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(Cinco Días, 14-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro vende 6.077 millones y mantiene las rentabilidades de las letras ancladas en el 2%

El ejercicio ha comenzado con un clima de nerviosismo en los mercados financieros. Las recientes advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el equilibrio internacional y las dudas en torno a la autonomía de la Reserva Federal han incrementado la incertidumbre, aunque sin llegar a paralizar la actividad de emisión. El Tesoro español se mantiene activo y continúa desarrollando su programa de financiación. Mientras prepara el encargo a la banca para la habitual emisión sindicada de comienzos de año, el organismo presidido por Paula Conthe avanza conforme a lo previsto en su calendario. Tras abrir el año con una subasta de deuda a medio y largo plazo, este martes le ha tocado el turno a las letras del Tesoro. La reciente relajación de los tipos de interés ha reducido el atractivo de estos instrumentos frente a los niveles alcanzados en el momento más intenso del endurecimiento monetario, aunque las rentabilidades siguen situándose alrededor del 2%. En esta subasta, el Tesoro ha adjudicado 6.077,2 millones de euros en letras a seis y doce meses, superando el objetivo inicial, que se situaba entre los 5.000 y los 6.000 millones. El respaldo del mercado ha vuelto a ponerse de manifiesto en la elevada demanda: pese al notable volumen de emisiones registrado en los últimos días, las solicitudes alcanzaron los 10.203,8 millones de euros. La mayor parte de la colocación, cerca de 4.129 millones, correspondió a letras con vencimiento a doce meses. El mercado descuenta una política monetaria relativamente estable en la eurozona a lo largo de 2026, lo que favorece la continuidad de las rentabilidades en los distintos tramos de la curva de deuda. En línea con subastas anteriores, los rendimientos apenas mostraron cambios significativos. En el caso de las letras a doce meses, la rentabilidad marginal avanzó ligeramente, desde el 2,004% hasta el 2,048%. Este escenario sigue respaldando el interés de los inversores particulares, cuyas peticiones no competitivas -principalmente de pequeños ahorradores- sumaron 864,98 millones de euros, en niveles similares a los observados en años previos. La participación minorista presenta, además, un claro patrón estacional. En los periodos de mayor gasto familiar, los inversores tienden a mantener liquidez para afrontar compromisos próximos, mientras que en etapas de consumo más moderado aumenta la capacidad de ahorro. Así, tanto el verano como el final del año y el inicio del siguiente suelen registrar volúmenes más contenidos. A ello se añade que las rentabilidades actuales están lejos de los máximos alcanzados hace aproximadamente dos años y medio, cuando rozaron el 4%. Los 1.948,1 millones de euros restantes se adjudicaron en letras a seis meses. En este tramo, la rentabilidad marginal se mantuvo en el 2% y la demanda procedente de inversores particulares alcanzó los 743,4 millones de euros. España no fue el único país en acudir al mercado este martes. Bélgica colocó 2.940 millones de euros en letras a tres y doce meses, con rendimientos cercanos al 2%, mientras que Alemania emitió 4.597 millones en bonos a cinco años con una rentabilidad del 2,47%. Tras la emisión sindicada de Italia de 15.000 millones en deuda a siete años la semana pasada, Francia ha encargado a la banca la colocación de bonos a 20 años. España será la siguiente en sumarse a este tipo de operaciones en los próximos días. Enero suele ser un mes favorable para este tipo de emisiones, y el Tesoro español pretende aprovecharlo con su primera colocación sindicada del año, centrada en deuda a diez años. En 2025 se llevaron a cabo tres operaciones de este tipo: una en enero, por 15.000 millones de euros; otra en febrero, con 7.000 millones en bonos a 15 años; y una tercera a finales de mayo, con 13.000 millones adicionales en deuda a diez años.

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(El País, 14-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las viviendas turísticas se reducen un 4% en los destinos más visitados de España

