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(El País, 20-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Tribunal Supremo avala la demanda colectiva contra la banca por las cláusulas suelo

El Tribunal Supremo ha dado su respaldo a la demanda colectiva interpuesta por la asociación de consumidores Adicae contra un centenar de entidades bancarias, en representación de 820 personas afectadas por la aplicación de cláusulas suelo. Esta demanda ya había sido validada previamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aunque varias entidades financieras decidieron recurrirla. Fue en julio de 2024 cuando el TJUE respaldó la iniciativa legal impulsada por Adicae, que se presentó en 2010. Tras esta decisión, las entidades condenadas presentaron recursos extraordinarios por motivos procesales y de casación. Ahora, el Tribunal Supremo ha rechazado dichos recursos en una sentencia emitida el pasado 16 de junio, según ha informado la agencia EFE. En su resolución, el Supremo explica que, una vez aceptado que puede evaluarse la transparencia de una cláusula en una acción colectiva, la cuestión que se planteaba era si esa demanda podía dirigirse contra un gran número de entidades financieras, teniendo en cuenta que las cláusulas suelo no eran completamente idénticas, que estuvieron vigentes durante muchos años y que fueron afectadas por distintas modificaciones normativas. A este respecto, la Sala considera que es perfectamente válido presentar una acción colectiva de cesación frente a varias entidades, incluso cuando las condiciones generales no sean iguales, siempre que tengan similitudes sustanciales. Tras revisar las cláusulas aplicadas por las distintas entidades, el Tribunal concluye que presentan una similitud suficiente en su formulación y contenido como para ser impugnadas conjuntamente en una única acción colectiva. El Supremo recuerda también que su doctrina establece que la falta de transparencia en una cláusula suelo genera un "desequilibrio importante en perjuicio del consumidor", lo que la convierte en abusiva por ser contraria al principio de buena fe. Además, los jueces han tratado de determinar en qué momento los consumidores pudieron entender claramente los efectos reales de estas cláusulas. Según indican, este periodo podría abarcar desde la bajada de los tipos de interés a principios de los 2000, especialmente entre 2007 y 2008, y como mínimo hasta la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013. Dado que la demanda de Adicae fue interpuesta en 2010, el tribunal considera irrelevante cualquier cambio posterior en la percepción del consumidor medio respecto a los efectos de estas cláusulas. Por su parte, el TJUE ya había dictaminado que la normativa europea sobre cláusulas abusivas no impide que se lleve a cabo un control judicial de transparencia en el contexto de una acción colectiva, siempre que esta se dirija a empresas del mismo sector económico que utilicen cláusulas contractuales iguales o similares. Coincidiendo con la publicación de esta sentencia, el Tribunal Supremo ha hecho públicas también otras dos resoluciones, fechadas el 11 de junio, en las que analiza comisiones de apertura incluidas en escrituras notariales de préstamos hipotecarios. En esos casos, el alto tribunal considera que las cláusulas eran transparentes y no abusivas.

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(El Confidencial, 20-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La OCDE señala a España por no haber tenido nunca un plan contra la corrupción

