News

(Cinco Días, 09-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El banco te avisará si intentas hacer una transferencia a una cuenta sospechosa

La banca española ha puesto en marcha nuevas alertas contra fraudes en las transferencias realizadas desde las aplicaciones móviles. Desde este jueves, todas las entidades financieras deberán integrar en sus plataformas digitales una función que compruebe si el nombre del beneficiario introducido coincide con el titular real de la cuenta receptora. Esta medida forma parte de un nuevo reglamento europeo que busca reforzar la seguridad en los pagos digitales, en respuesta al creciente número de estafas online. El funcionamiento es sencillo: al efectuar una transferencia, el usuario deberá indicar, como siempre, el nombre del destinatario y el IBAN. Si los datos no coinciden con el titular de la cuenta, el sistema mostrará un aviso de advertencia antes de confirmar la operación. De esta forma, el cliente podrá verificar la información y corregir o cancelar el envío antes de autorizarlo definitivamente. El objetivo es prevenir fraudes y errores, como transferencias a cuentas equivocadas o mal escritas. Este tipo de verificación ya se utiliza en países como Países Bajos y Reino Unido. Cada entidad aplicará el sistema con ligeras variaciones, pero en general se contemplan tres niveles de coincidencia: Coincidencia total, en cuyo caso la transferencia se realiza sin aviso; Coincidencia parcial, cuando hay pequeñas diferencias en el nombre (mayúsculas, tildes, abreviaturas, etc.) y Sin coincidencia, cuando los datos no concuerdan en absoluto, lo que genera una advertencia más visible al cliente. Es importante subrayar que el banco no bloqueará la transferencia, sino que solo avisará de que el destinatario podría no ser quien el usuario cree. La decisión final siempre quedará en manos del cliente. Esta comprobación se aplicará tanto a transferencias ordinarias como instantáneas, sin coste adicional. Hasta ahora, las operaciones se procesaban únicamente con el IBAN, sin tener en cuenta el nombre del destinatario. Esta nueva medida responde al aumento de las estafas bancarias en los últimos años, muchas de ellas basadas en suplantaciones de identidad. Los delincuentes suelen hacerse pasar por familiares, amigos o empleados del banco para solicitar transferencias urgentes. En el ámbito empresarial son frecuentes las llamadas "estafas del CEO", en las que un supuesto alto directivo ordena a un empleado realizar un pago inmediato. En todos estos casos, los estafadores juegan con la presión y la urgencia, evitando que las víctimas comprueben la veracidad de la solicitud. Una vez enviado el dinero, recuperarlo resulta prácticamente imposible. La nueva verificación introduce un momento de reflexión para que el cliente pueda detectar irregularidades: si el nombre no coincide con la cuenta de destino, aparecerá un aviso que invita a revisar la operación antes de finalizarla. El sistema no solo busca aumentar la seguridad y confianza de los usuarios, sino también reducir el volumen de reclamaciones y fraudes que afrontan las entidades financieras. Según el Banco de España, en 2024 se registraron más de 8.000 reclamaciones relacionadas con transferencias, cuentas y adeudos, lo que representa el 15% del total de quejas presentadas por los clientes. Esta iniciativa forma parte del reglamento europeo que obliga a los bancos a ofrecer transferencias instantáneas gratuitas o al mismo precio que las ordinarias, norma vigente desde el 9 de enero. La verificación del nombre del destinatario constituye la segunda fase del reglamento, que entra en vigor este 9 de octubre para las entidades de la Zona Euro. Los bancos situados en países de la UE cuya moneda no sea el euro tendrán plazo hasta julio de 2027 para implementarla. En consecuencia, la medida se aplicará a toda la banca europea, incluidos neobancos y fintechs.

