(Cinco Días, 29-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La banca sigue engordando su cartera de deuda y supera los 200.000 millones por primera vez en 11 años

Los bancos han tomado nota del nuevo escenario. Tras años en los que los tipos de interés cercanos a cero redujeron sus márgenes de beneficios, la rápida subida de tasas para contener la inflación trajo consigo un respiro inesperado. Con el encarecimiento del dinero, las entidades financieras vieron mejorar sus ingresos, su rentabilidad y el valor de sus acciones, que habían estado en niveles bajos durante un tiempo. Sin embargo, tres años después, la política monetaria ha entrado en una fase de moderación: los tipos se sitúan ahora en el 2%, es decir, unos 250 puntos básicos por debajo de su nivel de hace poco más de un año. Con este entorno de tipos más bajos, es previsible que el margen de intereses -es decir, la diferencia entre lo que los bancos ganan por los préstamos y lo que pagan por los depósitos- comience a disminuir. Esta tendencia ya empieza a hacerse notar: en el primer semestre del año, el margen de intereses cayó un 5,1% en Bankinter y un 2,7% en Sabadell. Para hacer frente a esta caída, las entidades están desplegando nuevas estrategias con el fin de mantener los ingresos. Además de aumentar comisiones y dinamizar la concesión de préstamos, han apostado por una gestión activa de sus carteras de deuda. A medida que los rendimientos de los bonos se alejaban de sus mínimos históricos, los bancos intensificaron la compra de deuda pública. Según datos del Tesoro, en abril -último mes con cifras disponibles-, las entidades nacionales poseían bonos por un valor total de 206.493 millones de euros, 26.646 millones más que en el mismo mes del año anterior, alcanzando el nivel más alto desde 2014, cuando las tenencias tocaron un récord de 224.455 millones. Todo indica que esta tendencia se mantendrá en un escenario de tipos moderados. "En un contexto de tipos a la baja, los bancos tienden a incrementar su exposición a deuda pública como una forma de proteger el margen de intereses. Aumentar esta tenencia suele traducirse en una mayor contribución de la cartera de renta fija", explica Nuria Álvarez, analista de Renta 4. Este contexto es muy diferente al de hace una década. Entonces, en plena crisis de deuda en la eurozona y con países como Italia, Portugal e Irlanda siendo rescatados -al igual que el sistema financiero español-, los bancos compraban deuda para cubrir sus necesidades de liquidez. Hoy, en cambio, las compras de bonos soberanos no responden a la falta de demanda -las últimas emisiones sindicadas recibieron solicitudes por 374.000 millones, 10 veces más de lo ofrecido-, sino a la necesidad de reforzar la rentabilidad ante la caída de tipos. Invertir en bonos del Estado permite a los bancos reducir su exposición a los movimientos de los tipos de interés, al tiempo que genera potenciales plusvalías. Además de los ingresos derivados de los cupones, la revalorización de los bonos en un entorno de rendimientos decrecientes permite a las entidades obtener ganancias si deciden vender esos activos. "La venta de deuda para generar ROF (resultado de operaciones financieras) ha sido clave para compensar la caída de los márgenes de intereses y las comisiones", añade Álvarez. A pesar del incremento constante de la exposición a deuda pública española, los analistas descartan riesgos de contagio entre el sector financiero y el soberano. Los bancos no están comprando para salvar emisiones del Tesoro. De hecho, los inversores internacionales han tenido un papel destacado, cubriendo más del 85% de la demanda en emisiones sindicadas. A finales de abril, los inversores no residentes seguían siendo los principales poseedores de deuda española, con 657.506 millones de euros -el 46% del total-. En los primeros cuatro meses del año compraron 48.119 millones, y en los últimos doce meses acumularon adquisiciones por 84.404 millones. La combinación entre el apetito inversor internacional y las compras bancarias está compensando la retirada del BCE y la menor participación del inversor minorista. Desde 2023, el Banco Central Europeo dejó de reinvertir los vencimientos del programa APP, lanzado en 2015, y a finales de 2024 hizo lo mismo con el PEPP, creado durante la pandemia. Desde su pico en 2022, cuando el BCE poseía 413.574 millones en deuda española, su cartera se ha reducido en 55.179 millones, hasta situarse en 358.395 millones. Aun así, continúa siendo el segundo mayor tenedor, con alrededor del 25% del total. La retirada progresiva del inversor minorista se explica por la caída de la rentabilidad de las letras, que a finales de 2023 rozaban el 4%, pero han ido perdiendo atractivo desde entonces. Aunque siguen siendo vistas como una opción segura para proteger los ahorros, ya no superan a la inflación, lo que ha frenado la entrada de nuevos fondos. Según el Banco de España, a mayo los particulares poseían letras por valor de 21.980 millones de euros, lejos de los 27.446 millones de un año antes. La confianza en la economía española también se refleja en el mercado secundario. Pese al aumento esperado de emisiones para cubrir el gasto en defensa y los desequilibrios fiscales de grandes economías como Estados Unidos, Francia o Reino Unido, la deuda española ha mostrado una notable resistencia. El bono a 10 años se mantiene en torno al 3,27%, algo por encima del 3,06% de principios de año, mientras que el bono alemán cotiza cerca del 2,68%, frente al 2,37% de diciembre pasado. Esta estabilidad ha contribuido a reducir la prima de riesgo por debajo de los 60 puntos básicos. El buen desempeño de la economía ha permitido al Tesoro mantener su apuesta por emisiones a largo plazo. Una estrategia que contrasta con la de otros países como Japón o Reino Unido, que han reducido la duración de sus emisiones ante la menor participación de grandes inversores institucionales. En España, la menor necesidad de refinanciación ha amortiguado el impacto del repunte de tipos. A cierre de junio, el coste medio de la deuda pública española rondaba el 3%, frente al 1,642% de 2021, justo antes de que el BCE diera fin a la era de los tipos de interés cero.

