(Cinco Días, 19-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Los denominados servicios de restricciones técnicas diarias que gestiona Red Eléctrica de España (REE) para asegurar el suministro eléctrico en situaciones críticas -por ejemplo, activando o manteniendo operativas centrales de ciclo combinado incluso si finalmente no se utilizan- forman parte de los costes energéticos que las comercializadoras independientes deben abonar al operador del sistema. Estos costes se incorporan previamente en los contratos firmados con sus clientes. No obstante, dado que estos contratos suelen tener una vigencia mínima de un año, no contemplan el importante incremento de costes que ha registrado REE desde el apagón del 28 de abril. Este incremento responde al temor de que se repita un evento similar, según se desprende del informe presentado por el Ministerio de Transición Ecológica, que distribuye responsabilidades entre REE y las empresas generadoras.
Desde ese incidente, REE ha adoptado una estrategia muy prudente en la gestión del sistema -mediante una dirección general interna-, lo que ha provocado que el precio de estos servicios se duplicara entre abril y mayo, pasando de 11 a 24 euros por megavatio hora. Esto se tradujo en un aumento del coste total de 197,11 millones de euros a 404,7 millones. Ante esta situación, la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), que representa a 22 empresas del mercado liberalizado, ha enviado una carta al Ministerio para solicitar una solución urgente. Temen que, al no poder asumir estos sobrecostes, algunas empresas modifiquen los contratos alegando "fuerza mayor", según fuentes del sector. La incertidumbre sobre la duración de esta gestión "conservadora" por parte de REE y la falta de una versión oficial sobre las causas del apagón, que dejó sin luz a toda la península durante 15 horas, aumentan la preocupación. "¿Estamos ante un cambio estructural o temporal?", se pregunta Julio Nieto, presidente de ACIE.
Entre los miembros de ACIE se encuentran compañías como Acciona, Engie, BP, Factorenergía, Nexus, Fenie, Plenitude y TotalEnergies. Desde hace tiempo, esta asociación viene solicitando al Ministerio una solución ante la elevada volatilidad de estos costes, provocada por el peso creciente de las energías renovables, que no garantizan estabilidad en el sistema. ACIE considera que el impacto financiero sin precedentes generado tras el apagón justifica una intervención urgente: proponen regular los precios de estos servicios y trasladarlos a la parte fija de la tarifa eléctrica, es decir, a través de los peajes de acceso (gestionados por la CNMC) y los cargos del sistema, que financian cuestiones como la deuda eléctrica, las primas a las renovables antiguas o las ayudas a los sistemas insulares.
La actitud extremadamente precavida que REE ha adoptado desde el apagón se evidencia en un dato significativo: mientras que el día del incidente solo se habían programado seis ciclos combinados de gas, ahora se programan más de veinte.
En octubre de 2024, tras asumir su cargo, la ministra Sara Aagesen y el secretario de Estado de Energía, Joan Goizard, mantuvieron una reunión con ACIE. En ese encuentro, la asociación ya había solicitado la regulación de los costes de los servicios de ajuste, debido a su volatilidad y al aumento progresivo derivado del mayor uso de energías renovables, tal y como señala Nieto. Como referencia, en mayo de 2023 el coste de estos servicios fue de 77 millones de euros; en mayo de 2024, se elevó a 167,9 millones, y en mayo de 2025, alcanzó los 404,6 millones.
Las comercializadoras del mercado libre ofrecen varios tipos de contrato: unos con precio fijo, que incorporan un coste estimado de las restricciones (basado en datos históricos); y otros indexados al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que reflejan a diario estos costes. Por lo tanto, los clientes del mercado regulado ya están asumiendo este sobrecoste hora a hora.
Julio Nieto asegura que ACIE está dispuesta a colaborar tanto con la CNMC -a la que ya presentaron alegaciones en una consulta pública el año pasado- como con el Ministerio, para encontrar una solución viable a esta situación. Avisa, además, que muchas empresas, especialmente las más pequeñas, no pueden absorber económicamente estos aumentos. Desde Aelec, la patronal que representa a las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y EDP), también han advertido del impacto negativo de estos costes extraordinarios derivados de la actual gestión de REE.