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(El País, 05-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El gasto de los hogares en vivienda subió 80 euros durante los últimos cinco años

El coste de la vivienda absorbe una parte cada vez mayor de los ingresos familiares. Entre 2019 y 2024, el gasto medio mensual asociado al hogar aumentó un 13%, al pasar de 610 a 690 euros, es decir, 80 euros más. Este encarecimiento responde, sobre todo, a la subida de los suministros y del alquiler y, desde 2022, al incremento de las cuotas hipotecarias, según un estudio difundido por la Fedea. Aunque el esfuerzo adicional ha sido generalizado, el impacto ha sido más intenso entre los inquilinos, cuyos costes crecieron un 33,5%. La subida fue ligeramente inferior entre los propietarios con hipoteca (30,7%) y bastante más moderada entre quienes tienen la vivienda pagada (17,3%). El informe, elaborado por Fernando Pinto, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, se basa en microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una de sus conclusiones principales es que el peso de la vivienda actúa como factor de desigualdad social. El análisis señala que la vulnerabilidad residencial se concentra en determinados perfiles, especialmente en hogares con baja intensidad laboral. También los jóvenes que viven solos -entre 18 y 34 años- soportan una presión elevada, en parte por la falta de economías de escala y su mayor dependencia del alquiler. A ello se suman diferencias territoriales persistentes entre comunidades autónomas, reflejo de desequilibrios estructurales entre ingresos y costes de la vivienda. Si se toma como referencia el umbral del 40% de la renta destinado a la vivienda -considerado tensión severa según criterios europeos-, las mayores tasas de hogares en esta situación se registran en Cataluña (19,3%), Madrid (18,8%) y Baleares (18,1%). En el extremo opuesto se sitúan Castilla y León (13%), La Rioja (12,9%) y País Vasco (11,6%), con niveles más moderados. El seguimiento de los precios del alquiler muestra que la presión es mayor en áreas urbanas y en regiones con mayor dinamismo demográfico y económico. Se trata de un aumento progresivo pero sostenido, que explica buena parte del crecimiento del gasto residencial total. En cuanto a las hipotecas, su comportamiento fue relativamente estable hasta 2021. Sin embargo, a partir de 2022 se produjo una aceleración clara, coincidiendo con el cambio de ciclo monetario y la subida de los tipos de interés, lo que afectó especialmente a quienes tienen préstamos a tipo variable o en los primeros años de amortización. El esfuerzo residencial -calculado como el porcentaje de la renta disponible que se destina a alquiler o hipoteca y gastos corrientes de la vivienda- confirma que los inquilinos son más vulnerables a la volatilidad de los precios en momentos de fuerte presión de la demanda, como el actual. No obstante, la mayor presencia de la propiedad frente al alquiler no responde a una circunstancia puntual, sino que constituye un rasgo estructural que influye de forma permanente en la carga que soportan los hogares. La estructura familiar también resulta clave. Los hogares con varios adultos trabajando -es decir, con alta intensidad laboral- tienen mayor capacidad para asumir subidas del gasto residencial: solo el 7,4% se encuentra en situación de sobreesfuerzo, frente al 18,9% de aquellos con baja intensidad laboral. Esta diferencia, según el estudio, pone de relieve la importancia de analizar conjuntamente la situación laboral y la composición del hogar para entender cómo se distribuye el peso de la vivienda en la sociedad.

| Mercantil, civil y administrativo

El turismo se frena en enero y solo crece un 1,2% por el retroceso de las llegadas desde Francia y Alemania