(Expansión, 09-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas urge a España y otros 15 países a acelerar el uso de las ayudas europeas

La Comisión Europea ha desembolsado 367.000 millones de euros en ayudas y préstamos, aunque recordó a los beneficiarios que tienen plazo hasta el 31 de agosto para cumplir con sus compromisos y poder acceder al 45% restante de los fondos. Bruselas instó ayer a los países de la Unión Europea, especialmente a España, a acelerar la ejecución de los fondos del programa Next Generation en su fase final. "A menos de un año del límite de agosto de 2026, la aplicación efectiva de las reformas e inversiones por parte de los Estados miembros resulta cada vez más urgente", advirtió la Comisión en su cuarto informe de evaluación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En él, alertó de que España y otros quince países aún tienen más de la mitad de sus compromisos pendientes y menos de un año para cumplirlos. El informe de Bruselas detalla que hasta ahora se han desembolsado 362.000 millones de los 650.000 millones de euros previstos en el programa de reactivación económica tras la pandemia, lo que equivale al 55% del total. La Comisión constata que las subvenciones se han tramitado con mayor rapidez que los préstamos, con 221.000 millones de euros ya concedidos en ayudas directas (62% del total), frente a 141.000 millones en créditos (49% del importe asignado). En el último año, los países beneficiarios han recibido 97.000 millones de euros -50.000 millones en subvenciones y 47.000 en préstamos-. "La ejecución y los desembolsos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia han avanzado a buen ritmo, aunque de manera desigual entre los Estados miembros", señaló la Comisión, que subraya que aún queda mucho trabajo por hacer en poco tiempo. Hasta la fecha, los fondos liberados corresponden al cumplimiento de 2.586 de los 6.985 hitos y objetivos establecidos en los Planes de Recuperación nacionales, lo que supone un 37% de ejecución desde 2021 hasta agosto de 2025. El principal obstáculo, según Bruselas, es que aunque la UE dispone hasta el 31 de diciembre de 2026 para efectuar los pagos, los Estados miembros deben haber cumplido todos sus compromisos a más tardar el 31 de agosto de ese mismo año. La Comisión reconoce que se han logrado avances notables y que existen numerosos casos de éxito, pero recalca la necesidad de acelerar la ejecución en la mayoría de los países, dado lo ajustado del calendario. Por ello, ha remitido a cada Estado recomendaciones adaptadas a su situación y urgencia. España, junto con otros once países -como Italia, Grecia, Polonia y Portugal-, ha recibido una advertencia instándola a "acelerar el ritmo" de ejecución, ya que aún debe completar entre el 50% y el 85% de los hitos comprometidos. En el caso español, se ha cumplido el 50% de los objetivos vinculados a subvenciones y solo el 14% de los relativos a préstamos, lo que supone un avance total del 45%, con más de 300 metas por alcanzar en menos de un año. Bruselas fue más contundente con Bulgaria, Hungría y Rumanía, a las que pidió "acelerar urgentemente" sus esfuerzos, pues mantienen más del 85% de sus compromisos sin cumplir y arriesgan inversiones equivalentes a más del 3% de su PIB. Además, la Comisión ha instado a todos los Estados miembros a revisar en profundidad sus Planes de Recuperación y Resiliencia lo antes posible, con el fin de asegurar que todos los hitos se alcancen antes del 31 de agosto de 2026. Bruselas propone eliminar las medidas que no puedan completarse, reducir la carga de compromisos pendientes y simplificar los procesos para optimizar resultados. España, tal como adelantó Expansión, ha aprovechado esta revisión para presentar una nueva adenda a su plan original, con el objetivo de flexibilizar los compromisos restantes y facilitar el acceso a los fondos pendientes. Hasta ahora, el país ha recibido 55.000 millones de los 80.000 millones en subvenciones a los que tiene derecho (un 70% del total), por lo que dispone de menos de un año para obtener el 30% restante. En cuanto a los préstamos, de los 82.000 millones disponibles, España solo ha accedido al 20%. La solicitud española para ajustar su plan está actualmente siendo evaluada por Bruselas.

(Expansión, 09-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Congreso aprueba la Ley de Movilidad

