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(El Economista, 28-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Europa podría quitar la prohibición total a las stablecoins y permitir a los usuarios obtener intereses por usarlas

La regulación europea de los criptoactivos podría experimentar un cambio relevante en los próximos años en relación con las stablecoins. La Comisión Europea ha iniciado una consulta pública dirigida al sector para revisar el marco normativo vigente y estudia la posibilidad de flexibilizar la actual prohibición de ofrecer remuneraciones a los usuarios de este tipo de activos digitales. Entre las opciones que se analizan figura un modelo similar al que se está desarrollando en Estados Unidos, basado en recompensar el uso de las stablecoins sin equipararlas a los depósitos bancarios. El principal reto para los reguladores consiste en encontrar un equilibrio entre fomentar el uso de las monedas estables como medio de pago y evitar que se conviertan en un producto de ahorro o inversión. Con ese objetivo, la Comisión ha incluido en la consulta, compuesta por 86 preguntas, una específica sobre la conveniencia de modificar la prohibición que actualmente impide ofrecer intereses u otras formas equivalentes de remuneración a los titulares de estos activos. Dentro de la normativa europea, las stablecoins se consideran "tokens de dinero electrónico" (EMTs), es decir, representaciones digitales de monedas oficiales como el euro o el dólar. Debido a esta doble naturaleza, están sujetas tanto al reglamento MiCA, que regula los criptoactivos, como a la directiva PSD2 sobre servicios de pago y dinero electrónico. Esta última establece que el dinero electrónico no puede generar intereses, lo que limita actualmente las posibilidades de remuneración de las stablecoins. Diversos representantes del sector consideran que esta restricción dificulta la innovación y reduce la competitividad europea frente a otras jurisdicciones. Además de servir como medio de pago, las stablecoins tienen aplicaciones en la liquidación de operaciones, la gestión de tesorería y las finanzas descentralizadas (DeFi). La imposibilidad de ofrecer incentivos económicos disminuye su atractivo frente a soluciones disponibles fuera de la Unión Europea y favorece que muchos usuarios recurran a protocolos descentralizados donde sí existen mecanismos de recompensa. Otro de los objetivos de la Comisión es impulsar el desarrollo de stablecoins denominadas en euros para reducir el dominio actual de las emitidas en dólares. En la actualidad, alrededor del 99,9 % del mercado mundial de monedas estables está vinculado a la divisa estadounidense, con productos como USDT, de Tether, o USDC, de Circle, mientras que las alternativas en euros continúan teniendo una presencia muy reducida. Los especialistas del sector insisten, no obstante, en que cualquier modificación normativa debe preservar la naturaleza de las stablecoins como instrumento de pago. Por ello, consideran que las posibles recompensas deberían ser limitadas, transparentes y vinculadas al uso efectivo del activo, sin poner en riesgo el derecho de reembolso al valor nominal ni incentivar que estos productos sean adquiridos principalmente como una inversión financiera. En Estados Unidos se está debatiendo una solución en esa línea. La propuesta que cuenta con un amplio consenso permitiría que los emisores ofrecieran incentivos a los usuarios por utilizar las stablecoins en operaciones de pago, pero no por mantenerlas simplemente en cartera como si fueran un depósito remunerado. Este enfoque es visto por parte de la industria europea como una referencia que podría adaptarse al mercado comunitario. Las propuestas plantean que puedan autorizarse beneficios comerciales o programas de fidelización ligados al uso de las stablecoins, siempre que no impliquen una rentabilidad garantizada ni dependan de estrategias de inversión de las reservas que respaldan estos activos, preservando así su estabilidad y su función como medio de pago. La consulta pública de la Comisión Europea permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre. Las aportaciones recibidas servirán de base para la revisión del reglamento MiCA, prevista entre 2028 y 2029, y podrían dar lugar a un marco regulatorio más flexible para las stablecoins, tanto para las empresas emisoras como para los usuarios. Esta tendencia no es exclusiva de la Unión Europea. El Reino Unido también estudia una reforma de su regulación para favorecer la utilización de stablecoins denominadas en libras esterlinas como instrumento de pago. Su propuesta contempla igualmente la posibilidad de permitir recompensas vinculadas al uso de estos activos, manteniendo la prohibición de que se conviertan en un producto de ahorro o inversión.