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(Cinco Días, 29-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Un mal acuerdo comercial para Europa que lanza un mensaje preocupante

La percepción del acuerdo comercial alcanzado este domingo en Escocia entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, varía considerablemente según la cercanía con las negociaciones. Quienes participaron directamente en los diálogos con representantes estadounidenses expresan alivio y subrayan que el resultado pudo haber sido peor. "Detengámonos un momento a reflexionar sobre la alternativa: una guerra comercial, que algunos parecen desear, tendría consecuencias muy graves", advirtió este lunes el comisario de Comercio, Maros Sefcovic. En contraste, los expertos que analizan el resultado desde una perspectiva técnica tienden a mostrar desilusión. Entre ambos extremos se encuentran los líderes que deben dar su aprobación al pacto, aunque lo hacen con escaso entusiasmo. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lo resumió así: "Apoyo este acuerdo comercial, pero lo hago sin entusiasmo alguno". Otros, como el primer ministro francés, François Bayrou, han sido mucho más críticos: "Es un día triste cuando una alianza de pueblos libres, unida para defender sus valores e intereses, opta por someterse". Quienes cuestionan el pacto consideran que la estrategia europea ha sido poco firme desde el principio. Olivier Blanchard, ex economista jefe del FMI, lo expresó pocas horas después de conocerse el acuerdo: "Cuando impera la ley del más fuerte, el débil no tiene más remedio que aceptar su destino. Pero Europa tenía margen para actuar con mayor firmeza. Ha perdido una gran oportunidad de enviar un mensaje contundente al mundo". Víctor Burguete, investigador sénior en el CIDOB de Barcelona, critica la actitud concesiva de Bruselas, que optó por ofrecer muchas ventajas a EE.UU. sin aplicar suficientes presiones. Cuando Washington impuso aranceles al acero, aluminio, automóviles y otros productos, la reacción europea fue lenta y moderada. Incluso cuando la UE preparó una respuesta con aranceles por valor de 21.000 millones de euros, los suspendió rápidamente para facilitar el diálogo. Mientras tanto, la Administración Trump mantuvo fuertes gravámenes: 25% al sector automotriz, 50% a acero y aluminio, y casi 15% en otros productos. Para Burguete, este es un mal acuerdo que transmite una señal preocupante: que la Unión Europea puede ser presionada con éxito. Desde el think tank Bruegel, Ignacio García-Bercero reconoce que "cierto desequilibrio era inevitable", aunque considera que la UE debería haber activado mecanismos de defensa como el instrumento anticoerción. Exjefe negociador europeo con EE.UU. durante el primer mandato de Trump, García-Bercero aboga por mantener vigentes las medidas aprobadas el viernes por el Consejo, que permitirían aplicar represalias por 93.000 millones de euros si Washington incrementa los aranceles nuevamente. "Es fundamental tener previstas represalias automáticas si EE.UU. supera el 15% de aranceles, incluso en sectores sensibles como el farmacéutico", afirma. Alberto Rizzi, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, considera que el temor a una guerra comercial fue determinante. "Muchos gobiernos europeos temían más los costes inmediatos de una confrontación comercial que los efectos de ceder ante Trump. Políticamente es un desastre, pero económicamente es lo mejor que se pudo obtener dadas las circunstancias", sentencia. Rizzi también advierte que un endurecimiento en el frente comercial podría haber afectado la cooperación en otros ámbitos, como el respaldo militar a Ucrania. Otro elemento clave fue la falta de unidad en la UE. Países como Alemania, con más exposición comercial, presionaron para llegar a un entendimiento rápido, lo que dejó de lado las posturas más firmes. El Gobierno de Giorgia Meloni, que confiaba en sacar ventaja gracias a su cercanía con Trump, terminó sin resultados positivos. Alemania, en cambio, se considera parcialmente beneficiada por haber logrado que los aranceles al sector automotriz se redujeran del 27,5% al 15%, como destacó Von der Leyen. Para Eric Dor, profesor de la Universidad Católica de Lille, los nuevos aranceles suponen una amenaza seria para la competitividad europea y pueden tener un fuerte impacto negativo en empleo y crecimiento. A su juicio, el efecto real es mayor al 15% porque debe sumarse la revalorización del euro, que en lo que va de año ha subido un 13% frente al dólar. Eso encarece los productos europeos un 28% en comparación con los estadounidenses, un problema que podría agravarse si continúa esa tendencia. Además, muchas importaciones de EE.UU. siguen sin barreras en Europa. Aunque el sector automotor ha conseguido cierta rebaja, Dor advierte que seguirá siendo uno de los más afectados, sobre todo considerando que el Reino Unido ha logrado que sus fabricantes queden exentos. También hay inquietud en las farmacéuticas de Alemania, Bélgica e Irlanda, ya que no todas sus exportaciones estarían protegidas. Lo mismo ocurre con los productores de maquinaria y bebidas alcohólicas. En el caso de España, aunque solo el 6% de sus exportaciones se dirigen a EE.UU., sectores como el del aceite de oliva se verán perjudicados. Burguete recuerda que otros países, como Japón o el Reino Unido, han obtenido acuerdos más equilibrados con reducciones arancelarias recíprocas del 15%. Finalmente, desde el Instituto de Economía Mundial de Kiel se advierte que el coste de evitar una guerra comercial con Trump ha sido abandonar los principios del multilateralismo y del comercio regulado. "En lugar de aceptar un acuerdo desfavorable, la UE pudo haberse aliado con otras economías afectadas -como Canadá, México, Brasil o Corea del Sur- para responder con fuerza a las amenazas de EE.UU.". Los expertos coinciden en temer que estos aranceles no desaparezcan, incluso después de que Trump abandone la presidencia en 2029.

