(El País, 02-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo
La pobreza energética en España ha disminuido, aunque aún quedan importantes retos por afrontar. Durante el invierno de 2024, más de 8,5 millones de personas -el 17,6% de la población- no pudieron mantener sus hogares a una temperatura adecuada. Aunque esta cifra es tres puntos inferior a la de 2023, cuando alcanzó su nivel más alto, sigue siendo elevada. Además, una de cada diez familias retrasó el pago de sus facturas energéticas, un dato "alarmante", según señala el Informe de Indicadores de Pobreza Energética en España 2024, elaborado por la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas y presentado el pasado jueves. El estudio destaca que este indicador es "negativo", especialmente porque a partir de enero de 2026 finalizará la prohibición de cortar el suministro a quienes reciben el bono social.
El esfuerzo económico adicional que necesitaron los hogares vulnerables para cubrir la energía necesaria y garantizar un confort térmico adecuado fue de 150 euros, 18 menos que en 2023, gracias a la bajada del precio de la electricidad. Para mejorar estos datos, Elisa Carbonell, coordinadora de proyectos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), ha reclamado "simplificar los procedimientos para que las personas puedan solicitar ayudas públicas para pagar la luz o el gas".
Los responsables del informe subrayan que el bono social eléctrico está dando resultado: el riesgo se reduce a la mitad entre quienes reciben esta ayuda. Por ello, instan al Gobierno no solo a mantenerlo, sino a reformarlo para que alcance a más familias, ya que actualmente ocho de cada diez posibles beneficiarios no lo están percibiendo.
Por otro lado, el número de hogares que destinan una parte "desproporcionada" de sus ingresos a la energía apenas ha disminuido. El 16,5% de la población destina más del 7,4% de sus ingresos a calefacción, algo que Efraín Centeno, director de la cátedra, considera "muy preocupante". Según indica, "los indicadores apenas muestran avances, lo que refleja que el problema está lejos de solucionarse". Carbonell también ha reclamado una mayor implicación de las administraciones para abordar una situación que afecta a un amplio número de personas. A ello se suma que el 15% de los hogares se ve obligado a recortar otros gastos esenciales -como la alimentación- para poder afrontar sus facturas energéticas. Roberto Barella, uno de los autores del informe, calificó esta realidad como "dolorosa y difícil de asumir" para una sociedad que no está abordando el problema con suficiente contundencia.
Una de las aportaciones novedosas del informe es la comparación entre hogares en propiedad y en alquiler. La pobreza energética afecta al 29,9% de los inquilinos, frente al 17,6% de quienes son propietarios. Para Centeno, este dato demuestra que "la pobreza energética no está determinada únicamente por los ingresos, sino también por las características de la vivienda".
A esta problemática visible se suma otra menos evidente: el 27,1% de los hogares se encuentra al borde de no poder calentar correctamente sus casas. Los autores denominan a este fenómeno "pobreza energética oculta", que, como explica Centeno, afecta a familias con pocos recursos que deben "hacer verdaderos malabarismos para mantener el hogar caliente durante el invierno". También se observan diferencias por territorios. Extremadura es la comunidad donde más personas tienen dificultades para pagar la energía (23%), mientras que en regiones como Madrid, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Cataluña, Baleares y Canarias la proporción baja al 9%.