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(El Economista, 28-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Europa activa la vía exprés para comprar empresas en problemas

La aprobación de la Directiva (UE) 2026/799 supone un paso relevante hacia la armonización de los procedimientos de insolvencia en la Unión Europea al establecer, por primera vez, un marco común para el denominado pre-pack concursal. Este mecanismo permite negociar la venta de empresas en dificultades antes de la declaración formal de concurso, con el objetivo de preservar el valor del negocio, mantener la actividad y proteger el empleo. España deberá adaptar su legislación antes del 22 de enero de 2029, lo que abre la puerta a perfeccionar la reforma concursal vigente desde 2022 y a impulsar el mercado de compraventas de empresas en crisis (distressed M&A). El principal objetivo del pre-pack es evitar la pérdida de valor que suele producirse cuando una empresa entra en concurso de acreedores. Durante ese tiempo, la incertidumbre provoca la fuga de clientes, el endurecimiento de las condiciones de los proveedores y una rápida depreciación del negocio. Con este sistema, la búsqueda de compradores y la negociación de la operación se realizan antes de acudir al juzgado, de modo que la venta pueda ejecutarse con rapidez una vez iniciado el procedimiento concursal. Expertos de Deloitte consideran que una correcta transposición de la directiva favorecerá un aumento tanto del número de operaciones de distressed M&A como de sus posibilidades de éxito. Por su parte, especialistas de BDO Abogados destacan que la norma refuerza el papel del administrador concursal, al otorgarle nuevas facultades de investigación y acceso a registros y bases de datos, lo que facilitará la localización de activos y la gestión de procedimientos con dimensión internacional. España ya cuenta con experiencias relevantes de este modelo. Operaciones como las de Room Mate, Terratest, We Are Knitters, Svenson o, más recientemente, Pronovias, han demostrado que la venta rápida de unidades productivas puede preservar la continuidad empresarial, mantener cientos de puestos de trabajo y maximizar el valor para los acreedores. En el caso de Pronovias, el proceso culminó con la adjudicación a Cap Capital tras un procedimiento competitivo supervisado judicialmente. No obstante, algunos especialistas, como los de Alvarez & Marsal, consideran que la nueva directiva no supondrá una transformación radical del sistema español, ya que el marco concursal nacional ya incorpora mecanismos avanzados de reestructuración. Aun así, sí esperan que la armonización europea aporte mayor seguridad jurídica, reduzca la incertidumbre sobre los plazos y facilite la financiación de las operaciones, aspectos que hasta ahora dificultaban el cierre de muchas transacciones. Desde PwC también prevén que la nueva regulación incremente la confianza de los inversores internacionales especializados en empresas en dificultades, al ofrecer un entorno más previsible y homogéneo dentro de la Unión Europea. En consecuencia, podría aumentar progresivamente el número de adquisiciones de compañías viables con problemas temporales de solvencia, favoreciendo la conservación del tejido empresarial y una mayor recuperación del valor frente a la liquidación individual de activos.

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(El Economista, 27-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La justicia busca frenar los litigios por las hipotecas IRPH y amenaza a los afectados con las costas

