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(Expansión, 09-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La banca española repartirá 10.500 millones en dividendos hasta junio

Los seis bancos españoles que cotizan en bolsa prevén repartir más de 10.500 millones de euros en dividendos a sus accionistas antes de junio. Esta cifra incluye los pagos complementarios correspondientes al ejercicio de 2025 y también el dividendo extraordinario que Sabadell distribuirá tras la venta de su filial británica TSB a Santander, operación que aún está pendiente de completarse. Además, las cuatro mayores entidades financieras del país ya han llevado a cabo recompras de acciones por alrededor de 2.600 millones de euros en lo que va de 2026, y se espera que esta cantidad supere los 10.000 millones al finalizar el año. BBVA encabeza la clasificación por volumen total de dividendos. El banco abonará el 10 de abril más de 3.400 millones de euros mediante un pago de 0,60 euros por acción. La entidad reparte entre el 40% y el 50% de sus beneficios entre los inversores, combinando dividendos en efectivo con recompras de acciones. Con cargo a los resultados de 2025, el dividendo total alcanzará los 0,92 euros por acción, lo que supone un incremento del 31% respecto al año anterior. Actualmente, BBVA está ejecutando un programa extraordinario de recompra de acciones por valor de 4.000 millones de euros, anunciado en diciembre para distribuir el exceso de capital que mantiene por encima del 12% de solvencia. Este plan se desarrollará por fases hasta, como máximo, diciembre de este año. El pasado viernes finalizó el primer tramo, de 1.500 millones de euros, el mayor realizado por la entidad hasta la fecha. En segundo lugar se sitúa Banco Sabadell, que podría repartir cerca de 2.500 millones de euros tras la venta de su filial británica TSB a Santander por unos 3.100 millones. Este es el único pago que aún no tiene una fecha concreta, ya que depende del cierre definitivo de la operación, previsto para finales de abril. Sabadell destina hasta el 60% de sus beneficios a remunerar a los accionistas mediante dividendos y recompras, además de su compromiso de distribuir el capital que exceda el 13%. La entidad ya ha pagado un dividendo total de 0,14 euros por acción con cargo a 2025, por debajo de los 0,20 euros del año anterior. No obstante, la remuneración final aumentará cuando se añada el dividendo extraordinario de 0,50 euros que se abonará tras la venta de TSB. Paralelamente, Sabadell está ejecutando una recompra de acciones por 800 millones de euros, de los cuales 365 millones proceden de los resultados de 2025 y el resto corresponde a exceso de capital. Por su parte, Santander distribuirá 1.800 millones de euros entre sus accionistas el próximo 5 de mayo, mediante un dividendo complementario de 0,125 euros por acción correspondiente a los resultados de 2025. La entidad presidida por Ana Botín mantiene un pay-out del 50%, que actualmente reparte a partes iguales entre dividendos en efectivo y recompras de acciones. Sin embargo, a partir del próximo año incrementará el peso de los pagos en metálico, que representarán el 35% del beneficio, frente al 15% destinado a recompras. En total, el banco pagará un dividendo de 0,24 euros por acción con cargo a 2025, un 14% más que el ejercicio anterior. Además, está ejecutando un programa de recompra de acciones por 5.000 millones de euros: 1.800 millones forman parte del plan ordinario vinculado a los resultados del segundo semestre de 2025, mientras que los 3.200 millones restantes corresponden a una recompra extraordinaria financiada con el capital obtenido tras la venta de su filial en Polonia. Santander también ha reafirmado su intención de adquirir acciones propias por valor de 10.000 millones de euros con cargo a los beneficios de 2025 y 2026 y al exceso de capital. CaixaBank repartirá aproximadamente 2.300 millones de euros mediante un dividendo complementario de 0,332 euros brutos por acción que se pagará el 9 de abril. La política de remuneración del banco dirigido por Gonzalo Gortázar establece un pay-out de entre el 50% y el 60%, distribuido en forma de dividendos en efectivo. Además, la entidad devuelve a los accionistas el capital que supere el 12,5% a través de dividendos adicionales o recompras de acciones. Con esta estrategia, CaixaBank prevé abonar un dividendo total de 0,50 euros por acción con cargo a 2025, un 15% más que el año anterior, mientras ejecuta una recompra de acciones por 500 millones de euros. Unicaja es la entidad cotizada que destina la mayor proporción de sus beneficios a retribuir a los accionistas, con un 70% del resultado, aunque contempla la posibilidad de aprobar pagos adicionales. Con cargo a 2025, distribuirá 0,17 euros por acción, un 28% más que el ejercicio previo. Esta cifra incluye el dividendo a cuenta abonado en septiembre y el pago complementario de 0,107 euros previsto para el 23 de abril. Este último supondrá un desembolso de 275 millones de euros, lo que sitúa a Unicaja por delante de Bankinter, que repartirá 134 millones en efectivo con el dividendo de 0,15 euros por acción fijado para el 2 de abril. En cuanto a Bankinter, el banco repartirá un dividendo total de 0,606 euros por acción con cargo a los beneficios de 2024, lo que representa un incremento del 14% respecto al año anterior. La entidad destina el 50% de sus ganancias a retribuir a los accionistas y lo hace exclusivamente mediante pagos en efectivo. De hecho, es el único banco cotizado español que no ha recurrido a programas de recompra de acciones como fórmula de remuneración, aunque recientemente ha dejado abierta la posibilidad de hacerlo en el futuro.