La entrada de visitantes internacionales mantuvo su tendencia al alza en enero de 2026, aunque con un avance mucho más moderado que en ejercicios anteriores. En el primer mes del año llegaron a España 5,12 millones de turistas extranjeros, un 1,2% más que un año antes, una cifra muy inferior al 6% registrado en enero de 2024 y al 15% de enero de 2023, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El análisis por países revela que la desaceleración se concentró en tres mercados: Francia, Alemania y Bélgica. Desde Francia arribaron 517.788 viajeros, lo que supone un desplome del 19,5% respecto al mismo mes de 2025. El dato es relevante si se tiene en cuenta que el mercado francés fue el segundo mayor emisor de turistas hacia España el año pasado, con un 13,2% del total, y confirma la tendencia descendente ya observada entonces, vinculada al encarecimiento de precios y a la debilidad económica del país vecino. Alemania, tercer mercado en importancia (12,4% del total), también registró una caída del 2%, hasta 527.327 visitantes, en un contexto de enfriamiento de la mayor economía europea. Bélgica, aunque con un volumen menor, redujo sus llegadas un 7,8%. En contraste, el Reino Unido -principal emisor, con un 19% del total- incrementó sus viajes a España un 3,3%. Desde el Ministerio de Industria y Turismo ponen el foco en el comportamiento del gasto turístico, que creció un 9,3% interanual en enero, casi ocho veces más que las llegadas, hasta alcanzar 7.800 millones de euros. El departamento subraya que esta evolución encaja con su estrategia de impulsar un modelo más sostenible, orientado a priorizar la calidad frente al volumen, reducir la concentración territorial y temporal y diversificar la oferta. El aumento del gasto se explica, sobre todo, por el fuerte incremento del desembolso realizado por turistas extracomunitarios, que subió un 18,8% y alcanzó los 4.539 millones de euros, el 58% del total. Entre los mercados europeos, el gasto de los viajeros franceses descendió un 13,6%, el de los británicos bajó un 1,7% y el de los alemanes avanzó un 4,4%. La caída de visitantes franceses y alemanes tuvo un reflejo directo en los destinos más vinculados a estos mercados. En Cataluña se superó ligeramente el millón de turistas, pero con una bajada del 6,2% interanual. En Baleares, muy dependiente de los grandes turoperadores alemanes y con una marcada estacionalidad, el descenso fue del 8,8%. De las seis comunidades que concentran el 90% del turismo extranjero, la Comunidad Valenciana también experimentó un retroceso (-3,5%), mientras que Canarias, Madrid y Andalucía registraron incrementos. Madrid lideró el crecimiento, con un aumento del 8,8% y 766.365 viajeros, superando a Baleares y Andalucía. En Canarias, en plena temporada alta, las llegadas crecieron un 4,9% hasta rozar los 1,5 millones de turistas. El archipiélago concentró cerca del 28% de todos los visitantes internacionales en enero, en un contexto marcado en los últimos años por protestas ciudadanas contra la masificación turística.

(El Confidencial, 05-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Cámara de Comercio de EEUU en España apela a la "racionalidad económica" para bajar la tensión

La principal entidad que agrupa a las compañías estadounidenses implantadas en España, AmChamSpain, difundió este miércoles un comunicado en el que insta al "diálogo" y a proteger la relación económica entre España y Estados Unidos. La organización reacciona así a la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender el comercio con España por su negativa a permitir el uso de las bases de Rota y Morón, así como a la respuesta del Gobierno español. La Cámara de Comercio de EE UU en España subraya que los lazos económicos entre ambos países son firmes y se sustentan en una "interdependencia real" que, a su juicio, no debería verse afectada por discrepancias políticas puntuales. En su nota recuerda que las filiales de empresas estadounidenses constituyen el principal foco de inversión extranjera en España desde los años sesenta, generando empleo y aportando valor al tejido productivo. A su vez, destaca que las compañías españolas han consolidado durante décadas una presencia relevante en Estados Unidos, convertido en su principal destino de inversión exterior. La organización hace un llamamiento a utilizar los canales diplomáticos e institucionales para resolver las diferencias y confía en que prevalezcan la lógica económica y el marco legal vigente, incluidos los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos. Considera esencial que ambos gobiernos encuentren una solución que aporte estabilidad a sus respectivas comunidades empresariales. En las próximas horas, representantes de AmChamSpain prevén contactar con la embajada estadounidense en Madrid, con el Ejecutivo español y con instituciones europeas para defender la continuidad del diálogo y la cooperación. Su posicionamiento coincide con el mensaje de prudencia lanzado por distintos actores del ámbito empresarial. Organizaciones como CEOE, Cepyme y ATA reclamaron el martes al Gobierno que rebaje la tensión con Estados Unidos y actúe en coordinación con la Unión Europea ante la posibilidad de un embargo comercial. Por su parte, el Club de Exportadores e Inversores Españoles destacó en otro comunicado la estrecha vinculación económica entre ambos países y recordó que EE UU es un socio estratégico para España, especialmente en determinados bienes y servicios. El presidente del Club de Exportadores, Antonio Bonet, advirtió de que eventuales trabas a las exportaciones españolas podrían contravenir el marco comercial entre la UE y Estados Unidos, lo que obligaría a la Comisión Europea a intervenir. No descarta, incluso, una escalada que desemboque en un conflicto comercial entre ambos bloques. La propia Comisión Europea ya ha expresado su respaldo a España y su disposición a actuar para proteger los intereses comunitarios si fuera preciso. No obstante, Bonet apuntó que, si las medidas se dirigieran contra empresas estadounidenses proveedoras de bienes y servicios a España, no estaría claro que vulnerasen los acuerdos comerciales vigentes, aunque el impacto económico para España podría ser muy elevado.

