valoración de su arraigo en el país. El demandante argumentó que la denegación del permiso afectaba su vida familiar y que no podía trabajar. Sin embargo, el TEDH desestimó estos argumentos, observando que su hijo sigue recibiendo atención médica, escolarización y otros servicios esenciales, y que el solicitante ha seguido ejerciendo su rol como representante legal. Los jueces nacionales, además, consideraron que su situación personal no impedía que su esposa asumiera parte de las responsabilidades de cuidado. Un aspecto relevante para la decisión del TEDH fue que el solicitante no agotó otras posibles vías de regularización dentro del ordenamiento jurídico español. A juicio del Tribunal, dichas opciones podrían haber constituido una alternativa válida a la solicitud inicialmente rechazada. Asimismo, se tuvo en cuenta que las autoridades españolas continuaron abonando ayudas sociales a la familia, lo que evidencia que no se produjo una situación de abandono institucional. Las decisiones sobre permisos de residencia, como la analizada en esta sentencia, se adoptan conforme al marco legal español establecido por la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros y el Real Decreto 557/2011, que la desarrolla reglamentariamente. Este fallo del TEDH refuerza la idea de que los Estados gozan de un amplio margen para definir y ejecutar sus políticas migratorias, siempre que se respete el equilibrio entre los derechos fundamentales de las personas y el interés general. Aunque se refiere a un caso individual, la sentencia sienta un precedente significativo sobre la interpretación del artículo 8 del Convenio Europeo en supuestos de denegación de residencia por motivos económicos. Cabe destacar que esta resolución no es firme, ya que las partes disponen de un plazo de tres meses para solicitar que el caso sea revisado por la Gran Sala del TEDH, lo que podría alterar el resultado final.

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(El Confidencial, 23-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La morosidad de la banca española cae hasta la tasa más baja desde octubre de 2008

La morosidad del sistema bancario español bajó en mayo hasta el 3,11%, frente al 3,18% registrado en abril, alcanzando así su nivel más bajo desde octubre de 2008. Esta mejora se debe a una disminución en los préstamos impagados y a un aumento en el volumen total de crédito concedido, según los datos publicados este martes por el Banco de España. En concreto, los créditos calificados como dudosos disminuyeron en 682 millones de euros durante el mes, situándose en 37.244 millones. Al mismo tiempo, el volumen total de préstamos ascendió a 1,196 billones de euros, frente a los 1,193 billones del mes anterior. En términos interanuales, la morosidad ha caído desde el 3,62% registrado en mayo de 2024 hasta el 3,11% actual. El informe del Banco de España también desglosa los datos de morosidad según el tipo de entidad. Así, la tasa conjunta de bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito se redujo del 3,08% de abril al 3,01% en mayo, también el nivel más bajo en más de 15 años. En este grupo, los préstamos impagados bajaron en 710 millones, hasta los 34.491 millones. En comparación con el año anterior, la tasa se ha reducido desde el 3,49%. Por el contrario, las entidades financieras especializadas en crédito al consumo vieron un leve incremento en su tasa de morosidad, que subió al 6,03% desde el 5,99% del mes anterior. Es la primera vez que este índice supera el 6% desde noviembre de 2024, cuando se situó en el 6,72%. En cuanto a su volumen de crédito, los establecimientos financieros registraron en mayo una cartera de 42.567 millones de euros, 220 millones más que en abril. En paralelo, los préstamos morosos aumentaron en 30 millones. No obstante, pese a este repunte mensual, la morosidad en el crédito al consumo ha bajado significativamente respecto a mayo del año pasado, cuando se situaba en el 7,25%.

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(Cinco Días, 22-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El volumen de exportaciones españolas afectado por los aranceles de EE UU alcanzaría los 22.700 millones