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(Expansión, 09-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo enfila los 100 dólares por barril y los expertos apuntan hasta los 150 o 200 dólares

El precio del petróleo ha experimentado un fuerte repunte del 28% desde el inicio de los ataques contra Irán, situándose cerca de los 93 dólares por barril, su nivel más alto en los últimos dos años. Los analistas advierten de que, si el conflicto se alarga -especialmente si continúa el bloqueo del estrecho de Ormuz o se producen daños en infraestructuras petroleras de Oriente Próximo-, el crudo podría seguir encareciéndose y alcanzar niveles mucho más elevados. Solo en la última semana, el petróleo subió un 27,8%, lo que supone el mayor incremento semanal desde el inicio de la guerra en Ucrania. Esta escalada llevó el precio hasta los 92,8 dólares por barril y se explica por los ataques de Irán a varios países exportadores de crudo. Estas acciones no solo ponen en riesgo el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz, sino también la capacidad de producción y refinado en la región. A medio plazo, algunos expertos incluso contemplan que el precio pueda llegar a los 150 dólares por barril. Las preocupaciones de los analistas han aumentado en los últimos días porque lo que inicialmente se percibía como una operación breve -similar a una intervención limitada destinada a provocar un cambio de liderazgo y renegociar condiciones, como ocurrió en Venezuela- ha evolucionado hacia un conflicto que está desestabilizando a toda la región. Además, cada vez parece más probable que se prolongue en el tiempo y que cause importantes daños en infraestructuras clave. La guerra en Irán ha alterado profundamente el mercado energético. Aproximadamente el 20% del petróleo consumido en el mundo pasa por el estrecho de Ormuz, una ruta difícil de sustituir debido a la limitada capacidad de los oleoductos que conectan la región con el Mediterráneo. Esta situación ya está obligando a países como Irak o Kuwait a reducir su producción, lo que podría tener consecuencias duraderas en su capacidad productiva. Si a ello se suman los ataques contra instalaciones petroleras y la posible reticencia de las compañías a operar en la zona, el resultado podría ser un aumento significativo de los precios. Las iniciativas planteadas hasta ahora no han logrado tranquilizar a los mercados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso que la marina estadounidense escoltara a los buques petroleros, una estrategia similar a la empleada durante la guerra entre Irán e Irak en los años ochenta. Sin embargo, esta medida resulta hoy más difícil de aplicar, ya que las tecnologías actuales permiten realizar ataques de bajo coste con mayor facilidad. Por otra parte, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) anunció un programa de 20.000 millones de dólares para asegurar los cargamentos marítimos en Oriente Próximo, una iniciativa que refleja el elevado riesgo al que se enfrentan los transportes de crudo. Washington había preparado con antelación el escenario previo al ataque contra Irán. Por un lado, promovió la mejora de las relaciones diplomáticas entre Israel y varios países de Oriente Próximo, facilitando su cooperación tanto en operaciones militares como en el sistema antimisiles israelí. Por otro, presionó a la OPEP y a sus aliados -el grupo conocido como OPEP+- para que aumentaran la producción de petróleo, pese a que el mercado ya mostraba señales de exceso de oferta y a que esta decisión perjudicaba a algunos miembros, como Rusia. El objetivo era garantizar que el mercado contara con suficiente suministro y con reservas elevadas antes de cualquier acción militar en la región. No obstante, la respuesta de Irán sorprendió a Estados Unidos. Teherán no solo bloqueó el estrecho de Ormuz, sino que también amplió sus ataques hacia otros países productores de petróleo de la región. Esto no solo crea problemas de suministro a corto plazo, sino que podría provocar daños duraderos en la infraestructura petrolera, tanto en la producción como en el refinado. Los expertos consideran que el mercado global podría soportar un cierre temporal del estrecho, pero advierten de que, si el bloqueo se prolonga más de cuatro o cinco semanas, podrían aparecer serias tensiones en el suministro. Esa posibilidad ya está siendo reflejada por los precios actuales. De hecho, algunos analistas empiezan a plantear escenarios en los que el petróleo supere los 100 dólares por barril e incluso llegue de forma puntual a los 200 dólares. En ese caso, es probable que el mercado intente corregirse mediante una reducción del consumo -impulsada por políticas públicas o por decisiones de los propios consumidores, como ocurrió tras el inicio de la guerra en Ucrania- o mediante nuevas inversiones en yacimientos ya identificados pero que hoy resultan poco rentables con los precios actuales. Además, una subida tan pronunciada podría impulsar una mayor implicación de la comunidad internacional e incluso provocar la intervención de países que hasta ahora se han mantenido al margen. Según Malcolm Melville, gestor de fondos energéticos de Schroders, "si el estrecho permanece bloqueado, no existe una fuente alternativa de suministro de petróleo que pueda sustituirlo rápidamente", lo que dejaría al mercado expuesto a un déficit significativo. Por su parte, Xavier Chapard, estratega de LBP Asset Management, señala que, debido a los objetivos poco definidos de Estados Unidos y al hecho de que el régimen iraní lucha por su supervivencia, es probable que los combates y sus consecuencias sobre el suministro energético mundial se prolonguen más que en anteriores conflictos con Irán. En este contexto, la dificultad para trasladar el petróleo por oleoductos en lugar de transporte marítimo podría intensificar aún más la subida de precios. Melville advierte de que cada semana adicional de interrupción aumentará la preocupación del mercado por una pérdida sostenida de suministro. Si el bloqueo se prolongara durante meses, el petróleo podría superar los máximos históricos de 146 dólares por barril registrados en 2008 y situarse en una horquilla de entre 150 y 200 dólares.