El Tribunal Supremo ha endurecido su posición frente a la elevada litigiosidad relacionada con las hipotecas referenciadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) y advierte de que los demandantes que mantengan procedimientos pese a conocer que su caso no se ajusta a la jurisprudencia vigente podrán ser condenados al pago de las costas procesales. En dos sentencias dictadas el 11 de noviembre, el alto tribunal estableció que no existe falta de transparencia en la comercialización de estos préstamos cuando el contrato informa de que el método de cálculo del IRPH se publica periódicamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y hace referencia a la Circular del Banco de España de 1994, que contenía recomendaciones sobre la aplicación de este índice por parte de las entidades financieras. En una resolución de 3 de junio, el Supremo considera que ya ha transcurrido un plazo suficiente desde la fijación de esta doctrina para que los afectados hayan podido comprobar si sus reclamaciones encajan o no en los criterios establecidos por el tribunal. En consecuencia, señala que quienes continúen con recursos claramente incompatibles con esa jurisprudencia podrán ser condenados al pago de las costas y perder también el depósito constituido para recurrir. Con ello, el tribunal pretende desalentar la presentación o mantenimiento de litigios cuando las posibilidades de éxito resultan muy reducidas conforme a la doctrina consolidada. El caso analizado corresponde a un consumidor que suscribió en 2005 un préstamo hipotecario de 78.000 euros referenciado al IRPH. En 2016 solicitó judicialmente la nulidad de la cláusula al considerar que la entidad no le había informado adecuadamente sobre el funcionamiento del índice, sus consecuencias económicas ni el mayor coste que podía representar respecto al euríbor. El Tribunal Supremo desestimó el recurso aplicando la doctrina fijada en noviembre de 2025 y reiteró que la información necesaria para superar el control de transparencia no tiene por qué haber sido facilitada íntegramente por la entidad financiera, siempre que el consumidor pudiera acceder a ella mediante fuentes públicas correctamente identificadas. En este sentido, considera suficiente que el contrato remita expresamente al BOE y a la Circular del Banco de España de 1994, donde se explican las características del IRPH. Esta advertencia se produce en un contexto de elevada carga de trabajo para los tribunales, especialmente por los procedimientos relacionados con cláusulas bancarias y contratos celebrados con consumidores. No obstante, la doctrina del Supremo podría volver a ser revisada por la justicia europea. El Juzgado de Primera Instancia número 8 de San Sebastián planteó el pasado mes de junio una nueva cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la que solicita aclarar si el criterio del Supremo resulta compatible con el Derecho de la Unión. Entre las cuestiones planteadas figura si la simple referencia en el contrato al BOE y a la Circular del Banco de España de 1994 puede considerarse suficiente para garantizar que el consumidor recibió una información transparente y comprensible sobre el funcionamiento del IRPH, tal y como exigen las normas europeas de protección de los consumidores. La futura respuesta del TJUE podría condicionar nuevamente la interpretación de este tipo de litigios en España.

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(Cinco Días, 24-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE lanza una encuesta para elegir los nuevos billetes del euro

El Banco Central Europeo ha iniciado el proceso para renovar el aspecto de los billetes en euros y ha abierto una consulta pública en su página web para conocer la opinión de los ciudadanos sobre los diseños finalistas. La votación permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre y, aunque sus resultados serán tenidos en cuenta, no tendrán carácter vinculante en la decisión definitiva. Las diez propuestas seleccionadas se agrupan en dos grandes temáticas: una dedicada a la cultura europea, protagonizada por figuras históricas como Miguel de Cervantes, y otra centrada en la naturaleza del continente, con aves y ríos representativos. Cada propuesta presenta diferentes estilos gráficos, desde composiciones con edificios y paisajes hasta diseños de corte más sencillo o abstracto. En la colección inspirada en la cultura europea, Cervantes aparece en el anverso del billete de 50 euros, de color naranja, mientras que el reverso muestra una biblioteca con personas leyendo tanto libros impresos como digitales. El resto de los billetes están dedicados a María Callas en el de 5 euros, Ludwig van Beethoven en el de 10, Marie Curie en el de 20, Leonardo da Vinci en el de 100 y Bertha von Suttner en el de 200 euros, acompañados en el reverso por escenas relacionadas con el arte, la educación, la ciencia o la vida pública. La segunda serie mantiene la misma gama cromática, pero sustituye los personajes por aves emblemáticas europeas y reserva el reverso para representar distintas instituciones de la Unión Europea. Así, el billete de 5 euros muestra un treparriscos junto al Parlamento Europeo; el de 10, un martín pescador con la Comisión Europea; el de 20, un abejaruco acompañado del Banco Central Europeo; el de 50, una cigüeña blanca con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; el de 100, una avoceta junto al Consejo Europeo; y el de 200, un alcatraz atlántico con el Tribunal de Cuentas Europeo. Durante la presentación de los diseños en la sede del BCE, en Fráncfort, su presidenta, Christine Lagarde, destacó que los billetes representan mucho más que un simple instrumento de pago, ya que constituyen uno de los símbolos más visibles de la identidad europea. En su opinión, los nuevos diseños pretenden combinar valor estético y significado para reforzar el sentimiento de pertenencia común entre los ciudadanos. El proceso de selección comenzó con más de 1.200 propuestas remitidas por diseñadores gráficos de toda Europa. Tras una primera evaluación se eligieron 25 semifinalistas y, posteriormente, un jurado independiente formado por 21 especialistas en disciplinas como el diseño gráfico, la comunicación y la neurociencia redujo la lista a las diez propuestas que ahora se someten a consulta pública. La decisión final corresponderá al Consejo de Gobierno del BCE, que prevé anunciar el diseño elegido a finales de este año. Para ello tendrá en cuenta tanto la valoración del jurado y los análisis técnicos como los resultados de la encuesta ciudadana y de una consulta presencial realizada con una muestra representativa de la población europea.

