El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por unanimidad que el ejercicio del derecho a huelga de jueces carece, por el momento, de soporte normativo y, por tanto, "no procede tener por anunciada" la huelga convocada por cinco asociaciones judiciales y fiscales la próxima semana.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han informado a EFE del acuerdo unánime adoptado por el CGPJ sobre la ausencia de base legal en una huelga de jueces y magistrados y, en consecuencia, han determinado que el Consejo no puede fijar ningún tipo de servicios mínimos.
Los vocales se han reunido este jueves en un pleno extraordinario para pronunciarse sobre la huelga convocada por cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales la semana que viene, tras la concentración prevista este sábado, en contra de los proyectos legislativos que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal.
El Ministerio de Justicia solicitó al CGPJ que se pronunciara sobre la legalidad de esa huelga, como hizo en febrero de 2009, cuando resolvió que los jueces no tienen derecho a esa medida de protesta.
La inflación anual estimada del IPC en junio de 2025 es del 2,2%, de acuerdo con el indicador adelantado elaborado por el INE. Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría un aumento de dos décimas en su tasa anual, ya que en el mes de mayo esta variación fue del 2,0%.
Esta evolución es debida, principalmente, al aumento de los precios de los carburantes, frente a la bajada de junio de 2024 y, en menor medida, a las subidas de alimentos y bebidas no alcohólicas, mayores que en el mismo mes del año anterior. La tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se mantiene en el 2,2%.
Los precios de consumo registran en junio una tasa del 0,6% respecto al mes de mayo, según el indicador adelantado del IPC. En el mes de junio la tasa de variación anual estimada del IPCA sube dos décimas y se sitúa en el 2,2%. La tasa anual estimada de la inflación subyacente del IPCA se sitúa en el 2,2%. Por su parte, la variación mensual estimada del IPCA es del 0,6%.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este miércoles duras críticas contra el Gobierno español por negarse a elevar su inversión en defensa, tal como exige la OTAN, y advirtió que podría responder con una guerra comercial. "España es terrible", declaró Trump en una rueda de prensa tras la Cumbre de la OTAN en La Haya (Países Bajos), destacando que es el "único país" de la Alianza que se niega a superar el 2% de su PIB en gasto militar. Añadió que Estados Unidos se lo hará pagar: "Estamos negociando un acuerdo comercial con España. Vamos a hacer que paguen el doble en aranceles", amenazó.
Durante la cumbre, los 32 líderes de la OTAN, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmaron un compromiso para incrementar la inversión en defensa, con el objetivo de alcanzar el 5% del PIB en 2035. Este porcentaje incluye un 3,5% para gasto militar directo y un 1,5% destinado a infraestructuras críticas y ciberseguridad. Se trata del mayor impulso militar de la organización desde la Guerra Fría, con el propósito de calmar las exigencias de Trump, quien ha advertido reiteradamente que retirará el respaldo militar estadounidense si los aliados no incrementan sus contribuciones.
"Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha asumido una carga excesiva. Eso cambia hoy. Presidente Trump, querido Donald, tú has hecho posible este cambio", afirmó el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, al inaugurar la sesión plenaria.
Pese a todo, Sánchez ha rechazado públicamente llevar el gasto militar español hasta el 5% y solo firmó el documento tras recibir una carta de Rutte garantizando "flexibilidad". El jefe del Ejecutivo español ha asegurado que España cumplirá con sus compromisos en capacidades militares y humanas destinando un 2,1% del PIB, sin necesidad de llegar al nivel propuesto.
No obstante, Rutte contradijo a Sánchez el lunes, afirmando que la OTAN calcula que será necesario alcanzar al menos el 3,5% en gasto militar directo. Otros líderes expresaron dudas al respecto. "España dice que podrá cumplir sin llegar al 3,5%, pero eso está por ver", señaló irónicamente el primer ministro belga, Bart De Wever, quien añadió: "Si puede hacerlo, es un genio. Y la genialidad me inspira".