Las exportaciones españolas que podrían verse directamente afectadas por la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos ascienden a unos 15.100 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 83% del total de las ventas al país norteamericano. No obstante, si se consideran también los efectos indirectos, el impacto global podría alcanzar los 22.700 millones de euros. Así lo ha indicado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, este lunes durante su intervención en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados. La Unión Europea mantiene la esperanza de lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos antes del 1 de agosto. Sin embargo, el ministro ha advertido de que los aranceles estadounidenses podrían poner en riesgo unos 380.000 millones de euros en exportaciones comunitarias, es decir, cerca del 70% del total que la UE vende al mercado estadounidense. Aunque, en conjunto, la economía española muestra una menor vulnerabilidad en comparación con otros países europeos, Cuerpo ha destacado que a nivel sectorial las diferencias son notables, y algunos sectores concretos presentan una dependencia mucho mayor del mercado americano. Un ejemplo significativo es el de las grasas y aceites, donde se incluye el aceite de oliva, cuyas exportaciones a Estados Unidos superan los 1.000 millones de euros. "Se trata del volumen más elevado dentro de nuestras exportaciones a ese país, con una exposición que ronda el 20% del total del sector en este mercado", ha precisado el ministro. Desde el punto de vista macroeconómico, el Gobierno prevé que el conflicto arancelario podría tener un impacto equivalente a una décima del PIB en 2025. Cuerpo ha lamentado que el escenario global actual está marcado por una creciente incertidumbre, lo que complica y retrasa decisiones clave en inversión y consumo. Esta situación de inestabilidad ha llevado incluso al Fondo Monetario Internacional (FMI) a revisar a la baja las previsiones de crecimiento para la mayoría de las economías avanzadas de cara a 2025, con la excepción de España, cuya proyección ha sido ajustada al alza hasta el 2,5% para ese año. Ante este contexto, el ministro ha insistido en la importancia de mantener una actitud abierta al diálogo para lograr un acuerdo en las próximas semanas, pero también ha advertido que la Unión Europea no puede pecar de "ingenuidad" y debe prepararse para la posibilidad de que no se alcance ningún pacto antes del 1 de agosto. "Debemos tener un plan de acción preparado si no se llega a un acuerdo", ha subrayado, al tiempo que ha defendido la necesidad de fortalecer el mercado interior europeo y diversificar las relaciones comerciales, mencionando como ejemplo el impulso al acuerdo con Mercosur.

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(Expansión, 22-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las eléctricas se juegan hoy en el Congreso 200.000 millones de euros

Si el Congreso no aprueba el real decreto-ley 7/2025, conocido como el "decreto antiapagón", se pondrán en peligro cientos de proyectos de energías renovables, se ralentizará la instalación de miles de electrolineras y redes eléctricas, y se perderán importantes ayudas económicas destinadas al sector industrial. En juego están hasta 200.000 millones de euros en inversiones para nuevas infraestructuras energéticas, redes y procesos de descarbonización. La incertidumbre es máxima dentro del sector eléctrico, donde las empresas intentaban ayer cerrar filas ante la falta de apoyo claro por parte de algunos partidos, como Podemos, y la ambigüedad del PP. Si el texto no obtiene el respaldo de la mayoría parlamentaria -algo que no tiene asegurado el Ejecutivo-, la norma quedará invalidada, lo que supondría el fracaso de una propuesta que, por primera vez en años, contaba con el respaldo generalizado del sector. Las compañías consideran este decreto clave para reactivar la inversión en energías limpias, redes eléctricas, autoconsumo y movilidad eléctrica. El decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de junio e incluye medidas urgentes para evitar situaciones como el apagón del 28 de abril que afectó a toda la península, motivo por el cual se le ha apodado "antiapagón". También introduce una serie de disposiciones adicionales -actuando como decreto ómnibus- que buscan agilizar la planificación de nuevas infraestructuras eléctricas y anticipar las inversiones, además de extender los plazos para que los proyectos renovables puedan conectarse a la red y evitar su cancelación. Entre otras acciones, el decreto contempla la simplificación de trámites para instalar electrolineras, incentivos fiscales para electrificar la climatización en edificios residenciales, mayor margen para el autoconsumo y una rebaja del 80% en los peajes eléctricos para la industria con alto consumo energético. Un informe de PwC alertaba ayer de las graves consecuencias si esta normativa no se aprueba. Una de sus funciones sería aliviar el colapso actual en la red eléctrica, que dificulta el acceso de grandes consumidores, como industrias y centros de datos. Actualmente, las solicitudes de conexión a la red por parte del sector industrial superan los 18.000 megavatios (MW), pero debido a la saturación de la red, en 2024 sólo se aprobó una de cada diez solicitudes. Si no se actúa pronto, al menos 16.000 MW de nueva demanda industrial podrían quedar paralizados. La situación de las energías renovables es igual de crítica, si no más. Cientos de proyectos que deberían estar operativos han incumplido los plazos por distintas razones. Según la legislación vigente, esto les obliga a devolver sus permisos. El decreto permitiría una prórroga, lo que evitaría la cancelación de muchos de estos proyectos. A esta tensión política se suma una creciente división social. Mientras que la Alianza Energía y Territorio -que agrupa a más de 200 colectivos ciudadanos, rurales y ecologistas- solicitaba rechazar el decreto y no ceder ante la presión del "lobby de las renovables", la patronal madrileña Ceim pedía su aprobación. En un comunicado, Ceim aseguraba que la norma representa una respuesta estratégica y eficaz ante los retos energéticos de la Comunidad de Madrid y del conjunto del tejido empresarial español.