El volumen de viviendas turísticas en los 25 principales destinos turísticos de España descendió en 2025 por primera vez desde que existen registros. Durante ese año, la oferta de plazas se redujo un 4,1%, hasta situarse en 366.375, lo que supone la desaparición de 15.963 camas, según recoge el último informe de Exceltur, la alianza que agrupa a 29 grandes empresas del sector turístico, entre ellas Meliá, Amadeus, Iberia, HBX, Iberostar, Riu o Minor. El vicepresidente ejecutivo de la organización, Óscar Perelli, atribuye este retroceso a la puesta en marcha de la ventanilla única digital de arrendamientos, que obliga a registrar las viviendas destinadas al alquiler de corta duración, así como a la retirada de oferta que operaba al margen de la legalidad. Durante la presentación del informe en Madrid, Perelli subrayó que esta herramienta ha facilitado el cumplimiento de unas normativas autonómicas y municipales cada vez más exigentes. Aun así, señaló que todavía existe margen para seguir reduciendo el número de pisos turísticos que incumplen la ley, y puso como ejemplo Madrid, donde cifró en más de 16.000 los alojamientos irregulares. Los datos de Exceltur muestran que la mayor parte de la oferta de vivienda turística se concentra en cinco grandes ciudades -Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Sevilla-, que suman 251.117 plazas, el 68,6% del total. La asociación advierte de que la expansión de este tipo de alojamiento, más rentable para los propietarios que el alquiler residencial, ha contribuido a agravar la crisis de vivienda en estas urbes, al reducir la oferta disponible y presionar al alza los precios. Madrid lidera el ranking con 75.610 plazas, tras registrar una reducción del 7,8% respecto a 2024. Le sigue de cerca Barcelona, aunque en este caso la oferta creció un 3,8% en el último año. No obstante, Perelli destacó el esfuerzo sostenido del Ayuntamiento de Barcelona para recortar la oferta ilegal desde el máximo alcanzado en 2018, cuando se contabilizaban 112.225 plazas, hasta las 71.169 actuales, lo que supone una reducción del 36,6% en siete años. El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, ha reiterado su compromiso de eliminar las viviendas de uso turístico en Barcelona a partir de 2028. En comparación, el ajuste acumulado en Madrid desde su máximo de 2018, cuando llegó a 401.768 plazas, se limita al 6,1%. La evolución ha sido desigual en los otros tres grandes destinos con mayor presencia de vivienda turística. Málaga, que ocupa el tercer puesto, alcanzó en 2025 su récord histórico con 38.848 plazas, tras crecer un 3,3%, y se sitúa claramente por encima de Valencia, cuarta en la lista, con 33.172 plazas tras un recorte del 12,2% en solo un año. En respuesta a esta presión, Málaga ha aprobado una moratoria de tres años que impide conceder nuevas licencias. En quinto lugar se sitúa Sevilla, con 32.318 plazas, un 4% más que en 2024, crecimiento que el informe atribuye a una regulación autonómica más permisiva. El estudio también pone de relieve un ajuste especialmente intenso en destinos donde la vivienda turística tiene un peso muy elevado sobre el parque total, como Ibiza y Palma de Mallorca. Ibiza alcanzó su máximo en 2017, con 7.281 plazas, y ocho años después cerró 2025 con solo 1.469, lo que supone una caída del 79,8%, de la cual aproximadamente la mitad se produjo en el último año. Palma de Mallorca siguió una trayectoria similar: tras alcanzar un techo de 15.901 plazas en 2017, ha logrado reducir la oferta en un 63,2% en ocho años, hasta situarla en 5.853 plazas.

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(El País, 14-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las reservas de viajes a España crecen con fuerza y acercan el récord de 100 millones de turistas