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(Expansión, 24-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE mantiene los tipo de interés en el 2,25% pero anticipa una subida de tipos en septiembre

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener los tipos de interés en el 2,25%, el mismo nivel fijado en junio, al considerar que, por el momento, no es necesario endurecer la política monetaria pese al repunte de la incertidumbre provocado por el conflicto en Oriente Próximo. Con esta decisión, la institución confirma que no ha iniciado un nuevo ciclo de fuertes incrementos del precio del dinero como el registrado entre 2022 y 2023, cuando los tipos alcanzaron el 4% para contener una inflación que llegó a superar el 10%. El Consejo de Gobierno del BCE ha reiterado que continuará adoptando sus decisiones reunión a reunión, en función de la evolución de los datos económicos y de la situación internacional. La institución considera que este enfoque le permite responder con flexibilidad a un entorno marcado por la incertidumbre derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y sus posibles efectos sobre la inflación y el crecimiento económico. No obstante, la pausa podría ser temporal. Durante la rueda de prensa posterior a la reunión, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, reconoció que algunos miembros del Consejo llegaron a plantear la posibilidad de elevar los tipos en esta reunión, aunque finalmente la decisión de mantenerlos fue unánime. La autoridad monetaria utilizará los próximos meses para analizar si el encarecimiento de la energía termina trasladándose de forma más persistente a la inflación antes de decidir un posible ajuste en septiembre. Lagarde explicó que el BCE sigue vigilando especialmente la aparición de efectos de segunda vuelta, es decir, un traslado generalizado del aumento de los costes energéticos al resto de precios y salarios. Sin embargo, señaló que, por el momento, esos efectos no se están observando. De cara a la próxima reunión, el organismo dispondrá de nuevas proyecciones macroeconómicas, datos de inflación y crecimiento, indicadores de actividad y encuestas empresariales que permitirán evaluar con mayor precisión la evolución de la economía. El escenario central del BCE continúa contemplando la posibilidad de una nueva subida de los tipos si la inflación mantiene una trayectoria más persistente de lo previsto y no regresa al objetivo del 2% hasta finales de 2027. En este sentido, Lagarde admitió que el análisis de riesgos vuelve a situarse en una posición similar a la existente antes del recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo, abandonando la visión de unos riesgos más equilibrados que la institución había expresado anteriormente. Aun así, el contexto sigue condicionado por la evolución geopolítica. Una mejora de la situación internacional podría favorecer un escenario económico más positivo, aunque la presidenta del BCE reconoció que esa posibilidad resulta actualmente poco probable debido al elevado nivel de incertidumbre. Incluso si se alcanzaran nuevos acuerdos diplomáticos, advirtió, su impacto sobre los mercados podría ser menor que en ocasiones anteriores. En cualquier caso, tanto los analistas como los mercados descartan, por ahora, un endurecimiento monetario comparable al de años anteriores. Las previsiones apuntan a que, en caso de producirse nuevas subidas, los tipos de interés se moverían en un rango de entre el 2,5% y el 3%, niveles próximos al denominado tipo de interés neutral, que se considera compatible con una economía que no recibe ni estímulos ni restricciones adicionales por parte de la política monetaria.

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(Expansión, 23-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno incluye una prórroga de alquileres hasta 2028 en el nuevo decreto de vivienda

El PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo para incorporar una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler al nuevo decreto de vivienda que el Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes. La negociación del texto entra en su fase decisiva tras el pacto entre ambos socios de la coalición, con el objetivo de atraer el respaldo de los grupos parlamentarios que rechazaron el anterior decreto. Entre las principales novedades figura una ampliación automática de los contratos de arrendamiento, que podría extenderse hasta el 30 de junio de 2028 manteniendo congelada la renta, junto con otras medidas orientadas al mercado de la vivienda. Una vez cerrado el acuerdo dentro del Ejecutivo, el texto será negociado con los distintos grupos parlamentarios para garantizar su convalidación en el Congreso. Fuentes gubernamentales señalan que la intención es dar luz verde al decreto en la reunión del Consejo de Ministros prevista para el 28 de julio. La prórroga extraordinaria tendría una duración máxima de dos años y, según estimaciones de Sumar, podría beneficiar a cerca de cuatro millones de personas y alrededor de un millón y medio de hogares. Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por Isabel Rodríguez, confirman que esta medida forma parte del acuerdo alcanzado, aunque prefieren no ofrecer más detalles sobre el contenido de un real decreto que califican de amplio y orientado a dar respuestas estructurales a los problemas del acceso a la vivienda. El departamento ministerial subraya que su principal objetivo es lograr el respaldo suficiente para que el decreto pueda ser ratificado por el Congreso una vez finalice el paréntesis parlamentario del mes de agosto. Además de la ampliación de los alquileres, el decreto incluirá nuevas medidas para regular los alquileres de temporada y por habitaciones, con el fin de evitar que se utilicen como fórmula para esquivar la normativa aplicable a la vivienda habitual y los límites de precios establecidos en las zonas declaradas tensionadas. El Ejecutivo también prevé elevar al 21% el IVA aplicable a las viviendas de uso turístico y reforzar el régimen sancionador relacionado con su publicidad en plataformas digitales, con la intención de reducir el atractivo de este tipo de arrendamientos. Asimismo, el Ministerio asegura que el texto incorporará otras iniciativas que han contado con respaldo de diferentes fuerzas políticas durante la legislatura, con el propósito de facilitar un amplio consenso parlamentario. Entre ellas podrían figurar incentivos fiscales en el IRPF para los propietarios que mantengan estables los precios del alquiler e incluso la recuperación de determinadas deducciones vinculadas a las cuotas hipotecarias. Con este nuevo paquete de medidas, el Gobierno busca impulsar una de sus principales iniciativas en materia de vivienda en un contexto de elevada fragmentación parlamentaria, después de que el anterior decreto fuera rechazado a finales de abril, generando además incertidumbre sobre la continuidad de la prórroga de los contratos de alquiler.

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(La Vanguardia, 23-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno anuncia 300 millones para pymes y startups que innoven contra el cambio climático

El Gobierno pondrá en marcha una nueva línea de financiación dotada con 300 millones de euros en préstamos participativos para apoyar a pymes y startups que desarrollen proyectos innovadores orientados a hacer frente al cambio climático. Así lo ha anunciado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante un acto celebrado junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Los recursos se canalizarán a través del Fondo de Emprendimiento y de la Pequeña y Mediana Empresa (Fepyme), gestionado por Enisa, la Empresa Nacional de Innovación, entidad especializada en financiar pequeñas y medianas empresas innovadoras y en certificar a las startups como empresas emergentes. Durante su intervención, Hereu destacó que esta iniciativa pretende impulsar proyectos vinculados a la economía circular, el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial para mejorar la prevención y la adaptación a los efectos del cambio climático, así como otras iniciativas destinadas a proteger recursos y productos especialmente vulnerables frente a los fenómenos climáticos extremos. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló a través de su cuenta en la red social X que esta nueva línea de financiación tiene como objetivo favorecer una producción más limpia y eficiente, impulsar la adaptación del tejido productivo a los desafíos climáticos y acelerar el desarrollo de tecnologías capaces de afrontar los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos. Sánchez no pudo asistir al acto de presentación, ya que se desplazó al incendio forestal de Guadalajara, donde las llamas han contribuido a que este año ya se hayan quemado más de 100.000 hectáreas en España. El presidente aprovechó para subrayar la necesidad de reforzar las políticas de prevención y anticipación frente a la emergencia climática, poniendo el foco en la innovación como una herramienta clave para mejorar la resiliencia del país.