El canciller alemán, Friedrich Merz, manifestó que aunque hubiese preferido otra postura por parte de España, será aceptable si cumple con los objetivos fijados por la OTAN. No obstante, advirtió que en 2029 se evaluará si el país ha cumplido con sus compromisos sin aumentar significativamente el presupuesto.
Sánchez marcó distancia del resto de mandatarios durante la jornada, optando por mantenerse alejado en la foto de grupo y evitando las charlas informales previas, en una actitud inusual en él durante este tipo de encuentros. Este gesto fue interpretado como un mensaje hacia Sumar y otros socios parlamentarios de su Gobierno, contrarios al aumento del gasto militar, en un contexto político complicado agravado por la investigación judicial sobre Santos Cerdán y José Luis Ábalos por su presunta implicación en el caso Koldo.
La postura del presidente español provocó la airada reacción de Trump, quien no dudó en criticar abiertamente a España ante los medios. "Lo que ha hecho España es terrible", dijo, subrayando que "es el único país que no quiere asumir todo el coste. Se quieren quedar en el 2%. Me parece terrible".
Aunque reconoció que "la economía española va bien", advirtió que podría verse gravemente afectada si se produjera una crisis. "No sé qué les pasa. Es una pena. Así que vamos a compensarlo. ¿Saben cómo? Vamos a hacer que paguen el doble en el acuerdo comercial que estamos negociando. Y hablo en serio", insistió, amenazando con subir los aranceles.
"Me gusta España, tengo muchos conocidos españoles. Es un país fantástico con gente maravillosa", dijo Trump, antes de recalcar que "es el único país de la OTAN que se niega a asumir el aumento del gasto militar". Acusó a España de querer "un paseo gratis", y concluyó que "tendrán que compensarlo en el comercio", ya que no permitirá que esa situación continúe. "No es justo para el resto de países", remató, asegurando que él mismo se encargará de aplicar las medidas económicas contra España.
La deuda acumulada del sistema eléctrico español descendió en 2024 hasta los 5.727 millones de euros, lo que representa una caída del 27,2% respecto al año anterior, según informó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un informe publicado este miércoles.
Este endeudamiento se originó hace más de diez años, cuando el precio de la electricidad establecido por el Gobierno no cubría los costes reales del sistema. Desde entonces, se ha venido amortizando a través de recargos mensuales en las facturas eléctricas que pagan los consumidores.
De acuerdo con las previsiones del regulador, el total de la deuda será completamente amortizado en 2028. Hasta entonces, los 5.727 millones restantes se distribuirán mensualmente entre los aproximadamente 30 millones de usuarios del sistema eléctrico, lo que equivale a unos 190 euros por persona en total, con una media de seis euros al mes.
Actualmente, la deuda se divide en dos grandes bloques: por un lado, el Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (Fade), que representa el 81,6% del importe pendiente a 31 de diciembre de 2024; y por otro, el déficit correspondiente al año 2013, que supone el 18,4% restante.
La CNMC prevé que la mayor parte de la deuda estará saldada en 2027, aunque será necesario esperar hasta 2028 para finalizar por completo el proceso, incluyendo los costes residuales y los gastos asociados a la gestión del pago.
Tras seis trimestres consecutivos con un crecimiento trimestral igual o superior al 0,7%, la economía española moderó su avance al 0,6% entre enero y marzo, según ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística (INE), ratificando así el dato preliminar publicado a finales de abril. Aunque se ha producido una leve desaceleración respecto al trimestre anterior, el ritmo de crecimiento sigue siendo sólido, sobre todo si se compara con otros países europeos. Por ejemplo, Francia apenas logró un crecimiento del 0,1% y Alemania un 0,4%, este último favorecido por un adelanto en las exportaciones ante la amenaza de aranceles.
El buen comportamiento de la economía española permite afrontar con mayor solidez los posibles efectos de la crisis comercial impulsada por la Administración Trump. Los expertos prevén que el impacto directo sobre el PIB español será limitado debido al escaso peso de las exportaciones a Estados Unidos. Además, se espera que España mantenga un ciclo de crecimiento apoyado en factores internos como la fortaleza del consumo, la creación de empleo, el aumento de la inmigración y la mejora del poder adquisitivo de los hogares. El turismo, aunque con menor intensidad que en periodos anteriores, seguirá siendo un motor económico. Por su parte, el sector de la construcción ha iniciado una etapa de crecimiento, reflejada en indicadores como el consumo de cemento o el aumento de licencias de obra, si bien aún se está lejos de niveles suficientes para resolver el déficit de vivienda.