Diversos casos de corrupción han salpicado a casi todos los gobiernos democráticos en España, sin que ninguno haya implementado un plan integral de prevención como recomienda la OCDE. Según el informe de este año del Panorama de las Administraciones, España figura entre los pocos países -junto con Islandia, Irlanda, Noruega y Canadá- que no cuentan ni han contado con un plan activo para identificar riesgos y auditar de forma global el sector público. Esto incluye no solo a las administraciones ejecutivas y legislativas, sino también al poder judicial, sus funcionarios, empresas públicas y entidades subcontratadas. En el caso de Canadá, sin embargo, sí existen programas regionales debido a su estructura federal. En contraste, naciones como Alemania (desde 2004), Japón (desde 2006) o Australia (desde 2013) disponen de estrategias anticorrupción consolidadas por ley y sin una fecha de caducidad. Un tercer grupo de países, el más numeroso, ha puesto en marcha planes de forma temporal. En total, 12 de los 38 países analizados por la OCDE no disponen actualmente de un plan de este tipo. El estudio se basa en encuestas realizadas a altos cargos de las administraciones públicas nacionales. En el caso de España, estos funcionarios reconocen que no se ha implementado la recomendación de la OCDE, a pesar de que se asumió el compromiso de hacerlo. El informe subraya la necesidad de aprobar leyes específicas que actúen sobre el conjunto del sector público para prevenir prácticas poco éticas por parte de cargos electos y funcionarios, que puedan desembocar en el desvío o uso indebido de fondos públicos. Este informe se publica en un contexto delicado para la imagen de España en el exterior, debido a las recientes derivaciones del Caso Koldo, que apuntan a posibles comisiones ilegales recibidas por figuras relevantes del PSOE como el exministro José Luis Ábalos y el actual secretario de organización, Santos Cerdán. Hasta el momento, el Gobierno no ha anunciado medidas concretas contra la corrupción en el sector público, salvo una auditoría interna del partido anunciada por Pedro Sánchez. "La adopción de una estrategia de integridad y lucha contra la corrupción puede ser una muestra de voluntad política, pero sólo aquellas que cuentan con la aprobación del Consejo de Ministros o su equivalente pueden considerarse como compromisos gubernamentales integrales capaces de generar un respaldo político amplio", indica la OCDE. El organismo internacional reconoce la existencia en España de instituciones con funciones específicas para reducir el riesgo de corrupción -como la Oficina de Conflictos de Intereses, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo de Transparencia, la IGAE o el Tribunal de Cuentas-, pero critica la ausencia de una entidad central con una visión completa y con capacidad de evaluar el impacto real de las medidas adoptadas. El informe también aclara que la existencia de planes anticorrupción no garantiza su eficacia, ya que es solo el primer paso. En promedio, los países con planes en vigor sólo han ejecutado un 50% de las medidas previstas en 2024. En cambio, países como Estonia y Chile sobresalen por haber alcanzado niveles de cumplimiento superiores al 80%. Entre los factores que dificultan la aplicación efectiva de estas estrategias figuran la escasez de recursos, la pérdida de apoyo político o las deficiencias en las estructuras encargadas de ejecutarlas. Además de evaluar los planes, la OCDE también analiza qué mecanismos tiene cada país para gestionar los riesgos de corrupción y realizar auditorías internas, basándose en sus indicadores de "integridad pública". En términos normativos, España aparece bien posicionada, con una cobertura del 100% en gestión del riesgo y del 78% en auditoría interna. Sin embargo, cuando se mide el grado real de cumplimiento, las cifras caen drásticamente: sólo un 37% en la aplicación de la gestión del riesgo y un 33% en auditorías, lo que refleja una fuerte brecha entre la regulación existente y su puesta en práctica. Esta tendencia es común a otros países de la OCDE. Pese a los retrasos en materia anticorrupción, la confianza de la ciudadanía española en las instituciones no está entre las más bajas, aunque la encuesta en la que se basa el informe data de 2023. Un patrón compartido entre todos los países es que la desconfianza se concentra más en los representantes políticos que en los funcionarios públicos. Según el informe, un 41% de los españoles considera probable que un alto cargo político acabe ocupando un puesto bien remunerado en una empresa privada a cambio de favores pasados, lo que se conoce como "puertas giratorias". Por el contrario, un 38% cree que es poco probable. En el caso de los funcionarios, el 37% de los encuestados considera que podrían aceptar sobornos, mientras que un 39% opina lo contrario.

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(Cinco Días, 19-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La Reserva Federal redefine su hoja de ruta sin cambios en los tipos y sin ceder a las presiones de Trump