(El Periódico, 05-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas lanza su "Made in Europe": exigirá a la inversión extranjera un 30% de productos europeos y limitará el control del capital extranjero

La Comisión Europea presentó este miércoles la Ley de Aceleración Industrial (IAA), una iniciativa largamente esperada con la que busca introducir criterios de prioridad europea en ámbitos como las licitaciones y las subvenciones públicas, con el fin de frenar la pérdida de peso industrial en la UE. Según los cálculos de Bruselas, varios sectores estratégicos podrían destruir hasta 750.000 empleos en la próxima década si no se actúa. La meta fijada es que la manufactura alcance el 20% del PIB comunitario, frente al 14,3% actual y más del 17% que representaba a comienzos de siglo. La propuesta llega tras meses de tensiones internas entre departamentos de la propia Comisión y también entre Estados miembros, divididos sobre cómo abordar la seguridad económica. La filosofía central es evitar que los fondos públicos terminen beneficiando a competidores que amenacen la competitividad europea, con especial atención a China. No obstante, el texto deberá negociarse ahora entre el Parlamento Europeo y el Consejo, por lo que se prevén cambios relevantes. Se trata, además, de un planteamiento poco habitual para la Comisión, al introducir un mayor grado de intervención económica. El documento detalla qué industrias se consideran estratégicas, regula las inversiones extranjeras directas (FDI) y define el concepto de "hecho en Europa". Aunque inicialmente se contemplaba un enfoque más ambicioso bajo la idea de "Buy European", el texto final suaviza varios aspectos tras el choque entre quienes defendían una preferencia estricta y los países preocupados por un posible cierre del mercado europeo. Entre los ajustes introducidos destaca la reducción del listado de sectores críticos. Finalmente, la protección se limita al acero, aluminio, cemento, tecnologías vinculadas a la descarbonización -como baterías, electrolizadores, bombas de calor, energía solar fotovoltaica y eólica- y componentes de automoción. Otros ámbitos que figuraban en borradores previos, como la bioquímica o los plásticos, quedan fuera. Esto implica una menor cobertura tanto en preferencias europeas como en medidas de agilización administrativa o acceso prioritario a infraestructuras energéticas. En cuanto al sello "hecho en Europa", Bruselas opta por un criterio amplio. Se considerarán equivalentes los productos procedentes de países con acuerdos comerciales con la UE, miembros de la Unión Aduanera o adheridos al Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. La Comisión, no obstante, se reserva la posibilidad de excluir a determinados países si no garantizan reciprocidad, si existe una dependencia excesiva o si concurren otras razones justificadas. El acero no tendrá una preferencia general, aunque sí deberá cumplir requisitos de bajas emisiones en contratación pública y en ayudas para construcción e infraestructuras. En automoción, el acero sí deberá ajustarse tanto al criterio europeo como al de bajo carbono. Para el cemento y el aluminio se introduce preferencia europea en todos los ámbitos, además de las exigencias climáticas. En tecnologías limpias, los requisitos de contenido europeo se incrementarán progresivamente durante tres años e incluirán futuras centrales nucleares. El sector del automóvil recibe un tratamiento específico: mientras que en otras tecnologías la preferencia europea se aplicará como mínimo al 45% del presupuesto nacional, en automoción alcanzará el 100% en licitaciones, ayudas o subvenciones. El objetivo es que no solo el ensamblaje, sino también los componentes de mayor valor añadido -como las baterías- se fabriquen en territorio comunitario. Estas exigencias contemplan excepciones si no existen suficientes proveedores, si se producen retrasos significativos o si el sobrecoste supera ciertos umbrales: un 25% en contratación pública y un 30% en ayudas. Por ejemplo, si un panel solar fabricado en Europa resulta un 34% más caro que su alternativa extranjera, podría eliminarse el requisito de origen. La propuesta también endurece el control sobre inversiones extranjeras directas superiores a 100 millones de euros cuando procedan de países que concentren más del 40% de la producción mundial en sectores como baterías, vehículos eléctricos, energía fotovoltaica o materias primas críticas. En estos casos, las empresas inversoras deberán cumplir al menos cuatro de seis condiciones: no superar el 49% del capital de la firma europea; crear una empresa conjunta con socios comunitarios; transferir tecnología y patentes hasta permitir autonomía productiva; destinar al menos el 1% de sus ingresos brutos a I+D en la UE; y garantizar que el 30% de los insumos utilizados en bienes vendidos en Europa procedan de compañías europeas. Además, será obligatorio que al menos la mitad de la plantilla, en todos los niveles, esté formada por trabajadores europeos.