En términos interanuales, el Producto Interior Bruto creció un 2,8%. De este porcentaje, 3,2 puntos provinieron de la demanda interna, mientras que la demanda externa restó 0,4 puntos. En el primer trimestre, la demanda nacional aportó 0,5 puntos al crecimiento y la externa contribuyó con 0,1 puntos.
El consumo de los hogares, que había sufrido por el repunte inflacionario, se está recuperando y fue el principal impulsor del crecimiento, con una subida del 0,6%. La inversión registró un aumento del 1,6% gracias a la actividad en el sector inmobiliario y a la compra de maquinaria, enlazando así dos trimestres de fuertes incrementos tras haber permanecido rezagada en los años postpandemia, a pesar del apoyo de los fondos europeos. Este repunte de la inversión también viene acompañado de una incipiente recuperación del crédito a las empresas, algo poco común desde la crisis financiera, salvo durante episodios puntuales como el de la pandemia.
En contraste, el gasto público, que había sido un pilar del crecimiento tras la covid, cayó un 0,4% en el primer trimestre coincidiendo con la entrada en vigor de las nuevas normas fiscales de la Unión Europea. Las exportaciones crecieron un 1,7%, ligeramente por encima del 1,6% registrado en las importaciones.
En el caso español, no se ha observado el mismo adelanto de exportaciones de bienes que en Alemania para esquivar aranceles. No obstante, destaca el notable incremento del 9% en las exportaciones de servicios empresariales en el trimestre. Por el contrario, el turismo internacional descendió cerca de un 4%, una bajada que puede atribuirse a una corrección después del fuerte crecimiento del 13% en el trimestre anterior.
En cuanto a la moderación del crecimiento económico, esta se interpreta como una normalización tras un periodo de expansión superior al que marcan los fundamentos económicos. El fuerte impulso del turismo postpandemia, el aumento de la inmigración y el elevado gasto público han sido factores clave de ese crecimiento excepcional. Según analistas e instituciones, el crecimiento potencial de la economía española se sitúa alrededor del 1,6% anual, lo que debería traducirse gradualmente en tasas trimestrales próximas al 0,4%.
El Ministerio de Justicia envió el pasado lunes un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para forzar un pronunciamiento sobre la huelga de jueces convocada para los días 1, 2 y 3 de julio, en protesta por las reformas legislativas en el ámbito judicial que impulsa el Gobierno. En dicho documento, al que accedió El País, el departamento dirigido por Félix Bolaños solicita al Consejo que aclare si mantiene la posición adoptada en 2009, cuando, bajo la presidencia de Carlos Dívar, el pleno concluyó que la ley no reconoce el derecho de huelga a jueces y magistrados y declaró por tanto como no convocada una protesta impulsada por varias asociaciones judiciales.
En la misiva, Justicia también pide al CGPJ que actúe para garantizar que se descuente el sueldo correspondiente a los jueces que participen en la huelga. La presidenta del órgano judicial, Isabel Perelló, ha convocado un pleno extraordinario este jueves con el objetivo de consensuar una posición común. La convocatoria del paro proviene de cinco asociaciones de jueces y fiscales -todas salvo las de tendencia progresista- y tiene como motivo dos reformas impulsadas por el Ejecutivo: una sobre el acceso a la carrera judicial y fiscal y otra que modifica el estatuto de la Fiscalía, en línea con la futura ley que otorgará a los fiscales la instrucción de las causas penales.
La cuestión sobre si los jueces tienen o no derecho a hacer huelga lleva semanas generando debate en el Consejo, pero la carta enviada por el Ministerio ha obligado a que se pronuncien al respecto. En el seno del CGPJ existen posiciones enfrentadas: el bloque progresista considera que los jueces, como parte de un poder del Estado, no pueden ejercer el derecho a huelga, mientras que el sector conservador defiende que sí pueden hacerlo, al ser un derecho constitucional que solo puede limitarse mediante ley, y en este caso no existe tal restricción.