La ligera decepción que dejó en el sector turístico no haber alcanzado en el último ejercicio la simbólica cifra de 100 millones de visitantes internacionales -un año que previsiblemente se cerró cerca de los 97 millones, pendiente aún de datos oficiales- se ha disipado en los primeros compases de 2026. El volumen de reservas que manejan hoteles y agencias, junto con una oferta histórica de plazas aéreas para el primer trimestre, confirma que la etapa de fuerte crecimiento del turismo continúa y no ha llegado a su fin, pese a las advertencias lanzadas por algunos empresarios a finales de 2025. Todo apunta a que este año se superará con claridad ese umbral emblemático. Desde la agencia de viajes online Destinia señalan que las perspectivas para el arranque del año son favorables. "El primer trimestre se presenta con buenos datos: los clientes españoles han incrementado sus reservas frente al año anterior y los principales mercados internacionales también muestran un comportamiento positivo", explican. La compañía, que en 2025 superó los 250 millones de euros de facturación y tiene como principales mercados emisores, además de España, a Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Portugal, destaca que la evolución positiva observada en el último trimestre del pasado año se mantiene en este inicio de ejercicio y confían en que continúe, al menos, durante el resto del trimestre. Las grandes cadenas hoteleras también registran un aumento de su cartera de reservas en comparación con el año anterior. Desde Riu, que cuenta con 27 establecimientos en España, aseguran que no perciben señales de enfriamiento de la demanda, aunque reconocen que el sector permanece atento a factores externos como la inestabilidad geopolítica o los fenómenos climáticos. "Con los datos de la primera semana de enero, los resultados son muy similares a los de las mismas fechas de 2025, con una facturación prácticamente idéntica y un ligero incremento tanto en estancias como en tarifa media", señalan. Pese al notable encarecimiento de los precios hoteleros en España -que según la consultora Cushman & Wakefield alcanzaron una media de 170 euros por habitación y noche-, la demanda de los viajeros nacionales hacia destinos lejanos no se ha resentido. Desde el sector destacan el buen comportamiento de mercados como Senegal, que cuenta con vuelos directos desde Madrid y, a partir del verano, también desde Bilbao, y donde las reservas de españoles crecen más de un 30%. Mauricio es otro de los destinos que registra una evolución positiva, con un aumento de ventas del 16% y el mantenimiento de dos frecuencias semanales desde la capital. Meliá, la mayor hotelera española por número de habitaciones, también afronta el inicio del año con optimismo, aunque sin perder de vista la incertidumbre internacional. La compañía destaca la solidez de la demanda en destinos vacacionales gracias a su base de clientes corporativos y de turoperación. En Canarias, las ventas superan las del año anterior y la cadena prevé mantener altos niveles de ocupación, con incrementos de tarifas apoyados, en parte, en las recientes mejoras y reposicionamientos de sus establecimientos. No obstante, desde la hotelera insisten en la prudencia ante el contexto geopolítico, aunque por ahora no han detectado efectos negativos. En los destinos urbanos también se anticipa un buen comportamiento, especialmente en ciudades como Sevilla y Valencia, y se espera que los destinos de nieve ganen peso durante el trimestre, favorecidos por las nevadas y el dinamismo de la temporada de esquí. Las aerolíneas comparten este tono positivo. Según la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que agrupa a 70 compañías responsables del 70% del tráfico aéreo hacia España, la oferta de asientos para la temporada de invierno -entre octubre de 2025 y marzo de 2026- alcanzará los 139 millones, un 4,7% más que en la campaña anterior. Este crecimiento y la evolución favorable del tráfico aéreo abren la puerta a batir un nuevo récord anual de pasajeros, después de que en 2025 se superaran previsiblemente los 300 millones, aunque con una desaceleración del ritmo de crecimiento respecto a años previos. Tras avanzar un 16,5% en 2023 y un 9,2% en 2024, el aumento en 2025 se habría moderado hasta el entorno del 4%. Otro indicio de que el sector mantiene su fortaleza es que algunos destinos vacacionales mantendrán abierta gran parte de su planta hotelera durante el invierno, algo poco habitual en el pasado. En la Comunidad Valenciana, de un total de 278 hoteles, se mantendrá operativo el 85% de las plazas, uno de los niveles más elevados de la serie histórica. Según Mayte García, directora ejecutiva de la patronal Hosbec, estos datos reflejan el avance del sector en la lucha contra la estacionalidad, no solo en hoteles, sino también en apartamentos turísticos y campings, lo que resulta clave para sostener la actividad y el empleo en temporada baja. Los mejores registros se esperan en la ciudad de Valencia, donde no se prevén cierres durante el invierno, consolidando su papel como motor urbano frente a la estacionalidad. En contraste, Castellón es la provincia más afectada: de sus 10.176 plazas, solo unas 3.300 permanecerán abiertas en enero, y alrededor de dos tercios lo harán durante el conjunto del invierno. García apunta que la gran mayoría de los cierres responde al fin de temporada en destinos como Benicàssim, Oropesa del Mar o Peñíscola, donde únicamente estará disponible aproximadamente la mitad de la oferta hotelera.

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(El Economista, 14-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo rechaza que la banca cobre comisiones e intereses de demora por un mismo descubierto

El Tribunal Supremo ha vuelto a reafirmar su criterio y ha descartado que las entidades financieras puedan aplicar de forma simultánea comisiones e intereses de demora por un mismo descubierto en una cuenta bancaria. En una resolución dictada el 17 de diciembre, el Alto Tribunal analiza el caso de una empresa titular de varias cuentas en situación de descubierto, a las que el banco aplicó tanto intereses de demora del 29% como una comisión específica por descubierto del 4,5%. Como consecuencia de esta práctica, la entidad reclamó a la compañía cerca de 166.000 euros en concepto de comisiones por descubiertos acumulados entre los años 2006 y 2014. La Sala se apoya en la doctrina ya fijada en sus sentencias de marzo y julio de 2020, recordando que la coexistencia de ambos cargos resulta contraria a derecho. Según el Supremo, las entidades no pueden exigir dos pagos distintos por una misma prestación. En este supuesto, se estaba gravando de forma duplicada una única operación. El tribunal distingue entre el hecho de que una cuenta entre en números rojos y el retraso en el pago de un crédito previamente concedido, subrayando que no se trata de situaciones equivalentes. La sentencia explica que el descubierto se produce cuando el cliente dispone de más fondos de los que tiene disponibles o cuando se cargan recibos u obligaciones por un importe superior al saldo existente. Al permitir esa operativa, el banco concede de facto un nuevo crédito al cliente, autorizándole a operar con saldo negativo. En ese contexto, el Alto Tribunal admite que la entidad pueda aplicar una comisión por descubierto como retribución por la concesión de ese crédito adicional. No obstante, rechaza que se puedan añadir intereses de demora, ya que estos están pensados para compensar el perjuicio causado por el incumplimiento de una obligación de pago, algo que no concurre cuando se trata de un crédito nuevo. En el caso analizado, el Supremo concluye que la entidad financiera sometió el mismo descubierto a una doble carga económica al aplicar simultáneamente la comisión y los intereses de demora. Por ello, declara que no existe justificación para ese cobro duplicado y ordena al banco reintegrar las cantidades percibidas indebidamente, junto con los intereses correspondientes.