(Cinco Días, 04-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El gas se dispara otro 30% y el petróleo sigue al alza ante el aumento de la tensión en el golfo Pérsico

La confrontación entre Estados Unidos e Israel frente a Irán se está extendiendo por la región y amenaza con prolongarse sin una salida inmediata. La reacción de Teherán no pierde intensidad y ya incluye ataques contra instalaciones energéticas y rutas marítimas, lo que ha disparado el coste de la energía para operadores e inversores. En Europa, el gas natural vive una escalada especialmente brusca: tras encarecerse un 40% el lunes, este martes ha llegado a subir otro 30%. El petróleo, aunque con movimientos más moderados, también avanza con fuerza: el barril de Brent -referencia en Europa- supera los 83 dólares, su nivel más alto desde julio de 2024, mientras el West Texas suma alrededor de un 7% adicional. En los últimos días, el mercado energético opera en un entorno de enorme incertidumbre sobre el suministro. La situación es compleja porque confluyen factores políticos, militares y económicos en una región clave para el equilibrio global. Como respuesta a la ofensiva de Washington y Tel Aviv, Irán ha endurecido su postura y ampliado sus objetivos hacia infraestructuras energéticas y buques. El tránsito por el estrecho de Ormuz, paso estratégico bajo influencia iraní por el que circula cerca del 20% del petróleo mundial y una parte sustancial del gas, se encuentra prácticamente paralizado ante el riesgo de ataques. La tensión ha tenido efectos inmediatos. Qatar, segundo mayor exportador mundial de gas natural licuado (GNL), ha suspendido envíos tras el cierre forzado de la terminal de Ras Laffan, la mayor del mundo y responsable de alrededor del 20% de la oferta global. También se ha interrumpido la actividad en la refinería saudí de Ras Tanura, la más grande del país, y se ha registrado un incendio en un centro de almacenamiento en Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, lo que añade más presión sobre los flujos energéticos. El lunes, el petróleo subió en torno a un 8%, mientras que los contratos de gas TTF negociados en Países Bajos -referencia para Europa- se dispararon cerca de un 40%. Este martes superan los 58 euros por megavatio hora, casi el doble que hace un mes y su nivel más alto en tres años. El temor a la escasez está obligando a economías asiáticas altamente dependientes del gas catarí, como Taiwán o Corea del Sur, a buscar suministros alternativos para garantizar la generación eléctrica, intensificando la competencia internacional. China, mayor importador mundial de crudo y gas, ha instado a todas las partes a garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, consciente de su exposición a un eventual cierre prolongado, pese a disponer de amplias reservas estratégicas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha advertido de que la ofensiva contra Irán se prolongará "un tiempo", aunque no durante años. Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que su país hará "lo que sea necesario", y el secretario de Estado, Marco Rubio, ha anticipado una intensificación de la campaña. En el mercado se estima que el conflicto podría extenderse entre cuatro y cinco semanas, aunque incluso ese plazo tendría consecuencias relevantes para el suministro energético. Precisamente la duración y la posible ampliación de los ataques son los principales focos de inquietud. Los analistas advierten de que, sin una desescalada rápida y con Ormuz prácticamente bloqueado, el riesgo de nuevas agresiones contra infraestructuras energéticas podría provocar interrupciones más duraderas. Aunque el petróleo cotiza en máximos desde el verano pasado, su reacción ha sido más contenida que en otras crisis geopolíticas. No ocurre lo mismo con el gas europeo, que acumula alzas superiores al 60% en apenas dos jornadas, superando incluso el repunte registrado tras la invasión rusa de Ucrania hace cuatro años. El cierre de Ras Laffan supone un golpe directo al mercado del GNL, donde la capacidad de almacenamiento es limitada, lo que anticipa fuertes subidas en los precios al contado. Además, el mercado del gas partía de una posición menos protegida que el del crudo. Antes de la ofensiva, muchos operadores petroleros habían contratado coberturas mediante opciones para protegerse ante una posible escalada. En cambio, en el gas se asumía que Qatar no sería objetivo directo debido a su relación con Irán, lo que dejó al sector más expuesto. Según algunos analistas, el petróleo estaba mucho mejor preparado para un escenario de tensión que el gas, cuyos mercados no contemplaron seriamente esta posibilidad.