El Pleno del Congreso aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, gracias a la abstención de Podemos, que el Gobierno logró asegurar tras alcanzar un acuerdo de última hora sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat. La norma salió adelante con 174 votos favorables, emitidos por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria, así como por José Luis Ábalos (exministro socialista del Grupo Mixto) y Águeda Micó (diputada de Compromís, también en el Grupo Mixto). En contra votaron PP, Vox y UPN. En circunstancias normales estas formaciones habrían sumado 171 escaños, pero la ausencia del diputado del PP Guillermo Mariscal, que se encuentra de luna de miel en México, redujo el número a 170. Podemos había advertido que votaría en contra del proyecto si el Gobierno no detenía las ampliaciones del Puerto de Valencia y del aeropuerto de El Prat. "Para que Podemos no tumbe hoy una ley que consideramos insuficiente, exigimos aquí y ahora un compromiso firme, y ese compromiso debe ser por escrito, de que no habrá ampliación del aeropuerto de El Prat", declaró en el debate el portavoz del grupo, Javier Sánchez Serna. Horas más tarde, el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, emitió un comunicado comprometiéndose a someter el proyecto a un proceso "especialmente intenso" de información pública y consultas con organismos y administraciones territoriales, con el objetivo de garantizar la transparencia y la participación ciudadana. Fuentes de Podemos señalaron que el acuerdo alcanzado implica la paralización de las obras de ampliación al menos hasta 2031. Además, el pacto establece que la ampliación de El Prat no formará parte del DORA III, el documento que planifica las infraestructuras aeroportuarias para el periodo 2026-2031. El texto también incluye que el Ministerio deberá elaborar un informe vinculante que garantice que cualquier futuro proyecto para El Prat cumpla los objetivos de reducción de emisiones establecidos en la Directiva europea "Fit for 55", la cual fija una reducción del 55% de emisiones para 2030 y la neutralidad climática para 2050. No obstante, el ministro Óscar Puente aclaró que este acuerdo "no altera los plazos previstos en el DORA III" y que su finalidad es "reforzar los requisitos medioambientales y asegurar que el plan director del aeropuerto se ajuste plenamente a los estándares y exigencias del paquete europeo Fit for 55".

(El Economista, 09-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los registradores pueden denegar los pisos turísticos aunque tengan autorización

El Registro de la Propiedad puede denegar a los propietarios de viviendas turísticas el permiso necesario para seguir desarrollando su actividad, incluso si disponen de licencia autonómica o municipal y no existen quejas de los vecinos. El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha publicado recientemente una resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en la que se rechaza conceder el número de registro único de alquiler turístico -obligatorio desde julio pasado- a un ciudadano que llevaba alquilando su vivienda desde 1994, contaba con autorización administrativa y no había tenido conflictos con la comunidad. La resolución aclara que los registradores de la propiedad deben realizar una labor de verificación antes de otorgar el número de registro, revisando toda la documentación presentada por el propietario y comprobando que no existan impedimentos legales o comunitarios, como acuerdos vecinales restrictivos o la falta de licencia. En este caso, el Registro denegó la inscripción porque los estatutos de la comunidad, inscritos desde 2008, prohíben realizar en las viviendas cualquier actividad o profesión, lo que se consideró incompatible con el alquiler turístico. El propietario recurrió la decisión, alegando que contaba con autorización de la Comunidad Autónoma, y que los estatutos no mencionaban explícitamente el alquiler vacacional, dado que en 2008 aún no existía esta figura legalmente reconocida. Argumentó además que la norma vecinal buscaba evitar la instalación de oficinas o consultas, no el uso temporal del inmueble con fines recreativos. No obstante, el Registro recordó que una licencia administrativa no garantiza la validez civil de la actividad dentro de la comunidad de propietarios. En este sentido, solo la propia comunidad puede modificar sus estatutos si desea permitir los alquileres turísticos. Además, el organismo cita jurisprudencia del Tribunal Supremo, que considera el alquiler turístico como una actividad económica, aunque los estatutos no lo prohíban expresamente. Por tanto, la existencia de una cláusula que limite las actividades profesionales o económicas basta para impedir la concesión del número de registro, conforme al Real Decreto del 23 de diciembre de 2024, que regula este procedimiento. La resolución también subraya que, en el marco de la propiedad horizontal, es legítimo imponer restricciones al uso de las viviendas cuando estas busquen proteger el interés común del edificio. Sin embargo, dichas limitaciones solo son oponibles a terceros si están debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad, lo que permite a los registradores verificar su existencia antes de aprobar nuevas inscripciones. Finalmente, cuando se revoca o suspende un número de registro turístico, el Registro debe notificarlo a la Dirección General de Planificación y Evaluación, que a su vez ordenará a plataformas como Airbnb o Booking la retirada de los anuncios vinculados a esa vivienda.