Ni los dos puntos porcentuales que exigía Donald Trump, ni uno, ni siquiera una fracción. Tal como se preveía, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió este miércoles mantener sin cambios los tipos de interés, situados entre el 4,25% y el 4,5%, a pesar de la presión constante ejercida por el presidente estadounidense, quien ha demostrado poco respeto por la autonomía del banco central. Además, el organismo actualizó sus previsiones económicas para el país, anticipando un crecimiento más moderado, una inflación más elevada y una reducción de los tipos de solo medio punto porcentual antes de que termine el año, probablemente repartido en dos bajadas de 0,25 puntos, aunque este detalle no fue especificado. Jerome Powell, presidente de la Fed, subrayó la incertidumbre provocada por los aranceles -especialmente en relación con la inflación-, la fortaleza de la economía y la disposición del banco central a esperar antes de modificar el coste del dinero. Sus palabras han enfriado las expectativas en Wall Street, donde los inversores veían cada vez más lejanos los recortes de tipos. Coincidiendo con la reunión del comité, Trump volvió a cargar públicamente contra Powell. Durante un acto en la Casa Blanca para colocar dos nuevas banderas, el presidente lo descalificó: "Tenemos a alguien francamente estúpido en la Reserva Federal, que probablemente no recortará los tipos. No sé si es un político, pero no es una persona lista. Está costándole al país una fortuna. Se va en unos nueve meses, afortunadamente será reemplazado", afirmó. Trump incluso bromeó con la idea de asumir él mismo el cargo: "¿Puedo nombrarme a mí mismo? Lo haría mucho mejor que esta gente. Deberíamos haber bajado dos puntos los tipos, o incluso dos y medio". Con esta actitud, el presidente volvió a recordar a figuras como el venezolano Hugo Chávez, que también intentaron influir en la política monetaria de sus respectivos países, con consecuencias desastrosas para sus economías. Powell, por su parte, evitó nuevamente responder a los ataques del presidente. En la rueda de prensa posterior a la reunión, reafirmó su compromiso con la independencia de la Fed y se mantuvo centrado en los indicadores económicos: "Para mí es sencillo. Lo único que importa es la situación económica, y eso es lo que guía nuestras decisiones. No tengo en mente nada más". En su comunicado oficial, la Reserva Federal reconoció que, aunque la incertidumbre económica ha disminuido, todavía es significativa, y reiteró que las decisiones futuras dependerán de la evolución de los datos. Los mercados anticipan que los tipos de interés se mantendrán sin cambios en la reunión del 30 de julio, y las declaraciones de Powell hacen poco probable una bajada antes de septiembre, cuando se tendrá mayor claridad sobre los efectos de los aranceles en los precios. La decisión de mantener los tipos fue adoptada por unanimidad. Como ocurre en cada reunión trimestral, la Fed también publicó su Resumen de Proyecciones Económicas, que recoge las estimaciones de sus miembros sobre el crecimiento del PIB, la inflación, el desempleo y los tipos de interés hasta finales de año y más allá. Ya en marzo, la entidad preveía dos recortes de 0,25 puntos, situando los tipos en el rango del 3,75%-4% para finales de 2024. El nuevo conjunto de previsiones pone de manifiesto los desafíos que enfrenta la Fed en su doble objetivo: controlar la inflación y garantizar el pleno empleo. Las medidas comerciales impulsadas por Trump, especialmente los aranceles cambiantes, complican la consecución de ambos fines y generan más incertidumbre, ya que ni siquiera está claro cómo evolucionarán dichas políticas. La Fed, en cualquier caso, parece hoy más preocupada por el comportamiento de los precios que por el mercado laboral: "La tasa de desempleo sigue siendo baja y el empleo se mantiene fuerte, pero la inflación continúa en niveles algo elevados", señaló Powell. Las nuevas previsiones apuntan a un menor crecimiento económico en 2024 (1,4%), una tasa de paro más alta (4,5%) y una inflación más elevada (3%) que en las estimaciones de marzo. También incluyen una nueva proyección sobre el tipo de interés más adecuado en el futuro. Aunque se trata de una previsión orientativa -formulada por quienes tomarán las decisiones finales-, no supone un compromiso firme, ya que las condiciones económicas pueden cambiar. La Fed prevé ahora solo una bajada más de tipos en 2026, lo que situaría el tipo de interés entre el 3,5% y el 3,75% para finales de ese año, 0,25 puntos por encima de lo estimado en marzo. Para 2027, la proyección apunta a una nueva rebaja, hasta el 3%-3,25%.

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(Cinco Días, 19-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las comercializadoras de luz amenazan con cobrar al cliente los sobrecostes de la gestión de REE tras el apagón