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(El Periódico, 13-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Audiencia Nacional archiva la causa sobre el gran apagón de 2025 tras no hallar indicios de “sabotaje terrorista”

José Luis Calama, magistrado de la Audiencia Nacional, ha ordenado el sobreseimiento de la causa abierta por el apagón eléctrico que afectó a la Península el pasado 28 de abril, al concluir que no existe "el más mínimo indicio" de que el suceso respondiera a un sabotaje de carácter terrorista. El juez, que había mantenido las actuaciones bajo secreto, adopta esta decisión tras examinar numerosos informes técnicos que descartan de manera concluyente que el origen del incidente estuviera vinculado a una acción de terrorismo informático. La investigación se inició en abril de 2025, cuando Calama se encontraba de guardia y decidió abrir diligencias al no conocerse entonces la causa del fallo masivo en el suministro eléctrico. En ese momento consideró necesario investigar la posibilidad de un ataque cibernético dirigido contra infraestructuras críticas del país. Sin embargo, tras más de seis meses de actuaciones y la práctica de múltiples diligencias, el instructor concluye que no se ha acreditado ni siquiera de forma indiciaria la existencia de un hecho con relevancia penal, por lo que procede el archivo del procedimiento. En el auto dictado este lunes, el magistrado repasa el contenido de los informes solicitados a distintos organismos especializados, entre ellos el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI; el Mando Conjunto del Ciberespacio; el Instituto Nacional de Ciberseguridad; la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad; la Comisaría General de Información de la Policía Nacional; y el comité encargado de analizar las circunstancias del apagón del 28 de abril. Todos ellos coinciden, subraya el juez, en descartar de forma tajante cualquier indicio que permita relacionar los hechos investigados con una acción de terrorismo informático. En particular, el informe del Centro Criptológico Nacional señala que el análisis de un archivo de 70 gigabytes, que recoge los eventos de seguridad de los sistemas de tecnología operativa, no ha aportado ningún elemento que contradiga las conclusiones iniciales. Dicho examen confirma que no se han identificado acciones cibernéticas maliciosas ni evidencias de un ciberataque atribuible a grupos de ciberdelincuencia, actores estatales o organizaciones terroristas. El magistrado también recoge las conclusiones del Mando Conjunto del Ciberespacio, que tras inspeccionar cinco centros de control de estaciones de generación eléctrica y analizar la información registrada en sus sistemas, descartó la existencia de cualquier ataque cibernético contra las infraestructuras examinadas. En la misma línea, el Instituto Nacional de Ciberseguridad emitió ocho informes en los que se constató la ausencia de actividades cibernéticas dañinas en los centros auditados. Por último, el auto hace referencia al informe de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, que realizó doce visitas a distintos centros relacionados con el incidente sin detectar indicios de ningún tipo de ciberataque vinculado al apagón del 28 de abril. Con base en este conjunto de pruebas, el juez concluye que no existen fundamentos para mantener abierta la investigación.

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(Expansión, 12-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de la vivienda subirá al menos un 7% y el del alquiler un 7,5%