(El Periódico, 09-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas expedienta a España por impedir que las aerolíneas cobren por el equipaje de mano

La Comisión Europea considera que la legislación española limita la libertad de las aerolíneas para fijar los precios relacionados con el equipaje de mano. Por este motivo, ha decidido abrir un procedimiento de infracción contra España que podría terminar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta decisión supone un importante revés para el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quien el mes pasado se reunió con el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, para intentar convencerlo de que desestimara los argumentos de las aerolíneas -especialmente de Ryanair-, algo que finalmente no logró. Según explica la Comisión en un comunicado, la Ley de Navegación Aérea española impide que las compañías cobren un recargo por el equipaje de mano, lo que "restringe la libertad de las aerolíneas para establecer precios y diferenciar entre servicios que incluyan una franquicia más amplia de equipaje y aquellos que ofrezcan solo la mínima, necesaria para el transporte". A raíz de esta interpretación, el Ministerio de Consumo impuso en noviembre de 2024 sanciones por valor de 179 millones de euros a cinco aerolíneas, de las cuales 107,7 millones correspondieron a Ryanair. Sin embargo, Bruselas sostiene que estas sanciones también podrían vulnerar el reglamento comunitario, ya que se basan en una lectura incorrecta de una sentencia del TJUE, que establece que el equipaje de mano debe ser gratuito únicamente cuando cumpla los límites razonables de peso y tamaño. Si se superan esos límites, las aerolíneas son libres de fijar precios adicionales. La Organización Europea de Consumidores (BEUC) ha criticado duramente la decisión de la Comisión, asegurando que "ponerse del lado de las aerolíneas es decepcionante para los consumidores, que esperan que el equipaje de mano esté incluido en el precio del billete". A juicio de la organización, con este procedimiento Bruselas "da a entender que llevar una maleta de mano es un lujo que hay que pagar". Ryanair, la compañía más afectada por las sanciones, ha sido también la más combativa. Su consejero delegado, Michael O'Leary, llegó a reunirse en septiembre con Tzitzikostas, lo que provocó el malestar de Bustinduy, quien reprochó al comisario haber recibido antes al directivo que al propio ministro. Posteriormente, ambos mantuvieron una reunión telemática, tras la cual Bustinduy expresó su "sorpresa por las similitudes" entre los argumentos del comisario y los de Ryanair. Desde Bruselas, en cambio, se limitaron a señalar que estaban "analizando la información enviada por España antes de decidir los próximos pasos". Finalmente, el paso dado por la Comisión este miércoles demuestra que los argumentos del Gobierno español no han convencido. Ahora, España dispone de dos meses para responder al requerimiento de Bruselas. Si la Comisión no queda satisfecha con las explicaciones, solicitará un informe razonado y, en última instancia, podría llevar el caso ante el TJUE. Desde el Ministerio de Consumo, han defendido que tanto la ley española como las sanciones impuestas se ajustan al derecho europeo, y recalcan que el expediente de la Comisión no anula las multas a las aerolíneas, ya que se encuentran judicializadas y la interpretación final corresponde al Tribunal de Justicia de la UE, no a la Comisión. España, además, es uno de los países de la Unión Europea con más procedimientos de infracción abiertos, más de 90 en total, y figura entre los que más tardan en resolverlos, especialmente en cuestiones relacionadas con el mercado único, según los propios datos de la Comisión Europea.

(Cinco Días, 08-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las letras a 12 meses vuelven a pagar el 2% seis meses después