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(ABC, 23-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España registra 130.495 nacimientos hasta mayo

España contabilizó 130.495 nacimientos entre enero y mayo de este año, lo que representa un incremento de 1.087 alumbramientos respecto al mismo periodo de 2025. En esos cinco meses también se registraron 191.677 defunciones, una cifra que supone 1.086 fallecimientos menos que un año antes. Durante el mes de mayo el saldo vegetativo volvió a ser negativo, con una diferencia de 9.063 personas entre nacimientos y defunciones. En concreto, se produjeron 26.276 nacimientos frente a 35.334 fallecimientos. Aunque en mayo nacieron 291 bebés más que en el mismo mes del año anterior, España continúa sin superar la barrera de los 30.000 nacimientos mensuales desde octubre de 2021. Además, si se compara con hace siete años, el número de nacimientos registrados entre enero y mayo se ha reducido en 16.288. Los datos también reflejan la consolidación del retraso de la maternidad. Por octavo mes consecutivo, el número de hijos nacidos de madres mayores de 40 años superó al de los nacidos de mujeres menores de 25 años. En cuanto a la mortalidad, en mayo fallecieron 35.334 personas, 139 menos que en el mismo mes de 2025. No obstante, la evolución de las defunciones contrasta con la de los nacimientos, ya que el número acumulado de fallecimientos hasta mayo se sitúa cerca de 4.000 por encima del registrado en el mismo periodo de 2019.

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(Cinco Días, 21-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Argelia y España sellan un acuerdo para exportar un 15% más de gas tras el fin de la crisis diplomática

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alcanzado en Argel un acuerdo político destinado a reforzar el suministro de gas procedente de Argelia, tanto a través del gasoducto Medgaz como mediante cargamentos de gas natural licuado (GNL) transportados por vía marítima. El objetivo es incrementar en torno a un 15% las importaciones desde el país norteafricano, lo que supondría unos 20.000 gigavatios hora adicionales al año y consolidaría a Argelia como el principal proveedor de gas de España. La visita oficial, realizada apenas unas horas después de la final del Mundial de fútbol celebrada en Nueva York, simboliza además la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países tras varios años de tensiones. La crisis se originó en 2022, cuando España respaldó la propuesta marroquí sobre el Sáhara Occidental, rompiendo la tradicional posición de neutralidad. Aunque el Ejecutivo asegura que no ha modificado su postura ni ha realizado concesiones sobre esta cuestión, el acercamiento diplomático se ha intensificado desde la reciente visita del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a Argelia. El refuerzo de la cooperación energética cobra especial relevancia ante el nuevo escenario europeo. La Comisión Europea ha confirmado que, a partir del 1 de enero de 2027, quedará prohibida la compra de gas ruso, una decisión que obligará a los Estados miembros a buscar proveedores alternativos. Esta medida afecta especialmente a España y, en particular, a Naturgy, que mantiene un contrato de suministro a largo plazo con Rusia y deberá poner fin a ese acuerdo para cumplir con las sanciones comunitarias. Según los últimos datos de Enagás, alrededor del 20% del gas consumido en España sigue teniendo origen ruso, por lo que será necesario sustituir ese volumen antes del próximo invierno. El contexto internacional añade dificultades a esta transición. La guerra en Oriente Próximo ha reducido la oferta global de gas, mientras que el tránsito de buques metaneros por el estrecho de Ormuz se ha visto afectado por las tensiones en la región. Además, Qatar, uno de los principales exportadores mundiales de gas natural licuado, ha anunciado el retraso de parte de su nueva capacidad de producción debido a los daños sufridos en instalaciones energéticas como consecuencia del conflicto. Ante este escenario, el Gobierno español ha viajado a Argelia acompañado por representantes de las principales compañías energéticas del país, entre ellas Repsol, Moeve y Enagás. Aunque el presidente de Naturgy tenía previsto participar en la delegación, finalmente no pudo asistir por motivos logísticos. En esta primera fase, las conversaciones se han desarrollado principalmente en el plano institucional, con el objetivo de sentar las bases para futuros acuerdos comerciales. Fuentes del sector estiman que la finalización del contrato de Naturgy con Rusia supondrá la pérdida de unos tres mil millones de metros cúbicos de gas al año. La intención es compensar buena parte de ese volumen mediante un incremento de aproximadamente dos mil millones de metros cúbicos procedentes de Argelia: la mitad a través del gasoducto Medgaz y la otra mitad mediante envíos marítimos de gas natural licuado. Como parte del proceso de normalización bilateral, ambos gobiernos han acordado celebrar una cumbre entre España y Argelia el próximo mes de octubre, un encuentro de este nivel que no tenía lugar desde 2018. Tras esa cita, se espera que las empresas españolas puedan iniciar negociaciones más detalladas con Sonatrach, la compañía energética estatal argelina, para concretar el aumento de las compras de gas. No obstante, desde el sector energético advierten de que este incremento del suministro argelino podría no ser suficiente para cubrir completamente el vacío que dejará el gas ruso. La combinación de menores suministros internacionales y una elevada demanda mantiene la preocupación sobre la evolución de los precios energéticos durante los próximos meses. El Ministerio para la Transición Ecológica ha señalado que, en las reuniones mantenidas con las autoridades argelinas, se puso de manifiesto la necesidad de reforzar la cooperación con socios estratégicos como Argelia en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y las tensiones geopolíticas. En la misma línea, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, destacó que esta nueva etapa abre oportunidades para las empresas españolas, con la energía como uno de los principales ejes de colaboración. Mientras tanto, parte del sector empresarial mantiene la esperanza de que la Unión Europea reconsidere algunas de las sanciones energéticas previstas, ante el posible impacto que podrían tener sobre los precios y el coste de la energía para hogares y empresas. Sin embargo, las instituciones comunitarias mantienen, por el momento, su compromiso de reforzar la presión económica sobre Rusia mientras continúa la guerra en Ucrania.