(Expansión, 04-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump amenaza a España con un embargo comercial: "Es un aliado terrible"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reprochado a España su negativa a respaldar la operación militar estadounidense en Irán. "España no tiene nada que nos interese. Es un país estupendo, pero un mal aliado. No queremos saber nada de ellos", afirmó. Su malestar ha llegado hasta el punto de amenazar con "romper todo el comercio con España" e incluso plantear al secretario del Tesoro, Scott Bessent, la opción de aplicar un embargo. Estas declaraciones se producen después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez rechazara autorizar el uso de las bases de Morón y Rota para la intervención de Washington contra Teherán. Como consecuencia, varias aeronaves estadounidenses han abandonado territorio español. El Gobierno justificó su postura en la defensa de la legalidad internacional y en el cumplimiento estricto de los acuerdos bilaterales entre ambos países. Frente a las advertencias del mandatario estadounidense, fuentes del Ejecutivo español subrayan que España cumple con sus compromisos en el marco de la OTAN y de la política de defensa europea. Además, señalan que cualquier revisión de la relación bilateral debe respetar tanto el derecho internacional como los acuerdos vigentes entre la Unión Europea y Estados Unidos. En el plano económico, los intercambios comerciales entre ambos países ya se han visto afectados por la política arancelaria impulsada por Trump. En 2025, las exportaciones españolas a Estados Unidos descendieron un 8%, aunque el volumen total del comercio bilateral -sumando exportaciones e importaciones- superó los 46.890 millones de euros, lo que refleja la magnitud de los intereses en juego. La balanza comercial es claramente favorable a Estados Unidos. En 2025, España vendió al mercado estadounidense productos por valor de 16.716 millones de euros, mientras que importó bienes por 30.174 millones, lo que elevó el déficit comercial español a 13.458 millones, un 34% más que el año anterior. España exporta principalmente bienes de equipo, semimanufacturas -sobre todo derivados químicos, además de acero, hierro, papel o materiales de construcción- y productos agroalimentarios como el aceite de oliva y el vino. Por su parte, importa sobre todo productos energéticos (alrededor del 35% del total), junto a productos químicos y bienes de equipo, especialmente material de transporte y motores. En medio de una política exterior marcada por la incertidumbre y por los continuos cambios en los plazos del conflicto, Estados Unidos ha solicitado apoyo a sus aliados europeos para utilizar sus bases militares. El Reino Unido ha dado luz verde al uso de sus instalaciones para operaciones defensivas y ataques contra misiles o infraestructuras iraníes, especialmente después de que Teherán atacara una base británica en Chipre, en lo que supuso el primer ataque en suelo europeo. El primer ministro, Keir Starmer, ha enmarcado la decisión en una acción de "defensa colectiva" ante la escalada de tensión. Entre las instalaciones autorizadas figuran RAF Fairford y la base conjunta de Diego García, en el océano Índico. Francia y Alemania también han expresado su disposición a proteger a sus aliados si así se solicita, y han anunciado preparativos para posibles actuaciones defensivas frente a ataques iraníes. Londres, París y Berlín han emitido una declaración conjunta en la que condenan las acciones de Irán contra países vecinos, incluido Chipre, y advierten de que adoptarán medidas "necesarias y proporcionadas" para neutralizar su capacidad de lanzamiento de misiles si persisten las agresiones. Portugal, por su parte, ha autorizado el uso de la base de Lajes, en las Azores, aunque con limitaciones y exclusivamente para misiones defensivas. Italia, que también alberga presencia militar estadounidense, ha apostado por coordinar cualquier decisión en el marco de la Unión Europea y actuar dentro de la OTAN.

(Expansión, 04-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno da por hecho que España contará con una de las primeras gigafactorías europeas de IA