Las tensiones que afectan actualmente al mercado de deuda francés no se están extendiendo al resto de la zona euro. En el caso de España, la mayor estabilidad política, las mejores perspectivas económicas y la reciente mejora de su calificación crediticia por parte de las agencias de rating han permitido al Tesoro Público continuar con su programa de financiación sin contratiempos. Apenas una semana después de que el Gobierno anunciara una reducción de las necesidades de financiación en 5.000 millones de euros, el organismo dirigido por Paula Conthe ha logrado captar 5.632 millones de euros en letras del Tesoro a seis y doce meses. La expectativa de que el Banco Central Europeo (BCE) haya alcanzado ya su tipo de interés neutral -aquel que no estimula ni frena la economía- ha contribuido a estabilizar los rendimientos. En concreto, el interés de las letras a un año ha vuelto a situarse cerca del 2%, un nivel que no se observaba desde abril. Aunque se ha producido un leve repunte, las rentabilidades continúan muy por debajo de los máximos alcanzados hace dos años, cuando el BCE aceleraba las subidas de tipos para controlar la inflación. Aun así, el interés por la deuda española sigue siendo alto: la última subasta del Tesoro registró una demanda total de 9.790 millones, casi el doble del importe adjudicado. La mayor parte de la emisión ha correspondido a las letras a 12 meses, con 3.820,1 millones adjudicados y un interés marginal del 2,021%, ligeramente superior al 1,996% de la subasta anterior y el más alto desde abril. Este aumento de los rendimientos ha reactivado el interés de los pequeños inversores, cuyas peticiones no competitivas sumaron 797,25 millones, una cifra similar a la de meses anteriores. El resto, 1.812,02 millones, se ha colocado en letras a seis meses. En este caso, los rendimientos han bajado ligeramente hasta el 1,958%, aunque el descenso ha sido más moderado que en subastas previas, cuando el mercado anticipaba una reducción más agresiva de los tipos de interés. Pese a ello, la deuda española sigue despertando fuerte demanda, con peticiones no competitivas superiores a 1.043 millones. El regreso del verano ha traído buenas noticias para la economía española. La solidez del empleo y las revisiones al alza del crecimiento han permitido al Tesoro reducir la emisión neta de deuda en 5.000 millones de euros. Mientras otros países europeos planean incrementar su endeudamiento para financiar el gasto en defensa, España aprovecha su margen fiscal para reforzar su compromiso con la consolidación presupuestaria. Con este ajuste, la emisión neta prevista para 2025 se situará en 55.000 millones de euros, igual que el año pasado. Con casi el 90% del plan de financiación ya ejecutado, los analistas dan por hecho que el Tesoro cerrará el ejercicio con las emisiones ordinarias del calendario, descartando la habitual operación sindicada que solía realizar tras el verano. En años anteriores, estas operaciones especiales se centraron en bonos singulares, como el bono verde emitido en 2021 o la deuda a 12 años ligada a la inflación colocada en 2024. Hasta ahora, en 2025, el Tesoro ha llevado a cabo tres emisiones sindicadas: dos bonos a diez años -una al inicio del ejercicio y otra en primavera- y una a quince años en febrero, con las que ha obtenido en conjunto alrededor de 35.000 millones de euros.

(Expansión, 08-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Ofensiva del Gobierno para frenar la creación de universidades privadas