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(Expansión, 22-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La hipoteca a tipo fijo coge carrerilla y gana terreno a la mixta

Los préstamos hipotecarios a tipo fijo están ganando protagonismo en un contexto marcado por la estabilidad del euríbor, según los datos de iAhorro. En el segundo trimestre del año, el 59,4% de los usuarios que formalizaron una hipoteca para la compra de vivienda a través de este comparador y asesor financiero optaron por una modalidad fija. Al mismo tiempo, las hipotecas mixtas -que combinan un tramo inicial con interés fijo y otro posterior a tipo variable- descendieron hasta representar el 39,9% de las contrataciones. Las hipotecas a tipo variable apenas alcanzaron un 0,95%, consolidando su tendencia a la baja y quedando relegadas a un papel casi marginal. "El gran cambio observado en este trimestre ha sido el regreso de la hipoteca fija al primer puesto en las preferencias de los clientes, tras dos años dominados por las mixtas, desde febrero de 2023", señala el informe trimestral de iAhorro. Según la entidad, este giro no es casual, sino que obedece a una nueva percepción del equilibrio entre seguridad, condiciones atractivas y un entorno económico aún volátil. Mientras que las hipotecas mixtas habían ganado terreno durante 2023 y parte de 2024 gracias a un tipo inicial más bajo, la diferencia entre ambas fórmulas se ha reducido de forma significativa. En cuanto a los datos concretos, los tipos de interés nominal (TIN) de las hipotecas fijas tramitadas en la plataforma rondan el 2,10%, frente al 1,50% del tramo fijo inicial en las mixtas. Esa diferencia de apenas seis décimas ya no compensa el riesgo que supone la evolución futura del euríbor, cuando el préstamo pasa a depender del tipo variable. Actualmente, el índice de referencia hipotecario a 12 meses se mantiene prácticamente inalterado en torno al 2,08% durante los últimos dos meses, lo que contribuye a la cautela de los compradores. "Cuando el cliente percibe que el euríbor está estancado y que su cuota puede subir si opta por una hipoteca mixta o variable, lo natural es que se incline por protegerse", explica Marcel Beyer, CEO de iAhorro. "Hoy en día, la hipoteca fija ofrece esa seguridad con tipos muy competitivos, cercanos al 2% TIN e incluso por debajo en algunos casos". La compañía no prevé que el euríbor caiga por debajo del umbral simbólico del 2% antes de que termine el verano, "y eso sólo si los datos económicos y la inflación evolucionan favorablemente", señala Beyer. Según él, las hipotecas variables podrían volver a ganar terreno si el euríbor baja con más fuerza, lo que les permitiría competir de nuevo con las opciones fijas y mixtas.

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(El Periódico, 22-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La deuda de la eurozona repunta al 88% del PIB y el déficit baja al 2,9% en el primer trimestre de 2025

El inicio de 2025 ha traído consigo un nuevo aumento en la deuda pública de la zona euro, que alcanzó el 88% del PIB al finalizar el primer trimestre, según informó Eurostat este lunes. Esta cifra representa un incremento de seis décimas respecto al cierre de 2024, cuando la ratio era del 87,4%, y también supera el 87,8% registrado en el mismo periodo del año anterior. La deuda del conjunto de la Unión Europea (UE) también mostró una tendencia al alza, situándose en el 81,8% del PIB, lo que supone ocho décimas más que al cierre del último trimestre de 2024. En valores absolutos, la deuda total fue de 13,47 billones de euros en la eurozona y de 14,82 billones en el conjunto de la UE. España figura como el quinto país más endeudado del bloque, con una ratio del 103,5% del PIB. Solo es superada por Grecia (152,5%), Italia (137,9%), Francia (114,1%) y Bélgica (106,8%). No obstante, esta cifra representa una mejora frente al primer trimestre de 2024, cuando el endeudamiento español alcanzaba el 106,3%, lo que supone una reducción de 2,8 puntos porcentuales. Por otro lado, a pesar del repunte de la deuda, el déficit presupuestario de la eurozona disminuyó en el primer trimestre, situándose en el 2,9% del PIB. Esto implica una mejora frente al trimestre anterior (3,2%) y respecto al mismo periodo de 2024 (3,1%). En la UE, la evolución fue similar, con una caída de cuatro décimas respecto al trimestre previo. En el caso de España, el déficit fue del 2,7%, lo que supone una mejora significativa respecto al 3,1% registrado en el trimestre anterior y al 2,9% del año anterior. Esta evolución positiva respalda el proceso de consolidación fiscal iniciado tras la pandemia, aunque el país todavía se encuentra por encima del objetivo del 2% que el Gobierno se ha fijado para final de año. El informe de Eurostat destaca también importantes diferencias entre los Estados miembros. Países como Grecia, Chipre e Irlanda lograron reducciones destacadas en sus niveles de deuda en comparación con el año anterior, mientras que otros, como Polonia, Finlandia y Francia, experimentaron aumentos considerables. En cuanto al déficit, Rumanía (-7,5%), Francia (-5,6%) y Bélgica (-5,5%) encabezan la lista de países con mayores desequilibrios fiscales. Por el contrario, Chipre (5,6%), Grecia (4,2%) y Dinamarca (3,3%) registraron superávits, lo que refleja una recuperación sólida en algunas economías que en su momento fueron duramente golpeadas por la crisis de deuda de hace una década. El documento evidencia una recuperación fiscal desigual entre los países europeos. Mientras algunos avanzan en la consolidación de sus cuentas públicas, otros enfrentan mayores desafíos estructurales. En este contexto, España muestra progresos, aunque aún tiene por delante el reto de reducir su deuda de manera sostenible sin comprometer el crecimiento económico.