A pesar de estas diferencias, ambos sectores coinciden en un aspecto: el CGPJ no tiene competencias para decidir si los jueces pueden ir a la huelga ni para fijar servicios mínimos, algo necesario en huelgas que afectan a servicios esenciales. De confirmarse este consenso, el Consejo entraría en conflicto con el Ministerio de Justicia, que en su carta advierte que, si se considera que la huelga es legal, el CGPJ deberá comunicar los servicios mínimos correspondientes.
Otro aspecto que genera dudas es el descuento salarial a los jueces que secunden la huelga. Aunque Justicia -que gestiona las nóminas del personal judicial y fiscal- realizó descuentos por primera vez en 2018 a quienes participaron en un paro, una sentencia posterior de la Audiencia Nacional obligó a devolver los importes al considerar que el Ministerio no tenía potestad para controlar la asistencia de los jueces ni para aplicar deducciones, ya que esa función corresponde al CGPJ.
Según fuentes de las asociaciones convocantes, aquella sentencia no implica que esta vez la huelga no tenga consecuencias económicas, ya que la Audiencia anuló el descuento por una cuestión de forma, no de fondo: el Ministerio no solicitó al CGPJ la verificación de la participación de los jueces en la huelga.
Actualmente, sigue sin resolverse cómo aplicar la deducción proporcional del salario, ya que, según fuentes del bloque conservador, ni el Ministerio ni el Consejo tienen competencias para hacerlo, dado que el derecho a huelga de los jueces no está regulado por ley. En su interpretación, los jueces tienen derecho a la huelga precisamente porque no hay norma que lo prohíba, pero no existe un marco legal que permita descontar sus sueldos por ejercerlo.
A pesar de esta ambigüedad, Justicia deja claro en su escrito que no permitirá que la huelga se realice sin consecuencias económicas. El documento, firmado por la directora general para el servicio público de Justicia, Verónica Ollé, solicita al CGPJ que adopte medidas para aplicar el descuento salarial, sin importar cuál sea su postura sobre la legalidad de la huelga. En caso de que el Consejo avale el derecho de los jueces a secundar el paro, se le exige que remita diariamente antes de las 14:00 un listado con los nombres de quienes lo hayan hecho, con el fin de aplicar la correspondiente deducción. Y si por el contrario considera que los jueces no tienen derecho a huelga, deberá adoptar las medidas necesarias para que igualmente se practiquen las detracciones, advirtiendo de que, de no hacerlo, tanto el CGPJ como el propio Ministerio podrían incurrir en responsabilidades por pagar con fondos públicos a funcionarios que han dejado de prestar servicio sin causa justificada.
La geopolítica no se limita únicamente a los ámbitos militar o diplomático; también se manifiesta en la influencia de unas monedas sobre otras. En este terreno, Europa parece estar perdiendo posiciones. Así lo confirman los datos más recientes, que muestran una disminución significativa en el uso del euro como moneda para pagos internacionales. Entre 2021 y 2024, la participación del euro en las transacciones transfronterizas gestionadas por instituciones financieras -que representan el 80% del total- cayó en 6,6 puntos porcentuales, situándose en apenas el 18%.
Esta pérdida de terreno ha sido aprovechada por otras monedas, principalmente el dólar estadounidense, que ha aumentado su cuota en 2,5 puntos, hasta alcanzar el 53,4%. Por su parte, el renminbi chino también ha ganado protagonismo, subiendo 1,5 puntos hasta representar el 3,7% de las operaciones. Mientras tanto, la libra esterlina y el yen japonés han mantenido prácticamente estables sus respectivas cuotas. Todas estas monedas participan en un mercado de pagos transfronterizos que ya roza los 1.000 billones de dólares, es decir, unas diez veces el tamaño del PIB mundial.