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(El País, 09-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La guerra en Irán amenaza con elevar la inflación por encima del 3% y restar dos décimas de crecimiento a España

La intensificación del conflicto en Oriente Próximo tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán ha reavivado los temores que ya se vivieron en 2022 y ha devuelto a la economía global un riesgo que parecía haber quedado atrás: un nuevo repunte de la inflación impulsado por el encarecimiento de la energía. Aunque España no se encuentra entre los países directamente afectados en el corto plazo, tampoco queda al margen de las consecuencias si la guerra se prolonga. De acuerdo con las estimaciones de Funcas, en el caso de que la escalada militar se mantuviera durante tres meses -escenario central que maneja el organismo-, la inflación podría situarse ligeramente por encima del 3% hacia el verano, mientras que el crecimiento del PIB en 2026 se reduciría aproximadamente en dos décimas respecto a las previsiones previas al conflicto, que apuntaban a un aumento del 2,4%. En este escenario inicial, los efectos serían relativamente limitados. Sin embargo, la Fundación de las antiguas Cajas de Ahorros advierte en un informe publicado este viernes que, si el enfrentamiento se prolongara más tiempo o si se vieran dañadas infraestructuras energéticas clave provocando interrupciones en el suministro, el impacto económico podría ser mucho más negativo. Las previsiones elaboradas por Funcas, además, no contemplan todavía la posible reacción del Gobierno si la guerra se agrava y empieza a afectar con mayor intensidad a hogares y empresas. Por ahora, el Ejecutivo no ha anunciado medidas concretas, aunque sí está siguiendo de cerca la evolución de los precios y los efectos macroeconómicos del conflicto para actuar si fuese necesario con un paquete de apoyo similar al desplegado en 2022 tras la invasión de Ucrania. De momento, el principal canal por el que el conflicto podría trasladarse a la economía española es el energético. Tras el inicio de las hostilidades y el casi total cierre del estrecho de Ormuz -una vía por la que transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos- los precios de la energía han reaccionado con rapidez. Desde el viernes de la semana pasada, el barril de Brent ha subido alrededor de un 14%, mientras que el Mibgas, referencia del mercado ibérico del gas, se ha encarecido un 48%. Otros mercados también han registrado tensiones en los últimos días. Es el caso de los fertilizantes, cuyo precio ha aumentado un 24% respecto a la semana anterior. Este encarecimiento se explica por el papel clave de los países del Golfo en el suministro global de estos productos, fundamentales para la producción agroalimentaria. El aumento de estos costes termina reflejándose en el índice de precios al consumo por distintas vías. El petróleo, por ejemplo, repercute directamente en el precio de los carburantes como la gasolina o el gasóleo, mientras que el gas natural influye tanto en el coste del suministro doméstico como en el precio de la electricidad. A partir de la relación histórica entre estos mercados y el IPC en España, Funcas calcula que un incremento del 10% en el precio del petróleo podría añadir aproximadamente una décima a la inflación, mientras que una subida similar en el gas tendría un impacto parecido en el índice general de precios. Algunas de estas consecuencias ya empiezan a percibirse. El precio de los combustibles ha subido cerca de diez céntimos por litro en comparación con la semana anterior. Asimismo, el precio regulado de la electricidad (PVPC) se sitúa en lo que va de mes alrededor de un 13% por encima de la media del mes pasado, aunque todavía resulta difícil determinar en qué medida este aumento está directamente relacionado con las tensiones recientes en los mercados energéticos. El encarecimiento de los precios podría frenar el crecimiento del consumo privado, que actualmente actúa como uno de los principales motores de la economía. Además, las exportaciones también podrían verse perjudicadas si el conflicto afecta negativamente a la actividad económica de otros países. El turismo sería otro de los sectores potencialmente afectados, debido al aumento del coste de los vuelos y al impacto general de la inflación sobre el poder adquisitivo de los visitantes. No obstante, el informe señala que este efecto podría compensarse parcialmente si España gana atractivo frente a destinos cercanos a la zona del conflicto, que podrían percibirse como menos seguros. Asimismo, la incertidumbre podría provocar que algunas decisiones de inversión se retrasen o queden paralizadas. A pesar de ciertas similitudes con la situación vivida tras la invasión de Ucrania, todavía es pronto para prever consecuencias de la misma magnitud. Por ahora, desde Funcas destacan que la reacción de los mercados ha sido menos intensa que en 2022. Entonces, el petróleo llegó a superar los 180 dólares por barril, más del doble de su cotización actual, y el Mibgas alcanzó los 200 euros, cuatro veces más que en la actualidad. Además, en comparación con aquel momento, Europa depende menos del gas procedente del Golfo, lo que también ocurre con los fertilizantes. Aunque sus precios han aumentado, todavía se mantienen por debajo de los máximos registrados en 2022.

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(El País, 09-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de la vivienda registra en 2025 su mayor alza desde 2007 tras subir un 12,9%