Tras un ejercicio de fuerte expansión, los expertos prevén que la dinámica alcista se mantenga, apoyada en el desequilibrio entre oferta y demanda, aunque con un avance más moderado. Si 2025 ha marcado un punto álgido en el mercado residencial, 2026 se perfila como un año de continuidad positiva pero con una clara desaceleración del crecimiento, especialmente en el volumen de compraventas. El principal motivo es el acusado déficit de vivienda existente, que continuará agravándose en los próximos años y presionando al alza los precios. Sin embargo, este encarecimiento supera la capacidad de los salarios, lo que, en ausencia de un mayor estímulo del Banco Central Europeo mediante bajadas de tipos, desplaza a una parte significativa de la demanda hacia el alquiler. Como consecuencia, tras un ejercicio excepcional, las transacciones tenderán a estabilizarse, mientras que los precios del arrendamiento seguirán aumentando con fuerza, aunque a un ritmo algo inferior al de años anteriores. Según el consenso de analistas consultados por EXPANSIÓN, que reúne a más de veinte especialistas del sector, el número de compraventas se frenará de forma notable tras varios años de crecimiento intenso. Para 2026 se estima la formalización de unas 741.000 operaciones, apenas un 3,1% más que las 719.000 previstas para 2025. No obstante, se observa un cambio relevante en la distribución geográfica de la demanda: frente a la concentración anterior en grandes núcleos de empleo y zonas turísticas con elevada presencia de compradores extranjeros, ganan protagonismo áreas tradicionalmente rezagadas, como el norte peninsular o el interior del país, impulsadas por jubilados y teletrabajadores que buscan climas más templados, viviendas más amplias y mejores calidades a precios más accesibles. Pese a esta moderación, los precios continuarán al alza, a pesar de la creciente presión que ejerce el limitado poder adquisitivo, tras un lustro en el que el valor de la vivienda ha crecido tres veces más que los salarios. Vicenç Hernández Reche, CEO de Tecnotramit, señala que en 2026 el mercado seguirá tensionado por la regulación, la escasez de oferta y factores emocionales. Aclara que el comportamiento de los precios no depende únicamente de la relación entre oferta y demanda, sino también de expectativas colectivas y emociones como el miedo a quedarse fuera del mercado o el efecto imitación, que aceleran las decisiones de compra incluso cuando algunos indicadores sugieren un posible cambio de ciclo. Por su parte, la oferta avanza, pero de forma muy lenta, lastrada por la elevada carga normativa, la escasez de suelo finalista, la fragilidad del tejido empresarial, la falta de mano de obra y la incertidumbre regulatoria que frena la inversión, especialmente en proyectos destinados al alquiler. Según Diego Bestard, CEO y fundador de Urbanitae, esta situación provoca que la producción de obra nueva esté muy por debajo de lo necesario, de modo que prácticamente todas las viviendas que salen al mercado encuentran comprador, incluso a precios cada vez más elevados. Aun así, los esfuerzos del sector promotor no se dirigen a todos los perfiles de demanda. Las nuevas promociones se concentrarán principalmente en dos segmentos: vivienda en propiedad en zonas con demanda contrastada, donde el promotor busca reducir riesgos en un contexto de márgenes más estrechos, y vivienda de alto nivel destinada a segunda residencia, sobre todo en áreas turísticas de costa. Aunque el ritmo de ventas es elevado, aumenta el número de potenciales compradores sin solvencia suficiente, lo que empuja a parte del sector a centrarse en mercados turísticos. En consecuencia, la oferta seguirá siendo insuficiente para equilibrar un mercado que arrastra un déficit cercano a las 700.000 viviendas. Esto mantendrá el incremento de precios en torno al 7% anual, mientras que el alquiler registrará subidas aún mayores, cercanas al 7,5%, debido al escaso atractivo que tienen para los inversores las promociones de vivienda asequible y las destinadas al arrendamiento. Esta falta de interés reduce la oferta disponible para las rentas medias en las grandes ciudades y obliga a quienes no disponen de ahorro suficiente para la entrada a recurrir al alquiler. En este contexto, como señala Juan Pablo Vera, CEO de Testa Homes, el arrendamiento se consolida como la principal vía de acceso a la vivienda. Vera apunta además que 2026 marcará un punto de inflexión en el mercado residencial, con el alquiler como uno de los ejes clave para atender la demanda, junto a la profesionalización del sector y la rehabilitación del parque existente. Mientras la profesionalización se perfila como un requisito para garantizar la estabilidad futura, la rehabilitación emerge como la alternativa más eficaz para ampliar la oferta de forma sostenible, dadas las limitaciones de suelo, los plazos de la obra nueva y la falta de incentivos suficientes para el desarrollo del build to rent.