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, afirmó en el Mobile World Congress que España dispondrá de una de las primeras gigafactorías europeas. Defendió que la propuesta presentada es sólida, cuenta con un respaldo empresarial significativo y aseguró que el país estará entre los seleccionados para acoger una de estas grandes infraestructuras de computación avanzada destinadas al desarrollo de la inteligencia artificial. López explicó que el Ejecutivo mantiene un diálogo continuo con la Comisión Europea y expresó su confianza en que hacia el verano se conozcan avances sobre la elección de las sedes. Insistió en que España formará parte del grupo inicial de países que albergarán estas instalaciones estratégicas. Actualmente, España compite con más de 75 proyectos europeos para optar a una de las cuatro primeras gigafactorías que Bruselas prevé adjudicar este año. Las infraestructuras seleccionadas deberán estar en funcionamiento entre 2027 y 2028, con una inversión estimada por ubicación de entre 3.000 y 5.000 millones de euros. La candidatura española plantea un modelo con varias sedes: una principal en Móra la Nova (Tarragona) y otra en San Fernando de Henares (Madrid). El proyecto se estructura mediante un consorcio público-privado en el que participará la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), también conocida como Sepi Digital, que previsiblemente asumirá alrededor del 30% del capital y será el accionista de referencia. Entre las compañías que ya han confirmado su participación figuran Telefónica, MasOrange, ACS, Nvidia, Submer y Multiverse Computing. Además, el Gobierno estudia la posible incorporación de un fondo soberano internacional, como el Public Investment Fund de Arabia Saudí, la Qatar Investment Authority o Mubadala Investment Company. Por otro lado, el ministro anunció una dotación de 100 millones de euros para apoyar a empresas españolas que desarrollen iniciativas vinculadas a la soberanía digital europea junto a socios de otros Estados miembros. El anuncio se produjo durante un encuentro con el ministro alemán Karsten Wildberger en el marco del MWC. Esta medida se integra en el IPCEI de Inteligencia Artificial (IPCEI-AI), un Proyecto Importante de Interés Común Europeo liderado por Alemania y orientado a impulsar proyectos estratégicos y de alto impacto en el ámbito de la IA. Finalmente, López mostró su respaldo a la petición de las operadoras de telecomunicaciones para que Bruselas impulse un entorno regulatorio que facilite procesos de consolidación empresarial. Según señaló, el sector necesita ganar dimensión para afrontar las elevadas inversiones que exige el mercado actual, una demanda que, a su juicio, está cobrando fuerza en el conjunto de Europa.

(El País, 04-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación en la zona euro cierra febrero en el 1,9% con la incógnita del impacto del conflicto en Oriente Próximo

La inflación en la eurozona aumentó ligeramente en febrero hasta el 1,9%, dos décimas por encima del dato de enero, según las cifras difundidas por Eurostat, la oficina estadística comunitaria. Aun así, el nivel de precios se mantenía contenido hasta el cierre del mes. Sin embargo, el panorama dio un giro brusco el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán y este respondió, avivando la tensión en una zona estratégica para el suministro energético mundial. Del golfo Pérsico procede aproximadamente el 20% del petróleo y del gas natural licuado que se consume en el planeta. En los últimos años, la moderación de la inflación en la zona euro ha estado muy vinculada al abaratamiento de la energía. De hecho, en febrero los precios energéticos restaron un 3,2% al índice general. No obstante, la escalada bélica ha alterado por completo ese contexto: el estrecho de Ormuz, paso esencial para la salida del crudo y el gas de Oriente Próximo, ha quedado bloqueado por el conflicto, disparando las cotizaciones. El GNL, que el viernes se negociaba en torno a 32 euros por megavatio hora, superaba este martes los 56 euros. El barril de Brent, referencia europea, también ha repuntado con fuerza, pasando de unos 70 dólares a cerca de 83 en pocos días. El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, ha advertido de que el efecto sobre la inflación dependerá de la duración y la intensidad de la crisis en el golfo Pérsico. Según explicó en una entrevista concedida al Financial Times, un encarecimiento de la energía presiona al alza los precios a corto plazo y perjudica la actividad económica, aunque el impacto a medio plazo variará en función de cómo evolucione el conflicto. Como es habitual, el BCE ha señalado que sigue la situación con atención, dando a entender que aún es prematuro adoptar decisiones. En la misma línea, Bert Colijn, economista de ING Research, apunta que si la crisis se limita a unas semanas, la inflación podría situarse alrededor del 2%. En cambio, si la interrupción del suministro energético se prolonga, el efecto sería mayor y reabriría la incertidumbre sobre la estabilidad de los precios, que hasta ahora se mantenía cercana al objetivo del BCE. Mientras se evalúan estas posibles consecuencias, los datos de febrero muestran un leve repunte respecto al mínimo del 1,7% registrado en enero. También la inflación subyacente -que excluye energía y alimentos frescos- avanzó una décima, hasta el 2,4%. Este comportamiento, unido a una actividad económica algo más dinámica de lo previsto a comienzos de 2025 pese a las tensiones comerciales anunciadas, llevó al BCE a considerar que la situación estaba bajo control. Por países, el repunte se explica sobre todo por Francia, cuya inflación armonizada pasó del 0,4% al 1,1% en un mes. Italia también registró un incremento significativo, del 1% al 1,6%. En España, el alza fue más moderada, de una décima, hasta el 2,5%. Alemania, en cambio, contribuyó a compensar estas subidas al reducir su tasa del 2,1% al 2%.