Solo durante el periodo de la burbuja inmobiliaria se registraron incrementos del precio de la vivienda tan intensos como los del año pasado. En el tramo final de 2025, el coste de las casas aumentó de media un 12,9%, un porcentaje que únicamente queda por debajo del 13,1% registrado a comienzos de 2007. Sin embargo, mientras que aquel repunte precedió al estallido de la burbuja y fue perdiendo fuerza con el paso de los meses, en 2025 los precios continuaron subiendo de forma constante a lo largo del año. Por este motivo, si se observa el conjunto del ejercicio y no solo el último trimestre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) considera que 2025 fue el año con el mayor aumento anual del precio de la vivienda, con una media del 12,7%, por encima de algo menos del 10% registrado en 2007. Según los datos publicados este viernes por el INE, las viviendas de obra nueva aumentaron su precio un 11,2% en el cuarto trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que en el total del ejercicio el incremento fue del 11,3%, todavía por debajo del promedio alcanzado en 2007. En cambio, las viviendas de segunda mano subieron un 13,1% al cierre del año y un 12,9% en el conjunto de 2025. Este último dato es histórico, ya que nunca antes las viviendas usadas habían experimentado un encarecimiento de dos dígitos durante todo un año. La escasez de oferta, junto con la limitada construcción de vivienda nueva que empuja a muchos compradores hacia el mercado de segunda mano, explica este nuevo récord en el mercado residencial español y la creciente dificultad para que muchas personas puedan acceder a una vivienda en propiedad. La tendencia alcista reflejada en la estadística oficial -basada en los datos de viviendas escrituradas del Consejo General del Notariado- comenzó en el cuarto trimestre de 2023, cuando los precios subieron un 4,2%. Desde entonces se han acumulado nueve trimestres consecutivos de incrementos. En apenas dos años, los precios prácticamente se han triplicado. Durante 2025, las subidas trimestrales se mantuvieron siempre entre el 12% y el 13%: el año comenzó con un incremento del 12,2% y terminó alcanzando el valor más alto en el último trimestre. Los datos de comienzos de 2026, que el INE publicará a principios de junio, permitirán comprobar si esta tendencia continúa o si el mercado empieza a moderarse. Ferran Font, director de Estudios del portal inmobiliario Pisos.com, considera que el mercado vive un momento de gran dinamismo. Según explica, el aumento de la demanda, una oferta que no logra crecer al mismo ritmo y un contexto de tipos de interés que empieza a suavizarse están impulsando esta situación. A corto plazo, añade, no parece probable que la tendencia cambie, ya que ninguno de estos factores -demanda, oferta o condiciones financieras- prevé alteraciones significativas en los próximos meses. En los últimos tres años, entre 2022 y 2025, el índice trimestral de precios de la vivienda solo registró descensos en dos ocasiones: a finales de 2022, cuando cayó un 0,8%, y en el último tramo de 2023, con un descenso del 1,1%. Esto significa que en 14 de los últimos 16 trimestres el precio de la vivienda ha aumentado. No obstante, la tendencia al alza se remonta aún más atrás. Tras el estallido de la burbuja y los años de ajuste del sector, los precios comenzaron a recuperarse en 2015. Ese año el INE estableció el índice base en 100 puntos, mientras que en 2025 se superaron los 186. En otras palabras, el precio de las viviendas ha aumentado más de un 86% en una década. Aun así, algunos expertos empiezan a detectar señales de agotamiento en el mercado. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, considera que se está alcanzando un límite. Según sus análisis, los plazos necesarios para cerrar operaciones están aumentando y también lo están haciendo los descuentos en los precios. Además, existe un choque de expectativas entre compradores y vendedores. Mientras algunos propietarios creen que los precios seguirán subiendo incluso hasta un 20% el próximo año -algo que el economista considera poco realista-, muchos compradores optan por esperar porque no pueden asumir los precios actuales. Montalvo prevé que, hasta que se produzca un ajuste natural, el mercado podría experimentar una ralentización tanto en las compraventas como en los precios. El temor de perder una oportunidad de compra ha impulsado las operaciones recientemente, pero cuando ese miedo desaparezca el ritmo podría moderarse. La falta de crecimiento del parque de viviendas ha provocado que la mayor parte de las compraventas en los últimos años correspondan a inmuebles usados. En 2025, siete de cada diez operaciones fueron de segunda mano. Esta situación ha contribuido a que su precio se dispare hasta niveles inéditos. El incremento del 13,1% registrado en el último trimestre del año pasado es el segundo mayor de toda la serie histórica, solo superado por el 13,4% alcanzado en el trimestre anterior. Por su parte, las viviendas de obra nueva han experimentado subidas algo más moderadas durante el último año. Aunque en tres de los últimos cuatro trimestres los precios aumentaron entre el 11% y el 12%, la evolución ha sido similar a la de 2024 y, sumando todos los incrementos, todavía queda por debajo de los niveles alcanzados en 2007. Sin embargo, desde 2015 el precio medio de la vivienda nueva se ha más que duplicado. Ante esta situación, el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei), Miguel Ángel Gómez Huecas, reclama medidas urgentes para aumentar la oferta de viviendas. Advierte de que, si las administraciones públicas no actúan, la subida de precios continuará, ya que se prevé que la población siga creciendo con fuerza en los próximos años. Según señala, de mantenerse esta dinámica España podría acercarse progresivamente a un modelo residencial caracterizado por viviendas cada vez más pequeñas y condiciones habitacionales precarias, algo que considera inadmisible para un país desarrollado. Pese a que las ventas, las hipotecas y los precios siguen aumentando, algunos especialistas creen que el mercado podría estar cerca de alcanzar su techo. Yogi Thadhani, responsable de Finteca en España, considera que la curva de precios empieza a estabilizarse. Aunque se aprecia cierta ralentización en las ventas, asegura que no se trata de una situación preocupante y que se empiezan a observar signos de mayor equilibrio. En la misma línea, Ricardo Gulias, consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria, advierte de que la continua modificación de las políticas de vivienda genera incertidumbre entre los propietarios, lo que provoca que muchos prefieran no sacar sus viviendas al mercado. Según explica, si la oferta no aumenta, la presión seguirá siendo elevada y los precios continuarán subiendo.