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(Expansión, 29-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Alimentación, Defensa y Energía, entre los sectores españoles más afectados por el pacto con EEUU

El nuevo acuerdo comercial sobre aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea, que establece un gravamen del 15% a las exportaciones europeas sin una reciprocidad equivalente para las estadounidenses, tendrá impactos distintos según el sector económico al que se aplique. Aunque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que se trata del "mejor acuerdo posible", la industria agroalimentaria advierte de efectos negativos claros, especialmente en productos como el aceite de oliva y el vino. Desde Asoliva (Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva) consideran que, aunque el arancel no es el peor escenario imaginable, genera distorsiones en el mercado, ya que competidores como Turquía o Marruecos cuentan con aranceles más bajos, del 10%. Asoliva destaca que Estados Unidos apenas produce aceite de oliva -cubre menos del 3% de su consumo-, lo que lo convierte en un comprador clave, con unas importaciones anuales de 430.000 toneladas, de las cuales unas 180.000 provienen de España directamente, más otras 130.000 toneladas que entran de forma indirecta a través de Italia. "Es un mercado insustituible", afirma la asociación. Entre las empresas más expuestas están Dcoop, que exporta productos por valor de 200 millones de euros anuales a EE. UU., y Deoleo, propietaria de marcas como Carbonell o Koipe, que considera al país norteamericano un pilar clave de su crecimiento. Su presidente, Ignacio Silva, calificó el acuerdo como "una mala noticia desde cualquier punto de vista". La patronal FIAB (Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas) también lo considera un acuerdo "injusto y descompensado", perjudicando directamente los intereses de la industria española. Estados Unidos es el principal mercado fuera de la UE para el sector agroalimentario español, y el cuarto a nivel global, con exportaciones que superaron los 3.300 millones de euros en 2024. FIAB ya ha detectado un descenso del 3,7% en las exportaciones al mercado estadounidense durante el primer cuatrimestre, mientras que las importaciones desde EE. UU. aumentaron un 22,2%, reflejando una balanza comercial cada vez más desfavorable. Desde la Federación Española del Vino (FEV) se reclama la eliminación total del arancel. Según su director general, José Luis Benítez, EE. UU. fue en 2024 el principal destino para los vinos españoles envasados, tanto tranquilos como espumosos, y un impuesto del 15% podría reducir las ventas hasta un 10%. Además, advierte que mantener este arancel implicaría pérdidas de cuota de mercado, reducción de márgenes para las empresas y un deterioro en las relaciones comerciales a largo plazo. En contraste, el sector aeronáutico celebra que se mantenga la exención de aranceles para aviones y piezas de aeronaves, vigente desde 1979. Esto beneficia tanto a Airbus como a Boeing, que podrían haber sido seriamente afectados. Desde Airbus señalan que "un entorno comercial estable y predecible es crucial para una industria global tan interconectada". La industria de Defensa europea, sin embargo, ha recibido con preocupación el anuncio del acuerdo, que incluye un compromiso de la UE para adquirir material militar estadounidense por 600.000 millones de dólares (unos 512.000 millones de euros). La falta de detalles ha generado nerviosismo en los mercados: varias compañías del sector sufrieron caídas bursátiles importantes, como Hensoldt (-5,72%), Thales (-4,3%), Rheinmetall, SAAB, Alstom, Babcock y Leonardo, con descensos de entre el 2% y el 5%. La española Indra perdió más del 2%, aunque sigue acumulando una notable revalorización este año. El temor principal es que esta compra masiva a EE. UU. limite las oportunidades de negocio para las empresas europeas en el medio plazo. En cuanto al sector automotriz español, el impacto será desigual. Fabricantes de componentes como Gestamp, CIE Automotive o Antolin no sufrirán el efecto directo del arancel, ya que producen localmente para sus clientes en EE. UU. Sin embargo, se espera un efecto indirecto sobre las exportaciones de vehículos desde Europa, que podrían encarecerse debido al nuevo impuesto. El sector cerámico español, concentrado en Castellón, también está pendiente del impacto. En 2024, el 72% de su producción se destinó al extranjero, y Estados Unidos representó el 13,5% de las exportaciones (unos 470 millones de euros). Según la patronal Ascer, aunque aún no valoran con precisión los efectos del acuerdo, creen que los productos españoles -de mayor valor añadido- pueden resistir mejor los cambios. Además, destacan que su principal competidor, Italia, también se verá afectado por el mismo arancel. Otro punto clave del acuerdo es el compromiso europeo de compra de energía a Estados Unidos por casi 750.000 millones de euros en tres años, incluyendo petróleo, gas y combustible nuclear. Esto tendrá repercusiones para todas las grandes energéticas españolas, como Iberdrola, Naturgy, Endesa, Repsol, Moeve o Acciona Energía, aunque su impacto dependerá de las condiciones específicas del suministro, sobre todo los precios y si las compras son obligatorias o negociables. Actualmente, Estados Unidos ya es uno de los principales proveedores energéticos de España, especialmente en gas natural, desplazando parcialmente a Argelia y Rusia. Este año, ha sido el segundo proveedor con un 31% de cuota, apenas un punto por debajo de Argelia. También es el segundo proveedor en petróleo, tras Brasil, y podría convertirse en la fuente alternativa de uranio si España decide sustituir a Rusia. Para empresas del sector textil como Inditex y Mango, el nuevo acuerdo también tendrá efectos. En el caso de Inditex, EE. UU. representa más del 10% de su facturación global, con estimaciones que rondan los 4.000 millones de euros. Aunque la empresa está bien diversificada, el aumento de costes por el arancel podría suponer una reducción de márgenes o un alza de precios, afectando su competitividad. Mango, por su parte, planea seguir creciendo en EE. UU., con una inversión de 67 millones para ampliar su red de tiendas, y también se verá condicionada por el nuevo contexto comercial. Finalmente, Concha Santos, presidenta de Anci, la patronal de las constructoras medianas, manifestó preocupación por el posible encarecimiento de los materiales de construcción. Insistió en la necesidad de contar con mecanismos automáticos de revisión de precios en contratos públicos, una vieja demanda del sector, que cobra ahora más relevancia ante la incertidumbre generada por este acuerdo.