Aunque las criptomonedas y las stablecoins -activos digitales respaldados por valores estables- han comenzado a ganar terreno, su peso en comparación con el dinero fiduciario sigue siendo limitado. En 2023, las transacciones con este tipo de activos apenas alcanzaron los 2,5 billones de dólares, una cifra aún muy reducida en el contexto del mercado global de pagos internacionales.
Estos datos provienen de un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) basado en información de SWIFT (Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales), la red predominante para efectuar pagos a nivel internacional. SWIFT registra operaciones de comercio exterior, inversiones en cartera -como acciones y bonos-, inversión extranjera directa, y también transferencias entre particulares, aunque estas últimas tienen un peso significativamente menor.
De acuerdo con el FMI, Estados Unidos y Europa concentran el 71,4% del uso de SWIFT, una proporción muy superior a su peso real en la economía mundial. Este desequilibrio ha llevado a países como China y Rusia a tratar de desarrollar alternativas, aunque por ahora sin éxito relevante. En el caso de las operaciones no financieras entre particulares, Europa y EE. UU. acaparan más del 80%, aunque con diferencias marcadas entre ambas regiones.
La supremacía del dólar se consolidó tras el establecimiento del sistema de Bretton Woods, al término de la Segunda Guerra Mundial, y se mantiene vigente. En los últimos años, gran parte del capital europeo ha migrado hacia Estados Unidos, impulsado por la fuerte rentabilidad de sus mercados financieros, denominados en dólares, y por su posición como el mayor receptor de inversión extranjera directa del mundo. El dinamismo económico estadounidense ha reforzado aún más esta tendencia.
El FMI destaca también que las transacciones de gran valor -superiores a los 50 millones de dólares- representan más del 60% de los pagos entre clientes y más del 80% de las operaciones entre instituciones financieras. Sin embargo, las transferencias de menor cuantía son las más numerosas en términos de volumen de operaciones.
Finalmente, el estudio del FMI subraya el "peso desproporcionado" del dólar en los intercambios de divisas. Lo llamativo, según el informe, es que muchas de estas operaciones no tienen a EE. UU. como origen ni destino. Por ejemplo, transacciones entre países como España y Reino Unido también se realizan en dólares. Sin embargo, este patrón no se repite en los pagos de cliente a cliente, donde EE. UU. suele estar directamente involucrado como emisor o receptor.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado luz verde a la creación de BME Easy Access, un nuevo procedimiento para facilitar el acceso de empresas a la Bolsa con mayor rapidez, menor exposición al riesgo y una estrategia más alineada con sus necesidades reales. Con esta medida, España se convierte en pionera, adelantándose incluso a parte de lo previsto por la reciente Listing Act de la Unión Europea.
Este mecanismo, impulsado por Bolsas y Mercados Españoles (BME) y supervisado por la CNMV, representa una transformación significativa del proceso tradicional de admisión a cotización. A partir de ahora, las empresas podrán comenzar a cotizar sin necesidad de lanzar de inmediato una oferta pública de venta (OPV) ni contar desde el inicio con un porcentaje mínimo de acciones en circulación (free float).
El cambio más relevante es la alteración del orden habitual del proceso: primero se produce la incorporación al mercado y, en un plazo máximo de 18 meses -ampliable bajo ciertas condiciones-, se lleva a cabo la colocación real de los títulos. Durante este tiempo, las acciones solo podrán ser negociadas por inversores profesionales y mediante operaciones por bloques, lo que contribuye a reducir la volatilidad y proteger a los pequeños inversores.
Este nuevo enfoque pretende minimizar la influencia de factores económicos externos en las salidas a Bolsa, brindando a las compañías la posibilidad de elegir el momento más oportuno para vender sus acciones, algo especialmente valioso en el actual contexto de inestabilidad global.
Aunque el sistema está concebido para ser inclusivo, en esta fase inicial se limita a empresas con una valoración superior a 500 millones de euros, salvo en casos excepcionales autorizados por la CNMV. Si al concluir el plazo no se ha logrado una distribución adecuada del capital, el organismo regulador podrá conceder una prórroga o considerar cumplido el requisito de dispersión accionarial. En caso de no producirse la colocación, las acciones serán excluidas automáticamente del mercado.
