(El País, 17-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Los desahucios en España descendieron ligeramente un 1,2% en el primer trimestre del año, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicados este lunes. No obstante, esta cifra global oculta una realidad mucho más preocupante para muchos arrendatarios. Los desalojos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos -esencialmente por impago del alquiler- aumentaron un 3,7%, rompiendo así una tendencia a la baja que se mantenía desde hace dos trimestres. En total, se produjeron 5.644 lanzamientos con cumplimiento positivo, es decir, casos en los que una persona es obligada judicialmente a abandonar un inmueble, lo que comúnmente se entiende como un desahucio.
Este incremento ha provocado que los desahucios por impago del alquiler representen una proporción récord del total: el 77%, casi ocho de cada diez. Esto pone de manifiesto las crecientes dificultades que enfrentan numerosos hogares para afrontar el pago del alquiler, en un contexto de subida continuada de los precios del arrendamiento.
Por otro lado, el leve descenso global en los desahucios se debe principalmente a la fuerte caída en los desalojos por ejecuciones hipotecarias, que disminuyeron cerca de un 18% respecto al mismo periodo de 2024, con un total de 1.189 casos. Los lanzamientos por otras causas se situaron en 501, lo que representa una reducción del 6% interanual.
Que el impago del alquiler sea la principal causa de desahucios no es algo nuevo. Desde que comenzó la serie estadística en 2013, este tipo de casos siempre ha superado el 50% del total. Sin embargo, en aquel momento también era habitual un elevado número de desahucios por hipotecas impagadas, como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria. Desde entonces, estas ejecuciones han ido disminuyendo notablemente: en 2013 fueron más de 25.000, mientras que el año pasado apenas superaron las 5.000.
Este cambio ha ido acompañado de una transformación en el modelo de acceso a la vivienda. Tras la crisis de 2008, los bancos y los bancos centrales endurecieron los requisitos para conceder hipotecas, lo que obligó a muchas familias -especialmente jóvenes- a recurrir al alquiler. Esto coincidió con un encarecimiento sostenido del mercado del arrendamiento, que solo se interrumpió puntualmente durante la pandemia. Como resultado, muchos inquilinos se ven forzados a destinar una parte muy elevada de sus ingresos al pago del alquiler. De hecho, según Eurostat, un 28,1% de quienes viven de alquiler en España destina más del 40% de sus ingresos mensuales al pago de la renta, casi 10 puntos por encima de la media de la Unión Europea. En cambio, entre los propietarios, el sobreendeudamiento es menos frecuente que en la media comunitaria.
Estas circunstancias explican por qué ha sido más difícil reducir los desahucios relacionados con el alquiler. Aunque han disminuido en comparación con los primeros años de la serie estadística, en 2024 todavía superaron los 20.000 casos. En lo que va de 2025, el ritmo se mantiene estable, a pesar del descenso observado tras la pandemia. Algunos expertos atribuyen ese descenso temporal a las medidas implementadas por el Gobierno, primero mediante legislación extraordinaria por la COVID-19 y después con la nueva Ley de Vivienda, que dificultaron los desahucios de familias vulnerables sin una alternativa habitacional.
En los datos del inicio de 2025 no se aprecia, por ahora, un efecto claro de los controles de precios del alquiler sobre el número de desahucios. De hecho, en Cataluña -la comunidad donde más ampliamente se aplican estos controles- los lanzamientos por impago del alquiler aumentaron casi un 11% en el primer trimestre. El crecimiento fue mayor en Andalucía, con casi un 17%, y apenas perceptible en Madrid, con un 0,2%.
En cifras absolutas, Cataluña lidera la estadística de inquilinos desahuciados, con 1.542 casos, seguida por Andalucía (807) y Madrid (614). Sumando todos los tipos de desahucios, Cataluña sigue en primera posición con 2.069 lanzamientos, seguida por Andalucía con 1.125 y la Comunidad Valenciana con 794. Madrid aparece en cuarto lugar con 702. Si se relaciona el número de desalojos con la población de cada comunidad, destacan también Baleares y Canarias, dos regiones con fuerte peso del turismo y que tradicionalmente encabezan los rankings de precios inmobiliarios más elevados.