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(El País, 29-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Un trabajador necesita más de 45 años de media para comprar un piso

El precio de la vivienda en España continúa subiendo de forma constante, dificultando cada vez más que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda sin tener que dedicar una parte excesiva de sus ingresos mensuales al pago de la hipoteca. Según el informe "Convenios colectivos y derecho a la vivienda", publicado este lunes por UGT, un trabajador medio necesitaría más de 45,6 años destinando el 40% de su salario neto -límite de esfuerzo recomendado por la OCDE y superior en 10 puntos al fijado por la Ley de Vivienda- para poder pagar una vivienda. Esta cifra representa un 50% más de tiempo si se compara con el periodo que sería necesario en caso de que no se aplicaran intereses: 30,4 años. La situación es especialmente crítica en regiones como Madrid, Cataluña o Baleares, donde el valor de una vivienda, según el índice del portal Fotocasa, equivale a entre 20 y 25 años de salario bruto completo. UGT advierte que, con estas cifras, la vivienda se ha transformado en un bien de "lujo inaccesible" para la mayoría de los trabajadores. "Hoy en día, ni alquilar ni comprar representa una opción viable para miles de personas cuyos ingresos provienen del trabajo", señala el estudio. Respecto al mercado de alquiler, el informe denuncia que algunos asalariados se ven obligados a destinar la totalidad de su sueldo al alquiler si quieren acceder a una vivienda de tamaño básico. Esto sucede especialmente entre los trabajadores de sectores como la hostelería, el comercio o el campo en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, así como en las categorías salariales más bajas del sector de limpieza de edificios y locales en lugares como Baleares o Málaga. De los 195 casos analizados -que estudian los salarios netos de categorías bajas, medias y altas en diversos sectores y regiones-, solo en el 15% el coste del alquiler no supera el umbral de esfuerzo recomendado. En los demás, el esfuerzo requerido es tan elevado que, según los autores, el acceso a una vivienda resulta "una ilusión". El informe también subraya que el impacto de las hipotecas varía según el convenio y la región. En sectores como comercio, limpieza o agricultura, el gasto hipotecario supera el 40% del salario neto para trabajadores con sueldos medios en prácticamente todo el país. Incluso en sectores con mejor retribución, como la Industria del Metal, se sobrepasan los límites razonables en territorios como Baleares, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Gipuzkoa. Ante este escenario, la vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, ha afirmado que la diferencia entre salarios y precios de la vivienda es tan grande que compromete uno de los pilares esenciales de una vida digna. El informe reclama una mejora clara de los salarios, y sostiene que no se puede hablar de derecho a la vivienda sin hablar de empleo decente. Si no se garantiza el aumento de sueldos, la estabilidad en el empleo y una negociación colectiva fuerte, advierten, el problema de la exclusión residencial seguirá creciendo. El documento señala que, en ciertas zonas, los salarios netos deberían duplicarse para que los trabajadores puedan dejar de destinar una parte tan elevada de sus ingresos al alquiler. Por este motivo, UGT propondrá en el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) -que se actualizará este año- que el precio de la vivienda se utilice como un indicador clave a la hora de pactar incrementos salariales. Durante la presentación del informe, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha añadido que también debería tomarse en cuenta la información del Observatorio de Márgenes Empresariales para fijar sueldos en los convenios colectivos, ya que estos datos reflejan con precisión la evolución de los beneficios empresariales. Entre las medidas adicionales que reclama el sindicato están la aplicación efectiva de la Ley de Vivienda, incluyendo la declaración de zonas tensionadas y el control de precios del alquiler, así como la ampliación del parque de vivienda pública. UGT también propone incentivos fiscales y cambios regulatorios que fomenten el uso de viviendas vacías. Finalmente, hace un llamamiento a todas las administraciones públicas, independientemente de su nivel, a coordinar esfuerzos frente a la crisis habitacional. "No se trata solo de una cuestión de negociación colectiva, sino de un problema mucho más profundo, ligado a la dignidad y a los derechos humanos. Si no se actúa, esto puede desembocar en un estallido social", concluyó Luján.