La implantación de BME Easy Access responde también a una de las recomendaciones formuladas por la OCDE para dinamizar el mercado de capitales en España, en sintonía con los esfuerzos europeos por crear mercados públicos más accesibles y eficientes.
Este nuevo procedimiento no sustituye el modelo tradicional, sino que lo complementa. Ha sido diseñado tras un proceso de consulta con los principales actores del mercado financiero, lo que, según la CNMV, ha favorecido su aceptación y viabilidad.
Con esta iniciativa, España refuerza su posición como referente en innovación financiera dentro de Europa y proporciona a sus empresas una vía más flexible y eficaz para captar financiación en los mercados públicos. En un escenario en el que la obtención de capital resulta crucial para crecer y competir a nivel global, este modelo podría marcar un punto de inflexión en el panorama bursátil nacional.
El sector bancario y las plataformas europeas de pagos instantáneos han dado un paso más hacia la creación de un sistema equivalente a Bizum a nivel europeo. Han alcanzado un acuerdo de colaboración con el objetivo de facilitar transferencias inmediatas y sin coste entre usuarios de 15 países del continente. La intención es desarrollar una red de pagos común en Europa que permita tanto transferencias entre particulares como pagos en comercios. El primer paso consistirá en interconectar los distintos sistemas de pago existentes en cada país. El estudio técnico que está en marcha se prevé finalizar a finales de este verano.
La iniciativa está liderada por EuroPA (Alianza de Pagos Europea), que agrupa a aplicaciones de pago como Bizum (España), Bancomat (Italia), MB Way (Portugal) y Vipps MobilePay (países nórdicos). Esta alianza ha firmado un acuerdo con la Iniciativa de Pagos Europea (EPI), en la que participan 16 grandes bancos del continente, entre ellos Santander, BBVA y CaixaBank, así como entidades como BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole y Deutsche Bank. El objetivo del acuerdo es estudiar formas de permitir pagos fluidos y sin obstáculos entre ciudadanos europeos, en beneficio tanto de usuarios particulares como de comercios.
Desde principios de este año, las plataformas de pagos de España, Italia y Portugal ya están interconectadas, mientras que los servicios de Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos también han avanzado en la misma dirección bajo la marca Wero. El nuevo acuerdo busca hacer interoperables todos estos sistemas, aprovechando la infraestructura ya existente y mejorando su conexión. La idea es que el sistema funcione tanto para pagos entre personas como para compras en tiendas físicas y digitales dentro de los mercados participantes.
El impulso a una red de pagos digital europea responde también a una demanda creciente por parte de las instituciones comunitarias. La Comisión Europea y el Eurosistema consideran prioritaria la creación de herramientas propias que reduzcan la dependencia de sistemas externos, como Visa o Mastercard, y que puedan competir frente al avance de criptomonedas estables vinculadas a monedas tradicionales. Según el comunicado conjunto de EPI y EuroPA, esta iniciativa representa una vía rápida hacia una mayor soberanía financiera de Europa, a la vez que fomenta la innovación, la eficiencia y una mejor experiencia para consumidores y comerciantes.
El proyecto cubrirá inicialmente a 15 países, que en conjunto agrupan a más de 382 millones de personas, lo que equivale al 84% de la población de la Unión Europea y Noruega. Esto permitirá a los ciudadanos seguir utilizando sus aplicaciones de pago habituales tanto dentro de su país como al realizar operaciones transfronterizas. También se prevé desarrollar soluciones específicas para aquellos mercados europeos que aún no cuentan con un sistema propio.
Desde marzo de 2025, EuroPA permitirá la interoperabilidad entre los usuarios de Bancomat, Bizum y MB WAY/SIBS, lo que beneficiará a más de 50 millones de personas usuarias de 186 entidades financieras, habilitándolas para enviar y recibir dinero de forma instantánea. Además, otros sistemas como Blik (Polonia), IRIS (Grecia) y Vipps MobilePay (región nórdica) se han sumado a la iniciativa y se integrarán de forma progresiva en esta red paneuropea de pagos.