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(El País, 12-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los países de la UE respaldan el acuerdo comercial con Mercosur

El Consejo de la Unión Europea dio luz verde este viernes al acuerdo comercial con Mercosur, despejando uno de los principales escollos para ratificar el entendimiento preliminar alcanzado por la Comisión Europea y el bloque sudamericano -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- hace algo más de un año. Este pacto podría desembocar en la mayor zona de libre comercio del planeta, con más de 720 millones de potenciales consumidores. Para la UE, lo que está en juego va más allá del intercambio comercial: se trata de reforzar su credibilidad como actor internacional capaz de cerrar acuerdos y de ampliar su red de alianzas geoeconómicas en un contexto global marcado por fuertes tensiones, acentuadas recientemente tras la captura por la fuerza de Nicolás Maduro hace apenas seis días. Aunque la votación formal aún no se había celebrado, diversas fuentes del Consejo indicaron a EL PAÍS que, a la vista de las posiciones expresadas por los embajadores de los Veintisiete en la reunión iniciada a las 11.00 de este viernes, el respaldo necesario estaba asegurado cuando se emitan los votos -plazo que se extiende hasta las 17.00-. El giro decisivo lo dio Italia, que finalmente apoyó el acuerdo tras las concesiones introducidas en los últimos días por la Comisión Europea. En contra se mantienen Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda, mientras que Bélgica optó por la abstención. Este reparto de apoyos garantiza la mayoría cualificada exigida -el 55% de los Estados miembros que representen al menos el 65% de la población de la UE-, lo que permitirá a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, desplazarse la próxima semana a Sudamérica para la firma protocolaria del acuerdo. Esa rúbrica supondrá un nuevo hito en un proceso negociador que se remonta a 1999, cuando comenzaron las conversaciones para crear la mayor área de libre comercio del mundo. Dos décadas después se alcanzó un primer principio de acuerdo, que no logró salir adelante por la oposición de varios Estados miembros -con Francia a la cabeza- y del Parlamento Europeo, que reclamaba mayores garantías medioambientales. Aquellas reticencias obligaron a reabrir las negociaciones hasta desembocar en el texto que los Estados miembros han avalado ahora. Para la UE, una de las economías más abiertas al comercio internacional, cerrar acuerdos con otros bloques se ha convertido en una prioridad tanto económica como estratégica desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Los acontecimientos de 2025, con la ofensiva arancelaria estadounidense, y los primeros compases de 2026, marcados por el secuestro de Maduro y las reiteradas amenazas sobre Groenlandia, han reforzado la estrategia de Bruselas de diversificar alianzas. En ese contexto, el pacto con Mercosur se perfila como la pieza más ambiciosa de esa política. Pese al avance de este viernes, el acuerdo aún debe superar otros trámites en el ámbito europeo, en particular la ratificación del Parlamento Europeo, donde el respaldo no está garantizado. El peso creciente de los grupos ultras, la oposición de La Izquierda y las dificultades de los grandes grupos para mantener posiciones homogéneas debido a intereses nacionales anticipan votaciones ajustadas y resultados inciertos. Existen además dos factores que apuntan a un recorrido complejo en la Eurocámara. Por un lado, un número relevante de eurodiputados pretende elevar el texto al Tribunal de Justicia de la UE, lo que podría retrasar o incluso suspender su entrada en vigor. Por otro, el líder del grupo de extrema derecha Patriots, Jordan Bardella, ya ha anunciado su intención de promover una nueva moción de censura contra la Comisión por este acuerdo, la segunda en una legislatura que apenas supera el año de duración. La Comisión Europea ha defendido el pacto con una batería de cifras. El libre comercio con Mercosur abriría el acceso a un mercado de 270 millones de personas y a una economía con un PIB conjunto cercano a los 2,7 billones de euros. Bruselas estima que las exportaciones europeas podrían incrementarse en 84.000 millones y que se generarían unos 756.000 nuevos empleos, con especial impacto positivo en el sector del automóvil -presionado por la competencia de los vehículos eléctricos chinos- y en industrias como la química y la farmacéutica. También prevé un impulso a las exportaciones agroalimentarias gracias a la fuerte reducción de aranceles, como el 28% en el queso, el 27% en el vino o el 35% en las bebidas espirituosas. Sin embargo, estas previsiones no han logrado disipar el rechazo del sector agrícola, que ha vuelto a movilizarse esta semana en distintos puntos de Europa. Tampoco han convencido las salvaguardas semiautomáticas aprobadas a finales de 2025, que prevén investigaciones y medidas provisionales -como la reintroducción de aranceles- si se detectan distorsiones en el mercado interior. Ni siquiera las recientes propuestas de la Comisión para adelantar pagos de la Política Agraria Común en el próximo marco presupuestario (2028-2034) o la suspensión temporal de los aranceles a los fertilizantes han logrado apaciguar la oposición del campo.