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(Expansión, 21-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los expertos sostienen que la economía española crecerá este año entre un 2% y un 2,5% a pesar de la guerra en Oriente Próximo

El dinamismo de la demanda interna y la llegada de los últimos recursos procedentes de los fondos europeos Next Generation permitirán que la economía española mantenga un crecimiento sólido durante este año, pese al aumento de la incertidumbre internacional derivada del conflicto en Oriente Próximo, agravado recientemente tras el fin de la tregua entre Irán y Estados Unidos. Así lo recoge el último Pulso Económico Trimestral elaborado por EY Insights, que cuenta con la participación de un amplio grupo de economistas, entre ellos Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank; Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, y Gregorio Izquierdo, director del Instituto de Estudios Económicos (IEE). El informe estima que el PIB español crecerá entre un 2% y un 2,5% este año, reflejando la capacidad de la economía para absorber el impacto de factores adversos, como el encarecimiento de la energía y de otras materias primas provocado por el cierre del estrecho de Ormuz. Los expertos consideran que los fondos europeos continúan siendo uno de los principales pilares del crecimiento económico. En este sentido, el Gobierno deberá completar antes de agosto todos los compromisos adquiridos con la Comisión Europea para poder acceder al séptimo y último desembolso del programa antes de finalizar el ejercicio. No obstante, la atención ya se dirige hacia 2027, primer año en el que España dejará de recibir estos recursos extraordinarios impulsados tras la pandemia. Los analistas advierten de que la ausencia de estas ayudas podría ralentizar el crecimiento económico, incluso aunque el Ejecutivo impulse unos Presupuestos Generales del Estado con un techo de gasto récord de 226.000 millones de euros. El informe también destaca el papel de la demanda interna como uno de los principales motores de la actividad económica. En conjunto, dibuja el escenario de una economía que mantiene fortalezas en sus fundamentos internos, aunque cada vez más condicionada por un entorno internacional e institucional complejo. Entre los principales riesgos externos, el panel de expertos identifica la evolución de la situación geopolítica, el comportamiento del comercio internacional y la política comercial de Estados Unidos. En el ámbito nacional, subraya la fragmentación parlamentaria y la inestabilidad política como los factores que generan mayor inquietud, hasta el punto de que el 75% de los analistas considera que tienen un impacto negativo o muy negativo sobre la economía española. El estudio dedica además un apartado específico a la relación económica entre la Unión Europea y China en el nuevo contexto comercial internacional marcado por la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump. En este ámbito, los expertos defienden que la Unión Europea debe reforzar su competitividad y avanzar hacia una mayor autonomía estratégica. La estrategia que recibe mayor respaldo combina una política industrial europea más activa con mecanismos selectivos de defensa comercial frente a prácticas como los subsidios, la sobrecapacidad productiva, la dependencia estratégica o la competencia desleal. Esta opción obtiene una valoración de 7,93 puntos sobre 10, mientras que el impulso de una política industrial coordinada para reducir la dependencia de China alcanza 7,73 puntos. Por el contrario, los analistas muestran un apoyo significativamente menor tanto a una estrategia basada únicamente en el diálogo y la cooperación con China como a un endurecimiento generalizado de las medidas comerciales. En conjunto, el informe apuesta por una posición equilibrada que permita reforzar la autonomía económica europea sin renunciar a mantener una relación comercial abierta con el gigante asiático.

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