Los denominados servicios de restricciones técnicas diarias que gestiona Red Eléctrica de España (REE) para asegurar el suministro eléctrico en situaciones críticas -por ejemplo, activando o manteniendo operativas centrales de ciclo combinado incluso si finalmente no se utilizan- forman parte de los costes energéticos que las comercializadoras independientes deben abonar al operador del sistema. Estos costes se incorporan previamente en los contratos firmados con sus clientes. No obstante, dado que estos contratos suelen tener una vigencia mínima de un año, no contemplan el importante incremento de costes que ha registrado REE desde el apagón del 28 de abril. Este incremento responde al temor de que se repita un evento similar, según se desprende del informe presentado por el Ministerio de Transición Ecológica, que distribuye responsabilidades entre REE y las empresas generadoras. Desde ese incidente, REE ha adoptado una estrategia muy prudente en la gestión del sistema -mediante una dirección general interna-, lo que ha provocado que el precio de estos servicios se duplicara entre abril y mayo, pasando de 11 a 24 euros por megavatio hora. Esto se tradujo en un aumento del coste total de 197,11 millones de euros a 404,7 millones. Ante esta situación, la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), que representa a 22 empresas del mercado liberalizado, ha enviado una carta al Ministerio para solicitar una solución urgente. Temen que, al no poder asumir estos sobrecostes, algunas empresas modifiquen los contratos alegando "fuerza mayor", según fuentes del sector. La incertidumbre sobre la duración de esta gestión "conservadora" por parte de REE y la falta de una versión oficial sobre las causas del apagón, que dejó sin luz a toda la península durante 15 horas, aumentan la preocupación. "¿Estamos ante un cambio estructural o temporal?", se pregunta Julio Nieto, presidente de ACIE. Entre los miembros de ACIE se encuentran compañías como Acciona, Engie, BP, Factorenergía, Nexus, Fenie, Plenitude y TotalEnergies. Desde hace tiempo, esta asociación viene solicitando al Ministerio una solución ante la elevada volatilidad de estos costes, provocada por el peso creciente de las energías renovables, que no garantizan estabilidad en el sistema. ACIE considera que el impacto financiero sin precedentes generado tras el apagón justifica una intervención urgente: proponen regular los precios de estos servicios y trasladarlos a la parte fija de la tarifa eléctrica, es decir, a través de los peajes de acceso (gestionados por la CNMC) y los cargos del sistema, que financian cuestiones como la deuda eléctrica, las primas a las renovables antiguas o las ayudas a los sistemas insulares. La actitud extremadamente precavida que REE ha adoptado desde el apagón se evidencia en un dato significativo: mientras que el día del incidente solo se habían programado seis ciclos combinados de gas, ahora se programan más de veinte. En octubre de 2024, tras asumir su cargo, la ministra Sara Aagesen y el secretario de Estado de Energía, Joan Goizard, mantuvieron una reunión con ACIE. En ese encuentro, la asociación ya había solicitado la regulación de los costes de los servicios de ajuste, debido a su volatilidad y al aumento progresivo derivado del mayor uso de energías renovables, tal y como señala Nieto. Como referencia, en mayo de 2023 el coste de estos servicios fue de 77 millones de euros; en mayo de 2024, se elevó a 167,9 millones, y en mayo de 2025, alcanzó los 404,6 millones. Las comercializadoras del mercado libre ofrecen varios tipos de contrato: unos con precio fijo, que incorporan un coste estimado de las restricciones (basado en datos históricos); y otros indexados al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que reflejan a diario estos costes. Por lo tanto, los clientes del mercado regulado ya están asumiendo este sobrecoste hora a hora. Julio Nieto asegura que ACIE está dispuesta a colaborar tanto con la CNMC -a la que ya presentaron alegaciones en una consulta pública el año pasado- como con el Ministerio, para encontrar una solución viable a esta situación. Avisa, además, que muchas empresas, especialmente las más pequeñas, no pueden absorber económicamente estos aumentos. Desde Aelec, la patronal que representa a las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y EDP), también han advertido del impacto negativo de estos costes extraordinarios derivados de la actual gestión de REE.

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(Expansión, 19-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España estrecha su control sobre los servicios de atención al cliente de la banca

El Banco de España ha revisado su Compendio de Criterios de Buenas Prácticas Bancarias con el objetivo de reforzar los controles sobre los servicios de atención al cliente de las entidades financieras. Según el nuevo documento publicado este miércoles por el supervisor, los bancos deberán colaborar de forma "diligente" con el Departamento de Conducta del organismo para la adecuada resolución de las reclamaciones formuladas por los clientes. La actualización detalla cómo deben actuar las entidades supervisadas cuando un cliente presenta una queja ante su Servicio de Atención al Cliente (SAC) o decide escalar la reclamación al Departamento de Conducta de Entidades por no estar conforme con la respuesta obtenida. En este sentido, el Banco de España insiste en que las entidades deben presentar alegaciones sólidas y debidamente documentadas sobre todos los aspectos que el cliente impugne. La institución, ahora bajo la dirección de José Luis Escrivá, considera que no justificar adecuadamente las decisiones adoptadas por el banco va en contra de las buenas prácticas en la relación con el cliente. Asimismo, se establece que será responsabilidad de la entidad bancaria aportar la documentación que respalde sus actuaciones y demuestre su conformidad con la normativa vigente. "No presentar documentos relevantes que estén en poder de la entidad y que sean clave para la resolución del caso será considerado una mala práctica", señala el compendio. Otra conducta reprobada por el supervisor es que el SAC dé la razón al cliente en su reclamación -por ejemplo, mediante la devolución de un importe cobrado indebidamente- y, sin embargo, no llegue a ejecutar dicha resolución. Esta omisión obliga al afectado a recurrir de nuevo, en esta ocasión ante el Banco de España, lo que supone una carga adicional para el consumidor. La revisión también introduce plazos más estrictos para la resolución de las reclamaciones. A partir de ahora, los SAC dispondrán de un plazo máximo de un mes para emitir una respuesta. Superar ese límite de tiempo será considerado una práctica inadecuada. Todas estas recomendaciones forman parte de un nuevo apartado del compendio dedicado a las buenas prácticas "transversales", es decir, aquellas que no se aplican únicamente a un producto o servicio concreto, sino que afectan de manera general al conjunto de la actividad bancaria. En este marco, el Banco de España espera que las entidades adopten una actitud más proactiva tanto en la comunicación con los clientes como en la detección y corrección de posibles errores.