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(Cinco Días, 09-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España podrá prohibir créditos al consumo si detecta un riesgo grave para el consumidor

El Banco de España verá ampliadas sus competencias para actuar directamente sobre el mercado del crédito. El anteproyecto de ley de crédito al consumo refuerza el control sobre las entidades que conceden préstamos a los hogares y otorga al supervisor la capacidad de vetar la concesión de créditos o limitar determinadas prácticas comerciales cuando detecte riesgos graves para los consumidores o para el correcto funcionamiento del mercado. Así lo recoge el texto legal hecho público este jueves, que establece que, sin perjuicio de otras actuaciones supervisoras, disciplinarias o sancionadoras, el Banco de España podrá prohibir o restringir la comercialización, distribución o concesión de los créditos incluidos en el ámbito de la norma. La futura ley, que adapta al ordenamiento español las directivas europeas sobre crédito al consumo y servicios financieros a distancia, establece que todas las empresas que ofrezcan financiación en España deberán estar registradas y bajo la supervisión del Banco de España. Esta exigencia se extiende a los operadores de microcréditos, crédito 'revolving' y préstamos rápidos comercializados a través de plataformas digitales. Hasta ahora, muchos de estos productos escapaban al control regulatorio, lo que facilitaba prácticas abusivas, como la aplicación de intereses muy elevados. Según el anteproyecto, pendiente todavía de su tramitación parlamentaria, el supervisor podrá intervenir cuando considere que un determinado crédito o una práctica comercial representa un riesgo relevante para los consumidores o altera el buen funcionamiento del mercado. Las medidas podrán incluir la suspensión temporal de la concesión de préstamos o la prohibición de ofrecer determinados productos, y deberán aplicarse atendiendo a criterios de proporcionalidad y a la gravedad del riesgo detectado. En situaciones de riesgo inminente y especialmente grave, el Banco de España tendrá la facultad de actuar de forma inmediata y provisional, incluso sin escuchar previamente a la entidad afectada. El objetivo es frenar de forma rápida la proliferación de operadores irregulares o "chiringuitos" de crédito que puedan perjudicar a los clientes y al sistema financiero. Estas intervenciones urgentes tendrán un plazo máximo de tres meses, mientras se analiza la situación y se adoptan decisiones definitivas. Todas las restricciones o prohibiciones acordadas por el supervisor se harán públicas para alertar a los ciudadanos, siguiendo un esquema similar al de las advertencias que emite la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuando detecta entidades que operan sin autorización. Otra de las novedades relevantes es la posibilidad de exigir cambios en la estructura de gobierno corporativo y en los sistemas de gestión de riesgos de las entidades que conceden crédito al consumo. El Banco de España podrá reclamar la destitución de directivos que no cumplan los requisitos de honorabilidad y exigir mejoras en las políticas internas para garantizar un trato justo y responsable a los clientes. La norma también refuerza la obligación de analizar la solvencia de los solicitantes de crédito con el fin de evitar situaciones de sobreendeudamiento, especialmente en los préstamos de alto coste, como los microcréditos. Hasta ahora, muchos de estos operadores no estaban obligados a evaluar la capacidad de pago del cliente, a diferencia de los bancos, que deben conceder crédito de forma responsable y asegurarse de que el consumidor puede devolverlo sin comprometer su situación financiera. Con este marco regulatorio, el Gobierno pretende reforzar la protección de los consumidores más vulnerables y actualizar un mercado que ha crecido con rapidez en los últimos años debido a la digitalización y a la entrada de nuevos actores. El periodo de audiencia pública del anteproyecto estará abierto hasta el 30 de enero, permitiendo la presentación de alegaciones antes de su aprobación definitiva. La futura ley también introduce límites estrictos a la publicidad de los productos financieros. Se prohíbe sugerir que un préstamo puede mejorar la situación económica del consumidor, sustituir al ahorro o elevar su nivel de vida. Los mensajes publicitarios deberán ser claros, veraces, suficientes y no engañosos, evitando generar expectativas irreales sobre el coste, el importe o la disponibilidad del crédito. Además, todas las comunicaciones comerciales relacionadas con préstamos al consumo deberán incluir de forma visible una advertencia obligatoria: "Atención, un crédito es vinculante para usted y debe ser devuelto. Compruebe el coste del préstamo y su capacidad de reembolso antes de comprometerse". En conjunto, esta regulación supone un avance relevante para que los consumidores puedan tomar decisiones financieras con mayor información y para prevenir abusos y distorsiones en el mercado. Aunque uno de los cambios más destacados es la fijación de límites al precio de los créditos al consumo, el refuerzo de las competencias del Banco de España y de la supervisión permitirá una mayor transparencia y alertas más claras sobre los riesgos asociados. Asimismo, la norma incrementa la responsabilidad de las propias entidades financieras, que no solo deberán evaluar con rigor la solvencia de los clientes, sino también mejorar sus sistemas internos y su gobernanza. Se trata de una demanda compartida por bancos y establecimientos financieros de crédito, que reclaman un marco homogéneo de reglas para todos los operadores del sector.

