(El País, 02-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo
La solicitud final se reducirá a unos 22.000 millones de euros, lejos de los más de 83.000 millones que España tiene asignados en forma de préstamos, lo que supone pedir únicamente alrededor del 25% del total. Así lo señalan a EL PAÍS diversas fuentes comunitarias conocedoras de la última actualización del plan de recuperación que el Gobierno está perfilando y negociando con Bruselas. Este plan debe quedar completamente cerrado entre finales de agosto del próximo año y el 31 de diciembre de 2026. España, que es el país que más subvenciones ha recibido del fondo europeo y el segundo que más préstamos tiene disponibles -solo por detrás de Italia- no dejará de solicitar, sin embargo, ni un euro de los casi 80.000 millones en ayudas a fondo perdido que le corresponden.
"El Gobierno está rematando una nueva adenda del plan de recuperación que se aprobará en breve en el Consejo de Ministros", afirman fuentes del Ejecutivo consultadas sobre esta decisión. Esto implica que las cifras pueden sufrir ajustes, aunque no se esperan cambios de gran calado, pues las autoridades españolas ya han transmitido sus planes a Bruselas.
La renuncia a parte de los préstamos era una posibilidad que llevaba tiempo sobre la mesa. El Ministerio de Economía ha insistido durante los últimos meses en que priorizaría las subvenciones y que, en cuanto a los créditos, debía evaluar primero si habría suficiente demanda por parte del sector privado, dado que estos recursos iban a canalizarse a través del ICO y otros organismos.
Otro factor que explica este movimiento es la mejora de la situación económica y la reducción del endeudamiento en los últimos años, lo que ha impulsado la calificación de la deuda española. Esta evolución ha permitido rebajar los costes de financiación, reduciendo prácticamente a cero la ventaja de acudir a los préstamos de la Comisión Europea. En los bonos a dos años, España paga en los mercados un 2,06% frente al 2,16% europeo; en los de diez años, un 3,22% frente al 3,13%. La diferencia, de apenas nueve puntos básicos, contrasta con los 33 puntos que separan a España de Italia (3,46%) o Francia (3,48%) en dicho plazo.
Este buen acceso a los mercados es precisamente un argumento destacado por el Gobierno: "Gracias al buen ritmo de la economía y a la confianza de los inversores, España tiene un acceso muy favorable a la financiación, por lo que prácticamente desaparece la ventaja en costes que ofrecían los préstamos europeos". También influye que, al tratarse de créditos, cualquier cantidad solicitada se incorpora a la deuda pública. Pedir los 83.000 millones íntegros podría haber incrementado el pasivo del Estado alrededor de cuatro puntos del PIB, aunque la cifra exacta dependería de la evolución económica.
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia entra en 2026 en su último año de vigencia. Para entonces, todos los países deberán haber solicitado los fondos antes del 31 de agosto y tenerlos ejecutados antes de que termine el año. El margen es cada vez más limitado. A día de hoy, se han desembolsado 231.200 millones de los 291.000 millones en subvenciones previstos en el conjunto de la UE y 145.700 millones de los 359.000 millones en préstamos. Por ello, Bruselas flexibilizó este año las condiciones para modificar los planes nacionales.
En el caso español, ya han llegado más de 55.000 millones en subvenciones y cerca de 16.300 millones en préstamos. Como ocurre en el resto de Europa, los países están priorizando gastar los fondos que no deben reembolsarse. España negocia ahora con Bruselas una modificación del plan que facilite el cumplimiento de los hitos y reformas pendientes. En este contexto, el Gobierno habría comunicado su intención de reducir sustancialmente el volumen total de créditos que solicitará.
El Ejecutivo español nunca tuvo claro pedir la totalidad de los préstamos. De hecho, la primera versión del plan presentada en 2021 solo contemplaba subvenciones. Fue en 2023, con la primera adenda, cuando se incluyó la petición de créditos, presentados como un "colchón de seguridad" para mantener el ritmo inversor.
El fondo de recuperación se aprobó en 2020 para amortiguar el impacto económico de la pandemia y empezó a funcionar en 2021. Italia y España fueron los principales beneficiarios tanto en ayudas como en préstamos, aunque con enfoques muy distintos: Roma pidió todo el dinero disponible desde el primer momento, mientras que Madrid optó por una postura más prudente, que ha mantenido desde entonces. España no es el único país que no solicitará todos los préstamos asignados: tampoco lo harán Alemania, Países Bajos, Austria o Francia, en muchos casos por motivos similares y, en ciertos países, también por razones vinculadas a su reputación financiera.