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(Cinco Días, 17-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La banca negocia crear un Bizum europeo y conectar los sistemas de pagos a cambio de un canon

La banca europea está trabajando discretamente en un ambicioso acuerdo que permitiría realizar transferencias instantáneas y sin coste entre clientes de distintos países del continente. El objetivo es crear una especie de "Bizum europeo", accesible desde cualquier punto de la Unión Europea. Esta iniciativa, que podría materializarse el próximo año, representaría un primer paso hacia una mayor integración bancaria y sentaría las bases para un sistema de pagos europeo que compita directamente con gigantes como Visa y Mastercard, en consonancia con los avances del euro digital. La idea de que un ciudadano español pueda enviar dinero al instante y gratis a alguien en Alemania, o un francés a un sueco, lleva tiempo sobre la mesa. Aunque no tiene el mismo peso político que completar la unión bancaria -aún bloqueada por las diferencias sobre un fondo común de garantía de depósitos-, sí está muy relacionada con el día a día de los ciudadanos. Durante años, el proyecto estuvo paralizado por las diferencias entre los propios bancos sobre cómo implementarlo. En 2020, una veintena de entidades -incluyendo al Santander, BBVA y CaixaBank- impulsaron la llamada Iniciativa de Pagos Europea. Mientras que bancos franceses y alemanes apostaban por construir una única plataforma paneuropea, otros como los españoles preferían potenciar sus propios sistemas nacionales, ya consolidados, como Bizum. Estas discrepancias llevaron a que algunos miembros abandonaran el proyecto, que quedó temporalmente inactivo. Sin embargo, en los últimos meses las negociaciones se han reanudado. En lugar de insistir en una única plataforma común, se está explorando un modelo de interoperabilidad entre los distintos sistemas ya existentes, mediante acuerdos que permitan conectar las plataformas a cambio del pago de una tarifa. Esta alternativa ha permitido avanzar en las conversaciones y salvar diferencias previas. Un ejemplo de ello es la plataforma Wero, impulsada por bancos de Francia, Alemania, Bélgica y Países Bajos (como BNP Paribas, Société Générale, Deutsche Bank o ING), que unifica los servicios nacionales iDEAL, Giropay, Paylib y Payconiq. En abril, esta alianza hizo un llamado a otras plataformas europeas para colaborar y avanzar hacia la integración. En paralelo, Santander ha tomado la delantera en el sur de Europa al firmar un acuerdo para conectar Bizum con la plataforma italiana Bancomat y la portuguesa MBWay. Esta iniciativa forma parte de la Asociación de Pagos Europea, que también agrupa a entidades de otros países como Grecia, los nórdicos y Polonia. La intención es sumar más bancos a este acuerdo y consolidar una posición sólida desde la cual avanzar hacia una integración completa. Actualmente, se negocia un pacto entre los bloques del norte y del sur de Europa para que sus respectivas plataformas sean compatibles. El objetivo es cerrar el acuerdo en 2025, una vez resueltos los aspectos técnicos que implica la interconexión de estas aplicaciones de pago. Aunque el primer paso es lograr transferencias gratuitas entre personas en distintos países, las entidades miran más allá: buscan construir un sistema europeo de pagos también válido para transacciones comerciales y empresariales. Bizum ya ha avanzado en esta línea desde la pandemia, y Wero planea abrirse a pagos online este verano y en tiendas físicas a partir de 2026. El propósito final es reforzar la soberanía europea en el ámbito de los pagos, reduciendo la dependencia de operadores como Visa y Mastercard. Tanto el Banco Central Europeo como la Autoridad Bancaria Europea han insistido en la necesidad de crear una infraestructura propia que compita con estos gigantes estadounidenses. Este objetivo, sin embargo, se plantea como una segunda fase, que llegará una vez se consolide el sistema de pagos entre particulares.