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(Expansión, 09-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV advierte a los influencers: promocionar productos financieros no es como vender zapatos

El organismo encargado de supervisar los mercados financieros mantiene bajo estrecha observación los contenidos que los influencers difunden en redes sociales para promocionar productos y servicios relacionados con las finanzas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado una serie de advertencias dirigidas a este tipo de creadores de contenido, que deben tener presentes al abordar cuestiones de inversión. En coordinación con otras autoridades nacionales de supervisión y bajo el paraguas de ESMA (la Autoridad Europea de Valores y Mercados), la CNMV ha puesto en marcha una campaña informativa destinada a trasladar a los llamados finfluencers los aspectos clave que deben considerar al dar visibilidad a productos o servicios financieros. El supervisor, presidido por Carlos San Basilio, subraya que la promoción de instrumentos financieros no puede equipararse a la publicidad de bienes de consumo habituales como ropa o complementos, ya que este tipo de mensajes puede acarrear importantes riesgos económicos para quienes los siguen. En este contexto, la CNMV insiste en la obligación de informar con transparencia cuando el contenido tenga carácter publicitario. Los influencers deben dejar claro si reciben una compensación económica, regalos u otro tipo de beneficios por promocionar un producto, utilizando expresiones como "publicidad", "colaboración pagada" o "contenido patrocinado". Asimismo, el organismo señala que también debe comunicarse si el propio creador invierte en aquello que promociona o si podría obtener un beneficio si otras personas deciden invertir. El regulador recuerda además que los influencers son plenamente responsables de lo que publican en sus perfiles. En caso de que sus mensajes resulten engañosos o imprudentes y causen perjuicios a sus seguidores, podrían enfrentarse a responsabilidades legales por los daños ocasionados. Por último, la CNMV advierte de que la promoción de inversiones puede requerir autorización administrativa. Indicar a otros en qué activos invertir o cuáles evitar puede considerarse asesoramiento financiero, una actividad que exige contar con la correspondiente licencia otorgada por el propio supervisor. Incluso la difusión pública de opiniones sobre la posible evolución de acciones, criptomonedas u otros activos, o la promoción de estrategias de inversión, puede calificarse como recomendación de inversión y quedar sujeta a una normativa específica.

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(Expansión, 09-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro capta 7.009 millones en su primera subasta de 2026

El Tesoro Público español ha colocado este jueves un total de 7.009 millones de euros en cuatro tipos distintos de bonos y obligaciones del Estado, en la que ha sido la primera subasta del año 2026, caracterizada por un notable interés por parte de los inversores. La demanda total ha alcanzado cerca de 14.500 millones de euros, lo que equivale a algo más del doble del importe finalmente adjudicado, con una ratio de cobertura de 2,06 veces. De acuerdo con los resultados de la subasta, en la que se registró un aumento generalizado de las rentabilidades, el Tesoro adjudicó 2.813 millones de euros en bonos a cinco años, con un interés marginal del 2,512 %, por encima del 2,480 % registrado en la emisión anterior. Las peticiones de este tramo superaron los 6.220 millones de euros. Además, se colocaron 2.012 millones de euros en bonos a siete años, cuya rentabilidad se situó en el 2,943 %, frente al 2,891 % previo. En cuanto a las obligaciones a largo plazo, el organismo adjudicó 1.458 millones de euros en títulos a veinte años, con un interés del 3,814 %, superior al 3,745 % de la subasta anterior. Por último, el Tesoro emitió obligaciones a diez años ligadas a la inflación por un importe de 726 millones de euros, aplicando una rentabilidad del 1,517 %, frente al 1,469 % anterior. El objetivo marcado para esta primera subasta de 2026 se situaba en una horquilla de entre 5.750 y 7.250 millones de euros, rango que finalmente se ha cumplido. Tras esta operación, el Tesoro volverá a los mercados el próximo martes 13 con una subasta de Letras a seis y doce meses. Posteriormente, el día 15 ofrecerá de nuevo bonos y obligaciones del Estado, y el 20 de diciembre subastará Letras a tres y nueve meses. El organismo cerró el ejercicio 2025 con unas emisiones netas de 54.775 millones de euros, mientras que la emisión bruta total alcanzó los 274.017 millones, lo que supuso un aumento de 14.652 millones respecto a 2024, debido principalmente al mayor volumen de vencimientos afrontados en 2025. De cara a 2026, el Tesoro mantendrá su estrategia basada en la estabilidad y la previsibilidad, con una financiación neta prevista de 55.000 millones de euros. Las emisiones brutas, por su parte, se elevarán hasta los 285.677 millones de euros, un 4 % más que el año anterior.

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