El Consejo de Ministros aprobó ayer el polémico real decreto que endurece y amplía las condiciones necesarias para crear nuevos centros universitarios en España. Con esta medida, el Gobierno materializa su intención de poner límites a la expansión de la enseñanza universitaria privada, argumentando que busca evitar la proliferación de los llamados "chiringuitos educativos", tal como adelantó Pedro Sánchez el pasado marzo. Antes de detallar el contenido del decreto, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, recordó que en España existen actualmente 96 universidades -50 públicas y 46 privadas- y que, en los últimos años, los proyectos para abrir nuevos centros privados se han multiplicado, absorbiendo prácticamente todo el aumento de alumnado universitario: un 129% más en la privada frente a solo un 2% en la pública durante la última década. El Ejecutivo atribuye el estancamiento de las universidades públicas a la falta de financiación por parte de las comunidades autónomas y pretende frenarlo mediante normas más estrictas. No obstante, el texto final incluye algunas concesiones al PNV y a los socios catalanes, y ha incorporado modificaciones sugeridas por el Consejo de Estado, aunque mantiene aspectos que no cuentan con el visto bueno del Ministerio de Economía ni de la CNMC. Entre las nuevas condiciones, las universidades deberán tener un mínimo de 4.500 estudiantes (criterio cuestionado por la CNMC, que considera que no garantiza la calidad ni la viabilidad del proyecto), destinar al menos el 5% de su presupuesto a investigación y conseguir financiación externa equivalente al 2%. Además, deberán demostrar solvencia financiera mediante un aval y garantizar que al menos la mitad de su profesorado tenga el título de doctor, de los cuales el 65% deberá acreditar al menos seis años de experiencia investigadora. El equipo directivo tendrá que contar con experiencia en gestión universitaria -una exigencia que inicialmente recaía en la entidad promotora, pero fue suavizada-. Asimismo, cada universidad deberá ofrecer un mínimo de diez titulaciones de grado, seis de máster y tres de doctorado en al menos tres ramas del conocimiento, y disponer de plazas de alojamiento equivalentes al 10% de su alumnado. El decreto también establece un sistema anual de rendición de cuentas y convierte en vinculante el informe de calidad que evalúa la creación de una universidad, evitando así la aprobación de proyectos con valoraciones negativas. Desde 2018, el Ministerio ha emitido 25 informes, 13 de ellos desfavorables, aunque pese a ello se autorizaron cuatro nuevas universidades: una en Madrid, otra en Andalucía y dos en Canarias. Otra novedad es que las universidades online de nueva creación pasarán a ser de titularidad estatal, medida que no afectará a las ya existentes. Además, no se aplicará a aquellas universidades que reciban al menos el 20% de su financiación de fondos públicos autonómicos ni a las que impartan, como mínimo, el 50% de su docencia en una lengua cooficial. Morant subrayó que las nuevas normas no solo afectarán a los futuros centros, sino también a los ya existentes, tanto públicos como privados. Sin embargo, dado que la última universidad pública se creó en 1998 (la Politécnica de Cartagena), queda claro que el foco de la regulación se dirige principalmente al ámbito privado. Las universidades que ya estén en funcionamiento y no cumplan los nuevos requisitos dispondrán de distintos plazos para adaptarse: tres años para los centros activos, cinco para los de reciente creación, seis para alcanzar el mínimo de 4.500 estudiantes y hasta siete para cumplir los objetivos de investigación.

(El País, 08-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los registradores anticipan una caída de la compra de casas en agosto, la primera en 14 meses

Los efectos del bloqueo inmobiliario que está tensionando el mercado de la vivienda comienzan ya a reflejarse en las estadísticas oficiales. Según los datos provisionales publicados este lunes por el Colegio de Registradores -fuente utilizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para su informe mensual, que se conocerá el 23 de octubre-, las compraventas de viviendas experimentaron en agosto su primer descenso en más de un año: se registraron 47.729 operaciones, lo que supone 1.747 menos que en el mismo mes de 2024. Es, por tanto, el primer retroceso en 14 meses. La caída en la compraventa de viviendas ha impactado también en el conjunto del mercado inmobiliario, que incluye la venta de terrenos, locales y trasteros. En total, el número de operaciones se situó en 91.561, un 1,5% menos que en agosto del año pasado. No obstante, el descenso fue más acusado en el caso de las viviendas, con un 3,5% menos. En contraste, tanto el número total de hipotecas como las destinadas específicamente a la compra de vivienda registraron incrementos del 11,5% y 7,8%, respectivamente. Con este resultado, la constitución de hipotecas encadena ya 14 meses consecutivos de subidas, aunque con un ritmo de crecimiento cada vez menor desde mayo. Durante agosto se formalizaron 33.117 hipotecas para la adquisición de vivienda, principalmente en Andalucía (6.771), Cataluña (5.749) y Madrid (4.467). En términos porcentuales, los mayores aumentos interanuales se registraron en Baleares (+53,6%), Cantabria (+46,5%) y La Rioja (+38,6%). La Estadística Registral Inmobiliaria publicada este lunes actúa como anticipo de los datos del INE, ya que se basa en la misma fuente y cubre el 92,9% de los registros disponibles. A pesar de que los resultados preliminares muestran una desaceleración en el mercado, el Colegio de Registradores advierte de que agosto es un mes muy estacional, por lo que su comportamiento no siempre refleja la tendencia real del año. "Es complicado prever si este descenso continuará en septiembre o si el mercado recuperará la tendencia alcista", señala el organismo en su comunicado. "En cualquier caso, si se produce un repunte, será más moderado que el de la primera mitad del año", añade. Pese a la prudencia, los datos más recientes apuntan a un posible punto de inflexión en el sector, reforzado por otros informes que también muestran síntomas de enfriamiento, especialmente debido al elevado precio de la vivienda, que dificulta el cierre de operaciones, sobre todo en las zonas más caras. Informes recientes del Ministerio de Vivienda y del Colegio de Notarios confirman que mercados tradicionalmente dinámicos, como los de Madrid o Canarias, están registrando una reducción en el número de compraventas. Este fenómeno responde a la combinación de precios altos, oferta limitada y fuerte demanda, un escenario que, sin llegar a ser crítico, sugiere un cambio de ciclo en el mercado. Así, los crecimientos de dos dígitos que caracterizaron al mercado durante los últimos once meses -con subidas del 40,9% en septiembre de 2024 y del 40,2% en marzo- parecen haber quedado atrás. En junio, el avance se redujo al 16,6%; en julio, al 14,3%; y finalmente, en agosto, las cifras entraron en terreno negativo.