(El Economista, 04-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tribunal Supremo obliga al Gobierno a revisar los costes del reparto de butano

El Tribunal Supremo ha dado la razón a Disa Gas en su recurso contra la inacción del Ministerio para la Transición Ecológica por no haber impulsado la revisión normativa prevista en la Disposición Adicional 33ª.2 de la Ley del Sector de Hidrocarburos. Esta norma establece que, "en todo caso, cada cinco años", deben revisarse las condiciones de la obligación de suministro domiciliario de GLP envasado, es decir, la tradicional bombona de butano. La Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) considera que el plazo para llevar a cabo esa revisión expiró el 10 de marzo de 2020 y que la falta de actuación por parte de la Administración vulnera la ley. En consecuencia, la sentencia ordena al Gobierno que, en un máximo de seis meses desde la notificación, elabore, tramite y apruebe la disposición general correspondiente conforme al artículo 26 de la Ley del Gobierno. Además, impone las costas procesales a la Administración. El conflicto gira en torno al régimen de intervención pública sobre el GLP envasado en bombonas de entre 8 y 20 kilos, un producto de uso doméstico ampliamente extendido. La normativa permite imponer al operador mayorista con mayor cuota en cada territorio la obligación de suministro a domicilio, bajo un sistema de precios máximos regulados. El Supremo recuerda que la Orden IET/389/2015 desarrolla esta obligación y fija la metodología automática para calcular los precios máximos y los costes de comercialización -incluida la entrega a domicilio-, con particularidades específicas en el caso de Canarias. Para el tribunal, el precio máximo constituye un elemento esencial del servicio. Por ello, si no se revisa en el plazo legal la norma que lo regula, se incumple el mandato legislativo. Además, la Sala advierte de que la falta de actualización periódica pone en cuestión la legitimidad del sistema vigente. Si los precios no reflejan los costes reales, la intervención puede volverse desproporcionada y derivar en una restricción injustificada de la libertad de empresa y del mercado interior, en línea con la doctrina europea que exige que las medidas de control de precios en sectores liberalizados sean proporcionadas, temporales y debidamente justificadas. No obstante, el tribunal aclara que su función se limita a exigir que se cumpla la obligación de aprobar la norma y a fijar un plazo para ello. No puede, en cambio, determinar el contenido concreto que deberá tener el nuevo reglamento, ya que esa potestad corresponde al Gobierno. Uno de los aspectos más relevantes del fallo es su alcance temporal. El Supremo admite que la disposición que se apruebe para corregir la inactividad tenga efectos desde el 11 de marzo de 2020, fecha en que venció el plazo de cinco años para la revisión. Eso sí, precisa que dicha retroactividad deberá aplicarse respetando el marco normativo vigente en cada periodo afectado. Disa Gas, que en Canarias es el operador mayorista obligado a suministrar GLP a precio regulado, argumentó que habían transcurrido más de cinco años desde la entrada en vigor de la Orden IET/389/2015 sin que se hubiera efectuado la revisión legalmente exigida, pese a haber realizado requerimientos formales y mantenido reuniones con el Ministerio. Sostuvo que los precios máximos no cubrían los costes reales del servicio en el archipiélago, debido a factores como la doble insularidad, la logística, el transporte o el almacenamiento. Aportó además un informe pericial de Kroll Advisory que cifraba pérdidas de 6,8 millones de euros en 2020, 5,9 millones en 2021 y 3,9 millones en 2022. En su demanda, la compañía solicitaba que la revisión incorporara los costes efectivos del suministro en Canarias y aplicara los principios de suficiencia tarifaria y rentabilidad razonable, con efectos retroactivos desde marzo de 2020. Subsidiariamente, reclamaba una indemnización por responsabilidad patrimonial en caso de no reconocerse esa retroactividad. Al aceptar el efecto retroactivo en los términos señalados, el Supremo centra su decisión en obligar a la Administración a dictar la norma y fijar su vigencia temporal, sin pronunciarse sobre una eventual compensación económica. Por su parte, la Abogacía del Estado defendió que no existía omisión reglamentaria, al considerar que la Administración había cumplido con la disposición adicional mediante resoluciones periódicas que actualizan el listado de operadores obligados y revisan los precios. También sostuvo que la revisión quinquenal no implicaba necesariamente aprobar una nueva norma si no se daban ciertas circunstancias, como una elevada concentración empresarial. Sin embargo, el tribunal interpreta que el mandato legal de revisar "en todo caso, cada cinco años" es inequívoco y aprecia una inactividad contraria al ordenamiento. Con esta resolución, el Supremo obliga al Gobierno a reabrir, con un calendario definido, el debate regulatorio sobre el suministro domiciliario de GLP y el sistema de fijación de precios máximos, una cuestión de especial impacto económico y social, especialmente en territorios insulares como Canarias.