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(El País, 09-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las donaciones de padres a hijos marcan un récord por la crisis de acceso a la vivienda

Detrás de la firma con la que muchos jóvenes compran su primera vivienda suele haber otra firma que no aparece en los documentos, pero que resulta clave para cerrar la operación. No figura en la escritura ni en el registro de la propiedad, pero corresponde a la ayuda económica de padres, abuelos u otros familiares que aportan el dinero necesario para superar el principal obstáculo de la compra: el pago de la entrada. Esta realidad es cada vez más habitual en España. De hecho, en 2025 se alcanzó un récord de donaciones formalizadas ante notario: más de 225.000, lo que supone un incremento del 13% respecto al año anterior, que ya había marcado cifras históricas. El cálculo procede del Consejo General del Notariado (CGN) y recoge todas las donaciones registradas, tanto de dinero como de viviendas u otros bienes. Según los notarios, el fuerte aumento se explica en gran parte por las dificultades actuales para acceder a la vivienda. María Teresa Barea, portavoz del CGN, atribuye este fenómeno a una combinación de factores. Por un lado, el mercado inmobiliario se caracteriza por precios en constante aumento, lo que provoca que muchos jóvenes puedan afrontar las cuotas de una hipoteca pero no dispongan del ahorro suficiente para cubrir la entrada y los gastos iniciales. Por otro lado, muchos padres y abuelos cuentan con mayor capacidad de ahorro y optan por apoyar económicamente a sus hijos o nietos para facilitarles la compra de su vivienda. Esto explica la naturaleza de muchas de estas donaciones. Según Barea, la mayoría de las denominadas "herencias en vida" consisten en transferencias de dinero. Habitualmente son padres -y en ocasiones abuelos o incluso tíos- quienes entregan una cantidad económica a familiares jóvenes, generalmente menores de 35 años. Las sumas suelen oscilar entre los 15.000 y los 40.000 euros y, en la mayoría de los casos, se destinan a financiar la entrada de la primera vivienda. Además, se trata principalmente de familias de clase media, ya que las donaciones de grandes cantidades son menos frecuentes. Una situación similar vivieron hace aproximadamente un año Daniel Navarro y Claudia Ruiz, una pareja de 34 y 32 años que reside en Madrid. Tras casi cinco años viviendo de alquiler y tratando de ahorrar para comprar una vivienda, comprobaron que los precios subían más rápido que su capacidad de ahorro. Cuando su casero les comunicó que el contrato terminaba y que el alquiler aumentaría casi 200 euros al mes, decidieron pedir ayuda a sus familias. Entre ambos hogares reunieron 30.000 euros mediante una donación, que sumados a sus ahorros les permitieron pagar la entrada y solicitar la hipoteca. La portavoz del Notariado destaca una cierta paradoja en el mercado. Mientras el acceso a las hipotecas se ha vuelto algo más flexible debido al cambio en la política monetaria del Banco Central Europeo y a la mejora de los ingresos medios, el fuerte encarecimiento de la vivienda ha neutralizado ese alivio. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios han crecido alrededor de un 12% anual en los últimos trimestres. En este contexto, explica Barea, surge lo que denomina "solidaridad intergeneracional", favorecida además por un tratamiento fiscal cada vez más favorable para las donaciones. La transferencia de riqueza entre generaciones antes del fallecimiento de los padres es un fenómeno relativamente reciente en España si se compara con otros países europeos, según señala Elisenda Rentería, doctora en Demografía y subdirectora del Centro de Estudios Demográficos. Tradicionalmente, cuando los padres no podían ayudar económicamente a sus hijos, la alternativa era permitirles permanecer más tiempo en el hogar familiar para que pudieran ahorrar antes de independizarse, lo que contribuye a explicar la tardía emancipación de los jóvenes en España. Sin embargo, en el contexto actual ni siquiera esa fórmula resulta suficiente. El precio de la vivienda ha crecido mucho más rápido que los salarios, lo que complica aún más la salida de los jóvenes del hogar familiar. Además, las generaciones de mayor edad viven más tiempo y, en muchos casos, cuentan con una situación económica más favorable que la de generaciones anteriores e incluso que la de las más jóvenes. La Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España refleja este desequilibrio. La riqueza de los menores de 35 años representa hoy apenas el 2% del total, cuando hace dos décadas era del 8%. En cambio, el patrimonio de los mayores de 65 años ha aumentado del 25,4% a cerca del 40% en el mismo periodo. Este mayor patrimonio acumulado facilita que muchas familias puedan adelantar parte de la herencia mediante donaciones para ayudar a los jóvenes a comprar vivienda. Los datos del Notariado muestran que se trata de una tendencia generalizada en todo el país. Casi todas las comunidades autónomas registraron un aumento de las donaciones -solo Aragón y La Rioja experimentaron ligeros descensos-, con incrementos especialmente destacados en Baleares (35%), Cataluña (23%) y Asturias (19%). También superaron la media regiones como Madrid, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o Extremadura, en un contexto marcado por el fuerte encarecimiento del mercado inmobiliario. Las estadísticas notariales no especifican qué tipo de bienes se donan, pero otras fuentes permiten hacerse una idea. Según el INE, en ese mismo año se transmitieron por donación alrededor de 24.000 viviendas, lo que sugiere que la mayoría de las operaciones se realizan mediante entregas de dinero. El aumento de estas donaciones también tiene implicaciones en términos de desigualdad. El economista Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea, señala que las transferencias anticipadas reflejan tanto las dificultades del mercado inmobiliario como un factor que puede ampliar las diferencias de patrimonio entre familias. Uno de los cambios estructurales que explica este fenómeno es el envejecimiento de la población, que retrasa cada vez más la edad a la que se reciben las herencias. Y esto tiene consecuencias importantes porque la riqueza tiende a acumularse con el tiempo. Recibir una herencia a los 35 años, por ejemplo, permite utilizar ese capital para comprar una vivienda o aumentar el patrimonio. Cuando la herencia llega mucho más tarde, esa oportunidad se reduce. Para compensar este retraso, algunas familias optan por adelantar parte de la herencia mediante donaciones. Sin embargo, no todos pueden hacerlo. A diferencia de la herencia tradicional, las donaciones dependen de la capacidad económica de cada familia. En un país donde gran parte del patrimonio está concentrado en la vivienda, muchos hogares no disponen de suficiente liquidez para transferir dinero en vida. Por ello, suelen ser los padres con mayor capacidad económica quienes pueden ayudar a sus hijos en el momento clave de la compra de una vivienda. Elena de la Plaza, responsable del área de sucesiones en Vestalia Abogados, confirma que en los últimos meses han aumentado notablemente las consultas relacionadas con este tipo de operaciones, ya sea mediante donaciones de dinero o incluso de inmuebles. No obstante, matiza que su despacho suele atender a clientes interesados en planificación patrimonial, lo que influye en el perfil de casos que reciben. Según concluye Conde-Ruiz, el resultado es claro: mientras algunos jóvenes pueden compensar el retraso en la recepción de una herencia gracias a las donaciones familiares, otros no solo heredan más tarde, sino que tampoco cuentan con esa ayuda previa para acceder a la vivienda.