(El Economista, 08-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas impondrá aranceles del 50% al exceso de importaciones de acero

La Comisión Europea ha pasado de la defensa al ataque y ha decidido actuar para proteger a su industria siderúrgica frente al exceso de oferta mundial. El Ejecutivo comunitario propone imponer aranceles del 50% a todas las importaciones de acero que superen el límite anual de 13,8 millones de toneladas, con el fin de salvaguardar la producción europea. Esta iniciativa supone duplicar el impuesto fuera de cuota, que hasta ahora era del 25%, y reducir en un 47% el volumen máximo de importación permitido con respecto al año anterior. En la actualidad, las plantas europeas solo utilizan el 67% de su capacidad, y el objetivo de Bruselas es elevar esa cifra hasta el 80%. Fuentes comunitarias explican que la cuota se ha fijado según los niveles de importación de 2013, año en que comenzaron a manifestarse los primeros signos del exceso de capacidad mundial. A su juicio, no intervenir podría tener consecuencias fatales para el sector, por lo que la Comisión alinea su postura con la de Estados Unidos en cuanto a la urgencia de abordar este problema. Los principales países exportadores de acero hacia la Unión Europea -y, por tanto, los más afectados por esta medida- son Turquía, India, Corea del Sur, Vietnam, China, Japón, Reino Unido y Ucrania. No obstante, Bruselas ha aclarado que Ucrania recibirá un trato preferencial en la asignación de los volúmenes que pueden entrar sin aranceles, dada su situación actual. Según la Comisión, la capacidad de producción mundial de acero supera ya en más de cinco veces la demanda europea, una situación generada por "prácticas y políticas no comerciales" de varios países terceros. Entre ellos, China es señalada como el principal responsable, seguida en menor medida por India. Pese a años de conversaciones bilaterales para corregir el desequilibrio, el problema no solo persiste sino que se ha agravado. Sin embargo, la Unión Europea no puede aplicar sanciones solo a China o India sin infringir las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Por ello, la Comisión propone una medida arancelaria global, y ha solicitado al Consejo de la UE un mandato para iniciar negociaciones dentro de la OMC con aquellos países que cuenten con acuerdos comerciales preferentes y se vean afectados por la nueva política. En estas conversaciones, Bruselas planea dar prioridad al compromiso común contra la sobrecapacidad. Según fuentes europeas, Estados Unidos y Reino Unido probablemente no tendrán dificultades para mantener su acceso libre de aranceles, mientras que otros socios, incluso con tratados de libre comercio vigentes, podrían enfrentarse a los nuevos gravámenes hasta que se reduzca el exceso de producción global. "Queremos dialogar sobre cómo podemos afrontar juntos el problema del exceso de capacidad", explican desde la Comisión, que subraya que no sería lógico excluir a los países con acuerdos de libre comercio de esta medida, ya que muchos de ellos también contribuyen a la saturación del mercado. Bruselas no prevé represalias comerciales por parte de los países afectados, ya que varios de ellos han aplicado previamente sus propias medidas de defensa mediante aranceles. La propuesta deberá ahora ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE por mayoría cualificada. La Comisión, presidida por Ursula von der Leyen, espera una tramitación ágil, ya que la actual salvaguarda -que mantiene los aranceles del 25%- expira en junio del próximo año, fecha límite para implementar el nuevo régimen más restrictivo.