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(Expansión, 17-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE vigila la capacidad de la banca de negociar deuda

Fráncfort prevé una avalancha de emisiones de deuda en los próximos años. El Banco Central Europeo (BCE) estima que entre 2024 y 2026 se incrementará significativamente la oferta de bonos en la eurozona, y por ello ha decidido intensificar su supervisión sobre la capacidad de los bancos de la región para gestionar eficazmente este volumen sin verse sobrepasados. El organismo muestra su inquietud ante una situación que no se ha visto en Europa en décadas: una combinación de factores que podrían tensionar el mercado. Por un lado, los gobiernos se preparan para lanzar amplios programas de emisión de deuda destinados a financiar estímulos fiscales y el aumento del gasto en defensa. Por otro, el BCE ha iniciado una fase de reducción de su balance (quantitative tightening), lo que implica que, a diferencia del pasado reciente, ya no actuará como comprador de referencia para amortiguar el impacto de estas emisiones. De hecho, según cálculos de BNP Paribas, este año el volumen neto de bonos emitidos por las principales economías de la eurozona alcanzará niveles sin precedentes. Este indicador, que descuenta de la emisión total la parte absorbida por el BCE y que no llega al inversor privado, marcará este año un nivel de absorción cero por parte del banco central. Ante este panorama, resulta clave para la estabilidad de los mercados financieros que las entidades bancarias logren ejercer de manera eficiente su función como intermediarios, canalizando la deuda soberana hacia los inversores y logrando un equilibrio entre oferta y demanda. Si este mecanismo falla, se corre el riesgo de que aumenten los costes de financiación en un momento especialmente sensible. Sin embargo, la situación se complica por el hecho de que muchas entidades han reducido su participación en la intermediación de deuda pública en los últimos años. Las restricciones regulatorias y el papel dominante del BCE en los mercados secundarios llevaron a los bancos a disminuir su actividad en este segmento, lo que abrió espacio a nuevos actores, especialmente los fondos de cobertura (hedge funds). Actualmente, estos fondos controlan hasta el 55% de las operaciones en el mercado secundario de deuda soberana europea, una cifra que contrasta con el 26% registrado hace solo siete años, según datos presentados por las propias entidades al BCE. Aunque estos actores han cubierto parte del vacío dejado por los bancos, tanto el BCE como el propio sector financiero dudan de que puedan desempeñar con la misma eficacia el papel de estabilizadores del mercado. Por ello, la institución liderada por Christine Lagarde ha iniciado conversaciones con los bancos para evaluar si están preparados para afrontar el aumento previsto en las emisiones de deuda, cumpliendo su función de creadores de mercado. Según las actas de esas reuniones, los primeros intercambios entre el BCE y los bancos han sido positivos. Las entidades han asegurado que cuentan con la capacidad operativa necesaria para actuar como intermediarios, apoyándose en avances tecnológicos que permiten ejecutar operaciones a mayor velocidad y manejar volúmenes más altos sin necesidad de ampliar en exceso sus balances. "El uso más eficiente de la tecnología ha sido clave para mantener el ritmo del mercado sin comprometer la estabilidad financiera", señaló una de las entidades participantes. Además, el BCE se muestra optimista tras constatar, mediante una encuesta interna, que una buena parte de los bancos ha ampliado recientemente su capacidad de negociación o tiene previsto hacerlo próximamente. "Es una señal alentadora que muchos distribuidores hayan reportado un aumento de capacidad en el último año, y que la mayoría tenga planes para seguir ampliándola con el fin de afrontar la creciente demanda", concluye el BCE, aunque advierte que seguirá de cerca la evolución de estos compromisos para asegurarse de que se concreten.

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(El País, 17-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los impagos de alquiler están detrás del 77% de los desahucios