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(Cinco Días, 28-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La UE se resigna a un arancel del 15% a sus exportaciones para cerrar un pacto comercial con Estados Unidos

La Unión Europea se ha resignado a aceptar un arancel del 15% general a sus exportaciones hacia Estados Unidos. No habrá una imposición similar, en cambio, para los productos estadounidenses que compre Europa. Este es el principio básico del pacto al que han llegado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este domingo en un campo de golf propiedad del propio Trump en Escocia. No hubo sorpresas, pese a que el estadounidense ha mantenido la presión hasta el momento antes de comenzar la reunión, cuando ha dicho que creía que había un 50% de opciones de cerrar la guerra comercial que él mismo abrió con la Unión Europea entre marzo y abril y que ha alterado la relación comercial más intensa del mundo. "Va a ser el mayor de los acuerdos", ha proclamado Trump con su habitual grandilocuencia. "Lo hemos logrado y es bueno", se ha felicitado Von der Leyen, quien ha liderado una Comisión Europea que ha perseverado en la negociación y en la salida pactada hasta el final. Este arreglo, que evita una escalada que podría ser peor, es claramente desequilibrado para los intereses europeos. Que Estados Unidos ha logrado imponer su posición queda claro en el resultado, pero también en las propias palabras de Von der Leyen. Antes de entrar a la reunión aseguraba que se trataba "de reequilibrar la situación". "Tenemos un superávit. Estados Unidos tiene un déficit y tenemos que reequilibrarlo", concedía. Al acabar, en su encuentro ante la prensa habló de un "acuerdo que crea certeza en tiempos inciertos, da estabilidad y predictibilidad para ciudadanos y empresas a ambos lados del Atlántico". Para evitar valoraciones, no puso énfasis en los números y huyó de los calificativos que había utilizado Trump. A falta de conocerse todos los detalles del pacto alcanzado en Escocia, el acuerdo, discutido durante semanas entre los dos bloques que más bienes y servicios intercambian en el mundo, consolida el punto de partida desigual en el que empezaron estas negociaciones. Porque cuando en abril empezaron las conversaciones, Washington aplicó a la UE los falsamente llamados "aranceles recíprocos" con un 10% adicional que se sumaba al 4,8% general que ya gravaba los productos europeos que entraban en Estados Unidos antes de que Trump llegara a la Casa Blanca. Ahora toda la imposición se englobaría, según lo que ya se sabía antes del encuentro de este domingo, en el 15%. Si estos números se confirman, el resultado es claramente desigual. Los datos del centro europeo de estudios Bruegel concluían hace unas semanas que el arancel medio aplicado a las importaciones europeas a Estados Unidos era del 1,45% en 2023. Y a la inversa, del 1,32%. Ahora, ese cálculo sería muy diferente teniendo en cuenta que Washington va a aplicar un 15% de arancel general. Esa tasa también se aplicará a los coches. El daño que podía provocar a este sector una escalada arancelaria ha estado muy presente en todo momento en las negociaciones. "No deberíamos olvidar de dónde venimos, hoy los coches pagan 27,5% y hemos logrado bajarlo al 15%. Es lo mejor que podíamos lograr", ha admitido la alemana con resignación, recordando que este último porcentaje también se aplicará a los productos farmacéuticos, para semiconductores y para la agricultura. Habrá algunas excepciones en productos estratégicos para Estados Unidos. Así, el arancel será inexistente en la aviación, algunos chips, materias primas críticas y algunos productos agrícolas. Que Von der Leyen haya incluido al sector farmacéutico en el listado de productos que pagarán el arancel general ha generado cierta confusión porque al comienzo de la reunión Trump había dicho que Estados Unidos quiere que los medicamentos se fabriquen en su país. Cuando se le han pedido explicaciones sobre esto, la alemana ha asegurado que lo expresado por el presidente estadounidense afectaría al resto del mundo, pero no a Europa. Trump también ha subrayado, además, que la UE se comprometía a comprar combustibles de procedencia estadounidense por valor de 750.000 millones de dólares (unos 640.000 millones de euros). Bruselas ha confirmado estos datos, pero ha matizado que será a lo largo de tres años y lo ha presentado como una forma de desvincularse más del crudo y el gas ruso. También habría compromisos de inversión y de compras de armamento estadounidense, pero no hay cifras por el momento.

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(Cinco Días, 28-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las Bolsas europeas y el euro suben por el optimismo comercial