(Cinco Días, 03-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La UE estudia lanzar una plataforma para proporcionar liquidez a los inversores de capital riesgo

Las tensiones de liquidez que atraviesa el sector del capital riesgo han llegado al máximo nivel político en la Unión Europea. La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública para abordar la escasez de liquidez que afecta a los fondos que invierten en empresas no cotizadas y que está dificultando la captación de nuevos recursos. En su comunicado subraya que disponer de vías de salida es esencial, ya que los inversores necesitan materializar rendimientos para poder comprometer capital en nuevas operaciones. El problema lleva meses sobrevolando el mercado y alimenta un círculo vicioso: las desinversiones no se cierran por la falta de valoraciones atractivas; sin ventas, los partícipes no recuperan su dinero; y, sin liquidez, no pueden aportar fondos a nuevos vehículos. Según un informe de Forvis Mazars, el 69% de las gestoras ha optado por prolongar la duración de sus fondos. Además, 2025 cerró como el peor año en nueve ejercicios a escala mundial en captación, con 407.600 millones de dólares (375.000 millones de euros), de acuerdo con datos de KPMG. En España, la vida media de los fondos se sitúa en 5,6 años, la segunda cifra más alta de la serie histórica, según SpainCap. La institución que preside Ursula von der Leyen ha reconocido que el flujo de capital hacia el tejido empresarial europeo a través del private equity -considerado una de las palancas para impulsar el crecimiento- se enfrenta a un obstáculo clave: la falta de liquidez. La Comisión advierte de que los inversores pueden mostrarse reticentes a comprometer recursos en compañías privadas si temen quedar atrapados sin mecanismos claros para desinvertir. Entre las posibles soluciones, Bruselas plantea la creación de una plataforma de negociación intermitente. La idea es diseñar un sistema híbrido, a medio camino entre la opacidad de las empresas privadas y las exigencias de una salida a Bolsa. Este mecanismo incluiría ventanas temporales de negociación, subastas periódicas y herramientas de control de la volatilidad, con un nivel de información inferior al de una oferta pública de venta (OPV). El sector teme especialmente la exposición de información estratégica. Por ello, la propuesta contempla que las compañías puedan restringir el acceso a determinados inversores -por ejemplo, competidores directos o entidades con intereses en empresas rivales- y conservar el derecho de admisión sobre su accionariado, algo que no sucede en los mercados bursátiles tradicionales. El objetivo sería lograr transparencia suficiente para valorar adecuadamente la empresa sin comprometer su ventaja competitiva. La plataforma estaría orientada principalmente a inversores institucionales, como fondos de pensiones, aseguradoras y fondos de capital riesgo. También se prevé la participación de grandes patrimonios (HNW), con activos líquidos superiores al millón de euros, e incluso de empleados de las propias compañías, que podrían vender sus participaciones. Mientras tanto, las operaciones de desinversión que sí se materializan son de gran tamaño. Un ejemplo reciente es la venta de Urbaser por parte de Platinum el 12 de febrero, con relevantes plusvalías. Paralelamente, proliferan fórmulas alternativas para generar liquidez, como los dividend recap -distribución de dividendos financiados con mayor endeudamiento de la participada- o los fondos de continuación, mediante los cuales una gestora transfiere activos entre vehículos propios. La nueva plataforma no solo serviría para desbloquear inversiones actualmente estancadas, sino también como vía adicional para captar capital fresco. Según el borrador, permitiría a las empresas privadas emitir nuevas acciones a través de subastas cerradas, con mayor eficiencia que una colocación privada tradicional. El documento permanecerá abierto a aportaciones hasta el 27 de abril. En España, el capital riesgo movilizó el pasado año 6.400 millones de euros en inversión y dispone de cerca de 8.000 millones en recursos pendientes de invertir, según SpainCap. Desde 2022, el Gobierno autoriza a particulares a destinar un mínimo de 10.000 euros a estos productos, siempre que no superen el 10% de su patrimonio financiero y cuenten con asesoramiento. No obstante, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre los riesgos de comercializar estos instrumentos entre perfiles no adecuados, recordando que la iliquidez es inherente a este tipo de inversiones y que no están pensadas para el público general.

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