Nuevo giro en el debate sobre el cobro por llevar equipaje de mano en la cabina de los aviones. La Comisión de Transportes del Parlamento Europeo ha respaldado este martes, con 38 votos a favor de un total de 42, la postura contraria del Europarlamento a que las aerolíneas cobren por estas maletas. Esta posición se ha concretado en una enmienda al Reglamento de Derechos de los Pasajeros que se está tramitando actualmente en las instituciones europeas. En dicha enmienda se establece que todo pasajero debería poder subir a bordo, sin coste adicional, una maleta de hasta 100 centímetros en cualquiera de sus dimensiones (largo, ancho o alto), sin necesidad de facturarla.
Desde el Ministerio de Consumo de España, que en noviembre sancionó con 179 millones de euros a cinco aerolíneas de bajo coste por prácticas como el cobro del trolley, se ha interpretado este respaldo como una victoria. "La Comisión de Transportes ha confirmado lo que ya era una posición del Parlamento Europeo y lo que marca la legislación vigente: es ilegal cobrar por el equipaje de mano. El Consejo Europeo cedió de forma lamentable ante los intereses del lobby aéreo, perjudicando los derechos de los consumidores. Esta lucha la ganaremos quienes defendemos a la ciudadanía frente a los intereses de unas pocas grandes multinacionales", afirmó Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
El pasado 6 de junio, sin embargo, el Consejo de la Unión Europea tomó una dirección opuesta. Con un ajustado 65,57% de apoyo -justo por encima del umbral necesario-, el Consejo aprobó una reforma del Reglamento que limita el equipaje gratuito en cabina a medidas máximas de 40x30x15 centímetros. Dado el desacuerdo entre las instituciones, el texto deberá pasar ahora por el pleno del Parlamento Europeo, donde se necesitará mayoría absoluta (al menos 361 eurodiputados) para que la medida se apruebe.
El Ministerio de Consumo español defiende que el equipaje de mano debe ser gratuito para todos los pasajeros y rechaza cualquier cambio que debilite los actuales derechos de indemnización por retrasos en los vuelos, que algunas propuestas buscan suavizar en favor de las aerolíneas.
Durante meses, la Comisión Europea ha estado negociando con el sector aéreo para establecer un criterio uniforme en toda la Unión Europea sobre qué tipo de equipaje de mano debe ser gratuito. Estas negociaciones coincidieron en España con la imposición de multas históricas a Ryanair, Vueling, EasyJet, Volotea y Norwegian. Además, el Ministerio anunció investigaciones a otras dos aerolíneas de bajo coste: Wizz Air y Transavia.
Por su parte, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que representa a casi todas las aerolíneas que operan en España, ha criticado la postura del Parlamento Europeo. En un comunicado, ALA lamenta que la Comisión de Transportes quiera restringir la libertad de los pasajeros para elegir los servicios que desean y advierte que esto podría generar confusión sobre la normativa aplicable al equipaje. Las compañías afectadas por las sanciones aseguran que seguirán cobrando por todo equipaje que no se ajuste a las condiciones expresamente indicadas como gratuitas, al menos hasta que la normativa europea se reforme de forma definitiva.
Desde ALA también señalan que la propuesta del Parlamento Europeo entra en conflicto con la decisión reciente del Consejo de la UE, que permite a las aerolíneas cobrar por el equipaje en cabina y fija criterios claros -como el tamaño máximo de 40x30x15 cm- para evitar ambigüedades legales. Según esta organización, esa postura ayuda a unificar criterios jurídicos y reducir los conflictos legales derivados de interpretaciones diferentes en los tribunales españoles.
Actualmente, el Reglamento 1008/2008 de la UE permite a las aerolíneas fijar libremente sus precios, pero no establece medidas concretas sobre el equipaje que se puede llevar en cabina sin coste. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2014 aclaró que las maletas de mano, siempre que se ajusten a unos límites razonables de peso y tamaño, no deben implicar cargos adicionales. Sin embargo, también reconoció que las aerolíneas pueden imponer restricciones relacionadas con la seguridad y el espacio disponible a bordo.
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