El esperado acuerdo comercial alcanzado este domingo entre la Unión Europea y Estados Unidos, que establece un arancel del 15% a las exportaciones europeas (la mitad de lo inicialmente amenazado) y compromete a la UE a adquirir energía y material militar estadounidense, ha sido bien recibido por los mercados bursátiles europeos. Aunque el trato favorece principalmente a EE. UU., los inversores celebran haber evitado una escalada arancelaria prevista para el 1 de agosto, lo que reduce las incertidumbres económicas. La confianza mejora y los futuros del EuroStoxx 50 suben un 1%, mientras que los del S&P 500 y Nasdaq avanzan un 0,4% y un 0,5% respectivamente. El euro también se fortalece frente a otras divisas. "El pacto aporta previsibilidad a las empresas y evita una confrontación comercial más grave entre dos aliados que juntos representan casi un tercio del comercio global. Se ha eliminado un riesgo importante", señaló Marc Velan, director de inversiones en Lucerne Asset Management desde Singapur. Según él, los mercados lo ven como una señal de estabilidad en la política comercial. El Ibex 35, que ya había ganado un 1,77% la semana pasada por la confianza en los resultados empresariales y las negociaciones comerciales, comienza la jornada en 14.237 puntos. En EE. UU., los índices S&P 500 y Nasdaq alcanzaron nuevos récords el viernes, mientras que el Dow Jones cerró a un 0,25% de su máximo histórico de diciembre de 2024. El acuerdo establece un arancel del 15% para la mayoría de los productos europeos, mucho menos que el 30% inicialmente planteado por la administración Trump. Además, la UE se compromete a realizar inversiones por valor de unos 600.000 millones de dólares en Estados Unidos. "Un arancel del 15%, compras obligadas de energía y armamento y sin represalias por parte europea... esto no es un acuerdo equilibrado, es una muestra del poder negociador de EE. UU.", opinó Prashant Newnaha, estratega de TD Securities en Asia-Pacífico. Este pacto sigue al firmado recientemente entre Japón y Estados Unidos, que también establece aranceles del 15% para Tokio. Los países están cerrando acuerdos comerciales antes de la fecha límite del 1 de agosto, fijada por Donald Trump. Por su parte, EE. UU. y China retoman hoy en Estocolmo sus negociaciones, y se espera una extensión de la tregua comercial por 90 días más. Según el South China Morning Post, ambas potencias quieren evitar nuevos aranceles antes del 12 de agosto. En Asia, los mercados presentan variaciones leves. El índice MSCI de Asia-Pacífico (sin Japón) avanza un 0,27%. El Nikkei japonés retrocede un 0,8% tras su reciente máximo anual. En China, el Shanghai Composite y el CSI 300 caen un 0,2%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong sube un 0,5%. En el mercado de divisas, el euro se fortalece frente al dólar, la libra y el yen. En cuanto a las materias primas, los precios del crudo suben un 0,5%, tanto el Brent como el WTI. En contraste, el oro pierde valor y alcanza su nivel más bajo en casi dos semanas, ante un menor interés por activos refugio. Los inversores seguirán esta semana las reuniones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. y del Banco de Japón, así como el informe de empleo estadounidense y los resultados financieros de grandes tecnológicas como Apple, Microsoft y Amazon. Aunque se espera que ambos bancos mantengan los tipos de interés, sus mensajes serán clave para anticipar futuras decisiones. El acuerdo entre Japón y EE. UU. podría llevar al BoJ a subir las tasas este año, mientras que la Fed podría ser más prudente, esperando datos sobre el impacto inflacionario de los aranceles antes de tomar medidas. Por otro lado, las fricciones entre la Casa Blanca y la Fed aumentan, con Trump criticando al presidente del banco central, Jerome Powell, por no reducir los tipos. Dos miembros del organismo, nombrados por Trump, han mostrado disposición a apoyar una bajada de tasas este mes.

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(El País, 28-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Cómo afecta a España el acuerdo arancelario alcanzado entre la UE y EE UU

La Unión Europea ha acordado aplicar un arancel del 15% a sus exportaciones dirigidas a Estados Unidos, en un acuerdo cerrado entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el mandatario estadounidense, Donald Trump. Este entendimiento, alcanzado el domingo, llega casi cuatro meses después de que la Casa Blanca diera inicio formal a su ofensiva comercial global. A pesar del nuevo impuesto, el impacto en la economía española será limitado, ya que solo el 5% de sus exportaciones tiene como destino EE. UU. No obstante, hay sectores que podrían verse más afectados, como el agroalimentario -incluyendo aceite y vino-, así como la maquinaria y los equipos eléctricos. Las negociaciones entre Bruselas y Washington comenzaron a mediados de abril, pocos días después de que Trump anunciara una ola de aranceles a escala global, alterando el equilibrio económico internacional. Durante los meses siguientes, en medio de la presión de los mercados, Trump cambió de rumbo varias veces, pospuso medidas y selló acuerdos bilaterales con países como Reino Unido y Japón. En ese lapso, diversos organismos elaboraron estudios para calcular el posible efecto de estas tarifas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó que España sería una de las economías menos afectadas dentro de la UE por un arancel del 10%, inicialmente previsto por Washington, que incluso llegó a hablar de un 20% para Europa. Según el FMI, cada 10 puntos porcentuales de arancel se traducen en una reducción del 0,1% del PIB español. Así, el arancel del 15% pactado implicaría una caída estimada del 0,15% en la actividad económica a corto y medio plazo. El Banco de España presentó una estimación similar: con un arancel del 10%, proyectaba una reducción del 0,11% del PIB en un periodo de tres años. La razón principal de este impacto limitado está en el bajo nivel de intercambio comercial entre España y Estados Unidos. De hecho, España mantiene un déficit comercial con ese país: en 2024 importó bienes por más de 28.000 millones de euros y solo exportó cerca de 18.000 millones, generando un saldo negativo de unos 10.000 millones. Además, los servicios -que no están sujetos a estos aranceles- ocupan un lugar importante en las relaciones económicas bilaterales. Aun así, ciertos sectores sí sentirán con mayor intensidad las consecuencias del acuerdo, como ya ocurrió durante el primer mandato de Trump con otras medidas similares. Uno de los casos más notables es el del vino: Estados Unidos es el segundo mayor comprador de vino envasado español (después del Reino Unido) y el principal destino de los vinos espumosos. En 2024, las exportaciones españolas de vino a EE. UU. alcanzaron los 390 millones de euros, según la Federación Española del Vino (FEV). El aceite de oliva también está entre los productos más vulnerables. Según el Ministerio de Economía, España exporta productos agroalimentarios a EE. UU. por más de 3.500 millones de euros al año, y más de 1.000 millones corresponden al aceite de oliva. Desde el punto de vista del consumidor estadounidense, esto también supone un encarecimiento, ya que más del 30% del aceite que consume proviene de España, al igual que una proporción similar de las aceitunas. Otro sector con gran exposición es el de maquinaria y material eléctrico y mecánico, que depende en gran medida del mercado estadounidense. Las exportaciones españolas en este rubro superaron los 4.000 millones de euros en 2024. También destacan las manufacturas de piedra, vidrio, joyería, y los productos metálicos, todos ellos con ventas a EE. UU. superiores a los 1.000 millones de euros, según datos de la Cámara de Comercio. Los productos químicos y farmacéuticos también tienen una presencia significativa en el mercado estadounidense, con exportaciones por encima de los 3.000 millones de euros el año pasado. Sin embargo, de acuerdo con la información preliminar del acuerdo, estos sectores podrían quedar parcialmente exentos del nuevo arancel. Von der Leyen ha indicado que ciertos productos considerados estratégicos -como algunos medicamentos, químicos, componentes aeronáuticos, chips y artículos agrícolas- estarán libres de aranceles. Más allá del impacto directo del gravamen del 15%, que variará según el sector, hay que tener en cuenta los efectos indirectos. El acuerdo afecta por igual a todos los países miembros de la UE, ya que el bloque actúa como un mercado único y no se permite establecer tarifas diferenciadas por nación. Este contexto genera implicaciones adicionales. Por ejemplo, España no exporta automóviles completos a EE. UU., pero sí piezas que otros países europeos usan para fabricar vehículos destinados al mercado estadounidense. Estos también estarán sujetos al arancel del 15%, que sustituye al 25% previo, lo cual tendrá efectos en cadena. Además, si la economía europea -ya debilitada- sufre una desaceleración por la guerra comercial, será más difícil redirigir la producción afectada hacia otros mercados alternativos.

