(Expansión, 25-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno endurece las condiciones de la opa de BBVA sobre Sabadell y prohíbe la fusión durante tres años
El Gobierno ha endurecido las condiciones para que BBVA pueda llevar adelante la opa hostil sobre Banco Sabadell, imponiendo nuevas exigencias más allá de las ya establecidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el Consejo de Ministros ha aprobado la operación con ciertas restricciones. Entre las condiciones figura la obligación de que ambas entidades conserven su identidad jurídica y patrimonial de forma independiente durante un periodo mínimo de tres años, manteniendo una gestión autónoma. Esta autonomía deberá reflejarse especialmente en aspectos como la política de crédito -especialmente a pymes-, la gestión de personal, la red de oficinas, los servicios bancarios y las actividades sociales de las fundaciones correspondientes. En relación con los recursos humanos, no se podrán aplicar recortes de empleo vinculados directamente con la operación ni realizar ajustes que afecten a la red de oficinas. Aunque BBVA tendrá la capacidad de cesar al consejo de administración de Sabadell, los nuevos consejeros deberán actuar en beneficio de esta entidad y mantener la continuidad en las políticas laborales actuales. Además, el Ejecutivo se reserva el derecho de ampliar el plazo de separación entre las entidades hasta cinco años. Para ello, entre seis y dos meses antes del vencimiento del periodo inicial, ambas entidades deberán presentar un informe sobre la evolución del modelo de gestión autónoma y un plan estructural a largo plazo que anticipe el impacto que tendrá su estrategia en distintos aspectos de interés general. El Gobierno justifica estas medidas como una forma de proteger múltiples intereses públicos, como la financiación a pymes, la estabilidad del empleo, la cohesión territorial, la política social y la promoción de la innovación tecnológica. Según el Ejecutivo, se ha preferido establecer una única condición integral en lugar de imponer medidas parciales y dispersas, para garantizar una transición ordenada que preserve todos estos intereses. Por su parte, BBVA revisará las nuevas condiciones antes de decidir si continúa adelante con la opa. La legislación le permite abandonar la operación si considera que las exigencias afectan a la rentabilidad prevista. En su propuesta inicial, BBVA estimó que el retorno de la inversión sería del 20%. Asimismo, podría cancelar la oferta si Banco Sabadell decide vender su filial británica, TSB, por tratarse de un activo relevante dentro del grupo. En caso de aceptar las condiciones, BBVA deberá notificar a la CNMV cómo estas afectan a las sinergias esperadas, valoradas en 850 millones de euros, y la CNMV incluiría esta información en el folleto de la opa. Además, si la entidad considera que el Gobierno ha excedido sus competencias legales, podría impugnar la decisión en los tribunales. La Comisión Europea, que sigue de cerca el proceso, ha recordado que tomará medidas si detecta bloqueos a fusiones bancarias por motivos exclusivamente políticos, siempre que estas cuenten con el respaldo de los organismos reguladores correspondientes. En cuanto a las autorizaciones previas, BBVA cuenta desde septiembre con el visto bueno del Banco Central Europeo. La CNMC, por su parte, aprobó la operación el 30 de abril con el respaldo unánime de sus cinco consejeros, imponiendo 14 condiciones centradas principalmente en la protección de pymes y autónomos. La CNMC concluyó que Banco Sabadell no es una entidad insustituible en el mercado de financiación a pymes, ni a nivel nacional ni en las comunidades más afectadas por la fusión (Cataluña, Asturias, Baleares y Comunidad Valenciana). Según datos del Banco de España, en 2023 Sabadell tenía una cuota de mercado del 5% al 10%, por detrás de Santander -que absorbió Popular- y CaixaBank. En conjunto, otras entidades como Unicaja y Bankinter suman entre el 40% y el 50% de este segmento. BBVA se comprometió con Competencia a mantener ciertas condiciones durante tres años, con posibilidad de extenderlas dos más. Entre ellas, conservar las líneas de crédito a corto plazo que Sabadell ofrece a pymes y autónomos, así como mantener el volumen de crédito a medio y largo plazo para las empresas que dependan financieramente en un 85% o más de ambas entidades. En regiones donde el banco fusionado supere el 30% de cuota y Sabadell tenga más del 10%, bastará con que esa dependencia sea del 50%, como ocurre en Cataluña y Baleares.
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