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(Cinco Días,06-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La gasolina en España registra su mayor subida en ocho meses por la crisis en Oriente Próximo

El conflicto en Irán ya está teniendo impacto en el bolsillo de los automovilistas españoles. El precio medio de la gasolina se sitúa en 1,486 euros por litro y el del diésel en 1,441 euros, según el último Boletín Petrolero de la Unión Europea. Ambos carburantes han encarecido más de un 1% en apenas una semana. Aunque pueda parecer un incremento moderado, resulta significativo en un plazo tan breve: en el caso de la gasolina, es el mayor repunte desde finales de junio, coincidiendo entonces con otro ataque de Estados Unidos contra Irán en apoyo a la ofensiva iniciada por Israel. Con esta subida, el combustible alcanza en España niveles máximos de los últimos tres meses. Además, no se descarta un nuevo aumento en los próximos días, ya que los datos publicados recogen precios hasta el 2 de marzo y, desde entonces, el barril de Brent -referencia en Europa- ha continuado al alza. Actualmente supera los 83 dólares, tras revalorizarse cerca de un 8% en la semana en la que Irán anunció el bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. La tendencia alcista ya venía de semanas anteriores: tanto la gasolina como el diésel encadenan siete semanas consecutivas de incrementos. Sin embargo, la escalada bélica en Oriente Próximo ha intensificado las subidas y ha reavivado el temor a un repunte inflacionista, después de que el IPC se situara en el 2,3% en febrero en España. Este escenario podría presionar a las autoridades para adoptar medidas, ya sea mediante ayudas fiscales para aliviar el coste a los hogares -una opción que el Gobierno contempla si la situación empeora- o, en un plano más amplio, con eventuales subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Aunque esta última posibilidad aún parece lejana, el euríbor ya refleja mayores expectativas en esa dirección, encareciendo las hipotecas variables. El encarecimiento de los carburantes ha sido general en toda la Unión Europea. De media, en los Veintisiete la gasolina ha subido más de un 1,5% y el diésel más de un 2%, incrementos superiores a los registrados en España. En comparación con hace un año, los precios en España siguen ligeramente por debajo, mientras que en el conjunto de la UE el diésel ya supera los niveles de entonces. Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros cuesta en torno a 82 euros para un vehículo de gasolina y algo más de 79 euros en el caso del diésel. España se sitúa en una posición intermedia dentro de la UE: en 13 países la gasolina es más cara y en otros 13 más barata. Países Bajos registra el precio más elevado, con 2,069 euros por litro, mientras que Bulgaria ofrece el más bajo, con 1,229 euros. En diésel, hasta 20 países presentan tarifas superiores a las españolas. En los mercados financieros, las grandes petroleras ya reflejan en Bolsa el posible aumento de beneficios derivado del encarecimiento del crudo. Repsol, por ejemplo, acumula una subida semanal superior al 7%, en línea con la revalorización del Brent. Juan Luis Jiménez, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, recuerda que el combustible que actualmente se vende fue adquirido por las compañías hace al menos dos meses, a precios distintos. Según explica, la literatura económica muestra que ante perturbaciones como la actual los precios minoristas reaccionan con rapidez, pero cuando el shock desaparece no suelen bajar con la misma velocidad. Por ello, aconseja a los consumidores no anticipar repostajes: si se dispara la demanda, los precios podrían aumentar aún más.

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(Expansión, 06-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España y Portugal acuerdan un mercado común de comercio, licitaciones y crédito