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(El Economista, 28-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La gran banca introduce Bizum en los pagos de las tiendas físicas

CaixaBank, BBVA y Santander están impulsando la expansión de Bizum como método de pago más allá de las transferencias entre particulares, llevándolo al ámbito comercial. Los tres bancos han incorporado una función en sus terminales de punto de venta (TPV) que permite a los comercios aceptar pagos directamente desde el móvil del cliente. Esta herramienta, que debutó en abril con BBVA y ya ha sido adoptada por las otras dos entidades, se instala en TPVs con sistema Android y permite al comercio enviar un enlace de cobro al cliente ingresando su número de teléfono. El usuario recibe una notificación en su móvil y debe autorizar la operación desde la aplicación de su banco para completar el pago. Esta funcionalidad sigue el modelo ya utilizado en el comercio electrónico para el cobro de facturas, pedidos o reservas, y responde al creciente interés por facilitar pagos móviles sin necesidad de introducir contraseñas. Es, además, un paso previo al desarrollo de una nueva solución que permitirá realizar pagos con Bizum directamente desde el TPV, como se hace con cualquier otro medio de pago. Esta opción, aún en fase de diseño, está prevista para lanzarse el próximo año y será accesible para todas las entidades financieras. El uso generalizado de Bizum entre los usuarios está llevando a los bancos a integrarlo en más servicios y ofertas comerciales, especialmente en aquellas dirigidas a captar nuevos clientes. También se ha convertido en una herramienta clave para neobancos y fintech que buscan afianzar su relación con los usuarios, ya que la ausencia de Bizum dificulta convertirse en su banco principal. Desde el punto de vista del sistema financiero, el impulso a Bizum cobra aún más sentido en un contexto en el que se trabaja en la creación de un gran sistema de pagos europeo que compita con los gigantes internacionales del sector. El Banco Central Europeo apuesta por el euro digital con el objetivo de garantizar la soberanía europea en materia de pagos y reducir la dependencia de proveedores externos, una necesidad acentuada por las actuales tensiones geopolíticas. Bizum ya ha logrado conectar sus servicios con los sistemas equivalentes de Italia y Portugal, permitiendo transferencias entre particulares en esos países. Además, dentro de la Alianza Europea de Pagos (EuroPA), se están desarrollando acuerdos con los sistemas de Noruega, Polonia, Dinamarca, Finlandia y Suecia, y se están negociando conexiones con Wero, una solución conjunta de Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos. Por ahora, la infraestructura se está enfocando en las transferencias entre usuarios, pero está previsto que en fases futuras se amplíe al ámbito de los pagos en comercios.

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(El Economista, 24-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admite y estudiará si la multa por no ofrecer un alquiler social al arrendatario es constitucional

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) examinará si las medidas adoptadas por la Generalitat para frenar los desahucios de personas vulnerables respetan la Constitución. En un auto fechado el 1 de julio de 2025, el tribunal considera que existe un "interés casacional objetivo" que justifica esclarecer si estas normas invaden competencias que, según el artículo 149.1 de la Constitución Española, corresponden en exclusiva al Estado en materia de legislación procesal y civil. La controversia gira en torno a la aplicación de la Ley 24/2015, reformada posteriormente por la Ley 1/2022, que obliga a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social antes de iniciar un proceso de desahucio. Esta normativa ha generado respuestas judiciales contradictorias en Barcelona, donde algunos juzgados han respaldado las sanciones impuestas en su aplicación, mientras que otros las han anulado. En concreto, el TSJC deberá valorar si el artículo 5.2 de dicha ley excede las competencias autonómicas al interferir en materias reservadas al Estado, como el funcionamiento de los procedimientos judiciales y el derecho civil. La revisión surge a raíz de un recurso contra una multa de 25.000 euros impuesta a un gran tenedor que no ofreció un alquiler social antes de presentar una demanda de desahucio. El recurso argumenta que no se consideró adecuadamente la posible inconstitucionalidad del precepto legal en cuestión. Cabe recordar que el requerimiento de ofrecer un alquiler social previo ha sido ya impugnado por partidos como el PP y Vox. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 20/2024, declaró inconstitucional la obligación de realizar dicha oferta antes de acudir a los tribunales, así como la de renovar contratos de alquiler social o subrogarlos a nuevos propietarios. Sin embargo, aclaró que esta decisión no afecta a los contratos ya firmados. En una sentencia posterior, la 25/2025, el Constitucional estableció que, si bien la Generalitat puede imponer sanciones administrativas, no puede imponer requisitos que dificulten el acceso a la justicia, ya que esa es una competencia exclusiva del Estado. Por tanto, la validez de la infracción establecida por la normativa catalana dependerá de que no impida la interposición de demandas judiciales y se limite estrictamente al ámbito sancionador administrativo.