Los desahucios en España descendieron ligeramente un 1,2% en el primer trimestre del año, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicados este lunes. No obstante, esta cifra global oculta una realidad mucho más preocupante para muchos arrendatarios. Los desalojos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos -esencialmente por impago del alquiler- aumentaron un 3,7%, rompiendo así una tendencia a la baja que se mantenía desde hace dos trimestres. En total, se produjeron 5.644 lanzamientos con cumplimiento positivo, es decir, casos en los que una persona es obligada judicialmente a abandonar un inmueble, lo que comúnmente se entiende como un desahucio. Este incremento ha provocado que los desahucios por impago del alquiler representen una proporción récord del total: el 77%, casi ocho de cada diez. Esto pone de manifiesto las crecientes dificultades que enfrentan numerosos hogares para afrontar el pago del alquiler, en un contexto de subida continuada de los precios del arrendamiento. Por otro lado, el leve descenso global en los desahucios se debe principalmente a la fuerte caída en los desalojos por ejecuciones hipotecarias, que disminuyeron cerca de un 18% respecto al mismo periodo de 2024, con un total de 1.189 casos. Los lanzamientos por otras causas se situaron en 501, lo que representa una reducción del 6% interanual. Que el impago del alquiler sea la principal causa de desahucios no es algo nuevo. Desde que comenzó la serie estadística en 2013, este tipo de casos siempre ha superado el 50% del total. Sin embargo, en aquel momento también era habitual un elevado número de desahucios por hipotecas impagadas, como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria. Desde entonces, estas ejecuciones han ido disminuyendo notablemente: en 2013 fueron más de 25.000, mientras que el año pasado apenas superaron las 5.000. Este cambio ha ido acompañado de una transformación en el modelo de acceso a la vivienda. Tras la crisis de 2008, los bancos y los bancos centrales endurecieron los requisitos para conceder hipotecas, lo que obligó a muchas familias -especialmente jóvenes- a recurrir al alquiler. Esto coincidió con un encarecimiento sostenido del mercado del arrendamiento, que solo se interrumpió puntualmente durante la pandemia. Como resultado, muchos inquilinos se ven forzados a destinar una parte muy elevada de sus ingresos al pago del alquiler. De hecho, según Eurostat, un 28,1% de quienes viven de alquiler en España destina más del 40% de sus ingresos mensuales al pago de la renta, casi 10 puntos por encima de la media de la Unión Europea. En cambio, entre los propietarios, el sobreendeudamiento es menos frecuente que en la media comunitaria. Estas circunstancias explican por qué ha sido más difícil reducir los desahucios relacionados con el alquiler. Aunque han disminuido en comparación con los primeros años de la serie estadística, en 2024 todavía superaron los 20.000 casos. En lo que va de 2025, el ritmo se mantiene estable, a pesar del descenso observado tras la pandemia. Algunos expertos atribuyen ese descenso temporal a las medidas implementadas por el Gobierno, primero mediante legislación extraordinaria por la COVID-19 y después con la nueva Ley de Vivienda, que dificultaron los desahucios de familias vulnerables sin una alternativa habitacional. En los datos del inicio de 2025 no se aprecia, por ahora, un efecto claro de los controles de precios del alquiler sobre el número de desahucios. De hecho, en Cataluña -la comunidad donde más ampliamente se aplican estos controles- los lanzamientos por impago del alquiler aumentaron casi un 11% en el primer trimestre. El crecimiento fue mayor en Andalucía, con casi un 17%, y apenas perceptible en Madrid, con un 0,2%. En cifras absolutas, Cataluña lidera la estadística de inquilinos desahuciados, con 1.542 casos, seguida por Andalucía (807) y Madrid (614). Sumando todos los tipos de desahucios, Cataluña sigue en primera posición con 2.069 lanzamientos, seguida por Andalucía con 1.125 y la Comunidad Valenciana con 794. Madrid aparece en cuarto lugar con 702. Si se relaciona el número de desalojos con la población de cada comunidad, destacan también Baleares y Canarias, dos regiones con fuerte peso del turismo y que tradicionalmente encabezan los rankings de precios inmobiliarios más elevados.

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(El Economista, 17-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El 80% de los jueces, a favor de una huelga contra el Gobierno

El 80% de los miembros de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y del Foro Judicial Independiente (FJI) se ha mostrado a favor de convocar una huelga en respuesta al proyecto de ley del Gobierno que modifica el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, así como el Estatuto del Ministerio Fiscal. La decisión de consultar a sus afiliados surgió tras el amplio respaldo -superior al 70%- que tuvo el paro simbólico de 10 minutos celebrado el pasado miércoles en rechazo a dicha reforma, que actualmente está siendo debatida en el Congreso. A la espera de conocer el posicionamiento del resto de asociaciones -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-, se prevé que las organizaciones convoquen una reunión para definir una estrategia común. Entre los aspectos más cuestionados de la reforma destacan la modificación del sistema de acceso por el cuarto turno, que según critican reduce el nivel de exigencia y otorga automáticamente cinco años de antigüedad; la posibilidad de conceder plazas fijas a jueces y fiscales sustitutos sin pasar por el proceso de oposición; y la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, que en opinión de las asociaciones aumenta el poder del Fiscal General del Estado.

