(El Confidencial, 20-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Diversos casos de corrupción han salpicado a casi todos los gobiernos democráticos en España, sin que ninguno haya implementado un plan integral de prevención como recomienda la OCDE. Según el informe de este año del Panorama de las Administraciones, España figura entre los pocos países -junto con Islandia, Irlanda, Noruega y Canadá- que no cuentan ni han contado con un plan activo para identificar riesgos y auditar de forma global el sector público. Esto incluye no solo a las administraciones ejecutivas y legislativas, sino también al poder judicial, sus funcionarios, empresas públicas y entidades subcontratadas. En el caso de Canadá, sin embargo, sí existen programas regionales debido a su estructura federal.
En contraste, naciones como Alemania (desde 2004), Japón (desde 2006) o Australia (desde 2013) disponen de estrategias anticorrupción consolidadas por ley y sin una fecha de caducidad. Un tercer grupo de países, el más numeroso, ha puesto en marcha planes de forma temporal. En total, 12 de los 38 países analizados por la OCDE no disponen actualmente de un plan de este tipo.
El estudio se basa en encuestas realizadas a altos cargos de las administraciones públicas nacionales. En el caso de España, estos funcionarios reconocen que no se ha implementado la recomendación de la OCDE, a pesar de que se asumió el compromiso de hacerlo. El informe subraya la necesidad de aprobar leyes específicas que actúen sobre el conjunto del sector público para prevenir prácticas poco éticas por parte de cargos electos y funcionarios, que puedan desembocar en el desvío o uso indebido de fondos públicos.
Este informe se publica en un contexto delicado para la imagen de España en el exterior, debido a las recientes derivaciones del Caso Koldo, que apuntan a posibles comisiones ilegales recibidas por figuras relevantes del PSOE como el exministro José Luis Ábalos y el actual secretario de organización, Santos Cerdán. Hasta el momento, el Gobierno no ha anunciado medidas concretas contra la corrupción en el sector público, salvo una auditoría interna del partido anunciada por Pedro Sánchez.
"La adopción de una estrategia de integridad y lucha contra la corrupción puede ser una muestra de voluntad política, pero sólo aquellas que cuentan con la aprobación del Consejo de Ministros o su equivalente pueden considerarse como compromisos gubernamentales integrales capaces de generar un respaldo político amplio", indica la OCDE. El organismo internacional reconoce la existencia en España de instituciones con funciones específicas para reducir el riesgo de corrupción -como la Oficina de Conflictos de Intereses, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo de Transparencia, la IGAE o el Tribunal de Cuentas-, pero critica la ausencia de una entidad central con una visión completa y con capacidad de evaluar el impacto real de las medidas adoptadas.
El informe también aclara que la existencia de planes anticorrupción no garantiza su eficacia, ya que es solo el primer paso. En promedio, los países con planes en vigor sólo han ejecutado un 50% de las medidas previstas en 2024. En cambio, países como Estonia y Chile sobresalen por haber alcanzado niveles de cumplimiento superiores al 80%. Entre los factores que dificultan la aplicación efectiva de estas estrategias figuran la escasez de recursos, la pérdida de apoyo político o las deficiencias en las estructuras encargadas de ejecutarlas.
Además de evaluar los planes, la OCDE también analiza qué mecanismos tiene cada país para gestionar los riesgos de corrupción y realizar auditorías internas, basándose en sus indicadores de "integridad pública". En términos normativos, España aparece bien posicionada, con una cobertura del 100% en gestión del riesgo y del 78% en auditoría interna. Sin embargo, cuando se mide el grado real de cumplimiento, las cifras caen drásticamente: sólo un 37% en la aplicación de la gestión del riesgo y un 33% en auditorías, lo que refleja una fuerte brecha entre la regulación existente y su puesta en práctica. Esta tendencia es común a otros países de la OCDE.
Pese a los retrasos en materia anticorrupción, la confianza de la ciudadanía española en las instituciones no está entre las más bajas, aunque la encuesta en la que se basa el informe data de 2023. Un patrón compartido entre todos los países es que la desconfianza se concentra más en los representantes políticos que en los funcionarios públicos.
Según el informe, un 41% de los españoles considera probable que un alto cargo político acabe ocupando un puesto bien remunerado en una empresa privada a cambio de favores pasados, lo que se conoce como "puertas giratorias". Por el contrario, un 38% cree que es poco probable. En el caso de los funcionarios, el 37% de los encuestados considera que podrían aceptar sobornos, mientras que un 39% opina lo contrario.