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(Cinco Días, 23-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV ve riesgos para la estabilidad financiera ante la interconexión entre las criptos y las Bolsas

El Reglamento MiCA, la primera ley que regula de forma específica el sector de las criptomonedas en Europa, ha llegado con la intención de poner orden en un entorno que hasta hace poco carecía de normas claras. Su implementación coincide con un momento clave, marcado por avances legislativos, el respaldo de Donald Trump y el interés creciente de grandes inversores, factores que han impulsado al alza el mercado de los activos digitales. Aunque MiCA establece un marco común para toda la Unión Europea y busca ofrecer mayor protección a los inversores, los reguladores insisten en que la precaución debe seguir siendo la norma cuando se trata de criptomonedas. En este contexto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha lanzado por primera vez una advertencia sobre los riesgos que conlleva la creciente conexión entre el ecosistema cripto y los mercados bursátiles, ya que cualquier perturbación podría intensificar los efectos de contagio. Además, señala que la falta de transparencia de ciertos participantes dificulta la evaluación del riesgo sistémico. En su Nota de Estabilidad Financiera correspondiente al primer semestre de 2025, publicada este martes, el organismo regulador español ha transmitido un mensaje de alerta similar al emitido recientemente por el Banco Central Europeo (BCE). Este último destacó en su informe que son pocos los países que han legislado de forma completa este mercado, lo que provoca una fragmentación normativa que incrementa el riesgo de contagios entre fronteras en caso de crisis. Esto se agrava por la alta volatilidad de los activos digitales y su creciente relación con el sistema financiero tradicional. El BCE también subrayó que la falta de transparencia de una parte del sector plantea serias dificultades para medir el riesgo sistémico y los posibles efectos colaterales sobre las entidades bancarias de la eurozona. Las inquietudes de los supervisores no son menores. En Estados Unidos, numerosas compañías cripto buscan cotizar en Wall Street, mientras otras acumulan reservas en criptomonedas con la expectativa de que su valor aumente. En España, por ejemplo, la cadena de cafeterías Vanadi Coffee tiene previsto adquirir hasta 1.000 millones de dólares en bitcoin, a pesar de encontrarse en una situación cercana a la insolvencia. A esto se suma el crecimiento de las stablecoins, que despiertan preocupación debido a su estrecho vínculo con el mercado de deuda estadounidense. La normativa recién aprobada exige que las reservas de estas monedas estén invertidas en activos líquidos como bonos del Tesoro y deuda a corto plazo, lo cual podría incrementar la volatilidad y generar tensiones de liquidez si el mercado entra en crisis. Por estas razones, la CNMV insiste en la necesidad de actuar con cautela y recuerda los peligros asociados a la inversión en criptomonedas. Advierte que, a pesar del impulso político de Trump, los primeros meses de 2025 estuvieron marcados por una gran inestabilidad en los mercados cripto, con fuertes correcciones como consecuencia de los mensajes contradictorios del presidente estadounidense respecto a los aranceles. Aunque desde abril el mercado ha experimentado una recuperación y alcanzado nuevos máximos, existe un riesgo latente de que se produzca otra corrección abrupta. Este riesgo se ve amplificado por la expansión de productos como los fondos cotizados (ETF) basados en criptoactivos, la tokenización de activos o la integración de monederos digitales con cuentas bancarias dentro de las plataformas financieras. En el panorama español, BBVA ha sido la primera entidad en obtener la licencia MiCA y ha comenzado a ofrecer a sus clientes la compraventa y custodia de bitcoin y ether a través de su app bancaria. Por su parte, otras entidades como CaixaBank y Santander estudian incorporar criptoactivos a su oferta, aunque aún están a la espera de la autorización correspondiente del regulador. La implementación de MiCA avanza a diferentes ritmos en Europa: mientras autoridades como las de Alemania y los Países Bajos ya han concedido más de una decena de licencias, otros países aún no han aprobado ninguna. En este sentido, la CNMV afirma que el proceso de autorización en España se está llevando a cabo con máxima prudencia, con el objetivo de aplicar la regulación de forma rigurosa. Sin embargo, ya han surgido ciertas fricciones. Recientemente, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) instó a los reguladores nacionales a reforzar sus procedimientos de evaluación, cuestionando especialmente el proceso seguido por el supervisor financiero de Malta (MFSA) al otorgar una licencia MiCA a una empresa específica, por considerar que no fue lo suficientemente exhaustivo ni riguroso. Estas observaciones han encendido las alarmas sobre la verdadera protección de los inversores si los países aplican criterios dispares al supervisar a los proveedores de servicios cripto. La preocupación radica en que cualquier fallo en la supervisión podría afectar a todos los ahorradores de la Unión, dado que con una sola licencia MiCA las empresas pueden operar en todos los países miembros. Por eso, las autoridades insisten en que, aunque el reglamento ya esté vigente, no desaparecen los riesgos asociados a un tipo de inversión volátil, poco transparente y cuya normativa aún no alcanza el nivel de protección que ofrece MiFID II para otros productos financieros y servicios de inversión.

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