(Expansión, 14-05-2025) | Fiscal
Las cuatro comunidades autónomas con menor financiación según el actual sistema -Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha- dejaron de lado sus diferencias políticas y sus intereses particulares para presentar una postura unificada en demanda de una reforma urgente del modelo de financiación. Hasta que se apruebe dicha reforma, solicitan la creación de un fondo transitorio que corrija las desigualdades actuales. Su petición se apoya en un nuevo informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), que estima que estos territorios han dejado de percibir cerca de 40.000 millones de euros en las últimas dos décadas, lo que ha provocado un deterioro en la calidad de los servicios públicos, un menor desarrollo económico y un aumento de su endeudamiento.
El informe, titulado El sistema de financiación autonómico y las comunidades infrafinanciadas: principales problemas y propuestas de reforma, fue presentado en Sevilla por el director de investigación del IVIE, Francisco Pérez, en un acto en el que estuvieron presentes los consejeros de Hacienda de las cuatro comunidades. Según el documento, en 2022 la financiación media por habitante, ajustada a las características demográficas y geográficas, fue de 3.367 euros, mientras que en las regiones infrafinanciadas no superó los 3.300 euros. La brecha más llamativa es la que separa a Cantabria, con 4.163 euros por habitante, de la Comunidad Valenciana, que recibió solo 3.148 euros.
Estas desigualdades no son nuevas y se han acentuado desde que en 2009 entró en vigor el modelo vigente, cuya revisión está pendiente desde 2014. El IVIE calcula que entre 2002 y 2023 la infrafinanciación ha supuesto pérdidas de 20.399 millones de euros para la Comunidad Valenciana; 13.411 para Andalucía; 4.135 para Murcia; y 1.961 para Castilla-La Mancha, sumando un total de 39.906 millones. El informe señala que esta situación ha provocado importantes efectos negativos. Uno de los principales es la falta de equidad en el acceso a los servicios públicos, con diferencias de hasta un 32% entre las comunidades mejor y peor financiadas, lo que contradice el principio constitucional de igualdad entre territorios.
Asimismo, las comunidades infrafinanciadas se ven obligadas a destinar una parte desproporcionada de sus presupuestos a cubrir servicios esenciales como Sanidad, Educación y Servicios Sociales, en detrimento de otras áreas clave para el desarrollo económico, como la innovación o el fomento empresarial. Como consecuencia, sus economías muestran un PIB per cápita por debajo de la media nacional: un 25% menos en Andalucía, un 20% en Castilla-La Mancha, un 18% en Murcia y un 14% en la Comunidad Valenciana. Esta problemática afecta a más de un tercio de la población del país, ya que estas cuatro regiones concentran el 36% de los habitantes de España.
Por otra parte, el estudio también denuncia una falta de recursos generalizada en el conjunto del sistema autonómico, que se cuantifica en 137.670 millones entre 2008 y 2023. Parte de este déficit se debe a que, tras la Gran Recesión, el Gobierno central -especialmente durante la etapa de Mariano Rajoy- aumentó impuestos como el IVA y los Especiales, pero no repartió proporcionalmente la recaudación adicional con las comunidades, reteniendo unos 119.980 millones que deberían haber sido transferidos.
Ante esta situación, muchas comunidades, especialmente las peor financiadas, se han visto obligadas a endeudarse masivamente. Aunque el actual Ejecutivo ha propuesto una condonación parcial de la deuda autonómica como medida compensatoria, el IVIE advierte que esta iniciativa solo cubriría en torno al 30% del sobreendeudamiento acumulado. Por ello, los autores del informe insisten en la necesidad de poner en marcha un nuevo sistema de financiación más justo, acompañado de un fondo transitorio de nivelación que garantice una distribución más equitativa de los recursos mientras se implementa la reforma definitiva.