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(El País, 21-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La firma de hipotecas se dispara un 54,4% en mayo y suma once meses al alza

El número de hipotecas firmadas para la compra de viviendas se incrementó un 54,4% en mayo en comparación con el mismo mes de 2024, alcanzando un total de 42.274 préstamos, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este fuerte crecimiento interanual, que supera en 40 puntos porcentuales al registrado en abril (+14,4%), marca el undécimo mes consecutivo de incrementos en la concesión de hipotecas para vivienda. En cuanto al tipo de interés medio aplicado a estos préstamos, en mayo se situó en el 2,91%, una décima por debajo del registrado en abril (2,98%), consolidando así cuatro meses seguidos por debajo del umbral del 3%. Este descenso comenzó en febrero, cuando por primera vez en casi dos años el interés medio cayó por debajo del 3%, y desde entonces se ha mantenido en esos niveles. El plazo medio de amortización en el quinto mes del año se mantuvo en los 25 años. Por otro lado, el importe medio de las hipotecas aumentó un 12,7% interanual en mayo, situándose en 158.153 euros. El capital total prestado se disparó un 74,1% respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando los 6.685,7 millones de euros, lo que representa la mayor subida desde que se tienen registros. Del total de hipotecas sobre viviendas formalizadas en mayo, el 69,9% se contrataron a tipo fijo, mientras que el 30,1% fueron a tipo variable. El tipo de interés medio inicial fue del 2,78% para las hipotecas variables y del 2,97% para las de tipo fijo. En comparación mensual, respecto a abril, el número de hipotecas subió un 7,9%, y el capital prestado lo hizo un 9,5%. Asimismo, el importe medio creció un 1,5% respecto al mes anterior. En los primeros cinco meses de 2025, la firma de hipotecas para vivienda ha aumentado un 23,6%, con un crecimiento del 40,5% en el capital total prestado y del 13,7% en el importe medio de cada préstamo. Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor volumen de hipotecas sobre viviendas en mayo fueron Andalucía (7.843), Cataluña (6.898), Madrid (6.209) y la Comunidad Valenciana (5.583). Todas las regiones experimentaron incrementos interanuales en la firma de hipotecas. Entre los mayores aumentos destacan Galicia (116%), La Rioja (100%) y Cantabria (92,8%), mientras que los más moderados se registraron en Cataluña (30,9%), Baleares (34,6%) y Aragón (34,7%). En lo que respecta al conjunto de hipotecas constituidas sobre fincas rústicas y urbanas (estas últimas incluyen las viviendas), el total ascendió a 54.744 préstamos en mayo, lo que representa un aumento del 56,1% en comparación con el mismo mes de 2024. El capital prestado también creció, con un incremento interanual del 48,8%, alcanzando los 9.368 millones de euros. Sin embargo, el importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas disminuyó un 4,7%, quedando en 171.124 euros. Durante mayo, 11.258 hipotecas modificaron sus condiciones, lo que supone un descenso del 15,4% respecto a mayo de 2024. De estas, 8.907 fueron novaciones (cambios acordados con la misma entidad), un 2,8% menos. En cuanto a las operaciones de subrogación al acreedor (cambio de entidad financiera), se registraron 656, lo que representa una caída del 38,9%. Por su parte, 1.695 hipotecas cambiaron de titular (subrogación al deudor), un 45% menos que en el mismo mes del año pasado. En el 78,1% de los casos, los cambios en las condiciones se debieron a modificaciones en los tipos de interés.

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