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(El Periódico, 17-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña lanza una línea de créditos sin intereses para ayudar a los jóvenes a pagar la entrada de su primera vivienda

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentado este lunes una nueva iniciativa para ayudar a los jóvenes a acceder a una vivienda. Se trata de los denominados "Préstecs Emancipació", una línea de financiación que cubrirá hasta el 20% del pago inicial de la primera vivienda. Estos préstamos no generarán intereses y su devolución quedará aplazada hasta que se haya terminado de pagar la hipoteca. Este plan, que forma parte del "Pla 50.000 Habitatges", contará con una inversión de 500 millones de euros entre 2025 y 2029. Las viviendas adquiridas mediante este sistema se incorporarán automáticamente al parque de vivienda protegida de carácter permanente. "De este modo logramos un doble propósito: facilitar la emancipación juvenil y ampliar el parque público de viviendas para acercarnos a la media europea", ha afirmado Illa. Además, si se produce una reventa, el precio de venta estará limitado al valor original de compra. El anuncio se ha hecho en el marco del foro "El Resurgir de Catalunya", organizado por elEconomista, donde Illa ha vinculado de forma directa la política de vivienda con el desarrollo de infraestructuras estratégicas: "La ampliación del aeropuerto y la inversión en vivienda son dos aspectos complementarios", ha declarado. Según el president, los recursos económicos derivados de la ampliación de El Prat permitirán financiar políticas públicas como la de vivienda. En un contexto de ralentización económica en Europa, Cataluña cerró el primer trimestre de 2025 con un crecimiento del 3,2%. Aunque esta cifra es más moderada que la del cierre de 2024, sigue siendo el doble de la media europea y superior a la del conjunto del Estado. "Me identifico con el título del foro", ha asegurado Illa, refiriéndose al "resurgir" de Cataluña, una percepción que dice compartir con empresarios y emprendedores con los que ha conversado. El president ha contextualizado este crecimiento en un escenario internacional incierto, marcado por el posible retorno de Donald Trump a la presidencia de EE. UU., los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, el avance de la inteligencia artificial y la crisis climática. En el ámbito interno, ha señalado que uno de los grandes retos es resolver la crisis habitacional y acortar los plazos para poner en marcha nuevas viviendas. Actualmente, estos procesos pueden alargarse más de ocho años desde que un terreno no urbanizable se convierte en suelo edificable. "Cuando las instituciones funcionan, la economía también lo hace; sin ellas no somos nada", ha afirmado Illa, citando un estudio del Financial Times que asocia el auge del autoritarismo con una caída media del 10% del PIB. En este sentido, ha defendido la plena reincorporación de Cataluña al escenario europeo, apostando por un modelo basado en la transparencia, la cooperación y los valores de la Unión Europea. Illa ha destacado también la importancia de la colaboración entre los sectores público y privado. "Con este enfoque ya hemos logrado que 700 empresas vuelvan a Cataluña, y seguiremos avanzando en esta línea", ha dicho. Entre los planes estratégicos en marcha, ha mencionado el Pla Catalunya Lidera, que movilizará 18.500 millones de euros en inversiones complementarias, y el Pla Responem, que ha ayudado a mitigar los efectos de los aranceles sobre el tejido empresarial. Según los datos expuestos por el president, la economía catalana crece un 3,4% interanual, frente al 2,8% del promedio español y el 1,6% europeo. El objetivo, ha señalado, es que este crecimiento se traduzca en mejoras concretas para las familias. Durante su intervención, Illa ha estructurado su visión política en tres grandes ejes. En primer lugar, la consolidación del marco económico europeo, con instituciones fuertes y una estrategia común con la UE. En segundo lugar, la inversión en servicios públicos esenciales como la vivienda, la sanidad y la educación, vinculando el progreso económico al bienestar de la ciudadanía. Ha subrayado también la necesidad de integrar a la población migrante. Y, en tercer lugar, seguir impulsando infraestructuras y políticas de vivienda pública, pilares fundamentales para garantizar derechos básicos y atraer inversión. El foro, cuyo título apela al orgullo productivo catalán, ha reunido a destacados representantes del mundo empresarial tanto catalán como español. La primera mesa de debate, titulada "España-Catalunya, una economía compartida" y moderada por Amador G. Ayora, director de elEconomista, contará con la participación de figuras clave como Josep Oliu (Banco Sabadell), Demetrio Carceller Arce (Grupo Damm), Josep Sánchez Llibre (Foment del Treball) e Ismael Clemente (MERLIN Properties).

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