(Cinco Días, 07-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El oro pulveriza récords y avanza hacia los 4.000 dólares

El precio del oro continúa su escalada imparable, acumulando ya un incremento del 50% en lo que va de año y superando por primera vez los 3.900 dólares por onza. Se acerca así a la barrera de los 4.000 dólares, en un ascenso que bate récords casi a diario y refleja el creciente interés de los inversores por el metal precioso, más allá de las compras de los bancos centrales, que han sostenido su precio en los últimos meses. El cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos ha actuado como último catalizador del rally del oro, que hoy se sitúa por encima de los 3.940 dólares la onza. Este bloqueo administrativo ha impedido la publicación de indicadores económicos clave, como el dato de creación de empleo de septiembre, aumentando la incertidumbre entre los inversores. Ante la falta de información y el estancamiento político, surgen dudas sobre la salud de la mayor economía del mundo y sobre las posibles rebajas de tipos que la Fed podría aplicar este año. El oro ha acelerado su subida este año como reacción a las políticas económicas de Donald Trump, que han impulsado a los inversores a diversificar sus carteras ante la debilidad del dólar. Sin cuestionar su papel como divisa de referencia mundial, tanto inversores institucionales como bancos centrales buscan activos alternativos al dólar y a la deuda pública estadounidense, situando al oro como su principal opción. Además, con unos aranceles que amenazan con aumentar la inflación y la expectativa de que la Fed reduzca los tipos, el oro refuerza su rol como activo refugio frente al repunte de precios. "En lo que va de año, el oro ha subido casi un 50% y ha duplicado su valor en tres años. Estamos ante un rally excepcional, comparable al registrado tras la suspensión de los acuerdos de Bretton Woods en los años 70, cuando se eliminó la convertibilidad del dólar en oro", explica Marco Mencini, responsable de análisis de Plenisfer, grupo Generali Investments. La cota de los 4.000 dólares por onza está cada vez más cerca, superando las previsiones de los analistas. Incluso los 5.000 dólares dejan de ser un nivel descabellado: Goldman Sachs prevé que podría alcanzarse si aumentara la desconfianza hacia la deuda pública estadounidense por la intervención de la Casa Blanca en la Reserva Federal. Según el banco, bastaría que apenas el 1% del capital privado invertido en deuda estadounidense se desviara hacia el oro. "Estamos asistiendo a una pérdida acelerada del poder adquisitivo de las monedas emitidas por los Estados. Al igual que el dólar, la libra, el yen y el euro han perdido valor frente al oro en los últimos meses", señala Ned Naylor-Leyland, gestor del fondo Gold & Silver y experto en metales preciosos de Jupiter AM. El oro está cerca de duplicar su valor en el rally acumulado entre este año y el pasado, con un aumento cercano al 90%. Este ascenso también repercute en otros segmentos del mercado, como la cotización de compañías mineras o la inversión en oro a través de ETF, que están generando ganancias que duplican las del oro físico. De este modo, el interés por el metal no solo actúa como cobertura frente a la inflación, sino que también impacta en la renta variable. Hoy, el alza del precio del oro no solo está respaldada por los bancos centrales -que diversifican sus reservas desde la guerra en Ucrania y la congelación de activos del Banco de Rusia-, sino también por el apetito de inversores institucionales. A ello se suma la demanda de inversores minoristas y compradores de joyas, especialmente en China, que refuerza la apreciación del metal.

El banco te avisará si intentas hacer una transferencia a una cuenta sospechosa

Bruselas urge a España y otros 15 países a acelerar el uso de las ayudas europeas

El Congreso aprueba la Ley de Movilidad

Los registradores pueden denegar los pisos turísticos aunque tengan autorización

Bruselas expedienta a España por impedir que las aerolíneas cobren por el equipaje de mano

Las letras a 12 meses vuelven a pagar el 2% seis meses después

Ofensiva del Gobierno para frenar la creación de universidades privadas

Los registradores anticipan una caída de la compra de casas en agosto, la primera en 14 meses

Bruselas impondrá aranceles del 50% al exceso de importaciones de acero

El oro pulveriza récords y avanza hacia los 4.000 dólares

ARE YOU LOOKING

FOR PERSONAL OR BUSINESS ADVICE?