El Gobierno de España y el de Portugal tienen previsto acordar hoy el impulso de un verdadero mercado ibérico común. La iniciativa, que se presentará durante la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada en La Rábida (Huelva), pretende suprimir obstáculos geográficos y administrativos para que las empresas puedan operar a ambos lados de la frontera con mayor facilidad, tanto en el ámbito comercial como en el acceso a financiación o a concursos públicos. Este plan se alinea con la estrategia del Ministerio de Economía para reducir las trabas existentes entre comunidades autónomas españolas y aspira además a servir de referencia para reforzar el mercado único dentro de la Unión Europea, mediante normas empresariales comunes en los 27 Estados miembros. Según explicó a este diario el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Israel Arroyo, la propuesta va más allá de simplemente aproximar regulaciones o permisos empresariales. El objetivo es eliminar barreras y unificar procedimientos, también en materia de contratación pública, de modo que compañías portuguesas puedan participar en licitaciones en España y empresas españolas hacerlo en Portugal, accediendo en igualdad de condiciones a contratos públicos en ambos países. La hoja de ruta también contempla otras medidas, como facilitar el reconocimiento recíproco de cualificaciones profesionales, avanzar hacia un sistema compartido de facturación electrónica entre empresas, simplificar la apertura de cuentas bancarias transfronterizas y reforzar la cooperación entre el Banco Português de Fomento (BPF) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Además, se plantea estudiar la creación de un sistema público conjunto de calificación crediticia que amplíe las posibilidades de financiación y las inversiones entre ambos territorios. Otro aspecto destacado es la intención de España y Portugal de impulsar conjuntamente nuevas interconexiones eléctricas con el resto de Europa. La cumbre se celebra bajo el lema "Alianza por la seguridad climática", y ambos gobiernos reivindican la llamada "solución ibérica" que limitó el precio del gas tras la invasión rusa de Ucrania, en un contexto en el que las tensiones internacionales, como el enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán, vuelven a presionar al alza los precios de la energía. En esencia, explica Arroyo, el acuerdo busca crear una zona de comercio y cooperación económica más estrecha, siguiendo ejemplos históricos como el Benelux, la unión económica creada en los años cuarenta por Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, que posteriormente inspiró la construcción de la Unión Europea. España y Portugal pretenden ahora adaptar ese modelo de integración a las condiciones y desafíos del siglo XXI. La iniciativa hispano-portuguesa también se inspira en las propuestas del ex primer ministro italiano Enrico Letta, quien en su informe sobre el futuro del mercado único defendió la idea de un "Estado 28": un marco común que facilite que una empresa establecida en un país de la UE pueda operar fácilmente en cualquier otro. Siguiendo esta lógica, el Gobierno español ha desarrollado el proyecto denominado "Régimen 20", cuyo objetivo es eliminar obstáculos internos y reducir las fronteras administrativas entre las comunidades autónomas, permitiendo que una empresa pueda operar en las 17 regiones y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla mediante procedimientos comunes y simplificados. El desarrollo de esta iniciativa comenzó el año pasado centrándose en cinco sectores especialmente afectados por las dificultades territoriales: comercio y hostelería, transporte, formación, profesiones reguladas y construcción de infraestructuras. Ahora, el Ejecutivo pretende ampliar este modelo incluyendo también a Portugal como primera experiencia de cooperación supranacional. La iniciativa recibirá un importante respaldo con la declaración conjunta prevista en la cumbre de hoy, inicialmente programada para el 29 de enero pero aplazada tras la tragedia ferroviaria de Adamuz, cuyos fallecidos fueron despedidos ese mismo día en un funeral celebrado también en Huelva. El encuentro, que contará con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del primer ministro portugués, Luis Montenegro, dará paso al "Foro Estratégico Luso-Español para Impulsar la Competitividad", encargado de avanzar en la implementación del mercado ibérico con resultados visibles a corto y medio plazo. Este proyecto busca reforzar una relación comercial ya muy intensa entre ambos países. Según datos del ICEX, en 2024 las exportaciones españolas a Portugal alcanzaron los 35.316 millones de dólares (alrededor de 30.000 millones de euros), destacando productos como combustibles y aceites minerales, automóviles, material eléctrico, maquinaria y plásticos. Por su parte, España importó bienes portugueses por valor de 18.105 millones de dólares (unos 15.300 millones de euros), lo que generó un saldo comercial favorable a España de aproximadamente 17.211 millones de dólares (14.600 millones de euros). El intercambio de servicios, superior a los 5.000 millones de dólares, también presenta un ligero superávit para España, mientras que la inversión y el empleo siguen aumentando en ambos sentidos.

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(Expansión, 06-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las empresas avisan de alzas de precios, freno a la inversión y financiación más cara

El conflicto en Oriente Próximo amenaza con reducir la competitividad de las empresas y afectar también a las exportaciones. Sectores como la logística, el transporte, la industria con alto consumo energético y la agricultura se perfilan entre los más perjudicados por el aumento del precio de la energía. Además, los cambios en las rutas y dinámicas del comercio internacional están obligando a las compañías a acelerar la elaboración de planes de contingencia. La guerra plantea una doble presión para el tejido empresarial. Por un lado, ya se están notando los mayores costes energéticos derivados del encarecimiento del gas y el petróleo. Por otro, existe el riesgo de un choque comercial con Estados Unidos si se materializan las amenazas lanzadas por Donald Trump en relación con la postura del Gobierno español respecto al conflicto con Irán. Los empresarios asumen que el incremento de los precios de la energía puede reactivar tensiones inflacionistas, pero también alertan de otros efectos indirectos, como la posible reducción de inversiones internacionales o el encarecimiento del crédito. Todo ello podría reducir los márgenes empresariales y debilitar la competitividad del sistema productivo, con consecuencias inciertas para la actividad exportadora, uno de los motores del crecimiento económico reciente. Aun así, las principales organizaciones empresariales consultadas señalan que las empresas han ganado capacidad de adaptación tras años marcados por tensiones geopolíticas y disputas comerciales, por lo que confían en poder mitigar los efectos más negativos del conflicto. También recuerdan que el comercio español con los países directamente implicados es relativamente reducido, aunque insisten en la necesidad de mantenerse alerta y preparar planes ante una posible prolongación o intensificación de la crisis. La preocupación, no obstante, es generalizada. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advierte del riesgo de un nuevo episodio inflacionario, similar al que siguió a la invasión de Ucrania, y pide al Gobierno que identifique a los sectores y colectivos más afectados para orientar las posibles ayudas. Desde Cepyme, su presidenta Ángela de Miguel explica que la guerra ya está teniendo repercusiones en los mercados energéticos internacionales, lo que se refleja en el precio del petróleo y, especialmente, del gas natural, con posibles repercusiones también en el coste de la electricidad. En su opinión, si el conflicto se prolonga, las pymes podrían afrontar un importante aumento de gastos y problemas en sus cadenas de suministro, lo que presionaría aún más sus márgenes en un contexto de financiación más exigente. Precisamente el posible encarecimiento del crédito es una de las mayores inquietudes del sector empresarial. El presidente de Confemetal, José Miguel Guerrero, señala que el principal temor es que la inflación -impulsada por el aumento de los costes energéticos- encarezca la producción y el transporte y vaya acompañada de condiciones financieras más restrictivas. Ante esta coyuntura, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, pide prudencia y vigilancia ante la volatilidad a corto plazo y advierte de que, a medio plazo, podría producirse una reorganización de los flujos comerciales que obligará a las empresas españolas a adaptarse con rapidez y reforzar sus planes de contingencia. En el ámbito financiero, la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, considera fundamental que Europa acelere su agenda de competitividad para reforzar su autonomía estratégica y poder afrontar las necesidades de energía, innovación y defensa. La incertidumbre también puede afectar a la llegada de nuevas inversiones. La presidenta de Multinacionales con España, Paloma Cabrera, explica que el aumento de costes y la inestabilidad geopolítica pueden presionar los márgenes de las empresas y condicionar las decisiones de inversión de las multinacionales. Cuando el precio de la energía se vuelve imprevisible, señala, también lo hacen los planes de crecimiento. En una línea similar, la directora ejecutiva de la Asociación Española de Centros de Datos (SpainDC), Begoña Villacís, apunta que los inversores suelen reaccionar con cautela ante escenarios de incertidumbre, por lo que podrían retrasarse o congelarse temporalmente nuevos proyectos, como los relacionados con centros de datos. Sin embargo, considera que a medio y largo plazo la demanda de infraestructuras digitales y la posición energética de España podrían reforzar su papel como centro europeo en este ámbito. Si el conflicto se prolonga, también podrían resentirse las exportaciones. Según José Luis Bonet, una desaceleración de la economía mundial reduciría la demanda exterior y frenaría el crecimiento de las ventas internacionales. Desde el Club de Exportadores señalan que el impacto directo es limitado, ya que las exportaciones españolas a los países más afectados por el conflicto rondan entre 2.000 y 3.000 millones de euros al año, pero advierten de que el aumento general de precios acabaría afectando a la mayoría de las empresas exportadoras, especialmente a la industria intensiva en energía. El presidente de CEIM, Miguel Garrido, subraya que las tensiones comerciales afectan tanto a las importaciones como a las exportaciones: por un lado, encarecen el acceso de los consumidores a productos competitivos y, por otro, dificultan la expansión internacional de las empresas y la creación de empleo. Las pymes y los autónomos serían probablemente los más perjudicados, al contar con menores márgenes. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, destaca que el encarecimiento del combustible supone un problema importante para sectores como el taxi, el transporte o la agricultura, muy dependientes del uso de carburantes. Entre las actividades más expuestas se encuentran la logística y el transporte, considerados pilares de la economía y donde el diésel representa cerca del 40% de los costes operativos. El presidente de la organización empresarial UNO, Francisco Aranda, explica que el aumento del precio del gas también eleva el coste de la electricidad en plataformas logísticas, almacenes y centros de distribución, además de encarecer el transporte aéreo. Entre los productos más afectados se encuentran la electrónica, los semiconductores, los medicamentos, la moda rápida, los repuestos industriales y las mercancías vinculadas al comercio electrónico. En el sector del automóvil, la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, advierte de que un incremento prolongado de los costes energéticos podría reducir la demanda y ralentizar la renovación del parque automovilístico. Aun así, confía en la solidez del sector, aunque insiste en la importancia de mantener un entorno estable que favorezca la inversión y el empleo.

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(El Mundo, 06-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump tilda a España de "perdedor" y le acusa de ser "muy hostil" con la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este jueves a criticar duramente a España, a la que calificó como un país "perdedor", acusándola además de mantener una actitud "muy hostil" hacia la OTAN. El mandatario reprochó que el Gobierno español sea el único aliado que se opone a destinar el 5% de su PIB al gasto en defensa y advirtió de posibles consecuencias por esta postura. "Hay muchos ganadores, pero España es un perdedor", declaró Trump en una entrevista telefónica concedida al diario New York Post. Durante la conversación, el presidente estadounidense también expresó nuevamente su "decepción" con Reino Unido debido a su posición inicial de rechazar el uso de sus bases militares para llevar a cabo ataques contra Irán. Trump insistió en que España está actuando de forma "muy hostil" hacia la OTAN y criticó que sea "el único país" que se resiste a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. "Se comportan de manera muy hostil con todos (...) No están actuando como un aliado comprometido, y nosotros tampoco lo haremos con ellos", advirtió, en un mensaje que deja entrever posibles represalias hacia el Gobierno de Pedro Sánchez.

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(Expansión, 05-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

EEUU elevará "probablemente esta semana" el arancel global al 15%

Este gravamen de alcance mundial se aplica en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite establecerlo durante un máximo de 150 días. El arancel global del 10% impuesto por Estados Unidos, tras la anulación por parte del Tribunal Supremo de los denominados aranceles recíprocos, se elevará al 15% "probablemente esta semana", según ha adelantado el secretario del Tesoro, Scott Bessent. "Es muy posible que ocurra esta misma semana", señaló el principal asesor económico de Donald Trump en declaraciones a la cadena CNBC. Bessent recordó que esta tasa general se ha activado al amparo de la citada Sección 122, que autoriza su aplicación temporal por un periodo de 150 días. Durante ese plazo, el Gobierno estadounidense estudiará otras vías legales para mantener o redefinir los aranceles, como las contempladas en las secciones 301 y 232 de la misma norma. Aunque estos procedimientos son más lentos, el responsable del Tesoro destacó que ofrecen una base jurídica más sólida. Además, expresó su confianza en que, una vez transcurridos cinco meses, los aranceles regresen a su nivel previo. Cabe recordar que el pasado 24 de febrero Estados Unidos comenzó a aplicar el arancel universal del 10%, después de que el Tribunal Supremo invalidara la mayoría de los gravámenes aprobados por Washington al considerar que la Casa Blanca se excedió en sus competencias al recurrir a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para fijar dichas tarifas.

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